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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 8 AL 10 DE DESEMBRE DE 2018 Laboral Carrera Judicial. Incapacidad temporal Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 Mercantil, Civil i Administratiu Carrera Judicial. Gestión informatizada Junta de Contratación y la Mesa única de contratación del Ministerio de Economía y Empresa Medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España Actualización del anexo I del principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales Euro https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/ https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/
Fiscal El Gobierno admite que el déficit puede cerrar 2018 en el 2,8% y avanza que las cuentas que se presenten en enero se adaptarán al objetivo fiscal que esté vigente Se trata de las previsiones que el Ejecutivo ya remitió al Bruselas en el marco del plan presupuestario y que incluyen cerrar este año con un déficit público del 2,7% (aunque la ministra portavoz ha admitido este viernes que podría desviarse hasta el 2,8%), para rebajarlo al 1,8% el próximo año y al 1,1% en 2020. Su aprobación en el Consejo de Ministros, por segunda vez tras el fracaso en su tramitación el pasado verano, es un trámite para garantizar que PP y Ciudadanos no bloquean la presentación de los Presupuestos. Sin embargo, los populares aún tienen poder para bloquear la nueva senda en el Senado con lo que previsiblemente el Gobierno se vea abocado a presentar unas nuevas cuentas basadas en el déficit anterior, más restrictivo. De hecho, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha admitido que "obviamente, el Gobierno presentará sus Presupuestos con la senda de déficit vigente en la Cámara" en ese momento. De mantenerse la actual, como es de esperar, el Gabinete de Sánchez deberá adaptar sus cuentas para que, al menos sobre el papel, permitan cerrar 2019 con un déficit del 1,3%. Eso son cinco décimas menos de PIB que lo que tienen previsto lo que suponen unos 6.000 millones de euros de los que solo 1.200 millones corresponden a la administración general y que podrían traducirse en un recorte en inversión pública. El resto minaría los recursos de comunidades autónomas y Seguridad Social, si bien cabe la posibilidad de que luego esos objetivos se incumplan y se acabe el año con un déficit superior, como ya pasará este año. Fuentes conocedoras del proceso explican, no obstante, que la Abogacía del Estado ha aconsejado tramitar de nuevo la senda de déficit para evitar que el trámite presupuestario se vea paralizado por un defecto de forma. La ministra de Economía, Nadia Calviño, advirtió esta semana que, si sus cuentas públicas para 2019 no logran apoyos suficientes para salir adelante, el déficit del año próximo solo bajará hasta el 2,2%, gracias exclusivamente al crecimiento económico esperado por el ciclo expansivo actual. Organismos como el Fondo Monetario Internacional consideran que el agujero público ni si quiera se rebajará tanto, sino que caerá al 2,4%. El plan del Gobierno pasa por elevar el gasto conjunto de todas las administraciones públicas un 3,1%, elevándolo desde los 499.841 a los 515.552 millones de euros. Un alza, dirigida a reforzar los servicios sociales, que se vería compensada por un incremento de ingresos previsto del 5,7%. Es decir, la recaudación pública pasaría de 466.891 millones a 493.329 millones, reduciendo la diferencia entre ingresos y gastos de 32.950 millones a solo 22.223 millones, lo que permitiría hacer efectiva la rebaja del déficit prometida. Estos cálculos se basan en la puesta en marcha de la nueva reforma fiscal pactada con Podemos, que incluye alzas del impuesto de la renta y el ahorro para rentas altas, un incremento del tributo por Patrimonio o fijar un tipo mínimo en el impuesto de Sociedades. Descartado un posible adelanto electoral tras el varapalo recibido por el PSOE en las elecciones andaluzas del pasado domingo, el Gobierno prevé aprobar los Presupuestos en uno de los Consejos de Ministros de enero para su remisión al Parlamento, según ha confirmado esta semana el propio presidente, Pedro Sánchez. Laboral La Seguridad Social se reestructura para evitar un caos burocrático “Ahora es imposible dar un servicio de mínima calidad en las oficinas de la Seguridad Social; la falta de personal es ya muy preocupante y las jubilaciones que vienen son masivas y no se reponen; tampoco se pueden pasar trabajadores de una entidad gestora a otras porque cada una es un reino de taifas”. Así describe la situación actual, Marian Mur, portavoz de Seguridad Social del sindicato de funcionarios CSIF. En España hay unos 27.000 empleados públicos que trabajan para la Seguridad Social. Y el propio Gobierno admitió a principios de este año que había unas 237 oficinas y agencias de la red de este sistema público con un máximo de tres trabajadores, lo que supone una de cada cuatro (el 27%). Además, los gestores de personal de la Seguridad Social esperan jubilaciones masivas en los próximos años. “La plantilla está llena de empleados babyboomers que se jubilarán próximamente y que no se están reponiendo. Mucha menos gente tendrá que gestionar muchas más prestaciones”, añadió Mur. Esta situación había llevado a los representantes sindicales de la Seguridad Social al borde de la movilización y la huelga. Sin embargo, el equipo que gestiona este organismo en el nuevo Gobierno socialista, con Octavio Granado al frente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, tiene un plan para reestructurar esta importante parte de la Administración Central del Estado. De hecho, la mesa de negociación entre el Gobierno y los sindicatos (CSIF, CC OO, UGT, CIG y ELA), han llegado a un acuerdo para empezar a negociar este mismo mes de diciembre una nueva organización de la Administración de la Seguridad Social. La nueva estructura administrativa englobará de forma unitaria a las Entidades Gestoras y los servicios comunes “bajo una misma estructura que permita reordenar y racionalizar los medios humanos disponibles”. En concreto, planean crear un organismo autónomo –las restricciones presupuestarias ya no permiten crear una Agencia estatal como era la intención inicial de Octavio cuando ya ocupó la secretaria de Estado entre 2004 y 2011– que agrupe a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), el Imserso o los servicios jurídicos. Esta propuesta, que aún está pendiente de desarrollo normativo, revisará los concursos de empleo público para la Seguridad social, “reforzando en las bases el trasvase de personal entre Entidades Gestoras y Servicios Comunes, disminuyendo las diferencia entre las áreas funcionales”, indica el texto del acuerdo. Esto posibilitará cambios de personal de una entidad a otra, algo que es imposible desde finales de los noventa. Junto a la oferta de empleo, otra de las primeras cuestiones que, según este acuerdo se revisará –“con efectos a 1 de enero de 2019”– será la regulación de la productividad por cumplimiento de objetivos, que no se ha modificado en veinte años, desde su creación en 1998. El Gobierno prorroga hasta 2023 las mejores condiciones de jubilación parcial para la industria El Gobierno del PP endureció en 2013 las condiciones para acogerse a la jubilación parcial. No obstante, en 2015, en el marco de una disposición transitoria de la Ley General de la Seguridad Social, se estableció una moratoria, que finalizaba el próximo 31 de diciembre, para que la legislación anterior a 2011 -más ventajosa- se siguiera aplicando en determinados supuestos, como por ejemplo el formar parte de planes de jubilación parcial recogidos en convenios o acuerdos de empresa. Dicha moratoria se prorroga ahora hasta el 1 de enero de 2023, El Gobierno calcula que esta mejora para el sector industrial prevé asegurar 70.000 empleos en los próximos cinco años. De esta forma, cree que el sector industrial rejuvenecerá sus plantillas y ampliará su capacidad para digitalizarse y afrontar la transición energética. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha precisado que era "necesario" y "urgente" alargar el periodo aplicación de estas mejores condiciones para la jubilación parcial en la industria con los objetivos de rejuvenecer las plantillas, fomentar la contratación indefinida, incrementar la productividad de las empresas y contribuir a la transición ecológica de la industria, manteniendo su actividad y sus empleos. Según lo aprobado hoy, a partir de enero próximo, el resto de sectores distintos a la industria deberán realizar las jubilaciones parciales con la normativa de 2013. Esta limitación mitigará algo el sobrecoste de 2.000 millones de euros que suponen las jubilaciones parciales anualmente a las arcas de la Seguridad Social, según un cálculo realizado recientemente por el profesor de economía aplicada de la Universidad Juan Carlos I e investigador de Fedea, Miguel Ángel García. El Gobierno pretende sacar del paro a 168.000 menores de 25 años hasta 2021 Este plan está estructurado en seis ejes de actuación (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del sistema nacional de garantía juvenil). Y entre sus "ambiciosos objetivos", como los ha calificado hoy la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, está también el de rebajar la tasa de paro de este colectivo del actual 33% al 23,5%; elevar su tasa de actividad (aquellos entre 20 y 29 años que están en disposición de trabajar tengan o no empleo) del 58,7% al 75% e incrementar un 15% cada año las contrataciones indefinidas de los jóvenes. El incremento de la tasa de actividad deberá conseguirse aumentando en al menos un punto la tasa de actividad masculina y en al menos tres puntos la de las mujeres, para cumplir también con los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres que se marca el plan. Concretamente el acuerdo persigue reducir en un 20%la actual brecha de género entre hombres y mujeres en las cifras de jóvenes parados menores de 30 años registrados. El plan establece la creación de una red de 3.000 orientadores en las oficinas regionales de empleo, que trabajarán específicamente con el colectivo de jóvenes desempleados y aquellos que acuden en búsqueda de su primer empleo a los servicios públicos. Una parte importante de estos orientadores dará atención individualizada a los jóvenes y realizarán un seguimiento de su itinerario de inserción. Además, los trabajadores de este programa concreto que se llamará "ORIENTAJOVEN" realizarán tareas de prospección y captación de oferta en sus respectivas zonas. Dentro de las citadas tareas de prospección, los orientadores "deberán acercarse a los espacios en los que se encuentra la juventud para poder llegar al mayor número posible de personas", recoge el texto del plan. En concreto, se propone el nombramiento de 3.000 funcionarios interinos en la modalidad por programa por un máximo de 18 meses, cuyo perfil profesional se acordará en la primera Conferencia Sectorial tras la aprobación del plan. Junto a estos 3.000 orientadores, se dará apoyo a la red SIJ-Injuve mediante la incorporación de 110 mediadores juveniles que se coordinarán con los servicios de empleo autonómicos para informar a los jóvenes de las medidas del plan y de los servicios que ofrecen las oficinas públicas de empleo y otros agentes del mercado laboral. Estos orientadores realizarán un diagnóstico individualizado del joven y elaborarán su perfil profesional, que identificará sus habilidades, sus competencias, su formación y experiencia, sus intereses, su situación familiar y las posibles oportunidades profesionales en España, en el resto de la Unión Europea y en el ámbito internacional. Según los resultados de este perfil, se clasificará al desempleado en función de su empleabilidad. Posteriormente se diseñará el itinerario personalizado para su búsqueda de empleo. Con el fin de facilitar el acceso de todas las personas jóvenes a estos espacios de atención personalizada, con independencia de su lugar de residencia, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Federación Española de Municipios y Provincias, impulsará la firma de un convenio marco para que los ayuntamientos puedan habilitar instalaciones de los servicios locales de empleo para estas actuaciones de orientación. El plan prevé incentivar las lanzaderas de empleo, que son proyectos, que ya se están llevando a cabo con éxito en algunas comunidades autónomas y que consisten en desarrollar, a través de la intervención de un entrenador profesional o coach, "una mejora de las estrategias de autopostulación" de cara a la contratación por terceros o bien uniéndose de forma colectiva a otras personas en situación de desempleo para encontrar un empleo individual o colectivo, o creando pequeñas empresas y desarrollando el autoempleo. Los programas formativos para los jóvenes se centrarán en mejorar sus competencias clave de carácter general para encontrar cualquier empleo; mejorar también sus competencias digitales y lingüísticas; y dar formación específica en los sectores de actividades estratégicas. Asimismo, habrá programas mixtos de empleo y formación, a los que se destinarán 360 millones de euros, el segundo mayor capítulo de gasto de este plan. En estos programas se recuperará la cotización por desempleo de los contratos formativos, con lo que esos trabajadores podrán cobrar la prestación por desempleo al término del contrato si reúnen las condiciones de cotización. El eje del plan destinado a fomentar las oportunidades de empleo tendrán una inversión de 616 millones de euros. Si bien serán las bonificaciones para el fomento del empleo autónomo entre los jóvenes los que se llevarán la mayor inversión de todo el plan, ya que a ello se destinarán 375 millones de euros entre 2019 y 2021. A esta cantidad habrá que sumar otros 51 millones para otro tipo de apoyos y asesoramiento para los jóvenes que decidan emprender; así como para incubadoras de empresas. A las empresas se dirigirán 165 millones de euros para bonificaciones del contrato de formación y aprendizaje. Dicho todo esto, Valerio utilizó una velada referencia al éxito de Vox en las elecciones andaluzas al explicar que el plan persigue “que los jóvenes valoren la democracia en la que viven y no tenga la tentación por apostar salidas que ofrecen algunos aparentemente fácil a sistemas muy complejos. Y tengan más afección al sistema democrático que les ha tocado vivir”. Mercantil, Civil i Administratiu El euro sube frente al dólar mientras sigue la presión sobre la deuda de EE UU El Ibex 35 pondrá así en riesgo los 8.800 puntos, después de las fuertes caídas de la semana pasada. El índice parte de los 8.815 puntos. Los futuros de Wall Street también registran fuertes caídas. La detención la pasada semana de la directora financiera de Huawei en Canadá ha añadido motivos para la preocupación: el arresto es visto como un posible disuasivo para que Estados Unidos y China logren un acuerdo comercial. Huawei es una de las empresas tecnológicas más grandes de China y el gobierno lo considera un símbolo nacional. Este domingo, el viceministro chino de Asuntos Exteriores, Le Yucheng, ha convocado al embajador estadounidense en China, Terry Branstad, para presentarle una queja formal y protestar por la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei, Meng Wangzhou, a petición de Washington. "Lo que Estados Unidos ha hecho viola severamente los derechos e intereses legítimos de la ciudadana china", ha afirmado Le. En el mercado de divisas, el euro sube un 0,5% frente al dólar y se sitúa en 1,143 dólares. La presión sobre la deuda estadounidense continúa y hace mella en la moneda. La rentabilidad del bono del Tesoro 10 años está en el 2,83%, frente al 3,05% de comienzos de la semana pasada. Además, el margen entre las rentabilidades de los títulos a corto y largo plazo sigue en aumento: el dato más débil que lo esperado del empleo en noviembre conocido el viernes acentúa la expectativa de que la Reserva Federal podría frenar sus alzas de tasas de interés antes de lo esperado. El rendimiento de los bonos a dos años está en el 2,69%, frente al 2,68% de los títulos a cinco años. El BCE terminará sus compras de deuda antes de final de año De este modo, el BCE contempla finalizar sus compras varios días antes de que termine el año, anticipándose así a la menor liquidez del mercado durante esas fechas, con el objetivo de reducir las posibles distorsiones del mismo. El instituto emisor ha interrumpido cada año las compras de activos en el marco de su programa de relajación cuantitativa en torno al 21 o 22 de diciembre para evitar distorsionar los mercados en un periodo de menor liquidez. En este sentido, un portavoz del BCE confirmó que este año "está previsto hacerlo, pero las fechas exactas aún no se han comunicado". El BCE acumula activos por importe de 2,56 billones de euros en el marco de su programa de compra de activos (APP), de los que 2,09 billones de euros corresponden al plan de compra de deuda pública lanzado en marzo de 2015, además de otros 176.878 millones en deuda de empresas, así como 262.211 millones en cédulas hipotecarias y otros 27.775 millones en titulizaciones. A falta de las últimas semanas para concluir su programa de compra de deuda pública, el BCE acumulaba hasta el final de noviembre bonos españoles por importe de 259.203 millones de euros, después de que la entidad adquiriese 2.534 millones en el penúltimo mes de 2018. De este modo, la deuda soberana española representó en noviembre el 25% de las compras realizadas por el BCE, aunque en relación al total de la cartera acumulada desde el lanzamiento de este programa el peso de los bonos españoles era del 12%, manteniéndose así en cuarta posición, por detrás de Alemania, Francia e Italia, y en línea con la clave de capital correspondiente a España sin tener en cuenta a Grecia, que no ha participado en el programa, así como a los países ajenos al euro que sostienen el capital del BCE. Por el contrario, los socios del euro con menor presencia en la cartera de deuda adquirida entre marzo de 2015 y noviembre de 2018 por el banco central de la eurozona fueron Estonia, con un total de 7 millones, seguida de Chipre, con 504 millones, y de Malta, con un total de 1.152 millones. El BCE anunció el pasado mes de junio que llevaría a cabo desde el pasado mes de octubre compras mensuales de activos a un ritmo de 15.000 millones "hasta el final de diciembre de 2018", cesando estas a partir de entonces. El PIB de la zona euro creció un 0,2% en el tercer trimestre frente al 0,6% de España Entre abril y junio, la economía de los diecinueve países que comparten el euro creció un 0,4% y la del conjunto del club comunitario un 0,5%, mientras que en Alemania el aumento fue del 0,5%. En términos interanuales, en el tercer trimestre de 2018 frente al mismo período de un año antes el PIB aumentó un 1,6% en el área del euro, un 1,8% en la UE y un 1,2% en Alemania, tras unas alzas respectivas del 2,2%; 2,1% y 1,9% en el segundo trimestre de 2018. En España, la economía progresó un 0,6% entre julio y septiembre respecto al trimestre anterior y un 2,5% si se realiza la comparación interanual. Estados Unidos, la primera potencia mundial, anotó una subida del producto interior bruto del 0,9% en el tercer cuarto del año con respecto al segundo, pero en términos interanuales el PIB se incrementó un 3% desde julio hasta septiembre. Por países, las alzas principales tuvieron lugar en Malta (3,6%), Rumanía (1,9%), Letonia y Polonia (1,7%), frente a las caídas de Lituania (0,3%), Suecia (0,2%) e Italia (0,1%), además de la alemana, en el tercer trimestre comparado con el segundo. El gasto en consumo final de los hogares creció un 0,1% en la eurozona y un 0,3% en los Veintiocho y la formación bruta de capital fijo progresó un 0,2% tanto en los diecinueve países de la moneda común como en toda la Unión Europea, tras avanzar un 1,5% y un 1,2% respectivamente el trimestre previo. Las exportaciones cayeron un 0,1% en la eurozona y crecieron un 0,3% en los Veintiocho (subidas del 1% y 0,7% en los tres meses anteriores) y las importaciones aumentaron un 0,5% en el área del euro y un 0,3% en la UE (1,1% y 1% un trimestre antes). Por otro lado, el número de personas empleadas creció un 0,2% en ambos espacios en el tercer trimestre frente al anterior, tras haber crecido en el segundo un 0,4%. Entre los países para los que Eurostat tiene datos, el crecimiento del empleo durante el tercer trimestre sobresale en Malta (0,9%), Chipre y Lituania (0,8%), Letonia, Luxemburgo y Eslovenia (0,7%). Se detectaron caídas en Estonia (0,8%), Bulgaria e Italia (0,3%), Croacia y Polonia (0,2%) y Rumanía (0,1%). Eurostat estimó que entre julio y septiembre trabajaban en el club comunitario 239,3 millones de personas, 158,3 de ellos en la eurozona, lo que constituye el mayor nivel jamás registrado en los dos espacios, según la oficina de estadística. Sector El caos aéreo colapsa los juzgados de Barcelona con 10.000 demandas En el 2016, hubo casi 3.000 demandas y un año después la cifra escaló hasta las 5.000, asegura José Vela, letrado de administración de justicia del juzgado mercantil 6 de Barcelona. Ahora, tras un nuevo verano movido en El Prat, se ha vuelto a duplicar. Vela, que actúa como coordinador entre los antiguos secretarios judiciales, recuerda que las maletas –como se refieren en la Ciutat de la Justicia a los casos que tienen que ver con demandas a aerolíneas– han sepultado los juzgados, pero no son los únicos asuntos que llevan. “Si se le suman los concursos de acreedores, las disputas entre socios o por responsabilidad de administradores, los litigios por patentes y marcas y otros, llegamos a los 18.000 procedimientos”. Ante esta situación, los jueces y letrados mercantiles han buscado soluciones y hace unas semanas aprobaron un protocolo en materia de transporte aéreo para propiciar los acuerdos extrajudiciales, resolver mucho más rápido los asuntos, ahorrar costes a la administración de justicia y a las partes y, por último, desatascar los juzgados. El protocolo, que acaba de ser firmado por Ryanair y Vueling –destinatarias de aproximadamente el 75% de las demandas que se presentan en Barcelona–, es relativamente simple. El juzgado enviará una diligencia a las aerolíneas para que antes de admitir a trámite cualquier demanda, la recoja en el plazo de cinco días, la estudie y, si lo cree pertinente, trate de llegar a un acuerdo con el cliente en quince días hábiles y pagar lo que corresponda. Si hay entente, el cliente informará al juzgado y desistirá de la demanda, que se admitirá entonces a trámite y se archivará en el mismo acto. En caso de que la aerolínea considere que no procede negociar, no alcance un acuerdo o no diga nada, la demanda seguirá su curso. Raúl García Orejudo, juez mercantil 7 de Barcelona, considera que el protocolo será útil para todos, en especial para los consumidores, pero no resolverá el problema de fondo: la saturación de los juzgados mercantiles. “La evolución de los últimos años es muy clara y lo previsible es que el número de demandas siga subiendo, con el añadido de que, si arbitramos un procedimiento que funciona muy bien, como esperamos, habrá más afectados que vendrán aquí”. Es el efecto llamada que se deriva de hacer las cosas bien. La ley permite presentar las demandas en el domicilio del cliente, de la aerolínea o también en el que corresponda a la ciudad en la que haga escala en los vuelos de conexión. Y Vueling, la primera aerolínea de El Prat, tiene su sede junto al aeropuerto barcelonés. “Ahora, no sólo hay demandas por incidencias en Barcelona, sino por las de otros aeropuertos de España”, añade García Orejudo, que dice que la idea es que cada aerolínea se lleve cada semana un máximo de 50 demandas por cada uno de los once juzgados. El auge de casos este año ha coincidido, además, con un recorte de efectivos en los juzgados. En el mes de julio, se creó el juzgado mercantil 11 de Barcelona, cuya titular es Amagoia Serrano. En menos de seis meses, ya le han asignado unos 3.000 asuntos, de los que alrededor de 2.500 son maletas. El problema es que la adición de un juzgado supuso, en el mismo momento, la supresión de los tres juzgados de refuerzo existentes hasta ese momento. Es decir, que hay más trabajo y menos medios para llevarlo a cabo. |
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