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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 17 AL 19 DE NOVEMBRE DE 2018

Laboral

Autorización a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona y Teruel, así como en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2018 en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona y Teruel, así como en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(BOE, 17-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
(BOE, 19-11-2018)

Estrategias marinas
Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias marinas.
(BOE, 19-11-2018)

Euro
Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 16 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 17-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/19/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/19/index.php?d=279&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/17/index.php?d=278&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 17 AL 19 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

Hacienda hará retoques al decreto del impuesto hipotecario
El Gobierno quiso poner un rápido punto y final a la polémica abierta en torno a quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) obligando a la banca a asumirlo a partir de ahora modificando la ley solo dos días después de que el Tribunal Supremo caldeara el debate con un nuevo cambio de doctrina, esta vez contrario al consumidor. Sin embargo, quedaron flecos por cerrar.

Así lo plantearon las comunidades autónomas al Ejecutivo este viernes, durante la reunión a puerta cerrada de la Comisión de Tributos, donde criticaron que la “rapidez e improvisación” de la norma ha dejado dudas irresueltas. El Ministerio de Hacienda, según confirman a este diario fuentes oficiales, aceptó hacer retoques sobre la nueva regulación y recogerlos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros del pasado jueves 8 de noviembre, modificaba el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer que, a partir del sábado 10 de noviembre, “cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”. Una redacción sencilla pero que, según se quejaron el viernes los responsables tributarios de varias regiones españolas, arroja dudas sobre su aplicación en función de si el crédito es de nueva constitución, si es una cesión, una novación o una subrogación, por ejemplo.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, como se denomina oficialmente la Comisión de Tributos, algunos portavoces reclamaron también que se matice que las bonificaciones en el impuesto que existen para cooperativas de crédito y cajas rurales solo les afectan cuando son los prestatarios, pero no les exime del pago del tributo cuando son prestamistas.

Aunque Hacienda considera que este último punto queda suficientemente claro por la redacción del decreto, el Ministerio aceptó la necesidad de hacer aclaraciones respecto a los diferentes tipos de préstamos antes referidos. Los técnicos del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero estudian en estos momentos la respuesta concreta a cada duda y si esta se ofrecerá mediante una resolución interpretativa publicada en el BOE, o directamente mediante una nueva modificación de la ley, esta vez más detallada, por vía parlamentaria.
(Expansión, 19-11-2018)

Hacienda vigila a 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas
La Agencia Tributaria tiene controlados a 15.000 contribuyentes que han realizado transacciones con criptomonedas en el último año. La identificación de estas personas es el resultado de la campaña que lanzó el fisco a principios de año, cuando envío requerimientos de información a 60 entidades, entre ellas 16 grandes bancos que operan en España, así como una decena de intermediarios financieros y 40 empresas. Hacienda vigilará que estos contribuyentes declaren las posibles plusvalías o beneficios de sus operaciones e indagará si utilizan las divisas digitales para blanquear dinero.

Cuando a principios de año la Agencia Tributaria publicó su plan de control anual, el documento con las líneas maestras de su actuación contra el fraude fiscal, dejó bien claro que le preocupaba que la eclosión de las nuevas tecnologías abriera una nueva grieta para el fraude. Por eso, enfatizó que vigilaría “la incidencia fiscal de estas nuevas tecnologías, como blockchain y, en especial, las criptomonedas”.

Hacienda tardó poco en poner en marcha un programa para embridar estas actividades. El pasado abril envió requerimientos de información a 16 grandes bancos, con sede o sucursal en España, a una decena de intermediarios (casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos) y a 40 empresas, que permiten facturar con bitcoins o criptomonedas similares.

Como resultado de aquella campaña, la Agencia Tributaria ha identificado a 15.000 contribuyentes que operan con estas divisas digitales. Y vigilará que declaren los beneficios que obtengan con el intercambio y negociación de bitcoins, ethereum o similares.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), la caballería de la Agencia, investigó minuciosamente la información remitida por bancos e intermediarios, la depuró y finalmente seleccionó a un grupo de 15.000 contribuyentes. El siguiente paso consiste en seleccionar los perfiles de riesgos para iniciar las inspecciones. Hacienda quiere enviar en las próximas semanas los primeros casos a las delegaciones territoriales.

Desde la Agencia recuerdan, además, que supervisará que en la campaña de la Renta de 2018 estos contribuyentes declaren las plusvalías generadas en la negociación de las criptomonedas, que tributan con carácter general en la base imponible del ahorro, con unos tipos de gravamen que van del 19% al 23% en función de las ganancias. En los borradores y programas de ayuda de las declaraciones, el fisco recordará la obligación de confesar los beneficios obtenidos por estos medios.

Hacienda reconoce que estas nuevas actividades digitales no proporcionarán una gran recaudación para las arcas públicas. Pero con estas acciones aspira a poner coto a unas actividades complejas, poco reguladas y nada transparentes, porque la titularidad de los bitcoins es opaca para las autoridades fiscales, y su negociación es casi imposible de rastrear, salvo con operaciones como la lanzada a principios de año por la Agencia.

La compra y negociación de criptomonedas se suele hacer a través de webs situadas en otros países; y obtener información de estos mercados digitales es laberíntico. Eso lleva a algunos grupos criminales a usar estas divisas para tapar sus actividades. Por ello, Hacienda insiste en que extremará la vigilancia sobre los contribuyentes identificados. Y en caso de apreciar la existencia de posibles actividades ilícitas, además de denunciarlo, iniciarán las actuaciones contra el blanqueo de capitales.
(El País, 19-11-2018)

Sánchez dice “no querer marear a los españoles” y no presentará los Presupuestos sin apoyos suficientes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado accesorio si el Gobierno saca adelante las medidas que considera necesarias para reconstruir el "Estado de Bienestar" a través de unos nuevos Presupuestos o de decretos leyes, advirtiendo a los grupos parlamentarios de que en uno u otro caso tendrán que retratarse.

Interrogado en una rueda de prensa, al término de la XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada esta semana en Antigua (Guatemala), sobre si condiciona la presentación de los Presupuestos a tener garantizado el apoyo parlamentario necesario para aprobarlos, ha respondido que lo considera un tema accesorio.

No obstante, posteriormente ha matizado que el Gobierno "no va a marear a los españoles", sugiriendo así que en el caso de no tener asegurados los votos requeridos en el Congreso para aprobar las cuentas públicas del próximo año, podría no presentarlas.

Sánchez ha explicado que, si el Gobierno no consigue unos nuevos Presupuestos, intentará materializar las medidas que considera más importantes para "reconstruir el Estado del Bienestar" mediante decretos leyes que modifiquen los heredados del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"El Gobierno está en reconstruir el Estado del Bienestar. Queremos hacerlo a través de unos Presupuestos que creemos que son buenos, ahora bien, si el Poder Legislativo no hace sus deberes y los rechaza, el Gobierno mantiene su hoja de ruta a través de modificaciones presupuestarias", ha declarado.

Sánchez ha señalado como fecha límite para explorar la opción de unos nuevos Presupuestos el mes de diciembre. "Lo que no vamos a hacer es esperar a abril, como hizo el anterior Gobierno", ha recalcado.

Sin embargo, se ha mostrado consciente de que el Gobierno no va a poder aprobar por la vía de los decretos leyes todas las medidas recogidas en el proyecto de ley de Presupuestos, por lo que ha avanzado que intentará aprobar "el mayor número posible".

Ha precisado que el Ejecutivo dará prioridad a aquellas que "estén vinculadas a reconstruir el Estado de Bienestar y a la recuperación de los derechos por parte de quienes más han sufrido la crisis" en materia de sanidad, educación, salarios y pensiones.

Preguntado sobre la marcha de las negociaciones para obtener la luz verde del Parlamento a las a los Presupuestos, ha enfatizado el carácter reservado de las mismas, si bien ha confirmado que el Gobierno está en contacto con el PNV y otros grupos parlamentarios. El dirigente socialista ha aclarado de 'motu proprio' que su Gobierno todavía no ha entablado conversaciones con "las fuerzas soberanistas catalanas" porque se han negado a hablar de Presupuestos.

"Tanto critican la politización de la Justicia que quieren judicializar la política", ha reprochado, en alusión al acuerdo alcanzado con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a los presos del 'proces'.

A este respecto ha querido ser "taxativo". Si quieren hablar de "mejorar las condiciones de vida de los catalanes", el Gobierno está dispuesto a dialogar con "todos" los grupos parlamentarios, ha dicho. Pero, si buscan "un cambio de postura del Poder Judicial", es "imposible, ha aseverado.

El inquilino de la Moncloa ha subrayado que en cualquier caso el Congreso tendrá que pronunciarse porque, tanto por la vía de unos nuevos Presupuestos como por la de los decretos leyes, el Gobierno necesitará respaldo parlamentario. En este sentido, ha llamado la atención sobre lo "contradictorio" que resultaría que grupos parlamentarios que rechazan los Presupuestos después dijeran 'si' a las medidas concretas recogidas en los decretos leyes.

Así las cosas, ha apelado a "la responsabilidad y al consenso del Poder Legislativo": "El Poder Ejecutivo hace su trabajo, pero, evidentemente, no tenemos la llave para poder aprobar muchas de esas medidas, tiene que ser el Poder Legislativo. Cada uno tendrá que posicionarse".

En cuanto a la posibilidad de que unos Presupuestos fallidos deriven en elecciones anticipadas, como ha sugerido este mismo viernes el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha limitado a contestar que "elecciones va a haber" y "mientras tanto el Gobierno va a seguir trabajando". "Cuando lleguen las elecciones los españoles tendrán que decidir quién ha estado trabajando para resolver sus problemas y quién ha estado bloqueando", ha zanjado.
(La Vanguardia, 18-11-2018)

La AIReF rebaja su previsión de crecimiento para el cuarto trimestre al 0,7%
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado en una décima su previsión de crecimiento para el cuarto trimestre del año, hasta el 0,7%, pero la mantiene en el 0,8% para el primer trimestre del ejercicio 2019, de acuerdo con la última actualización de su modelo 'Mipred', que pronostica la tasa de crecimiento en tiempo real.

La revisión a la baja de la previsión para el último trimestre del año se ha producido tras la publicación de la última información coyuntural de grandes empresas del mes de septiembre. En concreto, estima una evolución del 0,75% para el cuarto trimestre, frente a un 0,77% para los tres primeros años del próximo ejercicio.

De esta forma, la Autoridad Fiscal augura un crecimiento superior en una décima al del tercer trimestre, ya que, según los datos confirmados por el INE, la economía española creció el 0,6% en el periodo julio y septiembre, al igual que en el primer y segundo trimestre. Por tanto, si finalmente la economía española crece un 0,7% sería el crecimiento más alto este año. AIReF pronostica que el crecimiento para el conjunto del año 2018 se situaría en una tasa del 2,6%, según el modelo Mipred de AIReF.

El organismo, que ha avalado el plan presupuestario del Gobierno, cree que España cerrará este año con un déficit del 2,8% del PIB, una décima más que lo estimado por el Ejecutivo, mientras que ve "factible" alcanzar la previsión del 1,8% el próximo año.

Por su parte, BBVA Research proyecta en su último observatorio que el crecimiento de la economía española podría situarse entre el 0,6% y el 0,8% en el cuarto trimestre y afirma que se mantienen los sesgos a la baja sobre sus expectativas de crecimiento del 2,6% para este año, tras la "sorpresa" a la baja del PIB en el tercer trimestre (+0,6%).
(El Mundo, 17-11-2018)

Laboral

Pedro Sánchez avisa a PP y Cs: subirá el SMI "con o sin su apoyo"
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este domingo al Partido Popular y a Ciudadanos que apoyen la propuesta del Gobierno de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) algo más de 900 euros y aseguró que "haya o no Presupuestos" se revalorizarán las pensiones. Durante su intervención en el acto del PSOE de Andalucía en apoyo de la candidatura de Susana Díaz para las elecciones del 2 de diciembre, Sánchez pidió a PP y CS que respalden esta propuesta del Ejecutivo que se quiere aplicar para 2019. "Que lo apoyen", reclamó el jefe del Ejecutivo.

Abogó por este respaldo a la oposición "por la sencilla razón de que un país rico no puede tener trabajadores pobres. Con su apoyo o sin su apoyo, el Gobierno va a sacar adelante" esta mejora para los trabajadores, aseguró Sánchez. Además, el presidente pidió a estos dos partidos que "aprueben ustedes el trámite en el Congreso de estos Presupuestos Generales del Estado" y defendió, ante los que le reclaman adelanto electoral, que el PSOE tiene un proyecto político "para años" para España y no para meses.

El jefe del Ejecutivo aseguró también a los pensionistas que, "haya o no Presupuestos", la revaloración de las pensiones estará "garantizada". Durante su intervención, el presidente ha considerado que hay que abrir el debate de cómo financiar el estado del bienestar, y ha advertido de que cuando el presidente del PP, Pablo Casado, pide suprimir impuestos como el de actos jurídicos documentados, el de las hipotecas, que está en manos de las comunidades, lo que está planteando la derecha en realidad es "recortar el estado del bienestar" que está en manos de las comunidades.

Asimismo, ha abogado por una reflexión en conjunto sobre la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones, y ha indicado que su Gobierno, con sólo 84 diputados, planteará una reforma constitucional para acabar con los aforamientos en este país.
(Expansión, 18-11-2018)

Garamendi será elegido el miércoles presidente de la CEOE
La CEOE celebra este miércoles 21 de noviembre su asamblea electoral, de la que saldrá elegido como presidente de la patronal para los próximos cuatro años el actual líder de Cepyme, Antonio Garamendi, ya que ha sido el único candidato presentado. El relevo al frente de la organización empresarial se prevé "tranquilo", aseguran a Efe fuentes de la patronal, dado que Garamendi ha estado trabajando en los cuatro últimos años muy próximo a Juan Rosell, que deja la presidencia de la CEOE tras ocho años en ella.

Más de 700 compromisarios están llamados a asistir a esta asamblea electoral, en la que Rosell hará balance de su trabajo en la presidencia de la CEOE, del que ya ha puesto en valor el consenso logrado con Gobierno y sindicatos y la transparencia impuesta dentro de la organización. Tras ello, se procederá a la votación, tal y como prevén los estatutos de la patronal, si bien cabe la posibilidad de que, si nadie se opone, se produzca una "proclamación por aclamación" dado que sólo hay un candidato.

Posteriormente el candidato Garamendi, que ha presentado su candidatura respaldada por 137 avales de 43 organizaciones miembro, procederá a la lectura de su primer discurso como líder de la patronal. "Va a ser una transición tranquila, natural y en la que el nuevo presidente conoce perfectamente todos los proyectos en los que lleva años trabajando la CEOE", explican las fuentes. De puertas a fuera, el reto fundamental al que se va a enfrentar Garamendi durante su mandato será "poner el punto de vista empresarial en las medidas que se están poniendo en marcha desde el actual Gobierno".

En concreto, sobre la mesa se encontrará con los cambios fiscales vinculados a los presupuestos, por lo que el empresario vasco deberá "hacer comprender al Gobierno que o seguimos apostando por un clima 'friendly' con la empresa, que permita continuar creando empleo y generando riqueza, o vamos a dar un paso atrás".

El cambio de patrón de patrones se produce además en un contexto de incertidumbre provocada por la situación política en general, tanto dentro como fuera de España, con el futuro de Europa "en un momento muy convulso" y con elecciones europeas el año que viene.

En clave interna, el principal reto que tendrá Garamendi será continuar poniendo en valor el papel de la CEOE en el mundo empresarial, "seguir defendiendo los intereses empresariales, haciendo que la patronal sea más representativa, más seria y cuya voz sea escuchada".
(El País, 18-11-2018)

El Supremo iguala a funcionarios e interinos en la consolidación de nivel
El Tribunal Supremo señala que el modo de adquisición del grado personal de funcionarios de carrera es aplicable a los interinos. Así lo dictamina la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en una sentencia en la que fija que el artículo 70.2 del Reglamento sobre el modo de adquisición del grado personal en la Administración del Estado, resulta de aplicación no sólo a los funcionarios de carrera sino también a los funcionarios interinos.

Concretamente, este artículo señala que todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción. El Supremo adopta la decisión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la directiva comunitaria sobre el trabajo de duración determinada.

En el caso concreto examinado, la Sala desestima el recurso de casación presentado por la Diputación Provincial de Málaga contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, que dio la razón a un funcionario interino y señaló que tenía derecho a que se atendiese su solicitud de reconocimiento de consolidación de nivel de complemento de destino 26 tras haber desempeñado durante doce años un puesto como funcionario interino cuyo complemento de destino era de ese nivel. El trabajador hizo la solicitud tras incorporarse al puesto de trabajo de médico del mismo Centro donde el complemento de destino era de nivel 24.

En su sentencia dictada hoy, la Sala confirma que quien como funcionario interino ocupó durante doce años un puesto de trabajo de nivel 26, consolidó en ese tiempo el grado personal correspondiente, con el efecto de conservarlo, aunque después pasase a desempeñar otro de nivel inferior.

En primer término, el Supremo destaca la irrelevancia de los argumentos del recurso de la Diputación referidos a la adscripción provisional, al principio de igualdad o a una sentencia del Supremo de 2003 que fijó doctrina cuando existía adscripción provisional. Y ello “porque el puesto de trabajo que el actor desempeñó durante aquellos doce años o durante algunos de ellos no se proveyó por medio de adscripción provisional; ni nos encontramos, por tanto, ante un litigio en el que hubiera de computarse para el reconocimiento de la consolidación solicitada un tiempo de trabajo prestado en adscripción provisional”.

La sentencia recuerda que el Acuerdo marco establece que “por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

A ello añade que el grado personal y sus efectos jurídicos han de ser incluidos en el ámbito o en el concepto de “condiciones de trabajo” que utiliza la cláusula transcrita, pues así resulta de la jurisprudencia del TJUE, así como que el trabajador era “comparable” al funcionario fijo que hubiera desempeñado el mismo trabajo que desempeñó aquél durante aquellos doce años.
(Cinco Días, 17-11-2018)

El Gobierno usará 9.330 millones del Tesoro y del fondo de reserva para la extra de las pensiones
El Consejo de Ministros ha autorizado el uso de 6.330 que quedaban sin usar del crédito de 13.830 millones concedido por el Tesoro para pagar pensiones contributivas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Esta nueva cantidad del préstamo se destinará costear las nóminas de noviembre y paga extra de Navidad de los 9,5 millones de pensiones existentes.

Asimismo, el Gobierno también ha informado al Comité de Seguimiento del Fondo de Reserva que dispondrá también de otros 3.000 millones de la hucha de las pensiones para abonar dicha extra navideña. Con esta nueva disposición, el fondo se quedará con una cuantía de entorno a los 5.000 millones de euros.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado la autorización del Gobierno del uso de lo que restaba del préstamo del Tesoro tras la habitual reunión del Ejecutivo de los viernes. No ha hecho, sin embargo, ninguna referencia a la disposición de los 3.000 millones que también se tomarán del fondo de reserva.

El gasto en pensiones se ha incrementado un 1,6% desde agosto pasado debido a las medidas de aumento de pensiones mínimas, asistenciales y de viudedad pactadas por el anterior Gobierno del PP y el PNV y asumidas por el actual Ejecutivo socialista y sus socios presupuestarios de Podemos. Con ello, la nómina y la extra de noviembre superarán los 18.000 millones de euros.
(El País, 17-11-2018)

El Banco de España aboga por la flexibilidad del mercado laboral para combatir el proteccionismo
El Banco de España ve necesario una reforma de las normas del comercio mundial para incluir mecanismos más efectivos que garanticen un campo o de juego "más justo" para defender los beneficios del libre comercio frente al proteccionismo, así como políticas nacionales que pasen por una mayor flexibilidad en el mercado laboral, una red de Seguridad Social "sólida" y la creación de oportunidades educativas.

Así lo ha señalado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en Túnez en una conferencia sobre políticas económicas, integración comercial y creación sostenible de empleo", organizada conjuntamente por el Banco de España, el Banco Central de Túnez y el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed).

Hernández de Cos apuesta por una reforma de las reglas del comercio mundial para defender el libre comercio ante las recientes tensiones en el comercio internacional y la proliferación de medidas proteccionistas. En este sentido, ha mostrado su temor porque la continuidad de las tensiones en el comercio internacional se resuelva con un mayor uso del proteccionismo en detrimento de un enfoque multilateral para su resolución.

Asimismo, ha señalado que en la actualidad el ciclo económico de la economía mundial "parece estar llegando a su punto máximo", al tiempo que el proceso de normalización de la política monetaria en las economías avanzadas continúa, particularmente en Estados Unidos, un proceso que cree que "debería preceder el endurecimiento de las condiciones financieras globales".

"Nos enfrentamos a una fase de moderación del crecimiento con un margen limitado para las políticas económicas", ha advertido Hernández de Cos, quien cree necesario aprovechar la coyuntura actual de datos de crecimiento "satisfactorios" para generar márgenes que permitan una cierta orientación "anticíclica" de las políticas económicas en el futuro.

En el área fiscal, cree que en muchos casos sería preciso avanzar con reformas fiscales que reduzcan las distorsiones del crecimiento y permita a los sectores más vulnerable recibir un apoyo "más decisivo". El gobernador del Banco de España también ha advertido de los "desafíos importantes" que conllevará el envejecimiento de la población para las finanzas públicas, ya que afectará "considerablemente" al gasto en pensiones y salud, y requerirá repensar los sistemas de pensión para garantizar su sostenibilidad.

Según Hernández de Cos, las medidas monetarias no convencionales pueden usarse "con más frecuencia de lo que se esperaba originalmente", en un contexto en el que "muchas" economías emergentes se enfrentan al endurecimiento gradual de las condiciones financieras globales en el marco de una desaceleración en su actividad económica.
(El Mundo, 17-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Maroto tranquiliza a la automoción: la transición será "justa y con financiación"
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad y certidumbre" a la automoción y asegura que la transición propuesta para el sector en la Ley de Cambio Climático será "ordenada, consensuada y justa", al tiempo que estará acompañada de "financiación".

Así lo ha señalado minutos antes de participar en el acto de presentación de la candidatura de Teresa López a la Alcaldía de la localidad. En este marco, la ministra ha insistido que, de momento, esta ley es un borrador que permitirá "debatir" a todas las partes para construir una "España mejor" en un horizonte de 30 años. "Es un debate valiente que la sociedad nos reclama", ha continuado apoyándose en los datos del último CIS que refleja que el 87 por ciento de la población está "muy preocupada por el cambio climático".

No obstante, Maroto ha insistido en mandar un mensaje de "absoluta tranquilidad" al sector de la automoción ante la propuesta de que los coches y vehículos comerciales de gasolina, diésel, híbridos y gas natural dejen de venderse en España a partir de 2040 y que recoge esta Ley de Cambio Climático.

De ahí que haya apelado a la "responsabilidad" de este Gobierno que irá de la mano del sector ante "cualquier alternativa empresarial". La ministra cree que el país afrontar un reto importante como es "combatir el cambio climático y la transformación digital", retos, ha asegurado, que se tiene que convertir en una "oportunidad" para mantener el "liderazgo en automoción".

"Los fabricantes saben que tenemos que llevar a cabo esa transformación pero lo haremos de forma tranquila, dando certidumbre a los consumidores de que se pueden comprar cualquier vehículo porque estamos hablando de lo que va a pasar dentro de 30 años", ha recalcado. El objetivo es buscar un "mundo mejor" y la industria, ha apuntado, está "aportando valor al cambio climático" y va a ayudar a tener "ciudades más saludables".

Además, Maroto ha insistido en que, de momento, la ley no es más que un "borrador" y que la ley que salga del Parlamento será "buena" porque lo hará con el "consenso" de todos los grupos parlamentarios. Por último, se ha referido al capítulo de ayudas, al recordar que la ley lleva aparejado una partida que habla de su financiación y que "blindará" un 20 por ciento de los presupuestos anuales a las medidas que se tomen en materia de cambio climático. "La ley es muy amplia, toca muchísimos elementos que tienen que ver con esa transición ordenada y hay una parte dedicada a la financiación de esa ley que hoy solo es un borrador", ha concluido.
(Cinco Días, 18-11-2018)

El precio de la bombona de butano subirá casi otro 5% a partir de este martes
El precio medio de la bombona de butano subirá un 4,93% a partir de este martes, día 20 de noviembre, hasta los 15,33 euros, frente a los 14,61 euros que cuesta actualmente, según informaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. De esta manera, el precio de la bombona de butano registrará su tercera subida consecutiva, tras el repunte del 4,95% que sufrió en septiembre y el del 4,9% de julio. En las anteriores revisiones de marzo y mayo el precio cayó un 4,9%, respectivamente.

Este aumento en el precio se debe, principalmente, a la amortización del déficit pendiente de recuperar del bimestre anterior, que era de 0,7 euros por botella. Las cotizaciones internacionales apenas se han incrementado en este bimestre respecto al anterior (0,6%), aunque los fletes (+7,6%) y la depreciación del euro (0,4%) sí han contribuido al aumento del precio. Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un incremento de 72 céntimos.

Las caídas del 4,9% en marzo y mayo habían interrumpido la tendencia alcista que mantenía el precio de la bombona de butano, después de que en enero repuntara un 1,6% y en noviembre de 2017 un 2,1%. No obstante, las subidas en el precio se recuperaron el pasado mes de julio. Igualmente, en septiembre del año pasado el precio había descendido casi un 5%, después que en las revisiones de julio, mayo, marzo y enero de 2017 se hubiera incrementado un 5%, en la de noviembre de 2016 un 4,7% y en la de septiembre un 4%, acumulando una subida desde julio de ese año de un 32%, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros.

No obstante, este incremento en el precio de la bombona de butano se debió a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, se llegaron a acumular esas seis revisiones bimestrales al alza. Pese a estas últimas subidas, el butano se encuentra lejos de los 17,5 euros que llegó a registrar en marzo de 2015, que es el tope legal fijado.

El nuevo precio de la bombona de butano estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de enero, cuando se revisará de nuevo. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos.
(Expansión, 18-11-2018)

Sector

La huelga de jueces y fiscales abre el debate sobre su derecho al paro
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no va a fijar servicios mínimos al no estar desarrollado normativamente este derecho; la Fiscalía General del Estado sí va a asegurar que las actuaciones que resulta urgentes estén cubiertas; y el Ministerio de Justicia pretende descontar el día de su sueldo a los huelguistas, algo que no había ocurrido en anteriores huelgas.

La huelga convocada es el resultado de una serie de reivindicaciones que lleva realizando la carrera fiscal y judicial desde hace por lo menos dos años y que no se han visto cumplidas. Ya hicieron este paro con Rafael Catalá siendo ministro de Justicia y ahora le toca el turno a Dolores Delgado.

Las asociaciones de jueces y fiscales consideran que al Gobierno y la oposición lo único por lo que se preocupan en temas judiciales es repartirse los vocales del CGPJ. Consideran que “para mejorar la Justicia”, devolver a sus profesionales “el nivel salarial de antes de la crisis, crear órganos judiciales, modernizar y dotar los medios materiales” necesarios o “incrementar la autonomía” del Ministerio Fiscal, “nunca hay dinero ni interés”.

“La situación crítica que atraviesa la Justicia -anticuada, obsoleta, insuficiente, lenta- es salvada únicamente por el esfuerzo diario de quienes trabajamos en Justicia”, dicen las organizaciones en diversos comunicados, que inciden en que la “responsabilidad personal” de los operadores jurídicos hizo posible que en 2017 se resolvieran “pese a todo”, 5.478.410 asuntos en 2017. “Todo ello, en un ambiente de desafección de la Carreras Judicial con sus representantes y ante una crisis de imagen de la Justicia sin precedentes”, añaden.

Uno de los puntos más conflictivos a la hora de afrontar esta huelga es que hasta ahora nunca se había descontado de su salario el día de huelga para aquellos que habían decidido hacerla. Sin embargo, en esta ocasión, desde el Ministerio de Justicia su intención es descontarlo para que se asemejen al resto de trabajadores que deciden acogerse a su derecho de huelga.

Diversas fuentes conocedoras de las negociaciones sostienen que alguna de las asociaciones no estaba de acuerdo con que su salario se viera mermado por disfrutar de su derecho a la huelga e incluso se planteó que los días posteriores pudieran utilizar horas extras, pagadas, para recuperar el trabajo perdido de aquel día.

Aunque es cierto que su derecho a la huelga no está regulado, desde el Departamento de Delgado se pretende conseguir una lista de huelguista y descontarles el día de su sueldo. Para ello, necesita la ayuda del órgano de los jueces, todavía presidido por Carlos Lesmes, y de la Fiscalía General del Estado, con María José Segarra al mando.

Las dos instituciones informarán al Ministerio de los datos de huelguistas, quienes a su vez habrán tenido que enviar un correo electrónico y comunicar a sus superiores su falta al trabajo el lunes para hacer huelga.

El Ministerio tiene previsto quitarles ese dinero, pero hasta que no llegue el lunes y compruebe qué datos se les aporta y que fiabilidad tienen no podrá decidir definitivamente si se les puede aplicar de manera efectiva ese derecho.
(La Vanguardia, 19-11-2018)

 
 
 
 
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