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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 AL 14 DE GENER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural
Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural.
(BOE, 12-01-2019)

Euro
Resolución de 11 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-01-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/index.php?d=12&s=3 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/index.php?d=11&s=3 


RECULL DE PREMSA DEL 12 AL 14 DE GENER DE 2019

Fiscal

El Gobierno lleva hoy los Presupuestos 2019 al Congreso
El Gobierno de Pedro Sánchez registra este lunes a las diez en el Congreso sus primeros Presupuestos Generales del Estado, los de 2019, y puede que también los últimos si finalmente no arranca a los partidos independentistas catalanes su voto a favor, y de paso apacigua a Unidos Podemos, contrariados hasta el minuto final por la falta de la integridad de las demandas recogidas en el acuerdo que firmó con el PSOE, el pasado mes de octubre.

Entre tanto, estas primeras Cuentas Públicas del Ejecutivo socialista vienen precedidas por los siguientes epígrafes: rebaja de previsión de crecimiento al 2,2%, senda fiscal del 1,3% -la senda de Rajoy-, incremento del gasto social en un punto y medio, del 55,5% al 57% con respecto al último Gobierno (aquí se incluyen las pensiones, cuyo incremento ya había aprobado el PP), ingresos insuficientes para cubrir los gastos porque todavía éstos no están aprobados ni tampoco demostrado que los cálculos de dichas tasas correspondan con la realidad, como es el caso de la tasa Google; aumento de la edad de jubilación, aumento de la presión fiscal sobre las empresas, más inversión y mejor financiación para Cataluña y, todavía, la incertidumbre de los apoyos suficientes para superar todas las enmiendas, que de modo contrario anticiparían el calendario de unas elecciones generales.

Estas es la ecuación con la que el Gobierno llega hoy a la Carrera de San Jerónimo: en definitiva, más gasto social y gasto público (5,1%), impuestos nebulosos aun sin fijar por ley, desaceleración económica y menos creación de empleo. Porque en este punto, el Ejecutivo no aclara cuando habla de la creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo, si ésta es la previsión para 2019, o es la suma de los ejercicios 2018-2019, porque de ser así, como parece lógico por los indicadores económicos, la creación de empleo para este año sería de 236.000 trabajadores más, parados menos, lo que manifiesta una pérdida del ritmo de crecimiento de empleo, y por ende del crecimiento económico de forma considerable.

Antes de desvelar la letra pequeña de estos Presupuestos, este lunes, la ministra de Hacienda mantendrá un encuentro con el Grupo Socialista en el Parlamento para explicar los detalles de las partidas, y en el fondo, el espíritu del mismo. Allí, en el Congreso, adelantará a los 84 diputados las posibilidades de acuerdo y el avance de las negociaciones sobre las que corren ríos de tinta, unos con caudal suficiente para que estas Cuentas salgan adelante, otros con la certeza de que solo aguantarán las enmiendas a la totalidad, pero no coronarán la cúspide. En buena medida, revelan voces del PSOE, dependerá del desarrollo del juicio del 1-O.

A continuación, la ministra y sus secretarios de Estado relatarán el contenido del proyecto a los medios, que ese mismo día será calificado por la Mesa del Congreso para a posteriori ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Como es preceptivo, el siguiente paso es que el órgano de gobierno del Congreso apruebe un calendario de tramitación, abriendo un plazo para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos, con el fin de explicar las cuentas de los distintos departamentos.

De momento, se sabe que PP y Ciudadanos presentarán enmiendas a la totalidad. Un debate que podría tener lugar el 12 y el 13 de febrero, habiendo acabado el plazo de presentación de enmiendas el 8 de febrero. Del resto de partidos no ha trascendido intención de presentar enmiendas en esta fase.

Lo que está previsto, al menos hasta ahora, y con la información que hay, es que la suma de los votos del hemiciclo no eche para atrás el arranque de la tramitación del proyecto presupuestario, dando paso al debate de las enmiendas parciales. Por cierto, que este punto es de vital importancia. Aquí es donde se fajan y sustancian las negociaciones mollares, porque es en este punto clave cuando las formaciones políticas exigen al Gobierno partidas específicas, sobre todo para sus territorios, y hacen que esas partidas iniciales programadas en los Presupuestos aumenten exponencialmente, al menos en algunos casos. Los ojos están puestos en Cataluña.

Mientras, el independentismo no muestra sus cartas. Este sábado, el diputado del PDeCAT en el Congreso Ferran Bel afirmaba que "no es ningún gesto" que el Gobierno cumpla la Disposición Adicional Tercera del Estatut de Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado -que señala una inversión equivalente al peso del PIB catalán en el estatal, sobre el 18%.
(Expansión, 14-01-2019)

Los Presupuestos se adaptan a la senda fiscal de Rajoy a costa de la inversión pública
El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado oficialmente este viernes su batalla por impulsar unos Presupuestos Generales para 2019 con la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros. El texto, que será presentado al Congreso de los Diputados el próximo lunes, se basa en el plan presupuestario pactado por el Ejecutivo con su principal socio parlamentario, Unidos Podemos, en octubre.

La redacción final, sin embargo, ha tenido que ser adaptada a la senda fiscal heredada del Gobierno de Mariano Rajoy, que restringe el objetivo de déficit para 2019 al 1,3% frente al 1,8% que el Gabinete de Sánchez trató de impulsar sin éxito dado el veto del PP y Ciudadanos en el Senado.

Las cuentas incluyen un incremento del gasto del 5,1% frente a un alza estimada de los ingresos del 9,5%, que se fía a la mejora de la economía y la reforma fiscal. La diferencia debería permitir rebajar el déficit como está comprometido con Bruselas, aunque el Gobierno aspira a aprobar su nueva senda fiscal durante el año y así contar con margen adicional.

El texto de partida suponía un aumento del gasto del 3,1%, hasta los 515.552 millones para el conjunto de las administraciones públicas, y una subida de ingresos del 5,7%, hasta los 493.329 millones. El techo de gasto crece un 4,4% hasta los 125.064 millones.

“Las políticas de inversión son las que más se resienten con el ajuste fiscal”, admitió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada sobre el impacto de adaptar las cuentas al anterior objetivo de déficit. De hecho, la formación bruta de capital, que mide la inversión, pasa de crecer un 5,7% en 2018 a un 4,4% en 2019.

El ajuste fiscal aplicado reduce en 2.500 millones de euros el margen de gasto de las comunidades autónomas, en otro tanto el de la Seguridad Social y en unos 1.200 millones el monto disponible para la administración central. Es en esta última partida donde se hará notar la menor inversión, entre otras cosas, reveló Montero, porque se destinarán a la Seguridad Social 850 millones de esta partida para pagar las pensiones. Un gasto ingente al que se suma la pretensión del Gobierno de abonar en febrero la revalorización de las pensiones con el IPC que pactó con Podemos.

Por otra parte, el Gobierno asume que los 2.500 millones de ingresos adicionales que obtendrá por el decalaje del nuevo sistema de información automatizada del IVA permitirá compensar la tardía entrada en vigor de los nuevos impuestos digital y financiero que se aprobarán en Consejo de Ministros la próxima semana.

La titular de Hacienda afirmó, en todo caso, que se han “hecho esfuerzos para que los territorios cuenten con mayor inversión” pese al menor margen fiscal. Con todo, el Gobierno confía en que el Parlamento tumbe el derecho de veto del Senado sobre la senda fiscal y permita aprobar los nuevos objetivos a lo largo del año. De hecho, Montero abrió la puerta a permitir que las administraciones incumplan sus cuentas en ese caso y medir su resultado a la luz del nuevo objetivo de déficit.

Las líneas maestras de estas cuentas incluyen un abanico de medidas sociales respaldado por un incremento de los impuestos para las rentas más altas y las grandes empresas. Los Presupuestos incluyen también un aumento de la inversión destinada a Cataluña, para acercarla a la aportación de la comunidad al PIB español, que ronda el 19,2% frente al 13,5% que recibió en las cuentas anteriores.

La decisión supone un importante guiño a las fuerzas nacionalistas catalanas ERC y PDeCAT, cuyo voto será crucial para tramitar las cuentas y sacarlas adelante. También sería necesario el aval del PNV para volver a concitar el consenso parlamentario de la moción de censura y contar con apoyos suficientes para aprobar las cuentas en el Parlamento.

Todos los grupos aguardan expectantes a conocer la letra pequeña del texto y el margen de negociación que les ofrece el Gobierno lo que, pendientes todos del inicio del juicio por los políticos presos del procés secesionista catalán, pone en riego incluso la tramitación de las cuentas.
(Expansión, 12-01-2019)

Laboral

Trabajo pedirá otro crédito de unos 15.000 millones para pensiones
El Ministerio de Trabajo volverá a pedir un crédito al Tesoro por valor de unos 15.000 millones de euros para sufragar el déficit que se producirá en el sistema de pensiones. Fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio han informado de que esta será la cantidad aproximada que aparecerá hoy en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

La disposición que Trabajo hará de este crédito dependerá de cómo se comporte el crecimiento de los ingresos por cotizaciones y de la cantidad que el Gobierno esté dispuesto a utilizar de los 5.000 millones de euros que aún quedan en el fondo de reserva para las pensiones.

Valerio ha manifestado en varias ocasiones su intención de no agotar esta hucha de las pensiones, con lo cual usará prioritariamente este préstamo para abonar las pagas extras de verano y Navidad de los pensionistas, que son los meses en los que los ingresos por cotizaciones de los trabajadores no son suficientes para abonar las prestaciones contributivas.

Por otra parte, Trabajo anunciará también en los próximos días cambios en la gestión del dinero que queda en el fondo de reserva de las pensiones, según fuentes de este ministerio.
(El País, 14-01-2019)

Los salarios pactados en los convenios firmados en 2018 registran una subida media del 2,08%
La subida salarial media pactada en los convenios colectivos que se firmaron en el ejercicio 2018 se situó en el 2,08%, casi nueve décimas por encima del dato adelantado del IPC interanual de diciembre (1,2%), según datos provisionales del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Este incremento está en línea de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2%, más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

No obstante, si además de los convenios firmados el año pasado se tienen en cuenta todos los convenios que, suscritos en ejercicios anteriores, tienen efectos económicos en 2018, la subida salarial media alcanzó el 1,75%, por encima del 1,46% de un año antes y también por encima del IPC. El año pasado se registraron 3.566 convenios colectivos con efectos económicos en 2018. De ellos, 2.489 se firmaron en ejercicios anteriores y 1.077 durante 2018. Los primeros registraron una subida salarial media del 1,56%, mientras que los firmados ese mismo año presentan un alza media del 2,08%. Sumando ambos, el aumento salarial medio de todos los convenios con efectos económicos en 2018 fue del 1,75%.

Estos 3.566 convenios daban amparo a 8,84 millones de trabajadores. Del conjunto de convenios, 2.686 eran de empresa, con efectos sobre 570.100 trabajadores y una subida salarial media del 1,38%, y 880 eran convenios sectoriales, que daban cobertura a más de 8,2 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 1,77%. En cuanto a las nuevas unidades de negociación firmadas el año pasado, 770 eran convenios de empresa, con un incremento salarial medio del 1,58%, mientras que 307 eran convenios sectoriales, que reflejaban un aumento salarial del 2,10%.

La jornada media pactada en convenio se situó en 2018 en 1.745,4 horas anuales por trabajador (1.711,8 horas en los convenios de empresa y 1.747,7 en los convenios de ámbito superior). La estadística de Trabajo revela además que en 2018 se registraron 987 inaplicaciones de convenios, un 8,3% menos que en 2017, que afectaron a 20.924 trabajadores, un 11,4% menos. El 'descuelgue' de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas. La reforma laboral de 2012 introducía mayor facilidad para que empresarios y trabajadores pudieran pactar estas inaplicaciones.
(Expansión, 13-01-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los bancos deberán firmar alianzas con rivales para blindarse en caso de problemas
La CNMV tendrá poderes máximos y podrá determinar que todo se traspase a los bancos asociados en caso de problemas de la entidad. La norma publicada en el BOE del pasado 28 de diciembre va más allá tanto de la directiva Mifid 2 como del borrador de la norma elaborado por el anterior Ejecutivo. Introduce una novedad de especial relevancia, como indica la boutique de asesoramiento finReg, que obligará a todas las entidades financieras que presten servicios de inversión, así como a los brókeres a llegar a un acuerdo con un rival para salvaguardar los activos de los clientes y también su dinero.

Las entidades tendrán que alcanzar “acuerdos con otras entidades ajenas al grupo para que, a requerimiento de CNMV, en el supuesto de que atraviesen dificultades financieras o se manifiesten dudas razonables sobre su viabilidad o sobre la adecuada protección de los inversores, puedan acordar el traspaso en bloque de los instrumentos financieros custodiados y del efectivo de sus clientes a una o varias entidades”.

Las empresas de servicios de inversión tendrán otra opción a la mencionada. Las 94 registradas, excluyendo las 161 firmas de asesoramiento financiero (eafs, antes denominadas eafis) pueden depositar las acciones o cualquier otro producto y el efectivo de sus clientes en cuentas de otras entidades.

La norma abre la puerta incluso a que tomen medidas adicionales en caso de que, pasados tres meses después de que se instara el traspaso, este no se hubiera ejecutado. En este supuesto, el supervisor de los mercados realizará una especie de concurso para ver qué entidades quieren hacerse cargo de los activos. Si ninguna quiere hacerlo, la CNMV la designará a la fuerza.

El dinero en efectivo estará blindado además en las sociedades y agencias de valores. “Salvo en el caso de las entidades de crédito [los bancos], adoptarán las medidas necesarias para impedir la utilización por cuenta propia de los fondos de los clientes”, sentencia la norma.

Así se afina la normativa actual. Las cuentas de efectivo que mantengan a nombre de clientes serán de carácter instrumental, exclusivamente para la ejecución de operaciones realizadas por ellos, y transitorio. Es decir, se entiende que en un tiempo el dinero se convertirá en activos. Los clientes serán los dueños de pleno derecho del dinero entregado a la entidad, incluso cuando ese efectivo se materialice en activos a nombre del intermediario. Esto puede ocurrir, aunque en realidad esos activos pertenezcan a los inversores.

Es más, las sociedades y las agencias de valores deberán solicitar a cada uno de sus clientes los datos de una cuenta corriente a la que transferir los fondos de cada uno de ellos, incluso sin mediar órdenes previas, cuando la CNMV determine la individualización de los saldos de efectivo.
(Cinco Días, 14-01-2019)

Inflexión en la capacidad de financiación de la economía
La economía española ha agotado el proceso de ganancias de competitividad emprendido tras los ajustes y las reformas estructurales de la crisis económica y que han llevado a sucesivos superávits de la balanza de pagos y mejoras en la posición internacional de inversión del país. Como consecuencia, en 2018 se ha producido una inflexión en la capacidad de financiación de la economía, que podría haberse limitado al 1% del PIB (la mitad que en los últimos años), y que de intensificarse podría frenar el saneamiento de las cuentas exteriores y dificultar la financiación de la que depende la economía del país.

Aunque una parte notable de la contracción del superávit es imputable a factores coyunturales ajenos, como la subida del precio del crudo o la apreciación excesiva del euro, así como la moderación de la demanda de los clientes de España o la sustitución en los últimos años de insumos internos por externos en los bienes intermedios, los expertos aprecian ya en los dos últimos años un agotamiento en las ganancias de competitividad generadas por el control de los costes de producción, que tienen un reflejo en los intercambios de bienes y servicios.

La economía española nunca en la historia había acumulado un periodo tan largo de superávit por cuenta corriente como el actual, que se inició en la última parte de 2012, tras un ajuste de caballo en las cuentas externas desde un déficit cercano al 10% en los últimos ejercicios del ciclo alcista previo a la crisis. De hecho, lo habitual es un registro continuo de déficit, que solo en los primeros compases de España en el mercado común alteró por números negros.

Encadenar seis años largos de saldo positivo en la balanza de pagos ha sido posible por la penetración que miles de empresas españolas han hecho en los mercados externos, gracias a una combinación de una oferta de calidad en los bienes y servicios con un control de los precios de producción muy intenso, especialmente en los costes laborales.

En la evolución comparada de los costes laborales unitarios de España frente a sus competidores fundamentales ha descansado la mejora de la competitividad de la economía frente al exterior en los últimos años, tras haber perdido posiciones de forma muy abultada en los diez primeros años del siglo. Pero esta ganancia empieza a dar síntomas de agotamiento, que podrían intensificarse si definitivamente las llamadas a subidas generosas de los salarios son atendidas en la negociación de los convenios.

En los ocho últimos años los costes laborales unitarios en la zona euro han aumentado de media un 7,8%, mientras que en España se han reducido en 3,5 puntos porcentuales. Esta dispar evolución ha compensado una parte del diferencial favorable a los competidores europeos generado en los diez primeros años del siglo, en los que los costes laborales unitarios nativos crecían tres puntos por cada dos que avanzaban los europeos.

Pero en los últimos años la moderación del coste laboral ha sido mucho más laxa que en los primeros años de la crisis, y ha repuntado, aunque su efecto no ha sido muy intenso en las relaciones de intercambio comercial por el avance más fuerte en los competidores europeos.
(Cinco Días, 14-01-2019)

La inversión china en España en 2018 sube un 160% pese la tormenta bursátil
La inversión china en España fue en 2018 de más del doble que el año anterior, al crecer en un 162%, hasta alcanzar los 1.170 millones de dólares (1.020 millones de euros), frente a los 450 millones de dólares (392 millones de euros) a que llegaron en 2017. Según los datos de un estudio de la firma de abogados Baker McKenzie, la cifra está, no obstante, por debajo del volumen de inversión china en 2016, cuando alcanzó los 1.800 millones de dólares (1.570 millones de euros).

España ha sido el sexto destino europeo favorito para los inversores chinos, sólo por detrás del Reino Unido, Suecia, Alemania, Luxemburgo y Francia. Dentro de las operaciones efectuadas por inversores chinos en España en 2018 destacó la compra por parte de Orient Hontai Capital del 53,5% de Imagina Media por 1.016 millones de euros, que fue la quinta inversión por tamaño en Europa realizada por compañías chinas en 2018.

El crecimiento de las inversiones chinas en España ha coincidido con su descenso en Estados Unidos, donde desde 2016 han caído casi un 90%. Según el estudio de Baker McKenzie, la inversión china en Europa y América del Norte pasó de 111.000 millones de dólares (96.816 millones de euros) en 2017 a 30.000 millones (26.166 millones de euros) en 2018. América del Norte es el área en que más ha caído y ha pasado de 31.000 millones de dólares (27.039 millones de euros) en 2017 a sólo 8.000 millones en 2018 (6.977 millones de euros).

Especialmente acusado fue el descenso en Estados Unidos, donde las inversiones chinas han pasado de 29.000 millones de dólares (25.294 millones de euros) en 2017 a 4.800 millones (4.186 millones de euros) en 2018 -un descenso del 83% en un año-, a causa de la guerra arancelaria entre ambos países. Por el contrario, en Canadá la inversión china experimentó en 2018 un importante crecimiento, que fue del 80%, al pasar de 1.500 millones de dólares (1.308 millones de euros) en 2017 a 2.700 millones de dólares (2.355 millones de euros) en 2018, debido a varias adquisiciones mineras importantes, como la de Nevsun Resources por parte de Zijing Mining Group, que alcanzó los 1.250 millones de dólares (1.090 millones de euros).

La inversión extranjera directa china en Europa también cayó en 2018, aunque se mantuvo mejor que en Estados Unidos, con un volumen de operaciones cerradas de 22.500 millones de dólares (19.625 millones de euros), un 70% inferior a los 80.000 millones de dólares (69.777 millones de euros) de 2017. Las compañías chinas invirtieron principalmente en Europa en automoción, operaciones que representaron un 16% del total de sus inversiones, servicios financieros (15%), tecnologías de la información (14 %) y en el sector sanitario y biotecnológico (11).

Además, las empresas de ese país vendieron activos en Europa y América del Norte a un ritmo sin precedentes, desprendiéndose del equivalente a 5.000 millones de dólares (4.361 millones de euros) en Europa y de 13.000 millones (11.339 millones de euros) en América del Norte. En la actualidad, hay activos por valor de 12.000 millones de dólares (10.466 millones de euros) puestos a la venta por compañías chinas en esas dos áreas geográficas. Asimismo, para el primer semestre de 2019 hay más de 20.000 millones de dólares (17.444 millones de euros) en operaciones pendientes de cierre en Europa, frente a 5.000 millones (4.361 millones de euros) en Estados Unidos.
(Cinco Días, 13-01-2019)

Sector

WhatsApp no es suficiente para comunicar un despido
UGT sostiene que WhatsApp o cualquier otra aplicación similar y algunas redes sociales como Facebook o Twitter no son herramientas válidas para que una empresa comunique un despido a un trabajador. Según defiende el sindicato, este tipo de apps y redes sociales permiten la libre creación de cuentas de forma anónima, esto es, sin comprobar fehacientemente la autenticidad del titular, por lo que es perfectamente posible emitir comunicaciones falsas o bien cuya autoría no está fehacientemente acreditada.

Como consecuencia, con estas aplicaciones no se puede verificar quién es el autor real de los mensajes, ni tampoco permiten tener constancia de su recepción por el destinatario, por lo que no deben ser un medio válido para comunicar un despido. Por ello, considera que, aunque el empresario comunique el despido por medios como WhatsApp para que la extinción contractual sea válida será necesaria su notificación por escrito al trabajador a través de la correspondiente carta de despido, ya sea mediante su entrega física directa o bien mediante el envío de un burofax que le permita tener constancia fehaciente de su recepción.

Ahora bien, UGT advierte de que si el trabajador que recibe una notificación de despido a través de Whatsapp deja de acudir a su puesto de trabajo, se arriesga a que el empresario pueda alegar que no existe tal despido, sino un incumplimiento contractual del trabajador por dejar de asistir voluntariamente a su puesto de trabajo, lo que dejaría al trabajador sin indemnización y sin derecho a percibir la prestación por desempleo, y habría que acudir a un procedimiento judicial para acreditar que se había producido previamente el despido a través de la comunicación recibida por el trabajador a través de WhatsApp.

Para evitar esta situación, recomienda que el trabajador acuda a su puesto de trabajo como si no hubiera recibido ningún mensaje de WhatsApp y exija, en su caso, la entrega de la carta de despido. Si el empresario se niega a darle la carta de despido o bien no le deja acceder al puesto de trabajo, el trabajador, según explica UGT, deberá recabar pruebas que le permitan denunciar a la empresa por despido improcedente.
(Cinco Días, 13-01-2019)

 
 
 
 
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