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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 4 DE DESEMBRE DE 2018

Laboral

Bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para el ejercicio 2018
Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2018 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
(BOE, 04-12-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Modelos del recargo a favor del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales y se establece el procedimiento de declaración e ingreso
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros, por la que se aprueban los modelos del recargo a favor del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales y se establece el procedimiento de declaración e ingreso.
(BOE, 04-12-2018)

Plazos y el procedimiento de declaración e ingreso de los recargos recaudados por las entidades aseguradoras
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros, por la que se establecen los plazos y el procedimiento de declaración e ingreso de los recargos recaudados por las entidades aseguradoras.
(BOE, 04-12-2018)

Euro
Resolución de 3 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 3 de diciembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 04-12-2018)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 3 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 04-12-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/index.php?d=292&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 4 DE DESEMBRE DE 2018

Fiscal

El Eurogrupo muestra su preocupación por el presupuesto de Sánchez y pide más ajustes
Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, reunidos ayer en Bruselas, respaldaron la tesis de la Comisión Europea de que los planes presupuestarios del Gobierno de Pedro Sánchez se desvían "significativamente" de los objetivos a medio plazo e incumplen la meta pactada para reducir la deuda. En esta línea, el Eurogrupo insta al Ejecutivo a adoptar "todas las medidas adicionales necesarias" para asegurar que cumplirán con las normas fiscales europeas. En este mismo grupo se encuentran otros cuatro países: Bélgica, Francia, Portugal y Eslovenia. Y en otra liga distinta de incumplimiento, está Italia.

En el caso español, la UE exige a España que presente medidas de ajuste fiscal estructural (permanente y no encomendadas al ciclo económico) por un valor neto de 8.200 millones de euros. Aunque el plan que el Gobierno presentó a la Comisión el pasado 15 de octubre ofrecía tan solo 5.000 millones, la cifra entraba dentro del margen de flexibilidad tolerado por las reglas. El problema fue que cuando el Ejecutivo comunitario se puso a analizar en profundidad las cuentas detectó que el Ministerio de Hacienda había inflado las estimaciones de ingresos e infravalorado los gastos. Según los cálculos de la Comisión, el esfuerzo estructural real de las cuentas del Gobierno era cero.

Todo esto sitúa a España como el país del euro cuyo déficit fiscal estructural para 2019 está más alejado de su objetivo a medio plazo. Por encima incluso que el italiano. A eso se unen dos agravantes peligrosos: una deuda pública en niveles históricamente elevados, cercanos al 100% del PIB, y un alto riesgo para la sostenibilidad financiera a medio plazo, según el último informe de vigilancia de la deuda de la Comisión Europea, publicado en enero de 2018.

Estas tres características sitúan a España como uno de los países que generan mayor preocupación fiscal en la capital europea. Uno de los párrafos publicados ayer en una declaración del Eurogrupo es especialmente incómodo para el Gobierno de Sánchez. Aunque no cita a países concretos, los ministros del euro dejan claro que aquellos que más temor generan son los que cumplen alguno o varios de estos cinco criterios: los que violan sus objetivos fiscales a medio plazo, los que tienen unos elevados niveles de deuda pública, los que reducen esa deuda a un ritmo demasiado lento, los que no realizarán ningún esfuerzo estructural en 2019 y los que tienen elevados riesgos de sostenibilidad financiera a medio plazo. Pues bien, España cumple los cinco.

Para estos países, el Eurogrupo ve una "urgente necesidad de reconstruir los colchones fiscales"; advierte de que el ritmo lento de reducción de deuda pública es un "motivo de preocupación" y considera "preocupante" que no vaya a haber apenas esfuerzo estructural fiscal el año que viene. Esta advertencia del Eurogrupo se une a la que la semana pasada lanzaron la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE). Las dos instituciones advirtieron de los riesgos para el crecimiento económico de la incertidumbre política en España y de ciertas medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque Bruselas y Fráncfort hablan de varias medidas, cuando se trata concretar solo mencionan una: la subida del 23% del salario mínimo, hasta los 900 euros mensuales.

"Los riesgos para el crecimiento incluyen un menor crecimiento global (y de la UE), el proteccionismo y las tensiones comerciales, unos precios del petróleo y unos tipos de cambio del euro más elevados de lo previsto, incertidumbre política doméstica y externa, la política monetaria y la incertidumbre sobre el impacto macroeconómico de ciertas medidas políticas, como la propuesta de subir el salario mínimo", aseguran Comisión y BCE en el informe que han elaborado tras visitar España el 4 y 5 de octubre, dentro de la supervisión post-programa.

El documento, publicado el viernes de la semana pasada, se ha elaborado mucho antes de las elecciones autonómicas en Andalucía del domingo, por lo que el diagnóstico no incluye las posibles repercusiones políticas del hundimiento del Partido Socialista en uno de sus feudos históricos, ni la irrupción de la extrema derecha de Vox en el Parlamento andaluz.
(Cinco Días, 04-12-2018)

Hacienda lanza ya en su web el formulario para pedir la devolución del IRPF de maternidad y paternidad
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes el lanzamiento de un formulario "ágil" que permita a los beneficiaros de la prestación de maternidad y paternidad de los últimos cuatro años solicitar la devolución del IRPF que se les cobró indebidamente por estas ayudas. El mecanismo estará disponible desde esta tarde en la página web de la Agencia Tributaria y Hacienda estima que devolverá un total de 1.200 millones de euros de hasta abril, a razón de 1.600 euros de media a las mujeres y 383 euros a los hombres, por el menor tiempo que cobran estos la prestación.

El plan de Hacienda responde a la sentencia el Tribunal Supremo de inicios de octubre en la que estableció que la prestación por maternidad debe estar exenta de tributar por IRPF. Aunque inicialmente la Agencia Tributaria pareció quedar a la espera de otra sentencia aclaratoria específica del caso de la prestación por paternidad, la ministra de Hacienda adelantó la pasada semana que Hacienda también devolverá a sus beneficiarios lo que se les cargó en la renta por su permiso retribuido, que actualmente dura ya cinco semanas y está previsto que se vaya alargando hasta equipararse a las 16 semanas de maternidad.

Podrán solicitar el dinero todos aquellos beneficiarios de la ayuda entre 2014, último año sobre el que es posible reclamar un impuesto abonado por los cuatro años de prescripción, y 2017. Montero ha detallado que los beneficiarios de 2014 y 2015 debe presentar el formulario en diciembre, mientras que los de 2016 y 2017 deben hacerlo en el mes de enero. Para los funcionarios, que no están afectados por la sentencia al depender de mutuas como Muface en lugar de recibir la prestación de la Seguridad Social, el Gobierno habilitará también una ventana temporal de solicitudes dando "un paso de gigante" en la interpretación de la sentencia del Supremo para incluirles, ha dicho Montero.

Quienes hayan recibido la ayuda en 2018 estarán automáticamente exentos en la campaña de la renta que se celebrará la próxima primavera. El Estado dejará de recaudar casi 300 millones al año por estas prestaciones. La Agencia Tributaria ha estimado que se beneficiarán de la devolución 1.007.000 contribuyentes que ascenderán a 1.083.000 si se suma también a los funcionarios en el cómputo. Hacienda devolverá el monto cobrado más intereses a quienes obtuvieran una declaración a pagar y abonaran dinero de más, pero no compensará por la demora a quienes les salió la declaración a devolver, y cobraron dinero de menos.

El formulario solo estará disponible durante diciembre para los beneficiarios de 2014 y 2015 y durante enero para los siguientes, ha advertido Montero, que asevera que la administración será generosa, pero conmina a los afectados a cumplir los plazos inicialmente previstos. En el caso de los funcionarios se abrirá una ventana temporal de peticiones posterior porque es necesario hacer un cambio legal primero.

Además de ofrecer los canales online habituales por los que es posible hacer la declaración de la renta, como el acceso RENO, la clave PIN o el certificado electrónico, Hacienda permitirá a los interesados presentar su solicitud por escrito en las oficinas de la Agencia Tributaria, aunque advierte de que el proceso puede ser más lento por esta vía.

Hacienda ha cruzado ya sus datos con los de la Seguridad Social para agilizar al máximo el proceso, con lo que los interesados solo tendrán que informar de dos datos: el año, o años, en que cobró la prestación y su número de cuenta para que Hacienda haga el pago.

Montero ha aseverado que el sistema establecido permitirá repartir el impacto en déficit entre 2018 y 2019. Asegura, además, que el Gobierno ya tenía en cuenta este impacto al informar a Bruselas por lo que no considera necesario revisar sus previsiones de déficit para ninguno de los dos ejercicios.
(Expansión, 04-12-2018)

Laboral

El paro registrado baja en 1.836 personas en el mes de noviembre tras dos años de subidas en ese mismo mes
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en el mes de noviembre en 1.836 personas. En el año 2017 el paro aumentó en ese mismo mes en 7.255.personas, y en 2016 se incrementó en 24.841. En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en 26.258 personas. Durante los últimos doce meses el paro registrado ha disminuido en 221.414, acelerando ligeramente su nivel de reducción interanual hasta el 6,37%. Así, la cifra total de parados se sitúa en 3.252.867.

El desempleo masculino se sitúa en 1.342.941 personas, al subir en 2.751 (0,21%) y el femenino en 1.909.926, al reducirse en 4.587 (-0,24%) en relación al mes de octubre. Si lo comparamos con noviembre de 2017, el desempleo masculino baja en 122.722 (-8,37%) personas, y el femenino desciende en 98.692 (-4,91%). Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años se reduce en noviembre en 9.739 personas (-3,55%) en relación con el mes anterior. Entre los que tienen 25 y más años el paro se incrementa en 7.903 (0,27%).

El paro registrado ha bajado en 7 comunidades autónomas, principalmente en Madrid (-5.921), Andalucía (-4.379), Comunidad Valenciana (-3.529), o en Castilla-La Mancha (-3.509). Sube sin embargo en las 10 restantes, encabezadas por Islas Baleares (9.655), Cataluña (3.208) y Canarias (1.874). Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en Industria en 1.448 (-0,51%), en Agricultura y Pesca 370 (-0,25%), en Construcción en 155 (-0,06%) y en el colectivo sin empleo anterior en 7.955 (-2,75%). Por el contrario, aumentó en Servicios en 8.092 (0,36%).

El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.867.172. Supone un incremento de 48.833 (2,69%) sobre el mismo mes del año 2017. Del total de contratos registrados en noviembre, 197.573 son de carácter indefinido, lo que supone un incremento de 26.841 (15,72%) sobre igual mes del ejercicio anterior. Las contrataciones indefinidas representan este mes un 10,58% de todos los contratos, porcentaje superior en más de un punto a la proporción registrada hace un año (9,4%).

La cifra de contratos temporales fue de 1.669.559, habiéndose incrementado respecto al año anterior en un 1,33%, incremento que está muy por debajo del correspondiente a contratos indefinidos. En cuanto a los Contratos de Formación y Aprendizaje, se han comunicado a los Servicios Públicos de Empleo un total de 8.165 en el último mes de noviembre. Por su parte, la contratación total acumulada en los once primeros meses de 2018 ha alcanzado la cifra de 20.582.050, lo que supone 732.763 contratos más, (3,69%) que en igual periodo del año anterior. En magnitudes acumuladas, hasta noviembre se han realizado 2.140.146 contratos indefinidos, que supone un incremento de 341.963 (19,2%) sobre el mismo periodo del año 2017.

En cuanto a duración de la jornada en noviembre se han celebrado 134.054 contratos indefinidos a tiempo completo y 108.270 a tiempo parcial. En términos acumulados los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan en los diez primeros meses un total de 1.133.351, un 19,4% más que en igual periodo del año 2017. Los indefinidos a tiempo parcial, que suponen un total de 809.222, registran un aumento del 19,3% en relación a igual periodo del año anterior.

La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido en el mes de octubre del 57,1%, lo que supone un aumento de 1,8 puntos respecto al mismo mes de 2017. Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en octubre han sido 1.756.973, un 2,9% menos respecto al mismo mes del año anterior. El importe de la nómina ha sido de 1.431 millones de euros, un 0,8% más que en el mismo mes del ejercicio anterior.
(Amado Consultores, 04-12-2018)

El Supremo valida utilizar los datos del GPS para justificar el despido
El Tribunal Supremo ha validado los despidos que se fundamentan en los datos extraídos de los GPS de los coches de empresa, siempre que cumplan dos condiciones. En primer lugar, que el empleado conozca la instalación del dispositivo en su vehículo. Y, en segundo término, que sepa que la información que arroje puede ser utilizada para el control de su actividad.

Esta posición, sostenida por los órganos judiciales inferiores, es ahora respaldada por el alto tribunal, aunque de forma indirecta. En un auto (acceda aquí al texto de la resolución), por el que se rechaza el recurso de un empleado contra su despido, los magistrados argumentan que no existe vulneración del derecho a la intimidad del demandante puesto que este "conocía de sobra" la presencia del aparato en su furgoneta.

El trabajador, inspector-encargado de una contrata de limpieza, fue cesado disciplinariamente después de que el sistema informático detectara que había pasado al menos seis noches (turno que tenía asignado) en su domicilio, en lugar de en la localidad en la que se desarrollaban las labores contratadas.

En su demanda y en el posterior recurso ante el Supremo, el empleado alegó que el despido debía ser calificado de nulo, puesto que se inspiraba en una información que había sido obtenida con vulneración de sus derechos fundamentales. Una argumentación que el tribunal rechaza razonando que conocía la instalación de los geolocalizadores en los vehículos de la compañía y, además, que sus datos servían para las labores de vigilancia de la actividad de los trabajadores.

El auto tampoco da relevancia al hecho de que el trabajador pudiera pensar que, por su condición de inspector, escapaba al control de sus superiores. En este sentido, apunta que no es exigible a la empresa que especifique, "más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control". Así, según concluye el alto tribunal, siempre que se cumpla el requisito de información previa al trabajador, las pruebas obtenidas a través de los dispositivos de geolocalización son "lícitas".
(Cinco Días, 04-12-2018)

España, el país con más pensiones de viudedad del mundo
España es el país con más prestaciones de supervivencia del mundo ya que esta organización reúne a la treintena de países más industrializados. En concreto, por cada cien pensiones de jubilación, hay otras 47 de viudedad, la mayor proporción del mundo desarrollado. O, lo que es lo mismo, por cada dos prestaciones de trabajadores retirados hay casi una de viudedad.

De hecho, el gasto en pensiones de supervivencia (sobre todo viudedad, pero también orfandad) es más del doble en España que en la media de la OCDE, donde su coste es equivalente al 1% del PIB en promedio. En el caso español se eleva al 2,3% del PIB (más de 22.000 millones de euros anuales) y solo es superado por Grecia e Italia, donde sube al 2,6% de su riqueza nacional.

Los datos de la OCDE son de 2014 pero en los últimos años ni el número de beneficiarios ni el gasto se han contenido como para perder estas posiciones en el ranking de la OCDE, si no, más bien lo contrario. De hecho, este año el porcentaje de la base reguladora del trabajador fallecido sobre el que se calculan la mayoría de las pensiones de viudedad ha pasado del 52% al 56% y en enero de 2019 subirá al 60%.

Junto a esto, otras causas que explican que España encabece estos ranking en número de beneficiarios y en gasto en pensiones de viudedad es la práctica ausencia de limitaciones en el acceso a esta prestación. De hecho, los últimos cambios legales han ido en dirección contraria extendiendo esta prestación a las parejas de hecho o a los nuevos matrimonios de mismo sexo, en aras de la no discriminación.

Aunque en España se exige que el trabajador fallecido y causante de la prestación de viudedad cumpliera los requisitos mínimos de años cotizados para acceder a una pensión contributiva (15 años) más allá de eso, la única incompatibilidad de las pensiones de viudedad en España se produce en caso de que el beneficiario o beneficiara vuelva a contraer matrimonio. Esta limitación solo está presente en otros cinco países de la OCDE: Canadá, Finlandia, Francia, Noruega y Estados Unidos

Esto difiere de la mayoría del resto de países desarrollados donde hay otro tipo de incompatibilidades de duración de la pensión (en España son vitalicias) o de nivel de rentas del viudo o viuda, entre otros requisitos.

Ante esta circunstancia, la OCDE recomienda a países como España que reformen la pensión de viudedad de forma que establezcan nuevos límites que, por ejemplo, hagan vitalicia esta renta solo en el caso de que el beneficiario esté ya jubilado o que elimine la posibilidad de cobro de esta prestación en el caso de los divorciados que no vuelven a contraer matrimonio.

La OCDE justifica estas recomendaciones con varios argumentos. En primer lugar, indica que la mayoría de los países desarrollados cuenta con instrumentos directamente relacionados con la prevención de la pobreza, como por ejemplo rentas y pensiones mínimas, así como beneficios sociales que incluso incluyen subvenciones a la vivienda. "Aunque en muchos de los Estados el nivel de esos beneficios no es muy alto, no existe ninguna justificación para que las viudas y los viudos tengan mayores garantías y protección social que otros individuos no viudos con problemas similares de ingresos. De hecho, algunos países donde la preocupación por la erradicación de la pobreza es alta, han eliminado este tipo de pensiones", argumenta esta organización internacional.

No obstante, este organismo admite que las pensiones de viudedad "están contribuyendo de forma efectiva a reducir la brecha de género en los beneficiarios de prestaciones en la mayoría de los países". Pero, al tiempo, considera que las pensiones de viudedad, "desincentivan el trabajo, sobre todo entre los más jóvenes". Asimismo, sugieren la necesidad de hacer incompatible esta renta con determinadas situaciones de renta o familiares, en las que el nivel de vida tras el fallecimiento de un cónyuge no se vea tan resentidas.
(El País, 04-12-2018)

La mitad de las empresas crearon empleo en el 2018
La senda de la recuperación económica mantiene una buena noticia: las empresas siguen creando empleo. Es una de las principales conclusiones del informe de la Central de Balances, presentado este lunes por el Banco de España. En el año 2017, el 44,2% de las empresas crearon empleo, como viene ocurriendo desde el año 2014. Además, ese porcentaje se situó, por cuarto año consecutivo, por encima de las que lo destruyeron (28,1%). No obstante, la recuperación del empleo se caracterizó el año pasado por ser más intensa en el de carácter temporal, que creció un 8,4%. Mientras que los contratos fijos aumentaron un 4%.

El informe señala que a lo largo de este año 2018, el empleo se ha visto impulsado principalmente por el avance de la contratación de personal fijo (del 2%), en línea con lo que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA). Por el contrario, el empleo temporal presentó un crecimiento más reducido. En concreto, hasta septiembre de este año, la proporción de empresas que crea empleo se eleva al 51,5%.

Por sectores, todas las ramas de actividad registran aumentos. En concreto, un 0,6% el sector de la industria. Destaca la rama de información y comunicaciones, en las que el empleo creció un 2,4%, mientras que tanto en el de energía, como en la de comercio y hostelería los incrementos fueron del entorno del 1%.

Otro dato que recoge el informe es que el crecimiento de los beneficios ordinarios se ha traducido en un aumento de los ratios medios de rentabilidad. El resultado de las empresas no financieras creció un 59,5% en el primer semestre del año, frente al descenso del 14,7%, que registro en el mismo periodo del ejercicio anterior por la evolución de los ingresos y los gastos atípicos. El dinamismo a las empresas españolas ha llegado por la demanda interna, que está tirando más que los últimos años.

El VAB (valor añadido bruto) creció en todas las ramas de actividad, pero sobre todo en energía (4%), comercio y hostelería (6%). Y los gastos de personal de las corporaciones españolas han subido. No tanto por el alza de los sueldos, sino porque se cuenta con más empleados. Respecto a las remuneraciones, en el 2017 registraron un pequeño repunte del 0,4%. Por el contrario, en los nueve primeros meses de este año han experimentado un repunte del 1,5%.

Ello se debe a que la reforma del 2012 ya hizo que las empresas ajustarán plantillas y salarios y ahora con la recuperación económica se ven con más capacidad para volver a hacer contratos.
(La Vanguardia, 04-12-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los ministros de Finanzas esbozan un acuerdo de mínimos para la zona euro
Tras meses de trabajo, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, conocido como el Eurogrupo, ultimaban ayer al cierre de esta edición un paquete de medidas para reformar la zona euro de cara a la próxima crisis. Lo que en un principio se dibujó como un ambicioso plan para reforzar los cimientos de la moneda única, entre los que se incluía crear un Ministro de Economía del euro, parece que acabará siendo un conjunto de medidas de alcance más limitado. Entre ellas, dotar de mayores competencias tanto de supervisión como de gestión al Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate de la eurozona, y reforzar el mecanismo de seguridad de la Unión Bancaria, un “cortafuego” de último recurso en caso de quiebra bancaria.

El impulso abanderado hace un año por Emmanuel Macron se ha topado con las dudas de Alemania y el escepticismo de los países del norte, liderados por Holanda, que han optado por reducir riesgos más que por compartirlos. Máxime cuando Italia desafía a Bruselas sobre el cumplimiento de la disciplina fiscal en sus presupuestos.

Esas reticencias han impedido, al menos de momento, que los Diecinueve llegasen ayer en Bruselas a un acuerdo sobre los otros dos pilares que estaban encima de la mesa de negociación: el establecimiento de un presupuesto anticrisis específico para la zona euro, y un fondo de garantía de depósitos, que asegurase que los depositantes pudieran recuperar los primeros 100.000 euros en caso de que su entidad bancaria quebrase.

En una reunión que se alargaba entrada la noche, y de la que el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, ya adelantó que sería “larga e intensa”, los ministros de Economía se preparaban para recoger finalmente el guante del vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis. El letón les había instado a pasar “de las discusiones a las decisiones” y sellar el paquete de reforma de la zona euro. Dicha hoja de ruta tendrá que ser respaldada la próxima semana por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del 13 y 14 de diciembre.

La puesta en marcha del sistema de cortafuegos supone que podrán utilizarse los fondos del MEDE –un colchón de 60.000 millones de euros– en casos de quiebra bancaria y como última opción, es decir, cuando se hayan agotado los recursos del Fondo Único de Resolución.

Por otro lado, respecto al refuerzo de las competencias del MEDE, los Diecinueve abordaron una serie de directrices de actuación para dotarle de mayor poder de supervisión y gestión de rescates en los casos en los que un país se enfrente a una situación en la que su deuda pública ya no es sostenible.

El consenso no pareció suficiente para dar luz verde a la propuesta del eje franco-alemán de establecer un presupuesto que sirva de estabilizador económico cuando un país de la zona euro atraviese dificultades, aunque, según varias fuentes europeas, las negociaciones sobre este punto continuarán durante el año que viene.

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, insistió en que “no habrá una eurozona fuerte sin un presupuesto” para el euro, y reiteró que la medida cuenta con un “consenso creciente” entre sus socios comunitarios. Le Maire tuvo que abandonar la reunión del Eurogrupo antes de que finalizara y volver de urgencia a París, por la crisis de los “chalecos amarillos”, a la que se enfrenta su Gobierno, por el rechazo a la subida del precio de los carburantes.

Mayores diferencias perduran todavía sobre el otro pilar de la Unión Bancaria: el fondo de garantía de depósitos común, que sigue estancando por las resistencias de Alemania, Holanda y los nórdicos de compartir riesgos y por su exigencia de primero se reduzcan los préstamos dudosos de las entidades financieras, una cuestión que afecta especialmente a Italia.
(Cinco Días, 04-12-2018)

Las ventas de turismos diésel caen un 40% en noviembre
La venta de coches diésel sigue en caída libre en España. La comercialización de vehículos de gasóleo ha bajado un 40% en el mes de noviembre, con un total de 27.953 unidades, según datos de Anfac, la asociación nacional de fabricantes de automóviles. En el acumulado del año, esta bajada es de un 19,8%. El sector achaca esta caída al mal clima generado en torno a este carburante, al que se señala como uno de los principales factores de contaminación de las ciudades, por sus emisiones de dióxido de nitrógeno.

La gasolina se aprovecha de esta caída del diésel y cada vez gana más terreno. Estos automóviles representan más de la mitad de los vehículos que se han vendido en 2018, con una cuota de mercado del 52,8%. En noviembre, estos coches supusieron el 61,3% de las comercializaciones.

Las ventas de vehículos, contando todo tipo de carburantes, han caído en noviembre un 12,6%, que se suma a las bajadas de octubre (6,6%), y de septiembre (17%). En total, se han matriculado en el penúltimo mes del año 91.063 vehículos. A pesar del retroceso, las matriculaciones crecieron un 8% en lo que va de año.

La patronal culpa de este mal momento de las ventas a una suma de factores. En primer lugar, la entrada en vigor el pasado septiembre de la nueva regulación de emisiones WLTP, lo que provocó que los concesionarios adelantasen en julio, y sobre todo en agosto, muchas matriculaciones de vehículos que todavía no estaban homologados. Anfac, también explicó que hubo una incidencia en el sistema de registros de la Dirección General de Tráfico en los últimos días. Y, por último, los fabricantes culpan de una parte de la caída de las ventas a la incertidumbre que vive el sector.

"Todavía no se ha compensado la demanda adelantada por el WLTP y, además, (...) las distintas noticias sobre prohibiciones y restricciones a los vehículos de combustión sumados a las previsiones económicas, que hablan de menor crecimiento para el año que viene, afectan a la decisión de compra. La confianza del consumidor se está deteriorando, así como la expectativa de crecimiento económico. El cliente, en este entorno, opta por ser prudente y esperar", ha señalado Anfac.
(El País, 04-12-2018)

La confianza del consumidor cae en noviembre por la situación actual y futura
La confianza del consumidor bajó en noviembre por la peor valoración de la situación actual, en especial, aunque también por las expectativas, de acuerdo con los datos publicados hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se situó en noviembre en 91,4 puntos -cuando 100 puntos marca el umbral entre una percepción positiva y negativa-, 1,6 puntos por debajo de lo que anotaba en octubre.

Con respecto a noviembre del pasado año, la confianza del consumidor perdió 9,1 puntos, lastrado por la peor valoración de la situación actual (baja 7,5) y especialmente por la de las expectativas (10,7 unidades menos). En noviembre, los consumidores valoraron la situación actual en 83,8 puntos, 1,6 menos que en octubre, principalmente por la caída de la evolución general de la economía (3,2 puntos), mientras que la del mercado de trabajo fue más leve (0,7 puntos) y la situación de los hogares bajó un 1 punto, pero está mejor valorada.

En comparación con noviembre de 2017, la valoración de la situación económica y del mercado de trabajo pierden 11 y 12,2 puntos, respectivamente, mientras que la de los hogares es ligeramente positiva, sumando 0,8 puntos. Por su parte, el índice de expectativas se situó en 99 puntos, perdiendo este mes otra vez los 100 que marcan la percepción positiva, con un descenso de 1,5 con respecto a octubre, después de que dos de sus tres componentes tuvieran un comportamiento negativo.

Así, mientras que la expectativa respecto al mercado de trabajo bajó 3,6 puntos y la de la economía en general 3,1 unidades, la evolución esperada de los hogares fue positiva, con un alza de 2,1 puntos. Los datos interanuales muestran una evolución similar, con un descenso de las expectativas de la situación económica de 18 puntos y del mercado de trabajo de 15,5 unidades, en tanto que las perspectivas de los hogares acumulan un ligero ascenso de 1,4 punto.

Además, el ICC revela un descenso en las expectativas de consumo, pero un incremento de las de ahorro, así como un pequeño aumento de los temores de inflación y un "sorprendente y notable" alza de las expectativas de una futura subida de los tipos de interés. Según la encuesta del CIS, el 44,3 % de los españoles llega justo a final de mes, mientras que un 34,1 % ahorra un poco de dinero y un 13,1 % se ve obligado a recurrir a sus ahorros o a contraer deudas. La mayoría de los hogares (un 59,7 %) cree que la situación de su hogar es igual que hace seis meses y un 27,4 % confía en que mejorará en los próximos seis meses, un porcentaje que supera a los que creen que empeorará (16,8 %).
(La Vanguardia, 04-12-2018)

 
 
 
 
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