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NOVETAT LEGISLATIVES DEL BOE DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y se regulan su composición y funciones
Orden ICT/1228/2018, de 12 de noviembre, por la que se crean la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y se regulan su composición y funciones.
(BOE, 22-11-2018)

Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Orden AUC/1227/2018, de 8 de noviembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
(BOE, 22-11-2018)

Euro
Resolución de 21 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 22-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/index.php?d=282&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 22 DE NOVEMBRE DEL 2018

Fiscal

Los Presupuestos de Sánchez se desvían de forma “significativa” del ajuste exigido
Tirón de orejas de la Comisión Europea al borrador de Presupuestos de 2019 que envió el Gobierno de Pedro Sánchez. La CE ha advertido que el Ejecutivo está en riesgo de incumplir las normas europeas de disciplina fiscal por desviarse "significativamente" del ajuste exigido y no cumplir con las directrices de reducción de deuda.

"Se considera que el plan presupuestario presentado por España corre el riesgo de incumplir las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2019", asegura el Ejecutivo comunitario. Con todo, la Comisión ha confirmado que espera que el déficit español baje de la barrera del 3% del PIB [considerado excesivo] el año próximo, por lo que el país saldrá del brazo correctivo del proceso por déficit excesivo y pasará a estar en el lado preventivo de este procedimiento de vigilancia comunitaria.

El Ejecutivo comunitario recuerda además que el borrador le fue remitido sin haber sido presentado en el Parlamento, por lo que pide al Gobierno que le envíe uno actualizado, así como al Eurogrupo, en caso de que haya diferencias importantes entre el borrador analizado y el que finalmente vaya al Congreso.

La evaluación de la Comisión del riesgo de las cuentas españolas se basa en sus previsiones macroeconómicas de otoño, presentadas el 8 de noviembre, que proyectan que el déficit público español se reduzca al 2,7% este año, como prevé el Gobierno, y el año próximo al 2,1%, tres décimas más de lo que espera España. En este sentido, apunta que en todo caso el déficit estaría por encima del 2,2% recomendado por Bruselas para 2018.

El Ejecutivo comunitario prevé además que España no cumpla con el ajuste del déficit estructural -sin tener en cuenta factores ligados al ciclo económico- del 0,65 % del PIB exigido (unos 7.600 millones de euros) y calcula que ni siquiera se efectuará el ajuste del 0,4 % (unos 4.600 millones) que prevé el Gobierno. Bruselas cree que el esfuerzo estructural será como mucho del 0,1% del PIB, lo que supone un desvío "significativo" de la senda marcada.

Bruselas prevé que el país no respete las normas de reducción de deuda -que obligan a rebajarla progresivamente cada año hasta la barrera del 60 % del PIB-, ya que según las proyecciones del Gobierno el ratio bajará al 95,5% en 2019 y de acuerdo con las de Bruselas al 96,2%, en ambos casos un descenso insuficiente.

El aumento del gasto público nominal sería del 1,7%, por encima del 0,6% recomendado, añade. España no, con todo, el único país sobre el que la CE ha detectado desequilibrios, también están Alemania, Bulgaria, Chipre, Croacia, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal y Suecia, Estados a los que Bruselas someterá, apunta en un comunicado, a un examen exhaustivo en 2019, según afirma. De hecho, con respecto a Italia el ejecutivo comunitario ha pedido abrir un expediente por déficit excesivo por su elevada deuda pública, que se encuentra en el entorno del 131% del PIB.

"Europa atraviesa un momento de bonanza económica, pero el aumento de los riesgos indica que no durará eternamente. Los países de la UE necesitan inversiones bien orientadas y un esfuerzo de reforma renovado para consolidar sus bases de crecimiento y aumentar la productividad. Por lo que respecta a la política presupuestaria, es el momento de reducir los niveles de deuda pública y reconstituir las reservas presupuestarias, lo que nos dará el margen de maniobra necesario cuando llegue la próxima etapa de recesión. Asimismo, es el momento de avanzar en la profundización de la unión económica y monetaria de Europa", ha asegurado el vicepresidente del Euro, Valdis Dombrovskis.
(Cinco Días, 22-11-2018)

El FMI pide al Gobierno acortar la lista de productos con IVA reducido y elevar las tasas medioambientales
El Fondo Monetario Internacional se ha sumado a la Comisión Europea y a la OCDE y ha incidido en los riesgos que sobrevuelan la economía española en el medio plazo. La misión del FMI ha concluido su análisis de la economía española no sin antes dejar un compendio de recetas y mensajes al Gobierno de Pedro Sánchez.

El organismo económico ha decidido rebajar sus anteriores estimaciones de PIB, publicadas a principios de octubre. Ha bajado dos décimas su previsión de crecimiento para este año debido al peor comportamiento del sector exterior, del 2,7% al 2,5%, pero mantiene la del año que viene. También ha decidido cambiar su previsión de déficit público para este año, del 2,7% de hace unas semanas al 2,8%, y ha elevado en dos décimas el de 2019 (2,4%).

La institución presidida por Christine Lagarde reclama a Sánchez que "reconstruya el colchón fiscal" y que prosiga con la reducción de la deuda pública de forma más rápida, para lo que reclama al Ejecutivo adoptar un paquete de medidas sólido y planificar un plan de contingencia ante posibles déficits fiscales.

Andrea Schaechter, jefa de misión del FMI en España, recuerda que la deuda pública cerrará este año en el 97,3% del PIB, que bajará al 96% en 2019, un nivel que "pese al fuerte crecimiento económico y los bajos tipos de interés" es un "nivel muy arriesgado" que haría que, en una futura crisis, "España probablemente se vería obligada a recortar el gasto o aumentar los impuestos".

En materia fiscal, el FMI destaca la intención del Gobierno de elevar los ingresos -con nuevos impuestos como el de las transacciones financieras, el del diésel y la tasa Google-, (unas optimistas previsiones de ingresos sobre las que la Comisión Europea ha alertado), y considera que pueden ayudar a financiar el gasto social y a impulsar los planes del Gobierno para reducir la desigualdad. Eso sí, insta al Ejecutivo a reducir el número de bienes y servicios a los que se aplica el IVA reducido y a elevar los impuestos medioambientales.

Sobre el sistema de pensiones, el FMI destaca la necesidad de "salvaguardar su viabilidad financiera" y alertan que vincular la revalorización de las prestaciones al IPC, tal y como prevé el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos, sin otras medidas de compensación adicionales podría provocar que el gasto se disparara.

El FMI reconoce que la aplicación del factor de revalorización de las pensiones ha sido cuestionada por la población y ve "claro que se necesitarán más ajustes en el sistema de pensiones. Si bien es importante buscar una solución transparente, holística y justa", explica Schaechter, será "muy difícil evitar por completo una reducción en los beneficios de las pensiones reales en el futuro, a menos que haya cambios fundamentales en las contribuciones de las pensiones y en el mercado laboral".

La institución reclama al Gobierno preservar el impulso de las reformas pasadas del mercado laboral (2011 y 2013) y que el actual Ejecutivo ha asegurado que derogará antes de que acabe el año "los aspectos más lesivos de la reforma laboral" realizada por el Partido Popular. Y insiste en que las alzas salariales "deben estar alineadas con el crecimiento de la productividad". Una circunstancia que, según explica, requiere de un nuevo impulso, para lo que sugiere políticas que faciliten la competencia.
(El País, 22-11-2018)

Laboral

El FMI insta al Gobierno a reformar las pensiones
El directorio del FMI ha subrayado la necesidad de "salvaguardar la viabilidad financiera del sistema de pensiones", señalando que vincular permanentemente su revalorización a la inflación, sin introducir medidas compensatorias, colocaría el gasto en pensiones en una "pronunciada trayectoria alcista", por lo que ha pedido una aproximación transparente, exhaustiva y equitativa a las reformas del sistema de pensiones. A este respecto, Andrea Schaechter considera que las reformas de 2011 y 2013 abordaron las presiones financieras sobre el sistema de pensiones, aunque la aceptabilidad de dichos cambios ha sido puesta en entredicho por los ciudadanos.

"Está claro que serán necesarios más ajustes del sistema de pensiones", explica la funcionaria del FMI, añadiendo que, en su opinión, será "muy difícil" evitar completamente una reducción de las prestaciones en el futuro si no hay cambios fundamentales en las contribuciones al sistema y en el mercado laboral.

En este sentido, los dirigentes del FMI destacaron la fuerte creación de empleo registrada en España, lo que ha llevado a la institución a prever que la tasa de paro bajará este año al 15,6% y continuará disminuyendo los próximos años, situándose en el 14,7% en 2019 y el 14,3% en 2020.

A este respecto, el FMI ha alentado a las autoridades españolas a perseverar en las políticas y reformas dirigidas a mejorar de forma adicional la resiliencia económica, reduciendo la deuda pública, mejorando la productividad, recortando la desigualdad y aumentando el empleo, especialmente entre los parados de larga duración y los jóvenes.
(Cinco Días, 22-11-2018)

El 16% de los trabajadores extranjeros en nuestro país ya son autónomos
La afiliación al RETA de profesionales extranjeros continúa en aumento. Tanto es así que el porcentaje de trabajadores extranjeros afiliados al RETA en España es ya del 16,24% del total en activo, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo.

El régimen general, al que le gana terreno, sigue acaparando un amplio 83,52%. El descenso se ha dado tanto en los trabajadores del mar como los afiliados al régimen especial del carbón. Durante el pasado mes de octubre la cifra de extranjeros trabajando en España era de 2.010.634.

Con respecto al mismo mes del año anterior se ha registrado un aumento del 0,87% en extranjeros afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con un dato de 17.424 altas. Mayor es el incremento si miramos los datos en términos interanuales (8,62%).

Así las cosas, en España hay un total de 326.529 autónomos extranjeros, de los cuales hay 12.000 no comunitarios más que comunitarios. La comunidad catalana se mantiene como la que más autónomos extranjeros alberga entre su territorio. Le siguen la Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Entre estas cuatro comunidades autónomas suman más del 64% del total. En el lado opuesto, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se encuentran Cantabria, Asturias y Extremadura. En cuanto al género, del total de extranjeros autónomos se observa, según los datos facilitados por el Gobierno que hay más de 1.127.000 hombres y más de 883.000 mujeres.

Durante el mes de octubre, el mayor crecimiento se ha producido en el sector de la Educación, con un 9,58% debido al regreso de la actividad. No obstante, el comercio, la construcción y la hostelería son los sectores que más volumen de trabajadores autónomos no extranjeros concentra.
(Expansión, 22-11-2018)

La justicia europea avala despedir a profesores interinos al acabar el curso
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado este miércoles la normativa española que permite que la administración pública extinga el contrato de profesores funcionarios interinos cuando finaliza el periodo lectivo porque ya no concurren las razones de “necesidad y urgencia” que existían cuando obtuvieron el puesto. Se trata de una práctica que se repite cada año: se da una fuerte contratación en el sector de la educación en septiembre y octubre, mientras que cuando acaba el curso se extinguen esos contratos.

El tribunal de Luxemburgo se ha pronunciado sobre el caso elevado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con respecto al cese de dos docentes funcionarios interinos que recibieron una carta durante el curso escolar 2011/2012 en la que se les informó de la resolución de su contrato. Hasta ese año los profesores interinos habían mantenido su cargo hasta el inicio del curso escolar siguiente.

Las autoridades educativas alegaron que habían desaparecido tanto la necesidad como la urgencia que habían justificado que se recurriese temporalmente a sus servicios. Los docentes, por su parte, argumentan que la resolución de sus contratos es abusiva y alegan tener los mismos derechos que los funcionarios de carrera.

En su sentencia, el TUE señala que el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada “no se opone a la normativa española” que permite a un empleador extinguir el contrato de profesores funcionarios interinos cuando finaliza el periodo lectivo si “ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento”, mientras que se mantiene la relación de servicio de los docentes funcionarios de carrera.

Los jueces europeos han justificado su decisión afirmando que el hecho de que lo se extinga la relación de los profesores con contrato indefinido “es inherente a la propia naturaleza de la relación de servicio de estos empleados”.
(La Vanguardia, 22-11-2018)

Garamendi se compromete a incrementar la presencia de mujeres en CEOE
Una de las grandes asignaturas pendientes de la patronal CEOE es la participación de mujeres en su dirección. Y esa es una de las primeras tareas que se ha propuesto afrontar Antonio Garamendi en la organización, según se ha comprometido en su primer discurso como presidente de CEOE, organización que le ha aclamado hoy como sucesor de Juan Rosell.

En esas palabras, Garamendi no ha hablado de fijar cuotas en la organización que aumenten la presencia femenina. No ha llegado a ese punto, lo que hubiera sido un cambio revolucionario en la patronal. No obstante, sí que se ha comprometido a elevar la presencia femenina en la dirección de la patronal por una doble vía. Primero, propondrá incrementar el número de vicepresidencias que tiene ahora CEOE, cinco, para "equilibrar" el número de hombres y mujeres. No ha sido más explícito.

También ha anunciado que pretende "utilizar" los estatutos de la organización para elevar la presencia de mujeres en el comité de dirección, un órgano compuesto por 40 personas. Su intención, ha dicho, es usar la prerrogativa que le conceden los estatutos al presidente de nombrar directamente a cinco personas, que según ha dicho serán mujeres.

Habrá que esperar hasta la primera reunión de la junta directiva, el 19 de diciembre, para ver si se van confirmando estos anuncios. No obstante, este miércoles ha nombrado a José Alberto González-Ruiz como secretario general de CEOE en sustitución de Ana Plaza, que ha ocupado el cargo en los últimos años de Juan Rosell y ha decidido dejar el cargo. Es cierto, que ambos son personas de confianza de cada uno y que este es el puesto de la mano derecha del presidente de la organización. De hecho, González-Ruiz ha sido secretario general de Cepyme hasta ahora, organización que Garamendi ha presidido hasta ahora.

El discurso del nuevo presidente de CEOE ha dedicado a este punto mucho más espacio que en ocasiones anteriores. Pero no ha comenzado por ahí. Las primeras palabras de Garamendi sobre sus planes de futuro han sido para marcar una clara distancia con su sucesor. Ha explicado que iba a estructurar su mandato en base a cinco "Es". "La primera E, sin complejos es la palabra España. España plural", ha empezado, destacando que por primera vez y a petición suya en la asamblea de la organización estaban las banderas de España y las 17 banderas autonómicas.

Garamendi ha criticado la subida del salario mínimo del Gobierno, al que ha pedido que no "orille" a los empresarios en sus decisiones. Esta crítica no ha llegado por tanto por el incremento sino por ser unilateral.
(El Mundo, 22-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La industria recorta su facturación y sus pedidos en septiembre tras cinco meses de alzas
La cifra de negocios de la industria bajó un 0,3% el pasado mes de septiembre respecto al mismo mes de 2017, mientras que las entradas de pedidos del sector se hundieron un 3,2%, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el dato de septiembre, tanto la facturación como los pedidos de la industria entran en terreno negativo después de cinco meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

En el caso de la cifra de negocios, la tasa de septiembre ha sido 6,3 puntos inferior a la de agosto, mientras que en los pedidos la tasa interanual ha sido 11 puntos inferior, registrando su mayor descenso desde marzo de este año, cuando los pedidos se desplomaron un 3,5%. Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria creció un 2,7% en septiembre, tasa 3,2 puntos inferior a la de agosto. Los pedidos, por contra, cayeron un 0,5%, frente al repunte del 7,5% que habían experimentado en el mes anterior.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y excluyendo la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria cayó un 1%, tasa 2,4 puntos inferior a la del mes anterior. Por su parte, las entradas de pedidos retrocedieron un 3,4% en septiembre respecto al mes anterior, tasa 7,1 puntos inferior a la del mes anterior.

Por sectores industriales, la energía fue la que más elevó sus ventas en el noveno mes del año, con un avance interanual del 35,2%, junto a los bienes intermedios (+0,3%). Por contra, los bienes de consumo duradero y los no duraderos recortaron su facturación un 4,6% en ambos casos, al tiempo que los bienes de equipo lo hicieron en un 6,3%.

Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria disminuyó en Castilla y León (-16,9%), Madrid (-5,4%) y Baleares (-4,4%), entre otras, y registró los mayores avances en Navarra (+8,1%), Castilla-La Mancha (+8,1%) y Murcia (+7,3%). En cuanto a los pedidos, la energía fue el único sector que repuntó con un alza del 35%, mientras que los mayores descensos fueron para los bienes de equipo (-13,7%), bienes de consumo duraderos (-5,3%) y bienes de consumo no duraderos (-5%).

El pasado mes de septiembre, las entradas de pedidos aumentaron en ocho comunidades autónomas y bajaron en las otras nueve, lideradas por Madrid (-29,3%), Castilla y León (-17,7%) y Extremadura (-7,8%).
(Cinco Días, 22-11-2018)

Los accionistas con más de un 0,5% de una cotizada deberán revelar su identidad
Más transparencia, más control, más gobierno corporativo. Las nuevas normas anticrisis que llegan a los bancos y a las empresas cotizadas tratan de prevenir, con la lógica de que es peor curar. La última afecta a las compañías que están e Bolsa, que tendrán el derecho a conocer la identidad de todos y cada uno de sus accionistas. Podrán conocer el nombre y los datos de todos aquellos que posean un 0,5% o más de su capital. Y existe la posibilidad de que ese porcentaje se reduzca e incluso de que desaparezca por completo. Todo depende de la trasposición de una directiva que debe estar lista el próximo mes de junio.

Los accionistas deben informar ahora a la CNMV cuando alcancen el 3% de una empresa cotizada, y después cuando lleguen al 5% y sus múltiplos (10%, 15%, 20%...). Si el accionista reside en un paraíso fiscal, el porcentaje baja al 1% y sus múltiplos (2%, 3%, 4%...).

Esos umbrales no cambiarán de cara al supervisor, pero sí de cara a los registros en poder de las empresas cotizadas. “Los intermediarios [bancos, sociedades y agencias de valores] deben estar obligados, a petición de la sociedad, a comunicar a esta la información sobre la identidad de los accionistas”. En teoría, para facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas y su implicación, pero también da poderes adicionales a las empresas. Estas conocerán a discreción cuáles son sus accionistas.

La normativa prevé que cada país limite este poder cuando los inversores posean únicamente un pequeño número de acciones. Pero esa limitación solo se podrá aplicar a accionistas con menos de un 0,5%. España deberá comunicar al coordinador de las comisiones europeas de valores, ESMA, si limita la identificación a aquellos que posean más de un determinado porcentaje.

La identificación es “particularmente importante en situaciones trasfronterizas y en caso de que se utilicen medios electrónicos”. Así, quedarán obligados a informar los intermediarios que “no tengan su domicilio ni su establecimiento en la UE”.
(Expansión, 22-11-2018)

 
 
 
 
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