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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 DE DESEMBRE DE 2018

Laboral

Modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del procedimiento concursal
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se aprueba el modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del procedimiento concursal, que ha de acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
(BOE, 21-12-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de diciembre de 2018
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de diciembre de 2018.
(BOE, 21-12-2018)

Euro
Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de diciembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 21-12-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/index.php?d=307&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 21 DE DESEMBRE DE 2018

Fiscal

El Gobierno logra aprobar su senda fiscal en el Congreso
El Gobierno logró aprobar este jueves en el Congreso de los Diputados su nueva senda de déficit, más expansiva que la vigente, gracias al apoyo de última hora de los grupos independentistas catalanes. Las intensas negociaciones de los últimos días con el PDeCAT y ERC sobre el Consejo de Ministros que se celebrará este viernes en Barcelona y de la reunión que el presidente del Gobierno mantendrá esta tarde con el responsable del Govern catalán, Quim Torra, se han traducido en votos favorables que se sumaron a los de Unidos Podemos, Compromís o PNV.

El Gobierno se apunta así una de sus mayores victorias en el Parlamento, logrando reeditar el consenso de la moción de censura que le aupó al poder y abriendo ligeramente la puerta a la posibilidad de tramitar los Presupuestos Generales de 2019. A efectos prácticos, sin embargo, el hito de ayer fue meramente simbólico. Los populares siguen teniendo derecho de veto en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta, que previsiblemente tumbará definitivamente la nueva senda en la votación de la próxima semana.

Aunque el PSOE, Unidos Podemos o ERC han impulsado una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acabar con la potestad de veto extraordinaria del Senado a la senda fiscal, su tramitación ha sido retrasada por PP y Cs, por lo que sigue pendiente de aprobación. El Gobierno, por tanto, se verá condenado a presentar en enero los Presupuestos Generales de 2019 que ha pactado con Podemos adaptados a la senda fiscal vigente, que recorta el margen de gasto en unos 6.000 millones de euros frente al planteamiento que aborda hoy el Congreso.

"Si hoy aprobamos esta nueva senda, le mandamos un mensaje a la ciudadanía de que es posible el dialogo la política frente a la confrontación. Si votan 'sí', dicen 'no' a quienes quieren una España en blanco y negro", ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en defensa de la propuesta del Gobierno. Esta supone que el objetivo de déficit pase del 1,3% para 2019 al 1,8% habida cuenta de que el agujero de las cuentas públicas no culminará este año en el 2,2% como había comprometido el Ejecutivo de Mariano Rajoy, sino que lo hará en el entorno del 2,7%.

"Apoyar la senda no es apoyar al Gobierno es aprobar una subida del salario mínimo, de las pensiones o la recuperación de la Sanidad" y del Estado del bienestar que se ha visto mermado durante los años de crisis, ha aseverado Montero.

La ministra ha recordado que la diferencia entre una senda y otra supone un recorte de 6.000 millones de euros en el margen de gasto que impactará fundamentalmente en la Seguridad Social y en las comunidades autónomas. Montero ha instado a los grupos a retratarse en este "baile sin máscaras" en un momento en que partidos como el ultraderechista Vox proponen acabar con el Estado de las autonomías, y decidir si apoyan una senda que fortalece el modelo descentralizado y los servicios sociales públicos.
(Expansión, 21-12-2018)

El PIB español cerrará este año con un crecimiento del 2,5%, según confirma el Banco de España
El Banco de España calcula que el crecimiento económico entre octubre y diciembre será del 0,6%, lo que supone mantener la tasa registrada en los tres trimestres anteriores, gracias a la fortaleza de la demanda interna por el elevado ritmo de avance del consumo privado. Para todo el año, el Banco de España confirmó un crecimiento económico del 2,5%. Este situará en el 2,2%, un 1,9% y un 1,7%, respectivamente, en cada uno de los tres años siguientes.

Según su último informe trimestral de la economía española, este incremento del consumo ha tenido lugar en un contexto de mejora sostenida del empleo, gracias al efecto expansivo sobre las rentas de los hogares de las medidas fiscales y, más recientemente, del retroceso de los precios del petróleo.

El informe destaca también una "cierta mejoría tanto de las exportaciones de bienes como de servicios turísticos", tras la debilidad mostrada a lo largo del año, de forma que la aportación de la demanda externa ha dejado de restar para ser nula.

La moderación de la actividad en España a lo largo de este año ha sido "notablemente menos intensa" que en el área euro, algo que el Banco de España atribuye a determinadas medidas que han impulsado las rentas de los hogares incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que entraron en vigor en el verano.

La introducción de la nueva norma de emisiones contaminantes de los automóviles podría haber tenido, dice el supervisor, "un efecto comparativamente menos pronunciado sobre la actividad del sector en nuestro país que en otras economías del área del euro, como la alemana".

El Banco de España atribuye la pérdida de dinamismo del sector exterior experimentada en los últimos trimestres, principalmente, a la pérdida de fortaleza de la demanda procedente del resto del mundo.

También habrían contribuido, añade, los efectos desfasados de la apreciación que el euro experimentó en 2017, así como la recuperación de los destinos competidores del arco mediterráneo, que en años anteriores se habían visto afectados por un aumento de la inseguridad.
(El País, 21-12-2018)

Laboral

Contratar discapacitados para cumplir el cupo no justifica el despido de otros empleados
Las empresas no pueden alegar sobredimensionamiento de la plantilla para despedir a un empleado por el hecho de incorporar el cupo mínimo de trabajadores con discapacidad exigido por ley. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha declarado improcedente el despido de una trabajadora al resultar obligada la empresa a la contratación de dos trabajadores discapacitados para cumplir con la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. La sentencia, de1 17 de julio de 2018, asegura que "no se considera exorbitante exigir a la empresa que, cuanto menos, procurase remediar su propio incumplimiento sin irrogar perjuicios innecesarios a los trabajadores de su plantilla".

La empresa para la que trabajaba justificó su despido por la necesidad de reorganizar el departamento al incorporar en su puesto a un trabajador con discapacidad. A raíz de un requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la compañía se vio obligada a contratar en el plazo de un mes a dos trabajadores con discapacidad para cumplir con la normativa reguladora prevista en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que establece una cuota del 2% de reserva de puestos de trabajo a discapacitados.

La carta de despido justificaba la medida en el cumplimiento de esta obligación legal y la duplicidad de puestos que había provocado. Una consecuencia “inevitable” debido a la imposibilidad de mantener en plantilla a ambos trabajadores. Dado que la empleada despedida había rechazado la reducción de jornada propuesta por la compañía, no existía, afirmaba la empresa, otra solución viable.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº 1 de Ciudad Real declaró improcedente el despido al considerar que no estaba suficientemente justificado, decisión que confirmó el TSJ de Castilla-La Mancha en su sentencia. Tal y como explican los magistrados, el empresario debió argumentar y demostrar que no se intentaron otras medidas menos perjudiciales para la plantilla, como, por ejemplo, la contratación de los trabajadores con discapacidad en otros puestos.

Además, se subraya, no es razonable que el incumplimiento empresarial de la obligación de reserva de puestos a discapacitados se haga recaer sobre la demandante. En realidad, se indica, el puesto de trabajo de la demandante no fue amortizado, sino que simplemente fue sustituida por un trabajador con discapacidad.

La empresa, concluyen los magistrados, debió adoptar las medidas posibles para que el cumplimiento de la legalidad se realizase sin provocar perjuicios a los trabajadores ya incorporados a su plantilla.
(Cinco Días, 21-12-2018)

El Gobierno actualizará las pensiones con el promedio del IPC de los últimos doce meses
El Gobierno ha decidido revalorizar las pensiones según la media de la inflación de los últimos doce meses anteriores al final del año, es decir, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso, según anunció este jueves el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, a los periodistas después de su intervención en un acto sobre autónomos organizado por ATA en la Fundación Mapfre.

La nueva fórmula se trasladará a la Ley General de la Seguridad Social, por lo que deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados tras un Decreto Ley a proposición de la ministra de Hacienda y tendrá carácter retroactivo. "Lo tenemos que hacer el año que viene porque este año no tenemos ni norma que lo habilite ni posibilidad de contabilizar una subida, sí tendríamos dinero para pagarla, pero no posibilidad de contabilizarla", aclaró Granado.

No obstante, este año lo que sí se hará es utilizar esta fórmula –la media del Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre de 2017 a noviembre de 2018- para la paga compensatoria de los pensionistas. Curiosamente, excepto en "raras ocasiones", este promedio suele coincidir con la tasa del mes de noviembre –que este año fue del 1,7%-, por lo que solamente se tendría que compensar en una décima las pensiones respecto a la subida del 1,6% establecida en los Presupuestos del 2018.

Una medida que tendrán un incremento del gasto para la Seguridad Social de 256 millones, puesto que cada décima de desviación del IPC sobre el 1,6% tiene un coste de 128 millones de euros en compensación a los pensionistas y otros 128 para consolidar dicha nómina en la desviación.

La decisión del Gobierno ha llegado después de un tiempo dando vueltas sobre qué dato utilizar para calcular esa compensación para los pensionistas: primero se inclinó por hacerlo en base al IPC de diciembre con la esperanza de que este bajase hasta el 1,6% y se igualase a la subida del 1,6% de las pensiones; después, con el dato de noviembre en la mano (1,7%) la balanza se fue moviendo hacia el mes once –el que se utilizaba antes de la reforma del Partido Popular en el 2013- pero finalmente, se ha optado por hacerlo con el IPC medio de todo el año.

Con este cambio en la Ley, a falta de que se materialice, el Gobierno atiende las recomendaciones del Pacto de Toledo, el órgano encargado de velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones, que abogó por una subida de las pensiones en torno al IPC real como fórmula para garantizar en el futuro del poder adquisitivo de las pensiones. No obstante, este anuncio llega unos días después de que el Banco de España advirtiese al Gobierno sobre el impacto que podría tener subir la pensión con el IPC pues según el organismo que preside Pablo Hernández de Cos serán necesarias medidas adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema de la Seguridad Social para compensar la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC.
(Cinco Días, 21-12-2018)

"La mesa de diálogo social no está rota ni dinamitada"
"Para nada está rota ni dinamitada la mesa de diálogo social", afirmó este miércoles la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, la ministra quiso dejar muy claro que, en contra de lo que dio a entender el sindicato CCOO la semana pasada, el Gobierno "no ha cerrado ningún acuerdo en la mesa de diálogo social a espaldas de la patronal", más allá -recordó Valerio- de la decisión de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros a partir de enero del 2019.

La ministra aprovechó la intervención de la diputada del PP Carolina España, que ya por la mañana había acusado a la ministra de "haber ninguneado" a los empresarios, para desmentir la existencia de un acuerdo bilateral entre el Gobierno y los sindicatos para dar marcha atrás en la reforma laboral del PP. Valerio atribuyó a "un malentendido" la noticia alentada por CCOO sobre la existencia de este pacto y dijo que el miércoles pasado, cuando surgió esa información, ella misma llamó por teléfono al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, para aclarar la cuestión que había sido recibida con "sorpresa, indignación y preocupación" en la patronal.

Tal vez por eso, en su reunión de este miércoles la Junta Directiva de CEOE evitó echar más leña al fuego. La patronal se remitió al comunicado de descontento emitido la semana pasada al tiempo que pusieron de manifiesto que las reuniones de diálogo social de esta semana se han seguido desarrollando con total normalidad, informa Gabriel Ubieto.

En la mañana de este mismo miércoles, en el pleno del Congreso de los Diputados, la ministra ya había afirmado que la 'contrarreforma laboral' que planea el Gobierno para acabar con los -a su juicio- aspectos más lesivos de la legislación del PP requerirán un doble acuerdo, con los agentes sociales y con los representantes parlamentarios, para salir adelante.

Valerio insistió en que el diálogo está abierto y que "se siguen debatiendo las modificaciones de la reforma laboral" con patronal y sindicatos y que las medidas "en todo caso tendrán que salir con diálogo social y con acuerdo en esta Cámara".

Durante su intervención ante la Comisión de Trabajo, Valerio se atrevió a pronosticar un posible acuerdo con sindicatos y patronal para reducir de 55 a 52 años las ayudas para parados de larga duración. "El subsidio para mayores de 52 años se pondrá en marcha. No sé si por real decreto ley o en el proyecto de Presupuestos del Estado, pues es algo que aún está en debate dentro del propio Gobierno", desveló la ministra.

La titular de Trabajo también apuntó que, en el último Consejo de Ministros del año, previsto hoy, el Gobierno adoptará el acuerdo sellado en la mesa de diálogo social sobre la cotización de los autónomos en el 2019 y su mayor protección social. Además, este acuerdo evitará que la subida del SMI se traduzca en una subida del 22% de la base mínima de cotización de los autónomos.
(Expansión, 21-12-2018)

El Supremo considera la cesta de Navidad como una condición más beneficiosa para el empleado
Y como tal, pudiera convertirse en derecho adquirido. Éstos no pueden suprimirse unilateralmente por el empresario y son inatacables por las leyes o convenios colectivos posteriores a aquel durante cuya vigencia se configuraron. No siempre resulta tarea sencilla determinar si nos hallamos en presencia de una condición más beneficiosa, pues es necesario analizar todos los factores y elementos para saber, en primer lugar, si existe la sucesión de actos o situaciones en la que se quiere basar el derecho, y, en segundo lugar, si realmente es la voluntad de las partes, en este caso de la empresa, el origen de tales situaciones. De hecho, esta figura se fundamenta en el artículo 9.2 de la Ley de Contrato de Trabajo relativo a la validez del contrato.

Aquí se determina que, si "el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de contraprestaciones establecidas en la parte no válida del contrato, el órgano de la jurisdicción social será el encargado del pronunciamiento sobre la subsistencia o supresión en todo o en parte de dichas condiciones o retribuciones". Y eso es lo que han dictado tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional.

Basta realizar una búsqueda jurisprudencial acotando los términos 'cesta de Navidad' y 'condición más beneficiosa', para encontrarse con numerosas sentencias relativas al tema en cuestión. Cada fallo refleja la situación del trabajador que reclama una cesta entregada y retirada por orden empresarial sin previo aviso. En la mayoría de los casos el órgano judicial reitera la necesidad de que el empresario reanude el reparto de lotes navideños a pesar de los años que hayan transcurrido entre denuncia y sentencia.
(Expansión, 21-12-2018)

La Seguridad Social perdió 29.554 cotizantes extranjeros en noviembre tras dos meses de ascensos
La Seguridad Social perdió 29.554 cotizantes extranjeros en noviembre, un 1,4% menos en relación al mes anterior, hasta situar el número de inmigrantes en alta en 1.981.080 ocupados, ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Con el retroceso de noviembre, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social rompe con dos meses consecutivos de ascensos.

Del total de inmigrantes en alta al finalizar el penúltimo mes del año, 1.650.745 cotizaban en el Régimen General; 325.856 en Autónomos; 4.410 en el Régimen del Mar, y 69 en el del Carbón. En términos interanuales, el número de afiliados extranjeros aumentó en noviembre un 7,8%, con 144.582 ocupados más que en el mismo mes de 2017. Del total de trabajadores extranjeros cotizantes, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (336.530), Marruecos (249.120), Italia (111.493) y China (104.806). Les siguen los trabajadores procedentes de Ecuador (72.325), Reino Unido (66.094), Colombia (63.026), Bulgaria (58.533) y Portugal (52.337).
(El Mundo, 21-12-2018)

Mercantil, Civil i Administratiu

La CNMV dejará de publicar las posiciones bajistas inferiores al 0,5%
Los inversores en la Bolsa española tenían más información que los del resto de los mercados europeos. La CNMV publica cada dos semanas las posiciones cortas agregadas, que recogen todas las apuestas bajistas desde el 0,2% del capital de las que el organismo tiene conocimiento.

Esta es la obligación legal de comunicación al supervisor, si bien la norma solo recoge la exigencia de publicar el nombre de los inversores que apuestan contra el 0,5%, o más porcentaje, del capital. A partir de enero solo se hará pública esta última información para homologarla con el resto de los países. La última vez que se dará a conocer estos datos será el próximo 26 de diciembre, con posiciones referidas al lunes 24.

Fuentes de la CNMV explican que esta información generaba la impresión errónea de que las apuestas cortas contra las cotizadas españolas era superior que, en otros países de la UE, lo que podía dar lugar al efecto rebaño. Es decir, que lleguen más inversores bajistas ante la sensación de que hay más apuestas cortas contra determinados valores españoles. "Se produce una asimetría de información", indica el organismo en una nota.

Las empresas de pequeña capitalización, en las que una participación del 0,2% implica menos importe, están especialmente afectadas. En ellas, la toma de posiciones cortas sujetas a notificación implica importes en términos absolutos muy inferiores a los requeridos en el caso de valores de elevada capitalización, señala la CNMV.

La CNMV ha tomado esta decisión en el proceso de revisión del reglamento comunitario aprobado hace seis años y medio. El coordinador de los supervisores europeos de valores, ESMA, desaconseja en un informe solicitado por la Comisión Europea que se publique esa información agregada. Desde enero de 2019, el organismo que preside Sebastián Albella seguirá recibiendo la información, pero no la exhibirá en la web; la utilizará exclusivamente con efectos supervisores.

La Comisión han defendido su postura frente al coordinador europeo, ESMA, pero el resto de supervisores considera que este ejercicio de transparencia es innecesario. Las posiciones cortas se publican sobre todos los valores desde julio de 2010 si bien fue en marzo de 2012 cuando se reguló a través de un reglamento comunitario los umbrales de comunicación.

La exigencia de comunicar las apuestas bajistas arrancó en el verano de 2008, en plena coyuntura de ataques al sector financiero. Entonces, el supervisor, presidido por Julio Segura, exigió publicar las apuestas a la baja que superasen el 0,25% del capital sobre 20 valores: bancos, aseguradoras, intermediarios como Renta 4 y el gestor de la Bolsa, BME.
(Expansión, 21-12-2018)

El Banco de España calcula que la economía creció un 0,6% en el cuarto trimestre
El Banco de España calcula que el crecimiento económico entre octubre y diciembre fue del 0,6 %, lo que supone mantener la tasa registrada en los tres trimestres anteriores, gracias a la fortaleza de la demanda interna por el elevado ritmo de avance del consumo privado. Según su último informe trimestral de la economía española, este incremento del consumo ha tenido lugar en un contexto de mejora sostenida del empleo, gracias al efecto expansivo sobre las rentas de los hogares de las medidas fiscales y, más recientemente, del retroceso de los precios del petróleo.

El informe destaca también una "cierta mejoría tanto de las exportaciones de bienes como de servicios turísticos", tras la debilidad mostrada a lo largo del año, de forma que la aportación de la demanda externa ha dejado de restar para ser nula. El Banco de España atribuye la pérdida de dinamismo del sector exterior experimentada en los últimos trimestres, principalmente, a la pérdida de fortaleza de la demanda procedente del resto del mundo.

Respecto a la inflación, el informe revela que el componente subyacente comenzara a repuntar, cambiando la trayectoria relativamente estable de los últimos meses, un comportamiento en el que "el anunciado aumento del salario mínimo no tendría, por sí solo, un impacto alcista significativo". Esto se debe a que, en términos de costes laborales unitarios, el repunte del crecimiento salarial medio "se verá compensado por otro de similar magnitud de la productividad, dado el impacto que la medida tendría en términos de destrucción de empleo".

El Banco de España destaca algunas las políticas económicas pueden realizar una contribución significativa a la reducción del grado de vulnerabilidad: "El diseño de una estrategia bien definida para la reducción duradera del déficit público estructural y del endeudamiento de las Administraciones Públicas ayudaría a crear cierto margen de maniobra para que la política fiscal pueda hacer frente a las consecuencias de una eventual ralentización de la actividad y a limitar un eventual encarecimiento del coste de financiación de los agentes públicos y privados", asegura.

Además, asegura, "resulta oportuno mantener y reforzar los principales elementos del actual marco jurídico del mercado de trabajo que favorecen que el ajuste en este mercado sea compatible con una menor destrucción de empleo durante las fases recesivas, así como la eliminación de las regulaciones que limitan la competencia en algunos mercados de productos".
(El País, 21-12-2018)

Sector

El Constitucional rechaza la exigencia de "aptitud" para el reingreso de los jueces
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el requisito de una previa declaración de aptitud que se exige a los jueces suspendidos de funciones para el reingreso a la carrera judicial. El TC considera que esta medida, contenida en el artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), vulnera la seguridad jurídica.

El Constitucional considera que la normativa impugnada "no permite definir qué debe entenderse por aptitud y, en consecuencia, cuáles son los parámetros para valorar la idoneidad, suficiencia o capacidad de quien pretenda dicha declaración". A su juicio, "la imprecisión de la norma no puede ser salvada sin su reconstrucción, pues genera una incertidumbre insuperable que solo el legislador debe y puede resolver".

"El término aptitud afecta al aplicador de la norma, que carece de criterios en los que basar la declaración de aptitud o denegarla", señala la sentencia, de 13 de diciembre de 2018. "Produce una incertidumbre insuperable acerca de los aspectos a tomar en consideración para valorar la misma, pese a que de la declaración de aptitud depende que el magistrado pueda ejercer o no la función jurisdiccional", añade el fallo.

La sentencia concluye que la norma tampoco "permite prever con un mínimo grado de determinación las consecuencias que la falta de declaración de aptitud conlleva o las facultades que conforman la nueva situación en la que queda el magistrado". En este sentido, el TC explica que a los jueces "se les sumerge en un limbo jurídico de contornos tan indefinidos, como imprecisos -por inexistentes- son los presupuestos que le llevan a dicha situación".

Por otra parte, "la indeterminación de la situación en la que queda el juez o magistrado que no obtiene la declaración de aptitud es incompatible con la limitación temporal esencial en la configuración de la situación de suspensión de funciones", apunta la sentencia. Por todo ello, el Tribunal Constitucional concluye que "el precepto impugnado de la LOPJ aparece desprovisto de las garantías constitucionalmente exigidas por el principio de seguridad jurídica y de reserva de ley".

El Pleno ha decidido así por unanimidad estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y, en consecuencia, declarar que son inconstitucionales y nulos el apartado primero del artículo 367 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y los incisos del apartado segundo.
(El Mundo, 21-12-2018)

 
 
 
 
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