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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 15 AL 17 DE DESEMBRE DE 2018

Laboral

Plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes para el ejercicio 2018 de las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2018 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
(BOE, 17-12-2018)

Coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local
Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local.
(BOE, 15-12-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 14 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de diciembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 15-12-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/index.php?d=303&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/index.php?d=302&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 15 AL 17 DE DESEMBRE DE 2018

Fiscal

El Gobierno aprobará un paquete fiscal antes de que acabe este año
El Gobierno tiene la intención de aprobar un paquete fiscal con tres proyectos de ley en uno de los dos consejos de ministros que le quedan al presente 2018. Se trata de las iniciativas legislativas necesarias para tramitar la Tasa Google, el impuesto a las Transacciones Financieras y las medidas contra el fraude planteadas por el Gobierno.

Según indican fuentes del Ministerio de Hacienda, se están ejecutando las últimas modificaciones en ellas, tras haber pasado por el periodo de alegaciones, antes de ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Estas mismas fuentes aseguran que se trata de cambios pequeños, casi cosméticos, que afectan solo a la forma y no al fondo de estos nuevos impuestos, cuyos gravámenes y condiciones no cambiarán.

Tras el visto bueno del Consejo, los proyectos tendrán que enfrentarse al trámite parlamentario, y lo harán sustancialmente más tarde de lo previsto. Hacienda quería que estuvieran en tramitación parlamentaria en diciembre, pero eso no será posible hasta enero. En cualquier caso, el que se pueda presentar en el primer mes del año dependerá de si al final este periodo se considera hábil en la Cámara Baja. No lo es habitualmente, pero el Gobierno ya está moviendo los hilos para que sí lo sea.

La aprobación de estos nuevos impuestos y medidas es clave para el desarrollo de la estrategia económica del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Solo con este paquete fiscal el Gobierno espera obtener unos ingresos adicionales de 2.878 millones de euros en 2019, aunque previsiblemente este pronóstico se irá reduciendo cuanto más se retrase la entrada en vigor de las propuestas.

La medida que más recaudación puede aportar es el nuevo impuesto de Servicios Digitales, es decir, la Tasa Google. Mediante este tributo se gravará con un 3% las operaciones de servicios de publicidad en línea, los de intermediación en línea y la venta de datos recopilados a partir de información proporcionada por el usuario. Su puesta en marcha permitiría unos ingresos adicionales de 1.200 millones, aunque tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como la propia Comisión Europea ponen en duda esta cifra.

Algo parecido ocurre con el impuesto a las Transacciones Financieras. Ambas instituciones no creen que pueda lograr lo pronosticado por el Gobierno, unos 850 millones, a través de gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones de empresas españolas ejecutadas por operadores del sector financiero en cualquier mercado del mundo.

Por otro lado, en el plano de medidas contra la evasión fiscal, el Gobierno quiere implementar iniciativas como limitar más los pagos en efectivo, reforzar la lista de morosos y adoptar mejores prácticas en la prevención y lucha contra el fraude. Los ingresos adicionales que permitiría esta estrategia serían de unos 828 millones de euros.
(Expansión, 17-12-2018)

El Banco de España recorta otra vez el crecimiento del PIB en 2018, al 2,5%
El Banco de España ha actualizado este viernes sus previsiones sobre la evolución de la economía nacional y ha recortado una décima el avance de este año, hasta el 2,5%, con respecto a sus proyecciones del pasado septiembre. En dicho mes ya había rebajado una décima el avance. Asimismo, la entidad alerta de una mayor desaceleración en la creación de empleo por la subida del salario mínimo, que no generará mayor consumo al provocar una pérdida de empleos.

La rebaja se da también en 2020, con otra décima menos, hasta el 1,9%. En cambio, se deja intacto el crecimiento para 2019 en el 2,2% y se prevé crecer el 1,7% en 2021. La desaceleración del consumo interno, más incertidumbres en el exterior y el menor impacto de la política monetaria expansiva del BCE explican las revisiones.

Entrando más al detalle, la modificación se debe a que los datos más recientes indican que el avance de la economía al inicio del año fue algo menor a lo estimado hasta ahora, mientras que en 2020 las proyecciones se ven alteradas por el “empeoramiento reciente” de las perspectivas en los mercados exteriores. En este ámbito cita la guerra comercial y la política de Estados Unidos, el desenlace del Brexit o el desafío de Italia a Bruselas con sus cuentas.

Además, dijo el banco central, se considera que, “en un contexto de niveles relativamente elevados de incertidumbre, la proporción de las rentas que los hogares destinarán al consumo será menor que en los últimos años”, añadió.

No obstante, las proyecciones del Banco de España contemplan una prolongación de la actual fase alcista. El organismo supervisor explica que la expansión del producto continuará descansando en la demanda nacional, para la que, no obstante, prevé una desaceleración en los próximos años.

En cuanto al déficit público, estima que se reducirá este año hasta el 2,7% del PIB, en línea con la estimación del Gobierno, pero que quedará seis décimas por encima del objetivo en 2019, del 1,8%. El diferencial crece en años siguientes, con un descuadre de nueve décimas en 2020, al 2%; y del 1,8% en 2021, 1,4 puntos por encima de la senda marcada.

Respecto a la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional, la entidad cree que no tendrá impacto sobre el consumo, “ya que, en términos porcentuales, los efectos al alza sobre el salario medio se verán compensados aproximadamente por una pérdida de empleo de similar magnitud”. Es decir, que los trabajadores tendrán más dinero en el bolsillo, pero muchos perderán el trabajo y el impacto quedará neutralizado.

Asimismo, la desaceleración de la ocupación sería más intensa por el impacto del nuevo salario mínimo. Con todo, la creación neta de puestos de trabajo propiciará descensos adicionales de la tasa de paro, que cerrará este año en el 15,3% y bajará al 14,3% en 2019, al 13,3% en 2020 y al 12,4% en 2021, hasta situarse a finales de ese año ligeramente por encima del 12%.
(El Mundo, 15-12-2018)

Laboral

El número de despidos de trabajadores que llegan a los tribunales ha aumentado
Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, en los tres primeros trimestres de 2018, la judicialización de los conflictos laborales ha seguido a la baja, con una disminución del 1,5% (3.572 asuntos menos que en los tres primeros trimestres del año anterior). Sin embargo, en lo que va de año ha saltado una alarma que apunta a un empeoramiento en la recuperación del mercado laboral. Por primera vez desde 2014, el número de despidos de trabajadores que llegan a los tribunales ha aumentado.

Tras cuatro años consecutivos descendiendo los asuntos por despidos resueltos por los juzgados entre enero y septiembre, en este periodo de 2018 el número de rescisiones de contrato ha aumentado casi un 3%, unos 2.000 más que en los tres primeros trimestres del pasado año. También la cifra de trabajadores afectados por despidos individuales y colectivos ha invertido su tendencia a la baja en los últimos años y ha crecido un 2% en lo que va de 2018, hasta sumar 82.221 empleados, 1.504 más que en el mismo periodo de 2017.

Pero, además de haber repuntado los casos de despidos y los trabajadores afectados, las indemnizaciones reconocidas a estos empleados han bajado. En estos meses de 2018 los tribunales reconocieron indemnizaciones por despidos individuales por valor de 581,5 millones de euros, un 5% menos que entre enero y septiembre del año precedente.

Dado que el número de despidos además fue mayor, la indemnización media por cada trabajador descendió casi un 6% hasta los 10.265 euros. Las mayores indemnizaciones de los últimos años se registraron en 2013, cuando la media que cobraba un despido individual era de unos 14.000 euros. La comunidad de Navarra es la que registra mayores indemnizaciones medias por despido, con 13.402 euros; y Murcia, la que menos, con poco más de 8.000 euros. Si bien hay que resaltar que esto son medias entre indemnizaciones de varias decenas de miles de euros y otras que apenas llegan a 1.000 euros.

Otra de las tendencias que se observan en el análisis de estos datos sobre asuntos judiciales de carácter social es el aumento de la resolución de los conflictos mediante conciliación de las partes, frente a un descenso de los casos que requieren una sentencia judicial.

Del total de 242.750 asuntos resueltos entre enero y septiembre la mayoría requirió una sentencia –112.356 casos frente a 57.000 que se resolvieron en un acto de conciliación a las puertas de la sede judicial–. Pero son precisamente estos últimos casos que se resolvieron negociando y sin llegar a juicio los que más están aumentando (un 3,4% en lo que va de año), en comparación con un descenso del 2,6% de los asuntos en los que fue necesario que un juez dictara un auto. Además, hubo otros 73.324 asuntos desistidos o terminados por otras causas.

En el 62% de los casos en los que se dictó un fallo, el juez le dio la razón al trabajador total o parcialmente y en el 38% restante esa sentencia fue desfavorable para el empleado. Si bien, dependiendo del tipo de asunto, las sentencias favorables al trabajador fueron muchas más. Por ejemplo, en los despidos individuales se dio la razón total o en parte a ocho de cada diez trabajadores.

Pero si el asunto tiene que ver con reclamaciones por cuestiones de Seguridad Social, por ejemplo, la sentencia favorable total o en parte es solo para cuatro de cada diez asalariados que acudieron a los tribunales.
(Cinco Días, 17-12-2018)

Los empleados públicos se movilizan hoy por su alza salarial
Los empleados públicos tienen previsto iniciar hoy una campaña de movilizaciones, convocados por el sindicato de funcionarios CSIF, para exigir al Gobierno que use un decreto ley para aplicar, desde el 1 de enero, la subida salarial mínima pactada del 2,25 % para los trabajadores del sector público. La primera de estas movilizaciones que tendrá lugar hoy se llevará a cabo frente a la sede de la Dirección General de Función Pública en Madrid.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, explicó que estas protestas persiguen que el actual Gobierno –que asumió el alza salarial pactada por el anterior Ejecutivo del PP y los sindicatos de la función pública– garantice este aumento retributivo desde primero del año próximo, aunque no haya Presupuestos Generales del Estado para 2019. E incluso si se tuvieran que prorrogar definitivamente los de 2018.

Además, Borra ha pedido que también se revise el punto del acuerdo que liga una parte variable de la subida salarial del año que viene al objetivo de crecimiento del PIB, después de que el Gobierno haya modificado una décima a la baja su previsión, hasta el 2,3%.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, aseguró la semana pasada que “el compromiso del Gobierno es cumplir con el acuerdo y establecer una subida retributiva en tiempo y forma”. No obstante, dese el CSIF han denunciado los empleados públicos sienten “preocupación, hartazgo y abandono” por todo lo que tiene que ver con la recuperación de sus derechos y la mejora de sus condiciones laborales.

Asimismo, este sindicato reclamará en estas protestas la recuperación de la estructura salarial previa al recorte medio del 5% que se aplicó en 2010 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Exigirán también que se concrete la oferta de empleo público de 2018, cuya convocatoria aún no ha salido.

Otra de las cuestiones que persiguen las movilizaciones que se inician hoy es que se desbloquee la negociación del convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) que afecta a más de 40.000 personas.
(Expansión, 17-12-2018)

CEOE pide la subida de los contratos públicos por los costes de una reforma laboral
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado una revisión al alza de los contratos públicos para que las empresas puedan afrontar los costes derivados de una posible reforma laboral, para la que ya hay un preacuerdo entre UGT, CC. OO. y el Gobierno del PSOE.

Garamendi también se ha referido a otro pacto, en este caso al alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos, que será suscrito la próxima semana en Barcelona para fijar el salario mínimo interprofesional en 900 euros, con un incremento del 23 %. CEOE, ha recordado su presidente, firmó este verano un acuerdo nacional de convenios que contempla fijar esa retribución en 1.000 euros y con catorce pagas anuales, pero a partir de 2020.

Sobre estos acuerdos que no incluyen a las empresas, Garamendi ha añadido que las compañías se sienten "arrolladas por la marea política". Con la citada subida salarial del 23 %, los márgenes de beneficio en los contratos públicos se reducen mucho, en su opinión. Incluso ha comentado que, a una empresa en concreto, cuyo nombre no identificó, "esta broma le cuesta ocho millones". Con estas condiciones, "nadie va a presentarse" a estos concursos, ha concluido.

Garamendi ha impartido una conferencia en la Cámara de Comercio de Bilbao en la que ha reconocido el riesgo regulatorio de los países, aunque a ha calificado el preacuerdo de reforma laboral con los sindicatos de propio "de un país bananero".

Sobre la contrarreforma laboral pactada con los sindicatos, el presidente de la CEOE ha desvelado durante su conferencia en la Cámara de Comercio de Bilbao que ayer recibió una llamada de teléfono de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, para disculparse por no haber tenido al tanto de este proyecto a la organización empresarial. "Esto no es diálogo social", que si se produce cuando hablan primero las empresas y los sindicatos y luego se sientan a negociar acuerdos con el Gobierno, ha concluido. La CEOE ha traslado su "enfado" por esta situación al Gobierno.

A preguntas de los asistentes a su conferencia en Bilbao, Garamendi analizó varios puntos de esa reforma. En relación con el salario mínimo, defendió que hay que tener en cuenta las diferencias de precios, en relación con el coste de la vida, entre las comunidades autónomas. Sobre la primacía de los convenios sectoriales sobre los de cada empresa, primero hay que defender "la libertad de cada compañía", así que CEOE no comparte este criterio.

La ultraactividad (prórroga automática de los convenios hasta que no se pacte uno nuevo), tampoco le gusta a Garamendi, que recordó que durante la crisis se aplicó una subida salarial del 4 % entre las empresas de la construcción cuando este sector era el más afectado por la recesión. Un hecho que no ayudó a su reactivación, a su juicio.

Sobre el cambio planteado en el Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la retribución de las subcontratas, Garamendi sí reconoció que este apartado puede haber generado "una bolsa de empleo precario", como en el caso de las camareras de piso de los hoteles, un ejemplo que citó expresamente.

Antes de su conferencia, Garamendi declaró a los medios de comunicación que la contrarreforma laboral en su conjunto supone, en alusión al Ejecutivo, que "el árbitro sale al campo de la mano del equipo contrario".
(El País, 15-12-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

El BCE reúne a los bancos para lanzar los test de estrés de liquidez de 2019
Los bancos de la zona euro apenas están digiriendo los resultados de los test de estrés de 2018, cuyos resultados se conocieron en noviembre, y ya han puesto en marcha los preparativos para las pruebas que llevará a cabo el Banco Central Europeo (BCE) en 2019, que tratarán de medir la resistencia de más de un centenar de entidades a salidas masivas de depósitos.

A lo largo de la pasada semana, los bancos españoles han recibido las plantillas (templates) que tendrán que cumplimentar con su información interna, correspondiente al 31 de diciembre de 2018, para que el supervisor de la zona euro pueda someterlas a los test de resistencia de liquidez, según fuentes financieras. El BCE ha optado por no hacer ninguna declaración.

Para detallar la metodología para rellenar esas plantillas y para poner en marcha de manera oficial el proceso preparatorio, el supervisor bancario único celebró este pasado jueves en Fráncfort un encuentro de trabajo con representantes de las entidades bajo su control, entre las que estaban bancos españoles como Bankia o Sabadell, entre otros. El BCE examinará a más de un centenar de bancos de la zona euro, incluidas las principales entidades españolas.

Los años que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) no lleva a cabo test de estrés globales al sector, el BCE diseña sus propias pruebas de resistencia, de menor volumen y centradas en aspectos específicos. Así, en 2017 Fráncfort realizó un examen sobre la capacidad de generar ingresos de los bancos en distintos escenarios de tipos de interés. En 2019, la prueba girará en torno a la liquidez (o la ausencia de la misma).

Los resultados que arrojen estos test de estrés no solo pretenden servir para prevenir una potencial crisis como la de Popular (que cayó a raíz de las salidas masivas de depósitos de la primera mitad de 2017), sino que tendrán utilidad para el BCE, que los integrará en su proceso de evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) de cada banco. Es decir, Fráncfort fijará los niveles mínimos obligatorios para cada entidad a partir de los datos obtenidos en las pruebas.

A raíz del precedente de Popular, el supervisor único ha puesto el foco en la situación de liquidez de los bancos bajo su manto. La evaluación continuada que lleva a cabo Fráncfort ha arrojado algunas dudas, señalan fuentes del sector, lo que ha llevado al BCE a plantear una prueba específica en la que se examine a las entidades en dos escenarios (normal y adverso) y con salidas masivas de depósitos. «Se quiere medir la capacidad de los bancos de movilizar su colateral en situaciones de dificultad», puntualizan estas mismas fuentes.
(Cinco Días, 16-12-2018)

Una mayor digitalización empresarial dispararía un 5% el PIB
La economía española podría aumentar en más de tres puntos porcentuales la tasa de crecimiento del 2,7% esperada para este año, hasta el 5%, si las empresas consiguiesen adaptarse a la transformación digital, al mismo tiempo que la creación de empleo pasaría de las 500.000 personas que ahora se incorporaran al trabajo anualmente al millón de nuevos puestos de trabajo cada año.

Según el último estudio de la consultora Advice Strategic Consultants, a raíz de una encuesta realizada a 2.400 pymes y autónomos, 400 grandes empresas y 400 organismos públicos bajo criterios del INE y aplicando los modelos de crecimiento económico de varios premios Nobel, la educación y la formación de los trabajadores se alzan como los dos factores "esenciales" para hacer patente la Cuarta Revolución Industrial en el país.

En concreto, la formación y la educación tienen que conseguir que la digitalización no genere un vacío de puestos de trabajo que provoque un aumento del desempleo ni un crecimiento de la desigualdad social entre el 1% mejor formado, el 19% de puestos intermedios con cierta formación en digitalización y el restante 80% de la fuerza laboral que no está digitalizado.

Esta desigualdad también se refleja en el tejido empresarial. Mientras que el 48% de las grandes empresas en España, que solo suponen el 0,12% del total, ya se encuentra digitalizada gracias a una inversión anual media de entre 200.000 euros y dos millones de euros, tan solo un 14% de las pymes, microempresas y autónomos, que concentran el 99,88% del tejido empresarial, afirma tener la intención de digitalizarse.

Estas pequeñas empresas sostienen el 66% del empleo total, por lo que su escasa digitalización tiene un impacto directo en el potencial crecimiento de la economía, del empleo y de la productividad española. Además, del 14% que tiene intención de digitalizarse, tan solo la mitad de ellas afirma haber asignado un presupuesto para ello, un importe que solo asciende a 3.000 euros de media anual.

El estudio apunta que al igual que ahora España tiene que hacer frente a la Cuarta Revolución Industrial y acometer una profunda digitalización de todos los sectores económicos, el país ya vivió la Tercera Revolución Industrial, la de la computación, entre 1995 y 2014.

Durante esta etapa, la productividad media avanzó un 4,5%, la más alta en más de un siglo, y el incremento medio del PIB se anotó un 4% anual, una expansión que se frenó con el estallido de la crisis, aunque la productividad de las empresas que adoptaron nuevas herramientas digitales siguió aumentando a un ritmo del 3,5% y el 4% anual.

Esta vez, para que España consiga su máximo crecimiento potencial, el sector tecnológico y digital debería de pasar del actual peso del 8,4% que tiene en el PIB al 10,4%; aumentar el peso de la industria hasta el 20% como mínimo; mantener las exportaciones en el 32% del PIB; y que el comercio electrónico concentre el 30% del total de ventar de empresas y particulares.

El estudio también incluye un ranking de las empresas que mejor se han adaptado al mundo digital. Desde el punto de vista de la demanda, destacan Caixabank, Telefónica, El Corte Inglés, Inditex o Naturgy, mientras que en la oferta lideran la tabla Salesforce, Telefónica, HP, Samsung y Apple.
(Expansión, 16-12-2018)

La deuda pública cierra septiembre con un récord de 1.175.704 millones
La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en el tercer trimestre del año los 1.175.704 millones de euros, lo que supone un incremento de 11.736 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior, un 3,7% más y un nuevo récord histórico, y se sitúa en el 98,3% del PIB, una décima menos que en el mismo trimestre de 2017 pero por encima del objetivo del 97% para el conjunto del año, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

En concreto, la deuda pública se ha incrementado en 11.736 millones de euros respecto al segundo trimestre del año, lo que supone un 1% más, y se ha elevado en 42.326 millones de euros respecto al mismo trimestre del año pasado, con un alza del 3,7% interanual.

A pesar del incremento de la deuda pública en términos absolutos, el endeudamiento de las administraciones en comparación con el PIB ha bajado en una décima en el tercer trimestre respecto al mismo del año pasado (98,4% del PIB), si bien se ha elevado en dos décimas respecto al segundo trimestre. De hecho, se sitúa 1,3 puntos porcentuales por encima del objetivo marcado para este año en el 97% del PIB.

Por administraciones, la deuda se incrementó a nivel interanual tanto en el Estado como en las comunidades autónomas y la Seguridad Social, mientras que descendió en las corporaciones locales. En concreto, la deuda de la Administración Central del Estado se elevó a 1,047 billones de euros hasta septiembre de 2018, lo que representa el 87,5% del PIB y supone un incremento interanual del 4,8% y trimestral del 1,3%.

Por su parte, el endeudamiento de las comunidades autónomas creció hasta los 292.381 millones de euros, el 24,4% del PIB y un aumento del 2,8% respecto al tercer trimestre de 2017 pero un 0,3% menos a nivel intertrimestral.

Por el contrario, la deuda de las corporaciones locales se situó en 28.029 millones de euros, lo que supone un 8,3% más que hace un año y un 4,7% más intertrimestral, representando la deuda de los ayuntamientos el 2,3% del PIB.

Por su parte, la deuda de la Seguridad Social se situó en 34.863 millones de euros, con un incremento de 11.676 millones (+50,3%) respecto al mismo periodo del año pasado, aunque prácticamente la misma cifra que el trimestre previo, y supone el 2,9%.
(El País, 15-12-2018)

El INE confirma la moderación del IPC al 1,7% en noviembre
El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado un 0,1% en noviembre en relación al mes anterior y recortó seis décimas su tasa interanual, hasta el 1,7%, su menor nivel desde el pasado mes de abril, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Estadística ha atribuido la caída de la tasa interanual del IPC de noviembre al descenso de los precios de la electricidad, del gasóleo para calefacción, de los carburantes, de los paquetes turísticos, y de algunos alimentos, como las frutas y el aceite.

La tasa interanual de noviembre es la vigésimo séptima tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 1,7% superiores a los de hace un año. Tras seis meses por encima del 2%, en el penúltimo mes del año el IPC ha logrado bajar de esa barrera y situarse en su menor nivel desde abril.

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, bajó una décima en noviembre, hasta el 0,9%, con lo que se sitúa ocho décimas por debajo de la del IPC general. Lleva ya 64 meses seguidos por debajo del 2%. En el penúltimo mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 1,7%, seis décimas menos que en octubre.

En comparación intermensual, la tasa ha sido del -0,1%, lo que supone la primera tasa negativa desde noviembre de 2014. Por productos, los que más se han encarecido han sido las prendas de vestir de mujer (+6,5% respecto a octubre) y el calzado femenino (+5,7%). Y los que más han bajado han sido los hoteles, hostales y pensiones (-11%).

La tasa anual del IPC ha disminuido en todas las comunidades autónomas en noviembre respecto a octubre. El mayor descenso se produce en Cantabria, que recortó su tasa ocho décimas, hasta el 1,6%. Por su parte, Canarias es la comunidad donde menos se ha reducido la tasa anual, tres décimas, hasta el 1,6%.

Las regiones que al finalizar noviembre han presentado las mayores tasas anuales de IPC son Castilla-La Mancha (+2%) y Cataluña y Madrid (+1,9%), mientras que Baleares registró la tasa más baja (+1,2%).
(La Vanguardia, 15-12-2018)

El Gobierno alarga los contratos de alquiler y acota las fianzas, pero no limita los precios
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de reforma educativa que supondrá la derogación de la Lomce. Además, ha dado luz verde a medidas urgentes para el alquiler de viviendas. Isabel Celaá ya avanzó ayer que hoy se analizará la propuesta de actualización y modernización de la LOE de 2006, que conllevará la derogación de la actual Lomce. "Se pone el foco en el estudiante. Queremos una escuela inclusiva", ha indicado la ministra de Educación, que ha indicado que el proyecto está en fase de consultas.

Según ha explicado tras la reunión del Gobierno, "buscamos la modernización del sistema, situarlo en las directrices europeas". Celaá ha afirmado que afectará a más de 8 millones de estudiantes y a 700.000 docentes. El Ejecutivo ha realizado el "primer visionado" del anteproyecto de modificación de la LOE de 2006, que conllevará a su vez a la derogación de la Lomce de 2013. La también portavoz del Gobierno ha explicado que el texto aún se encuentra en fase de consultas y que, una vez que reciban los dictámenes, incorporarán las enmiendas que consideran para cuando sea llevada para la segunda lectura del anteproyecto al Consejo de Ministros. Su intención es enviarla al Parlamento en enero.

La ministra explicó que el Gobierno espera que tanto el Consejo Escolar del Estado como toda la comunidad educativa hagan las enmiendas que consideren oportunas a este proyecto. La reforma educativa de Celaá persigue, entre otros objetivos, que los alumnos de Primaria y Secundaria estudien valores cívicos y éticos, que la religión no sea computable, que el Bachillerato sea más flexible y que no existan revalidas.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde un real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, otro sobre herramientas macroprudenciales y un acuerdo sobre nuevas tarifas de peaje. El titular de Fomento, José Luis Ábalos, ha puesto de relieve que la mayoría de desahucios se producen por falta de pago del alquiler, mientras que han caído por ejecuciones hipotecarias. Las principales medidas respecto al alquiler son: ampliar el plazo de prórroga de los contratos de arrendamiento, de tres a cinco años -o hasta siete años si el arrendador es persona jurídica-, y el plazo de prórroga tácita de uno a tres años, límite de una fianza de dos meses como garantía, facilitar los acuerdos entre inquilino o dueño para mejora de la vivienda, el gasto de gestión correrán a cargo del arrendador cuando sea una persona jurídica, mejorar la remisión de los contratos de alquiler turístico y propiedad horizontal para que tres quintas partes de los vecinos puedan limitar los pisos turísticos, entre otras medidas.

No obstante, el ministro ha descartado que este decreto incluya medidas encaminadas a intervenir los precios del alquiler, tal y como había acordado con Unidos Podemos en el acuerdo presupuestario, aunque no ha descartado que en el marco de las negociaciones para los Presupuestos del próximo año se puedan incluir. En cuanto a las autopistas, Ábalos ha anunciado una rebaja media del 30% de las tarifas actuales de las autopistas quebradas y la gratuidad de 00.00 a 06.00 horas, a partir de 2019.Así, el titular de Fomento ha apuntado que se trata de unas infraestructuras poco utilizadas en las que se pretende mejorar los ingresos y contribuir a la mejora de las condiciones de circulación y de seguridad vial. Asimismo, ha indicado que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos hará una revisión en un plazo de seis meses.

En concreto, la rebaja del 30 % de media en el peaje de las autopistas gestionadas por el Estado será de aplicación desde el 15 de enero para la R-3; R-5; R-2; R-4, M-12, AP-7 (Circunvalación de Alicante), AP-7 (Cartagena-Vera), y AP-36 (Ocaña-La Roda).En el caso de la AP-41, que discurre entre Madrid y Toledo y que aún no ha revertido al Estado (se esperaba que fuera en enero), las tarifas podrán ser de aplicación una vez que pasen a ser gestionadas por la Administración. La reunión del Consejo ha estado presidida por la vicepresidenta, Carmen Calvo, ya que el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, participa en Bruselas en la última reunión del año del Consejo Europeo.
(El Mundo, 15-12-2018)

 
 
 
 
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