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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 30 D’OCTUBRE DE 2018

Laboral

Medidas transitorias para el mantenimiento, en favor de las personas con discapacidad, del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte
Real Decreto 1341/2018, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas transitorias para el mantenimiento, en favor de las personas con discapacidad, del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
(BOE, 30-10-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Autopistas de peaje
Real Decreto 1337/2018, de 29 de octubre, por el que se modifica el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, para su adaptación a lo establecido en el Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, por el que se establecen los criterios para la determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de mercancías en régimen de concesión de la Red de Carreteras del Estado.
(BOE, 30-10-2018)

Producción vitícola
Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.
(BOE, 30-10-2018)

Normas especiales reguladoras de las subvenciones que se otorgarán en régimen de concesión directa a las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018
Real Decreto 1340/2018, de 29 de octubre, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de las subvenciones que se otorgarán en régimen de concesión directa a las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018.
(BOE, 30-10-2018)

Euro
Resolución de 29 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 29 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 30-10-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/index.php?d=262&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 30 D’OCTUBRE DE 2018

Fiscal

El aumento de la recaudación por el alza del impuesto de Patrimonio será un 40% menor al anunciado
El Ejecutivo informó a Bruselas de que la subida de la presión fiscal sobre las fortunas de más de 10 millones de euros arrojaría un ingreso adicional de 339 millones de euros en 2019. Sin embargo, el cálculo se basa en la hipotética aplicación del alza del tributo en todas las comunidades autónomas, pese a que Madrid, con más del 40% de ingresos potenciales de todo el país, no lo recauda. El posible aumento de recursos públicos no llegaría, por tanto, a 200 millones.

Patrimonio es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas, que tienen la potestad de bonificarlo parcial o totalmente, como hace Madrid. De hecho, este tributo fue suprimido en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque el de Mariano Rajoy lo recuperó con carácter “temporal” a partir de 2013. Desde entonces, sin embargo, esta figura fiscal ha sido prorrogada año a año. Para 2019, Patrimonio se ha convertido en una de las claves del acuerdo presupuestario alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su principal socio parlamentario, Unidos Podemos, que exigía elevar la tributación sobre las grandes fortunas.

El pacto alcanzado, y trasladado al plan presupuestario remitido a la Comisión Europea, fue el de incrementar en un punto el tipo máximo de gravamen aplicado a las fortunas de más de 10 millones de euros, pasando del 2,5% al 3,5%. Sin embargo, cada comunidad deberá decidir si traslada el impacto al contribuyente o lo bonifica.

En 2017, el tributo recaudó 1.063,5 millones en toda España y las comunidades han presupuestado unos ingresos de 1.149 millones para este año. Los datos del Gobierno implican que la recaudación se elevaría un 30% en 2019 hasta los 1.488 millones. Sin embargo, aunque el resto de regiones aplicaran el alza, la determinación de Madrid de bonificarlo al 100% implica que los ingresos solo crecerían un 17%, solo 191 millones más.

Esto es así porque Madrid concentra los declarantes más ricos de España, 17.507 contribuyentes con un patrimonio medio de 9,1 millones (la media nacional son 3,1 millones) y una base liquidable total de 83.026 millones. Así, mientras todas las demás comunidades recaudaron 1.040 millones en 2016, solo Madrid podría haber ingresado ese año 815 millones por Patrimonio, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. De hacerlo, sus ingresos serían el 44% del total. Al aplicar un tipo efectivo del 0%, no obstante, la comunidad dejará de ingresar más de 900 millones en 2019, tomando en cuenta el alza prevista por el Ejecutivo central.

Esta merma de la recaudación estimada para el conjunto de las administraciones públicas en 2019 pasó por debajo del radar de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que el jueves advirtió que los ingresos anunciados por el Gobierno serán algo inferiores a los previstos pero que no revisó los de Patrimonio por su “pequeña cuantía” y el hecho de que aún debe ser oficialmente prorrogado para 2019.
(Expansión, 30-10-2018)

Ciudadanos desbloquea la tramitación de los Presupuestos de Sánchez
Ciudadanos ha decidido no retrasar más la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad. Es decir, le ha puesto fecha de caducidad al veto del Senado a los Presupuestos. Esta norma, destinada a devolver la primacía del Congreso sobre la Cámara Alta en la aprobación de la senda de déficit, comenzará ahora su trámite normal, que puede dilatarse varios meses. De hecho, Cs cree que la reforma no se aprobará "antes del verano de 2019".

Hasta ahora, PP y Cs han pedido tres prórrogas para la presentación de enmiendas a la totalidad, de manera que han ido posponiendo los trámites parlamentarios de la reforma. Sin embargo, el partido de Albert Rivera cree que ya es suficiente y la nueva ley debe seguir su curso por el trámite ordinario, al que ellos no se oponen. A su juicio, las prórrogas se pidieron para analizar la iniciativa, no por filibusterismo parlamentario. Ahora, el PP no podrá pedir nuevos retrasos, ya que hace falta que lo demanden dos formaciones de la Mesa del Congreso, compuesta por los populares, los naranjas, el PSOE y Unidos Podemos.

"Sobre la ley del PSOE de modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria hemos pedido que se abra el periodo de enmiendas parciales", aseguran desde la formación naranja. Por otro lado, Cs tiene presentada una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley de Podemos de modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (hay que recordar que hay dos normas en tramitación). "La enmienda de Cs defiende que el rechazo del Senado a los objetivos de déficit se pueda levantar por el Congreso con mayoría reforzada de tres quintos", explican desde la formación que preside Albert Rivera. "En el caso de que se rechace nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo, pediremos que se abra el período de enmiendas parciales", añaden.

Así han confirmado desde Ciudadanos la noticia desvelada por 'El Mundo' de que la formación naranja no va a pedir más prórrogas para las enmiendas a la totalidad a la norma, de manera que ésta comenzará su trámite parlamentario. La reforma es vital para que el Gobierno pueda aprobar sus Presupuestos con 6.000 millones más de gasto, ya que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y, por tanto, puede vetar la senda de déficit que presente el Ejecutivo.

Pedro Sánchez quiere elevar el listón del déficit desde el 1,3% del PIB actual hasta el 1,8%, pero no puede hacerlo por la negativa del PP. La nueva norma suprimirá ese veto. La urgencia por cambiar la Ley de Estabilidad llevó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a introducir su propuesta en una enmienda-atajo, dentro de la reforma de una ley orgánica sobre formación de jueces en violencia de género. Dicha enmienda fue tumbada por la Mesa del Congreso, que controlan PP y Cs. Ahora los naranjas no deshacen su entente con los populares, sino que marcan perfil propio en el modus operandi de la tramitación.
(El País, 30-10-2018)

Gestha avisa: sólo se devolverán las retenciones de IRPF al 17% de los que tuvieron bajas de maternidad
Los técnicos de Hacienda calculan que las retenciones en el IRPF sólo se les van a devolver a menos de 200.000 madres y padres (un 17% del total), lo que supone 266 millones de euros. La razón principal de que el 83% de las madres y padres no vaya a obtener la devolución es que sus sueldos fueron bajos y no superaron el nivel que está exento de IRPF y, por lo tanto, no sufrieron las retenciones en su momento.

"El motivo fundamental por el que tan pocas madres recibirán la devolución de las retenciones es el bajo sueldo que, en líneas generales, obtienen las mujeres, especialmente cuando están en edad de maternidad, pues a la brecha salarial y al techo de cristal se une la mayor ocupación de la mujer en trabajos a tiempo parcial, la menor retribución inherente a las jóvenes que aún no han atesorado una experiencia y promoción profesional así como a la drástica reducción en el cálculo de las retenciones que realizan las empresas al descontar una cuarta parte del sueldo por la baja maternal", ha explicado Gestha.

De hecho, el 83% de las madres trabajadoras perciben salarios inferiores a los 18.400 euros anuales. "Y como las empresas calculan las retenciones sobre los ingresos que realmente prevén pagar en esos 8 meses, esa cantidad se reduce hasta los 12.300 euros, una cuantía por la que, en líneas generales, no se realizan retenciones", ha añadido en una nota.

De esta manera, de las 1.100.000 personas que a priori podrían beneficiarse de la exención del IRPF en las bajas por tener hijos, los técnicos han advertido de que unas 900.000 no recibirán ninguna devolución; por lo que solamente menos de 200.000 madres y padres percibirán 266 millones por las retenciones efectuadas por Hacienda desde 2014, a los que se añadirán los intereses de demora correspondientes.

Por otra parte, Gestha ha detectado claras diferencias dependiendo del territorio de residencia, dado que los sueldos varían de forma significativa. En este sentido, las devoluciones serán mayores en aquellos lugares donde tradicionalmente se registran los salarios más elevados, y viceversa. Así, en la Comunidad de Madrid el porcentaje de los beneficiarios alcanza el 27,2% de los que percibieron estas prestaciones y en Cataluña el 23,9%, mientras en Extremadura apenas será del 7,5% y en Andalucía un 8,1%.

Además, a este punto del nivel salarial se añade el caso de Navarra donde no se percibirá cantidad alguna porque desde el 1 de enero de 2013 la prestación por maternidad es una renta sujeta a IRPF y no exenta conforme a su normativa foral (ver anexo con desglose de datos provinciales).

De todas formas, Gestha ha asegurado que a algunas madres les puede interesar solicitar la rectificación de la declaración de la Renta a pesar de que no obtengan una devolución, sobre todo, a quienes puedan ser beneficiarias de subvenciones o ayudas sociales que cualquier entidad pública o privada otorgue en función de los ingresos familiares declarados, o por otros motivos como, por ejemplo, la asignación de plazas en centros de enseñanza cuyo baremo valora los ingresos declarados.
(La Vanguardia, 30-10-2018)

Laboral

Los empresarios rechazan el aumento de las cotizaciones sociales
Los empresarios familiares se han mostrado unánimemente contrarios al proyecto del Gobierno de subir las cotizaciones sociales adelantado el jueves por el presidente de Airef, José Luis Escrivá. Se convirtió en uno de los temas más comentados en los corrillos que se formaron en la pausa tras la inauguración del XXI Congreso de la Empresa Familiar por parte del Rey Felipe VI.

Los empresarios consultados han rechazado la medida y la forma de comunicarla. A su juicio, el destope de las cotizaciones sociales perjudica a las empresas y a los trabajadores. Uno de los empresarios se ha preguntado a qué destinará la recaudación el Gobierno. Y otro ha criticado que no se haya entablado una consulta previa con la patronal y los sindicatos para valorarlo.

Al respecto y sin hacer ninguna mención expresa a la propuesta, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reclamado al Gobierno que reviertan en los servicios públicos las aportaciones que hacen las empresas y los trabajadores. "Debemos pagar los impuestos que nos tocan, es nuestra obligación y responsabilidad, y con ellos podemos exigir luego que se nos devuelva en sanidad, justicia, educación, seguridad, pensiones y creación de nuevas infraestructuras, entre otros". Según las cifras manejadas por el empresario valenciano, las empresas generan en España el 75% del PIB y sólo a través de impuestos directos de sociedades y cotizaciones sociales aportan más de 117.000 millones de euros.

Asimismo, el empresario valenciano ha hecho hincapié en la necesidad de "dar a conocer la función económica y social de las empresas y el esfuerzo que realizan junto con los trabajadores, pues dichas aportaciones, que se desconocen, ignoran o no se valoran, merece la pena que contemos qué somos. la mala imagen viene de que, efectivamente, hay algunos empresarios que son malos empresarios y que no lo comunicamos bien".

Y, en ese sentido, ha reclamado a los empresarios que sean más valientes con una imagen gráfica: "Los empresarios tenemos que salir del armario, dar un paso adelante, dejar claro que somos nosotros los que creamos riqueza. Un país es más rico si tiene más empresas; pero nos da miedo salir a hablar".
(Expansión, 30-10-2018)

Los funcionarios tendrán hasta un 5% de su jornada anual para conciliar
Los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) tendrán a su disposición una bolsa con hasta un 5% de su jornada laboral anual de libre disposición y acumulables entre sí para el cuidado y atención de sus hijos menores, personas mayores y personas con discapacidad en primer grado de consanguinidad o afinidad.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, firmó un acuerdo con los sindicatos que permitirá a todos los empleados públicos disponer de hasta 11 días al año para la atención de sus familiares más directos.

Estas horas de libre disposición tendrán que ser recuperadas, es decir, los empleados públicos tendrán un plazo máximo de tres meses desde su utilización para devolverlas, y antes de que acabe el año tendrán que haber cumplido con la jornada laboral que les corresponda.

Según el acuerdo alcanzado, la utilización de esta bolsa de horas tendrá que contar con una declaración responsable del empleado público para su justificación, quien además podrá acumularlas en jornadas completas siempre y cuando exista una razón justificada para ello.

Esta bolsa será considerada como una medida de flexibilidad horaria, pero en ningún caso sustituirá a los permisos ya existentes, según el acuerdo de la mesa de negociación de la AGE. El pacto sellado ahora entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos es la culminación del pacto firmado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los funcionarios en marzo de este año, que ya contemplaba la creación de esta bolsa de horas.

Dentro de los acuerdos sellados ayer también se procedió a la firma de la ampliación del permiso de paternidad hasta las ocho semanas en 2019 desde las cinco actuales. Su ampliación será progresiva y pasará a las 12 semanas en 2020 y a las 16 en 2021. Se trata de un incremento que ya fue pactado entre el Gobierno y Unidos Podemos dentro del acuerdo presupuestario para el año que viene.

El borrador presupuestario alcanzado entre el Ejecutivo y la formación liderada por Pablo Iglesias apuntaba que la intención del Gobierno es extender esta ampliación del permiso de paternidad también al sector privado. Pero que se trataría de pactar dentro de la mesa de diálogo social con los sindicatos. Fuentes del Ejecutivo aseguraron entonces que, aunque no hubiera acuerdo con los interlocutores sociales se realizaría por ley.

El sindicato CSIF reprochó ayer al Ministerio “que haya condicionado la negociación al acuerdo alcanzado con Podemos rebajando el alcance del acuerdo”, dado que en un primer momento de las conversaciones se habló de nueve semanas de permiso de paternidad para el año que viene. Además, CSIF aprovechó ayer para reclamar un permiso de paternidad de 20 semanas, en línea con el sellado con la Junta de Andalucía.
(El País, 30-10-2018)

ATA alerta que una subida de la base mínima echaría a muchos autónomos del "sistema"
Los autónomos insisten en rechazar cualquier subida de la base mínima de cotización superior al 1,5% de media en 2019. Y nada les va a hacer cambiar de opinión. Así de categórico se ha mostrado esta mañana el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones y Empresarios de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que ha asegurado que en este momento "no están los autónomos para poder pagar más cotización" y ha advertido que una subida provocaría la "salida del sistema" de aquellos autónomos que no llegan a la base mínima.

"Si subimos la base mínima le complicamos la vida a aquellos autónomos que no llegan a esta base mínima. Hay muchos que facturan 800 euros, tiene que pagar 278 euros de cotización y 120 de retención fiscal, no llegan. Esta gente se sale del sistema y tenemos que buscar mecanismos para solucionar este asunto y no asfixiar al colectivo", agregó Amor durante la celebración de la XVII edición de los Premios Autónomos del Año de Ata.

Amor aseguró que desde Ata que están a disposición del Gobierno para poner en marcha desde el 1 de enero una cotización reducida para que los que tienen problema para cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no lo tengan y tildó la prestación por cese de actividad de "fraude de ley" al permitir a los autónomos cotizar por esta prestación a sabiendas de que nunca van a poder cobrar. "No empecemos la casa por el tejado, primero establezcamos la protección y luego mejoraremos la cotización", añadió.

El presidente de ATA aprovechó para mandar un recado al Gobierno actual, que estuvo representado por la directora general de Trabajo Autónomo, María Antonia Pérez León, en detrimento de la ministra Valerio que no pudo asistir, al asegurar que con los anteriores gobiernos siempre se había obtenido un consenso fruto de un "diálogo fluido". "Poner zancadillas a los autónomos es hacer tropezar la actividad económica. Los autónomos necesitamos confianza, certidumbre y seguridad jurídica", añadió Amor.

Sobre la tarifa plana de 50 euros que el Gobierno quiere incrementar a los 75 euros, Amor se mostró "dispuesto" a analizar el impacto que ha tenido cuando al menos haya pasado un año –la medida se amplió a un año en enero de 2018- y los que empezaron en enero hayan terminado su cotización. No obstante, aseguró que "la tarifa plana facilita el emprendimiento y aflora la economía sumergida" al tiempo que pidió trabajar "por un entorno fiscal adecuado".
(El Mundo, 30-10-2018)


Mercantil, Civil i Administratiu

"Los empresarios familiares han sido en todo momento una referencia económica"
El rey Felipe VI ha inaugurado el Congreso Nacional del Instituto de la Empresa Familiar. Durante el discurso de apertura del congreso, que se celebra estos días en Valencia, el rey la reconocido el peso de las empresas familiares en la economía, pero destacó que son "actores económicos muy relevantes", "aún más por lo que representáis en términos de valores".

El monarca ha afirmado ante un auditorio de empresarios que "las empresas familiares siempre han identificado a los valores como uno de sus principales activos, porque son, precisamente, la clave de la confianza". Por ello, ha dicho a estos empresarios reunidos en el congreso que "los empresarios familiares habéis sido en todo momento una referencia económica". Ha añadido que las empresas "de mayores dimensiones, más internacionalizadas, apuestan por el crecimiento, y las posibilidades de mejora son mayores".

Pero también señaló que "sin embargo, cuando se pregunta sobre la imagen del empresario asociada a las grandes empresas, se observa que hay n claro margen de mejora". Ha destacado que se celebre el encuentro en Valencia, "una ciudad en una comunidad con una fuerte vocación empresarial, abierta al exterior y con una gran tradición y presencia de empresas familiares".

El presidente del IEF, Francisco Riberas, ha intervenido en la inauguración del congreso de esta agrupación, y ha señala do que en este momento "la imagen de las empresas y los empresarios familiares no es positiva, e incluso se ha visto dañada por la crisis económica". Por ello, considera que uno de los retos es "revertir esa imagen negativa".

Ha recalcado que las empresas familiares, en los años de crisis, "han sabido cuidar su empleo e invertir incluso en momentos de gran incertidumbre, a diferencia de otras empresas con menos arraigo". Por ello, apuntó que la empresa familiar trabajará "a todos los niveles, desde la educación en las escuelas hasta los medios de comunicación y las redes sociales"
(Cinco Días, 30-10-2018)

Calviño presenta el plan económico del Gobierno ante la City londinense
La ministra de Economía y Empresa de España, Nadia Calviño, ha acudido este lunes a Londres para explicar a los principales inversores internacionales que operan en la City las líneas maestras del plan económico del Gobierno de Pedro Sánchez. La agenda de Calviño incluye una entrevista en el canal de televisión CNBC, una conferencia ante la Cámara de Comercio de España en Londres y un almuerzo con inversores organizado por la compañía Bloomberg.

El viaje de la ministra coincide con las turbulencias bursátiles que ha causado la polémica sentencia del Tribunal Supremo español que adscribe el pago de los impuestos hipotecarios a la banca, que ha sufrido enormes pérdidas, o el repunte de la prima de riesgo en medio del clima de desconfianza que emana de los planes fiscales de Italia.

Durante su conferencia, la ministra ha defendido que el plan presupuestario remitido a Bruselas saldrá adelante. "Son unos presupuestos que combinan la disciplina presupuestaria con políticas sociales dentro del marco de las normas comunitarias para poder reducir el déficit, la deuda, tener unas finanzas públicas más saneadas, pero sin perder de vista los derechos de los ciudadanos", ha dicho.

Más allá, Calviño ha lanzado un mensaje de tranquilidad al mercado aseverando que “no va a cambiar toda la legislación laboral” sino solo a hacer “algunos ajustes”. La ministra, de hecho, ha reconocido que “una parte” de la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha tenido “resultados positivos al dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral”, recoge Efe. Otros, ha señalado Calviño, han tenido un impacto “negativo” al elevar la “precariedad”.

En paralelo, la responsable de Economía ha expuesto que la subida sin precedentes del salario mínimo interprofesional del 22,3%, hasta los 900 euros en 2019, pactada con Podemos "tendrá un efecto neutro en la creación de empleo y el crecimiento". La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió la pasada semana que elevará la renta de las familias y el PIB, en una décima, pero que recortará en 40.000 puestos de trabajo la creación de empleo.

Finalmente, Calviño ha confiado en que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) consigan el "mejor acuerdo" para el brexit, de modo que este proceso no perjudique a la "intensa relación económica" de España con este país.
(Expansión, 30-10-2018)

Los gastos hipotecarios elevan a su récord las reclamaciones al Banco de España
El Banco de España ha revelado este lunes que el reparto de gastos de la constitución de estos créditos fue el motivo por el que el volumen de reclamaciones de consumidores alcanzó su récord en 2017. En concreto, el Banco de España recibió 41.056 consultas y 40.176 reclamaciones, más de la mitad referentes al reparto de gastos. La cifra supone un incremento del 177,8% hasta una cifra inédita, que rompe con la tendencia a la baja registrada en el volumen de quejas tramitadas desde 2014.

En 2017, el 81% de todos los casos abordados estaban centrados en las prácticas hipotecarias de la banca, si bien el 53% de los asuntos, 23.040, se centraban en las cláusulas que imponen al cliente el pago de todos los costes, incluyendo impuestos, notaría, registro y gestoría.

El Tribunal Supremo declaró nulas, por abusivas, estas condiciones en diciembre de 2015. Sin embargo, al no haber decretado qué tipo de reparto sería aceptable, el asunto se ha convertido en un nuevo foco de controversia entre consumidores y entidades. Una polémica especialmente candente ahora después de que el alto tribunal corrigiese hace días su criterio para establecer que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados debe abonarlo al banco, si bien la doctrina será revisada en pleno el próximo lunes para aclarar definitivamente quién debe pagarlo.

Otro aspecto que ha centrado las reclamaciones de los clientes ante el Banco de España es la aplicación de la vía extrajudicial de reclamación de cláusulas suelo que el Gobierno anterior puso en marcha a través del Real Decreto-Ley 1/2017, cuyo mal funcionamiento ha suscitado 4.099 quejas, el 10,2% del total.

La existencia de las propias cláusulas suelo en las hipotecas ha generado a su vez otras 1.972 reclamaciones (el 4,9%), mientras que el uso del índice IRPH suma otras 433 (1,1%) y el incumplimiento del código de buenas prácticas 301 más (0,7%). Aunque ha generado un menor número de escritos ante el supervisor, este último asunto ha tenido serias repercusiones motivando cuatro resoluciones sancionadoras contra tres bancos y una cooperativa de crédito, detalla el Banco de España.

Del total de reclamaciones recibidas, descontando las que el supervisor considera que debían dirigirse a tribunales o carecían de prueba documental, el Banco de España ha resuelto 10.428. El 73,1% de los casos se resolvieron a favor del cliente que reclamó. A su vez, la banca accedió a rectificar en un 62,4% de las ocasiones en que el supervisor le afeó la conducta, lo que supone una importante mejora respecto al 36,8% de 2016.

Es más, en años anteriores el porcentaje era apenas del 25%. Este cambio de tendencia responde al incremento de presiones del Banco de España para que la banca cumpla sus dictámenes, que de momento no son vinculantes. Este sistema, en todo caso, está siendo revisado por el Ministerio de Economía.
(El País, 30-10-2018) 

 

 
 
 
 
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