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NOVETATS DEL BOE DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

Modificación del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
(BOE, 09-11-2018)

Sentencia de 16 de octubre de 2018 del Tribunal Supremo sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula
Sentencia de 16 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 19 de junio de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 501/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Regional de Madrid de 31 de mayo de 2016 y se anula el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
(BOE, 09-11-2018)

Sentencia de 22 de octubre de 2018 del Tribunal Supremo sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula
Sentencia de 22 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 13 de junio de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 499/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 15 de enero de 2014, de la Subdirectora General de la Inspección de los Tributos y se anula el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
(BOE, 09-11-2018)

Sentencia de 23 de octubre de 2018 del Tribunal Supremo sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula
Sentencia de 23 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 17 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 194/2015, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se anula la liquidación que fue objeto de impugnación en el proceso de instancia, así como los actos administrativos posteriores a la misma, y el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
(BOE, 09-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas urgentes en materia de carreteras
Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras.
(BOE, 09-11-2018)

Principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 09-11-2018)

Euro
Resolución de 8 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 8 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 09-11-2018)

Contable

Operaciones de cierre del ejercicio 2018 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias
Orden HAC/1167/2018, de 7 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.
(BOE, 09-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/index.php?d=271&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

El BOE publica el decreto que reforma el impuesto de las hipotecas
El BOE ha publicado hoy el cambio legal que hace caer en la banca el impuesto hipotecario, cambio que entrará en vigor mañana sábado, tal y como recoge el Real Decreto Ley, consistente en un único artículo, además de una larga exposición de motivos.

El texto legal modifica el artículo 29 de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). Si hasta el momento especificaba que "Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan", a partir de ahora reza que «será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista».

También cambia el artículo 25, en el que se establecen las exenciones del impuesto. Dado que cambia el sujeto pasivo, el decreto exime del pago del ITPAJD a la banca en aquellas operaciones en las que, hasta el momento, el pagador ya estaba exento legalmente. Concretamente, el nuevo articulado añade en el capítulo de exenciones a "las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de las personas o entidades incluidas en la letra A) anterior". Dicho artículo se refiere a las entidades exentas del pago del impuesto: el Estado, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones bancarias, Iglesia Católica, partidos políticos, Reales Academias, Cruz Roja, Once y la Obra Pía de los Santos Lugares.

El decreto también modifica otro artículo de la ley del Impuesto de Sociedades, el 15, que especifica los gastos que no son fiscalmente deducibles por las empresas, añadiendo el supuesto de "la deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales, en los supuestos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 29".
(Expansión, 09-11-2018)

El Decreto-Ley del Gobierno entra en vigor mañana y afecta a todas las hipotecas
Los bancos tendrán que pagar por ley el impuesto de las hipotecas desde mañana. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley para reformar la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD). Se modificarán dos artículos de esta norma para que "con toda contundencia y toda claridad" los bancos asuman a partir de ahora esta tasa, según afirmó ayer la ministra portavoz, Isabel Celaá, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Este recargo no cogerá al sector por sorpresa, que, antes de que el Supremo volviera a la doctrina que ha imperado durante más de 20 años, ya había encarecido las hipotecas. El Gobierno incluirá un nuevo párrafo en el artículo 29 de la Ley del AJD para fijar que las entidades serán la parte que asuma el impuesto hipotecario. La modificación que se hará en el artículo 45, de carácter más técnico, añade un apartado para adaptar la redacción del texto. El AJD supone el 70% de los gastos para la formación de un crédito para comprar una vivienda y durante 23 años lo han asumido los hipotecados.

"El ciudadano no tendrá que pagar más este impuesto", proclamó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiterando el mensaje lanzado un día antes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La titular de Hacienda justificó la reforma legislativa por la vía de urgencia ante la "confusión generada en la sociedad" tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Para "vigilar que no se repercuta al consumidor", el Gobierno creará una autoridad de protección a clientes financieros que controlará que los bancos no incluyen nuevas cláusulas en las hipotecas como contrapartida al recargo del AJD.

No obstante, el Banco de España fija por ley que las entidades incluyan en los precios de sus productos un aumento de los costes para evitar las ventas a pérdidas. Desde 1995 el cliente ha pagado la tasa AJD, que recaudan las comunidades autónomas, pero el octubre pasado tres sentencias del Supremo obligaban a los bancos a asumir este coste. El Pleno de la Sala de Contencioso-Administrativo decidió el pasado martes por 15 votos a 13 volver al criterio anterior y fijar que el pago del impuesto recae sobre el cliente. El Gobierno se apoyó en la ajustada votación del Supremo para justificar el cambio normativo.

Y alegó que ahora introduce seguridad jurídica al mercado hipotecario, que en el último mes había sufrido cierto freno en la concesión de nuevas hipotecas. "Desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy le ha tocado hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos", indicó Montero.
(Expansión, 09-11-2018)

Los bancos no se podrán deducir en Sociedades el impuesto de las hipotecas
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto para asegurar que sean los bancos los que asuman el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. La aprobación del real decreto sobre las hipotecas fue anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la ajustada decisión adoptada el martes por el Tribunal Supremo que eximía a los bancos del pago de ese impuesto con la legislación anterior.

La letra pequeña de la modificación legislativa incluye también la prohibición de que la banca pueda deducirse el Impuesto de Sociedades el pago del tributo de Actos Jurídicos Documentados. Además, el nuevo párrafo que se añade a la normativa fiscal establece que "cuando se trate de préstamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista", ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseverando que la fórmula disipa cualquier posible duda.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha explicado que, desde el respeto a las decisiones judiciales, "desde un primer momento el Gobierno ya manifestó su intención de apoyar a los ciudadanos y a las comunidades autónomas". Ha añadido que el Ejecutivo ha querido aprobar el decreto ley para que las medidas entren cuanto antes en vigor y acaben con una incertidumbre jurídica que ha durado tres semanas.

El cambio normativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista para este viernes. Es decir, el sábado, en lugar de mañana como se había anunciado. Tal modificación de la norma, que afectará al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no hará necesario modificar el artículo 68 del reglamento de 1995 que establecía específicamente que es el consumidor quien debe pagar, ha matizado Montero.

Este cambio legal seguirá un cauce independiente respecto de la nueva ley hipotecaria, redactada conforme a la directiva europea durante el mandato del PP y que será tramitada por el Ejecutivo socialista tras dos años y medio de retraso. De hecho, la ministra portavoz ha anunciado que el Gobierno ha solicitado al Parlamento la tramitación por vía de "urgencia" de la reforma hipotecaria para que ésta pase al Senado en el plazo de 20 días a fin de tratar de evitar la multa comunitaria que pende sobre España por su retraso. Una sanción de 100.000 euros diarios por cada jornada de retraso.

Cuestionada sobre si el Gobierno se plantea eliminar el impuesto, como pide el PP, Montero ha defendido que este tributo arroja 2.000 millones de euros de ingresos a las comunidades autónomas, necesarios para sufragar su gasto en educación, sanidad o protección social.

La ministra ha justificado que Andalucía, autonomía de la que era consejera de Hacienda, así como otras comunidades apliquen el gravamen más alto de este impuesto, un 1,5% frente al tipo del 0,5% que aplican otras. “Las comunidades con peor financiación per cápita tienen que hacer mayor uso de los instrumentos normativos que tienen a su disposición en contraste con otras comunidades cuyos recursos, aun siendo insuficientes a criterio de esta ministra, siguen siendo mayores”, ha argumentado Montero.

La ministra ha avanzado también que el Gobierno convocará a las comunidades autónomas a la Comisión de Tributos para resolver las dudas que suscite el cambio legal de modificar el sujeto pasivo del impuesto y eliminar las bonificaciones de este tributo sobre las personas físicas, pues ahora solo se cargarán a la banca, persona jurídica.

Cuestionada sobre la posibilidad de que la banca acabe trasladando el coste del tributo al cliente, Montero ha aseverado que el Gobierno no creen en esa dicotomía de que los impuestos al sector financiero "se repercute a los ciudadanos, o se repercute a los ciudadanos". La responsable de Hacienda ha subrayado que la nueva oficina de protección del consumidor financiero velará por impedir la inclusión de cláusulas o comisiones abusivas y además ha considerado que el sector financiero se comportará con responsabilidad, condicionado además por las reglas del mercado que le obligarán a ofertar las mejores condiciones posibles para ganar clientela.
(Expansión, 09-11-2018)

La banca ve el AJD como un "mal menor"
Los bancos se resignan a los cambios legales que les obligará a asumir el impuesto de las hipotecas a partir de mañana. El sector acogía como "mal menor" el anuncio del martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ahora evita considerar discriminatorio el impedimento para deducirse la tasa AJD en el Impuesto de Sociedades.

"Si nos dicen que tenemos que pagar el impuesto, lo más lógico es que no lo puedas deducir", explican desde el sector. La banca lleva meses defendiendo que ya paga suficientes impuestos y que, por ejemplo, abonan un tipo nominal del 30% en el Impuesto de Sociedades, cinco puntos porcentuales superior a la media del resto de industrias. "Ahora se pagará un poco más en impuestos", resumían con resignación ayer fuentes financieras. Las entidades recuerdan que tienen que afrontar también el pago al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), al Fondo de Resolución y que han tenido que aportar dinero para la creación de Sareb.

Hace meses, en pleno debate por el impuesto que quería imponer Sánchez a los bancos para sufragar las pensiones, las patronales ya advirtieron por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que arriesgaba su solvencia y recordaban que tienen un peso del 3% sobre la economía y los beneficios empresariales.

Desde el sector se lamentan del debate que se ha generado en la sociedad por los cambios de criterios sobre si es el banco o el cliente el que debía asumir el AJD. Y admiten que tienen perdida la "batalla pública" para intentar mejorar su reputación, como han reconocido públicamente algunos directivos. "Nos limitaremos a cumplir la ley", señalan con unanimidad las entidades, que quieren que se despeje cuanto antes la polémica por la tasa hipotecaria.
(La Vanguardia, 09-11-2018)

"Existe una injusticia fiscal"
Nuevo aviso para el Gobierno en torno al Impuesto sobre Actos Jurídicos (IAJD), a cargo esta vez de la Comisión Europea. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, al ser preguntada sobre sus efectos en la competitividad de los bancos españoles, ha recordado que "va a haber diferencias" en la carga que deben asumir las entidades nacionales respecto a su competencia en el continente.

De esta forma, recordaba que este tributo no existe en muchos países de la Unión, mientras en otros recae sobre el cliente, y no la entidad financiera. "Va a haber una reacción en el coste", aseveraba, aunque matizando que los efectos dependerán finalmente de la parte que se traslade a los clientes en las hipotecas.
Vestager, que se encuentra de visita en Madrid, también ha alertado de que la fragmentación nacional en torno a la tasa Google es "una muy mala idea", en lo que supone una referencia indirecta a la decisión del Gobierno español de introducirla al margen de sus socios europeos. Sin embargo, la comisaria considera que para que este impuesto sea efectivo, "no nos podemos basar sólo en la legislación nacional".

Pese a estas advertencias, la comisaria de Competencia ha mostrado también comprensión con la decisión del Gobierno de introducirla. En referencia a los casos de España y otros países como Italia, que planean introducirlo, ha señalado que "entiende por qué los Estados dicen que, si no resuelven este tema en conjunto, lo harán por su cuenta".
(El Mundo, 09-11-2018)

Laboral

El salario medio de los españoles solo ha subido un 2% en los últimos seis años
Desde el año 2012 el salario nominal medio de los españoles solo se ha incrementado en un 2%, hasta los 1889 euros brutos, según los datos publicados este jueves por el INE. Un incremento que se eleva hasta el 4,6% en el caso de las mujeres, mientras que en los hombres se ha estancado en este periodo, solo se ha incrementado un 0,33% en los últimos seis años. En este periodo, la inflación ha subido un 2,5%, por lo que los trabajadores españoles habrían perdido medio punto de poder adquisitivo.

El salario medio mensual de los españoles se incrementó el año pasado un 0,6%. De acuerdo con el "Decil de salarios del empleo principal" extraído de la Encuesta de Población Activa (EPA), el salario mediano (que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) se situó en 1.590,3 euros, 4,2 euros menos (el 0,26% inferior).

El 40% de los asalariados ganó entre 1.230,9 y 2.136,3 euros en 2017, mientras que un 30% se situó por encima de esa horquilla y el otro 30%, por debajo. Las ramas de actividad con mayor proporción de salarios elevados fueron actividades financieras y de seguros, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, e información y comunicaciones.

Por el contrario, las menores remuneraciones se concentraron entre el personal doméstico contratado por los hogares y en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca). Por comunidades autónomas, la mayor concentración de salarios elevados se observó en País Vasco, con el 44,4% de asalariados con ganancias por encima de 2.136,3 euros mensuales, y la menor, en Canarias, con el 38,9% de los asalariados con ganancias inferiores a 1.230,9 euros.
(Expansión, 09-11-2018)

Bruselas prevé que España cree hasta 80.000 empleos menos por el alza del salario mínimo
La Comisión Europea ha seguido los pasos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Banco de España y FMI y ha alertado al Gobierno de que la subida del salario mínimo (SMI) hasta los 900 euros el próximo año tendrá un efecto negativo en el empleo. Los cálculos de las fuentes comunitarias indican que en los dos próximos años se crearán entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo menos, en línea con los 40.000 el primer año que apuntó el presidente de la Airef, José Luis Escrivá. Consideran, eso sí, que la subida del SMI tendrá un impacto positivo del 0,35% sobre la masa salarial. Si bien, la creación de empleo se ralentizará por la desaceleración de la demanda final, aunque se seguirá reduciendo la tasa de desempleo, hasta el 13,4% en 2020.

Bruselas cuestionó ayer además el impacto recaudatorio de esta medida vía cotizaciones sociales, que el Gobierno ha calculado en 1.500 millones de euros y que el Ejecutivo comunitario reduce a "un poco más de 1.000 millones".

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, reconoció la "cautela" de la Comisión al evaluar el impacto de las medidas con las que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende impulsar la recaudación el próximo año: tasa a las transacciones financieras, impuesto a las grandes tecnológicas y lucha contra el fraude. Por otro lado, fuentes comunitarias apuntan que la celebración de las elecciones municipales podría hacer que algunas de las medidas de gasto planteadas a nivel local no pudieran ejecutarse, logrando con ello un menor gasto. Además, consideran un riesgo la indemnización por la anulación de la concesión de la gestión de ATLL a Acciona.

Esas diferencias de ingresos tributarios llevan a la Comisión a aumentar su estimación de déficit público para el año que viene al 2,1%, tres décimas por encima de lo previsto por el Ejecutivo por el incremento del gasto en pensiones, el alza salarial de los funcionarios y, en menor medida, por el aumento del permiso de paternidad y la bajada del IRPF para las rentas más bajas. Para este año, considera que España acabará con una desviación del 2,7%, en línea con el Gobierno, pero cinco décimas por encima de la senda presupuestaria del PP.

Más allá de las dudas sobre los ingresos fiscales, a las que restó importancia Moscovici, la Comisión Europea ratificó ayer el cambio de marcha de la economía europea, y con ella, de la española –ayer se conoció además que la producción industrial entró en septiembre en negativo en su mayor recorte en 17 meses–. Bruselas ha rebajado las estimaciones de crecimiento para este año y el próximo para la zona euro, al 2,1% este año (una décima) y al 1,9% en 2019. Una desaceleración que también percibe en el grupo de los Veintisiete, donde rebaja una décima el crecimiento para el año próximo, hasta el 2%.

España, según las estimaciones de la Comisión, seguirá creciendo por encima de la zona euro, si bien lo hará dos décimas menos de lo previsto este año, al 2,6%, en línea con la del Gobierno, y el de 2019 (2,2%), por debajo de las estimaciones del Ejecutivo.

La ministra de Hacienda respondió ayer a "los agoreros que permanentemente han arrojado dudas sobre la robustez del plan presupuestario" afirmando que la visión que hace la Comisión de los Presupuestos del año próximo "es positiva y satisfactoria".
(El País, 09-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (Anesfi) estará integrada por representantes del Ministerio de Economía, el Banco de España y la CNMV
El Gobierno ha dado este jueves el pistoletazo final para crear la autoridad macroprudencial nacional, que deberá contribuir a evitar o mitigar cualquier riesgo sistémico futuro susceptible de afectar a la estabilidad financiera, según informó el Ministerio de Economía y Empresa.

Se gestará con la transformación del Consejo de Estabilidad Financiera (Cesfi), creado en 2011 para velar por la integridad y solidez del sistema financiero, en la bautizada como Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (Anesfi), que estará igualmente integrada por representantes del Ministerio de Economía y Empresa, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Su cometido será la citada supervisión macroprudencial del sistema financiero, con capacidad para efectuar análisis de riesgos y emitir opiniones, así como alertas sobre todos los aspectos que puedan suponer un riesgo sistémico que afecte a la estabilidad financiera.

El nuevo organismo tendrá potestad para formular recomendaciones para la adopción de medidas específicas cuando atisbe dichos riesgos, con la posibilidad de dar publicidad al seguimiento de esas indicaciones cuando lo considere necesario.

La oportunidad de crear una institución así se puso de manifiesto cuando la crisis detonó en los balances de las entidades financieras, ante los errores cometidos en la advertencia, análisis y prevención de la burbuja crediticia e inmobiliaria.

La nueva autoridad será un órgano colegiado, sin personalidad jurídica propia y adscrito a Economía, aunque con independencia funcional. Aunque el uso de las herramientas macroprudenciales seguirá siendo competencia de los organismos supervisores, antes de aplicarlas deberán informar a la nueva Autoridad.

De hecho, al Banco de España se le amplían las competencias en ámbitos como el colchón de capital anticíclico sectorial, la fijación de límites máximos a la concentración sectorial de exposiciones crediticias y las relacionadas con las condiciones de concesión de créditos.

El nuevo organismo tendrá un Consejo presidido por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, será el vicepresidente. En su seno se sentarán también la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones. Y, por otro lado, contará con un Comité Técnico presidido por la subgobernadora Margarita Delgado y con nueve representantes de los organismos integrantes de la Anesfi.

Con periodicidad anual, el nuevo organismo reportará al Congreso un informe con el análisis de los principales riesgos para la estabilidad financiera, las medidas macroprudenciales vinculantes adoptadas, sus recomendaciones y avisos.
(Cinco Días, 09-11-2018)

Sánchez a los pequeños empresarios: “Me comprometo a daros seguridad jurídica e institucional”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado hoy un mensaje dirigido, sobre todo, a los pequeños y medianos empresarios. “Me comprometo a daros seguridad jurídica e incluso institucional”, ha dicho durante la entrega de premios a los autónomos y emprendedores del año organizada por la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme).

Sánchez respondía así a la demanda que poco antes le había realizado en esta entrega de premios el Consejero Delegado del Grupo Santander, Rami Aboukhair, quien solicitó que “para que el sector financiero pueda seguir dando financiación y avanzar necesita seguridad jurídica”. Es más, este directivo se quejó, de que “cuando creemos que sabemos las respuestas nos cambian las preguntas.

Pero Sánchez se ha “comprometido” a más cosas ante este auditorio, de “pequeños empresarios con ojos y cara y que no pisan moquetas”, como los ha definido el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi. En concreto, el líder del Ejecutivo ha asegurado que uno de los retos del Gobierno es “ver crecer a los pequeños empresarios y que se hagan medianos y a los medianos que se hagan grandes”.

Asimismo, Sánchez ha respondido a un guante que le había lanzado momentos antes Garamendi, que previsiblemente se convertirá en el próximo presidente de la patronal CEOE el 21 de noviembre. El líder de Cepyme había pedido al presidente del Gobierno solo dos cosas en nombre de los empresarios: que luche contra la morosidad, “tanto pública como privada” y que trabaja por mejorar la unidad de mercado, “que permita trabajar a los empresarios”.

En respuesta a estas demandas, Sánchez ha asegurado que el Gobierno, a través de una proposición de ley que está tramitándose en el Parlamento, “reforzará las sanciones para aliviar la morosidad que estrangula la liquidez” de los pequeños empresarios.

Asimismo, el presidente del Gobierno defendió los Presupuestos Generales del Estado diseñados por su Ejecutivo porque son “sensatos y llenos de sentido común”, además de “garantizar la disciplina presupuestaria”.
(Cinco Días, 09-11-2018)

La Fed deja para diciembre la cuarta subida de tipos del año
La subida de tipos en EE UU debe esperar un mes más. Será en diciembre cuando, previsiblemente, la Reserva Federal acometa el cuarto repunte de las tasas en lo que va de año. De la cita de ayer, la conclusión que extrajo el Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) es que la economía continúa fortaleciéndose y que ante la ausencia de presiones inflacionistas los miembros de la institución decidieron mantener sin cambios el precio del dinero, que continúa en el 2-2,25%.

La Fed reiteró su compromiso de continuar con los incrementos graduales de los tipos. Las tasas de los fondos federales conceden una probabilidad del 74% a que el banco central de EE UU eleve los tipos en 25 puntos básicos antes de final de año. Para 2019 se esperan otros tres incrementos.

El objetivo que persigue Jerome Powell es fomentar el pleno en empleo y contribuir a la estabilidad de los precios. Con una economía creciendo por encima del 3%, una tasa de paro en mínimos de 1969 (3,7%) y los salarios creciendo a su nivel más alto en nueve años, a la Fed no le queda otra que continuar con la subida de los tipos para combatir la inflación que a cierre de septiembre se situaba en el 2%, el objetivo que tanto llevaban persiguiendo.

La decisión no pilló por sorpresa a los inversores, que optaron por la recogida de beneficios después de las subidas registradas por la Bolsa un día antes. Al cierre de la edición, el S&P 500 y el Nasdaq retrocedían un 0,3% mientras el Dow Jones lograba escapar a las ventas con un ascenso del 0,11%. Un día antes los inversores festejaron por todo lo alto el resultado de las elecciones legislativas. En contra de lo que puede parecer, un Congreso dividido es la opción que más gusta a los inversores porque significa que en los próximos dos años la dificultad para llegar a acuerdos va a derivar en escasos cambios legislativos. Además, el hecho de que los demócratas no puedan dar marcha atrás en el proceso de desregulación y retirada de los estímulos fiscales es visto con alivio por los inversores.

El rendimiento de la deuda a 10 años permaneció sin cambios en el 3,23%, zona de máximos del año. Es decir, el mercado ya empieza a poner en precio el próximo movimiento de la institución.
(El País, 09-11-2018)

 
 
 
 
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