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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 DE NOVEMBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 20 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 21-11-2018)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 21-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/index.php?d=281&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 21 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

CEOE recorta una décima, hasta el 2,6%, su previsión de crecimiento del PIB para 2018
CEOE ha recortado una décima, hasta el 2,6%, su previsión de crecimiento del PIB para este año, alineándose así con las estimaciones de la Comisión Europea, según la última publicación de su Panorama Económico. No obstante, para 2019, la organización empresarial mantiene su previsión en el 2,3%, una décima por encima de lo que Bruselas calcula que crecerá la economía española el próximo año.

La CEOE justifica la revisión a la baja de su estimación de PIB para este año en la estabilización del crecimiento trimestral de la economía española en el entorno del 0,6%. "La economía española continúa creciendo a ritmos notables dentro de un contexto europeo más debilitado", argumenta la patronal, que advierte de que el patrón de crecimiento de este año está "más desequilibrado" que en 2017 por el debilitamiento de las exportaciones.

De hecho, la CEOE prevé que las exportaciones cierren el año creciendo sólo un 1,7%, su menor avance desde el inicio de la recuperación. Todo ello, argumenta, está influyendo en la balanza de pagos, que mostrará un superávit menor, inferior al 1% del PIB.

Asimismo, la organización que aún preside Juan Rosell ha alertado del estancamiento e incluso la caída de la productividad y el repunte de los costes laborales. "Este comportamiento perjudica la competitividad de la economía española, lo que unido a la mayor incertidumbre y al previsible aumento de los costes para las empresas, podrían frenar el crecimiento y la creación de empleo en los próximos trimestres", expone.

Por otro lado, la CEOE sí aprecia que la creación de empleo ha estabilizado su crecimiento en tasas cercanas al 3% interanual, rompiendo la tendencia de desaceleración observada desde comienzos de año.
(Expansión, 21-11-2018)

La Eurocámara y los gobiernos de la UE no logran pactar un presupuesto comunitario para 2019
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE -los Estados miembros- han sido incapaces de alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario de 2019 antes de la fecha límite establecida (el lunes por la noche), lo que obliga a la Comisión Europea a presentar un nuevo borrador que debe ser aprobado antes de que finalice el año.

Así lo han anunciado ambas instituciones en sendos comunicados, en los que precisan que sus equipos reconocieron dos horas antes de las 00.00 horas de esta noche que era imposible acercar posturas lo suficiente como para desencallar las negociaciones.

Las posturas iniciales con respecto al montante del presupuesto ya daban cuenta de las diferencias entre ambas, puesto que la Eurocámara abogaba por elevar a 166.300 millones de euros los compromisos de pago (financiación máxima que puede acordarse) y a 149.300 millones los créditos de pago (dinero realmente desembolsado), mientras que los gobiernos preferían reducir a 164.100 millones los compromisos y a 148.200 millones los créditos.

El Consejo de la UE ha defendido que hizo una propuesta "constructiva" que iba incluso "más allá" del planteamiento inicial de Bruselas, pero el Parlamento Europeo "prefirió usar fondos no usados de años anteriores relacionados con proyectos de investigación". "Al Consejo le preocupaba que esto crease un precedente, con consecuencias desconocidas para el futuro", ha explicado.

El presidente de la comisión de Presupuestos de la Eurocámara, Jean Arthuis, ha confirmado que el principal desencuentro ha sido "las reservas del Consejo sobre la posibilidad de reutilizar fondos no utilizados de 2017 para completar el programa de investigación Horizonte 2020 en 2019".

"Las partes han acordado continuar el diálogo en las próximas semanas para conseguir el mejor presupuesto posible que cumpla con las expectativas de los ciudadanos en 2019 en campos de investigación para el futuro, Erasmus+, la Iniciativa de Desempleo Juvenil, el apoyo a las pymes y la gestión de la migración", ha señalado el liberal francés.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Austria, Hartwig Löger, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE, ha garantizado que los gobiernos se han esforzado durante todo el proceso para encontrar una solución "que equipe a la UE para los retos del futuro", al tiempo que ha mostrado su confianza en llegar a un pacto antes de que finalice el año.
(El País, 21-11-2018)

El TEAC aclara quién debe justificar los gastos de viaje y dietas si hay una inspección
Cuando un trabajador percibe dietas de su empresa por los gastos de viaje, comidas y alojamiento no tiene que tributar por estos en su declaración de la renta (IRPF). Pero como algunas sociedades abusan de esta vía para pagar más a sus empleados sin aumentar su carga fiscal, la Agencia Tributaria vigila con celo estos gastos. Verifica que realmente se han producido y que efectivamente está relacionado con la actividad laboral. En caso contrario, el fisco considera que se trata parte de la retribución por el que se debe tributar. Pero si se abre una investigación, ¿es la empresa o el trabajador que gastó quien tiene la responsabilidad de ofrecer pruebas? Depende.

Durante mucho tiempo ha surgido la duda sobre quién tiene que justificar estos gastos cuando la Agencia Tributaria inicia una comprobación a un empleado, porque se da la circunstancia de que, aunque es el empleado el que cobra las dietas, los recibos o facturas que lo justifican suelen estar en manos de la empresa. El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), la instancia administrativa que dilucida las cuestiones tributarias, y unifica el criterio de la Administración, dictó una resolución el pasado 6 de noviembre en el que aclara algunos aspectos de esta controversia.

El TEAC advierte de que "no existe obstáculo normativo que impida a la Administración comprobar al perceptor de retribuciones que han sido declaradas como dietas y asignaciones para gastos de viaje exoneradas de gravamen, en relación con las mismas". José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, aclara: "Esto quiere decir que cualquier trabajador que haya percibido dietas puede sufrir una comprobación en su IRPF. Cuestión diferente es quién tiene la carga de la prueba de acreditar la realidad de las dietas, y su vinculación con la actividad laboral.

Lo primero que comprueba Hacienda cuando abre una inspección por esta cuestión es analizar si los gastos están relacionados con la actividad de la empresa. Salcedo explica que "esta no es una cuestión baladí. En la mayoría de los casos, Hacienda obliga a los trabajadores a tributar por estas dietas porque éstos no han podido acreditar su realidad ni su conveniencia para la actividad. Por tanto, en la medida en que dicha prueba correspondiera a la empresa, y no al trabajador, estas liquidaciones podrían ser anuladas".

Precisamente por esto, el TEAC, aclara en su resolución qué documentación corresponde aportar respectivamente, a trabajador y empresa, en estos casos. El resumen de la resolución es que el trabajador deberá justificar las estancias y los viajes cuando se desplace en transporte público. Y la empresa le toca dar cuenta de los gastos de locomoción cuando el desplazamiento sea en vehículo privado y los gastos de manutención.

Y así lo explica el TEAC: "Los gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado así como los gastos de manutención, deben ser acreditados por el pagador, pues a él le corresponde justificar el día y lugar del desplazamiento que, junto con el motivo o razón de éste, son precisamente los extremos que permiten acreditar que las cantidades (euros por kilómetro o euros por día) establecidas en la norma quedan exoneradas de tributación por obedecer a razones laborales y de desarrollo de su actividad económica. Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de los mismos si dispusiera de ella".

Salcedo precisa que la empresa deberá justificar la veracidad de los gastos de locomoción con vehículo privado y los gastos de manutención. Y tendrá que probar el día y el lugar del desplazamiento. Además, la empresa deberá justificar la razón o motivos de los desplazamientos. Es decir, que las dietas pagadas obedecen a razones laborales y de organización de la actividad.

Por otra parte, el TEAC también sostiene que "los gastos de locomoción en caso de haberse utilizado un medio público de transporte, así como los de estancia (con la salvedad de los correspondientes a conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera que no excedan de las cantidades diarias señaladas en la norma), habrán de justificarse, en principio, por el empleado o perceptor de las dietas, al no atribuir la norma la carga de dicha prueba a la entidad pagadora, haber sido satisfechos por él, estando los justificantes expedidos a su nombre, y regir, en definitiva, el criterio general sobre reparto de la carga de la prueba del artículo 105 de la LGT y que atribuye al obligado tributario acreditar aquellos hechos que le favorecen. Lo mismo cabría señalar de los gastos de aparcamiento o peaje en el caso de que se hubiese utilizado un vehículo privado".
(El País, 21-11-2018)

Laboral

Garamendi se pone hoy al frente de CEOE con intención de lograr una patronal más influyente
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Cepyme) y actual vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, será elegido hoy nuevo presidente de la CEOE en sustitución de Juan Rosell. Es la segunda vez que Garamendi se presenta a unas elecciones para presidir la patronal tras perder hace cuatro años frente a Rosell. En esta ocasión, sólo Garamendi ha presentado su candidatura y cuenta con un amplio apoyo de las organizaciones miembro de la CEOE, por lo que no es descartable su nombramiento por aclamación en la Asamblea Electoral de hoy.

Con su nombramiento, el empresario vasco se convertirá en el quinto presidente de la CEOE desde su fundación (1977) tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell. Al acto asistirán la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; el presidente del PP, Pablo Casado, y los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez. Garamendi, nacido en 1958 en Getxo (Vizcaya), es licenciado en Derecho, empresario y exconsejero de REE.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos puestos, entre ellos el de consejero delegado de Bankia, presidente del Grupo Negocios, consejero de Babcock & Wilcox y de Tubos Reunidos, presidente de la patronal de jóvenes empresarios Ceaje, y vocal de la Cámara de la Propiedad de Vizcaya. Rosell finalizaba su mandato el próximo 17 de diciembre tras ocho años a los mandos de la organización empresarial. Los estatutos de la patronal tienen limitado a ocho años (dos mandatos consecutivos de cuatro años) el tiempo en el que puede permanecer la misma persona en la presidencia de la organización.

En las últimas semanas, Garamendi ha expresado su intención de impulsar la transparencia y la participación de las organizaciones miembro de la CEOE cuando sea presidente. También, ha destacado la importancia de que la organización empresarial mantenga su independencia, "desde la moderación y el sentido de Estado", y de que se ponga en valor a la empresa y a los empresarios.

"La CEOE intentará aportar su granito de arena para mejorar las cosas en España. A veces nos tocará ser el "Pepito Grillo", pero siempre intentaremos trabajar en positivo", apuntaba hace unas semanas el empresario vasco. Entre los retos a los que se enfrentará Garamendi como presidente de la CEOE se encuentran los cambios en la legislación laboral y fiscal que pretende acometer el Gobierno, la aplicación del acuerdo de negociación colectiva firmado con los sindicatos hasta 2020 y la situación en Cataluña, cuestión esta última en la que Rosell se granjeó algunas críticas, acusado de mostrar cierta tibieza ante el desafío secesionista.

Con su elección al frente de la CEOE, Garamendi tendrá que abandonar la presidencia de Cepyme, cargo que ostenta desde 2014 y que tendrá que abandonar para ser sustituido por uno de los diez vicepresidentes de la organización, de acuerdo con los estatutos de la patronal de las pymes.
(Cinco Días, 21-11-2018)

El Congreso reclama medidas para ampliar los límites de la tarifa plana
El Pleno del Congreso ha reclamado la ampliación a tres años de la tarifa plana vigente para los trabajadores por cuenta propia. Del mismo modo, también ha pedido extender esta tarifa plana a las personas desempleadas de larga duración con más de 52 años, así como a las víctimas de violencia de género, a jóvenes menores de 30 años y a las personas con una discapacidad superior al 33 por ciento.

La iniciativa ha sido aprobada por la Cámara Baja, fruto de una proposición no de ley defendida por el Partido Popular y pactada con Ciudadanos y PDeCAT. También fue respaldada por UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. En contra han votado Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco, mientras que PSOE, Unidos Podemos y Compromís también votaron en contra junto a Bildu y Nueva Canarias, según la información publicada.

También se pidió al Gobierno que la subida del SMI que no suponga ningún aumento de la base mínima de cotización para los trabajadores autónomos, así como una cuota reducida para los que no alcancen con sus ingresos ese salario mínimo.

Por último, también se ha pedido que se impulse una reforma del RETA teniendo como base las conclusiones de la subcomisión creada a tal efecto en el Congreso, y con el acuerdo de las organizaciones que representan al colectivo.
(Cinco Días, 21-11-2018)

El Salario Mínimo también enfrenta a las asociaciones de autónomos
Las propias asociaciones de autónomos no se ponen de acuerdo en aspectos fundamentales que afectan a este colectivo. La semana pasada se hizo visible la diferencia de postura entre unas asociaciones que anunciaban un acuerdo sobre las cuotas a la Seguridad Social, mientras otras se desmarcaban por completo. Este tipo de situaciones se han dado recientemente con diversos asuntos, como por ejemplo con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), la subida del SMI a 900 euros en 2019 que se contempla desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez “no perjudica al colectivo”. De hecho, para esta asociación la subida “beneficiará” a los autónomos, por lo que cree que las críticas al incremento son “ideológicas y rotundamente falsas”.

“La subida del SMI se traduce en una mayor capacidad adquisitiva, en más consumo y en más demanda interna, con lo que se incentiva el trabajo de los autónomos en todos los sectores”, han señalado en un comunicado desde UATAE. "Es una gran noticia que se vayan subiendo los salarios más bajos y que los avances en materia social y económica tengan una traducción de mejora y equilibrio de la balanza", han subrayado.

Bajo la perspectiva de esta asociación, las críticas por la subida del SMI son ideológicas, así como califican de “rotundamente falso” que los autónomos empleadores vayan a asumir más gastos por los empleados que tienen contratados actualmente. “Las contrataciones se rigen por convenios colectivos que, en su totalidad, ya están por encima del SMI que se quiere poner en vigor”, han comentado.

“Afirmar que se aumenta es tanto como decir que los autónomos incumplen las leyes contratando por debajo de los convenios colectivos actuales, algo que es categóricamente falso”, ha comentado la secretaria general de UATAE, María José Landaburu. Landaburu ha remarcado que la subida del SMI es “siempre positiva” y que es importante ponerla en marcha “cuanto antes”.
(El País, 21-11-2018)

Calviño defiende que la subida del salario mínimo tendrá un ‘impacto neutro’ en el empleo
Nadia Calviño, ha defendido la necesidad de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros el próximo año, y ha negado que vaya a tener un impacto negativo en la creación de empleo. “Sobre el conjunto de medidas, el impacto del plan presupuestario es neutro”, ha señalado la responsable de la cartera de Economía en un foro organizado por el semanario The Economist, en el que también ha participado el presidente Pedro Sánchez. Calviño ha explicado que, teniendo en cuenta otras medidas incluidas en los presupuestos para el próximo año, como “el aumento de la renta familiar y el plan de choque del desempleo juvenil”, la ecuación para el empleo acabará siendo neutra.

Tanto el FMI como el Banco de España y la Airef han pedido cautela al Gobierno con la subida del salario mínimo, el mayor de la historia de la democracia, hasta los 900 euros el año que viene. Según los tres organismos, el incremento del 22% implicará una pérdida de empleo centrado, fundamentalmente en los empleos menos cualificados. Fuentes comunitarias aseguraron que implicaría la pérdida de entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo, en línea con los 40.000 anuales que apuntó el presidente de la Airef, José Luis Escrivá. El Banco de España ha llegado a elevar la cifra a los 150.000 empleos.

La ministra ha querido insistir en la necesidad de esta medida para trasladar la recuperación económica a la mejora de la calidad del empleo. “Tenemos que replantearnos qué modelo de sociedad queremos, porque la competitividad con salarios tan bajos nos ha llevado a tener trabajadores pobres que no pueden llegar a fin de mes”, ha criticado, para añadir después que el Gobierno busca asegurar condiciones dignas para los ciudadanos que garanticen la “sostenibilidad social y económica a medio plazo”.

Calviño ha destacado además que la medida tendrá especial incidencia en la brecha de género, ya que “el 70% de las personas que perciben el salario mínimo son mujeres, y para ello es importante abarcar esta cuestión”.

En cuanto a los Presupuestos de 2019, sobre las que se pronunciará la Comisión Europea este miércoles, la ministra ha negado que su Gobierno haya hecho unas previsiones de ingresos muy optimistas y ha asegurado su determinación por trabajar en la disciplina presupuestaria. “Tenemos que ser más ambiciosos con el ajuste estructural, no lo podemos fiar únicamente a la buena marcha de la economía como se ha venido haciendo hasta ahora”, ha señalado.
(El País, 21-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El BCE estudia medidas de liquidez
Los meses de octubre y noviembre están siendo difíciles para acudir al mercado de capitales y el año próximo trae nuevas complicaciones que pueden hacer la financiación más costosa para los bancos, en especial para los italianos. Mientras todo el sector aguarda con máxima expectación un alza de tipos que tarda en llegar, la banca de la zona euro deberá afrontar en 2019 las primeras devoluciones de las líneas de liquidez vinculada a la concesión de crédito (TLTRO) que el BCE comenzó a ofrecer en junio de 2016 y con las que ha prestado a las entidades 740.000 millones de euros.

El gran desafío de este proceso de devolución se presenta para la banca italiana, la que más dinero solicitó en aquellas subastas. En concreto, 244.000 millones de euros, el 33% del total concedido.

El sector no está obligado a devolver esa financiación hasta al cabo de cuatro años, a partir de junio de 2020, pero si apura esos plazos se verá penalizada en sus ratios de liquidez. Así, en el cálculo de la ratio de financiación estable neta de las entidades dejan de computar los recursos a plazos más cortos: no cuentan los que vencen en menos de seis meses y solo lo hacen al 50% los que se amortizan en el plazo de un año. A la presión por empezar a devolver de forma anticipada esas líneas de liquidez TLTRO se suma además el fin de las compras de deuda del BCE, de modo que la institución dejará de adquirir las cédulas hipotecarias del sector.

La amortización de las megainyecciones de liquidez y el fin de las compras del BCE son los efectos del proceso de normalización de la política monetaria emprendida por Draghi, aunque la confluencia de ambos factores en un mercado cada vez más volátil ha elevado el temor a posibles problemas de liquidez en la banca. Sobre todo, en la italiana, para la que se ha cerrado el mercado de capitales en los últimos meses a medida que ha ido creciendo el desafío del Gobierno italiano ante Bruselas con la elaboración de sus presupuestos.

La Comisión Europea anunciará hoy su respuesta a la negativa mostrada la semana pasada por Roma a rectificar sus cuentas públicas para 2019, que insisten en mantener un déficit del 2,4%. Ante la creciente tensión, la prima de riesgo italiana subió ayer un nuevo peldaño hasta máximos no vistos desde 2013 y trepó a los 326 puntos básicos, con el bono a 10 años en el 3,6%1%, en niveles de 2014.

Sobre la mesa del BCE está por tanto el estudio de nuevas medidas de liquidez –que tanto entidades como inversores ya contemplan– con las que evitar un encarecimiento excesivo del coste de financiación de los bancos y que sería difícilmente asumible para las entidades italianas. “En términos globales, no hay apuros de liquidez en la banca de la zona euro. Hay exceso de liquidez en la facilidad de depósito, pero el problema es Italia”, afirman desde una entidad financiera.

“El BCE va a tener que hacer alguna operación de liquidez. Los vencimientos de las líneas TLTRO son muy elevados y la alternativa es financiarse en mercado a precios más caros, lo que al final resulta en una política monetaria más restrictiva”, explica Francisco Carmona, director general de Unicredit en España.
(Expansión, 21-11-2018)

Bruselas activa una ‘acción de oro’ para defender sectores estratégicos
La Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea (UE) anunciaron un acuerdo para crear un sistema de vigilancia de inversiones de países terceros en sectores críticos, como la tecnología o las infraestructuras clave, que permitirá coordinar a nivel comunitario el escrutinio de las inversiones.

El objetivo es evitar que, en el espacio comunitario, uno de los más abiertos del mundo en este ámbito, se produzcan inversiones de países terceros, como puede ser China, que supongan una amenaza para la seguridad o el orden público.

El sistema buscará proteger a Europa de la tendencia creciente de inversiones "que no son el resultado de fuerzas normales del mercado", sino que proceden de empresas estatales opacas, o privadas, pero con vínculos estrechos con un gobierno, y ponen financiación en sectores clave para la UE.

El acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo, celebrado por la Comisión Europea, permitirá crear un mecanismo de cooperación en el que los Estados miembros y Bruselas podrán intercambiar información y avisar de preocupaciones específicas en este sentido.

Además, la Comisión podrá emitir opiniones cuando una inversión específica afecte a varios países o a un proyecto que tenga interés para toda la UE, como aquellos cubiertos por Horizonte 2020, el programa de investigación comunitario.

Según el nuevo sistema, los Estados miembros tendrán la última palabra sobre si una inversión puede tener en su territorio, pero deben informarse entre ellos y a la Comisión de cualquier operación que su autoridad nacional esté revisando.

En un comunicado, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, señaló que el sistema acordado ayudará a la UE defender sus intereses estratégicos y señaló la necesidad de mantener un escrutinio sobre las empresas extranjeras que se ponen como objetivo activos estratégicos europeos.

La ministra austríaca para Asuntos Económicos y Digitales, Margarete Schramböck, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, dijo que el sistema "no va de cerrar los mercados, sino de actuar de forma responsable".
(Expansión, 21-11-2018)

Sector

Las injerencias políticas sumen al Poder Judicial en una crisis inédita
Las injerencias de los partidos políticos —acentuadas en las últimas semanas— han sumido al Poder Judicial en una crisis inédita. El magistrado Manuel Marchena renunció este martes a ser candidato a presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cargo para el que fue propuesto por el PP y el PSOE. La decisión de Marchena para defender su independencia dinamitó el pacto para renovar el CGPJ, que el Gobierno trata ahora de salvar.

Manuel Marchena apretó a primera hora de este martes el botón nuclear. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo renunciaba por sorpresa a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. A través de un comunicado, Marchena reaccionaba, sin mencionarlo, al mensaje de Whatsapp enviado el día anterior por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a 146 compañeros de su grupo parlamentario, en el que defendía la designación de Marchena como máximo representante del Poder Judicial.

En aquel mensaje, Cosidó destacaba la experiencia y la capacidad jurídica de Marchena y argumentaba que su nombramiento, pactado con el PSOE, permitiría controlar “desde detrás” salas clave del Supremo, como la propia Sala Segunda, de lo Penal, que juzgará en enero la causa por rebelión en el procés.

“Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”, recalcó Marchena en su comunicado de renuncia. “Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, añadía la nota.

La designación del actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo como primera autoridad judicial española fue acordada hace nueve días por el Gobierno y el PP, y tratada como un hecho consumado. Y se hizo así pese a que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que serán los 20 vocales del CGPJ, nombrados por el Congreso y el Senado, los que elegirán al presidente en la sesión constitutiva del órgano.

Los dos partidos mayoritarios presentaron la renovación del órgano como un buen acuerdo político por el que el PP permitía una mayoría progresista en el Consejo a cambio de situar en la presidencia a Marchena, un jurista con fama de conservador, pero con enorme capacidad de diálogo y una solvencia técnica y jurídica reconocida por todos los sectores. Marchena ha sido por dos veces el candidato del PP para presidir el Poder Judicial.
(La Vanguardia, 21-11-2018)

 
 
 
 
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