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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2018

Laboral

Corrección de errores del Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos
Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 31 de octubre de 2018, por la que se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2018, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos.
(BOE, 07-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional
Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional.
(BOE, 07-11-2018)

Euro
Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 6 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 07-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/index.php?d=269&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

El Supremo vuelve a corregirse: el cliente pagará el impuesto de las hipotecas
Tras casi 16 horas de tensa deliberación, y semanas de enorme incertidumbre para bancos, consumidores y comunidades autónomas, el Tribunal Supremo decretó este martes pasadas las 19.30 horas de la tarde que es el cliente, y no la entidad financiera, quien debe asumir el pago del impuesto asociado a la constitución de hipotecas.

El fallo, que supone volver a la doctrina original del tribunal tras el giro de sus últimas tres sentencias favorables al cliente, proporciona un importante alivio económico al sector financiero y a las regiones que cobran el tributo, pues no habrá dinero que cambie de manos; pero no garantiza el fin del debate jurídico, que podría acabar ante la Corte de Luxemburgo. El fallo amenaza además con erosionar la imagen del Supremo, ante el que Podemos ya ha convocado manifestaciones de protesta aduciendo que sirve a la banca.

La sentencia es fruto de una votación muy ajustada. Fueron 15 de los 28 magistrados reunidos los que votaron en contra del cliente mientras otros 13 se mostraron a favor de que sean las entidades quienes paguen.

De haber fallado en contra del sector bancario, el Supremo habría tenido que matizar los efectos retroactivos de la sentencia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que barajaba ese escenario, estimó este martes que el importe en juego (que las comunidades autónomas hubieran tenido que devolver y habrían exigido abonar a la banca) serían los 5.000 millones de euros pagados por los clientes en los últimos cuatro años (desde enero de 2014), periodo sobre el que se puede reclamar el pago de un tributo. La retroactividad total podía haber elevado el monto hasta los 26.000 millones de euros, según la casa de análisis Kepler Cheuvreux.

El sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas ha sido objeto de una larga controversia legal y judicial. Aunque el Supremo declaró, en diciembre de 2015, que las cláusulas hipotecarias que obligan al consumidor a correr con todos los gatos de constitución de las hipotecas son nulas, por abusivas, la jurisprudencia venía matizando que en el caso del impuesto era el cliente quien debía hacerse cargo del pago.

Así lo ratificó la Sala Primera de lo Civil, el pasado febrero, cuando sentenció que es el consumidor quien debe abonar el tributo. El pasado 16 de octubre, sin embargo, la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo, especialista en materia fiscal, decretó que el reglamento de 1995 que así lo fija debe ser anulado porque el banco es el beneficiario directo de la inscripción del préstamo y, por tanto, quien debe correr con el pago del impuesto de AJD.

Esta decisión, que marcó el signo de tres fallos en firme en relación a recursos de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Rivas contra la Comunidad de Madrid, llevó al presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo, a avocar la revisión de la doctrina al Pleno ante la “enorme repercusión económica y social” y el “giro radical en el criterio jurisprudencial” que supuso.

Aunque el Pleno de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, que comenzó el lunes y continuó este martes, debía reunir a 31 magistrados, hubo tres ausentes. Uno de ellos, Rafael Fernández Valverde, se encontraba de viaje, mientras que Segundo Menéndez, miembro de la Junta Electoral Central, se ocupaba el lunes de asuntos relacionados con las elecciones autonómicas de Andalucía y un tercero, Octavio Herrero, reside en Rivas (Madrid) y tiene dos hijos con vivienda de protección en dicho municipio, materia directa también de los recursos estudiados estos días, lo que le llevó a apartarse.

El resultado de la votación sorprendió incluso a la banca, que temía un fallo en contra y se preparaba para plantar batalla legal. El sector venía advirtiendo de que las dudas causadas por los últimos pronunciamientos han ralentizado la firma de hipotecas en las últimas semanas y amenazaba la seguridad jurídica sobre la que se sustenta el sistema.

Los abogados especializados en litigios de consumidores contra la banca, por su parte, anticipan que el fallo del Supremo contra la clientela acabará siendo elevado por algún juez de instancias inferiores ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como ya ocurrió con el caso de las cláusulas suelo.
(Expansión, 07-11-2018)

Las CC AA se ahorran hasta 5.000 millones
Un nuevo giro inesperado sobre el impuesto hipotecario. El pleno del Tribunal Supremo ha rectificado, de nuevo, su criterio y ha estimado que es el cliente y no el banco el que tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (ADJ).

La decisión, que vuelve a cargar el tributo al cliente tal y como fijó el Supremo en marzo de este año, libra a las comunidades autónomas de tener que devolver hasta 5.000 millones de euros. Dicha cuantía la había admitido horas antes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en el Foro Cinco Días, patrocinado por Ibercaja, en el que reconoció que las comunidades autónomas podrían verse obligadas a devolver dicha cuantía si el alto tribunal confirma que es la banca quien debe pagarlo y abre la puerta a devolver el dinero indebidamente cobrado a los contribuyentes durante los últimos cuatro años.

Montero aseveró que, llegado el caso, el Estado ayudaría a las comunidades autónomos a hacer frente a semejante impacto, y solicitaría a Bruselas comprensión para evitar un impacto directo en el déficit y se dirigirá a la banca para que cubra el monto que debía haber abonado.

Más allá, la ministra avanzó que la Agencias Tributaria ultima una herramienta para facilitar la devolución del IRPF cobrado sobre la prestación de maternidad, práctica que la justicia ha tumbado, para abonar a los contribuyentes entre 1.100 y 1.200 millones de euros en función del número de reclamaciones, correspondientes a las declaraciones de los últimos cuatro años. Además, ha avanzado que el Ejecutivo no endurecerá la tributación por módulos de los autónomos, una medida prevista para enero de 2019.

En el plano presupuestario, Montero, ha pedido al resto de fuerzas políticas del país "diálogo sin prejuicios" para llegar a acuerdos que permitan que "la economía esté realmente al servicio de las personas". He hecho, ha afirmado a la prensa antes del foro que "en absoluto" trabaja en un escenario de prórroga para 2019 de los Presupuestos de 2018, elaborados por el anterior Gobierno. Montero se encuentra en plena negociación parlamentaria para sacar adelante los Presupuestos de 2019 que el Ejecutivo ha pactado con Unidos Podemos. Busca ahora el apoyo del PNV, así como el de los partidos independentistas catalanes ERC y PDeCAT, que han avanzado que no los apoyarán en protesta por los políticos presos por el procés.

La responsable de Hacienda ha aseverado que no contempla el escenario de tener que prorrogar los Presupuestos del PP de 2018 para tener cuentas en 2019. "Hay que dejar que las cuentas maduren, si son buenas para españoles y catalanes, no hay motivo para que los independentistas no las apoyen.

La ministra también ha criticado la política económica del PP, afirmado que sus medidas fiscales restaron 12.000 millones de euros de recaudación, el equivalente al presupuesto de ciencia e investigación, e incluso de educación. "Lo ocurrido en nuestro país es singular respecto a otros países. Los españoles han vivido una política económica que ha acentuado la dureza de la crisis", aseguró, antes de afirmar que los recortes no sirvieron para rebajar deuda o cumplir con Bruselas. "Es la política del palo y la zanahoria", ha ilustrado, aseverando que la lección aprendida es que "una bajada de impuestos no incrementa la recaudación".

"El autoproclamado milagro económico del Gobierno anterior", ha apuntado Montero, ha sido una "política de devaluación interna a costa de empobrecer a los trabajadores y aprovechar los vientos de cola favorables" que suponían la política monetaria acomodaticia, la rebaja del petróleo y el aumento de turismo. Como resultado, ha denunciado, es que se ha "precarizado el empleo", y se ha dejado "sin oportunidades" a toda una generación de niños.

"No rehuyó la autocrítica. Creo que la socialdemocracia no estuvo en ese omento en el lugar que esperaban los ciudadanos", ha admitido, achacando a esta falta de iniciativa el hecho de que los votantes les hayan dado la espalda durante los últimos años a los partidos socialistas europeos, nacionales y locales.

"Habrán oído que España está en una desaceleración económica que avanza otra recesión coincidiendo con el nuevo Gobierno. La realidad es que la política económica del PP llegó a su techo hace años, en 2015", y desde entonces la economía ha perdido fuelle, ha dicho Montero.
(El País, 07-11-2018)

El Congreso debatirá si adapta la reforma hipotecaria
El Congreso de los Diputados había fijado para este martes la Ponencia sobre el Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, la reforma hipotecaria. El objetivo de los diputados era contar ya con la sentencia del Tribunal Supremo sobre quién debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de estos préstamos para estudiar si hacerse eco de la nueva doctrina en la norma.

El fallo se esperaba para el lunes. La tensa deliberación el Pleno del Supremo, que tardó dos días en germinar en una votación fructífera, obligó a los diputados este martes a convocar una nueva ponencia el próximo martes. Será entonces, según fuentes de la comisión, cuando se discutirá la inclusión del nuevo criterio judicial en la reforma. Ahora se traslada el tema al próximo martes.

La idea es clarificar el reparto de gastos hipotecarios (incluyendo también quién paga la factura de notaría, gestoría y registro) para evitar nuevas controversias legales. El Gobierno avanzó este martes que estudiará el impacto del fallo en los próximos días. La decisión judicial despertó críticas de miembros del PP, Podemos, ERC o PDeCAT, con lo que está por ver su eco en la reforma hipotecaria.
(El País, 07-11-2018)

Laboral

El Gobierno propone a los autónomos subir 260 euros las cotizaciones en 2019
El Gobierno propuso este martes a las organizaciones de autónomos una subida de cotizaciones para el colectivo de autónomos personas físicas de "como mínimo" 260 euros el próximo ejercicio y de 340 euros al año para los autónomos societarios, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que dijo que no aceptará la propuesta. Así lo señaló el presidente de la organización, Lorenzo Amor, en las que avisa de que ATA no aceptará ni la propuesta de hace dos semanas, que era prácticamente el doble, ni esta última formulada por el Gobierno en la reunión que ha mantenido el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y representantes de Empleo y Seguridad Social con las organizaciones de autónomos.

Amor detalló que la propuesta del Ejecutivo es de una subida de las cotizaciones para los autónomos (personas físicas) de "como mínimo" 260 euros al año, y para los autónomos societarios de 340 euros al año, lo que supone que hagan frente a 13 cuotas al año, una más que en el ejercicio actual. "Si era inaceptable la propuesta de 500 euros, inaceptable es esta también", apuntó Amor, ya que "el 70% no puede pagar más de lo que paga y ATA no va a permitir que los asfixien".

Además, explicó que el Gobierno ofrece "teóricamente" mejores prestaciones, que tildó de "estafa" como la prestación de paro, puesto que "no funciona" al denegarse al 60% de los que lo solicitan. Por ello, pidió que se solucione primero el asunto de las prestaciones y el acceso a las mismas y después se hable de cotizaciones. En cualquier caso, ATA le hará llegar una propuesta al Gobierno "muy alejada" de la última planteada por el Ejecutivo, pero que "sí pueden pagar los autónomos", de forma que la base mínima pueda subir lo que ha subido de media los últimos 25 años y se solucione el tema de las prestaciones.
(Cinco Días, 07-11-2018)

El Supremo fija el plazo para que el Fogasa notifique sus resoluciones
El Tribunal Supremo ha fijado el plazo para que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) notifique a los interesados la resolución de sus procedimientos, o, en caso contrario, se produzcan los efectos del silencio administrativo positivo. Así, según una reciente sentencia, el organismo tiene tres meses contados a partir de la presentación en forma de la solicitud para dictar una resolución expresa y, dentro de los diez días siguientes, deberá cursar "de forma idónea la notificación" de la misma. En caso de no poder probar que el intento de comunicación revistió las formalidades exigibles, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada.

Con esta sentencia, el alto tribunal fija doctrina sobre un asunto en el que reinaba la confusión entre las instancias inferiores y que, además, es de especial sensibilidad por afectar a trabajadores desempleados con salarios e indemnizaciones pendientes de cobro. Y lo hace optando por una vía intermedia, que ni estrecha los plazos que la Administración tiene para resolver, ni deja a los interesados expuestos a la arbitrariedad pública, en el caso de que esta no proceda a una correcta notificación.

El artículo 28.7 del Real Decreto que regula el funcionamiento del Fogasa determina que "el plazo máximo para dictar resolución en primera instancia será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud". El conflicto planteado en sentencias anteriores es si dicho término se entiende concluido una vez dictada la resolución, o si, además, es exigible la notificación al interesado.

El literal del precepto parece claro, por lo que el Supremo no ve viable restar tiempo a esos tres meses (si se incluye la notificación, la Administración debería resolver en un plazo inferior). Pero, tal y como apunta la sentencia, "no puede quedar, en perjuicio del interesado, sin fijación de límite el tiempo en que debe serle notificada la resolución expresa por la Administración autora del acto o, al menos, cursada idóneamente". Por ello, ve adecuado introducir en la interpretación de la norma los criterios de la legislación y la jurisprudencia administrativas sobre el silencio positivo, para dar al ciudadano seguridad jurídica sobre cuándo opera esta figura en relación con el Fogasa.

En el caso enjuiciado, la Sala estudia el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que entendía que había concurrido el silencio positivo en la tramitación del expediente de un trabajador. La solicitud del mismo había entrado en el registro del Fogasa el 28 de noviembre de 2011; la resolución se adoptó el 27 de febrero de 2012; y su notificación se produjo el 20 de marzo de ese mismo año. Según la resolución, el organismo debía haber comunicado su decisión el 28 de febrero (tres meses después).

El organismo del Ministerio de Trabajo, sin embargo, justificó su recurso en una sentencia del TSJ de Andalucía que interpretó que el plazo de tres meses era para que la Administración dictara resolución, sin que fuera posible exigir que se produjera la notificación en dicho periodo temporal.
(Expansión, 07-11-2018)

Las vacaciones retribuidas no se pierden por no haberlas solicitado
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho pública una sentencia en la que declara que los trabajadores no pierden automáticamente sus derechos a las vacaciones anuales retribuidas por el hecho de no el mero hecho de no haberlas solicitado antes de concluir su relación laboral. El empresario debe demostrar que el empleado no quiso ejercer su derecho y que se abstuvo consciente y deliberadamente de solicitarlas. Así pues, un trabajador, ya sea del sector público o privado, que no disfrutó de sus días de vacaciones puede solicitar una compensación económica una vez finalizado su contrato o relación laboral.

El caso examinado por el tribunal de justicia europeo es el de un ciudadano alemán que estuvo realizando unas prácticas retribuidas como preparación para el ejercicio de profesiones jurídicas en el Land de Berlín. Durante los últimos meses del período de prácticas no tomó vacaciones anuales retribuidas. Al término de dicho período solicitó una compensación económica por los días de vacaciones no disfrutados, que le fue denegada por el Land.

Los tribunales alemanes cuestionan si el derecho de la Unión se opone a una normativa que establezca la pérdida de las vacaciones anuales no disfrutadas y de la compensación económica si el trabajador no ha presentado una solicitud de vacaciones antes de la extinción de la relación laboral. En su sentencia, el TJUE declara que el trabajador solo puede perder estos derechos si el empresario le ha permitido efectivamente (en concreto informándole de manera adecuada) tomar los días de vacaciones en tiempo útil y así lo demuestra.

Como la parte débil en la relación laboral, recuerda el tribunal europeo, y para evitar medidas que puedan ser perjudiciales, el empleado puede sentirse disuadido para no hacer valer sus derechos frente al empresario.

Por otro lado, esta interpretación pro operario no implica un abuso del derecho. El TJUE señala que el objetivo de la norma es garantizar al trabajador el derecho a un descanso efectivo, en aras de la protección eficaz de su salud y seguridad. Por ello no ampara situaciones en las que se renuncia deliberadamente al disfrute de las vacaciones anuales retribuidas durante el período de devengo o de prórroga autorizado aplicables con el fin de aumentar su remuneración con motivo de la extinción de la relación laboral.
(La Vanguardia, 07-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La CNMV ficha ‘ciberespías’ para localizar y desmontar los chiringuitos financieros
La llegada de Sebastián Albella a la CNMV en noviembre de 2016 provocó el terror en los chiringuitos financieros, entidades que operan –o dicen operar– en los mercados, sin la preceptiva autorización del supervisor español ni de ningún otro de la Unión Europea. La campaña de información para evitar estos fraudes ha sido masiva desde entonces.

Pero la Comisión ha decidido dar un paso más allá y ha acudido al baúl de sus más poderosas armas para atacar de lleno la operativa de estas plataformas ilegales. Así, el supervisor ha contratado el servicio de una consultora externa para detectar online este tipo de fraudes, según fuentes conocedoras de la operativa.

Los encargados de realizar esta misión serán una suerte de ciberespías que irán monitorizando las páginas webs sospechosas y las redes sociales. Los agentes comprobarán si las entidades que ofrecen servicios de inversión están autorizadas.

El lanzamiento de la operación de compra misteriosa (mystery shopping, en la jerga) que llevarán a cabo esos expertos fichados por la CNMV para identificar y después desmantelar los fraudes comenzará previsiblemente antes de final de año. Aunque un portavoz del supervisor matiza que hasta que no finalice esta redada informal –no es una actuación más de supervisión– no se darán fechas con el objetivo de evitar la alerta de los posibles infractores. La posibilidad de que la CNMV vigile de forma anónima está recogida en la ley de fomento de la financiación empresarial de abril de 2015.

La norma, impulsada por la expresidenta del organismo Elvira Rodríguez abre la puerta a que el supervisor solicite “la colaboración de expertos mediante la emisión de informes”. “Para la elaboración de estos informes, los expertos designados, así como sus empleados podrán actuar de forma anónima, sin revelar su actuación por cuenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, agrega la ley. Así ocurrirá en esta ocasión de la mano de los expertos en rastrear internet.

La unidad del vigi­lancia de los mercados especializada en este tema, que cuenta con unas 10 personas, ya monitoriza de forma activa páginas web sospechosas y redes sociales como Facebook y Twitter. Además, la CNMV ha abierto un apartado exclusivo en su web con información de todas las advertencias y que incluye un buzón para poder realizar comunicaciones anónimas ante posibles fraudes.

La iniciativa del mistery shopping contra los chiringuitos financieros promovida por Sebastián Albella supondrá un arma adicional. Contará con efectivos adicionales a la plantilla, que estaba formada por 422 personas a cierre de 2017. La CNMV comunica a la Policía cualquier hallazgo que considera relevante, así como toda la información que le pueda ser utilidad.
(Cinco Días, 07-11-2018)

La actividad empresarial en España sugiere un crecimiento del PIB del 0,5% en el cuarto trimestre
La actividad del sector privado en España se aceleró durante el pasado mes de octubre a su nivel más alto de los cuatro últimos meses, según los datos del Índice Compuesto de Gestores de Compras (PMI), que sugieren un crecimiento del PIB del 0,5% en el arranque del cuarto trimestre de 2018.

En el caso del sector servicios, la actividad creció en octubre a su mayor ritmo desde junio, según el índice PMI, que alcanzó los 54 puntos, frente a los 52,5 del mes anterior, mientras que el índice PMI del sector manufacturero alcanzó los 51,8 puntos desde los 51,4 del mes anterior.

"La actividad total en su conjunto aumentó a la mejor tasa desde junio pasado y sugiere que el crecimiento del PIB está evolucionando a un nivel de alrededor del 0,5% al inicio del cuarto trimestre", destacó Paul Smith, analista de IHS Markit.

"Tal aumento del PIB sería un nivel respetable de crecimiento encaminándonos hacia 2019, especialmente a medida que aumentan los riesgos a la baja para las perspectivas futuras", añadió en referencia a un entorno económico mundial "cada vez más desalentador".
(La Vanguardia, 07-11-2018)

Sector

Los despachos abrirán la batalla por la vía civil para que el cliente reclame el impuesto hipotecario
Los despachos de abogados no cierran la puerta a que los usuarios de un contrato hipotecario puedan reclamar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a pesar del cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo del martes.

De hecho, la falta de quórum de la totalidad del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del órgano judicial se ve como una vía de enganche en la que amparar las demandas. Los bufetes especializados en este tipo de reclamaciones aseguran que, tras el nuevo giro del Supremo que marca que el cliente debe seguir pagando la tasa hipotecaria, quedan abiertas dos vías, la civil y la de Europa.

Concretamente, según informan a este diario, los clientes pueden acudir a los juzgados de instrucción bajo el argumento de que el banco les impuso el pago de la tasa dentro de una cláusula abusiva en la que se determinó que el prestatario debía hacerse cargo de todos los gastos de la hipoteca. A pesar de que el alto tribunal ha cambiado la jurisprudencia, seguirla no es una obligación de los jueces, y los magistrados de lo civil pueden determinar que la cláusula es abusiva y exigir la devolución del dinero.

De hecho, la sentencia del Supremo del 16 de octubre sigue siendo firme, lo que significa que el artículo 68.2 de la normativa del impuesto AJD que decía que debía afrontarlo el cliente continúa siendo nulo por ilegal.

Así, según los despachos, los magistrados de lo civil también pueden ampararse en la nulidad de este artículo para dar la razón a los usuarios, en los argumentos del propio fallo judicial de dicho día e incluso en los alegatos que los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo a favor de cargar el impuesto a las entidades financieras expusieron este martes. "La jurisprudencia ha cambiado y puede volver a cambiar", asegura un reconocido abogado especializado en estos asuntos.

Por otro lado, precisamente por la controversia que ha levantado la actuación del Supremo respecto al impuesto hipotecario, también cabe la posibilidad de que, finalmente, se plantee una cuestión de prejudicialidad a Europa.

Precisamente, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) ya anunció el martes que elevará el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta situación ya se dio en el caso de las cláusulas suelo, donde el Tribunal Supremo cerró la puerta a la retroactividad de las devoluciones, pero Europa, en diciembre de 2016, no respaldó el fallo del órgano judicial español y sentenció lo contrario. De hecho, los expertos aseguran que el TJUE tiende a estar del lado de los consumidores.

Aunque la decisión del alto tribunal cierra la puerta a las demandas masivas y a la creación de un mecanismo de devoluciones similar al que se puso en marcha con las cláusulas suelo, desde la banca aún perciben las demandas judiciales como un riesgo puesto que consideran que la actuación del Supremo de las últimas tres semanas "ha abierto el melón", según informan fuentes del sector financiero.

No obstante, estas mismas fuentes aseguran que para conocer el alcance real de los riesgos a nivel de litigiosidad a los que se enfrenta la banca aún hay que esperar a que el alto tribunal publique la sentencia del martes, que puede tardar días. El Supremo no hizo ningún comunicado oficial ni publicó el fallo después de más de 16 horas de reunión repartidas entre el lunes y el martes.
(El Mundo, 07-11-2018)

   

 
 
 
 
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