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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE DESEMBRE DE 2018

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de diciembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-12-2018)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 20-12-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/index.php?d=306&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 20 DE DESEMBRE DE 2018

Fiscal

La justicia aclara que el Estado debe demostrar una conexión directa entre dueños, plantilla y actividad
En los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual de la Agencia Tributaria la realización de actuaciones masivas para tratar de recobrar las deudas pendientes reclamándolas a esas empresas sucesorias. La justicia, sin embargo, acaba de acotar estas campañas advirtiendo a Hacienda de que debe probar fehacientemente la vinculación entre ambos negocios si quiere cobrar.

El procedimiento que activa Hacienda en estos casos es el de derivación de responsabilidad tributaria por sucesión empresarial, que está previsto en el artículo 42.1 c) de la Ley General Tributaria. Este establece que “serán responsables solidarios de la deuda tributaria” las personas o empresas que “sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio”.

Hacienda ejecuta esta vía en tres casos. El más claro es cuando se produce la transmisión de la titularidad de la empresa jurídicamente, quedando acreditado el traspaso de la actividad y de las deudas. Una segunda opción es que la administración entienda que se da una “sucesión de facto”, en la que una empresa cesa su actividad aparentemente, pero esta continúa en manos de otra persona o entidad que evitan certificar la sucesión para tratar de eludir la deuda. Finalmente, Hacienda también aplica la derivación de responsabilidad cuando detecta que una firma adquiere elementos suficientes de una empresa en extinción como para entender que continúa la actividad de la anterior.

De esta herramienta se sirvió la delegación de Valencia de la Agencia Tributaria para reclamar una deuda de 724.606 euros a una compañía S.L. alegando que sucedía a una S.A. deudora. Ante el recurso presentado por la firma afectada, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana tumbó la actuación de Hacienda al considerar que esta no había justificado con pruebas fehacientes la conexión entre ambas compañías.

Las evidencias aceptables para la justicia son, fundamentalmente, que haya coincidencia en la actividad o explotación de ambas sociedades; que se dé una vinculación personal entre sus socios y administradores o que se repitan los proveedores, clientes y trabajadores. Aunque el fisco apuntó a la confluencia de varios de estos supuestos en el caso judicializado, el tribunal valenciano le advierte de que no basta con que lo denuncie pues en la documentación aportada “no consta” prueba que justifique sus conclusiones.

La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que tanto la Ley General Tributara como el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) son claros a la hora de imponer al Estado la carga de la prueba.

“Para el tribunal, un informe no tiene, a diferencia de las diligencias y actas de la inspección, carácter probatorio pleno”, explica el abogado Salvador Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, subrayando que “es la administración la que deberá acreditar, en cada caso, los elementos materiales y formales, en base a los que considere que ha existido una sucesión en la actividad empresarial”. “Y en caso de no justificarse los mismos, la derivación de responsabilidad podrá anularse en los tribunales”, aduce Salcedo.

El fallo del tribunal, asevera el letrado, abre la puerta a que otras empresas que estén siendo objeto de un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria puedan paralizar o anular las exigencias de cobro injustificadas.
(Cinco Días, 20-12-2018)

La moratoria que logre un deudor solidario no protege al resto
Cuando Hacienda reclama una única deuda tributaria a varios deudores, siendo uno el principal y el resto responsables solidarios, basta con que el principal haga frente al monto pendiente para librar al resto de sus obligaciones. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando uno de los deudores solidarios logra una suspensión del procedimiento de cobro o su moratoria.

Así lo ha aclarado el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en un reciente pronunciamiento en el que unifica criterio y pone fin a varios años de controversia judicial. Si bien el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León se había basado en una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 para establecer que la protección que logre un único deudor beneficia al resto, el TEAC aclara que la suspensión del procedimiento de recaudación solo cursa para quien la solicita con éxito.

El resto de deudores seguirán sujetos al requerimiento de la Agencia Tributaria. Desde Ático Jurídico recomiendan recurrir las declaraciones de responsabilidad que se reciban, para lo que hay un plazo de un mes, y solicitar la suspensión o el fraccionamiento del pago, para lo que hay plazo de entre cinco y siete semanas.
(Cinco Días, 20-12-2018)

Bruselas detecta ayudas fiscales irregulares de Gibraltar por 100 millones
La Comisión Europea ha constatado que el régimen de exención del impuesto de sociedades por intereses y cánones y cinco resoluciones fiscales de Gibraltar son ilegales según las normas sobre ayudas estatales de la UE, por lo que obliga a que los beneficiarios devuelvan ahora los impuestos impagados por un importe cercano a 100 millones de euros.

En octubre de 2013, la Comisión inició una investigación pormenorizada del régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar para verificar si el régimen de exención del impuesto de sociedades aplicado entre 2011 y 2013 a los ingresos por intereses (procedentes principalmente de préstamos intragrupo) y por cánones favorecía selectivamente a determinadas categorías de empresas, incumpliendo las normas de la UE sobre ayudas estatales.

En octubre de 2014, la Comisión amplió la investigación sobre ayudas estatales para abarcar también la práctica de las resoluciones fiscales de Gibraltar, con especial hincapié en 165 resoluciones fiscales emitidas entre 2011 y 2013.

A la Comisión le preocupaba que estas resoluciones fiscales constituyesen ayudas estatales porque no se basaban en información suficiente para garantizar que las empresas afectadas por las resoluciones fuesen gravadas en las mismas condiciones que otras empresas que generaban o derivaban ingresos de Gibraltar.

Las normas sobre ayudas estatales de la UE impiden que los Estados miembros ofrezcan ventajas fiscales desleales únicamente a determinadas empresas. Los Estados miembros no pueden tratar a determinadas empresas mejor que a otras. Esto falsea la competencia y es ilegal de conformidad con las normas sobre ayudas estatales de la UE.

Según el régimen fiscal territorial aplicable en Gibraltar, las empresas deben pagar el impuesto de sociedades sobre los ingresos devengados en Gibraltar o derivados de Gibraltar. Sin embargo, la investigación de la Comisión puso de manifiesto que las sociedades beneficiarias de intereses o cánones estaban exentas de imposición en Gibraltar sin que hubiese una justificación válida para ello.

Esta medida favoreció significativamente a un conjunto de empresas pertenecientes a grupos multinacionales que se ocupan de determinadas funciones (como la concesión de préstamos intragrupo o el derecho a utilizar los derechos de propiedad intelectual).

Como consecuencia de ello, la Comisión concluyó que la exención se había concebido para atraer a empresas multinacionales a Gibraltar y que efectivamente reducía el impuesto de sociedades de un número limitado de empresas pertenecientes a grupos multinacionales.

La Comisión acoge con satisfacción el hecho de que Gibraltar aboliese la exención fiscal en julio de 2013, por lo que respecta a los ingresos por intereses, y en enero de 2014, por lo que respecta a los ingresos por cánones.
(El País, 20-12-2018)

Laboral

Trabajo aprobará subvenciones por 350 millones para formar a trabajadores ocupados
El Ministerio de Trabajo tiene previsto aprobar previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo viernes una convocatoria de subvenciones por valor de 350 millones de euros para formar a trabajadores ocupados, según ha anunciado hoy la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Esta convocatoria, que acaba de ser aprobada en el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, tendrá como destinatarios las entidades y centros formativos acreditados, que solicitarán estas subvenciones en concurrencia competitiva. Esto es, una vez presentadas todas las solicitudes de estos centros –entre los que pueden estar entidades vinculadas a patronales y sindicatos—se evaluarán las ofertas formativas y se autorizarán las ayudas públicas.

Las actividades formativas financiadas por esta convocatoria “incluirá acciones de formación a nivel estatal dirigidas prioritariamente a personas ocupadas a partir de las necesidades formativas detectadas por las estructuras sectoriales paritarias”, ha precisado Valerio.

La mayoría de las subvenciones se destinarán a formación de carácter sectorial (unos 300 millones), mientras que también habrá una cantidad cercana a los 20 millones para cursos trasversales (de idiomas; informática y otras habilidades) y otros 9 millones para formación de autónomos y otros 9 millones para empresas de economía social.

Se trata de la primera convocatoria de este tipo de ayudas que se hace desde 2016. De hecho, Valerio ha arremetido contra la actual regulación de la formación de los trabajadores ocupados aprobada en 2015 al asegurar que “no solo no ha servido para impulsar el sistema, sino que está lleno de disfunciones que han llevado, entre otras cosas, a la falta de convocatoria de planes de formación para estos empleados durante 2017 y 2018.

Por este motivo, aproximadamente una tercera parte de la cantidad que se destinará a estos cursos procede de la recaudación de la cotización por formación de años anteriores que no se habían gastado.

La ministra ha criticado duramente esta ley de 2015 vigente en la actualidad asegurando que “ha conducido a la quiebra de centros y entidades de formación; a la ausencia total de formación de ocupados en determinados territorios y a la falta de seguridad jurídica para el sector”.

También antes de fin de año, se convocará la orden ministerial que regulará la formación de los representantes de los trabajadores y de los empresarios para capacitarles en materia de negociación colectiva y diálogo social. Para impartir estos cursos se aprobará una partida de 6 millones de euros.
(El País, 20-12-2018)

CEOE nombra a sus vicepresidentes
La junta directiva de la CEOE ha nombrado a sus cuatro nuevos vicepresidentes tras la llegada a la presidencia de Antonio Garamendi. Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM; Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabajo; Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, y Salvador Navarro, presidente de la patronal valencia CEV, serán sus nuevos espadas. El quinto vicepresidente será el próximo presidente de Cepyme, un nombramiento pendiente para el que suena Gerardo Cuerva.

Javier González de Lara, presidente de la CEA, ha sido nombrado además como presidente de la Fundación CEOE, mientras que Santiago Aparicio, presidente de CECALE, ha sido designado presidente del Instituto Superior de Estudios Económicos (ISEE). Por su parte, se nombrado a Fernando Callizo, presidente de CEOE Aragón, como vicepresidente del Consejo económico y social (CES).

Además, la patronal ha destacado el nombramiento de Íñigo Fernández de Mesa, exsecretario de Estado de Economía, como presidente de la comisión de Economía y Política Financiera. La junta directiva también se ha aprobado la nueva composición del Comité Ejecutivo. En él, según había avanzado Antonio Garamendi en reiteradas ocasiones se ha impulsado la presencia de las mujeres. Entre ellas, se ha incorporado a María José Álvarez, presidenta del Grupo Eulen y de Inés Juste, presidenta del Grupo Juste.

En total, hay ocho mujeres, de 56 miembros entre vocales e invitados. Además de las presidentas de Eulen y del Grupo Juste y la vicepresidenta Pilar González de Frutos están Cristina Contel, Val Díez Rodrigálvarez, Carmen Planas, Alicia Richart Ramón y Marina Serrano González.
(El Mundo, 20-12-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La Fed sube tipos, pero modera el ritmo de alzas en 2019
Con las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, apuntando a un retraso en el proceso de subida de tipos planeando los mercados, el Comité de Mercado Abierto (FOMC) ha acordado por unanimidad elevar las tasas en 25 puntos básicos, hasta la horquilla del 2,25%-2,5%. El movimiento que ya había sido puesto en precio por el mercado llegó a cuestionarse en los últimos días ante los temores a una desaceleración de la economía. Desde el pasado 28 de noviembre, las probabilidades de alza de las tasas antes de cierre de año han ido cayendo sesión a sesión desde el 76,9% de finales de noviembre al 69,1% que marcaba minutos antes de conocerse la decisión.

La tendencia bajista de la Bolsa en el mes de diciembre, la debilidad de los datos macroeconómicos y la presión del presidente de EE UU, Donald Trump, para que Powell haga un alto en el camino no han sido suficientes para alterar las previsiones a corto plazo. La Fed cierra el año fiel a sus estimaciones y acomete la cuarta alza de las tasas en 2018 y novena desde que la institución pusiera fin a la era de los tipos cero.

Los temores a una ralentización de la economía en 2019 no dejaron indiferente al comité que rebajó de tres a dos las subidas para el próximo año. Este cambio ha venido acompañado de un lenguaje más moderado. Como venían apuntado los expertos desde que Powell afirmara que los tipos estaban próximos a su nivel neutral, el comité ha optado por desactivar el piloto automático y condiciona las próximas subidas a los datos que se vayan conociendo. Es decir, antes de tomar una decisión precipitada analizarán con lupa las condiciones económicas para evitar sustos y tener que dar marcha atrás.

A pesar de la histeria que vive el mercado en las últimas sesiones, el comité considera que "los riesgos siguen siendo más o menos equilibrados". "El mercado laboral ha continuado fortaleciéndose y la actividad económica sigue aumentando a un ritmo fuerte", señalan. Con una tasa de desempleo en mínimos de 1969, "el gasto de los hogares prosigue sus crecimientos mientras la inversión empresarial se ha moderado desde los fuertes niveles registrados a comienzos de año", remarcan los miembros del banco central. Es decir, recoge el bandazo del sentimiento inversor en los últimos 12 meses, periodo en el que se ha pasado de esperar un supercrecimiento de la mano de la rebaja de impuestos a preguntarse cuándo llegará la recesión, algo que está favoreciendo la rotación de las carteras desde los activos de riegos como la Bolsa a otros de corte defensivo como los bonos.

La Fed ha aprovechado la última reunión para actualizar sus previsiones macroeconómicas. Los miembros de la institución recortan en una décima su estimación de crecimiento para 2018 (3%, la cifra más elevada desde 2015) y en dos décimas la de 2019, hasta el 2,5%. Eso sí, mantienen intacto su cálculo para 2020, cuando se prevé que el PIB suba un 2%, unos datos que evidencian la ralentización, pero que continúan lejos de enviar señales de recesión. La tasa de paro cerrará el año en el 3,7%, bajando al 3,5% en 2019. La previsión inflación, por su parte, cae dos décimas para 2018, hasta el 1,9% y una para 2019, hasta el 1,9%. Habrá que esperar a 2020 para que los precios superen el 2% (2,1%).

Los cambios contribuyeron al aplanamiento de la curva de tipos. Mientras las rentabilidades de la deuda a corto plazo subían, el bono a 10 años marcaba mínimos de seis meses (2,76%).

Diciembre tradicionalmente es el mes que los gestores e inversores minoristas aprovechan para comprar acciones y dar rienda suelta al conocido como rally de fin de año, un movimiento que tiene su origen en EE UU. Sin embargo, parece que en 2018 tendrá que esperar. A falta de una semana para el cierre de año, Wall Street es incapaz de sacudirse las pérdidas. Con descensos del 9,17% para el S&P 500 y del 8,67% para el Dow Jones, los índices van camino de cerrar el mes como el peor diciembre desde 1931, en plena Gran Recesión.
(Expansión, 20-12-2018)

La concesión de hipotecas se dispara un 20% con respecto al año pasado
Una nueva estadística confirma que el lío de las hipotecas en el Tribunal Supremo apenas dejó rastro en la marcha del mercado en octubre. Según datos del INE publicados este martes, en ese mes se registraron en toda España 30.356 hipotecas sobre viviendas. El dato supone un 6,5% menos de préstamos que el mes anterior, pero se trata de una caída estacional típica (septiembre es tradicionalmente mejor mes que octubre) que es menor que otros años. Si se observa el crecimiento anual (en comparación con el mismo mes de 2017), las hipotecas crecieron un 20,4%. Y en el acumulado del año, es decir, comparando los diez primeros meses de 2018 con el mismo periodo del año anterior, el crecimiento es del 10,7%.

Los datos son consistentes con los que facilitaron los colegios de notarios la semana pasada, aunque la encuesta del INE (que se basa en las cifras facilitadas por los registradores de la propiedad de toda España) es un poco más completa. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la polémica judicial solo afectó al mercado en los últimos diez días de octubre (la sentencia se conoció el jueves 18) y los préstamos tardan en registrarse unos días, por lo que los datos determinantes para saber si tuvo incidencia en el mercado serán los de noviembre.

El único rastro que de momento podría achacarse al caos hipotecario es un leve repunte de los tipos de interés al inicio de hipoteca, que como media se situaron en el 2,63%. Se trata de una subida de cuatro centésimas respecto a septiembre (2,59%), cuando en los últimos años el décimo mes del año solía registrar una revisión a la baja. Pero aun así hay que tomar el dato con mucha cautela porque se encuentra dentro de parámetros normales de variación mensual. En otras palabras, ya ha pasado en otros meses de este año que los tipos subieran (o bajaran) hasta cinco centésimas respecto al periodo inmediatamente anterior. Por tanto, de nuevo habrá que esperar a ver las estadísticas sucesivas para ver si te trata de un aspecto puntual o de una inflexión en el mercado.

La estadística del INE también recoge cifras sobre el importe medio de las hipotecas sobre viviendas, que se situó en octubre en 126.926 euros. Esto supone un incremento anual del 4,6%. Respecto al tipo elegido, un 62,4% de los prestatarios optaron por el cambio variable (que repunta ocho décimas respecto a septiembre) y el 37,6 restante por el cambio fijo. El plazo medio de las nuevas hipotecas que se firmaron se mantuvo, como en los meses anteriores, en 24 años.

Por último, en España se registraron durante octubre un total de 42.007 hipotecas, sumando a las de vivienda las constituidas sobre otro tipo de fincas urbanas y sobre fincas rústicas. En ese caso, el crecimiento anual es del 20,8%. El importe medio se situó en 138.171 euros, un 5,8% menos que en octubre de 2017.
(Expansión, 20-12-2018)

El BCE finaliza hoy sus compras de deuda tras adquirir 260.000 millones en bonos españoles
El Banco Central Europeo (BCE) pondrá fin este miércoles a su programa de compra de activos (APP por sus siglas en inglés), completando así, tras casi cuatro años de duración, el mayor experimento de política monetaria puesto en marcha desde la fundación del banco central y a través del que ha adquirido deuda española por importe de unos 260.000 millones de euros.

"El Eurosistema detendrá las compras tras el 19 de diciembre de 2018 en anticipación de la significativamente menor liquidez del mercado, y para reducir las posibles distorsiones", ha indicado el BCE. Desde el comienzo de los distintos programas que forman parte del plan de compra de activos del BCE, la institución acumulaba hasta noviembre un total de 2,562 millones de euros en activos, incluyendo 2,095 billones en deuda pública, cifra que se habrá incrementado en unos 15.000 millones de euros hasta este miércoles con las últimas adquisiciones que realizará la entidad.

De este modo, "el 2 de enero de 2019" el banco central volverá al mercado, pero únicamente ya a través de su plan de reinversiones del principal de los vencimientos de deuda acumulada en su balance. En este sentido, en su reunión del pasado jueves, el Consejo de Gobierno del BCE confirmó que mantendrá su plan de reinversiones de los vencimientos de la deuda adquirida durante un periodo prolongado "más allá de la primera subida de los tipos de interés".

A este respecto, el BCE precisó que las reinversiones de los vencimientos de la deuda comprada bajo el programa APP mantendrán el reparto por países, aunque se realizarán ajustes de forma "gradual" para adecuarse a los cambios de la suscripción de capital de los diferentes bancos centrales nacionales.

La autoridad monetaria ha especificado que tiene previsto mantener el volumen individual de cada uno de los programas que componen el programa ampliado de compra de activos (APP, por sus siglas en inglés). Por tanto, no se producirán cambios en el peso de la deuda comprada al sector público y a las empresas, así como la cantidad de titulizaciones y cédulas hipotecarias, con respecto a los niveles alcanzados al finalizar diciembre 2018. "Durante la reinversión se podrán producir desviaciones temporales en la composición del programa ampliado de compra de activos por motivos operativos", ha explicado el BCE.

Desde la puesta en marcha del programa de compra de deuda pública, en marzo de 2015, uno de los cuatro elementos del plan de adquisición de activos del BCE, la entidad habrá acumulado una exposición neta de unos 260.000 millones de euros en bonos españoles, convirtiendo así a España en el cuarto emisor con mayor presencia en su cartera.

Al cierre del pasado mes de noviembre, el BCE acumulaba bonos españoles por importe de 259.203 millones de euros, tras adquirir 2.534 millones en noviembre, cuando la deuda española fue la más comprada en términos netos por la institución, después de haber elevado su posición únicamente en 126 millones durante octubre.
(La Vanguardia, 20-12-2018)

Sector

La UE levanta un muro legal para controlar a los inversores chinos
Europa está debatiendo un proyecto legal para dar más poder a la Comisión y así controlar o limitar las inversiones extranjeras directas en Estados miembro que puedan afectar a otros países comunitarios. Campofrío, el Atlético de Madrid, Clínica Baviera o Urbaser tienen en común que cuentan en su accionariado con inversores chinos. Se trata de matrimonios que no superan en la mayoría de los casos los cuatro años de historia y, pese a su juventud, algunos han acabado en sonados divorcios, como fue el caso de HNA en NH Hotel Group o el de Wanda en el Edificio España. Y de cara a futuros noviazgos, las cosas podrían ponerse más difíciles si sale adelante el proyecto normativo de la UE para controlar las inversiones extranjeras dentro de sus fronteras.

La propuesta, que se encuentra en tramitación parlamentaria, propone un nuevo marco normativo "dirigido a ampliar los poderes de la Comisión Europea para controlar las inversiones extranjeras que puedan ser contrarias a los intereses de la UE, así como la creación de una base legal que facilite el desarrollo homogéneo de mecanismos de supervisión de la Inversión Extranjera Directa (IED) por parte de los Estados miembro", explican José Izquierdo y Francisco Castro, abogados de Cuatrecasas.

Aunque esta normativa afecta a cualquier operación que cuenta con un inversor procedente de fuera de la UE, es especialmente relevante en el caso de China, sobre todo desde que en los últimos años ha aumentado su exposición al Viejo Continente, al tiempo que se cierra para ellos el mercado estadounidense. Sectores como la alimentación, el turismo o el fútbol son algunos de sus activos favoritos en nuestro país, aunque también están presentes en otros ámbitos, como el aeroespacial o en infraestructuras básicas, ya sean agua o energía.

Son precisamente estos sectores los que más preocupan en Europa, al considerarse críticos para el funcionamiento no sólo de cada Estado miembro, sino del conjunto de la UE, como es el caso de las infraestructuras o los activos de energía, comunicaciones y defensa. Preocupa, como ha puesto de manifiesto recientemente la crisis de Huawei en Canadá y Estados Unidos, la vinculación directa de las empresas chinas con el Gobierno del gigante asiático. Una situación que también podría asimilarse con los fondos soberanos (los más activos son Noruega, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Kuwait).

Por eso, Europa propone en su texto vigilar estas inversiones, permitir que los Estados miembro pregunten por operaciones de inversión extranjera directa en otro país de Unión que pueda afectarlos y, en definitiva, ampliar los poderes de la Comisión, recomendando que la transacción se realice o no. Esta idea no es nueva. De hecho, durante el discurso anual sobre el estado de la UE de 2017, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ya alertó sobre ese aspecto: "No somos unos defensores ingenuos del libre comercio; Europa deberá defender siempre sus intereses estratégicos".
(Expansión, 20-12-2018)

Justicia ofrece aumento salarial a categorías más bajas de jueces y fiscales
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha ofrecido a las asociaciones de jueces y fiscales destinar 1,3 millones de euros para complementar con una paga única que se cobraría el año que viene el salario de los miembros de ambas carreras de menor categoría.

Según explica el Ministerio en un comunicado tras la reunión mantenida con los representantes de las asociaciones después de la huelga que protagonizaron el pasado 19 de noviembre, se pretende hacer "un esfuerzo presupuestario" con los jueces y fiscales que prestan sus servicios en los partidos judiciales de menor población, los que mantienen las peores condiciones salariales.

Se usarán fondos adicionales de la masa salarial de ambos colectivos correspondientes a 2018 y así 908 fiscales y 789 jueces recibirían 777 euros cada uno en un solo pago en 2019, computados como atrasos del presente ejercicio.

Asistentes a la reunión consultados por Efe no han ocultado su decepción, recordando que las asociaciones
reivindican recuperar el nivel salarial que perdieron con los recortes aplicados durante la crisis, y confían que, en el próximo encuentro, el 10 de enero, el Ministerio sea capaz de ofrecerles nuevas mejoras a partir ya de los presupuestos de 2019.

Delgado, según el Ministerio, se ha comprometido también a reconocer el derecho de los fiscales que ocupan plazas de categorías superiores a la suya a obtener el complemento de destino del puesto que efectivamente desempeñan.

Ordenará por ello a la Abogacía del Estado que desista de los recursos presentados por el Gobierno contra las sentencias que dieron luz verde a esas retribuciones en casos concretos, lo que previsiblemente tendrá efectos extensivos a otras muchas situaciones de este tipo, apunta Justicia.

La titular de ese departamento ha recordado además a las asociaciones que mañana se dará luz verde en el Congreso a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá recuperar a jueces y fiscales otros derechos laborales recortados, como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales.

A su paso por el Senado, el PP y Ciudadanos incluyeron en esa reforma el cambio de modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial que reclaman las asociaciones, para que los jueces elijan a la mayoría de los vocales, pero previsiblemente ese punto no será aprobado mañana en el Congreso.

La propia ministra ha defendido hoy el sistema vigente de elección parlamentaria de los vocales y los socialistas votarán en contra de la reforma que han reclamado jueces y fiscales en las dos huelgas conjuntas que han realizado este año.
(El Mundo, 20-12-2018)

 
 
 
 
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