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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 2 DE NOVEMBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 31 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 31 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 01-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/02/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/02/index.php?d=265&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/01/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/01/index.php?d=264&s=3

  

RECULL DE PREMSA DEL 2 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

El Consejo de Economistas baja su previsión de crecimiento al 2,2% en 2019
En su último Observatorio Financiero, publicado, el Consejo mantiene la previsión de crecimiento de para este año en el 2,5%, ya que la revisión a la baja de las exportaciones -a un repunte del 3%- se compensa con las mejores expectativas de consumo -avance del 1,7%-.

Para 2019, el Consejo considera que las medidas procíclicas anunciadas por el Gobierno, como la subida de impuestos o del salario mínimo, "podrían redundar" en pérdida de empleo y consumo, por lo que ha decidido rebajar su previsión. A esto añade el menor dinamismo de la economía catalana, que ahora crece al mismo ritmo que la nacional cuando antes lo hacía por encima.

El observatorio también revisa las previsiones de empleo para mejorar ligeramente las expectativas de tasa de paro para este año -que sitúa en el 14,75%, cuando la tenía en el 15%- mientras que la previsión para 2019 se mantiene en el 14%. La previsión de inflación se mantiene en el 1,8% este año y el 1,9% el próximo pese al repunte registrado en los últimos meses por la expectativa de menor consumo.
(El Mundo, 01-11-2018)

Laboral

Plan de choque contra el paro juvenil: un estatuto del becario, 3.000 orientadores y ayudas a emigrados
El Ministerio de Trabajo pretende tener listo un plan de choque para el empleo juvenil. Las conversaciones del Departamento que dirige Magdalena Valerio con comunidades y agentes sociales están avanzadas. Entre las medidas que contempla, está la contratación de 3.000 orientadores que ayuden a los jóvenes a buscar empleo y busquen ofertas para ellos en el mercado laboral. También incluye la creación de un estatuto del becario, ayudas para los emigrantes que quieran regresar y reformas en la llamada Garantía Juvenil.

El plan se aplicará entre 2019 y 2021, y marca cinco objetivos, uno de ellos es reducir la tasa de paro entre menores de 30 años, ahora en el 28%, al 23,5%. Además, expone seis ejes de actuación. En el primero, la orientación, se inserta ese importante aumento de plantilla en el sistema público de empleo.

El paro juvenil ha sido uno de los grandes problemas del mercado laboral en la crisis. Y cuatro años después de que haya comenzado la recuperación, ahí sigue. Para afrontarlo, el Ministerio de Trabajo ultima un plan de choque junto a las comunidades autónomas, que son las que tendrán mayor responsabilidad en su ejecución al tener las competencias de las políticas activas de empleo, y los agentes sociales. Entre los 10 principios que lo rigen, está “mejorar la gestión del sistema de garantía juvenil”, un programa puesto en marcha en 2014, financiado por la Unión Europea hasta 2023, que tuvo un funcionamiento deficiente en sus primeros años.

En los dos borradores a los que ha tenido acceso este diario, la versión quinta y la octava, se observa que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente de Trabajo, pone sobre la mesa un catálogo de medidas en el que hay de todo: novedades respecto a iniciativas similares anteriores, como cuantificar los objetivos o poner en marcha un plan de retorno de jóvenes emigrados durante la crisis; el reciclaje de propuestas previstas por el anterior ejecutivo, como el contrato de relevo; o la recuperación de recursos que la crisis y sus recortes se llevaron por delante. Los portavoces oficiales del ministerio que dirige Valerio enfatizan, a modo de advertencia, que “todavía llegan aportaciones” de las contrapartes y la versión definitiva puede variar “bastante”.

3.000 orientadores para ayudar a buscar empleo. En el capítulo de recuperación de recursos se incluye la contratación de 3.000 orientadores laborales. Esta cifra coincide con la que había hasta 2012. Una de las primeras medidas anticrisis, todavía con Jesús Caldera al frente de Trabajo, fue financiar la contratación de 1.500 orientadores laborales por las comunidades autónomas. Con su sucesor, Celestino Corbacho, se duplicó el número. Pero estos puestos de trabajo no se consolidaron, así que cuando llegaron los recortes hace seis años, se rescindieron los contratos.

Un estatuto del becario y cuotas máximas de estudiantes en prácticas. El plan de choque contra el desempleo juvenil incluye también medidas contra los abusos que en ocasiones ejercen las empresas sobre los estudiantes en prácticas. “Se procederá a elaborar el estatuto del becario para integrar y regular derechos de las personas becarias y las prácticas no laborales, evitando la utilización de la figura como falsos becarios”, señala el proyecto. El objetivo, apunta el documento, es garantizar que los becarios no son en realidad trabajadores encubiertos y que su paso por la empresa tiene “carácter formativo”. Aseguran que tomarán como referencia a otros países (cita en concreto Francia).

Una plataforma para que regresen los que emigraron por la crisis. Una de las medidas novedosas de este plan de choque es la creación de programas de retorno de los jóvenes que emigraron durante la crisis. Para participar en estos programas, que estarán gestionados por la Secretaría de Estado de Migraciones, no se tendrá en cuenta la edad de la persona que solicite participar en ellos, sino que fuera joven en el momento de emigrar, señala el programa. Las iniciativas para incentivar a regresar a quienes salieron durante la crisis son "medidas de apoyo a la contratación, al autoempleo, a los gastos de desplazamiento y de primer alojamiento, así como proceso de acompañamiento".

Reforma para el sistema de Garantía Juvenil ante su éxito relativo. El Ministerio de Trabajo evalúa en su plan de choque contra el desempleo joven los resultados de la llamada Garantía Juvenil, un programa de inspiración y fondos europeos que se aprobó en 2014 y que garantiza a los menores de 30 años la obtención de un trabajo, unas prácticas o un curso. El compromiso era que los jóvenes inscritos debían ser atendidos en menos de cuatro meses.

El sistema ya nació cojo porque se inventó un registro distinto del de las oficinas de empleo para evitar que estos jóvenes se apuntasen también al paro. Durante un tiempo, eso provocó que el número de registrados fuese bajo. Al ver que se podían perder fondos comunitarios, el anterior Gobierno pisó el acelerador en 2016 para conseguir que se inscribiesen más. Ahora hay 1,2 millones registrados, una mejora sustancial. Sin embargo, Trabajo considera que este plan “precisa líneas de mejora cualitativa y cuantitativamente, que supongan un gran cambio y la orientación al éxito del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”, reza el documento. Y el primer gran fallo que detecta es que la mitad de los atendidos tiene que volver a ingresar en el sistema. “Las atenciones impartidas podrían no ser las adecuadas”, concluye.

Contratos bonificados. Resulta llamativa la ausencia de la iniciativa estrella que Ciudadanos propuso al Gobierno anterior y que estaba integrada en la Garantía Juvenil: el complemento o ayuda salarial de 430 euros, adicional al sueldo, para los jóvenes que firmaran un contrato de formación y, al mismo tiempo, estuvieran inscritos en ese programa. Esa medida tenía una partida presupuestada de 500 millones y entró en vigor en agosto. No fue fácil su puesta en marcha porque Bruselas, que la financia, no la veía con buenos ojos y tardó en darle su visto bueno. Además, siempre fue muy criticada por expertos, sindicatos y el PSOE. Para unos, el diseño de la ayuda iba a enfocar los recursos sobre un subgrupo de jóvenes que no lo necesitaba; para otros, iba a generar la distorsión de que un aprendiz acabara cobrando más, por el complemento, que quien tenía que enseñarle el oficio.
(El País, 02-11-2018)

El Banco de España alerta de que el alza del SMI supondrá una pérdida de unos 150.000 empleos
El nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha aprovechado su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno que aproveche la buena coyuntura económica cíclica para realizar reformas estructurales y ha advertido de los riesgos que conllevan algunas de las políticas económicas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En primer lugar, el nuevo responsable del supervisor financiero ha aseverado ante la Comisión de Economía de la Cámara Baja que volver a ligar las pensiones a la inflación para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, como ha pactado el Gobierno con Unidos Podemos, “generaría, de acuerdo con los cálculos del Banco de España, un incremento del gasto público superior a tres puntos porcentuales de PIB en el año 2050”. Esto es, unos 36.000 millones de euros en el conjunto del periodo, o 1.161 millones anuales, tomando el PIB actual.

La estimación del organismo casa con la que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) que en la última visita de la misión para España alertó de un alza de entre tres y cuatro puntos de PIB del gasto público para mediados de siglo. Este cálculo supondría un sobrecoste anual de 1.450 millones de euros al año, y 48.000 millones de euros para 2050. Según el FMI, si no se acompaña esta medida de otros contrapesos, el sistema público de pensiones español quedará en riesgo.

“Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema requerirá, por tanto, incorporar medidas adicionales por el lado de los ingresos o de los gastos del sistema”, ha coincidió en señalar Pablo Hernández de Cos. “En todo caso, es deseable que cualquier estrategia de reforma elegida aumente la transparencia del sistema, refuerce su contributividad (es decir, la relación entre las contribuciones y las prestaciones), y, en especial, mantenga un mecanismo de ajuste automático que garantice la sostenibilidad de las pensiones futuras de la población”, ha concretado.

En segundo lugar, el gobernador ha alertado del riesgo que puede suponer el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 22,3% en 2019, desde los 735 a los 900 euros, como recoge el pacto presupuestario del Ejecutivo con Podemos. Pese a reconocer que los efectos negativos de las subidas del SMI son limitados, Hernández de Cos ha aseverado que el riesgo es importante para determinados colectivos.

“Su impacto sobre la probabilidad de perder el empleo resulta significativo en el caso de determinados colectivos, como los más jóvenes y los de mayor edad con menor formación, cuya tasa de paro es aún muy elevada, y que muestran un nivel de productividad menor que el promedio”, ha expuesto el gobernador. Una pérdida que Cos cifró en un 0,8% del empleo. Si se tiene en cuenta que el número de ocupados asciende a 19,5 millones, este recorte implicaría la pérdida de unos 156.000 puestos de trabajo. La estimación contrasta con la pérdida de creación de 40.000 empleos que apuntó hace unos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ya advirtió en su valoración que los cálculos del Banco de España arrojaban cifras muy superiores a las suyas, basadas en decenas de estudios sobre la materia.

“El nivel del SMI y sus incrementos anuales deberían diseñarse, por tanto, teniendo en cuenta la productividad de los trabajadores afectados y su grado de empleabilidad si se quieren evitar efectos no deseados, en forma de pérdida de empleo y aumento de la desigualdad”, ha recomendado.
(Expansión, 01-11-2018)

Ciudadanos propone una tarifa plana ‘hiper reducida’ y otra indefinida para autónomos
El Pleno del Congreso debate una proposición no de ley de Ciudadanos que busca impulsar una tarifa plana indefinida para aquellos profesionales autónomos que ingresen menos del salario mínimo. Esta propuesta pretende bonificar la cotización de los autónomos con menos ingresos a la Seguridad Social sobre la base mínima, que podría dejarles una cuota mensual de 50 euros. Se plantea, además, una especie de tarifa plana hiper-reducida, de 30 euros, en el caso de menores de 30 años o de discapacidad superior al 33%.

El debate de esta iniciativa se ha abierto una vez el Gobierno ha tendido la mano del diálogo a las distintas asociaciones del colectivo, tras las propuestas iniciales del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en las que se contempla una subida en las bases de cotización para los autónomos. Desde Ciudadanos quieren que el nuevo sistema del RETA no solo conserve la actual tarifa plana, sino que se convierta en indefinida para aquellos que tengan menos ingresos.

Desde la formación naranja se ha pedido al Gobierno que asegure que la subida del SMI no afecte en ningún caso a la subida de las cotizaciones a los autónomos con menos ingresos, algo que ya prometió el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras su pacto con Podemos.

A pesar de ello, Ciudadanos cree que la previsión de aumento de ingresos por cotizaciones en el plan presupuestario sí afectará a este colectivo, algo que desde Unidos Podemos ya han dicho que sería saltarse el acuerdo firmado.
(El País, 01-11-2018)

El paro se mantiene estable en la eurozona en el 8,1% y en la UE en el 6,7%
La tasa de desempleo se mantuvo estable en el mes de septiembre tanto en la eurozona como en el conjunto la Unión Europea, con un nivel de paro del 8,1% en los países que comparten la moneda única y del 6,7% en el total de la UE, informó hoy la oficina estadística europea, Eurostat. Se trata del nivel más bajo para la Eurozona desde noviembre de 2008 y de la Unión Europea (UE) desde la serie histórica de mediciones iniciada en el año 2000, añadió Eurostat en un comunicado.

Los datos reflejan un descenso de 8 décimas en la zona euro con respecto a la tasa del 8,9% registrada en septiembre de 2017 y también una caída de otras 8 décimas en el conjunto de la UE en relación con el 7,5% de hace un año. En total, en septiembre había 16,574 millones de personas desempleadas en la UE, de ellas 13,153 millones en la eurozona. Supone un ligero aumento de 2.000 parados en los países de la zona euro respecto al pasado agosto y una caída de 35.000 individuos desempleados en el conjunto de la UE.

En el cálculo interanual, el número de desempleados descendió en 1,309 millones en la zona euro y en 1,793 millones en el total de la Unión Europea, agregó Eurostat. En España se sitúa entre los países donde más cayó el paro en septiembre, con un retroceso de una décima respecto al pasado agosto, para situarse en el 14,9%, y de 1,8 puntos porcentuales si se toma como referencia el 16,7% de septiembre de 2017. No obstante, España sigue siendo el segundo país de la UE con mayor nivel de desempleo, solo superado por Grecia, con un 19% (con datos de julio de 2018 para el país heleno y una mejoría de una décima respecto a junio y de 1,9 puntos en el cómputo interanual).

Junto a España, los países donde más bajo el desempleo en el último año son Chipre (de 10,2% al 7,4%), Croacia (del 10,5% al 8,2%), la citada Grecia y Portugal (del 8,5% al 6,6%). En el cálculo interanual, el desempleo bajó en todos los países de la Unión Europea salvo en Estonia, donde se mantuvo estable en el 5,4% (con datos de agosto, para ese Estado báltico). Los Estados miembros de la UE con tasas de paro más bajas en septiembre fueron República Checa (2,3%) y Alemania y Polonia (con 3,4% cada uno).

Fuera de la UE, en Estados Unidos la tasa de desempleo se situó en el 3,7% en septiembre, es decir, dos décimas menos que en agosto y medio punto porcentual menos que el 4,2% registrado un año antes.
(La Vanguardia, 01-11-2018)

El plan contra la explotación laboral aflora en cuatro meses 11.978 'falsos autónomos'
El Plan director contra la explotación laboral y por el trabajo digno ha permitido aflorar en cuatro meses un total de 11.978 'falsos autónomos' que ya cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social. Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, y en la que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le ha preguntado por las medidas que prevé el Ejecutivo respecto a los trabajadores autónomos.

Sánchez ha explicado que una de sus prioridades con este colectivo será "acabar con la explotación laboral" y ha ofrecido estos datos sobre trabajadores que, pese a mantener una relación laboral con una empresa, carecían de contrato y no estaban dados de alta en el Régimen General.
(El Mundo, 01-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La banca de España, Francia, Italia y Alemania se juega 17.000 millones en ingresos por insatisfacción del cliente
Las instituciones reconocen que la imagen de la banca entre la sociedad española es mala en general, pero mantienen que si se pregunta a un cliente por su entidad la opinión varia y es bastante más positiva. Esta creencia, sin embargo, contrasta con los datos de un estudio realizado por la consultora internacional Oliver Wyman.

El informe asegura que los clientes españoles son los más infieles a sus bancos de Europa. “España se sitúa a la cabeza de los países analizados en porcentaje de clientes en riesgo de romper lazos con su banco actual: un 45% de los usuarios podría abandonar la relación con su entidad como consecuencia de las malas experiencias”. Además, añade que casi uno de cada 10 ya lo ha hecho en los últimos dos años. Se trata de la segunda tasa de abandono más alta de los países analizados por Oliver Wyman (España, Alemania, Francia e Italia). Así, se sitúa por detrás de Francia, con el 14%, y por encima de Italia, con el 7% y Alemania, con el 6%.

Otra conclusión es que los clientes españoles son los que menos mantienen la fidelidad con un banco. El 46% de los usuarios no ha pensado ni piensa en cambiar de banco. Este porcentaje pasa a ser del 70% en Alemania, el 61% en Francia y del 50% en Italia. También es cierto que, en España, la mayor parte de los clientes trabaja con un solo banco mientras que en otros países como Alemania solo uno de cada tres opera con una única entidad.

La experiencia de un cliente poco fiel a una entidad financiera puede llevar a producir un movimiento de hasta 4.000 millones de euros entre los distintos bancos españoles al año en una situación de normalidad. Esta cifra se eleva a 17.000 millones de euros si se toma como referencia la suma de los cuatro países en los que se centra el estudio de Oliver Wyman “la experiencia del cliente: 17.000 millones en riesgo”, que estudia la relación con su banco de miles de clientes de los cuatro principales países de la eurozona. Esta cantidad se dividen, además, de los de España, otros 4.600 millones en Alemania, 4.200 millones en Francia y 4.000 millones en Italia, lo que supone entre un 8% a un 15% de los ingresos.

Según Dieter Staib, socio de banca retail de Oliver Wyman, “nuestra encuesta sobre experiencia de cliente, que realizamos cada dos años en España, Alemania, Francia e Italia, analiza la satisfacción de 8.000 clientes en más de 250 interacciones con sus bancos, a través de los distintos canales y lo vincula con el valor del cliente en riesgo para los bancos, no solo por abandono del usuario, sino también por la reducción del negocio con la entidad (...). El estudio muestra la importancia de seguir invirtiendo en mejorar la calidad de servicio en oficinas y canales digitales.”

Oliver Wyman también señala que un 65% de los clientes en España ha empeorado o mantenido la opinión que tiene sobre su banco; hasta un 44% no lo recomendaría y un 31% puntúa su nivel de satisfacción por debajo de un 5. En parte, estos resultados son consecuencia directa del hecho de que un 67% ha experimentado algún problema con su entidad en el último año, y un 29% ha tenido más de tres experiencias desagradables.

La cuantificación del riesgo que supone proporcionar una mala experiencia de cliente es más importante, si cabe, en un país en el que a los usuarios les gusta especialmente interactuar con su banco. Así lo demuestra el hecho de que un 47% de clientes de banca en España (muy por encima del 32% de Alemania) afirme hacerlo frecuentemente (semanal o trimestralmente en el caso de la sucursal y diaria o semanalmente cuando se hace a través del canal online). Aquellos que interactúan poco o nada con su banco son solamente un 4%.
(Cinco Días, 02-11-2018)

El consumo y la exportación pierden intensidad y dejan el crecimiento en el 2,46%
La producción de la economía española avanzó un 2,468% en el tercer trimestre del año en tasa interanual ajustada de efectos de calendario y precios, ligerísimamente menos que en el trimestre precedente. El dato confirma la desaceleración en la que está inmersa la economía en los últimos trimestres, ya que hace un año crecía el 3%.

Esta pequeña pérdida de pulso es imputable a un avance menos dinámico del consumo privado y de las exportaciones, y en parte a la inversión, según los datos avanzados por el Instituto de Estadística; el crecimiento intertrimestral fue de un 0,6%, frente al 0,56% del segundo trimestre del año. El empleo mantiene su vigor, con un incremento del número de ocupados a tiempo completo del 2,5% (450.000 nuevos ocupados, para llegar a 18,74 millones) y de un 3,3% en el número de asalariados (hasta 16,37 millones).

Pese a la pérdida de intensidad de los dos fundamentales componentes de la demanda interna, su aportación interanual al crecimiento de la economía fue de un 3%, que compensó sobradamente la aportación negativa de la actividad exterior, que se redujo a un 0,5%. Este pequeño alivio de la aportación negativa exterior es, en todo caso, más preocupante, porque es consecuencia de recortes muy severos en los avances tanto de la exportación como de la importación.

La exportación, que ha experimentado un salto cuantitativo muy fuerte en la actividad económica en los últimos años como consecuencia de la recomposición de la competitividad de las empresas, avanzó en el tercer trimestre del año a una tasa interanual del 0,4%, frente a valores superiores al 5% durante todos los trimestres de2018 y de entre el 2% y 3% en la primera mitad de este año. La importación reportó cierta compensación, por el menor dinamismo de la demanda interna, y creció un 2%, menos de la mitad que en la primera mitad del año.

Entre los componentes de la demanda interna el consumo avanza un 2,1% (antes un 2,2%), con similar fortaleza en el privado (2,1%) que en el público. Sin embargo, siguen patrones diferentes: mientras el privado pierde pulso, el público lo gana; de hecho, el año arrancó con un incremento del consumo privado superior al 3%. El avance individualizado efectivo crecía un 2,88% a principios del ejercicio y ahora lo hace al 2,01%. La inversión mantiene más vigor que el consumo y crece un 6,3% y acumula dos trimestres con avances superiores a los de todo el año pasado. La inversión en activos fijos materiales crece a tasas interanuales del 7,2%, pero la de bienes de equipo supera el 9,2%, con una notable aceleración sobre los valores de hace un año.

Una mirada al PIB desde el punto de vista de la oferta revela que el componente más dinámico es la construcción (crece un 7,2% en el año), seguido de los servicios (2,6%) y la industria, con un avance del 1,3% (1,6% la manufacturera, la mitad que el trimestre previo, víctima de la pérdida de intensidad de la exportación).

En cuanto al reparto de la riqueza generada, los salarios avanzaron bastante más que el excedente de explotación empresarial. La primera avanzó un 4,468% (la tasa más alta en los dos últimos años), mientras que el excedente lo hizo a tasas anuales del 2% (la más baja de los últimos dos años, salvo el segundo trimestre de este ejercicio). Tuvieron incrementos más generosos los impuestos, que crecieron un 5,3%. De la tarta de la riqueza nacional los salarios suponen ahora el 47,44%, y la renta empresarial el 41,6%, ganando terreno los primeros y cediendo la segunda.
(Expansión, 01-11-2018)

España cae al puesto 30 en el ranking 'Doing Business' de facilidad para los negocios
El informe 'Doing Business 2019' analiza un total de diez parámetros que sirven para establecer la clasificación del ranking general. Entre las categorías se encuentran los trámites necesarios para abrir una empresa, la protección de los inversores, el tiempo necesario para lidiar con los impuestos o la facilidad para registrar una propiedad. En la edición número 16 del informe, que examina un total de 190 economías, España ha logrado una mejora en casi todos los parámetros, por lo que la caída en el ranking se debe a que otras economías han realizado más reformas y han mejorado todavía más los resultados.

Así, España ha mantenido sus posiciones en las categorías de iniciar una empresa (86º), pago de impuestos (34º), comercio transfronterizo (1º) y resolución de insolvencias (19º). A pesar de ello, ha registrado descensos en las categorías de obtención de electricidad (48º), registro de la propiedad (58º), protección de los inversores (30º) y obtención de crédito (73º). Por otro lado, ha registrado una mejora de tres posiciones, hasta el puesto 23, en el parámetro de cumplimiento de contratos, tras registrar un leve aumento en la calidad de los procedimientos judiciales. No obstante, la mayor mejora se ha dado en la obtención de permisos de construcción, donde España ha pasado de ocupar el puesto 123 al 78. Este incremento se debe a que son necesarios dos procedimientos y hasta 61 días menos para lograr un permiso de construcción.

A nivel global, Nueva Zelanda ha vuelto a encabezar la clasificación, seguida de Singapur y Dinamarca, que mantienen el segundo y el tercer puesto, respectivamente, en comparación con el año pasado. El resto de las diez primeras posiciones del ranking corresponden a Hong Kong (4º), Corea del Sur (5º), Georgia (6º), Noruega (7º), Estados Unidos (8º), Reino Unido (9º) y Macedonia (10º), lo que convierte a Lituania (14º) en la primera economía de la zona euro por su facilidad para hacer negocios, por delante de Estonia (16º), Finlandia (17º) y Letonia (19º).

En el extremo opuesto se sitúan países como Somalia (190º), Eritrea (189º), Venezuela (188º) o Yemen (187º), considerados los países que ofrecen peores condiciones para hacer negocios en todo el mundo. Las diez economías que más han mejorado este año su posición, en función de las reformas emprendidas, han sido Afganistán, Yibuti, China, Azerbaiyán, India, Togo, Kenia, Costa de Marfil, Turquía y Ruanda. En total, el Banco Mundial ha contabilizado un récord de 314 reformas estructurales dirigidas a mejorar el clima de negocio en los últimos 12 meses y en 128 economías. Las economías emergentes y en desarrollo han sido las que más reformas han implementado.

Así, los países de la región de África Subsahariana han acumulado un total de 107 reformas, mientras que en la región de Oriente Próximo y Norte de África se han realizado 43 reformas en el último año. "El sector privado es clave para crear un crecimiento económico sostenible y acabar con la pobreza en el mundo", ha subrayado el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. "Unas reglas justas, eficientes y transparentes, que son las que promueve 'Doing Business', son la base de una economía vibrante y un entorno emprendedor", ha añadido.
(El País, 01-11-2018)

  

 
 
 
 
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