Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2018

Laboral

Acta del acuerdo referente al Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo referente al Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco.
(BOE, 27-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Actualización en 2018 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud
Orden SCB/1244/2018, de 23 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2018 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
(BOE, 27-11-2018)

Euro
Resolución de 26 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 27-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/index.php?d=286&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

El Gobierno vasco plantea la reforma fiscal de los planes complementarios de pensiones
El Gobierno vasco ultima un borrador de propuesta de reforma de la fiscalidad que tienen en la actualidad los planes complementarios de pensiones en el que se plantean criterios restrictivos para su rescate total e incentivos para las empresas y los trabajadores que se acojan a ellos. Así lo ha dado a conocer hoy en Bilbao el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, durante la apertura de la jornada "La problemática de las pensiones: ¿Qué hacer hoy? Principales desafíos y soluciones", que ha celebrado en la capital vizcaína la Federación de EPSV de Euskadi.

Azpiazu ha señalado que dicha propuesta de reforma de la fiscalidad de estos planes de empresa, implantados a través de la negociación colectiva en las mismas, parte del convencimiento de que la fiscalidad actual de los mismos "no ha sido todo lo eficaz que podría haber sido para promover la generalización de las pensiones complementarias". El consejero ha precisado que el borrador de reforma fiscal será debatido primeramente con las diputaciones forales vascas, que son las que tienen competencia tributaria, antes de presentarlo a los agentes sociales del País Vasco.

Precisamente porque primero deben discutirlo con las diputaciones forales, Azpiazu ha declinado entrar en el detalle de la propuesta fiscal, aunque si ha hablado de sus líneas maestras para conseguir que esta "palanca fiscal" sea un "acicate" para que "se generalicen los planes complementarios de pensiones en las empresas y se transformen los ya existentes". La propuesta plantea establecer "una analogía entre las contribuciones que se hagan al sistema complementario de empleo preferente" con las que se hacen al sistema público de pensiones y que, al igual que éstas, tengan un límite prefijado y también un límite conjunto "que garantice la igualdad a todas las personas".

La propuesta del Ejecutivo plantea también "criterios restrictivos" para las personas que deseen rescatar de una vez la totalidad del dinero de dicho plan complementario de pensiones, ya que el objetivo sería incentivar el cobro mensual de una cantidad que complemente la pensión pública, ha explicado el consejero. La propuesta de reforma fiscal plantea también "incentivar a las empresas que soportan el coste de las contribuciones empresariales a los planes de empleo preferentes" y deducciones "para los trabajadores que se incorporen a planes preferentes y para aquellos otros planes que no lo sean, esto es para aquellos de empleo o individuales, a efectos de que nadie quede fuera de la prestación social complementaria".

Azpiazu ha animado a los agentes sociales, sindicatos y empresarios, a adoptar "una posición más activa" en la introducción de dichos planes de prestación social complementaria en la negociación colectiva de las empresas. El consejero vasco de Hacienda ha vuelto a recordar en su intervención que el Gobierno vasco no tiene competencias ni capacidad de regulación de las pensiones públicas, ni la tendría "aunque asumiera la gestión del sistema en los términos que lo indica el Estatuto de Autonomía".

También ha apuntado que la finalidad de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) "no es, ni puede ser en ningún caso, la de garantizar un determinado nivel de las pensiones".
(El Mundo, 27-11-2018)

Laboral

Valerio confirma que el permiso de paternidad será de ocho semanas en 2019
El permiso de paternidad será de ocho semanas en 2019, tres más que ahora. Así lo ha confirmado la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, esta misma mañana. "Avanzamos hacia la equiparación con el permiso por maternidad, factor decisivo para eliminar la segregación en el empleo por razón de género", ha asegurado Valerio, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Esta medida sigue la hoja de ruta marcada en el plan presupuestario firmado por el Gobierno y Unidos Podemos, que ya contemplaba la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad en 2021. Para ello establecieron un calendario que contempla un aumento progresivo de las semanas de permiso, con el objetivo de contar con los recursos necesarios cada año para financiar la medida. Para 2019 se contempla un aumento de cinco a ocho semanas de permiso, con un impacto de 300 millones.

Para adecuar su implantación a la "suficiencia financiera necesaria", el acuerdo fijaba el siguiente calendario: 2019, 8 semanas; 2020, 12 semanas; y 2021, 16 semanas. Según los cálculos del Gobierno, la medida tendrá un impacto total de 1.200 millones. Los empleados públicos dependientes del Estado ya habían firmado un acuerdo similar hace semanas, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos más representativos.

Dicho pacto para la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos, firmado por la ministra Meritxell Batet, establece que se elevará el permiso de paternidad de cinco semanas a ocho en 2019, y así progresivamente hasta 16 en 2021 de forma intransferible.

El acuerdo con los funcionarios aprueba que dicho permiso no es transferible, pero se distribuirá a opción de la persona solicitante, siempre que las cuatro primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del parto, adopción o acogimiento.

También marca que las doce semanas restantes no podrán ser simultáneas entre el padre y la madre, y serán ininterrumpidas, a las semanas siete a dieciséis del permiso por parto, o a las semanas cinco a la dieciséis del permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, del otro progenitor.
(Cinco Días, 27-11-2018)

El Gobierno prevé revalorizar las pensiones con el IPC de diciembre
El Gobierno tiene previsto revalorizar las pensiones de 2018 con el IPC de diciembre para compensar la pérdida de poder adquisitivo, según informaron este lunes fuentes del Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio. Teniendo en cuenta las previsiones de inflación para final de año, esto supondría un coste para la Seguridad Social que rondaría los 386 millones de euros.

En el acuerdo de Presupuestos, el Gobierno se comprometió con Unidos Podemos a que, en el caso de que la subida de los precios superase el 1,6% al final del año, los 8,6 millones de pensionistas recibirían una paga compensatoria a principios de 2019 para igualar dicha alza, con el fin de no perder poder adquisitivo.

El objetivo del Ejecutivo, sin embargo, es que el IPC cierre el año por debajo del 2%, varias décimas por encima del 1,6% previsto en los Presupuestos. De cumplirse esas previsiones, y teniendo en cuenta que, según fuentes de Trabajo, cada décima de desviación costará 128,6 millones de euros, el gasto de la actualización retroactiva de las pensiones para 2018 se elevará a los 385,8 millones de euros si cierra en el 1,9%. Además, dado que esa paga se consolida habitualmente en la nómina de las pensiones para el año siguiente, habría que multiplicar por dos esa cantidad, lo que resultaría en un gasto de 771,6 millones de euros entre 2018 y 2019.

Hasta ahora, la duda estaba en saber si Trabajo usaría como referencia el IPC de noviembre, tal y como se procedía hasta la reforma del 2013 llevada a cabo por el PP –que implicó la aplicación del denominado índice de revalorización de las pensiones–, o el de diciembre, como había acordado con Podemos. Dado que el dato definitivo de la inflación de diciembre no se sabrá hasta enero, este cambio podría retrasar el abono de la paga hasta febrero.

Otros indicadores, como el panel de expertos consultado por el think tank Funcas, prevén en cambio que la inflación a cierre de año sea algo menor, del 1,8% en lugar del 1,9%. Esto supondría dos décimas por encima de lo previsto en los Presupuestos, lo que reduciría el gasto de la paguilla a 257,2 millones de euros este año, y a 514 millones si se suma la revisión de 2019.

Durante su intervención, la ministra Valerio ha afirmado que España debería llegar a 2022 o 2023 con el sistema de pensiones saneado, ya que será entonces cuando se produzcan un mayor número de jubilaciones de las generaciones del baby boom.

Valerio ha subrayado que no hay que tener una "visión catastrofista" de la Seguridad Social, a pesar de que el Fondo de Reserva está "bastante tocado" y el sistema, endeudado.

"Es fundamental reforzar el equilibrio financiero del sistema", ha dicho la ministra, que ha apostado por reordenar ingresos y gastos, de forma que políticas sociales como las prestaciones de maternidad y paternidad (que suponen un coste de 2.500 millones de euros) se paguen a través del Estado.

Respecto al acuerdo sobre las cotizaciones de los autónomos, alcanzado la semana pasada con la las organizaciones ATA, UPTA y CEAT, la ministra se ha mostrado convencida de que "esta semana [el pacto] estará totalmente definido", tras haber sido sometido a debate en la mesa del diálogo social. Valerio ha remarcado que el acuerdo permitirá equilibrar las aportaciones de los autónomos al tiempo que les dotará de mayor protección, mejorando las prestaciones por contingencias comunes y profesionales.

La responsable de la cartera de Trabajo ha añadido que este acuerdo supone un régimen transitorio, ya que la voluntad del Gobierno es avanzar el año que viene hacia un sistema de cotización según ingresos reales, con el fin de "dar un trato diferenciado a aquellas personas que tengan ingresos por debajo del SMI". "Pero un sistema de ingresos reales no se improvisa", ha remarcado la ministra, al tiempo que ha explicado la "dificultad de un sistema para el que hay que cruzar millones" de cotizaciones y tributaciones.
(Expansión, 27-11-2018)

La revalorización de los salarios se frenó el año pasado
En términos reales, ajustada la inflación, el repunte de los salarios fue del 1,8% el año pasado, seis décimas menos que en 2016, y lejos del máximo alcanzado en 2013, cuando subieron un 2,7%, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado el lunes. El incremento registrado en todo el mundo el año pasado es el más bajo desde 2008, cuando se elevó un 1,5%.

Un crecimiento que en Europa fue cercano a cero el año pasado, tras subir un 1,3% en 2016 y un 1,6% en 2015 por la desaceleración registrada en los salarios de Alemania (0,9%) y Francia (0,1%) y la caída de los salarios reales en España e Italia.

En el caso español, la OIT apunta que el salario real cayó el año pasado un 1,8%, el mayor retroceso de los últimos cinco años. Las cifras contrastan, eso sí, con las publicadas hace unas semanas por Estadística, según las cuales el salario bruto medio mensual de los 15,68 millones de asalariados españoles aumentó un 0,6% nominal en 2017, hasta los 1.889 euros en 12 pagas. Si bien, en términos reales el trabajador con una remuneración media habría perdido poder de compra, ya que el ejercicio se cerró con un alza del IPC del 2% en 2017.

En los últimos diez años, la retribución real de los empleados españoles cayó, según la OIT, en un 0,3%. Se sitúa así entre los cinco países de Europa con contracción de las retribuciones, solo superada por Reino Unido (-0,5%), Italia (-0,6%) y Grecia (-3,1%), frente al crecimiento del 0,7% experimentado en la región entre 2008 y 2017.
(El País, 27-11-2018)

El gasto en pensiones sube otro 5% y alcanza los 9.287 millones de euros
La nómina de las pensiones se ha disparado un 4,85% en noviembre y ha alcanzado los 9.287 euros, un nuevo récord de gasto. Se acelera así levemente el ritmo de crecimiento en comparación con el estirón de octubre, según los datos que ha dado hoy a conocer el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Mientras al inicio de 2018 las tasas de crecimiento eran cercanas al 3% interanual, desde agosto estos incrementos se han aproximado más al 5%, cuando se consolidó la subida presupuestada en las cuentas de 2018.

Hay que remontarse a los años 2013, 2012 y 2011 para encontrar una tasa interanual de gasto en pensiones superior al 4%. Y es que los Presupuestos, que entraron en vigor en julio, contemplaban un aumento del 3% para las pensiones mínimas, del 1,6% para el resto de pensiones y la ampliación de la base reguladora de las pensiones de viudedad para quienes no perciban otra pensión pública del 52% al 56%.

En cuanto al número de pensiones, el sistema público ha superado los 9,6 millones de pensiones contributivas (9.675.138), un 1,13% más respecto al año pasado. Del total, el 61,79% han sido prestaciones por jubilación, 5.978.585 concretamente; 2.363.355 han correspondido a viudedad; 953.447 a incapacidad permanente; 337.644 a orfandad y 42.107 a favor de familiares.

Por tipo de prestación, la pensión media de jubilación ha sido en noviembre de 1.106,18 euros mensuales, lo que representa un aumento del 3,40% respecto al año pasado. Por su parte, la pensión media de viudedad ha ascendido a 680,42 euros, un 4,89% más que hace un año.

Por sexos, la brecha es bastante notoria: la pensión media de las mujeres ha sido de 756,39 euros y la de los hombres de 1.177,18. Respecto a la prestación de jubilación, la diferencia es mayor: la media de las mujeres ha sido de 827,66 euros y la de los hombres, de 1.278,11 euros.

También es destacable la diferencia por comunidades (ver gráfico). Mientras que en País Vasco la media de jubilación ha sido de 1.193,20 euros en noviembre, en Extremadura no llega a 800 euros, ha sido de 797,64 euros. Por la parte alta, también destaca Asturias, cuya prestación media de jubilación ha sido de 1.131,82 euros, y Madrid, con 1.131,4 euros. En el lado contrario se han situado Galicia, con 813,06 euros; Murcia, con 843,76 euros; y Andalucía, con 859,94 euros.

Precisamente, esta mañana el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha explicado que cada décima de desviación de los precios respecto a la subida de las pensiones de este año (1,6%) supondrá un coste de 128,6 millones de euros en compensación a los pensionistas.

El Gobierno prevé que la tasa del IPC finalice 2018 en el 1,9%. Ello supondría una desviación de tres décimas sobre la subida de las pensiones de este año, del 1,6%, por lo que la paga compensatoria a los pensionistas será de al menos 386 millones de euros, cifra que resulta de multiplicar por tres los 128,6 millones que cuesta cada décima de desviación sobre el IPC.
(El Mundo, 27-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Economía da superpoderes a la CNMV para vigilar el mercado y vetar productos
El Gobierno adaptó el sábado a la legislación española una avalancha de normativa europea relativa a los mercados de valores. La mayor parte de ella ya estaba en vigor puesto que procede de reglamentos europeos, que gozan de efecto directo, a diferencia de las directivas.

El común denominador de toda esa normativa es ampliar el poder de la CNMV en la vigilancia del mercado. Se le otorgan más competencias para vigilar la información privilegiada y para controlar al milímetro la comercialización de productos financieros.

El organismo que preside Sebastián Albella podrá acceder a los registros de llamadas –no a las conversaciones– y de tráfico de datos de las operadoras de telefonía. El jefe de la CNMV solicitó esta potestad al Gobierno anterior, que aceptó la petición. Nadia Calviño, la actual ministra de Economía, ha respetado esta demanda. Así, el supervisor, tras solicitar el acceso al juzgado central de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá en el plazo máximo de 48 horas, podrá acceder a esos registros.

Hasta ahora, solo podían llegar a esos datos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando desempeñen funciones de policía judicial, los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, y los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Otro de los cambios clave de la ley del mercado de valores es la diferenciación entre información privilegiada y “otra información relevante”. En esencia, las empresas cotizadas tendrán que rotular cuando informen al mercado de datos de carácter concreto que, de hacerse públicos, podrían influir de manera apreciable sobre su cotización. Fuentes jurídicas explican que este es el concepto que se utiliza en el ámbito europeo y que es el preferido por la CNMV, de ahí esta modificación.

Los resultados empresariales, por ejemplo, se considerarán “otra información relevante”, mientras que la firma de un megacontrato con un gran impacto en el negocio futuro será “información privilegiada”. Lo curioso es que esa información obviamente dejará de ser “privilegiada” en el mismo instante en que se publique.

Así, los actuales “hechos relevantes” se dividirán en dos clases. Cuando se publique “información privilegiada” se hará constar expresamente tal condición, se creará un archivo específico para ella y se separará de las otras comunicaciones. Estas últimas serán aquellas informaciones de carácter financiero o corporativo que previsiblemente no tendrían efecto directo en la acción.

Otro poder de la CNMV que ha sido puesto negro sobre blanco en la ley española del mercado de valores es la capacidad de prohibir “la comercialización de un producto de inversión minorista empaquetado”. Cierto es que la CNMV, gracias a un reglamento europeo en vigor desde el pasado enero que desarrolla Mifid 2, ya contaba con esta capacidad.

El organismo que dirige Sebastián Albella dispone de la autoridad para vetar sine die la venta de productos financieros como depósitos estructurados, fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), derivados en general y, en particular, opciones binarias y contratos por diferencias (CFD). Estos dos últimos productos son la diana actual del supervisor, pues existe una resolución de la CNMV a consulta pública para prohibir las primeras y restringir las segundas ad eternum.
(Cinco Días, 27-11-2018)

El Gobierno restituirá en una ley urgente todas las competencias de la CNMC
Esta medida requiere de la aprobación de una norma con rango de ley que modifique, a su vez, varias leyes aprobadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy en las que este se atribuyó, o no reconoció, las competencias que la Unión Europea otorga al regulador independiente. La maniobra le costó a España la apertura de una investigación que se saldó en 2016 con un dictamen motivado por haber transpuesto incorrectamente al ordenamiento jurídico las directivas sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad y del gas.

Para evitar que Bruselas ejecute en breve su amenaza de presentar un recurso por incumplimiento contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la UE y poner fin a los litigios que la CNMC mantiene contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo, el Ministerio de la Transición Ecológica ha elaborado una propuesta de norma para devolver al supervisor sus potestades. También para cumplir con el compromiso adquirido en junio con el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Además de elaborar la metodología, estructura y valor de los peajes de acceso a las redes eléctricas y del gas natural, la Comisión también fijará a partir de ahora la retribución de las actividades de transporte y distribución de gas y luz y de las plantas de gas natural licuado (GNL). Concretamente, la metodología, los parámetros retributivos y la remuneración de estas actividades. Por otra parte, el organismo que preside José María Marín, establecerá las reglas de funcionamiento de los mercados organizados; aprobará la retribución de los operadores de los sistemas eléctrico (REE) y gasístico (Enagás) y supervisará sus planes de inversión. También tendrá competencias respecto a los derechos de acometida o enganches.

Con esta finalidad, el real decreto ley en marcha cambiará algunos contenidos de la Ley de Creación de la CNMC, de 2013; la del Sector Eléctrico y la de Hidrocarburos, estas dos últimas modificadas en 2014 por el Ministerio de Industria a través de una ley ajena al sector: la de Metrología. Mientras la primera de esas normas y las otras dos (antes de ser modificadas) reconocían, al menos, la potestad de la Comisión de elaborar el método de cálculo de las tarifas de acceso, aunque no su estructura ni su fijación, la de Metrología supuso una vuelta más de tuerca, al traspasar al ministerio incluso la función de diseñar la metodología de los peajes.

De esta manera, el departamento que dirigía a la sazón José Manuel Soria, junto a su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, pudieron sacar adelante, en contra del criterio de la CNMC, la polémica tarifa en alta tensión de la industria vasca, o euskopeaje, que supuso de facto la ruptura de la tarifa única en todo el Estado.
(Expansión, 27-11-2018)

El Banco de España quiere limitar el dividendo de la banca
El final de ejercicio se acerca y los responsables de las entidades, además de preparar las cuentas definitivas de resultados, empiezan a esbozar y plantear los escenarios sobre el reparto de los beneficios entre los accionistas y el aumento de las reservas voluntarias para reforzar la solvencia. Los supervisores ya les han advertido de que no quieren subidas desorbitadas de la parte que se destina a retribuir a los accionistas directamente.

En las últimas semanas los máximos responsables de la supervisión financiera en España han reiterado el mensaje de que, aunque han superado con creces los resultados de las pruebas de esfuerzo y aun reconociendo que los bancos nacionales han hecho importantes esfuerzos para aumentar su solvencia, lo cierto es que la media de todos ellos se coloca en los últimos lugares del promedio de los demás países y que en la comparación con sus iguales no salen bien parados.

Por ello no hacen sino pedirles que refuercen sus posiciones de capital para estar preparados por si las situaciones se tensan, a pesar de que admiten que los bancos, además de aumentar sus recursos propios, han destinado 300.000 millones de euros a provisiones desde el inicio de la crisis hasta ahora.

Los bancos tienen, pues, que encontrar un complejo equilibrio entre qué parte de sus beneficios destinan a retribuir al accionista mediante el dividendo y cuánto se destina a reforzar los niveles de capital. Todos los bancos españoles están dentro de los parámetros fijados por el Banco Central Europeo a la hora de definir la política de dividendos, en la medida en que todos ellos están en la senda de cumplir holgadamente los requisitos de capital que se les exigirán cuando todos los requerimientos regulatorios estén en funcionamiento.

El Mecanismo Único de Supervisión discutió, hace un par de años, cuáles debían ser las condiciones a establecer como garantía de que el reparto de dividendos no supondría un problema para garantizar la solvencia de los bancos. Había dos posibilidades: poner, como puso en marcha el Banco de España en su momento, una limitación porcentual al reparto en metálico del beneficio entre los accionistas (la cifra establecida fue el 25% de los resultados mientras los bancos no alcanzaran unos niveles determinados de capital), o bien examinar si las entidades están en el camino de cumplir con holgura los requerimientos futuros de capital.

Ésta fue la opción elegida y la que se utiliza cuando se habla con las entidades acerca de hasta dónde deben repartir dividendos. La nueva cúpula del Banco de España se rige por este último criterio, como no puede ser de otra forma, pero tiene cierta prevención acerca de que, como se está produciendo una recuperación generalizada de los resultados que está permitiendo aumentar la rentabilidad de las entidades, éstas decidan tener un gesto algo mayor para compensar de los años pasados a los accionistas y decidan aumentar el pay out de manera no aconsejable.
(El País, 27-11-2018)

Sector

El Notariado avisa a las autoridades de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales
Los notarios españoles han informado de más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde el año 2006, según ha informado el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido. Estas cifras han sido difundidas en la inauguración del encuentro Delitos Económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución. Este evento está organizado por el Consejo General del Notariado y la Unión Internacional del Notariado (UINL), que representa a profesionales de 88 países.

El director de general de los Registro y el Notariado, Garrido, ha afirmado que las nuevas tecnologías y la globalización permiten realizar operaciones al margen de la ley que son difíciles de seguir. Además, el blockchain y otras criptomonedas pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito. "La colaboración internacional, el análisis del Big Data y la homogeneización de mecanismos adquiere un carácter fundamental en la persecución de estos delitos", ha explicado Garrido.

José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, ha resaltado la concienciación del notariado español contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Martínez Sanchiz ha hecho hincapié en la dificultad para los notarios de perseguir estos delitos. "La sociedad ha cambiado y la delincuencia cuenta con posibilidades inimaginables. Hay que dejar de considerar a los delitos económico como de cuello blanco, son una lacra", ha aseverado Martínez Sanchiz.

El presidente de la UINL, José Marqueño, ha explicado que los objetivos del foro que se celebra este martes y miércoles deben servir para proponer modificaciones normativas a las autoridades mundiales para intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la prevención de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. "Tras este foro se presentarán propuestas concretas al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece los estándares mundiales de prevención para los delitos económicos", ha concluido el Marqueño.
(Expansión, 27-11-2018)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).