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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 15 DE NOVEMBRE DE 2018

Laboral

Operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social
Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
(BOE, 15-11-2018)

Autorización a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el 9 de octubre de 2018, en la Isla de Mallorca
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el 9 de octubre de 2018, en la Isla de Mallorca.
(BOE, 15-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 14 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 15-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/index.php?d=276&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 15 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

Las injusticias fiscales que el autónomo sigue sufriendo
Es el caso de la forma en la que deben deducirse ciertos gastos, o el tratamiento fiscal del IVA, que sigue exigiendo al autónomo adelantar el pago de este impuesto en facturas que no ha cobrado. La Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos (UPTA) ha definido este tipo de circunstancias como brecha fiscal, existente entre sociedades y trabajadores por cuenta propia. Dichas injusticias serán puestas encima de la mesa en la reunión que mantendrá con la Secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón.

Estamos ante una reivindicación que, sin duda, puede calificarse como histórica. El IVA de caja, una fórmula de tributación para evitar el problema, no ha dado sus frutos. La consecuencia es que, a día de hoy, todos los autónomos tienen que seguir rindiendo el IVA en facturas que tardan meses en cobrar, con el desfase de liquidez que genera en el último eslabón de la cadena de pagos: el autónomo.

Esta otra injusticia ha llevado a UPTA a asegurar que a los autónomos se les ha engañado recientemente. “Es hora de reparar los engaños a los que miles de trabajadores han sido sometidos en estos últimos años, la Ley de medidas urgentes no ha solucionado los principales asuntos pendientes”, ha señalado UPTA en un comunicado.

Un ejemplo de ello son las deducciones por manutención y las deducciones por gastos de suministro, en los domicilios adscritos a la actividad económica de los trabajadores autónomos. UPTA ha realizado una encuesta sobre fiscalidad y autónomos. Según estos datos, la gran mayoría de los autónomos no pueden deducirse los gastos por las trabas que impone Hacienda a nivel fiscal. Y es que, aunque hay un alto porcentaje de profesionales por cuenta propia que trabajan desde casa, y que utilizan su propio vehículo para desempeñar su actividad, estos no pueden poner en la práctica sus deducciones.

“El 58,80 % de los encuestados trabajan desde sus casas, el 43% tienen vivienda en alquiler, mientras el 15% la tiene en propiedad, sólo el 9,40% tiene un local arrendado específico para el trabajo y el 4% no tiene un lugar declarado propio”, explican.

Por todo lo anterior, plantearán la necesidad de soluciones a Hacienda. En primer lugar, para aclarar y facilitar la deducción de gastos que claramente están relacionados con la actividad que se desempeña, sin poner trabas añadidas que parecen tratar de dificultar su deducción. Además del IVA, con el objetivo de que el autónomo no cargue en sus cuentas con el desfase entre las exigencias tributarias y los retrasos en los pagos de sus clientes.
(Cinco Días, 15-11-2018)

Laboral

Bancos y aseguradoras urgen al Gobierno a extender las pensiones de empresa
Los bancos y las aseguradoras han reclamado al Gobierno que establezca un nuevo sistema de adscripción por defecto a planes de pensiones privados en empresas. Se trataría de un sistema como el que implantó hace unos años Reino Unido, por el que los trabajadores recibirían una parte de su salario en forma de plan de ahorro para la jubilación, salvo que se muestren expresamente en contra.

Tanto la presidenta de la patronal de los seguros (Unespa), Pilar González de Frutos, como Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco (la asociación de las gestoras de fondos, mayoritariamente controladas por los bancos) defienden la necesidad de algún mecanismo semiobligatorio como la única fórmula para desarrollar la previsión social complementaria, durante su intervención en la IV Jornada de Pensiones en España, organizada por Cinco Días con el patrocinio de Ibercaja en colaboración con Willis Towers Watson.

"Defendemos los sistemas de adscripción por defecto, en los que el trabajador, desde que se incorpora a una empresa, se le ofrece la posibilidad de destinar parte del sueldo a un plan de pensiones de empleo. Una parte lo pone el trabajador, otra parte la empresa y otra parte la podría poner el Estado", ha defendido González de Frutos.

El presidente de Inverco se ha mostrado en la misma línea argumental. "En Reino Unido se ha implantado un sistema así, con muchísimo éxito, llegando a más de 1,4 millones de trabajadores que antes no tenían planes de empleo. Este debería ser el camino a seguir", ha explicado Aldama.

La subdirectora de organización, estudios y previsión social complementaria del Ministerio de Economía y Empresa, Francisca Gómez-Jover, ha reconocido que el sistema de planes de pensiones privados "está en encefalograma plano", puesto que en los últimos años sale casi tanto dinero como el que entra. Esta primera mesa redonda, llamada “La previsión social complementaria, una reforma pendiente”, ha sido moderada por Rodrigo Galán, director del grupo financiero de Ibercaja Banco.

En la segunda mesa redonda “El sistema de pensiones español: una visión objetiva de los expertos" participarán Mercedes Ayuso, catedrática de Econometría, Estadística y Economía española de la Universidad de Barcelona. Pablo Antolín, jefe de la Unidad de Pensiones de Capitalización de la OCDE. Javier González, director de Pensiones de Willis Towers Watson. Estará moderada por José Antonio Vega, director adjunto de Cinco Días.

En la actualidad, el dinero acumulado en planes de pensiones privados en España es relativamente bajo, en comparación con otros países occidentales. Hay 110.000 millones de euros. El 75% son planes individuales, mientras que solo el 25% está en planes de pensiones promovidos dentro de una empresa o un sector de actividad.

Los planes de pensiones de empleo tan solo se desarrollaron en algunas administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones provinciales, administración autonómica), en el sector financiero y en algunas compañías públicas que luego fueron privatizadas (Telefónica, Endesa...). Entre las empresas del Ibex 35, solo la mitad tiene un plan de pensiones para sus trabajadores.
(Cinco Días, 15-11-2018)

La base mínima subirá un 1,25% en 2019, hasta 944 euros al mes para los autónomos
El Gobierno y las asociaciones de autónomos han llegado a un principio de acuerdo para subir la base mínima mensual que pagan estos trabajadores a la Seguridad Social. Tras varias reuniones infructuosas y declaraciones de unos y otros que habían sembrado cierta incertidumbre sobre cuanto subiría la cotización de más de tres millones de autónomos en 2019 hoy se ha conocido finalmente que este preacuerdo establece una subida de la base mínima de cotización del 1,25%, con lo que pasará de los actuales 932,70 euros a unos 944,35 euros.

Sin embargo, para saber cuál será la cuota mínima mensual que pagarán los autónomos el año que viene a la Seguridad Social, aún queda por saber cuál será el tipo de cotización final. Y eso, dependiendo a quién se pregunte aún no se ha determinado.

Según las asociaciones mayoritarias de autónomos ATA y UPTA, que se han reunido hoy con Trabajo, en dicho encuentro sí se ha acordado de forma clara una subida del tipo de cotización del 29,80% actual hasta el 30% en 2019. De esta forma, la cuota mínima mensual subiría solo 5 euros o unos 60 euros anuales. Mientras que, en el caso del millón de autónomos societarios, su cuota subirá unos 82 euros anuales, casi siete euros al mes. Además, estas dos organizaciones han detallado que también se ha pactado un alza de estos tipos de cotización hasta el 30,3% para 2020 y del 30,6% en 2021.

Por el contrario, desde el Ministerio de Empleo han admitido que sí hay un pacto para subir la base mínima un 1,25% pero que aún no se ha cerrado cual será el incremento final de los tipos de cotización. Según estas fuentes "los tipos se quedarán en algún punto entre el 29,8% actual y el 31,4%". Esto supondría que la cuota mínima podría subir hasta unos 18 euros al mes o 223 euros al año de llegarse a un tipo del 31,4%.

ATA y UPTA se han ratificado en lo que ellos consideran un acuerdo completo y firme que afecta tanto a la base mínima como a los tipos de cotización y han advertido a Trabajo "que no van a firmar otras cifras distintas; si ahora las vuelven a subir, no habrá acuerdo con los autónomos", han asegurado. Fuentes del colectivo atribuyen la rectificación del Ministerio a posibles quejas de las asociaciones minoritarias, sobre todo de Uatae, que no han asistido a la reunión de hoy.

En cualquier caso, el aumento de los tipos de cotización implicará, según ATA, que los autónomos cotizarán por todas las contingencias que cotizan ahora los asalariados (contingencias comunes, incapacidad temporal, accidente profesional y enfermedades profesionales, cese de actividad y formación).

Este aumento de los tipos y bases de cotización de los autónomos conllevará también un aumento de la tarifa plana para los nuevos trabajadores por cuenta propia durante el primer año que pasará de 50 a 60 euros al mes, siempre según fuentes de ATA, el Ministerio no lo confirma tampoco. Asimismo, implicará mejoras en las prestaciones que reciben. En concreto, fuentes del colectivo han precisado que se flexibilizará el acceso a la prestación por cese de actividad (similar a la prestación por desempleo de los asalariados). Para ello se creará un catálogo con las causas concretas de acceso a dicha prestación y se duplicará su tiempo de cobro.

Asimismo, los autónomos cobrarán la prestación por incapacidad temporal causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de la baja. Y los autónomos que estén de baja por enfermedad común dejarán de abonar su cotización a la Seguridad Social desde su segundo mes de baja.

Con estos incrementos acordados por Gobierno y autónomos se producirá una situación inédita hasta ahora y es que la base mínima de cotización será, por primera vez, inferior a la base mínima de los asalariados que el próximo ejercicio ascenderá a 1.050 euros mensuales. Según numerosos expertos esta situación podría fomentar la aparición de más falsos autónomos.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han precisado hoy que este principio de acuerdo se planteó por este departamento previamente y fue respaldado primero por las asociaciones UATAE y CEAC y hoy se han sumado ATA y UPTA en una reunión solicitada por esta última asociación "que ha ejercicio de mediador". Solo queda, por tanto, la ratificación conjunta de este preacuerdo.
(Expansión, 15-11-2018)

La OCDE pide que los ajustes en pensiones sean menores en las rentas bajas
El jefe de Unidad de Pensiones de Capitalización de la OCDE, Pablo Antolín, ha lanzado hoy una serie de recomendaciones para la reforma de pensiones española. En primer lugar, ha explicado que la mejor forma de que los españoles mantengan su nivel de vida después de la jubilación es que "ahorren para la jubilación, más y por periodos más largos".

Según Antolín, que ha participado hoy en la IV Jornada de Pensiones en España organizada por Cinco Días y patrocinada por Ibercaja y Willis Towers Watson, esta recomendación va inevitablemente unida a la de un mayor desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones para "completar que no sustituir las pensiones públicas".

Este responsable de la OCDE ha destacado que España está entre los países de todo el mundo donde el peso de las pensiones públicas del sistema de reparto es mayor y el pilar de las pensiones complementarias menor. Por ello, Antolín ha insistido en que en la OCDE les gustan especialmente sistemas de pensiones como el sueco, con mayor peso de la capitalización y con mecanismos automáticos de ajuste del gasto.

Estos mecanismos que defiende Antolín ya se introdujeron en el sistema español en la reforma de pensiones de 2013 con la creación del factor de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, que preveía la vinculación de las nuevas pensiones a la esperanza de vida a partir de 2019. Sin embargo, ambos factores han quedado en suspenso en la actualidad.

No obstante, Antolín ha matizado su defensa de estos mecanismos de ajuste de los que ahora carece el sistema español, al considerar que no deben olvidar la solidaridad. "Tienen que tener en cuenta la diversidad de la población porque las rentas más bajas no tienen que ajustar lo mismo que las rentas más altas". En definitiva, que aquellos que ganan menos deberían verse menos afectados por los recortes de pensiones o por su menor revalorización.

En esta misma línea, ha advertido de que hay que tener cuidado con las vinculaciones de la edad de jubilación a la esperanza de vida porque "esta es distinta dependiendo de los niveles socioeconómicos de cada uno". Esto se corresponde con los estudios que apuntan a que los ciudadanos con rentas más altas cuentan con una mayor esperanza de vida, por ejemplo.

Asimismo, y aunque Antolín apuesta por un mayor peso de las pensiones complementarias en España, ha insistido en que su desarrollo puede acarrear costes de transición. De hecho, ha precisado que "los sistemas de capitalización no son una panacea y hay que mejorar sus diseños en muchos países del mundo, entre ellos España". Es más, ha constatado que el modelo español de previsión social complementaria no cumple prácticamente con ninguna de las diez recomendaciones de la OCDE para que estos sistemas tengan éxito.
(Expansión, 15-11-2018)

A partir de 2023 habrá que "buscar dinero" para reponer el Fondo de Reserva de las pensiones
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha advertido de que a partir del año 2023 o 2025 habrá que empezar a "buscar dinero" para reponer las cantidades del Fondo de Reserva y ha abogado por que las cuotas a la Seguridad Social se destinen exclusivamente a las pensiones, así como por reservar puestos de trabajo para los parados de larga duración de más de 55 años.

Así lo ha señalado en una entrevista, en la que ha explicado que, aunque la 'hucha' de las pensiones se "engordó" para gastarla en las jubilaciones de la generación del 'babyboom', los nacidos en los años 50 y 60, ya se ha gastado ese dinero, por lo que desde 2023 o 2025 habrá que empezar a "buscar dinero" para reponer lo gastado en el fondo.

Además, se ha mostrado partidario de que todo el dinero de las cuotas a la Seguridad Social se dedique a pagar las pensiones, y el resto de partidas que se sufragan actualmente a través de las cuotas, como la baja por paternidad, que suponen casi 3.000 millones de euros al año, se financie a través de los Presupuestos del Estado.

"Pedimos que desde el Estado se haga un esfuerzo para pagar esas políticas que la Seguridad Social financia con cuotas y necesitan algún respaldo mayor", ha enfatizado Granado, en referencia a partidas que se destinan a formación de trabajadores, subsidios no contributivos para parados, reducciones de cuota de agrarios o autónomos o tarifas planas, que "si tuvieran financiación en los Presupuestos, la Seguridad Social tendría más holgura para pagar sus pensiones".

En cuanto a los 3.000 millones de euros que el Gobierno extraerá del Fondo de Reserva para hacer frente a la paga 'extra' de Navidad de las pensiones, Granado ha reconocido que por "desgracia" tienen que recurrir a la 'hucha', ya que en los PGE de 2018 no estaban previstos los ingresos necesarios para sufragar las pensiones, ya que la última subida "se pactó en el vacío".

No obstante, ha apuntado que la previsión del Gobierno de Rajoy era gastar 5.000 millones, pero el Ejecutivo actual contempla 3.000 millones. Igualmente, Granado ha abogado por "intentar" que el sistema fiscal permita que hasta los trabajadores con baja remuneración tengan algún incentivo real para ahorrar.

También ha apostado por que se tengan en cuenta todos los indicadores que mejor garanticen el poder adquisitivo para la revalorización de las pensiones, como el PIB, y ha subrayado que "para pagar buenas pensiones, se necesitan buenos salarios".

Respecto a las jubilaciones forzosas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado que "forzosamente no se va a jubilar a nadie", pero las empresas "van a intentar renovar plantilla" de forma que cuando una persona llegue a la edad de jubilación, no se le obligará a cobrar la pensión, sino que la empresa le transmitirá que no necesita sus servicios y contratará a otra persona, pero quedará "libre" para buscar otro empleo.

A este respecto, ha defendido que el hecho de que las personas mayores trabajen "no quiere decir que lo hagan ocupando los puestos de trabajo que necesitan los jóvenes", con los que "hay que ser solidarios", porque son los que pagarán las pensiones. "Si no se les deja hueco, luego nos quejaremos", ha añadido.

Sobre otra de las medidas anunciadas por Sánchez esta semana, referida a la simplificación de los contratos a tres (temporal, fijo y de formación), Granado ha dicho que cualquier simplificación es "buena", ya que modalidades como el contrato de emprendedores "no ha servido para que emprenda mucha gente, sino para disfrazar otras modalidades".

Respecto a la reducción de bonificaciones, ha sostenido que cuanto menor es el número de gente a la que les afectan, resultan más útiles, y ha citado a colectivos como el de los discapacitados, las mujeres víctimas de violencia de género, los jóvenes o los parados de larga duración como los que mantendrán estas bonificaciones.
(Expansión, 15-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Theresa May logra el respaldo de su Gobierno sobre el preacuerdo del Brexit
Tras un “intenso y apasionado debate”, la premier británica, Theresa May, finalmente logró este miércoles obtener la luz verde de su Gobierno sobre el preacuerdo de divorcio sellado entre los negociadores británicos y comunitarios.

“Creo que el acuerdo que se ha tomado es el mejor para el interés del conjunto del Reino Unido y el mejor que podía ser negociado”, afirmó May en una breve declaración a las puertas del número 10 de Downing Street. La primera ministra, que comparecerá este jueves ante el Parlamento británico para explicar los detalles del preacuerdo, reconoció que las negociaciones habían sido “especialmente difíciles” por las desavenencias en torno al futuro de la frontera irlandesa.

Los negociadores de Londres y Bruselas acordaron que Reino Unido en su conjunto permanecerá dentro de la unión aduanera durante los dos próximos años o hasta que se alcance una solución definitiva que evite el restablecimiento de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Ello supondría que Londres tendría que seguir supeditada a los dictados de Bruselas, lo que ha suscitado el rechazo de muchos políticos británicos partidarios del Brexit. En la parte financiera, el texto (585 páginas) contempla que Reino Unido tendrá un estatus similar al de EE UU o Japón en su relación comercial con la Unión.

Entre gritos de manifestantes presentes en la comparecencia, la líder británica destacó que el texto es “un paso decisivo para movernos hacia delante y finalizar el acuerdo”. Aseguró que permitirá “recuperar el control de nuestro dinero, nuestras leyes y nuestras fronteras” y que protegerá el empleo, la seguridad y la economía del país.

La premier, que reconoció que todavía “vendrán días difíciles”, se mostró confiada de que el pacto permitirá “construir un futuro más brillante”. Ante ella está ahora el desafío de conseguir que Westminster respalde el texto, algo que está lejos de tener asegurado. Tras horas de incertidumbre en las que se rumoreó que May podría enfrentarse a una moción de confianza, la libra llegó a caer un 0,5% frente al dólar. Unas caídas que se evaporaron más tarde.
(El País, 15-11-2018)

El Gobierno quiere convertir en obligatorio el Código de Buenas Prácticas Bancarias
El Código de Buenas Prácticas Bancarias ha beneficiado a casi 54.800 familias con dificultades para afrontar el pago de sus hipotecas desde el año 2012 y con datos del cierre de junio de 2018, según ha avanzado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, durante su respuesta a una interpelación en la sesión de control al Gobierno.

Desde que se aprobó en 2012 la primera norma de protección a deudores hipotecarios especialmente vulnerables, al cierre del año 2017 se habían recibido 104.208 solicitudes y se había realizado un total de 52.356 operaciones, de las que 44.628 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, nueve con una quita y en 7.719 casos se acordó la dación en pago.

Con los nuevos datos correspondientes al primer semestre de 2018, las operaciones realizadas ascienden a casi 54.800, de las que alrededor de 46.800 accedieron a la reestructuración de su deuda y en casi 8.000 casos se acordaron daciones en pago de la vivienda.

Calviño ha anunciado este martes su intención de que este Código de Buenas Prácticas sea permanente, es decir, que las entidades tengan que aplicarlo a todos los préstamos y no solo a los firmados antes de 2012. Hasta ahora, el código obliga a las entidades adheridas a ofrecer a los clientes con contratos firmados hasta esa fecha y que cumplan determinados requisitos socioeconómicos varias opciones antes de ejecutar la hipoteca.

"Elevar a rango legal el Código de Buenas Prácticas me parece importante, que unas conductas que han beneficiado a miles de personas se eleven a rango legal no tiene que ser considerado una cuestión menor", ha resaltado Calviño, quien ha instado a todos los grupos parlamentarios a seguir avanzando en la tramitación de la nueva ley hipotecaria.

Casi todas las entidades de crédito y aquellas que conceden préstamos hipotecarios están adheridas a este Código de Buenas Prácticas, cuyo seguimiento es supervisado por una Comisión de Control y que incluye tres fases de actuación para contribuir a aliviar la situación de familias con dificultades para hacer frente a sus hipotecas.

La primera se dirige a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cinco años y la ampliación del plazo total de amortización. De no ser suficiente la reestructuración, las entidades ofrecen a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.

Si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, los consumidores podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.
(El País, 15-11-2018)

Fainé, presidente mundial de banca minorista
El presidente de la CECA y de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, ha sido elegido presidente del Instituto Mundial de Bancos Minoristas (WSBI) en su Asamblea General, celebrada este miércoles en Nueva Delhi. El mandato será de tres años de duración. Fainé sucede al alemán Heinrich Haasis, que ha sido nombrado presidente de honor del WSBI, tras seis años al frente de la organización.

En la asamblea que ha elegido de manera unánime a Fainé, se ha renovado la confianza en Chris De Noose como director ejecutivo. El WSBI, nacido en 1924, representa los intereses de 7.000 cajas de ahorros y bancos minoristas repartidos por todo el mundo. En cifras, los miembros del WSBI poseen un total de 15 billones de euros de balance, y atienden a 1.300 millones de clientes en cerca de 80 países, donde ofrecen servicios bancarios a familias y pymes.

Esta organización se dedica a cuestiones de relevancia global que afectan a la industria y la bancaria minorista. El periodo 2018-2021, bajo el mandato de Fainé, se centrará en tres prioridades: consolidar la interlocución con los principales organismos internacionales (BIS, FMI, OCDE y IOSCO, entre otros), reforzar la colaboración entre los distintos miembros y fomentar la inclusión financiera.

Fainé ha destacado en su discurso «la importancia de ser fieles al principal propósito del WSBI: la sostenibilidad económica y social». Y ha añadido: «Debemos contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible favoreciendo el progreso y la mejora de la calidad de vida». El presidente de la fundación La Caixa también ha profundizado, en su intervención, en las iniciativas que impulsará, como la retención e incorporación de nuevos miembros, el incremento de la visibilidad del WSBI a nivel global y la promoción del intercambio de buenas prácticas bancarias.
(El País, 15-11-2018)

Transporte y ocio mantienen la inflación en el 2,3% en octubre
El índice de precios de consumo (IPC) registró un crecimiento interanual del 2,3 % en octubre, un avance similar al contabilizado el mes anterior, en esta ocasión mantenido por el encarecimiento del transporte y, en menor medida, por el ocio y la cultura. Con el dato publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ratifica el adelantado el pasado 30 de octubre, la inflación sumó 26 meses consecutivos en positivo, los seis últimos creciendo por encima del 2%.

La mayor responsable del mantenimiento de la inflación fue la partida del transporte, que subió el 5,7 % anual, siete décimas más que en septiembre, debido en gran parte al incremento de los carburantes y lubricantes, y al encarecimiento del transporte aéreo. Igualmente, la partida de ocio y cultura mantuvo su precio respecto a hace un año, frente a descensos previos, lo que ha ayudado a sostener el índice general de precios y compensar así la contención registrada en el ámbito de la vivienda, que se encareció en cualquier caso un 4% interanual.

Otra partida que moderó su encarecimiento interanual, en este caso en seis décimas respecto al mes anterior, que la de comunicaciones, cuyos precios subieron en octubre el 2%. La variación anual de la inflación subyacente (sin contar con los alimentos no elaborados ni los productos energéticos) aumentaron dos décimas, hasta el 1 %, con lo que se situó casi un punto y medio por debajo del IPC general. Así, la inflación subyacente volvió a la cota del punto porcentual después de tres meses por debajo.

Por lo que se refiere a la evolución mensual de los precios, el IPC general se disparó al 0,9%, siete décimas más que en septiembre, para alcanzar una cota desconocida desde mayo. Las partidas que más impulsaron los precios entre septiembre y octubre fueron vestido y calzado (11,1%) debido a la llegada de la temporada de invierno-, alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%) -impulsados por la fruta-, y el transporte (0,6%) -encarecido por carburantes y lubricantes-.

Por contra, bajaron el ocio y la cultura (-0,6 %) por la caída de los paquetes turísticos, los hoteles, cafeterías y restaurantes (-0,4%), lastrados por los servicios de alojamientos, y las comunicaciones (-0,7%), por las bajadas en telefonía.

Por comunidades, la tasa anual del IPC bajó en nueve de ellas, lideradas por los descensos de dos décimas de Aragón y La Rioja, se mantuvo en tres y aumentó en cinco, encabezadas también por los avances de dos décimas de Cantabria y Madrid.

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- quedó este mes también en el 2,3% interanual, igual que en septiembre, y en el 0,7% mensual, tal y como ya adelantó el INE hace dos semanas.
(La Vanguardia, 15-11-2018)

La guerra comercial lleva a la primera caída de la economía alemana desde 2015
El producto interior bruto (PIB) de la mayor economía de Europa cayó en el tercer trimestre del año un 0,2%, frente a la subida del 0,5% registrada en el trimestre anterior. La caída se debió al debilitamiento de las exportaciones y al descenso del gasto de los consumidores, según la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis). Este frenazo exportador se produce en un contexto de guerra comercial desatada por EE UU.

En comparación con el tercer trimestre del año anterior, el PIB de Alemania registró un crecimiento del 1,1%, frente a la expansión del 2,3% del trimestre anterior. "El ligero descenso trimestral del PIB se debió principalmente a la evolución del comercio exterior", explicó la oficina estadística alemana, después de que las exportaciones bajaran en el tercer trimestre y aumentaran las importaciones respecto a los tres meses precedentes.

En cuanto a la demanda doméstica, se observaron señales mixtas, puesto que la formación bruta de capital fijo en maquinaria y equipamiento, así como en la construcción fue superior a la del trimestre anterior, mientras que el gasto de los hogares disminuyó. Por su parte, el gasto final en consumo del Gobierno fue ligeramente superior al observado en los tres meses anteriores.

Destatis no menciona un problema que está afectando a la poderosa industria automotriz alemana y que ha influido en la caída del PIB. Varios economistas han señalado que la debilidad de la economía alemana está relacionada con la abreviatura WLTP, la nueva norma mundial de pruebas de gases de escape de automóviles, que entró en vigor el 1 de septiembre pasado.

Los principales fabricantes alemanes no fueron capaces de obtener la certificación para sus modelos en la fecha límite, un problema que afectó directamente su producción a partir de agosto. Volkswagen, por ejemplo, redujo la entrega de sus coches en Europa en un 7,1% en octubre. La certificación afectó drásticamente a Audi, cuyas ventas en Europa bajaron un 53% en octubre.

“Los fabricantes alemanes no han pasado el nuevo procedimiento de prueba a tiempo para todos los tipos de vehículos y, por lo tanto, han tenido que reducir la producción en el tercer trimestre”, señaló el Instituto para la Economía Mundial (IfW) en la víspera de la publicación del comunicado de Destatis.

La industria del automóvil, tan importante para Alemania, ralentizó la economía de julio a septiembre. "La economía alemana se contrajo en el tercer trimestre porque la industria automotriz tuvo problemas con la introducción de nuevas pruebas de emisiones. Pero incluso sin este efecto, el PIB alemán apenas habría crecido debido a la disminución de la demanda de China. Estamos revisando nuestro pronóstico para 2018 del 1,8% al 1,5%”, dijo Jörg Krämer, economista jefe de Commerzbank.

"Alemania no tiene ningún problema económico coyuntural, sino un problema automovilístico", añadió el economista del DekaBank Andreas Scheuerle. "Debido a la lenta certificación de los tipos de automóviles, la producción tuvo que ser recortada notablemente, con daños colaterales para otras industrias”.
(El Mundo, 15-11-2018)

Sector

Los juzgados hipotecarios solo han resuelto una cuarta parte de los litigios asumidos
Los juzgados especializados en materia hipotecaria, también conocidos habitualmente como de cláusulas suelo, han ido incrementando su velocidad en la resolución de litigios desde su puesta en marcha en junio de 2017. De momento, sin embargo, estas sedes especializadas solo han sido capaces de digerir una cuarta parte de los procesos asumidos.

En concreto, en sus cinco trimestres en marcha, los juzgados hipotecarios han recibido un total de 305.437 asuntos y, a cierre del mes de septiembre, han resuelto un total de 71.234 causas (55.528 mediante sentencia), según los datos facilitados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial.

El organismo judicial indica, eso sí, que en el último trimestre la tasa de resolución se ha incrementado hasta el 43%, con 18.967 resoluciones frente a 44.121 asuntos ingresados, lo que supone 9.483 resoluciones al mes (pues agosto es inhábil en la vía civil) frente a los 7.431 mensuales del periodo anterior. Además, el número de nuevos asuntos decae interanualmente, comparado con los 60.059 litigios atendidos en el tercer trimestre de 2017.

En cuanto al signo de estos fallos, durante los tres últimos meses, en línea con los trimestres anteriores, el 97% de las resoluciones judiciales de estas instancias especializadas fueron favorables al cliente y contrarias a la banca.

Los juzgados especializados en materia hipotecaria atienden causas relacionadas con cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, intereses de demora o condiciones de vencimiento anticipado, aquellas que permiten a la banca ejecutar el préstamo e iniciar el procedimiento de desahucio ante determinado nivel de impagos.

La creación de estas sedes fue acordada por el Gobierno, el CGPJ y las comunidades autónomas en el invierno de 2017 después de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenaba a la banca a devolver lo cobrado por cláusulas suelo opacas con retroactividad total hiciera temer un aluvión de litigios.

Se crearon un total de 54 juzgados especializados en materia hipotecaria, uno por cada provincia además de otro por cada una de las principales islas de los territorios insulares. Muchas de estas plazas han quedado anegadas por el volumen de demandas recibidas y algunas, como la de Barcelona, han dejado de señalar asuntos tras constatar que debían señalar juicios para dentro de más de un año.

Recientemente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la Abogacía reclamando la disolución de estas sedes especializadas, que ha despertado gran controversia por la importante demora que genera para este tipo de causas, aunque ha logrado su objetivo principal de desatascar el resto de plazas judiciales que se estaban viendo colapsadas por el incremento de asuntos hipotecarios.
(Cinco Días, 15-11-2018)

 
 
 
 
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