Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’1 I EL 2 DE GENER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Convenio entre España y Túnez sobre cooperación en materia de Seguridad y de Lucha contra la Delincuencia
Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre cooperación en materia de Seguridad y de Lucha contra la Delincuencia, hecho "ad referendum" en Túnez el 26 de febrero de 2018.
(BOE, 01-01-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/02/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/02/index.php?d=2&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/01/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/01/index.php?d=1&s=3


RECULL DE PREMSA DE L’1 I EL 2 DE GENER DE 2019

Fiscal

Los Presupuestos de 2018 se prorrogan automáticamente este martes a la espera de que el Gobierno apruebe los de 2019
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2018 se prorrogarán automáticamente este martes y permanecerán en vigor hasta la aprobación de las cuentas públicas de 2019, cuyo proyecto de ley presentará este mismo mes el Gobierno, con la duda de si contará para su aprobación con el apoyo de los socios de la moción de censura, especialmente de los independentistas.

Al igual que sucedió con las cuentas públicas de 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha visto también obligado a prorrogar los Presupuestos de 2018 (elaborados por el PP), ante la falta de apoyos para aprobar el proyecto de ley de las cuentas públicas de 2019 dada la situación política en Cataluña, con el juicio del 'procés' en marcha.

El Ejecutivo lleva varios meses negociando con las distintas formaciones para intentar recabar los apoyos suficientes que le permitan aprobar los Presupuestos de 2019, para lo que necesitará al menos los apoyos, además de los seguros del PSOE, de los socios de la moción de censura: Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís, Nueva Canarias y Bildu. Estas formaciones, salvo Bildu, dieron hace dos semanas en el Congreso su apoyo a la senda de déficit del Gobierno, que relaja al 1,8% el déficit para 2019 (margen de 6.000 millones) pero fue rechazado por la mayoría del PP en el Senado el 27 de diciembre.

Una vez se apruebe la remisión a las Cortes del proyecto de ley en las próximas semanas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará el libro amarillo en el Congreso, a lo que seguirán las comparecencias de los altos cargos y el debate de totalidad, previa presentación de las enmiendas a la totalidad y al articulado, para su aprobación final. Posteriormente la tramitación proseguirá en el Senado y finalmente regresará de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Entonces, entrarán en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

El anteproyecto de ley de PGE de 2019 vendrá acompañado de una actualización del cuadro macroeconómico. La última fue incluida en el plan presupuestario, acordado por el Gobierno con Podemos, y remitido a Bruselas el pasado 15 de octubre, en el que rebajó una décima la previsión de crecimiento tanto para 2018 como para 2019, hasta el 2,6% y el 2,3%, respectivamente.

En cuanto al paro, contempla una reducción de la tasa de paro hasta el 15,5% en 2018 y al 13,8% en 2019, en tanto que la senda de déficit del Gobierno eleva la meta de déficit al 1,8% en 2019, al 1,1% en 2020 y a cuatro décimas en 2020, frente al 1,3%, las tres décimas y el superávit fijado por Rajoy, respectivamente. La deuda pública cerrará 2019 en el 95,5%.

No obstante, dado que la mayoría del PP en el Senado ha rechazado dicha senda, el Gobierno aprobará los Presupuestos de 2019 con los objetivos de estabilidad presupuestaria de Mariano Rajoy y más adelante, y una vez que la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto del Senado viese la luz a lo largo de este año, el Ejecutivo aprobaría su senda y fijaría el déficit en el 1,8%.

En el plan presupuestario, el Gobierno proyectaba una disminución del gasto total de tres décimas, hasta el 40,9% del PIB para 2019. En concreto, el gasto en Sanidad se mantendrá en el 6% del PIB, el de Educación en el 4% y el de protección social se elevará dos décimas, hasta el 16,8%.

A su vez, el gasto en servicios públicos generales bajará del 5,5% al 5,4% del PIB, el de orden público y seguridad del 1,9% al 1,8%, y el de asuntos económicos del 3,9% al 3,7%, mientras que se mantendrá el de actividades recreativas, cultura y religión (1,1%), Defensa (0,9%), Vivienda y servicio comunitarios (0,5%) y protección del medio ambiente (0,9%).
(Expansión, 01-01-2019)

Hacienda afirma que cumplirá el pacto con Podemos para regular los alquileres
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo va a cumplir el compromiso alcanzado con Podemos para regular el precio de los alquileres, aunque ha puntualizado que lo llevará a cabo a través de los Presupuestos o un proyecto de ley.

En una entrevista en la cadena SER, Montero ha reiterado que el Ejecutivo "cumple lo que pacta", tras preguntas sobre la advertencia del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de no apoyar la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para el sector de la vivienda aprobado por el Gobierno el pasado 14 de diciembre. Ese decreto ley con medidas urgentes sobre vivienda incluye cambios en la regulación del alquiler, como subir a 5 años la prórroga obligatoria de los contratos o limitar a dos mensualidades las fianzas, pero no incluye topes a los precios.

Montero ha explicado hoy que el decreto ley tiene "limitaciones" por criterios técnicos, por lo que esa limitación de los precios podría introducirse o bien en la tramitación de la Ley de Presupuestos o bien a través de un proyecto de ley. "No tendremos ningún problema en que así sea", ha recalcado Montero, para "atacar un problema que existe en las grandes ciudades".

La ministra ha rechazado que la ministra de Economía, Nadia Calviño, haya sido quien promovió en el Consejo de Ministros que no se incluyera la limitación en el real decreto ley, así como que hayan existido presiones al Gobierno desde fondos de inversión con ese mismo objetivo.
(El País, 01-01-2019)

Laboral

El Pacto de Toledo estudia reformular las pensiones de viudedad
El principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la prestación.

Así lo recoge el documento sobre el que habrá de trabajar el próximo mes de enero la Comisión parlamentaria y donde los grupos políticos deberán consensuar cuál es la fórmula para reformar las prestaciones por muerte y supervivencia de la Seguridad Social.

Actualmente, la pensión de viudedad de la Seguridad Social es una prestación económica de carácter vitalicio y de naturaleza contributiva, es decir, exige que el causante acredite unos requisitos mínimos de cotización y se concede a aquellos que han tenido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida, que será el causante de la pensión. Y el cálculo de la cuantía se establece en el 56% de la base reguladora del causante, desde agosto de 2018, elevándose al 60% para el recién iniciado año, tal y como se aprobó en el último Consejo de Ministros, siempre que el beneficiario no tenga derecho a pensión pública y que no perciba ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o propia y que no reciba otros rendimientos en cuantía superior a los límites exigidos para acceder a la pensión mínima por viudedad.

Concretamente, lo que está a debate en el Pacto de Toledo no es la conveniencia de este modelo, sino cuál debería ser el modelo de las futuras prestaciones. De hecho, el texto preambular habla de "garantizar una cobertura adecuada" de los beneficiarios, centrando la intensidad protectora en los mayores de 65 años, donde la pensión supone la principal fuente de ingreso "con el objetivo de garantizar una situación equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge". Es decir, se recomienda que para los casos actuales se continúe elevando el porcentaje de la base reguladora de la prestación.

Sin embargo, los grupos estudian la introducción de algunos elementos en el cálculo de la pensión que podrían reducir su cuantía para los nuevos viudos y viudas. El primero de ellos constaría -algo que ya se sugiere en la recomendación 13 del 2011, elaborada por la Comisión- en el encargo al Gobierno de un informe que determine el impacto en la cuantía de la prestación de tenerse en cuenta los periodos de cotización acreditados por el causante con una fórmula similar a la utilizada para el cálculo de la pensión de jubilación.

Otro elemento que podría distorsionar la futura cuantía de las pensiones, a la baja, es la eventual introducción, como ya ocurre en muchos países de la Unión Europea, de una prueba de rentas como criterio de acceso a la prestación, en el que se tendría en cuenta la situación financiera de todo el núcleo familiar. Cabe recordar que para los futuros beneficiarios será habitual que se hayan labrado una carrera de cotización, en el caso de la expedidas en periodo de retiro, o cuente con un empleo en el caso de las expedidas a menores de 65 años. Por ello, la naturaleza de garantizar el poder adquisitivo que el beneficiario tenía en estado de convivencia o matrimonio quedaría supeditado al nivel de renta o las necesidades familiares de cada caso.

Otro de las vías para la reformulación y adaptación de la prestación es, como ocurre en otros países del entorno, "el reparto de cotizaciones acreditadas por los cónyuges durante el periodo de convivencia, de modo que se vayan generando derechos propios y no derivados, como sucede en la actualidad, que recaen básicamente sobre las mujeres". Algo que sería similar a poder compensar entre los miembros de la pareja las aportaciones que hacen ambos para que de este modo cada miembro genere derechos propios, es decir, el derecho a la pensión por las cotizaciones funcionaría como una especie de bien ganancial.

En la misma recomendación que entrará a valorar en profundidad en el primer mes de 2019 -fecha en la que se podría alcanzar algún tipo de acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo- se aclara que la incoación establecida en 2011 para elevar hasta los 25 años el límite de edad a la que se puede percibir la pensión de orfandad ha sido cumplido en este periodo de tiempo.
(El País, 02-01-2019)

UGT reclama al Gobierno la derogación de la reforma de pensiones
La subida de las pensiones acordada por el Gobierno el pasado viernes ha satisfecho en parte a los sindicatos, pero la continúan considerando una medida insuficiente porque no se han puesto en marcha mecanismos para derogar completamente la reforma del sistema de prestaciones pública aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 2013.

En este sentido, el sindicato UGT ha insistido en que hace falta "ir más allá de una revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) y exige la derogación de la reforma de las pensiones del Gobierno del Partido Popular". Para la central, esa reforma "condena a los pensionistas presentes y futuros a un empobrecimiento continuo y permanente, mediante el factor de sostenibilidad". El sindicato recalca que la derogación es una demanda sindical y social, que la han defendido en el marco del diálogo social, pero también en las multitudinarias manifestaciones que se han realizado en múltiples ciudades españolas "desde que en septiembre del 2017 UGT y CCOO iniciaron las marchas por las pensiones dignas".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, manifestó el pasado viernes que la revalorización de las pensiones de cara al futuro debería estar vinculada al IPC "de manera automática y de forma indefinida en el tiempo" y fijarlo así en la ley general de Seguridad Social.

En el decreto aprobado el viernes por el Gobierno, con una subida de las pensiones por encima de la inflación prevista en 2019, del 1,6 % general y del 3 % para las mínimas y no contributivas, no se incluía la derogación del mecanismo de revalorización anual impuesto por el PP en su reforma del 2013. El borrador del decreto ley sí que suprimía esa fórmula, pero en el texto final solo se dispone que no se aplique la normativa vigente por la que entre el 2014 y el 2017 la subida de las pensiones fue del 0,25 %.

En su referencia, el Gobierno destacó que gracias al real decreto no se aplicará "lo dispuesto en el artículo 58 de la ley general de la Seguridad Social y 27 de la ley de clases pasivas del Estado, normativa por la que entre el año 2014 y julio de 2018 la subida de las pensiones fue del 0,25%". Pero en lugar de derogar estos artículos, como exigen los sindicatos, en la norma se recoge "la voluntad del Gobierno de que, en los primeros seis meses del próximo año, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo", se diseñe un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social.
(El Mundo, 02-01-2019)

La pensión mínima por jubilación sube unos 25 euros al mes
El año 2019 se estrena con subidas de las pensiones. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido confiar la subida de las pensiones a una incierta tramitación del proyecto de Presupuestos del Estado que prevé presentar la última semana de enero o la primera de febrero. Antes que eso, y por decreto ley, en su última reunión del año el Consejo de Ministros del 28 de diciembre aprobó una subida general de las pensiones del 1,6% a partir del 1 de enero; un incremento del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas; y una paguilla adicional equivalente a una décima de la pensión para compensar la desviación de la inflación media del 2018 (1,7%) por encima del incremento de las prestaciones del año pasado (1,6%).

De este modo, la pensión mínima por jubilación para una persona de 65 años con cónyuge a cargo pasará de los 810,60 euros del 2018 a 835,80 euros a partir de enero, lo que implica una subida de unos 25 euros al mes. Para el caso de una viuda de 65 años, la pensión mínima pasa de 656,90 a 677,40 euros (20,5 euros más) gracias al aumento de la base reguladora de esta prestación hasta el 60%.

Más ejemplos: la prestación del SOVI por vejez, invalidez y viudedad sube 13,2 euros, hasta 433,70 euros mientras que la pensión máxima gana 44,45 euros, hasta los 2.659,41 euros (el 1,6% de aumento más la décima adicional por la desviación de la inflación del 2018).

En el lado de los impuestos, la anunciada subida del diésel en casi 4 céntimos por litro por un aumento del impuesto especial sobre carburantes aún no ha visto la luz. El Gobierno parece seguir adelante con este propósito, pero aún no ha aclarado cómo pretende abordar la subida de impuesto: si en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado, si en el proyecto de Ley de Transición Ecológica, si mediante un decreto ley o si aprovechará algún otro vehículo normativo.

También están en la cola los anteproyectos de ley para la creación de sendas tasas sobre servicios digitales (‘tasa Google’) y sobre transacciones financieras (‘tasa Tobin’). El Gobierno prevé recaudar más de 2.000 millones con estos dos tributos en el 2019 a cargo de las grandes empresas digitales y del sector financiero y cabe la duda de si eso se traducirá en un encarecimiento de los servicios para el consumidor.

En el lado tributario, la subida de las cotizaciones sociales de los autónomos también restará dinero del bolsillo, si bien la mejora de las prestaciones sociales para estos trabajadores puede ayudar a rellenar otros en dificultades.

Con carácter general, la nómina mensual de muchos trabajadores se verá premiada a partir de enero gracias a que las retenciones a cuenta del IRPF que practican las empresas empezarán a recoger la rebaja fiscal que introdujo el Gobierno del PP en los Presupuestos del 2018 y que no habían sido trasladadas al reglamento del impuesto. El pasado 21 de diciembre el Gobierno aprobó estos cambios en el reglamento del impuesto y su efecto se notará en un ligero aumento de las nóminas de los trabajadores con rentas inferiores a 18.000 euros al año y de las personas con derecho a deducciones por maternidad, familia numerosa o familiar con discapacidad.
(Cinco Días, 01-01-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Ibex 35 pone en peligro los 8.400
El Ibex 35 comienza la jornada con una fuerte caída de más del 1,5% que ha llevado al selectivo español a perder incluso la cota de los 8.400 puntos. Las grandes plazas asiáticas que abrían hoy sus puertas han cerrado la jornada con fuertes caídas. Se trata de la Bolsa de Shanghái, que ha perdido un 1,15%, hasta 2.465,29 puntos, y la de Seúl, cuyo principal indicador, el Kospi, se ha dejado un 1,52%, hasta 2.010 puntos. La Bolsa de Tokio no tendrá actividad hasta el próximo viernes.

Las Bolsas de la región han recibido con pesimismo la primera caída del PMI manufacturero chino en 19 meses, otro dato que alimenta el pesimismo sobre una desaceleración económica que golpeó a los mercados en el tramo final de 2018. En España, dos empresas tienen una cita hoy con sus accionistas. Endesa reparte hoy un dividendo bruto de 0,70 euros por acción a cargo de 2018, mientras que Faes.

Farma paga hoy 0,118 euros, también con cargo a 2018.2018El Ibex 35 perdió un 14,97% de su valor en 2018, su peor año desde 2010. Naturgy y Endesa fueron los mejores valores del selectivo español el año pasado, con una revalorización del 15,64% y el 12,74%, respectivamente. Iberdrola, Acciona, Cellnex, Red Eléctrica, ACS y Amadeus también cerraron el ejercicio en positivo.

En el caso del resto de Bolsas mundiales, el año que acaba de terminar fue el peor desde 2011.2018 ha sido también nefasto para Wall Street. El Dow Jones perdió alrededor del 5,6 %, el S&P 500, un 6,2 % y el tecnológico Nasdaq, un 3,9 %. Se trata de su peor comportamiento desde 2008, cuando se derrumbaron un 33,8%, un 38,5% y un 40% respectivamente.
(Cinco Días, 02-01-2019)

La vivienda sube un 5,8% interanual en el cuarto trimestre
El precio de la vivienda terminada (nueva y usada) se encareció un 5,8% en el cuarto trimestre de 2018 en comparación con el mismo período del ejercicio precedente, hasta 1.337 euros el metro cuadrado, según el índice Tinsa IMIE.

El informe pone de manifiesto que esta subida experimentada en los últimos tres meses del ejercicio pasado representa la mayor progresión en tasa anual desde el tercer trimestre de 2007. Además, la vivienda terminada, tanto nueva como usada, ha registrado una revalorización del 11,7% en España desde el mínimo contabilizado a principios de 2015.

Ante estos datos, el director del Servicio de Estudios de Tinsa, Rafael Gil, ha indicado que continúa el ciclo expansivo del mercado residencial, "creciendo consistentemente la demanda y aumentando los valores de forma heterogénea".

Los datos del índice Tinsa IMIE apuntan que el plazo medio de venta de una vivienda en España se sitúa en 7,9 meses, con la Comunidad de Madrid, como la región con menores plazos medios (3,6 meses), por delante de Navarra (4,6 meses) y de Canarias (5,8 meses), mientras que en las que más se tarda son Cantabria (14,6 meses), Asturias (12 meses) y Cataluña (8,4 meses).

Según Tinsa, el importe medio de las nuevas hipotecas se sitúa en 121.737 euros, con una cuota mensual de 564 euros. Además, el esfuerzo financiero de compra de una vivienda por parte de los españoles representa el 17,2% de los ingresos brutos anuales familiares.
(Cinco Días, 02-01-2019)

El euríbor cierra 2018 con la mayor subida interanual desde mayo de 2014
El índice con el que se calculan las cuotas de la mayoría de hipotecas variables en España y que ha sido un aliado para el bolsillo de los hipotecados en los últimos años subió. A lo largo del ejercicio se han producido dos hitos: en febrero marcó su mínimo histórico en el -0,191% y casi inmediatamente inició una tendencia alcista que le llevó en septiembre a encarecer las hipotecas por primera vez en cuatro años. El repunte –consecuencia de las expectativas de subidas de tipos de interés en la zona euro– parece que ya no tiene vuelta atrás e incluso se ha acelerado en diciembre, situándose la media del mes en el -0,129%, 0,061 puntos superior a la de hace justo un año, lo que supone la mayor subida interanual desde mayo de 2014. Así, las hipotecas a las que les toque revisión subirán algo más de tres euros de media cada mes.

Los expertos coinciden en que el movimiento al alza del euríbor hacia el umbral del 0% continuará en los próximos meses, aunque hay menos consenso sobre en qué momento de 2019 regresará a tasas positivas. El departamento de análisis de Bankinter actualizó recientemente sus previsiones y estima que el indicador se moverá el año que viene entre el -0,10% y el 0,20% y subirá en 2020 a un mínimo del 0,40% y un máximo del 0,70%, con un escenario central del 0,50%. Opina que “la política monetaria del BCE seguirá siendo muy acomodaticia y los tipos de interés no cambiarán hasta el cuarto trimestre de 2019”, aunque no descarta incluso que la primera subida se retrase al primer trimestre de 2020.

Joaquín Robles, de XTB, espera que el euríbor continúe por debajo del 0% hasta que los inversores empiecen a descontar un alza de los tipos de interés del BCE. “Si la evolución de la economía europea continúa cumpliendo con las previsiones, veremos a los inversores descontar en la segunda mitad del año una subida de 25 puntos básicos de cara a la reunión de septiembre y, en ese momento, podríamos ver cómo el euríbor supera la barrera del 0% por primera vez desde 2015, que fue el año en el que se implantó el programa de compra de activos”, comenta.

Precisamente, este diciembre el BCE puso fin a las compras de deuda después de cuatro años y ya solo reinvertirá los vencimientos. Está por ver el efecto del final de la relajación monetaria, que junto a los tipos cero, han mantenido al euríbor en mínimos. Pero, Enrique Lluva, responsable de renta fija de Imantia Capital, sostiene que en 2019 los tipos a corto estarán condicionados por una sola variable: la gestión de los vencimientos de las inyecciones de liquidez para la banca (LTROs) de 2020 y 2021. Lluva explica que algunos bancos emplearon estos préstamos en conceder créditos a plazos más largos que los del dinero recibido. “Si BCE fuese rácano en las renovaciones, algún banco quedaría descuadrado de liquidez y, por tanto, el precio del dinero subiría en la zona euro”. A su juicio, el euríbor “se pondrá ampliamente en positivo a lo largo del año” y ver un 0,05% o un 0,20% “depende solo de una decisión de provisión de liquidez de Mario Draghi al sistema financiero”.
(Expansión, 01-01-2019)

El euro cumple 20 años
El euro, uno de los logros más tangibles de la Unión Europea (UE), cumple 20 años después de superar una severa crisis que no le ha impedido mantenerse como segunda moneda de reserva mundial pese a los desequilibrios y endeudamientos de muchos países miembros. La moneda común de los 19 países miembros de la Unión Europea (UE) que integran la eurozona y el primer gran paso para la integración política europea, ha tenido un comportamiento irregular a lo largo de estas dos décadas.

Los primeros años de funcionamiento supusieron una etapa de sólido crecimiento económico, que alcanzó su cenit en 2008, cuando la crisis financiera originada en Estados Unidos revitalizó la divisa europea como valor refugio frente al dólar. Este periodo positivo se prolongó hasta finales de 2009, cuando el euro se debilitó a causa de la crisis de deuda soberana de países como Irlanda, Grecia, Portugal, Chipre y España, que tuvieron que ser rescatados a cambio de políticas de austeridad presupuestaria.

Estos duros ajustes económicos dejaron secuelas como la precariedad laboral o la ausencia de inversiones públicas, aspectos que debilitaron el estado de bienestar y distanciaron a muchos ciudadanos de la idea de integración europea. El Banco Central Europeo (BCE), con sede de Fráncfort (Alemania), tuvo que reducir los tipos de interés hasta el mínimo histórico del 0,05% y lanzar la compra de activos a los bancos para frenar el coste del endeudamiento de los países en apuros. En este tiempo, el tipo cambiario ha sufrido notables fluctuaciones respecto a la evolución del euro con el dólar estadounidense.

La moneda europea se estrenó en 1999 a un cambio de 1,16 dólares. Desde entonces ha oscilado entre su mínimo histórico, 0,82 dólares en octubre de 2000, y su punto más alto en julio de 2008, cuando se situó en los 1,60 dólares. En su última cotización, en diciembre de 2018, se cambió por 1,13 dólares. Los antecedentes del euro se remontan a la constitución del Sistema Monetario Europeo (SME) en 1979, con la creación de la unidad de cuenta europea (ecu) como divisa supranacional para garantizar la estabilidad de los tipos de cambio de los países miembros.

Sin embargo, no fue hasta 1990 cuando el presidente de la Comisión Europea, el francés Jacques Delors, propuso la Unión Económica y Monetaria. Dos años después, el Tratado de Maastricht fijó los criterios de convergencia: contención de la inflación, rebaja del déficit público y mantenimiento de la deuda pública por debajo del 60% del PIB. La designación de la denominación euro se produjo en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de 1995 y la aprobación de la introducción del euro para once de los quince países en el Parlamento y el Consejo Europeos en 1998.

"El euro era una consecuencia lógica y necesaria del mercado único. Facilita los desplazamientos, el comercio y las transacciones en la zona euro y más allá", señaló do el actual presidente del BCE, Mario Draghi, a propósito de las dos décadas de la moneda única, según un comunicado. El euro, introducido como moneda financiera el 1 de enero de 1999, coexistió con las monedas nacionales de estos países hasta que fueron retiradas de la circulación. Hasta la fecha, diecinueve países han adoptado el euro como su moneda de cambio.
Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal fueron los doce países de la UE que pusieron oficialmente en circulación el euro el 1 de enero de 2002.

Posteriormente se unieron Eslovenia (2007), Malta y Chipre (2008), Eslovaquia (2009), Estonia (2011), Letonia (2014) y Lituania (2015). España, que se incorporó al euro en la primera fase, ha registrado avances en el PIB por habitante y también en la convergencia real con el resto de economías de la eurozona. A pesar de todas sus dificultades, la moneda única ha superado las predicciones más críticas después de dos décadas de su entrada en vigor.
(Expansión, 01-01-2019)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).