Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 24 AL 26 DE NOVEMBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
(BOE, 24-11-2018)

Euro
Resolución de 23 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 24-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/index.php?d=285&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/index.php?d=284&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 24 AL 26 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

Falciani propone fijar en España la sede de una agencia europea que proteja al denunciante de delitos económicos
Falciani confiesa que la visión nace de "la experiencia personal". Afincado en algún rincón del Levante desde hace años, la Audiencia Nacional ha rechazado su extradición a Suiza al no existir aquí el secreto profesional como figura legal y por el valor de los datos aportados para la investigación. Falciani disfruta de una suerte de calificación de testigo protegido por su colaboración con la Justicia para investigar a defraudadores, que ha permitido a la Agencia Tributaria recuperar cientos de millones de euros.

Cuando se le pregunta qué hace de España el mejor candidato para tal misión, Falciani defiende sin titubear el reparto regional de competencias, que hace posible a las comunidades autónomas fijar reglas garantistas y encuentra que la Agencia Valenciana Antifraude sería en germen perfecto para construirla.

"La característica prioritaria que yo elegiría sería el federalismo por el mismo motivo que en la tecnología blockchain puedes corromper uno, dos, tres nodos y, sin embargo, resultará más difícil, por simple cuestión matemática, corromper toda una red que es centralizada. Un nodo central corrompe a todos los nodos de un paso, pero el federalismo permite iniciativas como la que hemos observado en Valencia, donde se protegen a los denunciantes como nunca se hizo y no ha necesitado de una ley europea. Se votó en la Corte Valenciana, se aplicó y se protegió", relata.

"Tenemos la suerte de tener una agencia antifraude que ya está en marcha y ha demostrado su eficacia ¿Qué nos falta? Nada más. Se puede trasladar a las autonomías y compartir, por supuesto, sin hacer una centralización", continúa, convencido del sentido de articular su coordinación a través de un órgano centralizado volcado en facilitar la difusión de las mejores experiencias. "Cada federación tiene una experiencia específica, pero puede ser útil para las demás, y una agencia nacional podría tener ese rol de coordinar, no para disminuir el federalismo, sino para sostenerlo y extenderlo hacia otros países, dar un empujón hacia Europa".

La idea de incentivar las denuncias de prácticas irregulares que, en ocasiones, acaban en gigantescos fraudes y en otras ponen en riesgo la actividad de las empresas está en la agenda reformista de Europa, pero también de España. El mejor ejemplo de su promoción y uso es Estados Unidos, donde la justicia y organismos supervisores como la autoridad de los mercados de valores SEC destapan a menudo desfalcos y fraudes gracias a chivatazos.

Aquí, el Gobierno acaba de dar el último empujón para habilitar un canal de denuncias en el Banco de España sobre solvencia de las entidades financieras y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre prácticas ilícitas de conducta de mercado. Sobre la mesa está escalar esta iniciativa a un ámbito mucho más global ya que la Comisión Europea aprobó el pasado mes de abril la propuesta de una directiva para proteger a 'whistleblowers' de empresas y organismos públicos.

Escándalos como el de 'los papeles de Panamá' y los 'de Paradise', el caso de Cambridge Analytica y Facebook, el 'Dieselgate' o 'LuxLeaks' han convencido a Bruselas sobre el rol capital del filtrador para sacar a la luz gigantescos problemas.
(Expansión, 25-11-2018)

España será el primer país de la UE que pondrá en marcha la 'tasa Google'
El Gobierno da por hecha la aprobación de la denominada 'tasa Google' y está convencido de que España "será el primer país de la UE" que hace realidad el acuerdo comunitario en torno a este gravamen. En respuesta a una pregunta escrita de la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz, el Ejecutivo afirma que el anteproyecto de ley que vio el Gobierno el pasado 19 de octubre por el que se crea el impuesto sobre determinados servicios digitales, "se enmarca en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI".

"Este anteproyecto de ley va en línea con la directiva comunitaria propuesta el pasado mes de marzo para gravar esos servicios digitales, de forma que España será el primer país de la UE que se adapta a la estructura prevista por esta propuesta de directiva", se indica en la respuesta. El Ejecutivo recuerda que las empresas objeto de este impuesto serán aquellas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España.

"Estos umbrales ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no sean gravadas por este impuesto. El tipo impositivo que se aplicará será del tres por ciento, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, y se establece que, para poder aplicar el impuesto, el usuario de dichos servicios esté situado en territorio español", agrega el Gobierno.
(El País, 24-11-2018)


Laboral

El Supremo dinamita el sistema de subrogación en las contratas de servicios
Una primera sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la UE el pasado julio (asunto Somoza) y una segunda, hecha pública en octubre por el Tribunal Supremo, han dado un vuelco a la tradicional subrogación convencional contemplada en convenios como el de la limpieza o el de seguridad privada.

Distintas fuentes consultadas coinciden en que se produce, de facto, un paso a la subrogación legal, en la que rige el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Al traspaso de plantillas se suma también la asunción de la responsabilidad solidaria laboral y de Seguridad Social. El asunto ha caído como una bomba entre compañías de servicios intensivas en mano de obra.

En el caso que ha llevado al Supremo a unificar doctrina, Clece había sido denunciada por una antigua empleada de la limpieza del aeropuerto Virgen del Camino (León), cuya disputa salarial ascendía a 2.900 euros. La filial de ACS elevó recurso de casación al TS y la respuesta ha llegado con fuerte onda expansiva. En el caso que ha llevado al Supremo a unificar doctrina, Clece había sido denunciada por una antigua empleada por un conflicto salarial de 2.900 euros

Vista la doctrina marcada por el TSJUE, y que asume el Alto Tribunal español, la carga a soportar ahora por cualquier contrata, que sucede a una anterior, incluye a la totalidad de los trabajadores (también en el caso en que la nueva adjudicación reduzca las tareas encomendadas) y se lleva el riesgo de posibles deudas con organismos como la Seguridad Social o Hacienda.

A la vista de que las empresas pueden ser sometidas a inspecciones que abarcan los cuatro años anteriores, las cargas o costes en que podrían incurrir las contratas son un misterio en el momento de firmar una adjudicación y subrogarse el personal.

Hasta que el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo ha decidido alinearse con el TJUE, en España eran subrogables los trabajadores con más de siete meses adscritos al servicio en que se produce la sucesión de empresas adjudicatarias. Y la nueva empleadora tenía potestad para quedarse solo con los equipos humanos necesarios para prestar la tarea en el caso de que el órgano contratante hubiera introducido cambios.

En los fallos del tribunal con sede en Luxemburgo y del Supremo se ofrece un papel predominante al concepto de “sucesión de plantillas” y se califica a los recursos humanos como “entidades económicas” en actividades en que la subrogación de mano de obra tiene más relevancia que el traspaso de infraestructura productiva.

En este sentido, el TS afirma que “se produce una transmisión de empresa, encuadrable en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, si la sucesión de contratas va acompañada de una entidad económica entre las empresas saliente y entrante”. Esa trasmisión de empresa incluye la asunción de las obligaciones del empleador saliente. “A efectos jurídicos es como si se tratara de la adquisición de una compañía y sus actividades”, argumenta un conocido abogado especialista en laboral.

Otro de los consultados por este periódico, directivo del sector de la seguridad privada, recuerda que su convenio sectorial recoge en el artículo 14 la regulación de la subrogación y límites a la responsabilidad, salvaguarda que se ha convertido en arma de doble filo. “Ese artículo 14 el convenio obliga a las empresas a mantener en plantilla a los empleados con más de siete meses de servicio. Y la nueva doctrina del Supremo añade que, si el personal subrogado supone una parte esencial de la plantilla, la subrogación se extiende a la totalidad de la misma, incluso si en el cambio de contrata se contempla una reducción del servicio”.

La típica subrogación convencional queda prácticamente encadenada, por tanto, a la sucesión de plantilla y de empresa, tal y como contempla la Directiva 2001/23 y en línea con sentencias anteriores del Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, este último se había declarado incompetente en pasado verano en el conflicto entre normas nacionales, como son el citado artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y convenios sectoriales, quedando ahora marcado el predominio del 44 sobre transmisión de empresa.
(Cinco Días, 26-11-2018)

Se formalizarán más de un millón de contratos para esta campaña de Navidad
La patronal de las agencias privadas de colocación Asempleo prevé que durante esta campaña de Navidad se realizarán más de un millón de contratos, un 4% más que en el mismo periodo de 2017, además de considerar que un porcentaje muy alto de los contratos se mantendrá hasta después de Reyes. Asempleo explica que la contratación ha comenzado este mes con motivo del "Black Friday" y que buena parte de los contratos continuarán, al menos, todo un trimestre, además de señalar que 3 de cada 10 trabajadores puestos a disposición por las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) terminan quedándose en la empresa usuaria.

"Con estas contrataciones el mercado laboral puede acabar el año asegurando un incremento del empleo del 2,7% anual", declara el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, que considera que estas cifras confirmarían que 2018 ha sido un año bueno en términos de creación de empleo. "Además, estas campañas de contratación son utilizadas por las empresas como método de selección, ya que los que no acaban incorporándose a la plantilla son requeridos más adelante en el momento que hay vacantes, puesto que ya tienen el conocimiento y la experiencia requerida para el puesto", añade Cruañas.

Sobre este periodo, Cruañas dice que "su valor cualitativo responde, por un lado, a que estos contratos se hacen con desempleados, lo que supone una vuelta al mercado de trabajo de estas personas que suele tener continuidad a lo largo del año", además de definirlo como un "empujón final" ante la sensación de ralentización en el crecimiento del empleo. Una de las mayores empresas del sector, Adecco, prevé que en concreto serán más de 1.034.000 contratos los que se firmen entre los meses de noviembre y enero (ambos incluidos), lo que supondría un incremento del 4,5% respecto al mismo periodo de 2017.

En una nota de prensa, Adecco calcula que en cinco comunidades autónomas se firmarán más de 100.000 contratos, con Cataluña a la cabeza (más de 186.000), seguida de la Comunidad de Madrid (156.000 contratos), la Comunidad Valenciana (136.000), Murcia (124.000) y Andalucía (108.400). Sobre los sectores, los grandes protagonistas serán el gran consumo (belleza, lujo, electrónica, perfumería y cosmética), atención al cliente y fuerza de ventas, en los que se espera un incremento de hasta un 75% en la contratación con respecto al resto de meses del año.

Dentro del sector del gran consumo, Adecco apunta que los profesionales más demandados en el sector del gran consumo y fuerza de ventas serán los promotores, los dependientes y los comerciales, mientras que para la atención al cliente serán los azafatos de imagen, promotores, dependientes, degustadores, animadores y gestores del punto de venta.
Además, en la logística y el transporte se buscarán mozos de almacén, administrativos, preparadores de pedidos y carretilleros, además de requerirse en la costa perfiles más concretos como estibadores o conductores de maquinaria pesada.

Infojobs, la plataforma de búsqueda de empleo, explica en otro comunicado que desde el pasado 1 de septiembre y hasta el 12 de noviembre se registraron un total de 10.336 vacantes de empleo específicas para la campaña navideña en su portal, lo que representa un incremento del 13,5% con respecto a 2017. La compañía señala que desde 2013 vienen aumentado las vacantes, que se registran fundamentalmente en Madrid (4.351 en 2018) y Barcelona (2.426), que juntas engloban el 65,5% de las ofertas para trabajar en Navidad.

Por sectores, en Infojobs se han publicado 3.761 puestos de trabajo para atención al cliente (36,4% del total), 2.663 para compras, logística y almacén (25,8%), 999 para comercial y ventas (9,7%) y 912 para puestos relacionados con dependientes (8,8%).
(El Mundo, 26-11-2018)

La OCDE y el FMI han lanzado distintas recomendaciones a España para que reforme ya su sistema de pensiones
En el panorama nacional numerosos expertos han sugerido distintos cambios y ajustes sustentados en ideologías incluso opuestas. Así, la maltrecha salud financiera de la Seguridad Social está generando multitud de estudios y aproximaciones académicas a este problema.

Uno de ellos es el realizado por un grupo de investigadores en materia de pensiones de las Universidades de Valencia y Extremadura y la Rey Juan Carlos de Madrid. Estos expertos han calculado cuál será el déficit contributivo de la Seguridad Social –diferencia entre los ingresos por cotizaciones y los pagos de pensiones contributivas– y cuánta financiación sería necesaria para anular esos números rojos y que el sistema estuviera en equilibrio, así como de dónde sacar ese dinero.

Para ello, este estudio, incluido en el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, ha calculado tres escenarios: en el primero, las pensiones se revalorizarían solo el 0,25% y la economía crecería un 2,15% anual; el planteamiento central, en el que las prestaciones se revalorizarían un 1,8% cada año (objetivo de inflación del BCE) y el PIB avanzaría un 1,7%, y un tercer escenario, que sería el más complicado de todos, con unas pensiones actualizadas un 2,2% y un crecimiento económico del 1,23% anual de media.

Si se tomara el primer escenario, en el año 2032 aparecería el primer superávit contributivo. Pero si se revalorizaran un 1,8% o un 2,2%, ese saldo positivo no se alcanzaría nunca. Por el contrario, los números rojos se elevarían en 2050 a 183.000 millones (casi el 5% del PIB) en el escenario central y hasta los 363.000 millones de euros nominales (el 9,8% del PIB, con una revalorización del 2,2%).

Estas cifras dan una idea del aumento del pago de impuestos que sería necesario para compensar estos déficits. Así, esta senda de números rojos contributivos “se suavizaría desde el primer año en que aumentara la presión fiscal, al disminuir los intereses de la deuda”, precisan estos autores.

Para poder enderezar estas sendas de déficit, además de una mayor presión fiscal –que afectaría a los actuales trabajadores de cada momento– o de aumentar el endeudamiento –que hipotecaría a los ciudadanos del futuro–, estos expertos plantean una tercera vía que haga la solución más equitativa: que los pensionistas contribuyan con algo de pérdida de su poder adquisitivo.

“De esta forma el esfuerzo se repartiría equitativamente entre contribuyentes actuales, contribuyentes futuros y los propios pensionistas”, detallan. ¿Pero qué parte del esfuerzo tendría que hacer cada uno de estos colectivos para que la Seguridad Social no tuviera déficit, por ejemplo, en 2030, dentro de 11 años?

Este equipo de investigadores –tomando como referencia el citado escenario central– considera que una “combinación equitativa” para financiar el déficit acumulado del sistema de pensiones y dejarlo en equilibrio en 2030 consistiría en el siguiente reparto de esfuerzos. En primer lugar, calculan que un incremento anual de la presión fiscal del 0,6%, combinado con una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas del 1,16% cada ejercicio, incrementaría la deuda sobre el PIB en siete puntos y dejaría en equilibrio el sistema en 12 años.

Es cierto que esto supondría que, al cabo de esos años, la presión fiscal habría registrado un aumento del 7,2% y los pensionistas habrían acumulado una pérdida de poder adquisitivo de aproximadamente un 14%.

Pero si este reparto de esfuerzos se hiciera a lo largo de más años, hasta 2050, la distribución sería distinta. La presión fiscal no llegaría a un punto del PIB (0,92%), la deuda sobre el PIB tendría que subir unos 21 puntos y los pensionistas soportarían una pérdida de poder de compra de poco más de medio punto anual (0,57%).
(El País, 26-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

España agota hoy sus ingresos y financiará el gasto solo con deuda hasta fin de año
Se trata del 'Día de la Deuda', la jornada a partir de la cual estas organizaciones han calculado que se vacían las arcas del Estado, ya que los gastos ejecutados a partir de ese día son mayores a los ingresos recaudados por el Estado a lo largo del año. Así, el Día de la Deuda supone también que, a partir de ese momento, las administraciones públicas tiran del dinero prestado, es decir de la deuda, para poder hacer frente a todos los gastos planificados.

Solo Polonia, Rumanía, Francia y Portugal llegan a este punto antes de que lo haga España, mientras que nueve países miembros, entre los que figuran Alemania, Dinamarca, Holanda y Suecia, al contar con un superávit en sus cuentas públicas que le permite disponer de ingresos para cubrir los gastos los 365 días del año, no alcanzan en ningún momento el Día de la Deuda. 18 días antes que la UE De media, los países de la UE-28 alcanzan este día el 13 de diciembre, 18 jornadas más tarde que España. El principal obstáculo para el país es el "grave problema" con las cuentas de la Seguridad Social, que obtienen el mayor desajuste de la Unión Europea.

De hecho, solo Hungría y Bulgaria tienen números 'rojos' en esta rúbrica. El año en el que España alcanzó el Día de la Deuda con mayor precocidad fue en 2009, año en el que el país tuvo que recurrir a la deuda los últimos 150 días del año, frente al desajuste de 37 días al que tendrá que hacer frente este año. No obstante, no todas las administraciones se comportan igual. Las comunidades autónomas, de media, solo obtienen un saldo negativo durante nueve días, mientras que los ayuntamientos logran un excedente fiscal de 38 días al registrar, en su conjunto, superávit.

De cara al año que viene, el desajuste presupuestado por el Gobierno arroja un descuadre de hasta 4.000 millones de euros. Frente a esta situación, el Foro Regulación Inteligente y el Institut Économique Molinari sugiere "congelar el gasto público y reducir al 50% las subvenciones ofrecidas a diversos sectores de actividad", unas medidas que permitirían pasar del déficit al superávit.
(Cinco Días, 25-11-2018)

Los 27 países de la UE aprueban el acuerdo del Brexit
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado este domingo que los 27 países que permanecerán en la Unión Europea tras la retirada del Reino Unido han aprobado el acuerdo sobre el Brexit en la cumbre celebrada en Bruselas. Aunque aún queda un largo camino por delante, el acuerdo despeja el camino para una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. "Los Veintisiete de la UE han aprobado el acuerdo de retirada y la declaración política sobre las futuras relaciones UE-Reino Unido", ha escrito Tusk en su cuenta de Twitter.

La UE aboga por una relación comercial, política y de seguridad "lo más estrecha posible" con Reino Unido tras el Brexit, según las conclusiones de la cumbre celebrada en Bruselas. El acuerdo para la salida de la UE contempla que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera al menos durante los dos años de transición posteriores a la fecha del Brexit, prevista para el 29 de marzo del año próximo.

El último obstáculo para el acuerdo había sido la posición española con respecto a Gibraltar, obstáculo que finalmente se salvó este sábado. El presidente del Gobierno español celebró el acuerdo sobre Gibraltar como una victoria para España, que logra, según dijo este sábado, un "triple blindaje" a las condiciones que había exigido. En concreto, ha obtenido garantías por escrito de que la situación de Gibraltar quedará excluida de las negociaciones entre la UE y el Reino Unido acerca del Brexit. Además, los presidentes de la Unión Europea y la Comisión Europea han prometido que se contará con España en las negociaciones que atañan al país mientras que Reino Unido y los responsables comunitarios han aceptado que el artículo 184 del Tratado de salida de la unión sea aplicable al ámbito territorial.

En la cumbre de este domingo, los líderes de los Veintisiete han aprobado los textos que aclaran que España tendrá la última palabra en cualquier negociación futura sobre Gibraltar. Junto al acuerdo de retirada del Reino Unido y la declaración política que sienta las bases para la futura relación, los Veintisiete dieron su respaldo político a sendas declaraciones del Consejo Europeo y la Comisión Europea que aclaran el controvertido artículo 184 del pacto y el alcance territorial de futuros acuerdos sobre el Peñón.

Pese al apoyo político de hoy, el acuerdo de retirada aún debe ser aprobado en parlamentos como el de Westminster, donde no tiene garantizados los apoyos necesarios, y la Eurocámara. También necesita la aprobación de los Veintisiete a nivel de ministros en el Consejo de la UE.

Junto al pacto de retirada y la declaración política, los Veintisiete aprobaron hoy unas conclusiones en las que piden a la Comisión Europea, la Eurocámara y el Consejo (los países) dar "los pasos necesarios" para garantizar la entrada en vigor del acuerdo de salida el 30 de marzo de 2019, el primer día en el que el Reino Unido no será miembro de la UE.

"El enfoque de la Unión seguirá estando definido por las posiciones y principios generales establecidos en las directrices del Consejo Europeo previamente acordadas", señalaron los mandatarios. Esas directrices negociadoras confirman que "después de que Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podría aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre el Reino de España y Reino Unido", tal y como celebró Sánchez.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete también agradecen al negociador de la Unión, Michel Barnier, por sus "incansables esfuerzos" y por su "contribución para mantener la unidad entre los veintisiete Estados miembros" durante las negociaciones del "Brexit".

Más allá de la aprobación en los parlamentos, para convertirse en un texto legal el acuerdo de retirada necesita la aprobación de los veintisiete Estados miembros a nivel de ministros (Consejo de la UE) por mayoría cualificada reforzada, es decir, que al menos el 72% de los países vote a favor y que esos Estados representan al menos el 65 % de la población de la UE.

El acuerdo de retirada se extiende a lo largo de 585 páginas y contiene 185 artículos, tres protocolos (sobre Irlanda, Gibraltar y Chipre) y varios anexos. La declaración política sobre la futura relación apuesta por "una asociación ambiciosa, amplia, profunda y flexible".
(La Vanguardia, 25-11-2018)

Economía abre la puerta a que las tecnológicas compitan con los bancos
El Gobierno aprieta el acelerador para evitar más multas por la falta de diligencia en la trasposición de directivas europeas, entre ellas la segunda edición de la directiva sobre medios de pago (PSD, por sus siglas en inglés). Esta norma debió estar aprobada el pasado enero si bien todavía faltan por desarrollarse estándares técnicos a nivel europeo que previsiblemente retrasarán su puesta en marcha. La norma de servicios de pago implica numerosos cambios en el statu quo del sector financiero.

El objetivo de esta norma es "crear un marco integrado de servicios de pago a nivel europeo y hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en los servicios de pagos, en particular los realizados con tarjeta, internet y móviles, para garantizar la seguridad de las transacciones", señala el Ministerio de Economía en una nota.

La nueva norma es taxativa para garantizar la confianza del cliente: “En caso de una operación de pago no autorizada, el proveedor deberá devolver inmediatamente el importe de dicha operación al ordenante”. Si bien, cuando existan indicios de que el cliente ha operado de forma fraudulenta, el proveedor podrá realizar una miniinvestigación.

La actual Ley de Servi­cios de Pago explicita que el cliente soportará, hasta un máximo de 150 euros, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o sustraído. Pues bien, este umbral se reduce a 50 euros con la legislación aprobada hoy.

Los proveedores de pago tendrán la obligación, además, de dar respuesta a las reclamaciones de los clientes en un plazo máximo de 15 días. Es más, en los pagos con tarjeta el usuario deberá autorizar siempre el cargo del importe exacto que debe bloquearse, no como ocurre ahora en las gasolineras de autoservicio, los contratos de alquiler de vehículos o las reservas hoteleras. Se busca proteger más al consumidor cuando este desconoce el importe exacto de la operación en el momento en el que el cliente autoriza el pago.

Los comercios recurren ahora a intermediarios como proveedores de pagos electrónicos. Estos, a su vez, se ponen en contacto con la compañía de la tarjeta, como Visa o Mastercard, que finalmente carga el cobro a una cuenta corriente. Con la norma aprobada el consumidor podrá simplemente autorizar al comercio para que ejecute pagos en su nombre a través de su cuenta bancaria. Es decir, el comercio y el banco se comunicarán directamente cuenta a cuenta. Los bancos no podrán ni impedir esta nueva interacción ni cobrar por ella.

Los nuevos interlocutores directos de las entidades financieras serán de dos tipos: los que dan servicios de pago y los que ofrecen información de cuentas. Los primeros, que proporcionan “servicios de iniciación de pagos”, podrán ser desde empresas de telecomunicaciones hasta gigantes de internet como Google, Apple, Facebook o Amazon. También las fintech tienen el campo expedito para dar servicios específicos con menos comisiones para los comercios.

El Gobierno también ha incorporado a la legislación nacional que incluye un canal de denuncias (whistleblowing) en el Banco de España dirigido a comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia. Asimismo, se incorporan determinadas obligaciones de la CNMV y del Banco de España en materia de intercambio de información y se mejora la cooperación y coordinación entre distintas autoridades competentes de la Unión Europea.

También se traspone a la normativa española la directiva que exige que la CNMV disponga de una ventanilla para realizar denuncias sobre eventuales abusos de mercados (en la jerga, whistleblowing). Pero la CNMV ya la habilitó a finales del año pasado.
(Expansión, 24-11-2018)

El Banco de España calcula que los españoles perderán 42.017 millones del rescate
El Banco de España ha vuelto a actualizar las cuentas de las ayudas públicas dadas por perdidas por el Estado por el rescate o saneamiento de 14 entidades financieras desde 2009, principalmente por las cajas de ahorros, ya que la caída de Banco Popular en junio de 2017 no entra en este cómputo.

La factura ahora se eleva a 64.349 millones de euros, que corresponden al balance actualizado a cierre de 2017 y donde desglosa la recuperación de 4.477 millones por parte del FROB de los 54.353 millones que inyectó, lo que supone un 8,23%. Mientras que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ha ingresado 673 millones de los 9.745 millones utilizados. Este coste ha sido asumido por el Estado a través del FROB y por el FGD, cuya financiación depende de las entidades financieras.

De esta forma, los ciudadanos pierden a través del erario público 42.017 millones de euros --el Banco de España ha corregido hoy esta cifra por un error en la información que emitió ayer, donde aparecían 42.621 millones--, mientras que la factura de los bancos asciende a 22.332 millones de euros desde 2009.

El mayor impacto corresponde al rescate de Bankia (con BMN), por 24.069 millones de euros, de los que el Banco de España calcula que el FROB pueda recuperar hasta 9.857 millones (calculado a precio de mercado al cierre de 2017), una vez que culmine el proceso de privatización de la entidad, en principio previsto para finales de 2019, pero que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez estudia retrasar nuevamente, ante la baja cotización de sus acciones.

Esta cifra es 2.341 millones menos de lo previsto en julio de 2017. Esto significa que las pérdidas irrecuperables por rescatar a la firma que cuando fue rescatada presidía Rodrigo Rato ascienden a 14.212 millones. A esa cantidad que se podría recuperar con la venta del 61% del capital que controla el FROB en Bankia hay que sumar los 5.150 millones ya obtenidos -a razón de 4.477 millones para el FROB y 673 millones para el Fondo de Garantía de Depósitos-, con lo que el total se elevaría a 15.007 millones.

La mayor parte de las ayudas recuperadas por el Estado provienen de Banca Cívica, con 977 millones, CajaSur, con otros 800 y Catalunya Banc y NovaCaixa Galicia, con 782 y 783 millones, respectivamente. En cuanto a CEISS (creado por la fusión de Caja España y Caja Duero y ahora fusionado en Unicaja), la institución que dirige Pablo Hernández de Cos, calcula que tras la salida a Bolsa de Unicaja se han recuperado 604 millones de los más de 1.000 millones aportados por el Estado en forma de ayudas y provisiones.

Pero la principal novedad en los cálculos del Banco de España, que actualiza anualmente, está en que da por perdidos 1.642 millones de los 2.192 que el Estado invirtió en Sareb. Esto es el 75% del importe total de las ayudas. El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, ya explicó en el Congreso a su paso en la comisión que investigaba la crisis financiera, que era complicado que se recuperará la inversión realizada en este conocido como banco malo. El Estado controla en Sareb el 49% de su capital, el resto está en manos de la banca.

El total de ayudas que el Banco de España considera recuperables es de 14.334 millones. Esta cantidad supone el 22,36% del importe total de dinero público concedido en el periodo 2009-2017, después de añadir los 9.745 millones de euros del FDG. Los 54.353 millones de euros restantes provienen exclusivamente de fondos públicos.
(El País, 24-11-2018)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).