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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’1 AL 3 DE DESEMBRE DE 2018 Laboral Previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en materia de pensiones de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado Corrección de errores por la que se registran y publican las tablas salariales del personal docente en pago delegado para el año 2018 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos Mercantil, Civil i Administratiu Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 23 de noviembre de 2018 Euro https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/ https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/
Fiscal Hacienda detalla este lunes cómo será la devolución del IRPF de la prestación de maternidad El texto del Supremo solo hacía referencia a la devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad, pero, Hacienda ha optado por igualar el tratamiento fiscal y no esperar a un nuevo pronunciamiento fiscal específico. La prestación por paternidad es el permiso retribuido, que actualmente dura cinco semanas, y que el Gobierno prevé equiparar a las 12 semanas de maternidad progresivamente, por lo que su importancia tributaria será creciente. Se estima que el Estado tendrá que devolver, solo en concepto de maternidad, unos 1.000 millones de euros cobrados indebidamente desde 2014, el último ejercicio fiscal sobre el que es posible reclamar. ¿Cómo será el mecanismo? La Agencia Tributaria trabaja en la puesta en marcha de un mecanismo de devolución ágil tras haber cruzado los datos con los de la Seguridad Social de los beneficiarios de esta ayuda. Los contribuyentes no tendrán que aportar ninguna documentación adicional, dado que la Agencia Tributaria ya ha cruzado estos datos. ¿La devolución será por defecto? No. Los contribuyentes afectados tendrán que solicitarlo a través del mecanismo que habilite la Agencia Tributaria. La herramienta estará disponible a través de la página web de la Agencia Tributaria. ¿Tiene efectos retroactivos? Podrán solicitar dicha devolución aquellos que recibieran la prestación entre 2014 y 2017. Ese es el plazo tras el que vence el derecho de los contribuyentes a solicitar una rectificación de la autoliquidación de sus declaraciones de la renta. ¿Y para los que han recibido esta prestación durante 2018? Este será el primer año en el que esta asignación quedará exenta del IRPF en la campaña de la renta, por lo que no hará falta realizar ningún trámite. ¿Cuántos contribuyentes estarán afectados? Desde 2014 a la actualidad, Hacienda ha abonado la prestación por maternidad a 1,2 millones de madres y más de 20.000 padres, con quien se puede compartir, abonando más de 6.000 millones de euros. ¿Qué plazo habrá para ello? Los contribuyentes que tributaron por el IRPF de la prestación por maternidad en 2014 tendrán hasta el 30 de junio de 2019 para solicitar la devolución, momento en el que finalizará la campaña de la renta de 2018. Los que la recibieran en 2015, tendrán hasta junio de 2020 y así, sucesivamente. ¿La devolución se realizará con intereses? Depende. Hacienda compensará, en función de la Ley General de Tributos, con intereses a aquellos que su declaración de la renta les saliera a pagar. Por contra, los contribuyentes a los que la Renta les saliera a devolver, no recibirán intereses adicionales. Laboral El Gobierno y los sindicatos acuerdan reorganizar la Seguridad Social en una estructura única CSIF ha explicado que esta propuesta, pendiente aún de desarrollo en el marco de la Mesa Delegada de la Seguridad Social, persigue también el objetivo de reordenar y racionalizar los medios humanos disponibles. "Esta medida permitirá negociar una nueva relación de puestos de trabajo, reordenar las plantillas y abre la puerta a que Función Pública convoque ofertas de empleo público específicas", ha subrayado CSIF. CSIF ha denunciado que la situación actual de la Seguridad Social es "insostenible" a causa del envejecimiento de plantillas y de la falta de personal. Según un estudio del sindicato, una cuarta parte de las oficinas de la Seguridad Social no cuenta ni con cuatro empleados. Con esta reorganización de la Seguridad Social, se mejorará la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos y las condiciones de trabajo de unos 27.000 trabajadores públicos, según CSIF. El acuerdo también prevé revisar el sistema de productividad; la recuperación de los comités de seguridad y salud; la mejora de la formación, la promoción interna y la movilidad entre las diferentes entidades de la Seguridad Social. En la Asamblea Electoral de CEOE celebrada el pasado 21 de noviembre, que eligió por aclamación a Garamendi como nuevo dirigente, trascendieron algunos nombres para ocupar vicepresidencias en esta organización. En concreto, se señalaron como previsibles miembros a Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabajo; Juan Pablo Lázaro, de la patronal madrileña (CEIM); el vicepresidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos. Sin embargo, podría faltar algún nombre, puesto que Garamendi anunció el día de su elección que va a solicitar a la Junta Directiva la ampliación de algunas de las vicepresidencias para incorporar a más mujeres y lograr un "equilibrio de género". Los estatutos de CEOE dictan que "el número de vicepresidentes a designar no podrá ser superior a cuatro, si bien y, además, será vicepresidente de la confederación en todo caso el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa". " Garamendi también anunció que incorporará al Comité Ejecutivo a cinco mujeres empresarias. Los estatutos recogen que el número de miembros de este órgano no podrá ser inferior a 40 ni superior a 50, si bien, a propuesta del presidente, se podrá designar como miembros del Comité hasta cinco personas "de reconocido prestigio y experiencia acreditada en el mundo empresarial y económico". La elección de vicepresidentes y de los vocales del Comité Ejecutivo deberá ser ratificada en la primera Asamblea General ordinaria que se convoque, previsiblemente en 2019.Por otra parte, Cepyme tiene que elegir al sucesor de Garamendi en esta patronal de entre los 10 vicepresidentes que tiene la organización. El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, apunta a este cargo. Su nombre suena para una vicepresidencia de CEOE, y según fuentes de la organización "no es lo normal" que haya dos personas de Cepyme en las vicepresidencias de CEOE, solamente una y es quien sea presidente de Cepyme, como recogen sus estatutos. La plena inclusión laboral de las personas con discapacidad no se producirá hasta 2249 El director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, ha detallado que "se trata de una aproximación empírica y de ficción que, sin ánimo de ser rigurosamente exhaustiva, predice cómo podría evolucionar el empleo de las personas con discapacidad, partiendo de la situación actual" con el fin de generar diálogo y servir de estímulo para potenciar iniciativas que impacten de forma real en la plena inclusión". Actualmente, un 64,8% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca, porcentaje que desciende hasta el 22% entre la población sin discapacidad, según el informe 'El empleo de las personas con discapacidad' del INE de 2017, por lo que la participación de las personas con discapacidad en el mercado se reduce a menos de la mitad que la genérica, con una actividad del 35,2%, frente al 78% de media estatal. Fundación Adecco recuerda que, con anterioridad a los años 80, la participación de las personas con discapacidad en el empleo era residual, situación que cambió con la Ley de integración social del minusválido (actualmente LGD) aprobada en el año 1982, que estableció la obligatoriedad de incorporar en las empresas de más de 50 trabajadores un porcentaje de profesionales con discapacidad no inferior al 2%. Sin embargo, la Fundación lamenta que, casi cuatro décadas después, las personas con discapacidad siguen encontrando grandes obstáculos de acceso al mercado laboral tanto extrínsecos (barreras en los centros educativos, en las empresas y en la sociedad general) como intrínsecos, como la sobreprotección familiar, la cultura de las políticas pasivas de empleo, miedos e inseguridad, que conducen a la inactividad o a la merma de voluntad a la hora de buscar empleo. En cualquier caso, la institución argumenta que el objetivo debe ser alcanzar unas cotas de participación lo más elevadas posible por lo que, con el fin de analizar de una manera pormenorizada las tendencias futuras relativas a la inclusión laboral de personas con discapacidad, ha llevado a cabo un análisis de series temporales cuya hipótesis inicial toma como valor de referencia deseable una tasa de actividad para las personas con discapacidad que dobla a la actual, es decir, del 70%, un porcentaje que se alcanzaría dentro de 171 años, en 2189. La predicción contempla que, para hablar de plena inclusión, esta actividad debería ir acompañada de un volumen de contratación similar a la del resto de los ciudadanos por lo que, aspirando a una proporción del 0,94 para una tasa de actividad del 70% de las personas con discapacidad (es decir, se contabilizarían 1.288.490 activos, el doble que actualmente, de un total de 1.840.700 personas en edad laboral), se puede concluir que las personas con discapacidad deberían firmar un total de 1.211.180 contratos para hablar de un nivel óptimo de inclusión. Teniendo en cuenta que el año pasado las personas con discapacidad firmaron 110.068 contratos (SEPE, contratos a colectivos especiales 2018) y constatando que éstos crecen a un ritmo de 47.465 contratos por década, tomando como media aproximativa la diferencia entre 2017-2007 y 2016-2006, los 171 años anteriores se prolongarían hasta los 231 ejercicios, es decir, hasta 2249. Trabajo estudia fórmulas para retrasar la jubilación voluntaria Granado, -que ha clausurado unas jornadas sobre Las pensiones del futuro II organizadas por Ibercaja y Funcas- no concretó en qué está pensando el Ministerio de Trabajo más allá de que estudia fórmulas “más generosas” para compatibilizar el cobro de la pensión y la permanencia en activo en un puesto de trabajo. “El sistema español tiene unas reglas de compatibilidad muy duras. Pero cada vez va a ser más fácil tener ocupaciones hasta una edad prolongada. Hay que ir retrasando la salida del mercado de trabajo y buscar reglas de compatibilidad más generosas, porque actividades que requieren esfuerzo físico van a ser cada vez menores; se trata de conseguir que la gente se jubile más tarde”, ha dicho Granado. Actualmente, los asalariados y los autónomos sin trabajadores, una vez que cumplen la edad de jubilación y siempre y cuando tengan derecho al 100% de la pensión, pueden seguir trabajando y recibir, al mismo tiempo, el sueldo y el 50% de su pensión de jubilación. Solo los autónomos con al menos un asalariado pueden actualmente seguir trabando tras cumplir la edad de jubilación y cobrar el 100% de la pensión. Aunque el responsable de la Seguridad Social sí ha dado dos pistas: las medidas podrían ir dirigidas especialmente a aquellos tipos de trabajo menos penosos y que permiten estar en activo a edades avanzadas. Y, en segundo lugar, ha aclarado que en ningún caso el Gobierno va a retrasar la actual edad legal de jubilación prevista a los 67 años a partir de 2027. “El esfuerzo de retrasar esta edad ordinaria ya se hizo en 2011”, cuando se aprobó el retraso citado, ha hecho hincapié. En cuanto a la pensión de viudedad, Granado ha precisado que “se creó en España en un momento en el que las mujeres no trabajaban”. Y se preguntó si “tiene sentido en la España del siglo XXI, en 2018, “que tengamos una pensión configurada como hace 50 años”. Mercantil, Civil i Administratiu El Banco de España fijará criterios de solvencia para los clientes al conceder préstamos Para ello Economía tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros la Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (ANESFI), que estará integrada por representantes del Ministerio de Economía, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Cada una de estas instituciones tendrá un papel diferente con un mismo fin, evitar la creación de una nueva burbuja crediticia. Para ello, Economía aprobará una norma que, entre otras cosas, dotará al Banco de España con las herramientas suficientes para controlar una excesiva expansión del crédito. Una de las principales lecciones aprendidas en la crisis financiera iniciada en 2007, y que ha quedado plasmada en un documento aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 29 de noviembre es que el supervisor bancario pudo hacer más para evitar esta hecatombe económica. Aunque, según los responsables del Banco de España, no contaban con las herramientas para frenar el espectacular crecimiento del crédito, sobre todo inmobiliario, origen de la caída del 40% del sistema financiero. Por ello, Economía permitirá a la institución que dirige Pablo Hernández de Cos imponer límites al aumento del crédito. Aunque para evitar que se produzca un freno en el crecimiento económico por una posible limitación a la financiación de empresas y hogares, el proyecto pasa por poner topes solo al incremento de los préstamos de los sectores que experimenten una mayor expansión con peligro de formar una burbuja. Este podría ser en la actualidad el caso del crédito al consumo si su expansión en los próximos ejercicios sigue la trayectoria de los dos últimos ejercicios. El Banco de España como el Banco Central Europeo (BCE) llevan meses avisando de su crecimiento, aunque también es cierto que el crédito al consumo apenas tiene un peso de alrededor el 5% sobre la cartera total crediticia. Los porcentajes que aplicará el supervisor para frenar el aumento crediticio aún no se han fijado. Otra de las herramientas de las que dispondrá Hernández de Cos será la de exigir más colchón de capital también por la expansión de la financiación a un sector económico determinado. Hasta ahora el Banco de España examina cada trimestre el crecimiento del crédito en general, y en función de su expansión puede pedir más capital a las entidades financieras. Pero en este caso no discrimina en función de la tipología del crédito, como ocurrirá una vez que se ponga en marcha Anesfi. El Eurogrupo prevé cerrar el acuerdo para reformar la eurozona Los ministros abordarán, asimismo, las opiniones de la Comisión Europea sobre los planes presupuestarios de los Estados miembros, en particular el de Italia, después de que Bruselas haya pedido abrir un expediente sancionador al país por su elevada deuda pública. Los líderes la Unión Europea encargaron a sus ministros en junio pasado dar un impulso a la reforma de la eurozona y, desde entonces, estos han negociado el paquete de acciones que esperan concluir este lunes. El Eurogrupo prevé presentar un acuerdo sobre los dos puntos que partían con más consenso: la puesta en marcha del cortafuegos del Fondo Único de Resolución bancaria, destinado a evitar que el contribuyente pague en caso de quiebras, y la reforma para dar más poder al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate europeo. Sobre el cortafuegos, existe acuerdo para que el MEDE proporcione los fondos y se plantea adelantar su entrada en vigor -prevista para 2024- posiblemente a 2021, aunque este punto no está cerrado. En cuanto al MEDE, se aprobará darle más poder en la vigilancia económica de los países, para lo que ha llegado a un acuerdo de cooperación con la Comisión, que ahora tiene exclusivamente esta competencia. También buscarán hacer más eficaces las líneas de crédito precautorias que pueden solicitar los Estados en dificultades pero que no necesitan un rescate. Queda por concluir la cuestión de cómo actuar cuando haya dudas sobre si la deuda de un Estado en problemas será sostenible: existe consenso para facilitar su reestructuración si es necesaria, pero hay capitales que piden un mayor automatismo para aplicar esta medida si no hay garantías sobre la capacidad de repago del país. Se trata de la "Nueva Liga Hanseática" capitaneada por Holanda con Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Irlanda, República Checa y Eslovaquia. También queda abierta la cuestión de un posible presupuesto para la eurozona, que no genera consenso y deberá seguir debatiéndose en 2019. Trump y Xi firman un alto el fuego en la guerra comercial Minutos después, la Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que ha detallado que ambos países han llegado al acuerdo de detener la imposición de nuevos aranceles mientras entablan conversaciones comerciales con el objetivo de lograr consenso en un plazo de 90 días. Ambos líderes han establecido que iniciarán de inmediato conversaciones sobre cambios estructurales en las transferencias de tecnología forzadas, la protección de la propiedad intelectual, las barreras no arancelarias, intrusiones y robos cibernéticos, los servicios y la agricultura, de acuerdo con el comunicado. La Casa Blanca ha informado de que Trump ha accedido a no subir los aranceles al 25% (desde un 10% vigente) a bienes importados chinos valorados en 200.000 millones de dólares a partir del 1 de enero, como ya había anunciado previamente. Las dos potencias intentarán que esta "transacción" se complete en los próximos 90 días, pero si eso no sucede, los aranceles del 10% se elevarán al 25% de manera automática. A cambio, China ha aceptado comprar cantidad "muy importante" -aunque no especificada en el comunicado- de productos agrícolas, energéticos, industriales y otros para reducir el déficit existente entre el comercio de ambos países. Y lo hará por tercer mes consecutivo, después de que en septiembre pusiera fin a una larga etapa de abaratamiento de las cuotas hipotecarias. El cambio de tendencia del euríbor, el índice al que al que se encuentran referenciados la mayoría de los préstamos variables en España, se inició el pasado marzo tras tocar fondo en el -0,191%. Para una hipoteca media de 150.000 euros a un plazo de 25 años con un diferencial del 1% sobre el euríbor, la letra mensual subirá 2,81 euros al mes o 33,72 euros al año. Desde el comparador iAhorro sostienen que el euríbor "seguirá en negativo lo que queda de año y es muy difícil que a corto plazo veamos un cambio drástico". Añaden eso sí que "la tendencia seguirá siendo creciente y cada vez se acercará más al cero, pero no será hasta finales de 2019 cuando se llegue a ese punto". Por su parte, el departamento de análisis de Bankinter estima que el euríbor "entrará en terreno positivo a partir del próximo año", alcanzando el 0,30% en el escenario central. De cara a 2020, el índice podría moverse entre el 0,5% y el 0,8%, apunta la entidad en su último informe de perspectivas. La política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE) está llegando a su fin y en diciembre de este año acabará el programa de compras de deuda (QE), sin embargo, el primer incremento de los tipos de interés desde que se dejaran en el mínimo histórico del 0% en marzo de 2016 no se espera hasta la segunda mitad del año que viene. La autoridad monetaria presidida por Mario Draghi ha declarado que subirán las tasas rectoras en el verano de 2019, no obstante, algunos expertos opinan que la decisión podría retrasarse ante la desaceleración de la economía de la zona euro. Ebury, la institución financiera especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, prevé que la primera subida de tipos por parte del BCE "se demore hasta el último trimestre de 2019 o incluso hasta 2020, siempre que la inflación subyacente en la zona euro muestre indicios concretos de un movimiento alcista hacia el objetivo del banco". La firma señala que "existe el riesgo real de que la primera subida pueda retrasarse hasta 2020". |
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