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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 14 DE NOVEMBRE DE 2018

Laboral

Retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes de los miembros del personal al servicio de la Administración de Justicia
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Administración de Justicia, sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes de los miembros del personal al servicio de la Administración de Justicia, en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia.
(BOE, 14-11-2018)

Retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
(BOE, 14-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Información, el control, el seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC)
Orden TEC/1171/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la información, el control, el seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC).
(BOE, 14-11-2018)

Metodología de cálculo del precio de adquisición de la demanda y del precio de venta de la energía en el despacho de producción de los territorios no peninsulares
Orden TEC/1172/2018, de 5 de noviembre, por la que se redefinen los sistemas eléctricos aislados del territorio no peninsular de las Illes Balears y se modifica la metodología de cálculo del precio de adquisición de la demanda y del precio de venta de la energía en el despacho de producción de los territorios no peninsulares.
(BOE, 14-11-2018)

Junta Administradora de Vehículos y Maquinaria del Ministerio para la Transición Ecológica
Orden TEC/1173/2018, de 7 de noviembre, por la que se regula la Junta Administradora de Vehículos y Maquinaria del Ministerio para la Transición Ecológica.
(BOE, 14-11-2018)

Parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines
Orden TEC/1174/2018, de 8 de noviembre, por la que se establecen los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines aprobadas por la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y se actualizan para el semiperiodo 2017-2019.
(BOE, 14-11-2018)

Calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.
(BOE, 14-11-2018)

Euro
Resolución de 13 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/index.php?d=275&s=3



RECULL DE PREMSA DEL 14 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

Las multinacionales alertan a Sánchez de que la subida fiscal afectará al empleo
Multinacionales por la marca España se sumó ayer al clamor empresarial contra los últimos anuncios que ha hecho el Gobierno de subidas de impuestos a las compañías. El presidente de la organización, José María Palomares, advirtió al Ejecutivo de que "el equilibrio de las cuentas públicas y la consolidación fiscal no debe basarse en aumentos impositivos que desincentiven la actividad económica y fomenten la deslocalización de capital y talento", con el consiguiente riesgo de destrucción de empleo.

Por el contrario, en la inauguración del V Congreso anual de la institución empresarial, que reúne a 40 de las grandes multinacionales extranjeras en España, Palomares explicó que "necesitamos un sistema fiscal estable, simple y eficaz" con el que trabajar. "No estamos especialmente contentos con unos anuncios de subidas de impuestos, que pueden debilitar nuestra posición competitiva frente al resto de países", dijo Palomares.

Entre otras decisiones, el Gobierno ha anunciado para 2019 próximas subidas de los impuestos de Sociedades, de la Renta; la llamada tasa Google o la creación de un impuesto a algunas transacciones financieras para destinar su recaudación exclusivamente a financiar las pensiones. También ha propuesto un aumento, de hasta un 12%, de las bases máximas de cotización, y de un 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional, desde los 736 a los 900 euros mensuales.

Palomares mostró su preocupación por la "sensación de inestabilidad institucional" que transmite el Gobierno con sus reiterados anuncios de medidas y de rectificaciones. No es una crítica a las negociaciones con Podemos para sacar adelante los presupuestos, "porque la legitimidad la dan las urnas", sino de despejar las intenciones económicas y políticas para poder operar. "Necesitamos conocer la acción de Gobierno", dijo el presidente de Multinacionales por marca España.

Los empresarios demandaron "seguridad jurídica, con un marco institucional y entorno jurídico estable". En este sentido, el desafío del Gobierno independentista de Cataluña forma parte de lo que las compañías califican como Riesgo país. "Es un tema que nos preocupa, aunque ahora menos que hace unos años. Reclamamos nuestro apego a la legalidad vigente", dijo Palomares. Precisamente, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aprovechó la inauguración del congreso de las multinacionales para defender ante los inversores "la estabilidad política" de la región. Una comunidad autónoma "que tiene los impuestos más bajos de España", con unos "presupuestos rigurosos, realistas y también ambiciosos".

Garrido recordó al auditorio de empresarios que, en el primer semestre del año, la inversión extranjera en la comunidad de Madrid ascendió a 2.260 millones de euros, el 70% de todo el capital extranjero recibido en España. También recalcó Garrido que "Madrid es líder en la creación de empleo en España", con 122.573 nuevos puestos de trabajo en el último año.

Pese a las críticas de las multinacionales, las secretarias de Estado de Economía, Ana de la Cueva, y de la España Global, Irene Lozano, defendieron la labor económica del Gobierno y el cambio político. Además, resaltaron que "las políticas de gasto recogidas en el Plan Presupuestario, [pactado con Podemos], son socialmente justas, pero también económicamente productivas. Además, resultan responsables desde la estabilidad presupuestaria". Así, Ana de la Cueva dijo que, aunque en el acuerdo "se recoge el necesario incremento de algunas partidas de gasto social, este aumento es contenido e inferior al crecimiento del PIB nominal". Coherente "con perseverar en la consolidación fiscal de la economía".

En esta línea, también defendió las medidas fiscales. "El Gobierno tiene como objetivo modernizar el sistema tributario, adaptándolo a la realidad económica del siglo XXI y potenciando su capacidad redistributiva. Asimismo, el compromiso de subir el salario mínimo interprofesional busca reducir las desigualdades salariales y de género. De esta forma, el mercado laboral retomará su papel como mecanismo distributivo de la renta", dijo la secretaría de Estado de Economía.

No obstante, Ana de la Cueva elogió el papel de estas empresas en la economía española. De hecho, las filiales en España suponen el 15% del PIB; el 40% de la industria y de la propia exportación española. Además, dan trabajo a 1,4 millones de personas.
(Expansión, 14-11-2018)

Italia se niega a modificar sus Presupuestos ante el rechazo de Bruselas
El Gobierno de Italia ha dicho este martes que se niega a modificar sus presupuestos para 2019, a pesar de las reclamaciones de la Comisión Europea en este sentido, según ha confirmado el primer ministro del país transalpino, Matteo Salvini. Así, ha resaltado que Roma mantiene el objetivo del déficit en el 2,4% y la tasa de crecimiento en el 1,5%, al tiempo que ha anunciado el incremento de la venta de activos y del control de gastos.

"Estamos comprometidos con mantener el déficit del 2,4%", ha dicho el ministro de Trabajo de Italia, Luigi di Maio, quien ha recalcado que "no habrá cambios a los ingresos de los ciudadanos", según ha informado el diario italiano 'Il Giornale'.

Horas antes, el ministro de Economía y Finanzas de Italia, Giovanni Tria, había asegurado que "la tasa de crecimiento no se negocia", en respuesta a las informaciones aparecidas en la prensa sobre la posibilidad de que el Gobierno retoque su proyección en el nuevo borrador de los presupuestos que Roma debe remitir a Bruselas.

"Las previsiones de crecimiento son, de hecho, el resultado de una evaluación exquisitamente técnica. Por esta razón, no pueden convertirse en objeto de negociación para nadie dentro o fuera del Gobierno", explicó. Roma debe hacer llegar este martes un nuevo borrador presupuestario a Bruselas, después de que el pasado 23 de octubre la Comisión Europea rechazase el plan original presentado por Italia, al constatar que incumple significativamente las reglas fiscales europeas.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo comunitario ha tumbado el plan presupuestario de un país de la eurozona desde que está vigente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento al considerar que las cuentas italianas presentan un "riego particularmente grave de incumplimiento".

En este sentido, la canciller de Alemania, Angela Merkel, ha arremetido este mismo martes en el Parlamento Europeo contra el Gobierno Italiano, al que ha advertido de que acumular más deuda "pone en peligro la estabilidad de la eurozona" y ha recordado que una moneda común "sólo puede funcionar" si los países cumplen con todos sus "deberes".

"El que quiera resolver sus problemas acumulando más deuda o despreciando los derechos fundamentales pone en peligro la estabilidad de la eurozona. Porque la moneda común sólo puede funcionar si cada uno de los miembros de esta zona cumplen con sus deberes y asumen su responsabilidad", ha expresado.
(El País, 14-11-2018)

Laboral

El Pacto de Toledo estudia si se podría generalizar el modelo vasco de pensiones complementarias
Los representantes de los grupos parlamentarios han debatido la recomendación número 16 sobre los planes de pensiones privados complementarios, ya sean de empleo -aquellos que se suscriben para los trabajadores en el seno de las empresas- o individuales.

Como es habitual los portavoces de esta comisión han salido sin haber llegado a un acuerdo. Si bien hoy, la mayoría de ellos, han aceptado estudiar si incluir como recomendación del Pacto de Toledo la propuesta del PNV de extender al resto de España el modelo de pensiones complementarias que existe en el País Vasco. En esta comunidad, los planes de pensiones colectivos que se suscriben para los trabajadores como parte de sus beneficios sociales, han tenido un gran éxito, llegando a tener un capital equivalente al 30% del PIB del País Vasco, cuando en el resto del país lo invertido en estos planes de empleo no llegan al 2% del PIB nacional.

La principal diferencia del modelo vasco de pensiones complementarias es que la entidad que se encarga de gestionar los planes colectivos de los trabajadores es una entidad sin ánimo de lucro en lugar de una entidad financiera, como en el modelo general del resto de España. En concreto, la normativa vasca prevé la creación de mutualidades de previsión social, en las que están representadas y ejercen el control de la gestión los representantes sindicales y patronales.

La propuesta de extender este modelo conocido como EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntarias) la ha llevado hoy al Pacto de Toledo el diputado del PNV Íñigo Bariandarán, después de que hace unos días, Virginia Erogi, la gerente de Geroa, la entidad vasca más exitosa, explicara también a los integrantes de esta comisión el funcionamiento de este sistema de pensiones complementarias. De hecho, según recordaba hoy Bariandarán, los partícipes de los planes de Geroa incrementan en diez puntos el porcentaje de equivalencia entre el último sueldo y la pensión de jubilación que reciben.

Según todas las fuentes consultadas, la mayoría de los portavoces ha accedido a estudiar las posibilidades de adaptar este modelo vasco al resto del territorio español, si bien con diferentes matices. Si bien antes de entrar a esta recomendación, los integrantes del Pacto parece que han accedido mayoritariamente también, a que la recomendación parlamentaria haga una clara distinción entre el segundo pilar del sistema de pensiones (planes colectivos de empleo para trabajadores de carácter complementario) y el tercer pilar (planes privados de pensiones individuales).

"Una vez hecha esta distinción, en el PSOE nos gustaría que la recomendación distinguiera también entre planes de empleo que se gestionen por entidades sin ánimo de lucro, como las del País Vasco, y planes gestionados por entidades financieras, y ya después que cada uno elija, pero estaríamos más por los primeros", ha asegurado la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Mercè Perea. Si bien, esta diputada ha precisado que no existe aún una posición oficial del PSOE a este respecto. De salir adelante esta recomendación, las nuevas entidades sin ánimo de lucro competirían directamente con la banca y entidades financieras en la gestión de estos planes, de ahí lo delicado de adoptar una postura en un sentido o en otro.

Desde el PP, sin rechazar de plano este modelo han demandado que la recomendación 16 incluya también nuevos incentivos para fomentar los planes individuales de pensiones. En este sentido, desde la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social han llevado hoy a esta comisión un cálculo de lo que cuestan actualmente estos incentivos: 700 millones menos de ingresos tributarios solo este año, según fuentes que han asistido a esta reunión. Sin embargo, este cálculo es parcial y no refleja el impacto neto de estas deducciones, porque no se trata de una rebaja fiscal como tal sino de una deducción diferida, ya que el beneficiario de estos planes tributa por el capital cuando lo rescata.

En el otro extremo, Podemos considera que las recomendaciones del Pacto de Toledo no deberían hacer ninguna mención siquiera a los planes privados de pensiones, sobre todo a los individuales gestionados por las entidades financieras. "No es el momento ni de amparar y menos de incentivar desde el Pacto de Toledo, los planes privados de pensiones con un nivel de rentas salariales tan bajo", ha dicho la portavoz de Podemos, Aina Vidal. De esta misma opinión personal es Mercè Perea, la portavoz socialista, que nuevamente ha precisado que el PSOE aún no tiene una postura oficial respecto a cómo reflejar los planes privados individuales en el Pacto de Toledo.
(Cinco Días, 14-11-2018)

Sánchez impulsará la jubilación forzosa y el registro obligatorio de horarios de trabajo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Ejecutivo impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos. Sánchez ha citado estas decisiones entre la serie de medidas que incluye en su "agenda de cambio" y que, según ha asegurado en su intervención en un acto organizado por Expansión, prevé que se conviertan en realidad en los próximos meses. Ante un auditorio entre los que se encontraban varios ministros y el líder del PP, Pablo Casado, ha enumerado decisiones futuras en varios ámbitos, entre ellos el laboral y con el objetivo de reducir la precariedad.

Ha sido entonces cuando ha mostrado su determinación de recuperar las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y fijar un registro obligatorio de los horarios de los trabajadores. La primera de esas decisiones la ha considerado una política que puede facilitar el empleo y la segunda ha dicho que puede evitar abusos de las empresas y facilitar la resolución de discrepancias.

También ha citado en este contexto su intención de recuperar el valor de la negociación colectiva y reforzar la causalidad de la contratación temporal, así como el anunciado deseo del Gobierno de reducir el número de contrataciones. En concreto, según ha recordado Sánchez, serían esencialmente tres los tipos de contratos: uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo.

De la misma forma ha apostado por reducir sustancialmente el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, dejando solo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados. Su "agenda del cambio" incluye también para antes de fin de año un plan de choque por el empleo joven, poniendo el énfasis en la mejora de las competencias digitales y de las competencias en lengua extranjera.

De la misma forma ha ratificado una próxima ley de Formación Profesional para desarrollar el modelo de FP dual, incorporando a las empresas mediante fórmulas flexibles y creando consorcios en todo el territorio nacional.

En el terreno de las instituciones del sector financiero, ha recordado que se reforzará la arquitectura institucional de los organismos de regulación y supervisión mediante la creación de una autoridad que llevará por nombre Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, y una Autoridad Independiente para la Protección del Cliente Financiero.

Una ley de cambio climático y transición energética y una estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas han sido otras de las iniciativas que ha resaltado el presidente del Gobierno. Sánchez ha ratificado su determinación de seguir gobernando con "ambición reformista" y ha considerado que los presupuestos son una herramienta importante para llevarla a cabo.

Al hilo de ello ha recordado que el texto presupuestario se encuentra en periodo de negociación, que no tira la toalla y por eso tiende la mano al resto de partidos. Pero ha advertido de que el Gobierno cuenta con más herramientas, y si no hay mayoría suficiente para unos nuevos presupuestos hará "modificaciones" en las actuales cuentas del estado y "serán otros los que tengan que dar las explicaciones".

Sánchez, que se ha mostrado convencido de que el actual ciclo expansivo de la economía española aún tiene "años de bonanza por delante, ha considerado que los ciclos económicos no mueren de viejos. A su juicio se agotan por acumulación de desequilibrios fundamentales como endeudamiento privado, deuda pública, balanza por cuenta corriente y tasa de paro, y eso ha dicho que es justamente lo contrario de lo que ocurre actualmente en la economía española.
(Expansión, 14-11-2018)

Los fabricantes de coches advierten de una posible pérdida de empleo si se prohíbe la venta de coches de combustión en 2040
El Gobierno quiere establecer por ley que a partir de 2040 no se permita la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones "directas" de dióxido de carbono, entre los que se incluirían los vehículos diésel y gasolina. Así se recoge en el borrador de la Ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno, según han informado este martes fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. La medida ha puesto en alerta a toda la industria del automóvil. El vicepresidente ejecutivo de Anfac, la asociación nacional de fabricantes de coches, Mario Armero, ha asegurado en declaraciones a TVE, que esta medida del Gobierno "puede tener un impacto laboral negativo".

La norma afectaría, además de a los coches gasolina y diésel, a todos aquellos vehículos que sean de combustión, es decir, los automóviles que utilicen gas natural comprimido (GNC), gas licuado de petróleo (GLP) y los híbridos, ya que estos emiten CO2 cuando no están usando electricidad.

Por su parte, Faconauto, la asociación que representa a los concesionarios, ha señalado en un comunicado su preocupación "por el clima negativo que hay alrededor del automóvil", que podría "convertir en estructural la actual caída de las matriculaciones", en referencia a la bajada de un 22% de las ventas que, según la asociación, se está produciendo en noviembre. A esto hay que sumar la caída de las matriculaciones en septiembre y octubre, debido a la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de la nueva regulación de emisiones WLTP.

"Propuestas como las que hoy ha planteado el Gobierno o la profunda crisis del diésel generan incertidumbre entre los compradores, que no saben qué coche comprarse ni cuándo, e impactan ya en todo el sector. La automoción y el comercio son sensibles a la incertidumbre y, como consecuencia, el mercado está entrando en una dinámica negativa y preocupante, no vinculada ya a causas puntuales, sino a problemas más profundos", aseguraron desde Faconauto.

Según las previsiones con las que trabaja el Gobierno, en 2050 estará prohibido circular con turismos que emitan dióxido de carbono de forma "directa". La norma que prepara el Ejecutivo incide en la importancia de promocionar la movilidad "sin emisiones", ya que es uno de los cambios más relevantes que se deben acometer durante las próximas décadas, para conseguir la completa "descarbonización" de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI.

Para ello, el borrador de la ley que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez fija como objetivo alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono, y plantea que a partir de 2040 ya no se permita la matriculación y venta de ese tipo de automóviles. La ley establece además la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes tengan que contar con "zonas de bajas emisiones" antes de 2023.

Respecto al transporte por carretera, el Gobierno prevé elaborar un estudio sobre la imposición de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras.

La norma sobre cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno espera, además, fijar como obligatorio la instalación de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes en distintos plazos y en función de su volumen de ventas.

Arturo Pérez de Lucía, el presidente de Aedive, la asociación para el impulso de la movilidad eléctrica, le ha asegurado a Cinco Días que este anuncio "es positivo". "Plantea objetivos claros y temporales en línea con los de la descarbonización del transporte y de una Ley de Cambio Climático que tiene que dar respuesta a los requerimientos que se nos exige (...) desde la Comisión Europea", ha señalado.

Además, Pérez de Lucía ha remarcado la necesidad de diseñar estrategias que impulsen el vehículo eléctrico, que "deberán implicar necesariamente ayudas a la compra, una fiscalidad verde adecuada y actuaciones que refuercen la apuesta industrial, tecnológica y de servicios vinculados a una movilidad que, apuesta por la descarbonización, por la eficiencia energética y por la calidad del aire".

"No nos lo esperábamos (...) esta medida no va en línea con lo que está haciendo Europa", ha asegurado Armero. Esta afirmación se contradice con las explicaciones de fuentes del Ministerio, que aseguran que esta propuesta es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en 2050 ya no podrán circular.
(Expansión, 14-11-2018)

Los empresarios presionan al Gobierno para que la subida del SMI sea gradual
El anuncio de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros para el próximo año ha pillado a la patronal española en mala posición. Al todavía presidente Juan Rosell apenas le queda una semana de mandato. El próximo 21 de noviembre todos los asociados están convocados a unas elecciones en las que, si todo sale como está previsto, le sustituya Antonio Garamendi.

A pesar de esta situación de transición y de estar funcionando casi al ralentí fuentes de la organización aseguran que se están haciendo esfuerzos por influir en la letra pequeña del texto que regulará esa subida del SMI. “Los detalles de ese texto final importan mucho”, aseguran fuentes conocedoras de esas negociaciones.

La principal demanda que se reclama desde el mundo empresarial está ligada con el periodo de implantación de la medida. La concesión que el Gobierno ha hecho a Unidos Podemos en el pacto presupuestario de situar el salario mínimo en 900 euros no está tan lejos del acuerdo pactado en 2017 entre empresarios y sindicatos con el Gobierno de Rajoy que planteaba una subida hasta los 850 euros. “La gran diferencia está en el tiempo que se nos da a las empresas para adaptarnos al cambio”, aseguran esas fuentes. Mientras que el acuerdo de 2017 apuntaba a una implantación gradual de la medida hasta completarla en 2020, el anuncio realizado por el Gobierno supone un incremento puntual en un año de 22%.

Desde diversas organizaciones han lanzado alertas sobre el impacto que esta media tendría en el empleo. BBVA Research apunta que podrían perderse 150.000 empleos, el Banco de España estima el impacto en 120.000 y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo rebaja a unos 40.000 empleos menos. Aunque, según explicó el presidente de la AIReF en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, la dispersión académica sobre el efecto que una subida del SMI en el empleo es tan amplia que posicionarse es todo un riesgo.

Los empresarios son menos alarmistas o más prácticos. “Claro que habrá impacto, sobre todo en aquellos sectores con la mano de obra más barata y cuyos contratos estén sujetos acuerdos entre sus empresas y las empresas en las que se prestan los servicios”, explican. Al tiempo que reconocen que es “asumible con tiempo” y que “llegar en 2020 sería más lógico”. Una aplicación gradual de la subida permitiría un mayor margen de negociación con clientes y proveedores para ajustar presupuestos, explican fuentes empresariales.
(La Vanguardia, 14-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Londres y Bruselas alcanzan un principio de acuerdo sobre el Brexit
Las negociaciones para consumar el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea dieron ayer un nuevo –y parece que casi definitivo– impulso. Según informó el Gobierno de Theresa May, Londres y Bruselas han alcanzado un principio de acuerdo sobre el Brexit. La primera ministra británica reunirá hoy a las 14.00 hora local (las 15.00 hora española) a su gabinete de ministros para presentarles el borrador del acuerdo y decidir los próximos pasos que debe dar Reino Unido. Tras ello, y una vez formalizado el tratado con los 27 estados miembros de la UE, el texto deberá someterse a votación en Westminster, donde May está lejos de tener asegurada una mayoría para respaldarlo.

Ante la perspectiva de un acuerdo a la vista que evite un Brexit duro, la libra subió a máximos de siete meses en su cruce frente al euro y se anotaba, al cierre de esta edición, 0,42%, hasta los 1,15 euros. Respecto al dólar, la divisa británica repuntó un 0,81%, hasta los 1,29 billetes verdes. El principio de acuerdo se habría logrado, según informó ayer la televisión pública irlandesa RTE, tras desencallar uno de los principales puntos que obstaculizaba la negociación: el futuro de la frontera entre las dos Irlandas.

Esta cadena indicó que el borrador del de salida incluye una salvaguarda para evitar el restablecimiento de una barrera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, una vez que el divorcio se haga oficial, en marzo del año que viene. Se trataría de un mecanismo para que el conjunto de Reino Unido permanezca dentro de un arreglo aduanero con la UE por un periodo temporal del que todavía se desconoce su duración. Según indicaron varios medios británicos, May invitó ayer por la tarde a sus ministros a Downing Street para que leyeran el borrador y buscar así su aprobación antes de la reunión de este mediodía.

Las reacciones tras la noticia del preacuerdo no se hicieron esperar. El exministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson, tachó el borrador de “inaceptable”, en declaraciones a la BBC. El político, una de las figuras que más ha mostrado públicamente su rechazo a las negociaciones llevadas a cabo por Theresa May y que dimitió por ello en julio pasado, afirmó que Reino Unido se convertiría en un “Estado vasallo” de la UE. “Significaría que deberemos aceptar normas y regulaciones de Bruselas sobre las que no tendremos nada que decir. Esto es francamente inaceptable para cualquiera que crea en la democracia”, dijo Johnson, quien en 2016 fue uno de los líderes más prominentes en defender la campaña a favor del Brexit.

El político adelantó además que se opondrá a la aprobación del acuerdo en el Parlamento británico. Otro diputado tory, el también euroescéptico Jacob Rees-Moog, criticó que el texto “no cumple muchos de los compromisos que hizo la primera ministra” sobre el Brexit. Sin conocer todavía los detalles del borrador, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, consideró “improbable” que el acuerdo sea “bueno” para el país. “Los laboristas hemos sido claros desde el principio con que necesitamos un acuerdo que proteja el empleo y la economía”, escribió Corbyn en Twitter, y agregó que, de no ser así, votarán en contra.

Bruselas quiso esperar a la reunión de hoy entre May y su Gabinete antes de hacer valoraciones, por lo que el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, se limitó a afirmar que “están en marcha negociaciones muy intensas”, pero que el acuerdo “todavía no se ha dado”. Unas declaraciones similares a las pronunciadas desde el Gobierno irlandés, que también se apresuró en señalar que quedaban “asuntos pendientes” en las negociaciones del divorcio y que las conversaciones entre ambos lados no habían concluido.
(El País, 14-11-2018)

Sector

Los letrados judiciales secundarán un paro de dos horas
Los letrados judiciales inician hoy sus protestas con un paro parcial convocado unánimemente por las cuatro asociaciones del colectivo entre las 10.00 y las 12:00 horas. También habrá una concentración en la entrada de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla desde las 10.30 horas hasta las 11,00 horas.

Según los datos ofrecidos por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia el paro ha sido secundado por el 75% de los letrados judiciales a nivel nacional. En la Comunidad Valenciana la jornada de protesta ha sido seguida por el 82%, mientras que en la Comunidad de Madrid la cifra baja hasta el 68%. Según esta fuente informativa, durante estas dos horas se han suspendido unas 6000 actuaciones judiciales, y se han dejado de expedir mandamientos de pago por valor de 7.000.000 de euros.

El primer paro parcial de los letrados de la Administración de Justicia tiene de telón de fondo una larga batalla por sus reivindicaciones profesionales, entre las que destaca el aumento de sueldo. Esta protesta se enmarca dentro de una serie de movilizaciones en la Administración de Justicia que comenzaron los funcionarios judiciales y tendrá su culmen el próximo lunes 19 de noviembre, día en el que está convocada la segunda huelga de jueces y fiscales en lo que va de año.

En un comunicado firmado por las cuatro asociaciones se reivindica una mejora de las condiciones profesionales que llevan esperando ocho años, desde que entró en vigor la reforma procesal que les otorgó más responsabilidades. Un notable aumento de funciones y responsabilidad inherente sin la correspondiente adecuación salarial que quedó aplazada a la mejora del escenario presupuestario, tal y como reivindican en el escrito.

"Nuestra contribución y esfuerzo no puede tener valor cero, y la adecuación debe aspirar a suprimir o reducir la discriminación salarial respecto de otros funcionarios de la Administración de Justicia del mismo grupo de titulación A1", enfatizan los letrados judiciales.

Así mismo reclaman la implantación definitiva de la Nueva Oficina Judicial, en aras de una "urgente modernización de la Administración de Justicia para conseguir dar una respuesta eficaz y adecuada a los tiempos actuales".

La duración del paro, finaliza el escrito, se fija como "medida de presión inicial, susceptible de repetición y de un eventual incremento en posteriores medidas".
(El País, 14-11-2018)

 
 
 
 
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