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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 D’OCTUBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 14/2018 por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores
Resolución de 18 de octubre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
(BOE, 26-10-2018)

Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores
Resolución de 18 de octubre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
(BOE, 26-10-2018)

Euro
Resolución de 25 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 26-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/26/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/26/index.php?d=259&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 26 D’OCTUBRE DE 2018

Fiscal

El sector bancario dice que en ningún país del mundo el banco paga el impuesto de las hipotecas
os departamentos jurídicos de prácticamente todos los bancos llevan desde el pasado 18 de octubre estudiando las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD). El objetivo es litigar para evitar que sean los bancos los que tengan que hacerse cargo de este impuesto si al final el fallo se inclina por imponer el carácter retroactivo de esta tasa.

Varias fuentes jurídicas de la banca argumentan que “no hay ningún país en el mundo en el que este impuesto lo asuma la banca. Siempre es el prestatario el que lo paga”. A ello, añaden: “no entendemos cómo se puede cambiar algo de un plumazo que lleva 23 años de aplicación y que nadie, hasta ahora se lo había cuestionado”.

Estas son algunas de las bases de sus argumentos ante los posibles litigios que pueden plantear. Pero su reclamo principal es una sentencia del Supremo del pasado 22 de noviembre de 2017. En esta ocasión, la misma sala del Supremo que ahora ha fallado que debe ser la banca la que tiene que hacerse cargo de este impuesto de AJD, decidió que era el cliente el que debía seguir asumiendo esta tasa.

“Solo 11 meses antes, la misma sala, con cuatro de los seis miembros del Tribunal Supremo que determinaron el pasado jueves que era el banco quien debía pagar dictaminaron lo contrario. No tiene sentido, qué ha pasado entre medias”, señala un abogado de una entidad financiera.

La sentencia de noviembre de 2017, a la que ha tenido acceso este periódico, resuelve sobre una reclamación de una empresa de Torrejón de Ardoz que había solicitado un préstamo con garantía hipotecaria sobre una serie de fincas de su propiedad.

La firma reclamó ante el Tribunal Económico-administrativo Central (TEAC) que fuese el banco quien abonase el impuesto AJD, alegando que el sujeto pasivo de dicho impuesto (el que debe pagarlo) era el banco, dado que era el interesado en la suscripción de un documento público de este tipo. El TEAC desestimó en 2014 esta reclamación y la empresa presentó recurso, que en mayo de 2016 fue desestimado por la sección novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que de nuevo consideró que el sujeto pasivo era el prestatario, es decir, el cliente.

Esta empresa presentó entonces un recurso de casación para la unificación de doctrina para corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, de nuevo rechazado por el Supremo en noviembre de 2017. Ahora, será un pleno formado por 31 miembros del Supremo, en vez de seis, los que decidirán el próximo 5 de noviembre.

Mientras, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, aseguró ayer que no ha recibido ninguna llamada de entidad financiera alguna alertando del riesgo sistémico que provocaba la sentencia conocida el pasado jueves, que atribuye a la banca el pago del impuesto de las hipotecas.

En un encuentro con periodistas al comienzo de la jornada de puertas abiertas de la institución, Lesmes reconoció que hubo una gestión “deficiente” del asunto, que no se ha gestionado bien y que ha causado un daño y una desconfianza en el alto tribunal de una institución que lleva “206 años trabajando, ni a favor ni en contra de ningún sector,” y no se merece.

A lo largo de la jornada del jueves, cuando se hizo pública la sentencia que atribuye a las entidades financieras, y no al cliente, el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, Lesmes mantuvo varias conversaciones con el presidente de la sala tercera, Luis Díez Picazo, que es la que emitió el fallo.

Picazo le explicó que había tenido conocimiento de la sentencia por la prensa, que comenzó a difundir “cuestiones inciertas, como si eran las comunidades autónomas las que tenían que hacerse cargo del impuesto, o los bancos directamente”.

Para paliar esa incertidumbre, Lesmes sugirió a Díez Picazo que se redactase una nota aclaratoria, porque “no genera desconfianza, sino que despeja incertidumbres, quizás no todas, pero sí algunas”, pero el residente de la sala optó por convocar una reunión del Pleno para el próximo 5 de noviembre.

Mientras, la nueva ley hipotecaria que tramita en estos momentos el Congreso repartirá entre las entidades financieras y los clientes los gastos de una hipoteca, aunque en todo caso esperará al criterio que establezca el Supremo el próximo 5 de noviembre. Eso es al menos, lo que han acordado los grupos en la última reunión de la ponencia de este proyecto de ley, celebrada el miércoles, según han explicado fuentes políticas vinculadas a la ponencia que lleva la Comisión de Economía y Empresa.

En cuanto al proyecto del Gobierno de penalizar a los bancos que alarguen los plazos para ir a juicio por cláusulas abusivas, el magistrado del Supremo, José Antonio Seijas Quintana, demandó más cooperación ante la saturación de los Juzgados por las cláusulas suelo, ya que tras estos casos pueden llegar otros con similares características. “Debería haber más colaboración; ahora la saturación de los juzgados es muy importante”.
(Expansión, 26-10-2018)

Hacienda da más facilidades a los defraudadores para aflorar dinero negro
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal incluye la rebaja de los recargos que establece la Agencia Tributaria para la presentación extemporánea de rentas y capitales fuera de plazo y no detectadas por el fisco. La ministra ha defendido que el Gobierno aplica la "lógica" y el "sentido común" al recargo que aplica la Administración Tributaria cuando hay una demora en el pago de impuestos, para que "no sea lo mismo que un contribuyente pague al día siguiente a que pague dentro de dos años".

Los defraudadores pagarán menos por regularizar su situación si se termina aprobando la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal que aprobó el Gobierno el pasado viernes, que en estos momentos se encuentra en audiencia pública.

La reforma de la Ley General Tributaria, que fue anunciada como un veto a las futuras amnistías fiscales, ha retocado el régimen de los recargos por extemporaneidad. Es decir, las sanciones que impone la Agencia Tributaria por la liquidación de impuestos fuera de plazo, en rentas y capitales de las que no estaban advertidos los contribuyentes y que suelen estar fuera de la órbita de Hacienda.

El Gobierno ha establecido un nuevo sistema de recargos crecientes del 1% por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya transcurrido el periodo de 12 meses de retraso. A partir del día siguiente del transcurso de los doce meses citados, además del devengo del recargo del 15%, comenzará el devengo de intereses de demora. Ahora mismo, la el recargo es del 5% los tres primeros meses; del 10% hasta los seis meses, y del 15% a partir del séptimo mes del primer año.

Asimismo, en la nueva normativa se excepciona de dichos recargos a quien regularice una conducta tributaria que lo haya sido previamente por la Administración tributaria por el mismo concepto impositivo y circunstancias, pero por otros periodos, no habiendo sido merecedora de sanción, siempre que se regularice en un plazo de tres meses desde la notificación de la liquidación.

En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la presentación extemporánea.

En declaraciones a La Sexta, en la que ha explicado que en la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal se aplicará la "lógica" y el "sentido común" al recargo que aplica la Administración Tributaria cuando hay una demora en el pago de impuestos, para que "no sea lo mismo que un contribuyente pague al día siguiente a que pague dentro de dos años".

Montero ha recordado también que la nueva ley en materia de lucha contra el fraude fiscal prohíbe las amnistías fiscales para evitar que se produzcan situaciones "vergonzosas" como las producidas, a su juicio, con la amnistía fiscal de 2012 del PP.

La nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, acordada por el Gobierno con Podemos y recogida en el plan presupuestario, añadirá a la lista de morosos de la Agencia Tributaria los responsables solidarios y reducirá el importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros, frente al importe de millón de euros actual, al tiempo que reducirá a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales pueden realizar en efectivo en el seno de su actividad.

También prohíbe las amnistías fiscales, establece un mayor control tributario de las criptomonedas y la prohibición de fabricación y distribución del 'software de doble' uso para evitar falsas contabilidades.
(Expansión, 26-10-2018)

Laboral

La Airef revela el plan del Ejecutivo para equilibrar sus cuentas con una subida del 12% en la cotización más alta
El Gobierno de Pedro Sánchez pretende subir las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre un 10% y un 12% durante 2019 para ingresar hasta 1.100 millones más. Así se lo ha comunicado a la Autoridad Fiscal (Airef), cuyo presidente, José Luis Escrivá, compareció hoy en el Congreso para valorar el plan presupuestario que el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea. Aunque avaló las cifras del Gobierno y considera factible lograr el objetivo de déficit del 1,8% del PIB, avisó de que las previsiones de gasto e ingresos son muy ajustadas.

En la letra pequeña del plan presupuestario se escondía otra de las grandes medidas planeadas por el Gobierno de Sánchez para aumentar la recaudación. El Ejecutivo prevé estimular la cosecha de ingresos de la Seguridad Social. Además de subir las bases mínimas para los autónomos, prevé un aumento de las bases máximas de cotización de hasta un 12%, según explicó el presidente de la Airef en el Congreso, donde acudió a valorar el plan presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas para garantizar que España cumple con los objetivos de reducción de déficit y deuda pública.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo público creado para velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, calcula que este incremento de entre el 10% y el 12% de las bases máximas de cotización supondrá un incremento de los ingresos de la Seguridad Social de entre 1.000 y 1.100 millones adicionales, según ha explicado Escrivá. Gracias a esta medida, reflejada de soslayo en el documento enviado a Bruselas, el proyecto de Sánchez supera el examen de la Airef. “Nos han comunicado medidas posteriores”, explicó Escrivá. “Las cotizaciones pasarían a crecer un 6,7% en 2019, frente a un 5,5% este año”, precisó.

Las bases de cotización son la referencia oficial para calcular lo que tienen que pagar los trabajadores y los empresarios a la Seguridad Social. Aunque esas bases se corresponden con el salario del trabajador, tiene unos límites. En 2018, son 858,6 euros al mes por abajo y 3.803,7 euros por arriba.

Cuando un trabajador gana más de ese tope máximo de 3.803 euros mensuales (45.636 euros al año) no tiene que cotizar por la cantidad que supere ese salario si no solo por ese límite. Al elevar un 10% esa base, el Ejecutivo aumenta la cuantía que tienen que pagar los que más ganan. Según los números de la Seguridad Social, cada punto que se incrementa la base máxima de cotización supone entre 100 millones y 110 millones más de recaudación para el instituto público.

En el documento remitido hace 10 días a la Comisión Europea figura medio escondida una medida de ingresos de la Seguridad Social bajo el siguiente epígrafe: “Incremento de la recaudación por cuotas y de las bases máximas de cotización como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros” con el que se espera ingresar unos 1.500 millones de euros más. Sin embargo, el Gobierno ha precisado a la Airef, tras pedirle explicaciones, que en esta cantidad no estaba incluida el aumento de las bases máximas de cotización. Es decir, habría que sumar otros 1.000 millones de ingresos. Además, la Airef pidió el detalle del cálculo de los 1.500 millones extra por la subida de las cotizaciones mínimas. El Gobierno explicó que 500 millones salen de subirlas a los trabajadores del régimen general y otros 1.000 millones de subir la cotización mínima a los trabajadores autónomos.

Así que en total serán 2.500 millones de euros adicionales para la Seguridad Social en 2019. Casualmente se corresponde con las dos décimas de más que tendrá que asumir el Gobierno al no haber podido cambiar en el Congreso el objetivo de déficit del 1,3% previsto inicialmente por el Gabinete de Rajoy al 1,8% del PIB que pretende fijar Sánchez. Esas cinco décimas de diferencia se repartirían entre dos décimas para las comunidades y otras dos décimas para la Seguridad Social. Y precisamente son esos 2.500 millones de más que pretende obtener por las cotizaciones.

Aparte de esa novedad, el plan presupuestario que el Gobierno de Sánchez ha enviado a Bruselas recibió ayer el aval de la Airef. En realidad, el plan no es más que un bosquejo de lo que serán los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que el Ejecutivo presentará a principios de diciembre.

Aunque Escrivá considera factible el plan dibujado por el Gobierno, “no se aprecia margen para asumir posibles desviaciones en el impacto estimado de las medidas”. El Gobierno planea aumentar los gastos en 2.525 millones. Para financiar estos compromisos y bajar a la vez el déficit público al 1,8% que espera en 2019, prepara una batería de subidas fiscales para recaudar 7.178 millones de euros más. Tras analizar cada una de las medidas, la Airef considera que es factible alcanzar esas cifras. Aunque cree que el gasto podría ser unos 300 millones superiores y los ingresos hasta 1.000 millones inferiores. Y eso si se tienen en cuenta las últimas medidas avanzadas por el Gobierno, como la subida de las bases máximas de cotización, que aportará unos 1.000 millones más.

“La Airef considera que debe ponerse el foco en tres áreas: las figuras impositivas de nueva creación, la incertidumbre asociada al impacto fiscal de la subida prevista del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la tendencia creciente del gasto de las administraciones territoriales que, entre otros, ha llevado a modificar el escenario publicado en julio de 2018”, señala.
(Cinco Días, 26-10-2018)

La cuota de autónomos enfrenta al Gobierno y a Podemos
Podemos no aceptará una subida en la cuota a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos. En ese sentido, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de 2019 contemplaba la bajada de las cuotas a aquellos que ingresaran menos de 12.000 euros al año.

El Ministerio de Trabajo ha trasladado tres posibles aumentos de la base mínima y de los tipos de cotización de los trabajadores autónomos, y retrasaría a 2020 el sistema de cotizaciones aproximado a sus ingresos reales.

Sin embargo, el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, advertía en su cuenta de Twitter que el acuerdo al que llegaron con el Gobierno no consistía en subir la cuota a los autónomos. “El acuerdo es no subir la cuota a ningún autónomo y sí bajar la cuota a los autónomos que ingresen menos de 12.000 euros al año. El Gobierno debe rectificar”, pedía Echenique en esta red social.

El Ministerio de Trabajo ha propuesto a las asociaciones de trabajadores autónomos tres tipos de subidas de su base mínima de cotización para 2019. En concreto, la primera propuesta sería subir la base mínima solo un 1,25% y el tipo de cotización pasaría a ser del 33,7%. En la segunda propuesta, la base mínima se incrementaría un 6,25% hasta los 991 euros y el tipo de cotización se situaría en el 31,80%.

Mientras que, en la tercera, la base mínima del autónomo aumentaría un 12,25% con lo que casi se equipararía a la base mínima del Régimen General de asalariados (1.050 euros) y los tipos de cotización se elevarían al 31,20%.
(Cinco Días, 26-10-2018)

La tasa de paro baja al 14,5%, la más baja desde 2008
El paro se redujo en 148.000 personas en el tercer trimestre del año, lo que llevó a la tasa de desempleo a situarse en el 14,6%, su valor más bajo desde finales de 2008, según las previsiones de Asempleo de cara a la publicación mañana de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente a los meses de verano. Este descenso de parados de 148.000 personas sería el menor en un tercer trimestre desde el año 2013, cuando el paro disminuyó en 103.900 personas.

En cuanto a la ocupación, Asempleo calcula que creció en 169.000 personas entre julio y septiembre, con lo que el total de ocupados se situó por encima de los 19,5 millones de personas, su cifra más elevada en una década. Pese a ello, el crecimiento del empleo se habría ralentizado en comparación con años anteriores. De hecho, se trataría del menor incremento de la ocupación en un tercer trimestre desde el año 2014. Para el conjunto del año, Asempleo prevé un aumento de la ocupación del 2,5%, lo que se traduciría en unos 470.000 nuevos puestos de trabajo.

La economía española creó 183.900 nuevos empleos entre julio y septiembre pasados y recortó el número de parados en 164.100 personas. De esta forma, la cifra total de ocupados sube a 19,5 millones, el nivel más alto desde 2008. Mientras que la tasa de paro baja al 14,55%, también la más baja desde 2008.

El ritmo de creación de empleo se ha desacelerado levemente pasando de crecer un 2,8% interanual en el segundo trimestre del año al 2,5%. Igualmente, hace doce meses, la ocupación crecía tres décimas más que ahora, un 2,8%.

El perfil de la persona que encontró empleo en verano fue hombre --ocuparon dos de cada tres nuevos puestos- y comenzó a trabajar en el sector servicios, que generó 210.000 empleos en el tercer trimestre. La construcción ganó 25.000 ocupados; la industria, 2.800 y la agricultura, perdió 54.000 trabajadores.

La mitad del nuevo empleo fue a parar a mayores de 50 años y casi la otra mitad a menores de 24 años. El grupo de entre 30 y 39 años perdió 63.600 empleos en el tercer trimestre.

Uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo se generó en el sector público, donde el empleo crece a un ritmo anual del 3,2%, un punto por encima de lo que avanza en el sector privado.

Durante la crisis se destruyeron 3,8 millones de empleos, pasando de 20,7 millones en el tercer trimestre de 2007 a 16,9 millones en el primer trimestre de 2014. Desde ese nivel mínimo de ocupados, se han recuperado 2,56 millones y faltan 1,2 millones para llegar al máximo.

La tasa de temporalidad aumenta al 27,43%, la más alta desde 2008. Se detecta un alargamiento de las jornadas de trabajo, con 370.000 ocupados con jornada completa más respecto al trimestre anterior y 186.000 con jornada parcial menos.

La distribución regional del empleo es nuevamente muy desigual. Mientras que en Baleares la ocupación creció un 8,2% en el trimestre y rozan el 3% Cantabria y Castilla-La Mancha, en Asturias, Navarra, Murcia, País Vasco y Ceuta se destruyó empleo.
(El País, 26-10-2018)

Las empresas de gran consumo contratarán 25.000 personas para la campaña de Navidad
Las empresas del sector de gran consumo prevén contratar 25.000 personas de forma temporal en España para reforzar sus plantillas de cara a la Navidad, cifras "similares" a las de hace un año. Así lo han informado hoy en un comunicado conjunto las patronales Aecoc (gran consumo), FIAB (industria alimentaria), ACES, Asedas y Anged (distribución), que han reclamado al Gobierno reformas para estimular la economía y el empleo, sobre todo en materia de educación y de formación profesional.

Las cinco entidades patronales afrontan la recta final del año "con moderado optimismo", en un segmento, el del gran consumo, que cerrará 2018 en España con una caída de ventas en el entorno del 1 % respecto al año anterior y un aumento en valor del 2 % gracias a la inflación.

"Los refuerzos en las contrataciones no se harán esperar hasta el mes de diciembre, sino que se avanzarán en el calendario para hacer frente a las puntas de consumo del 'Black Friday' y el adelanto de las compras al puente de la Purísima", han señalado estas mismas fuentes. Las patronales han recordado su peso como motor en el área del empleo, ya que trabajan en el sector del gran consumo cerca de 4,5 millones de personas, el 86% con contrato indefinido.
(El Mundo, 26-10-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Draghi admite unos datos "más débiles de lo previsto" pero no cambia sus planes
El presidente del BCE, Mario Draghi, insistió hoy en su discurso relativamente optimista sobre la zona euro, aunque también lanzó el mensaje de que la institución sigue dispuesta a hacer lo necesario y a reabrir su caja de herramientas de política monetaria en caso de que el incierto contexto actual se vuelva más sombrío. Al término de la reunión que mantuvo hoy en Fráncfort el BCE, y en la que se han mantenido los tipos de interés en el 0%, Mario Draghi se movió una vez más en el difícil equilibrio entre dar continuidad y coherencia a las decisiones de la institución y a su diagnóstico de la zona euro y responder a una actualidad cambiante y cada vez más tensa.

La última y más reciente complicación para el BCE es el desafío presupuestario lanzado por Italia, ahora en abierto conflicto con la Comisión Europea por su indisciplina fiscal. Y este nuevo frente, que estalló esta semana con el rechazo sin precedentes de los Presupuestos italianos por parte de Bruselas, se suma a la amenaza de un brexit sin acuerdo, a la tensión comercial y las dudas sobre el crecimiento chino y a las claras señales de menor crecimiento de la zona euro.

Sobre la situación económica de la zona euro, Draghi ha querido dejar claro que es un momento de crecimiento más débil pero no de desaceleración. Y mencionó que hay aspectos específicos de cada país, como por ejemplo el peso de la industria del automóvil en Alemania y el efecto de menores exportaciones, que complican hacer una valoración global. Reconoció la dificultad de discernir si se trata de una debilidad puntual o no o que pueda generalizarse y de valorar el alcance que los temores relacionados con Italia, el brexit o la guerra comercial puedan tener en el consumo y la inversión. "No consideramos en este momento un cambio en la visión de los riesgos", ha asegurado Draghi, para recordar a continuación que la reunión de diciembre será el momento para actualizar las previsiones económicas y ajustarlas si fuera necesario

Respecto a Italia, el presidente del BCE señala que "no hay señales de contagio" al resto de la zona euro, aunque no ha negado esa posibilidad. Y ha mostrado su confianza en que haya un acuerdo entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea, una idea a la que se ha sumado el presidente de la Comisión Europea Vladis Dombrovskis presente hoy en la reunión del BCE. Draghi ha recordado los efectos nocivos de un encarecimiento de la deuda soberana italiana, que se traduce en primer lugar en un mayor coste de financiación, que acaba por influir en el crecimiento y por dejar un menor margen para la expansión fiscal. Draghi ha certificado además que el coste del crédito a empresas y particulares en Italia ya se ha encarecido en el tercer trimestre. Y como antídoto con el que rebajar la prima de riesgo italiano, que estos días es motivo de inquietud para los bancos del país, Draghi cree necesario, en primer lugar, "rebajar el tono y no poner en cuestión el proyecto europeo".

Pero tras exponer el diagnóstico del BCE sobre las amenazas que ahora afronta la zona euro, y que no son motivo para Draghi para modificar la hoja de ruta de la institución, el banquero italiano también ha lanzado un mensaje de calma a los inversores, al recordar el margen de maniobra con el que cuenta la institución si fuera necesario. Draghi ha recordado que la política monetaria del BCE va a seguir siendo muy acomodaticia gracias a la reinversión de los vencimientos, incluso después del fin de las compras netas de deuda, que terminarán definitivamente este mes de diciembre.

“Seguimos teniendo herramientas con las que responder a posibles contingencias”, insistió Draghi, para aclarar después que no se debatió sobre el uso de ninguna de ellas. La más clara y la única dirigida a un país en concreto, según reconoció el presidente del BCE, es el programa OMT, por el que se puede prestar ayuda a un país siempre que la solicite y esté dispuesto a aceptar una serie de ajustes y reformas.
(Expansión, 26-10-2018)

Sector

El presidente del Supremo pide perdón por la crisis de las hipotecas: “No lo hemos gestionado bien”
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido la mañana de este jueves perdón por la confusión en torno a las hipotecas y ha hecho una "llamada a la confianza" en la justicia. "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien. Se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos", ha asegurado para, a renglón, seguido pedir "disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados en esta deficiente gestión".

En la jornada de puertas abiertas en el Supremo, Lesmes ha revelado que él no apoya la decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, de elevar el caso a pleno. El presidente del alto tribunal ha contado que habló varias veces con Díez-Picazo el pasado jueves después de que se hiciera pública la sentencia que establece que es el banco, y no el cliente, quien tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. En esas conversaciones, el presidente de la sala lamentó haberse enterado de la resolución por los medios de comunicación.

Ambos volvieron a hablar por teléfono el viernes. En una primera conversación, Lesmes, según su versión, pidió a Díez-Picazo que elaborara una "nota aclaratoria" sobre el alcance de la sentencia. A Díez-Picazo "no le pareció oportuno, no estaba de acuerdo" y se negó a hacerlo. Y, poco después, llamó a Lesmes y le comunicó que lo que iba a hacer era difundir una nota en la que anunciaba la suspensión de todos los recursos pendientes relacionados con el tributo hipotecario y la convocatoria de un pleno para revisar si se mantiene o se rectifica el nuevo criterio. Esa nota, en vez de aclarar lo ocurrido, ha generado "confusión" en los bancos y los ciudadanos, ha reconocido Lesmes.

El presidente del alto tribunal ha asegurado que, tras la sentencia, no recibió "ninguna llamada de ninguna entidad bancaria". La decisión sobre quién pagará el impuesto está ahora en manos del pleno de la Sala de lo Contencioso, que se reunirá el día 5 de noviembre. Lesmes ha negado que en esa sesión se vaya a "revisar" la nueva jurisprudencia de que sea el banco quien abone este tributo. "Esa percepción no se ajusta a la realidad", ha dicho. Pero a continuación ha afirmado también que el pleno es "soberano" para decidir lo que considere.

El presidente del Supremo sí ha dado a entender que, en su opinión, el pleno tenía que haberse reunido antes de la sentencia, para deliberar sobre el cambio de criterio, y no después. "Cuando se producen modificaciones de jurisprudencia lo normal es que se examinen en plenos jurisdiccionales, es una forma habitual de nuestro trabajo", ha dicho. Pese a estar en desacuerdo con la actuación de Díez- Picazo, Lesmes ha asegurado que no le pedirá su dimisión.
(La Vanguardia, 26-10-2018)

 
 
 
 
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