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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 16 de noviembre de 2018
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 16 de noviembre de 2018.
(BOE, 28-11-2018)

Euro
Resolución de 27 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 27 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 28-11-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/index.php?d=287&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2018

Fiscal

Moscovici reconoce que será "difícil" aprobar en diciembre el impuesto a las grandes tecnológicas
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha reconocido hoy que resultará "difícil" que los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) logren la unanimidad necesaria en su reunión de diciembre para aprobar un impuesto sobre las empresas digitales. "En el caso de diciembre, un consenso será difícil, pero no es imposible, así que sigamos empujando en esa dirección", ha asegurado durante una intervención en la comisión especial de la Eurocámara sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales.

Moscovici ha recalcado que no "descubre nada nuevo" al decir que aún no hay un acuerdo entre los Estados miembros sobre el impuesto digital, pero ha destacado que "el apoyo a la propuesta ha aumentado considerablemente" y se ha mostrado dispuesto a seguir trabajando para conseguir que los países "logren superar sus reticencias antes de fin de año".

Desde hace meses, los países de la UE debaten aprobar un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas de Internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, que se aplicaría de forma temporal hasta lograr una solución global. De ese modo, se busca paliar la disparidad entre las plataformas digitales (9,5 %) y las empresas tradicionales (23,2%) a la hora de pagar el impuesto de sociedades.

Francia es la principal partidaria de aprobar la medida en la próxima reunión de ministros de Finanzas de los Veintiocho, que se celebrará el 4 de diciembre en Bruselas, mientras que socios como Irlanda y Suecia mantienen sus reservas. Al tratarse de una cuestión de fiscalidad, es necesaria la unanimidad de todos los Estados miembros para que la propuesta se convierta en ley.

Este martes, Moscovici ha afirmado que a principios del próximo año propondrá utilizar la mayoría cualificada en materia fiscal y abandonar la exigencia de la unanimidad, como ya había anticipado en su discurso sobre el estado de la Unión en septiembre de 2017 el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker. El comisario ha dicho que el impuesto digital no va "en contra" de las empresas estadounidenses y que si no se obtiene un acuerdo en la UE surgirán remedios nacionales en los Estados miembros.

En un acto posterior en la misma comisión parlamentaria, el responsable de la política económica de Google en Europa y otras partes del mundo, Adam Cohen, ha manifestado la preferencia de su empresa por un "sistema de impuestos internacional más simple y coherente". El director de política fiscal global de Facebook, Alan Lee, ha dicho que en su empresa son partidarios de impuestos "simples de administrar" para las compañías y que proporcionen "certidumbre y estabilidad a largo plazo" para los negocios.
(Cinco Días, 28-11-2018)

Madrid bajará la carga fiscal en las herencias entre hermanos y a sobrinos
Madrid da un paso más en su estrategia de ahondar en las rebajas fiscales. La próxima semana se aprobará en el Pleno de la Asamblea de Madrid una nueva y pionera vuelta de tuerca al Impuesto de Sucesiones y Donaciones: una bonificación del 15% para las transmisiones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos; además de la creación de un mínimo exento de 250.000 euros para donaciones y herencias entre padres e hijos, cónyuges y hermanos que se destinen a la adquisición de vivienda habitual o al lanzamiento de una iniciativa empresarial o de emprendimiento. Con ello, el Ejecutivo de Madrid vuelve a marcar distancias con la estrategia tributaria del Gobierno central y abre una nueva vía fiscal en el terreno autonómico.

Cabe recordar que Madrid fue la primera autonomía en bonificar al 99% las herencias y donaciones entre padres e hijos y cónyuges. A pesar de las fuertes críticas que esta política ha generado entre otras autonomías -que han acusado a Madrid de practicar dumping fiscal- son cada vez más las regiones que han aprobado bonificaciones en este impuesto (Andalucía, Asturias o Aragón, por ejemplo).

Con esta nueva mejora fiscal, planteada por el Gobierno del PP y respaldada por Ciudadanos, Madrid trata de completar su modelo. Hasta la fecha, el pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre los grupos I y II (descendientes y cónyuges) y los del grupo III (hermanos y tíos-sobrinos) albergaban unas notables diferencias. Los últimos podían llegar a tributar por un gravamen marginal que va, en función del patrimonio preexistente, del 54% al 64,8%, según las estimaciones realizadas en su momento por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar.

La recaudación de estos dos impuestos, en manos de las comunidades autónomas, fue de 2.240 millones de euros según el último Panorama de Fiscalidad Autonómica elaborado por el Colegio de Economistas, con datos referidos a 2015. Curiosamente, Madrid es una de las comunidades donde más se recauda (307 millones) a pesar de la bonificación del 99% en los grupos más numerosos, por la elevada cantidad de operaciones que se producen. La autonomía que más ingresa es Cataluña, con 427 millones, seguida de Andalucía con 336 millones.

La armonización del Impuesto de Sucesiones es una espada de Damocles que pende sobre el Ejecutivo de Madrid desde que inició esta política de reducciones para evitar la doble fiscalidad que entraña este tributo y los umbrales de confiscatoriedad que puede rebasar con tipos por encima del 50%. Sin embargo, hasta ocho comunidades autónomas aprobaron cambios legales en el tributo para el presente año fiscal con diversos tipos de bonificaciones. En una entrevista el pasado junio, el propio presidente de Madrid, Ángel Garrido, señalaba la posibilidad de ir más lejos en la rebaja fiscal de estos dos tributos si la situación económica era propicia.

La carga fiscal que se genera en las herencias es uno de los motivos que subyace en un fenómeno creciente en España: la renuncia a las herencias. Según los datos del Consejo General del Notariado en 2017 tuvieron lugar 408.402 herencias, de las que se renunciaron a 42.987. Con los datos aún provisionales del primer semestre, de 222.240 Sucesiones se renunció a 24.124. En el caso de Madrid, de 47.499 herencias se optó por el desistimiento en 4.618 casos.
(Expansión, 28-11-2018)

El déficit público baja un 20,8% hasta septiembre y el del Estado se reduce un 36,8% hasta octubre
El déficit consolidado de las Administraciones Públicas en el tercer trimestre, excluyendo las Corporaciones Locales, fue de 18.585 millones de euros frente a los 23.453 millones del año anterior. Es decir, se ha reducido un 20,8%. De esta forma, el déficit público se situó en términos de PIB en el 1,53% en septiembre, por debajo del 2,01% registrado en el mismo periodo de 2017.

Hay que tener en cuenta que esta cifra no incluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras, que a finales de septiembre presentó un importe positivo de 33 millones. La Administración Central registró hasta el tercer trimestre del año un déficit del 1,22% del PIB, excluyendo la ayuda financiera. Si se incorpora dicha partida el déficit sería también del 1,22% del PIB, incluyendo el déficit del Estado (1,09% del PIB) así como el de los organismos de la Administración Central (0,13% del PIB) correspondientes al mes de septiembre.

El déficit de la Administración Central se ha reducido en un 16,8% respecto al registrado en el mismo periodo de 2017, debido al incremento de los ingresos en un 8,2%, frente al aumento de los gastos en un 5,4%. Por su parte, las comunidades autónomas han registrado hasta septiembre un superávit de 2.035 millones, frente al superávit de 481 millones registrado en el mismo periodo del año anterior. Este resultado se debe fundamentalmente a la evolución de los ingresos, que crecen un 5,5% frente al menor aumento de los gastos (4,3%).

Además, los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit de 5.848 millones de euros hasta septiembre, un 11,2% inferior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los recursos se han incrementado un 5,2%, destacando la evolución favorable de las cotizaciones, que aumentan un 5,3%. Por su parte los empleos se incrementan un 4,3%.

El déficit del Estado hasta octubre se redujo un 36,8%, hasta los 8.384 millones de euros, equivalente al 0,69% del PIB, 0,45 puntos porcentuales menos, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda. La reducción del déficit del Estado se debe fundamentalmente al incremento de los ingresos un 8,5%, hasta 145.961 millones de euros, frente al alza del 5,4% de los gastos no financieros del Estado, con un total de 176.321 millones hasta octubre.

Hasta octubre, el superávit primario del Estado (la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda) aumentó un 56%, hasta los 13.413 millones de euros.
(El País, 28-11-2018)

Laboral

Nuevo registro de jornada
Los trabajadores van a tener que volver a fichar a la entrada y a la salida de su puesto de trabajo. Si sale adelante la reforma laboral que ha diseñado el Gobierno de Pedro Sánchez, el Estatuto de los Trabajadores va a reconocer como derecho laboral básico de cada empleado “conocer la duración y la distribución de su jornada ordinaria de trabajo, así como su horario de trabajo”.

Así lo recoge el último borrador de propuesta de modificación del registro horario en las empresas que ha enviado el Ministerio de Trabajo a los sindicatos y los empresarios. El texto propuesto por el Ejecutivo reforma cuatro artículos del Estatuto de los Trabajadores (4, 12, 34 y 35) y otro artículo más de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

De esta forma, para que se haga efectivo este nuevo derecho de los trabajadores, la ley que regula el mercado de trabajo especificará en el artículo 34 del citado Estatuto cómo deberán registrar la jornada las empresas. “Será de obligación de la empresa registrar la jornada de cada trabajador. Este registro de jornada será diario y deberá incluir el horario concreto de entrada y salida”, indica el borrador legal del Ejecutivo.

Esto supondrá, por tanto, la vuelta al tradicional sistema de fichar al llegar y al marcharse del trabajo que, a fecha de hoy, aún tienen muchas grandes empresas, pero prácticamente ninguna de las medianas y pequeñas.

La propuesta del Gobierno, que en todo caso necesitará el respaldo parlamentario para salir adelante, recoge también que “los convenios colectivos podrán establecer la forma de organización del registro de jornada y de acceso al mismo de la persona trabajadora”.
(Cinco Días, 28-11-2018)

Los autónomos que ingresen menos del SMI deberán afrontar la nueva subida en las cotizaciones, al igual que el resto de trabajadores por cuenta propia
El Ministerio de Trabajo se encuentra en pleno proceso para definir un sistema de cotizaciones por ingresos reales en autónomos. Tanto es así, que la actual titular del Ministerio se ha comprometido a dar una fecha de entrega de un documento que sirva como base para implantarlo. Según declaraciones de Magdalena Valerio, habrá un primer documento sobre este asunto el 31 de enero de 2019.

Este significativo avance esconde una mala noticia para los autónomos con ingresos bajos. Más concretamente para aquellos que tengan ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. A lo largo de los últimos meses se habló de una tarifa plana para esta parte del colectivo autónomo. De hecho, Podemos anunció un principio de acuerdo para establecer una cuota reducida para los profesionales que se encontraban en esta situación. La operación no se descarta, aunque se liga al establecimiento del sistema de cotizaciones según ingresos. Una nueva fórmula que tardará en llegar.

“Seríamos irresponsables si fijáramos un plazo de días para este sistema", ha afirmado Valerio, a la vez que se ha comprometido a que este asunto sea una “prioridad” para el Gobierno durante el próximo año.

"La semana pasada se avanzó muchísimo en ese acuerdo, que algunos han calificado de histórico", ha señalado la ministra durante su intervención en los mencionados Desayunos. En relación a los autónomos con menos ingresos, la titular del Ministerio de Trabajo ha señalado que un sistema de este calado “no se improvisa”, ya que “hay que cruzar millones de datos”. De ahí que ese primer documento no vaya a llegar hasta febrero, del año que viene.

En consecuencia, con esto Valerio ha avanzado que la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda ya están trabajando juntos para cruzar los datos necesarios que hagan posible este sistema que bonificará a aquellos autónomos que ingresen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Cabe recordar, que, con el nuevo acuerdo, los nuevos autónomos tendrán una bonificación durante sus primeros meses, cifrándose en 60 euros al mes la cuota que tendrán que abonar a la Seguridad Social. También se anunciaron medidas para fomentar el trabajo autónomo tras la maternidad.

Dentro del mismo marco, el Ejecutivo socialista y las principales organizaciones del colectivo autónomo acordaron también una mayor cobertura en las prestaciones, a cambio de una subida en la cuota mensual para todos los trabajadores por cuenta propia.
(El País, 28-11-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las empresas españolas aceleran para ganar peso y contratos en China
España quiere reforzar las relaciones económicas con China para impulsar unas relaciones comerciales y unos intercambios de inversiones muy por debajo de los de otros países de nuestro entorno. Las estadísticas así lo reflejan. Pese a ser el mayor exportador del mundo y una de las grandes potencias mundiales, las exportaciones españolas a China apenas sumaron 4.663 millones en los tres primeros trimestres del año, un 2,2% del total de ventas de bienes al exterior. Las cifras de la inversión atraída también muestran un retraso. En la primera mitad de 2018, las empresas chinas invirtieron 1.064 millones de euros, convirtiéndose en el cuarto mayor inversor, por detrás de EE UU, Reino Unido y Alemania.

Conscientes de esa brecha, el Ejecutivo y las empresas quieren aprovechar la llegada de Xi Jinping, el primer viaje de un presidente chino en trece años, para darle un impulso definitivo. El presidente chino aterrizó ayer por la noche y tendrá una intensa agenda de actividades durante los dos días de su visita. Las previsiones que manejan desde Moncloa es que se cerrarán en torno a una veintena de memorandos de entendimiento, de los que una decena involucrarán a empresas públicas chinas y españolas y otros diez serán firmados por empresas españolas con contratistas chinos. Entre los primeros se firmará un convenio sobre terceros mercados (inversiones conjuntas en otras áreas como África o Latinoamérica), otro sobre Seguridad Social y Empleo, otro sobre enseñanza del español en China y otro para impulsar la financiación para proyectos empresariales, en el que participará el ICO.

La parte más importante del acuerdo se centra en los acuerdos entre firmas españolas y concesionarias chinas, debido al gran número de barreras que persisten en el mercado chino para las empresas españolas de construcción e ingeniería. Un informe de la Oficina Comercial de España en Pekín, fechado el pasado mes de junio, subraya que no existe un marco normativo que regulen la colaboración público-privada. “Aunque esté permitida la constitución de empresas constructoras de capital 100% extranjero, la normativa restringe notablemente el alcance de sus actividades y el reconocimiento de referencias internacionales cuando se concursa a proyectos por parte de filiales de grandes empresas”, recalca.

En esa línea se inscribe la alianza suscrita hace apenas dos semanas entre las empresas públicas españolas Adif y Renfe con la firma estatal China Railway Corporation con el fin de compartir información y experiencia en gestión y desarrollo ferroviario, especialmente en la alta velocidad. La visita de Xi Jinping también servirá para la constitución de un Consejo Empresarial Chino-Español, que nació ayer y hoy tendrá su primera reunión bajo la presidencia de Pedro Sánchez y Xi Jinping. Este organismo estará compuesto por 15 empresas chinas y 15 españolas, y contará con dos presidentes (uno chino y otro español).

Muchas de esas compañías participaron ayer en un foro de consejeros delegados. En el acto, en el que intervinieron la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, diecisiete consejeros delegados de empresas españolas (Gestamp, Alsa, BBVA, El Corté Inglés, Grupo Antolín, Santander, Iberia, Indra, La Liga, Maxam, Meliá, Mondragón, Osborne, Repsol, Siemens Gamesa, Técnicas Reunidas y Telefónica) expusieron de forma sintética durante 30 segundos su posición en el mercado chino y los principales objetivos de su estrategia empresarial. Estas intervenciones estuvieron intercaladas con las de otros 15 consejeros delegados de China (ICBC, CNMB, China Poly Group, CCCC, China Energy Engineering Group, Huawei, Beijing Automotive Group, Shanghai Electric, Byd Company, China Investment Corporation, China Construction Bank, Sinopec, Cosco Shipping, China Eastern Air Holding y JSTI Group). Todas ellas son grandes multinacionales, con músculo financiero y una cartera abultada de inversiones en los últimos años, muy ligadas a la nueva ruta de la seda impulsada desde el Ejecutivo chino.

Otro punto de interés de la cumbre es el impulso a la llegada de turistas chinos a España. Pese a ser el segundo mayor destino más visitado del mundo, con 81,8 millones de viajeros, China apenas supone un 0,6% del total, con 515.000 turistas.
(Expansión, 28-11-2018)

El Gobierno podrá cerrar webs piratas sin autorización del juez
El cierre de páginas web sin necesidad de autorización judicial ya es posible, tras recibir la aprobación en el Congreso. Se ratifica el Proyecto de Ley para modificar la normativa de Propiedad intelectual, que introduce esta novedad a través de una enmienda al texto, la número 32, acordada por PP, PSOE y Ciudadanos. A partir de ahora, cuando exista "reiteración por segunda vez de actividades ilícitas", el prestador de servicios de internet que aloje el contenido deberá ejecutar "la medida de colaboración" solicitada desde el Ministerio de Cultura, que "no requerirá la autorización judicial prevista" en la llamada Ley Sinde y exigida hasta ahora.

Este punto de la reforma aboga por la agilización del cierre de páginas que hayan vulnerado previamente los derechos de propiedad intelectual, véanse webs piratas de películas y series o réplicas del trabajo periodístico de diarios de información. En esos casos de reincidencia, la decisión quedaría en manos del Ejecutivo, que no necesitaría solicitar al juzgado "la autorización" prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998. Ese añadido del año 2011 estuvo amparado por la ministra con el PSOE Ángeles González-Sinde y se aprobó cuando el PP ya estaba en el Gobierno.

Algunos generadores de contenidos habían pedido acelerar los mecanismos para evitar la piratería y, ciertamente, que no se necesite una autorización judicial refuerza la contundencia y la celeridad demandadas por los tenedores de los derechos. Sin embargo, la modificación ha encontrado oposición en los prestadores de servicios online. Adigital (Asociación Española de Economía Digital) cree que esta enmienda "aniquila la garantía procesal que aporta la intervención judicial por el mero hecho de que el sujeto hubiera incumplido antes". A entender de Adigital, "la enmienda propuesta fulmina la presunción de inocencia".

Entre las más de 500 compañías asociadas a Adigital se encuentran plataformas susceptibles de alojar páginas web que utilicen contenidos que no son de su propiedad. Google, gigante entre los grandes de la tecnología y buscador predominante, no ve con buenos esta modificación, según distintas fuentes de este periódico. En la misma línea, la asociación de consumidores Facua "rechaza la enmienda" por "la pérdida de libertades que puede suponer".

Según aclaró el Ministerio de Cultura, "el cese de actividad de una página web (ya prevista en la Ley de Propiedad Intelectual) sólo se puede adoptar en caso de reiteración de conductas ilícitas (tras concluir varios procedimientos administrativos". Ante la reiteración de incumplimiento, según Cultura, "los grupos parlamentarios están de acuerdo en que se pueda suprimir la segunda autorización ya que este trámite es innecesario y retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva". Es decir, la reiteración permite prescindir de la autorización de un magistrado. Dependerá de la Comisión de Propiedad intelectual habilitada por la Ley Sinde; del poder Ejecutivo y no necesariamente del Judicial.

"Esto supone un avance en la línea de países de nuestro entorno, como Italia, Portugal y Reino Unido. La medida sólo va contra los piratas reincidentes, que aun así cuentan con la posibilidad de recurrir por la vía contencioso-administrativa", exponen a este periódico desde la Coalición de Creadores e Industrias de contenidos. "Para un producto cultural sujeto a derechos de autor, el tiempo resulta fundamental y, con esta enmienda, lograría acortarse", destacan.
(El País, 28-11-2018)

El BCE insiste en que dejará de comprar activos en enero
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo que la institución mantiene su decisión de poner fin a su programa de compra de activos al término de diciembre, de modo que las adquisiciones cesarán en enero, pese a los datos económicos más débiles de lo esperado. No obstante, Draghi añadió en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo (PE) que "se mantendrá un nivel significativo de estímulos monetarios" tras el fin del este programa para apoyar el alza de la inflación.

Draghi señaló que la inflación nominal aumentó en octubre una décima, hasta el 2,2%, pero la inflación subyacente -que incluye el efecto de los precios de energía y alimentos frescos- se mantiene "débil", aunque ha aumentado desde las cotas bajas previas. En este sentido, dijo que hay "buenas razones para confiar en que la inflación subyacente aumentará gradualmente" en adelante apoyada en la fortaleza de la demanda interna y el aumento de los salarios.

Así, el BCE confía en que la inflación convergerá hacia el objetivo de la institución de situarla en cotas cercanas pero inferiores al 2% y "se mantendrá aun después del fin gradual" del programa de compra de activos. Por lo tanto, el Consejo de Gobierno del BCE, a la espera de que los próximos datos confirmen sus expectativas, mantiene sus planes de acabar con el programa de compra de activos al cierre de diciembre, indicó Draghi.

El BCE redujo en octubre sus compras a la mitad, a 15.000 millones de euros mensuales. Con todo, Draghi insistió en que las "incertidumbres" actuales llaman a ser "pacientes, prudentes y persistentes" a la hora de calibrar la política monetaria, y reiteró que el BCE mantendrá un nivel significativo de estímulos para apoyar la mencionada alza de la inflación. Esta será proporcionada a través de la orientación de los tipos de interés y por la "gran cantidad de activos adquiridos y las reinversiones asociadas", dijo.

La entidad monetaria presta a los bancos semanalmente al 0% y les cobra un 0,4% por el exceso de reservas. El BCE mantiene así su política pese a la ralentización del crecimiento en la eurozona que Draghi consideró "normal" y en cierta medida "temporal".
(El Mundo, 28-11-2018)

Sector

La sentencia sobre las hipotecas critica el "arbitrismo judicial" de los jueces que fallaron a favor del cliente
Las tres sentencias del Pleno de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que establecen que sea el cliente el que abone el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) -impuesto que se aplica a las hipotecas- carga contra los cinco magistrados de una de las secciones de este tribunal que fallaron inicialmente a favor del prestatario en este asunto, a los que se critica duramente su "drástico viraje jurisprudencial" y su "arbitrismo judicial".

Las resoluciones, que superan las 180 páginas cada una, evidencian la grave fractura en el seno del tribunal respecto a este asunto, ya que parecen servir de excusa para saldar cuentas entre las dos facciones en las que se dividió la Sala que falló el pasado 6 de noviembre por 15 votos frente a 13 a favor de anular la novedosa jurisprudencia de la sección especializada en tributos y volver a la jurisprudencia tradicional, que libra a las entidades bancarias del pago del tributo.

Posteriormente, un Decreto-ley del Gobierno dio de nuevo la vuelta al asunto y eximió a los clientes en detrimento de los bancos, por lo que al cabo el criterio de la mayoría quedará en nada, al menos para las nuevas hipotecas que se constituyan.

Los quince magistrados que inclinaron la balanza a favor de los bancos critican las resoluciones iniciales porque se actuó sin que se hubiera producido una modificación previa del corpus normativo aplicable ni ninguna otra circunstancia que pudiera incidir en la resolución de los asuntos, "un drástico viraje jurisprudencial respecto a lo que este Tribunal había declarado con anterioridad y por largo tiempo en la jurisdicción contencioso-administrativa, así como respecto a lo declarado en la Sala de lo Civil, giro que tuvo un amplio eco social y jurídico por la indudable trascendencia económica y social de la materia".

Recuerda también la mayoría de la Sala que la "fijación definitiva de jurisprudencia es, precisamente, una de las finalidades básicas -si no la que más- de los plenos jurisdiccionales", y acusan a los firmantes de las sentencias iniciales de causar "arbitrismo judicial" con su inesperada decisión.

En lo que se refiere a la cuestión que constituye el núcleo del litigio, la sentencia recuerda que la Sala mantenía desde 1988 con la normativa anterior y desde 2001 con la ahora vigente una jurisprudencia constante en la que se atribuía al prestatario el pago del referido impuesto.

A su vez la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo había declarado que, en armonía con la jurisprudencia de esta Sala Tercera, en la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados era el prestatario. Entender lo contrario, insiste la mayoría a lo largo de su resolución, "sería tanto como sostener que la atribución de asuntos a las secciones, que se acuerda anualmente por la Sala de Gobierno a propuesta del Presidente de cada sección, es una suerte de atribución competencial excluyente que impide que el Pleno asuma la fijación de doctrina en cualquier materia".

A este respecto precisa la sentencia que resulta "fútil" el argumento de que con las tres sentencias de octubre ya se había sentado jurisprudencia, y que no resultaba admisible su revisión inmediata por el Pleno de esta Sala. "Y no ya sólo porque los tres recursos fuesen idénticos y deliberados conjuntamente -que también-, sino porque como se acaba de señalar y es evidente, cualquier criterio jurisprudencial, incluso consolidado, puede cambiarse", aducen.

Así, pudo separarse la Sala especializada en tributos en las referidas sentencias de la Sección Segunda respecto a una jurisprudencia de décadas, y así lo ha hecho el Pleno de la Sala respecto a tres únicas sentencias discordantes con dicha jurisprudencia, "se considere o no que tal posición discrepante haya de ser calificada o no propiamente como jurisprudencia, a la vista de que fue un criterio adoptado en recursos idénticos en una misma deliberación y, sobre todo, a la vista de su inmediata desautorización por el Pleno".

En conclusión, lo discutible del criterio adoptado por la Sección que firmó las sentencias iniciales -el no tener en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en una jurisprudencia "inveterada y sin fisuras", "la absoluta pertinencia en pro de la seguridad jurídica y de la propia noción de jurisprudencia de mantener en tales circunstancias la existente por encima del criterio subjetivo de quienes componen un órgano en un determinado momento"- entre otros factores, fueron los que determinaron que el Pleno "no pudiera asumir ni, por tanto, ratificar el cambio jurisprudencial tan inopinado como radical como ha sido el acometido" por la Sección Segunda, que fue la que firmó las tres resoluciones iniciales.

De conformidad con lo todo ello, la posición del Pleno en relación con el objeto litigioso es la de confirmar la jurisprudencia vigente hasta ahora en el sentido de que el sujeto pasivo en los préstamos hipotecarios es el prestatario. Dicha conclusión parte de reconocer que el préstamo "tiene sentido y viabilidad en sí mismo, sin perjuicio de que sin la garantía hipotecaria estaría presumiblemente sometido a condiciones más rigurosas en beneficio del prestamista".

Por ello, no considera el Pleno de lo Contencioso del Supremo que "el requisito de la inscribilidad del acto deba acarrear la consecuencia, como se sostiene en las sentencias de la Sección Segunda, de hacer prevalecer a la hipoteca sobre el préstamo como negocio principal a efectos tributarios en las escrituras públicas en las que se documentan préstamos con garantía hipotecaria, en contra -se insiste- de una jurisprudencia constante y uniforme".

Si eso es así, "es claro que desde un punto de vista tributario es el préstamo el que debe guiar la interpretación de las consecuencias tributarias que sean de rigor". Todo ello, añade la sentencia, "a reserva de una previsión expresa del legislador en sentido contrario, como precisamente ha ocurrido con la aprobación por parte del Gobierno mediante un Real Decreto-ley, con posterioridad a la decisión de este asunto por el Pleno.
(Cinco Días, 28-11-2018)

 
 
 
 
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