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Novetats legislatives del 8 de novembre de 2018

Mercantil, Civil y Administratiu

Resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley de regulación del juego
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
(BOE, 08-11-2018)

Euro

Resolución de 7 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 7 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 08-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/index.php?d=270&s=3

Notícies de premsa del 8 de novembre de 2018

Fiscal

El Gobierno cambiará por decreto el criterio del Supremo sobre las hipotecas y que sea la banca la que lo pague
El Gobierno recibió con “desasosiego” la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los clientes a pagar el impuesto sobre las hipotecas. Convencido de que la indignación ciudadana podía llenar las calles de manifestaciones contra el mismo órgano que está a punto de empezar el juicio contra los líderes del ‘procés’, Pedro Sánchez reacciona y fuerza a la banca a pagar.

El Consejo de Ministros aprobará hoy una modificación legislativa para que a partir de ahora sean las entidades financieras y no los clientes quienes asuman el pago de ese gravamen, en una medida, eso sí, que no tendrá retroactividad. Podemos, Ciudadanos y el PDECat la apoyarán en el Congreso (aunque los morados la consideran insuficiente). ERC y PNV no lo han decidido y el PP pide que se elimine el impuesto, que nutre las arcas autonómicas.

La vía para que sean los bancos quienes paguen es un real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este jueves para modificar la ley que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. “Queremos que pague la banca y no la ciudadanía”, resumió Sánchez en una comparecencia celebrada con urgencia en la Moncloa tras reunir a su gabinete para embridar una sentencia que no ha gustado nada al Gobierno.

La norma se publicará el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor a partir del día siguiente, aunque al ser fin de semana en la práctica operará a partir del próximo lunes. Con esta fórmula, los ciudadanos que firmen hipotecas a partir de la semana que viene estarán exentos de pagar el impuesto. No afecta a quienes ya tengan suscrito un crédito. El Gobierno rechaza, en todo caso, la propuesta del PP para eliminar totalmente la tasa, y recuerda que este impuesto permite a las comunidades autónomas una recaudación fundamental para poder sufragar el Estado del bienestar.

Según cálculos de la agencia de calificación Moody's, el pago de este impuesto supone una cantidad aproximada de 640 millones de euros al año.

El Gobierno “lamenta” el fallo del Supremo y cree que el tribunal debería hacer “autocrítica”, pero Sánchez se guardó mucho de abonar la tesis de que la polémica de las hipotecas le desacredita para juzgar el ‘procés’. El juicio a los líderes independentistas empezará en enero y el Ejecutivo admite que un clima de movilizaciones en la calle echando por tierra la reputación del TS es un escenario inquietante. "Tiene que hacer autocrítica el Tribunal Supremo, pero son cosas distintas, nada tiene que ver una con la otra”, desvinculó Sánchez. También dejó un aviso a navegantes cuando le preguntaron qué le parece que su principal aliado, Pablo Iglesias, espolease a los ciudadanos a manifestarse este sábado, azuzando un clima de indignación. "Cada partido es libre de hacer oposición como considere. Nosotros creemos que la oposición se tiene que hacer en las instituciones”, señaló el presidente.

La respuesta de Podemos no gustó al Gobierno. Fuentes de la Moncloa subrayan que mientras sus socios agitan la calle para intentar rentabilizar electoralmente la oleada de enfado, el Ejecutivo legisla con medidas efectivas en el Parlamento.

Sánchez no respondió si, tras el decreto que se aprobará este jueves, el Gobierno desestima o mantiene el proyecto de imponer un nuevo impuesto a la banca. El Ejecutivo admitió la semana pasada que la sentencia del Supremo condicionaba la voluntad de forzar a los bancos a hacer una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos para evitar tener que dar nuevas ayudas públicas este año. El presidente remitió esta respuesta al ministerio de Economía.
(Cinco Días, 08-11-2018)

España es, tras Austria, el país que cobra el impuesto hipotecario más alto
Nueva vuelta de tuerca al impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) de las hipotecas. El Gobierno ha decidido que a partir del viernes sea la banca la que asuma el tributo sobre AJD, una decisión que para algunos expertos llega a corregir incluso el último dictamen del Tribunal Supremo del martes, que volvía a considerar que era el cliente el que debía asumir este coste, tras rectificar otro fallo suyo del pasado 18 de octubre.

La lamentable actuación del Tribunal Supremo dejó perplejas a estas entidades, que ya habían asumido que esta carga la tendrían que costear ellas a partir de ahora. “Ya lo habíamos asumido, solo reclamábamos que no existiese retroactividad”, explica un banquero.

Pero si inicialmente les sorprendió, incluso gratamente el fallo final del Supremo, ayer volvieron a sorprenderse ante la decisión del Gobierno de aprobar un real decreto en el que se recoja que sea la banca la que tenga que pagar este impuesto hipotecario, pese al cambio de criterio de los magistrados.

“Volvemos a la casilla de partida. Estamos preparados para asumir ese coste desde el pasado 18 de octubre, aunque no estuviéramos de acuerdo. Nuestra lucha hasta ayer era defender que siempre habíamos acatado la ley, y así lo haremos nuevamente, pero no estábamos de acuerdo en que tuviéramos que asumir una retroactividad por cumplir con las normas durante 23 años”, explica un alto directivo de una entidad financiera.

Eso sí, añade, “el giro del martes del Supremo devuelve la seguridad jurídica al sector, algo fundamental para nuestro negocio, y que se ha comprobado con la subida de las acciones de la banca”. Varias fuentes financieras, sin embargo, coinciden en destacar que el anuncio realizado ayer por Sánchez es un golpe maestro para el Gobierno.

“Es una medida oportunista y populista, pero con ella el Ejecutivo ha logrado apuntarse un gran tanto en clave electoral a costa de la banca, que en este caso no ha hecho nada ilegal, ni abusivo ni de falta de transparencia. Solo acatar una norma”, explican. Además, “aunque no lo admitamos públicamente ya estábamos preparados para ello. Ya teníamos planes para subir los diferenciales de las hipotecas, aunque la competencia es la que manda es estos momentos. Si alguna entidad sale con el mensaje público de que asume el coste del AJD sin repercutir al cliente los demás nos veremos casi obligados a seguir esta política comercial”, recalca un alto directivo de un banco.

Otro homólogo suyo añade, que “de alguna forma compensaremos este impuesto, mejorando la eficiencia, subiendo comisiones o en el precio del crédito. Es cierto que 2.000 euros de media en una hipoteca a 20 años es un importe asumible por la banca, pero también es cierto que son muchas hipotecas y los precios están ya muy ajustados”.
(Expansión, 08-11-2018)

Las asociaciones de consumidores temen que los bancos trasladen el impuesto a las hipotecas
El Gobierno ha anunciado que el jueves aprobará un decreto ley para que sean los bancos quienes finalmente paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, en contra del fallo del Supremo de ayer martes que establecía que tenían que abonarlo los clientes. En menos de 24 horas, las asociaciones de consumidores han pasado de lamentar la decisión del alto tribunal a aplaudir el anuncio del Ejecutivo, aunque se quejan de que la decisión limita la posibilidad de reclamar las cantidades abonadas en el pasado. Por otra parte, valoran de manera positiva la propuesta de crear una autoridad independiente de protección de los clientes financieros que defienda a los ahorradores de los abusos del sector.

Los expertos consideran que el anuncio del Gobierno llevará a un encarecimiento de las hipotecas ya que la banca trasladará el precio del impuesto al préstamo. "Estaremos muy atentos a lo que pasa, porque se tiene que mantener la competencia: la banca no puede subir de manera concertada los tipos", alerta la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, valora de forma positiva la decisión del Gobierno, pero admite estar preocupado sobre cómo se llevará a cabo el cambio normativo. Por ello, pide un "blindaje absoluto" de la legislación para evitar que la banca pueda tumbarla. "No debe quedar ningún resquicio legal", explica. A la vez, la organización ha llamado a los consumidores de toda España a movilizarse ante las puertas de los juzgados el próximo sábado para protestar contra la sentencia del Supremo, que el martes calificó de "aberrante". El martes, Sánchez pidió la dimisión tanto del presidente de la institución, Carlos Lesmes, como del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis Díez-Picazo, quien hace tres semanas dejó en el aire la sentencia de la sala que preside que establecía que la banca pagaría el impuesto de AJD y trasladó al pleno la decisión sobre el asunto.

También la OCU ha valorado de manera positiva la decisión del Gobierno. Pero a la vez ha expresado sus dudas, en particular por la limitación que supone de cara a reclamar los gastos abonados en el pasado por el hipotecado. "Seguimos confiando en que la cuestión llegue a Luxemburgo [al Tribunal de Justicia de la Unión Europea]", ha afirmado Izverniceanu, y a la vez ha calificado de "muy necesaria" la creación de una autoridad independiente de protección de los clientes financieros, una reivindicación que la asociación tenía desde hace tiempo. "Pero queremos conocer los detalles", ha matizado.

La OCU recuerda que es necesario abordar cambios urgentes y radicales en el sistema de reclamación bancaria gestionado por el Banco de España, que no es vinculante y al que las entidades del sector suelen hacer caso omiso. La asociación ya había pedido eliminar el problema de raíz con la eliminación del AJD, una propuesta que apoya también la asociación de usuarios financieros Asufin. "Desde ASUFIN defendemos la supresión total del impuesto tal y como sucede en el País Vasco, dónde no se paga cuando se trata de la vivienda habitual", ha dicho este miércoles la presidenta de la organización, Patricia Suárez, quien ha animado a los consumidores a seguir reclamando para recuperar el dinero de las cláusulas declaradas abusivas: “La expulsión de una cláusula del contrato conlleva la devolución total de los importes y los juzgados no pueden modular los efectos de la nulidad”.

1.100 millones de euros. Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), este es el dinero que se ahorrarán cada año 458.000 nuevos hipotecados, a una media de 2.500 euros de impuesto de AJD por hipoteca. Sánchez, de Facua, recuerda que este gravamen, que recauda la Hacienda autonómica, oscila en función de la comunidad (entre el 0,5% y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria). "Para una hipoteca media el importe del impuesto oscila entre los 600 y los 1.900 euros, poco para toda la vida del préstamo", explica.
(El Mundo, 08-11-2018)

Laboral

CEOE evaluará incluir a las empresas en su cúpula directiva
“No hay una guerra fría con el Instituto de la Empresa Familiar; muchos de sus miembros están directa o indirectamente en CEOE y Cepyme y les tengo absoluto respeto porque son gente que genera mucho empleo y riqueza”, decía ayer mismo Juan Pablo Lázaro, presidente de la patronal madrileña (Ceim) y vicepresidente de CEOE.

Otra cosa es cuando se les pregunta en privado. “No es, como mínimo, elegante que incluso formando parte de CEOE y cuando están llamando por teléfono interesándose por cómo van las negociaciones de esta organización con el Gobierno acerca de sus asuntos, estén a la vez lanzando públicamente estos ataques”, señalaba un alto directivo de la principal organización empresarial española.

Tras este episodio, no parece que haya cundido el pánico en las filas patronales por estos ataques. Aunque estas críticas sí han servido para volver a poner encima de la mesa un viejo proyecto del actual presidente de CEOE, Juan Rosell, para incorporar a los órganos de dirección de esta organización a las empresas que pagan sus cuotas directamente y no a través de una organización territorial o sectorial de la patronal.

En la actualidad la participación en los órganos directivos de CEOE-Cepyme están limitados a los representantes de las asociaciones territoriales y sectoriales de la Confederación empresarial. Mientras que hay unas 150 empresas que pagan anualmente una cuota, al margen de su participación en otras patronales incluidas en CEOE-Cepyme.

Hace ya casi una década que CEOE dio el paso de afiliar directamente a las empresas que así lo quisieran para conseguir más financiación para la organización. Sin embargo, su participación termina ahí.

“Rosell intentó llevar un proyecto para que las empresas socias participaran en la dirección, pero fue sumamente complicado y al final no le dio tiempo”, aseguran fuentes cercanas al presidente saliente, que dejará la discreción de CEOE el próximo día 21 de noviembre y será previsiblemente sustituido por el actual presidente de Cepyme, Antonio Garamendi.

Fuentes conocedoras de los planes del futuro presidente de CEOE aseguran que, pese a que la decisión no está tomada, sí estará en la agenda de Garamendi, aunque no sea un asunto prioritario. “Se trata de un tema que está ahí” y que “habrá que abordar tarde o temprano, porque la participación de estas empresas en los órganos directivos es algo lógico; y no solo porque paguen, sino por lo que representan”, dicen estas fuentes.

Fuentes de CEOE reconocen que Garamendi se encontrará con las mismas dificultades que tuvo Rosell para poner en marcha este proyecto. Se referían al rechazo, sobre todo, de las organizaciones territoriales, de carácter más político que las sectoriales y que se resisten a perder peso dentro de CEOE-Cepyme, según explican en esta confederación.
(Cinco Días, 08-11-2018)

Sánchez asegura que subirá el salario mínimo en enero con o sin Presupuestos
Pedro Sánchez ha admitido este miércoles por primera vez la fórmula del 'plan b' para seguir al frente del Gobierno en una legislatura que se niega a dar por amortizada. A saber: no convocará adelanto electoral, aunque no consiga aprobar los Presupuestos porque puede prorrogar los de Mariano Rajoy y, en paralelo, sacar adelante las medidas estrella de su proyecto a través de reales decretos ley. La más importante, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

El presidente se ha comprometido a que entre en vigor en enero del 2019, con Presupuestos o sin. Aunque este planteamiento se había sugerido desde las filas del PSOE y el ministerio de Hacienda esta es la primera vez que Sánchez habla abiertamente de la "prórroga" y el plan para driblar la austeridad de las viejas cuentas.

Las dudas, en todo caso, se despejarán definitivamente en diciembre, cuando lleve al Congreso de los Diputados las Cuentas Públicas y la Cámara apruebe o rechace las enmiendas de totalidad. Mientras llegue ese momento, Sánchez se aferra a la posibilidad (remota) de que ERC y el PDECat se desdigan del portazo anunciado y apoyen los Presupuestos por "responsabilidad".

Las fuerzas independentistas se quitan de encima esa presión y ya han anunciado que respaldarán las medidas estrella que se saquen vía decreto, como la subida del SMI o las políticas de fomento del alquiler, peor no apoyarán sus Cuentas. "¿Qué tiene que ver la subida del SMI con la situación judicial de los líderes encarcelados del 'procés'?", se ha preguntado y ha acusado a los separatistas y a la derecha de aprovechar el juego de espejos para alimentarse mutuamente.
(Expansión, 08-11-2018)

Trabajo negocia con los autónomos limitar la subida de cuotas al IPC de noviembre
El Gobierno ha planteado ese martes a las organizaciones de autónomos una subida de cotizaciones equivalente al índice de precios al consumo (IPC) de noviembre. La propuesta supondría un alza similar a la de los últimos años, cuando la base de cotización avanzaba en paralelo al salario mínimo. Trabajo trasladaría así a 2019 la negociación definitiva sobre el futuro sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia en función de sus ingresos.

Al desconocerse cómo evolucionará la inflación este mes, las organizaciones de autónomos hacen cálculos diferentes, aunque entre los escenarios más pesimistas y los más optimistas apenas hay 5 euros de diferencia. En cualquier caso, sería una subida similar a la de los últimos años (un 1,6% en 2018 y un 3% en 2017).

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA, que ha rechazado de plano la propuesta, cifra la subida en 21,6 euros al mes, 260 euros al año. Eso supone que el IPC de noviembre alcance el 2,3%. Otras organizaciones como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) creen que ese porcentaje de cálculo se situará más bien en el 2%, por lo que el aumento mensual de la cuota se quedaría en 17 euros.

En los últimos años, la base mínima de cotización de los autónomos ha estado ligada al salario mínimo. Subían cada año según lo hacía el sueldo legal más bajo. Actualmente, el 85% de autónomos paga sus cuotas según las bases mínimas de cotización: 932 euros en 2018. Sobre esta cantidad, cada mes pagan un porcentaje que va del 29,9% al 30,8%. Como este año está previsto que el salario mínimo suba un 22%, eso supondría un zarpazo a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. De ahí que Trabajo y las asociaciones de autónomos arrancaran sus negociaciones hace dos semanas para fijar cómo será la subida en enero.

La fórmula para aplicar una subida en 2019, según la propuesta del ministerio, elevaría la base mínima (los 932 euros sobre los que se cotizan) y también el porcentaje a pagar, que pasaría a ser del 31,4%. En este se incluirían contingencias profesionales, cese de actividad y formación. La tarifa plana, la cuota fija que pagan los nuevos autónomos, también subiría de los 50 euros actuales, pero el Gobierno propone dejarla en el nivel de cotización de los contratos de formación. Según cálculos de las organizaciones, esto la dejaría en menos de 60 euros al mes.

Aunque la propuesta no está alejada de la que plantearon algunas asociaciones, quedan flecos importantes que impiden el acuerdo. Uno de ellos es cuándo un autónomo empieza a recibir la bonificación del 100% en casos de incapacidad. El ministerio propone que sea a partir del tercer mes.
(El País, 08-11-2018)

Mercantil, Civil y Administratiu

Sánchez anuncia la creación de la oficina de protección del consumidor financiero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó ayer desde el Palacio de La Moncloa de que además de impulsar un decreto ley para establecer que sea la banca quien paga el impuesto hipotecario creará una oficina en defensa del consumidor bancario.

En concreto, informó, el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes Generales la propuesta de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, que tendrá como objetivo reforzar la protección ante abusos, mejorar la capacidad de resolver conflictos, y garantizar la seguridad jurídica. Aunque el anuncio se enmarcó en la respuesta del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo contra los intereses de la clientela, lo cierto es que esta medida ya estaba contemplada y lleva meses de retraso.

Su creación es una exigencia de la directiva europea 2013/11 que fue traspuesta hace un año con la Ley 7/2017 de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, que a su vez daba ocho meses (hasta el pasado julio) para regular la protección del cliente financiero.

Entre otras cuestiones, está por ver si la atención a las quejas de la clientela bancaria sigue estando en manos del Banco de España, o pasa a esta nueva oficina, o si las recomendaciones del supervisor a la banca pasan a ser vinculantes.

El texto está en manos del Ministerio de Economía, en el que la ministra Nadia Calviño heredó el compromiso que, a su vez, su antecesor Román Escolano recibió de Luis de Guindos. Hasta la fecha no había habido avances en su desarrollo.
(Cinco Días, 08-11-2018)

La economía española "sigue mostrando signos de fortaleza suficientes"
El Rey ha afirmado hoy que "los distintos ritmos del crecimiento, el euroescepticismo y otros factores" representan "elementos de incertidumbre" en la actualidad, pero ha subrayado que la economía española "sigue mostrando signos de fortaleza suficientes". El jefe de Estado ha presidido, junto con la reina Letizia, la Noche de la Economía Valenciana, en el Palau de les Arts después de haber participado este mediodía en la entrega de los Premios Rey Jaime I en la capital valenciana.

"El rigor y el pragmatismo son siempre buenos consejeros a la hora de encarar un futuro forzosamente complejo. Los distintos ritmos del crecimiento, el euroescepticismo y otros factores son, sin duda, elementos de incertidumbre que no pueden obviarse", ha afirmado don Felipe. No obstante, se ha congratulado de que España siga "liderando el crecimiento entre las principales economías europeas" y exhibiendo "signos de fortaleza suficientes".

De igual modo, ha subrayado que el empresariado español ha demostrado "con creces su capacidad para compensar con esfuerzo y audacia circunstancias a veces adversas" y ha calificado a la clase empresarial valenciana como "una de las más dinámicas y que de un modo más decisivo" contribuyen al desarrollo del país. Junto a don Felipe han estado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y el máximo responsable de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata.
(El País, 08-11-2018)

El Banco de España pide a las entidades que frenen el crédito al consumo y mejoren su solvencia
El Banco de España ha pedido a las entidades financieras que frenen el crédito al consumo ante un reciente aumento de la morosidad en estos préstamos. Y ha destacado que, con datos hasta junio de 2018, los bancos españoles son los peor capitalizados de Europa y que, por lo tanto, necesitan reforzar sus niveles de solvencia. Estas son las principales conclusiones del Informe de Estabilidad Financiera, un documento publicado este miércoles que no solía ser tan incisivo con los bancos y que, con el nuevo gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha adquirido otro tono. De esta forma nadie podrá decirle al organismo supervisor que no está hablando de los bancos, una crítica habitual en medio de la crisis.

En cuanto a la decisión del Supremo de que los clientes deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, el Banco de España ha explicado que cualquier litigiosidad supone un riesgo "relevante". Pero que en cualquier caso la sentencia del alto tribunal vuelve a la situación anterior, en la que el riesgo ha desaparecido. "Las leyes se aplican y los bancos tienen experiencia adaptándose. Pero sí que hay que recordar que los cambios en el mercado hipotecario afectan a millones de personas y tienen consecuencias económicas en precios y en cantidades, y hay que valorar si son buscadas o no", han declarado fuentes del departamento de Estabilidad Financiera del Banco de España. Un comentario que puede interpretarse como una advertencia a cualquier cambio poco meditado de la legislación hipotecaria ahora que se reclaman cambios.

De lo que sí ha hablado en detalle el Banco de España es del crédito al consumo. El supervisor recalca que este se ha disparado un 40% entre julio de 2015 y julio de 2018, desde los 44.400 millones hasta los 62.800 millones. Y que en el último año el número de morosos en estos créditos ha aumentado un 8,6% y un 22,6% solo en el segmento para la adquisición de bienes duraderos. Estos incrementos han tenido lugar incluso "en un contexto de actividad económica y descenso de la tasa de desempleo", explica el Banco de España. Sin embargo, la ratio de morosidad se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles debido a que el crédito ha engordado mucho. Es decir, el alza del crédito está escondiendo un deterioro de algunos de ellos.

Ante este escenario, el Banco de España se expresa muy claro: "Como consecuencia en parte de la evolución de la demanda de crédito, así como de la búsqueda de segmentos de negocio más rentables, se han producido crecimientos elevados en el crédito al consumo para adquisición de bienes duraderos. El crecimiento muy rápido del crédito suele llevar aparejado un mayor riesgo, aunque éste tarde en manifestarse. De hecho, los niveles de morosidad se han incrementado recientemente, lo que exigirá que las entidades provisionen adicionalmente el aumento de la morosidad y revisen la sostenibilidad de su tasa de expansión en este segmento de negocio y si los criterios de concesión de las nuevas operaciones se ajustan al perfil de riesgo a medio plazo que desean para su cartera de crédito". O, dicho de otro modo: dado el repunte de los préstamos dudosos, el supervisor pide a los bancos que frenen la concesión endureciendo los criterios.

El Banco señala, además, que en España es donde más ha crecido el crédito al consumo y donde se están cobrando unos intereses más altos por ello, comparado con los principales países europeos. El tipo medio de estos créditos se sitúa en España en el 8%. No obstante, el supervisor apunta que ya se está dando una cierta desaceleración: en los concedidos para la adquisición de bienes duraderos por entidades de depósito, el crecimiento ha pasado del 28% en marzo de 2018 al 23% en junio de 2018. Y recuerda que por ahora el crédito al consumo solo supone un 5,3% del total de la financiación al sector privado en España y que, en consecuencia, se trata de un problema de cantidades manejables.

El mayor problema se percibe en la baja capitalización de las entidades financieras españolas en comparación con sus pares europeos. En un elocuente gráfico que acompaña a las explicaciones del supervisor, los bancos españoles figuran con la ratio de solvencia más baja de todos los países que reportan a la Autoridad Bancaria Europea. Esta solo ha aumentado en 30 puntos básicos desde 2014 y ha sido por la disminución de activos ponderados por riesgo, afirma el Banco de España. O lo que es lo mismo, por la reducción del crédito. "Aunque el nivel de la ratio de capital se encuentra claramente por encima de los mínimos regulatorios, en la comparativa internacional de solvencia, tanto con los países de la Unión Bancaria como del resto de la Unión Europea, las entidades españolas muestran niveles reducidos de sus ratios de capital. Esto refleja, en buena medida, el proceso de saneamiento de los balances bancarios llevado a cabo y la mayor densidad de sus activos", reza el informe de Estabilidad Financiera.
(La Vanguardia, 08-11-2018)

 

 

 

 

 
 
 
 
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