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NOVETATS LEGISLATIVES DEL 13 DE NOVEMBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Actualización del anexo II por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita
Orden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
(BOE, 13-11-2018)

Euro
Resolución de 12 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 12 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 13-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/index.php?d=274&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 13 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

Hacienda cifra en más de 5.500 millones eliminar los impuestos de AJD, sucesiones y patrimonio
La secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, ha señalado hoy que eliminar los impuestos de actos jurídicos documentados (AJD), sucesiones y donaciones y patrimonio, como proponen algunos partidos, reduciría la recaudación en más de 5.500 millones de euros. "¿Qué haríamos con la financiación autonómica?", que son las que reciben los ingresos de estos impuestos, se ha preguntado la secretaria de Estado durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado.

Estos impuestos constituyen la "médula" de la financiación autonómica, ha señalado Bardón, quien ha abogado por un sistema "justo" y "eficaz". Bardón ha señalado que el impuesto de AJD ingresa anualmente unos 2.000 millones de euros, de los que unos 1.000 millones corresponden al registro de hipotecas.
(Cinco Días, 13-11-2018)

La Seguridad Social detecta 1.100 empresas que le deben más de un millón de euros
El Ministerio de Trabajo está preparando los cambios legales pertinentes para elaborar una lista de morosos que adeudan al sistema más de un millón de euros. Según ha avanzado el secretario general de la Tesorería General de la Seguridad Social (TSGG), Javier Aibar, su departamento ha detectado ya la existencia de 1.100 empresas que deben más de esa cantidad por impago de cotizaciones sociales de sus trabajadores y que, en consecuencia, de no saldar su deuda, estarían en dicha lista que se hará pública en próximos meses

La intención del Gobierno es incluir en la Ley General de Presupuestos para 2019 las modificaciones legales necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para hacer pública esta lista de empresas morosas entre las que prácticamente no habría ningún autónomo, según ha precisado Aibar. Aunque aún no hay una fecha definitiva para que se haga pública, desde la Tesorería General sí han explicado hoy que, en el caso de que no hubiera Ley de Presupuestos para el próximo año, cabría la posibilidad de aprobar, en un Real Decreto Ley, los cambios normativos necesarios para poder publicar esta lista, similar a la que ya publica la Agencia Tributaria de los contribuyentes que deben más de un millón de euros al fisco.

Aibar ha explicado las líneas generales de cómo funcionará la publicación de esta lista, precisando que la Seguridad Social se dirigirá a estas 1.100 empresas morosas con deudas superiores a un millón de euros --que de hecho ya saben que adeudan ese dinero al sistema-- para darles la posibilidad de que salden su deuda o presenten las alegaciones pertinentes que les hagan no aparecer en el listado. Pero, de no darse estas circunstancias, su nombre aparecerá entre los morosos con el sistema de pensiones.

El funcionamiento detallado de esta lista deberá regularse en un reglamento, donde se estipulará la periodicidad con la que se harán públicos los nombres de estas empresas u otras cuestiones, como por ejemplo si, como ya ocurre con la lista de morosos con la Agencia Tributaria, se incluyen además de los nombres de estas compañías también se hacen públicos los nombres de sus administradores. O también, si podría descender en algún caso el umbral del millón de euros para ser incluidos en la lista.

En general, el responsable de la Tesorería General de la Seguridad Social avanzó que la deuda total acumulada exigible por la Seguridad Social y que ya está en vía de apremio asciende a 4.476 millones de euros, de los que unos 1.800 se han generado en el último año. En esta cantidad no está incluidos otros 1.162 millones de euros en duda aplazada con la Seguridad Social y no está aún en vía de apremio. Solo en lo que va de año se han concedido aplazamientos por 616 millones de euros, de los que 591 millones fueron concedidos a particulares y empresas del sector privado y 25,5 millones a organismos públicos.

Así, la tasa de morosidad del sistema se sitúa en el 1%, muy cerca de su nivel mínimo histórico del 0,96%, alcanzado antes de la última crisis económica. "Esto quiere decir que de cada 100 euros que recauda la Seguridad Social, solo hay que reclamar uno por vía de apremio" ha dicho Aibar. Es más, el responsable de la Tesorería General ha reconocido que "va a ser muy difícil bajar la tasa de morosidad de la Seguridad Social por debajo de ese 1%".
(El País, 13-11-2018)

Fedea cree que las comunidades autónomas en su conjunto cumplirán con el objetivo de déficit del 0,4% previsto para 2018
Así lo señala Fedea en su último Observatorio Fiscal y Financiero sobre las comunidades autónomas, en el que, a pesar de su previsión de cumplimiento del objetivo de déficit por parte de las CCAA, advierte de que el gasto presupuestario homogéneo está creciendo cerca del 4%, lo que puede poner en peligro la consolidación fiscal de los ejercicios siguientes. El observatorio destaca que hay una elevada heterogeneidad según las comunidades consideradas, incumpliendo el objetivo nueve de las 17 regiones: Cataluña (-0,5%), Castilla-León (-0,6%), Extremadura (-0,6%), Cantabria (-0,7%), Aragón (-0,8%), Castilla-La Mancha (-1,0%), Baleares (-1,2%), Comunidad Valenciana (-1,2%) y Murcia (-1,6%).

Mientras, las regiones que sí alcanzarán el objetivo de déficit del 0,4% serán Andalucía (-0,3%), Comunidad de Madrid (-0,2%) y La Rioja (-0,1%), que cumplirán el objetivo aunque seguirán presentando déficits; y Asturias (0%), Galicia (+0,1%), Navarra (+0,1%), País Vasco (+0,5%) y Canarias (+1,6%), que cumplirán igualmente el objetivo sobradamente, llegando a registrar superávits. La mayor parte (cerca del 1% del PIB) del notable superávit previsto para Canarias (+1,6%) se debe a que la Ley de PGE de 2017 habilitó a esta región para poder percibir el Fondo de Competitividad.

De esta forma, Fedea cree que las CCAA en su conjunto cumplirán con el objetivo de déficit previsto para 2018, gracias a que la meta de déficit solo se ha reducido en dos décimas, del 0,6% del PIB en 2017 al 0,4% del PIB este año y a que las CCAA van a disponer de un crecimiento de los recursos del 0,7% del PIB en 2018. La proyección de ingresos a cierre de 2018 es un 4,5% superior que el valor de cierre de 2017, mientras que los gastos proyectados a final de año crecerán un 4,4%, apunta Fedea.

Las comunidades autónomas presentaron hasta julio 2018 un saldo presupuestario corregido de los efectos de la devolución parcial de los saldos pendientes de las liquidaciones de 2008 y 2009 y de la cuenta 413 (de gastos pendientes de aplicar al presupuesto) del 0,3% PIB, frente al 0,2% de julio de 2017. Esta mejora del saldo se debe íntegramente al crecimiento de los ingresos porque los gastos han crecido cerca del 4%.

Asimismo, Fedea explica que los ingresos se han visto afectados por la prórroga de los PGE de 2017 durante los primeros seis meses del año. Con la aprobación de los PGE de 2018 en el mes de junio, las entregas a cuenta se han revisado al alza para la segunda parte del año, lo que supondrá un aumento de los ingresos. El aumento de los recursos del Sistema de Financiación previsto en los PGE de 2018 es del 3,8% (3.800 millones) para todo el año.

Hasta julio, las CCAA presentan un aumento del gasto no financiero (presupuestario) en términos homogéneos por encima de lo permitido por la regla de gasto, al crecer un 3,7% cuando la regla de gasto fija un tope del 2,4% para 2018. Con estas cifras, han registrado un saldo de Contabilidad Nacional corregido de anticipos con ligero superávit (+0,06% del PIB), mejorando así en 1.700 millones el registro de julio 2017 (-0,08% PIB).

No obstante, Federa recuerda que para llegar al saldo en términos de Contabilidad Nacional hay que añadir al saldo presupuestario los ajustes de Contabilidad Nacional, que aumentan el déficit y que hasta julio fueron unos 500 millones de euros superiores a los que había hasta julio de 2017.
(El País, 13-11-2018)

Laboral

Sánchez confirma un plan de reformas para el mercado laboral
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Ejecutivo impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos.

Sánchez ha citado estas decisiones entre la serie de medidas que incluye en su "agenda de cambio" y que, según ha asegurado en su intervención en un acto organizado por Expansión, prevé que se conviertan en realidad en los próximos meses.

Ante un auditorio entre los que se encontraban varios ministros y el líder del PP, Pablo Casado, ha enumerado decisiones futuras en varios ámbitos, entre ellos el laboral y con el objetivo de reducir la precariedad.

Ha sido entonces cuando ha mostrado su determinación de recuperar las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y fijar un registro obligatorio de los horarios de los trabajadores. La primera de esas decisiones la ha considerado una política que puede facilitar el empleo y la segunda ha dicho que puede evitar abusos de las empresas y facilitar la resolución de discrepancias.

También ha citado en este contexto su intención de recuperar el valor de la negociación colectiva y reforzar la causalidad de la contratación temporal, así como el anunciado deseo del Gobierno de reducir el número de contrataciones. En concreto, según ha recordado Sánchez, serían esencialmente tres los tipos de contratos: uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo.

De la misma forma ha apostado por reducir sustancialmente el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, dejando solo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados. Su "agenda del cambio" incluye también para antes de fin de año un plan de choque por el empleo joven, poniendo el énfasis en la mejora de las competencias digitales y de las competencias en lengua extranjera.

De la misma forma ha ratificado una próxima ley de Formación Profesional para desarrollar el modelo de FP dual, incorporando a las empresas mediante fórmulas flexibles y creando consorcios en todo el territorio nacional.
(Cinco Días, 13-11-2018)

El Gobierno sacará 3.000 millones de la hucha de las pensiones para Navidad
El Gobierno prevé sacar 3.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra de Navidad de las pensiones, lo que dejará la llamada "hucha de las pensiones" en unos 5.000 millones de euros. Así lo ha asegurado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en una entrevista, donde ha explicado que sumará a este importe los 6.300 millones de euros que sobran del préstamo del Tesoro que el Estado concedió a la Seguridad Social en los presupuestos generales para 2018.

Valerio ha acusado al anterior gobierno del PP de "mirar para otro lado" durante los últimos años en los que ha tirado del Fondo de Reserva, que llegó a estar dotado con 67.000 millones, y ha mostrado las dificultades a las que se enfrenta para "dar un giro 'copernicano' al transatlántico que es la Seguridad Social".

Ha descartado que el Gobierno esté pensando en ampliar la edad de jubilación o el cómputo de años para el cálculo de la pensión, pero se ha mostrado a favor de revisar las prestaciones que se pagan con cargo a la Seguridad Social, y ha apuntado que las de paternidad y maternidad "tienen que ver con la política de Estado".
(La Vanguardia, 13-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El BCE alerta del riesgo de colapso financiero por la venta masiva de fondos
El Banco Central Europeo (BCE) ha dado la voz de alarma. El crecimiento exponencial que ha tenido la industria de fondos de inversión, unido a sus múltiples interconexiones con el sector bancario y con los emisores de deuda, ha creado una amenaza que puede desestabilizar el sistema y crear un colapso financiero.

El encargado de llamar la atención sobre los peligros que se han creado por el fuerte desarrollo de esta industria ha sido el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en un discurso pronunciado ayer en Fráncfort, en unas jornadas financieras.

Guindos recordó ante cientos de banqueros y gestores que el patrimonio gestionado por fondos de inversión europeos se ha triplicado en la última década, hasta sumar más de 12 billones de euros. Si en 2008 sus activos gestionados equivalían al 15% de los activos bancarios, al cierre de 2017 ya representan el 42%.

“Este fuerte crecimiento en términos de tamaño podría tener importantes implicaciones en la capacidad del sistema [financiero] para absorber shocks y para la situación de la economía en general”, apuntó Guindos.

El exministro de Economía español considera que uno de los grandes peligros que implica el gran tamaño de la industria de fondos es que haya una retirada masiva de dinero por parte de los clientes. “La liquidez del sistema podría verse comprometida rápidamente si muchos particulares deciden retirar el dinero de sus fondos a la vez”, explicó.

El vicepresidente del BCE dijo sentirse “seriamente preocupado sobre la reducción de la liquidez en el sistema y el papel que pude jugar la industria de fondos de inversión en un escenario de estresamiento de las condiciones financieras”.

Guindos también advirtió del rápido crecimiento de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), un tipo de activo similar a los fondos de inversión, que replica la evolución de los índices de acciones (como el Ibex o el Nasdaq) y de bonos. “Cada vez están entrando más en la renta fija, y no hay experiencia de capacidad de liquidez pueden ofrecer en situaciones de estrés), apuntó.
(Expansión, 13-11-2018)

País Vasco y Navarra son las comunidades autónomas que más crecerán en 2018 y 2019
Siete comunidades crecerán por encima de la media este año y el que viene: País Vasco, Navarra, Cantabria, Murcia, Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, mientras que las otras diez lo harán por debajo de la media. Siete de las 17 comunidades autónomas españolas mantendrán el crecimiento económico o lo acelerarán este año respecto a 2017 y en las diez restantes habrá desaceleración, según se extrae del informe de Previsiones de Funcas para las Comunidades Autónomas hecho público en Bilbao por la Fundación de Cajas de Ahorro. El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha señalado que "el crecimiento se mantiene en positivo y por encima de Europa, pero pierde fuerza".

Entre las primeras, Navarra, País Vasco y Galicia crecerán todavía el 3% o por encima de ese nivel, según las previsiones para las CCAA que Funcas ha presentado hoy en la sede de Kutxabank, en Bilbao. Navarra y País Vasco volverán a ser las que registren mayor crecimiento en 2019, además de Galicia y Madrid. La mejora de esas regiones, junto a la de otras como Castilla y León y Castilla-La Mancha, que se recuperan de la caída de la actividad agrícola en 2017, contrasta con la tendencia general de la economía española.

"La economía española mantiene un crecimiento relativamente fuerte, al menos en comparación con el resto de la UE, pero con una evidente debilidad: el creciente peso de la demanda interna y el decreciente peso del sector exterior no son sostenibles, particularmente en un país con una deuda pública tan elevada", ha señalado Ocaña.

Si a las comunidades más dinámicas les caracteriza un sector industrial diversificado, unos servicios de mercado competitivos y la construcción, una de las variables que más está pesando en otras regiones es el turismo. La ralentización del sector afecta a las economías de comunidades como Baleares, Canarias, Cataluña, Comunitat Valenciana y, en menor medida, Andalucía, que compensa esa tendencia por el buen comportamiento de otros sectores y la revitalización del tejido productivo.

En opinión de Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, también preocupan "el peso del automóvil en las comunidades donde la producción no se ha ajustado al desplazamiento de la demanda hacia vehículos menos contaminantes y la pérdida de población en edad de trabajar que penaliza los territorios rurales y con un importante envejecimiento demográfico".

A finales de 2019 la tasa de paro será inferior al 10% en siete comunidades (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja) y estos territorios podrían experimentar situaciones de escasez de mano de obra en algunos sectores. En el otro extremo, el desempleo aún rondará el 20% en Andalucía, Canarias y Extremadura.
(Expansión, 13-11-2018)

Sector

PSOE y PP se reparten los miembros del CGPJ
PP y PSOE, que suman el 62% de los escaños del Congreso, han negociado a solas en los últimos meses el reparto de los 20 vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, según el primer acuerdo alcanzado entre las dos fuerzas, ambas formaciones se quedarán prácticamente con todos los sillones del órgano.

Solo Podemos está intentando rebañar dos nombres propios: la juez Victoria Rosell, candidata de la formación al Parlamento en las elecciones de 2015, y Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra y con un reconocido perfil por los colectivos feministas. Según fuentes de las negociaciones, ambas tendrán que ser consensuadas previamente entre el equipo de Pablo Iglesias y el Gobierno. Al igual que otros dos de los candidatos propuestos, José Ricardo de Prada y José María Fernández Seijo, aunque estos ya figuraban también entre las preferencias de los socialistas.

De esta forma, los dos principales partidos del país, que apenas suman actualmente el 62% de los diputados —el segundo de los porcentajes más bajos del bipartidismo desde el inicio de la actual etapa democrática, solo por detrás del mínimo marcado en los comicios de 2015—, participarán directamente en la designación de los 20 vocales. Es decir, en el 100% de los elegidos.

El acuerdo implica que a nueve de ellos los propongan los populares, que han admitido quedarse en minoría a cambio de que se designe al conservador Manuel Marchena como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Y a los otros 11, el PSOE, que consensuará cuatro de ellos con Podemos, según afirman fuentes de la coalición de izquierdas. Ciudadanos, por su parte, se ha excluido del proceso al discrepar del método de designación, al que califica como un "reparto a dedo de los jueces", en palabras de Albert Rivera.

Pese a los matices derivados de las conversaciones de los socialistas con la formación de Iglesias, el porcentaje de vocales propuestos exclusivamente por el bipartidismo (80%) se quedará muy lejos del que le correspondería si se respetase la proporcionalidad del Congreso. Así, si se hiciera un reparto en función del número de escaños que actualmente tienen en el hemiciclo, al PP (con 134 diputados) le tocarían ocho miembros. Al PSOE, con 84 escaños, solo cinco —y, en cambio, va a participar en la designación de 11—. A Podemos, cuatro. A Ciudadanos, dos. Y al resto de fuerzas, uno.

Pero la negociación entre populares y socialistas, que cuentan con tres quintas partes de ambas Cámaras para sacar adelante su acuerdo, se aleja de esa distribución y deja fuera a las fuerzas políticas minoritarias que históricamente han logrado representación. Sobre todo, a los nacionalistas vascos y catalanes, que tradicionalmente conseguían proponer a algún vocal gracias a su capacidad de influencia en las Cortes.

Un repaso a la composición del CGPJ durante los últimos 30 años evidencia este sistema, que siempre ha guardado una aparente correlación. En 2013, por ejemplo, cuando PP y PSOE sumaban el 85% de los escaños, ambas fuerzas propusieron a 17 vocales (85% del total) —entre ellos a Fernando Grande-Marlaska, impulsado por los populares y actual ministro del Interior de Pedro Sánchez—. Los otros tres nombres surgieron desde las filas de IU, CiU y PNV.
(La Vanguardia, 13-11-2018)

 
 
 
 
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