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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE NOVEMBRE DE 2018

Mercantil, Civil i administratiu

Actualización de los anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del Real Decreto 750/2010 por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques
Orden ICT/1212/2018, de 12 de noviembre, por la que se actualizan los anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas propulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.
(BOE, 20-11-2018)

Medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales
Real Decreto 1387/2018, de 19 de noviembre, por el que se extiende el ámbito de aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales, y en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 9 y 23 de diciembre de 2016, a los daños sufridos en infraestructuras municipales como consecuencia de catástrofes naturales ocurridas hasta la finalización del mes de junio de 2017.
(BOE, 20-11-2018)

Euro
Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/index.php?d=280&s=3



RECULL DE PREMSA DEL 20 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

"España no se va a dejar amenazar por nadie"
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechaza las críticas de la Embajada de EEUU en España al nuevo impuesto sobre servicios digitales, más conocido por la Tasa Google. "España es un país que no se va a dejar amenazar por nadie", ha declarado tras revelar la oposición frontal del embajador estadounidense Duke Buchan al impuesto por considerarla una medida "unilateral" sin esperar al consenso de la OCDE.

Montero ha apuntado que EEUU "se alía con los intereses de grupos tecnológicos", y ha defendido el impuesto porque estos gigantes están practicando "competencia desleal" y deben pagar más impuestos, a su juicio. Montero cree que, al menos por ahora, "el tono del embajador no es de amenaza", pero se ha mantenido firme en lanzar en España "esta fiscalizad del siglo XXI", sin esperar consenso con EEUU en la OCDE.

La Embajada sostiene que la tasa "frenaría la innovación en España" y puede provocar que los grupos digitales trasladen inversiones a otros países". La ministra ha dicho que comprende que EEUU quiera "proteger algunos intereses", pero ha recalcado que el impuesto afecta a grupos con ingresos internacionales superiores a los 750 millones, por lo que pueden permitirse este aumento de presión fiscal.
(El Mundo, 20-11-2018)

Laboral

Los próximos cambios del mercado laboral podrían llevarse a cabo sin el acuerdo con las empresas
“Parece que el Gobierno está dispuesto a considerar como acuerdo solo el pacto con los sindicatos, porque con lo que plantean no van a tener el respaldo de los empresarios; y, aun así, parece que quieren sacar su reforma adelante”, aseguraba ayer un representante patronal conocedor de la marcha de esta mesa negociadora. De esta misma opinión son los sindicatos, quienes consideran que los próximos cambios del mercado laboral podrían llevarse a cabo sin el acuerdo con las empresas.

En la reunión mantenida ayer por todas las partes estaba previsto dejar cerrada la reforma de la ultraactividad, de forma que se restituyera la prórroga automática de un convenio colectivo hasta que no se acuerde un convenio nuevo que lo sustituya. La intención del Gobierno es volver así a la situación anterior a la reforma laboral del PP de 2012, que fijó un límite de doce meses para negociar convenios vencidos, de forma que, transcurrido ese tiempo, el convenio y las condiciones laborales en él recogidas decaen.

Los representantes de CC OO y UGT respaldan este cambio de la negociación colectiva, pero CEOE-Cepyme no lo avala de ninguna manera. Según los empresarios, el límite de un año en la ultraactividad “no ha dado grandes problemas”. Y añaden que la mayoría de los convenios ya incluyen que se mantendrán vigentes hasta que no haya uno nuevo, con lo que el límite de los 12 meses no opera.

Además, desde CEOE insisten en que los posibles cambios en la ultraactividad de los convenios estaban dentro de los temas que patronal y sindicatos acordaron abordar de forma bilateral, al margen del Gobierno, cuando firmaron el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva 2018-2020.
(Cinco Días, 20-11-2018)

La Seguridad Social aplaza el cobro de cuotas a los afectados por el temporal de lluvias
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) autoriza a diferir el pago de las cuotas a las empresas y los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias y desbordamientos de torrentes que se produjeron entre el 18 y el 21 de octubre en Tarragona. También se podrán beneficiar los empresarios víctimas del temporal durante esas fechas en Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Teruel y las Islas Baleares.

El aplazamiento empezará a computar en la liquidación del mes de octubre, excepto en el caso de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a los que les computará en la liquidación correspondiente al mes de noviembre.

Se autoriza a las empresas y autónomos que lo soliciten a diferir el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas de la Seguridad Social por todas las contingencias, así como los conceptos de recaudación conjunta con aquellas.

Las solicitudes deben presentarse antes del 1 de diciembre. Será necesario acreditar los daños sufridos con documentación expedida por los ayuntamientos, la subdelegación del Gobierno, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o la entidad estatal de Seguros Agrarios (ENESA). Los titulares de las direcciones provinciales de la TGSS, resolverán cada petición. Si no se utiliza el plazo de ingreso diferido, una vez autorizado, no se tendrá derecho a la devolución de las cuotas ingresadas.

A raíz del acuerdo del Consejo de Ministros, del 2 de noviembre, sobre las provincias afectadas por los aguaceros que fueron declaradas “zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil”, la resolución por el aplazamiento de la TGSS se publicó en el BOE el 17 de noviembre.
(Cinco Días, 20-11-2018)

España escala un puesto en el ránking mundial de talento
En la edición 2018 del informe, que evalúa a los países en base a los factores de atractivo, preparación e inversión y desarrollo, ha destacado el "liderazgo" de Europa occidental, mientras que Europa oriental ha experimentado "cierto retraso", según ha explicado IMD. "Este año los países con mejores resultados en talento competitivo son principalmente economías europeas de tamaño medio, que destacan asimismo por sus altos niveles de inversión en educación y por su calidad de vida", ha indicado el director del Centro de Competitividad Mundial de IMD, Arturo Bris.

En el ranking de 2018 España ha aventajado a Italia, que ha caído al puesto 32, mientras que se ha mantenido por encima de Grecia, que se ha situado en la posición 44. Por otro lado, la mayoría de los países de Europa del Este se ha situado por debajo, con la excepción de Estonia (puesto 28) y Eslovenia (puesto 30). Dentro del factor de atractivo, España se ha mantenido en el puesto 25, principalmente por la remuneración de los directivos y la calidad de vida. No obstante, atendiendo al indicador de atracción y retención de talento España cae a la posición 58, una de las últimas del ranking.

En referencia al factor de preparación, que atiende a la eficacia de la formación universitaria y empresarial, España se ha situado en el puesto 40, escalando una posición. Mientras tanto, en el ranking relativo a inversión y desarrollo, la economía española ha descendido seis escalones, hasta el puesto 36.

A nivel global, Suiza y Dinamarca han mantenido las dos primeras posiciones de la lista, respectivamente. En tercera posición se ha situado Noruega, que escalada desde el séptimo lugar. De su lado, Bélgica ha experimentado una caída hasta el puesto número 11, tras haberse situado en tercer lugar en la edición anterior. De los 63 países analizados, las tres últimas posiciones son para México (61), Mongolia (62) y Venezuela (63).
(Expansión, 20-11-2018)

Nueva exigencia a las compañías para que lleven un registro horario de todos sus empleados
La otra cuestión que el Gobierno quiere sacar adelante y para la que, en principio, tampoco tendría el apoyo empresarial, es la nueva exigencia de que las compañías lleven un registro horario de todos sus empleados. “Quieren ponerse muy duros en el control del tiempo parcial y de las horas extraordinarias –indica un responsable patronal– y para eso establecen el control de registro horario”.

Con ello, el Gobierno obligaría por ley a que todas las empresas guardaran el registro de cuándo sus empleados entran y salen de trabajar, para facilitar a la Inspección de Trabajo que calculen las horas extra y el tiempo parcial de los trabajadores.

Actualmente, la ley solo recoge la obligatoriedad de que el empresario registre las horas extraordinarias de sus empleados. Hace dos años la Inspección de Trabajo empezó a exigir el registro horario de toda la jornada para poder determinar si se hacían o no horas extraordinarias. Aquello despertó numerosas críticas de las empresas, a las que el Tribunal Supremo terminó dando la razón al indicar que la ley actual solo exige el registro de las horas extras y no del resto de la jornada.

Ahora el Gobierno quiere cambiar la ley para que este registro empresarial obligatorio afecte al horario completo del trabajador. Fuentes patronales insisten en que los empresarios no pueden estar en un acuerdo que incluya, entre otras estos dos cambios legales. A este desacuerdo sobre el contenido de los cambios que pretende acometer el Gobierno, se une la incógnita de la herramienta legal que usará el Ejecutivo para llevarlas a cabo.

Fuentes de esta negociación aseguran que el Gobierno ha descartado que estas medidas pudieran tener cabida en los Presupuestos Generales del Estado. En su lugar, apostarán por un Real Decreto Ley que incluya todas las modificaciones de la normativa laboral.

También en este punto tienen en contra a los empresarios que consideran que “ninguno de estos cambios justifica la urgencia que exige un Real Decreto”. Fuentes de esta negociación aseguran que, por ejemplo, en el caso del registro horario, el Gobierno argumentará dicha urgencia por la realización de 2,7 millones de horas extraordinarias sin justificar. Y, dado que Trabajo optará por un decreto, el PSOE deberá dejar morir una iniciativa legislativa que perseguía este mismo registro.
(El País, 20-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El banco también debe asumir el coste de la cancelación de la hipoteca
El banco debe asumir el gasto de la cancelación registral de la hipoteca. Así lo establece una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia (accede aquí al texto), que condena a Kutxabank a devolver la cantidad total del desembolso efectuado por los clientes hipotecados para cancelar la hipoteca que les había concedido.

En su resolución, el tribunal rechaza la alegación del banco que consideraba que el hipotecado era el único interesado en hacer desaparecer la carga del Registro de la Propiedad. Según señalan los magistrados, la inscripción se hizo en beneficio y garantía de la parte prestamista, es decir del banco. De ahí que, llegando a la misma conclusión que la sentencia de instancia, establece que el gasto de su cancelación corresponde a la entidad financiera. Si el gasto de constitución era innecesario para el cliente, ni tiene que afrontar la carga de la inscripción en el Registro de la Propiedad, ni el desembolso por la desaparición o cancelación de la misma, que no hubiera existido si no se hubiera registrado.

Kutxabank pretendía hacer valer que la cláusula anulada en instancia solo afectaba a los gastos de constitución, no a los de cancelación de la hipoteca, pero los magistrados rechazan este argumento. Una vez pagado el préstamo y atendida la obligación principal, la garantía desaparece y aquel en cuyo interés se inscribió tendrá que atender igualmente a los gastos de su desaparición.

Esta decisión obligó al banco a reintegrar cerca de 600 euros por gastos de notario, Registro de la Propiedad y gestoría y es un nuevo revés para las entidades financieras que obligan a los prestatarios a asumir gastos que no les corresponden.
(Cinco Días, 20-11-2018)

El BCE ve insuficiente el fondo europeo anticrisis
El Banco Central Europeo ha acogido de forma positiva, pero con no pocos matices, la propuesta de la Comisión Europea de puesta en marcha de un fondo europeo anticrisis. La primera propuesta de solidaridad entre los países europeos tras una década de crisis en la zona euro. El pasado mes de junio, Bruselas planteó la creación del denominado Fondo europeo de Estabilización de la Inversión (EISF, por sus siglas en inglés), para socorrer a los países de la zona euro que sufran un fuerte shock económico coyuntural.

El BCE realiza, eso sí, una serie de recomendaciones en una carta firmada por su presidente, Mario Draghi, y enviada al Parlamento Europeo. Entre otras cuestiones, afirma que el fondo debe contar con un “tamaño suficiente”, superior a los 30.000 millones de euros propuestos por la CE. Recuerda que esta cuantía solo supone un 0,3% del PIB de la zona euro.

La propuesta de la Comisión Europea pasa porque la partida del fondo esté incluida en los Presupuestos de la UE para 2021-2027. Una cuantía que se concedería a través de préstamos sin coste ni condiciones para que los países afectados por un batacazo económico puedan mantener la inversión mientras destina sus recursos propios a necesidades presupuestarias más urgentes.

El plan de la Comisión Europea es emitir deuda en el mercado, con el respaldo de esos 30.000 millones. Los intereses serían financiados, según la propuesta del organismo presidido por Jean-Claude Juncker, por los ingresos derivados de la emisión de moneda en la zona euro, que el BCE reparte entre los bancos nacionales. Unos ingresos que rondan los 8.000 millones y de los que Bruselas quiere utilizar un 6%.

Para calcular cuánto debe aportar cada país de esta partida, Juncker pide al BCE que le informe de cuánto dinero reparte a cada uno de los bancos centrales. El Consejo de Gobierno del BCE, preguntado por el Parlamento Europeo al respecto, lo rechaza frontalmente. Draghi alega a la independencia de la institución, pero se muestra dispuesto a cooperar con la CE. “No es legalmente necesario o deseable imponer una obligación legalmente vinculante al BCE para lograr esta cooperación”, afirma.

El BCE critica además los criterios tenidos en cuenta para poder solicitar financiación de este fondo por parte de un país –la tasa media de desempleo de los últimos 15 años– y asegura que, por otro lado, no tiene en cuenta las rigideces en materia laboral de cada Estado miembro, ni las políticas adoptadas para la reducción del déficit excesivo.

Con las negociaciones del próximo presupuesto de la UE sobre la mesa, los ministros de Finanzas de Francia y Alemania presentaron ayer una propuesta de un presupuesto específico para la moneda única, con el objetivo de reforzar la capacidad del euro ante futuras crisis. Una propuesta rechazada por Holanda y sobre la que Calviño afirmó que aún no existe unanimidad.
(Expansión, 20-11-2018)

El presidente de la CNMV aboga por eliminar los informes trimestrales de resultados empresariales
El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, ha asegurado que el modelo de un supervisor de conducta y otro de solvencia es el más adecuado, en lugar de uno sectorial, como el actual. Ahora, el organismo que él preside se encarga de vigilar la solvencia de los intermediarios financieros y también su conducta, según ha explicado en la convención anual de mercados financieros convocada por la Asociación de Mercados Financieros (AMF).

El modelo por el que ha abogado Albella es el denominado twin peaks, en el que el Banco de España y el BCE se encargarían de todos los aspectos relacionados con la solvencia de brókeres, bancos y aseguradoras, y la CNMV, de que las actuaciones de todas estas entidades sean adecuadas. Este es el modelo adoptado en Reino Unido, con la Financial Conduct Authority (FCA) por un lado y el Banco de Inglaterra, con la Prudential Regulation Authority (PRA), por otro.

El presidente de la CNMV, sin embargo, ha admitido que esta cuestión no supone una prioridad y que durante 30 años se ha ejecutado una labor de supervisión sectorial sin problemas. Ahora, cada supervisor se encarga de la conducta y de la solvencia de sus entidades: el Banco de España de entidades financieras, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), de las aseguradoras, y la CNMV, de las empresas que prestan servicios de inversión.

Respecto a la obligación de entregar información de los trimestres concluidos el Albella ha recordado que España es uno de los pocos países de la UE que exige información financiera a cierre de marzo y de septiembre. Europa, a través de una directiva publicada en noviembre de 2013, eliminó la obligación de que las empresas cotizadas la obligación de publicar una declaración intermedia o un informe financiero trimestral, si bien España fue el único país, junto con Polonia y Rumanía que lo siguen exigiendo.
(El País, 20-11-2018)

Fomento iniciará la promoción de 5.000 viviendas para alquiler de menos de 400 euros
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado este lunes que el ministerio va a transferir 21,5 millones de euros a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para promover la construcción de más de 5.000 viviendas. Los inmuebles se destinarán a alquiler social, que no superará los 400 euros mensuales, y se ubicarán en Madrid, Valencia, Sevilla, Ibiza y Málaga.

El titular de Fomento ha apuntado que la promoción de estas 5.000 viviendas se suma a las 1.540 incluidas en el Plan Estatal de Vivienda. Con ello se alcanzará casi un tercio de las 20.000 viviendas para parque público de alquiler que anunció en el Congreso.

En concreto, Ábalos aseguró el pasado julio durante su comparecencia en la Cámara baja que el ministerio promovería entre los cuatro y seis próximos años 20.000 viviendas públicas. Este lunes, el ministro ha recordado que el parque público actual en España es "de los más bajos de Europa", ya que supone alrededor del 2,5% del total. La incapacidad de contener las subidas de precios, ha añadido, convierte a la vivienda "en un quebradero de cabeza para las clases medias y en una quimera para los jóvenes". Por ello se ha comprometido a sacar adelante una Ley Estatal de Vivienda que, según ha especificado, continúa en fase de diálogo con las administraciones autonómicas, ya que se trata de una competencia transferida.

Para Ábalos, las primeras medidas que el Gobierno ha puesto en marcha sientan las bases de una política encaminada a garantizar el acceso a la vivienda. No obstante, ha asegurado que es consciente de que esta tarea requerirá del concurso de todas las administraciones y fuerzas políticas. Por ello, ha instado a alcanzar "un gran pacto de Estado por la vivienda en España" al tiempo que ha señalado que mientras tanto el Gobierno intentará sacar decretos para algunas medias "urgentes" en la materia.

El ministro también ha admitido que baraja abaratar el precio del peaje de las nueve autopistas quebradas que gestiona a través de Seittsa, con el fin de fomentar su uso y que aumenten el tráfico. Ábalos ha señalado que se estudia poner a esas vías "precios razonables" y dar "ciertas ventajas para los vecinos" de las zonas en las que se encuentran. Fuentes del Ministerio señalan que se trata de una "intención" y que se está valorando si una bajada de precios compensaría los ingresos mediante el aumento del número de usuarios de estas vías, actualmente infrautilizadas.

El titular de Fomento se ha pronunciado de esta forma al indicar que su departamento no prevé volver a sacar a concurso las autopistas quebradas para ceder de nuevo su gestión a la iniciativa privada hasta que tenga calculado el importe que el rescate de las autopistas en la anterior legislatura supondrá para las arcas públicas. De momento, ha indicado, estas nueve vías seguirán siendo gestionadas por el ministerio a través de la sociedad Seittsa. Para ello, el Ejecutivo ha dado cobertura legal a través de un real decreto ley recientemente aprobado en Consejo de Ministros y que este jueves afronta su debate de convalidación en el Congreso.
(La Vanguardia, 20-11-2018)

Sector

El Supremo declara ilegal que Hacienda investigue globalmente a los abogados
Hacienda no puede argumentar un plan de control tributario para pedir los datos personales de todos los abogados y procuradores que han participado en procedimientos judiciales en un periodo de tiempo. Así lo establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una sentencia (accede aquí al texto) que estima el recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dio el visto bueno parcial a la petición de la Agencia Tributaria. El único dato sensible que el CGPJ se negaba a dar era el del cliente de estos profesionales.

En su sentencia, el Supremo declara dicho informe contrario a derecho. La Sala argumenta que los planes de control tributario de Hacienda no justifican una solicitud global sobre la totalidad de los abogados como la realizada.

Dicho acuerdo, de 20 de julio de 2017, admitía la entrega de la información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016. La Comisión Permanente informaba favorablemente, de conformidad con un informe del Gabinete Técnico del Consejo, sobre la petición formulada por la Agenda Estatal de la Administración Tributaria relativa a la remisión de información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016, salvo en el dato que pretendía Hacienda relativo a la identificación del cliente.

Asimismo, la Comisión Permanente del CGPJ establecía la comunicación del acuerdo, junto con el informe del Gabinete Técnico, al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de los tribunales superiores de justicia para su conocimiento y difusión entre los órganos judiciales de ellos dependientes, “a los efectos de que, en atención a lo pedido por la AEAT, decidan sobre este requerimiento a la luz de las consideraciones recogidas en el expresado informe y en el aprobado por la Comisión Permanente del día 27 de julio de 2016, en su condición de responsables de los ficheros jurisdiccionales”.

Los datos de los que quería disponer Hacienda eran la identificación, referente a 2014,2015 y 2016, de cada abogado y procurador que hubiese intervenido en procesos judiciales en cualesquiera de los juzgados y tribunales con sede en cualquier parte del territorio nacional, con datos como fechas de inicio de su intervención en el procedimiento, importe en litigio o identificación del cliente (la remisión de este último dato fue informado en contra por el CGPJ).

Entre otros argumentos para considerar disconforme a derecho el acuerdo, el Supremo explica que los planes de control tributario de Hacienda de 2016 y 2017 no justificaban un requerimiento de información dirigido globalmente a la totalidad del colectivo de la Abogacía como es el que era objeto de controversia.
(Cinco Días, 20-11-2018)

Marchena renuncia a la presidencia del CGPJ
El presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha retirado su candidatura a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, para sustituir a Carlos Lesmes. Marchena se retira para garantizar la independencia tras conocerse los mensajes que mandó el portavoz del grupo popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que presumía de que se aseguraban el control de la sala segunda del Tribunal Supremo.

Las asociaciones judiciales habían expresado su respeto por la figura del magistrado Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el alto tribunal en sustitución de Carlos Lesmes. Sin embargo, los colectivos rechazaron en términos muy duros que su nombre, pactado entre el PP y el PSOE, viera la luz sin que se hubiera cerrado la composición de los 20 vocales que renovarán el órgano de gobierno de los jueces y que, según la ley, son los que, en teoría, tienen que elegir al presidente en la sesión constitutiva. Este hecho ha supuesto, según ellos, la demostración gráfica de la politización del órgano constitucional llamado a defender la independencia de los 5.500 jueces y magistrados españoles.
(El Mundo, 20-11-2018)

 
 
 
 
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