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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 15 DE GENER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 14 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 15-01-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/index.php?d=13&s=3 

 


RECULL DE PREMSA DEL 15 DE GENER DE 2019

Fiscal

Hacienda eleva un punto la presión fiscal a costa de grandes empresas y rentas altas
Hacienda prevé que la recaudación tributaria de 2019 se incremente en 20.000 millones de euros, un 9,5% frente al cierre de 2018, hasta los 227.356 millones. La diferencia sería del 7,3% sin contar con el efecto del nuevo sistema automático de información (SII) del IVA, que ha ido retrasando un mes la liquidación del impuesto.

De hecho, este efecto aportará 5.000 millones adicionales al Estado este año, de los que la mitad irá a compensar a las comunidades por los ingresos perdidos en 2017 y el resto será aprovechado por el Gobierno para compensar la tardía entrada en vigor, en el mejor de los casos, de sus nuevas figuras tributarias. Para evitar que esto siga ocurriendo, el Ministerio cerrará 10 días antes la liquidación del IVA de diciembre este año para computarlo en el mismo año fiscal.

En todo caso, este ambicioso incremento de la recaudación solo obtendrá 5.654 millones de las modificaciones impositivas planeadas por el Ejecutivo, mientras que Hacienda confía en lograr el resto gracias al buen tono de la economía.

Pese a ello, Montero aseveró a quien puso en duda sus previsiones que sus estimaciones son “más moderadas” que las de su antecesor, Cristóbal Montoro, cuyas cuentas se desviaron una media de 5.100 millones, dijo. “Montoro subió su previsión de ingresos un 7% bajando impuestos, nosotros los modificamos y creamos nuevos impuestos. El Presupuesto es más creíble que el de los años anteriores”, sentenció.

La ministra remachó, además, que su política fiscal está dirigida a “redistribuir la riqueza” y se centra en unos pocos privilegiados. En primer lugar, se establece un tipo mínimo del 15% en Sociedades para las grandes empresas (para de acercar lo que pagan al 25% de tipo nominal sobre el que aplican deducciones), y del 18% para banca y petroleras (que parten de un 30%), a fin de recaudar 1.776 millones. La medida, ilustró, solo afectará a 10.092 compañías, el 0,7% del total, y ayudará elevar la recaudación de este impuesto un 14,1% hasta los 27.579 millones. En paralelo, se rebajará del 25% al 23% el tipo para las 349.000 pymes que facturan menos de un millón, una cuarta parte el total.

A su vez, se eleva en dos puntos el tipo marginal del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, y en cuatro puntos para las de más de 300.000, lo que arrojará 328 millones de recaudación adicional a costa de solo 80.000 contribuyentes (el 0,4% del total). Además, se eleva en cuatro puntos el gravamen de las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros para obtener 332 millones de 20.792 contribuyentes (el 0,1%) para 2020. De otra aparte, se elevan un 15,3% los beneficios fiscales sobre la renta por las mejoras de la reducción de rendimientos del trabajo y deducciones familiares aprobadas en 2018. Hacienda busca recaudar un 4,9% más por IRPF, hasta 86.454 millones.

El gravamen de Patrimonio se incrementa en un punto para fortunas de más de 10 millones de euros, que hoy se sitúa en el 2,5%. Se busca captar 339 millones de 2.550 personas. Del lado del IVA se rebaja del 10% al 4% el tipo sobre los productos de higiene femenina (dejando de recaudar 18 millones); se pasa del 21% al 4% en el gravamen sobre libros y publicaciones electrónicas (-24 millones) y se reduce del 21% al 10% el impuesto sobre servicios veterinarios (-35 millones). Aun así, el IVA debería ingresar un 11,7% más en 2019, 78.307 millones.

Finalmente, se equiparará la fiscalidad del diésel al de la gasolina (una medida medioambiental que captaría 670 millones y no afectará a los profesionales del transporte) y se gravan al 15% los beneficios no distribuidos de las Socimis.

Además, el Consejo de Ministros impulsará el viernes los proyectos de ley de creación del impuesto sobre las transacciones financieras (para cobrar 850 millones); el de negocios digitales (1.200 millones) y un paquete de medidas antifraude (por 828 millones). Los impuestos especiales subirían un 11,8%, para arrojar 23.057 millones, y el resto un 16,4%, hasta los 11.959 millones.

A partir de ahí, en aras a ese progresivo incremento de la presión fiscal hacia la confluencia con Europa, Montero abrió la puerta a elevar el gravamen sobre empresas y bancos en 2020 una vez analizados los resultados cosechados en 2019.
(Cinco Días, 15-01-2019)

El Gobierno fía 15.000 de los 20.000 millones de alza de ingresos
Las cuentas presentadas este lunes recogen una dotación de 2.251,38 millones de euros para dicha comunidad, lo que supone un 66,7% más que los 1.350 millones que se le asignaron en 2018. El movimiento eleva el porcentaje que recibe Cataluña de toda la inversión autonómica desde el 13,5% al 18,5%, acercándola al 19,2% que le correspondería por su aportación al PIB, que es lo que fija el Estatut.

En concreto, el Presupuesto recoge una inversión real de 2.051 millones para la región, el 16,8% del total, a los que se suman 200 millones de euros para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que detectó un déficit inversor en las infraestructuras catalanas. Además, como resultado de la negociación bilateral abierta entre Hacienda y el Govern, este último monto será licitado directamente por la Generalitat.

De esta forma, Cataluña pasa a ser la región que más recursos recibe, superando los 2.132,77 millones de Andalucía, y casi duplicando los 1.249,25 de Madrid. Montero aseveró, no obstante, que el Gobierno se ha limitado a cumplir la ley y ha respetado todos los estatutos que fijan las dotaciones regionales, lo que incluye a Andalucía, Aragón, Baleares, Extremadura o Castilla y León, citó. En todo caso, la ministra dejó la puerta abierta a elevar aún más la aportación a Cataluña si así lo acuerda el Parlamento, dejando margen adicional para negociar.

Las cuentas de Sánchez, en todo caso, no solo son expansivas con Cataluña. De hecho, destinan 2.000 millones más a las autonomías y recogen el mayor incremento del gasto público desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha el programa de fomento económico con inversión pública conocido como Plan-E, hace casi una década. En total, Sánchez eleva un 5,3% el gasto del conjunto del Estado, hasta los 345.358 millones, el 57% de los cuáles iría a políticas sociales como ayudas a la dependencia, el aumento de cinco a ocho semanas de los permisos de paternidad (con un coste de 825 millones) o la oferta de 20.000 viviendas de alquiler social.

A falta de ver si el Congreso permitirá tramitar las cuentas en la votación del 13 de febrero, estos anuncios abonan la precampaña electoral de las elecciones locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Comicios para los que se reserva una partida de 177 millones.

A fin de compensar semejante incremento del gasto, bajo el objetivo oficial de rebajar el déficit del 2,7% al 1,3%, el Ejecutivo ha previsto un incremento de la recaudación tributaria del 9,5%, hasta los 227.356 millones. Eso supone aumentar los ingresos en 20.000 millones frente a la liquidación provisional de 2018, si bien la reforma fiscal de Montero solo aspira a recaudar 5.654 millones a costa de las grandes empresas, las rentas altas y creando nuevos impuestos a las transacciones financieras y los negocios digitales. El resto, casi 15.000 millones adicionales, se fía al buen tono de la economía, pese a que el Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento al 2,2%, la menor desde 2014.

Hacienda estima que su objetivo de déficit (del 1,8%, que PP y Cs tumbaron) habría permitido crecer al 2,4%. Por eso, Montero abrió la puerta a consentir el incumplimiento de sus cuentas permitiendo más gasto si su objetivo de déficit acaba aprobándose. Por el contrario, no avalar estas cuentas ahondaría el descrédito de la clase política, agravaría la situación de las clases medias y elevaría el déficit al 2,4%, advirtió la ministra, que instó a todas las fuerzas a sentarse a negociar.
(Expansión, 15-01-2019)

Cataluña le arrebata el primer puesto a Andalucía en inversión con 2.251 millones tras la sentencia del Supremo
El proyecto de Presupuestos presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recoge una partida de 16.974,23 millones destinada a la inversión a las comunidades, una cifra que representa un 13,8% más que lo establecido en las cuentas que aprobó el Gobierno del PP para 2018 (14.889,53 millones). De acuerdo al reparto establecido, la inversión estatal sube en 11 de las 17 comunidades autónomas y en una de las dos ciudades autónomas.

Andalucía acostumbraba a ser la región que lideraba el ranking, una tendencia que se verá interrumpida este año por Cataluña que pasa a ocupar el primer puesto. A los 2.051,38 millones recogidos en el informe económico y financiero hay que sumarle los primeros 200 millones de un total de 750 millones en los próximos cuatro años para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que identificó un déficit inversor en las infraestructuras de la zona. La comunidad dispondrá en 2019 de 2.251 millones en 2019, un 66,6% más que en 2018. La responsable de Hacienda aseguró que con esta aportación se cumpliría con la exigencia del Estatut que establece que la inversión del Estado en la comunidad deberá mantenerse en línea con la aportación de la región al PIB. De esta forma, la inversión en Cataluña sube del 13,5% al 18,5% del total, rozando su peso real en el PIB.

Las cuentas presentadas ayer por Montero buscan contentar a las fuerzas nacionalistas de ERC y PDeCAT y renovar así el consenso parlamentario de la moción de censura que le llevó al poder. La aprobación de los presupuestos es la llave que permitiría a Pedro Sánchez continuar al frente del Ejecutivo hasta 2020.

Un escalón por debajo de Cataluña se situaría Andalucía, que recibirá 2.132,77 millones, lo que supone un incremento del 43,5% respecto a las cuentas de 2018. La Comunidad Valenciana es la siguiente a la que más dinero se destinará. Sumando las aportaciones del sector público, empresarial y las fundaciones la comunidad Valencia dispondrá de 1.189,88 millones, un 60,2% más. Muy próxima está Madrid con 1.249,05 millones, en línea con las cuentas de 2018 (1.255 millones). La lista de los que más dinero recibirán en función de su aportación al PIB y el número de habitantes la cierra Castilla y León a la irán a parar 1.094,05 millones, un 6,2% más que en los presupuestos anteriores.

No obstante, el mayor incremento este año es para Navarra, región en la que la inversión pública sube un 90,1%, hasta los 108,51 millones de euros. En la ciudad autónoma de Melilla la formación bruta de capital crece en un 31%, hasta los 49,94 millones. Un incremento similar (del 27%) es el que experimenta la inversión en Extremadura, comunidad a la que se dotará con 491,89 millones, y Asturias, que dispondrá de 295,44 millones.

Alzas mucho más modestas, inferiores al 10%, serán las que sufran La Región de Murcia (374,30 millones, un 9,6% más), Castilla- La Mancha (sube en un 7,8%, hasta los 67,34 millones) y Aragón (aumenta un 6%, hasta los 539,60 millones). Prácticamente sin cambios se sitúa la inversión de Canarias, región a la que irán a parar 283,01 millones, muy similar a la dotación de 282,35 millones de las cuentas anteriores.

La comunidad autónoma en la que más baja la inversión es La Rioja que experimenta un retroceso del 40,9%, pasando de los 65,11 millones que contenían los presupuestos de 2018 a los 38,48 millones. Aunque en Galicia y Baleares sufren recortes superiores (del 19,4%, hasta los 757,1 millones y del 11,7%, hasta los 152,03 millones, respectivamente), es significativo la caída de la formación bruta de capital en el País Vascos, donde retrocede un 10,6% (469,37 millones). Este recorte puede ser un escollo para lograr el apoyo del PNV en el parlamento para sacar adelante las cuentas, un punto imprescindible para que Pedro Sánchez continúa al frente del Ejecutivo hasta 2020.
(La Vanguardia, 15-01-2019)

Bruselas quiere eliminar el poder de veto nacional en materia fiscal
La UE propondrá que todas sus políticas fiscales tengan que aprobarse por mayoría cualificada a partir de finales de 2020, una medida polémica para eliminar los vetos nacionales. Bruselas va a proponer esta semana que todas las políticas fiscales de la UE tengan que aprobarse por mayoría cualificada a partir de finales de 2020, una medida muy polémica cuyo objetivo es eliminar los vetos nacionales que defienden firmemente muchos estados miembros.

Tras señalar que la política fiscal de la UE "no está alcanzando todo su potencial", la Comisión Europea publicará un informe en el que argumenta que, debido a las exigencias de la economía mundial, ha llegado "el momento de reconsiderar los puntos de vista tradicionales sobre la soberanía". Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión, señaló anteriormente que quiere reducir los poderes nacionales en materia fiscal que durante mucho tiempo han permitido a países como Luxemburgo, Irlanda y Malta tener regímenes fiscales únicos favorables a la inversión. Los grandes estados miembros también han utilizado sus poderes de veto para proteger aspectos o ventajas competitivas de sus sistemas fiscales.

El informe de la Comisión contiene una 'hoja de ruta' para eliminar gradualmente los poderes de veto en asuntos fiscales que, según ella, "pueden utilizarse indebidamente para satisfacer intereses nacionales específicos". Dado que muchos estados miembros han presentado serias objeciones a ceder más soberanía, los expertos creen que es muy poco probable que la propuesta sea aprobada. De hecho, cuando se informó a los estados miembros de la propuesta la semana pasada, algunos dijeron que no era aconsejable que la Comisión la hiciera, ya que sería explotada por los partidos nacionalistas y populistas en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo.

La Comisión cita numerosos ejemplos de planes fiscales fallidos o estancados debido a las objeciones de los estados miembros, como una base imponible y un IVA común, el impuesto a los servicios financieros y el impuesto digital. "Los estados miembros a veces defienden su soberanía y el voto por unanimidad simplemente para bloquear las propuestas fiscales de la UE y proteger sus propios intereses. Algunos han creado un sistema fiscal competitivo con el fin de atraer a determinadas actividades comerciales o consumidores", dice el informe de la comisión.

El informe también señala que, aunque la "competencia en materia fiscal dentro de la UE no es algo malo en sí mismo", ha obligado a los Gobiernos nacionales a aplicar menos impuestos a aspectos de ámbito internacional y más a aspectos nacionales como el impuesto sobre la renta y el IVA. Como consecuencia, "los trabajadores, los consumidores y las empresas nacionales tienen que pagar más impuestos, lo que socava la equidad de los sistemas fiscales.

Como primer paso, la Comisión va a proponer ampliar el sistema de voto por mayoría cualificada de la UE a ámbitos que no están relacionados con los derechos fiscales nacionales ni con la capacidad de definir las bases y los tipos impositivos, como tomar medidas para luchar contra el abuso fiscal o "reforzar el mercado único".

En una segunda fase se aplicarían medidas fiscales para promover objetivos políticos específicos en campos como la sanidad, el cambio climático o la protección del medio ambiente, mientras que en la tercera fase se tratarían aspectos ya armonizados en la legislación de la UE, como los impuestos especiales. La Comisión recomienda que estas medidas se aprueben antes de finales de 2019.
(El Mundo, 15-01-2019)

Laboral

La Seguridad Social prevé subir sus ingresos un 7,5% pese a una modesta creación de empleo
El Ministerio de Trabajo calcula que en 2019 se generarán 400.000 nuevos empleos. Pero esta previsión no coincide con las que maneja el Ministerio de Economía y que ayer mismo refrendó la ministra de Hacienda, que recogen que entre 2018 y 2019 se generarán 800.000 nuevos empleos. Y, tal y como recordó ayer la propia Montero, el pasado año ya se contabilizaron 563.965 nuevos puestos en términos de Seguridad Social. Esto significaría que la previsión de creación de empleo caería prácticamente a la mitad en 2019, con poco más de 236.000 nuevos empleos.

Estas previsiones tampoco coinciden con el incremento del empleo del escenario macroeconómico que estima un alza de la ocupación del 1,8% en 2019, lo que supondría una ganancia de 342.000 trabajadores. Preguntada por estas diferencias, Montero explicó que las cifras incluidas en el Presupuesto son “aproximatorias”.

Por ello, desde el Gobierno prefieren hacer hincapié en que el aumento de la recaudación se producirá, sobre todo, por medidas tomadas por el Ejecutivo. En concreto, por el aumento de las bases mínimas de cotización un 22,3% derivadas del incremento en esta proporción del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas. También al incremento del 7% de las bases máximas de cotización, que quedan fijadas en 4.070 euros al mes. Asimismo, por la subida de la base mínima de cotización de los autónomos un 1,25% y los tipos de cotización de este colectivo al 30%. Finalmente, otra de las medidas que contribuirá a esta mejora de los ingresos es la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años y la elevación del 100% al 125% de la base mínima de cotización de sus beneficiarios.

Junto al aumento del empleo y las medidas de incremento de las bases de cotización, el Gobierno prevé que los sueldos crezcan un 2,1% y la productividad, un 0,3%, el doble de lo estimado para elaborar las cuentas de 2018 en ambos casos.

Con estos ingresos por cotizaciones, más unas transferencias del Estado de ingresos impositivos por valor de 15.484 millones para pagar los complementos a mínimos y prestaciones no contributivas del sistema, la Seguridad Social tendrá que pagar los 154.645 millones de euros que suman este año los compromisos por pensiones, un 7,2% más.

Entre las cuestiones principales que incluye esta partida de gasto está una revalorización inicial de todas las pensiones del 1,6%; un avance del 3% de las mínimas y las asistenciales; y una elevación de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 56% al 60%. Esto último supondrá un incremento de la pensión de viudedad del 7% para aproximadamente medio millón de beneficiarias. Además, el sistema costeará las prestaciones de maternidad y paternidad. Este último permiso se amplía de cinco a ocho semanas este año, con un coste de 825 millones. Asimismo, se abonarán 8.637 millones en bajas médicas de los trabajadores, un 8,2% más que el año pasado.
(Expansión, 15-01-2019)

El sueldo de los funcionarios subirá otro 0,25% en julio si se alcanza el crecimiento previsto
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 presentado este lunes en el Congreso de los Diputados recoge un aumento de las retribuciones de los empleados públicos del 2,25%, que podría incrementarse un 0,25% a partir del 1 de julio si se alcanza el crecimiento previsto para 2018. Además, por la asignación de fondos adicionales, la subida del salario de los empleados públicos podría alcanzar hasta el 2,75% en este año. También se continúa con la equiparación salarial del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

De acuerdo con el contenido del II Acuerdo para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo alcanzado entre el Gobierno y sindicatos (CC.OO., UGT y CSIF), la oferta pública de empleo para 2019 incluye una tasa de reposición del 100% con carácter general y una bolsa adicional del 8% para los sectores que las distintas administraciones consideren necesario reforzar.

Esta bolsa adicional ascenderá hasta el 10% en el caso de las entidades locales cuya deuda financiera esté amortizada. Para poder aplicar estas tasas, las administraciones públicas deberán haber cumplido los objetivos de déficit y deuda, así como la regla de gasto. En caso contrario, dichas tasas de reposición se verán reducidas.

Asimismo, el proyecto refleja que los gastos de personal aumentarán un 4,2% respecto a 2018, fundamentalmente por el incremento de la remuneración de los funcionarios prevista en el Real Decreto por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, así como por la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares.

Los departamentos ministeriales con mayores dotaciones para financiar los gastos de personal son los ministerios de Justicia, Defensa, Interior y Educación y Formación Profesional, que en su conjunto representan un 76,4% del gasto de este capítulo. En el marco del II Acuerdo, también se continúa con el proceso de estabilización y reducción de la interinidad, que permitirá la convocatoria de 10.575 nuevas plazas para la Administración de Justicia hasta el año 2019.

En los servicios públicos básicos, la política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias experimenta un incremento del 5,5%, incluyendo un aumento en los gastos de personal asociado a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
(El País, 15-01-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los precios de los alquileres de oficinas se acercan a niveles previos a la crisis
A diferencia del mercado del alquiler de vivienda, que se ha recuperado muy rápidamente tras la crisis del ladrillo de la pasada década, el mercado de oficinas mantiene un ritmo al alza más lento, tanto en lo que se refiere a las rentas pagadas, como, sobre todo, a los nuevos espacios contratados.

El pasado año, los dos grandes mercados de oficinas del país, Madrid y Barcelona, se recuperaron sobre todo en precios de los alquileres que pagan las empresas, llegando a las cifras de 2006, el año previo a los máximos de la serie histórica. La renta prime, es decir, el alquiler pagado en las mejores ubicaciones, alcanzó los 34,50 euros por metro cuadrado al mes en Madrid, lo que supone un alza del 10,4% en el último ejercicio, según un informe de la consultora inmobiliaria JLL. En el caso de Barcelona, la subida interanual es del 8,6%, llegando a los 25,25 euros.

Estos niveles se acercan mucho a los máximos. En Madrid, la renta prime alcanzó los 40 euros en 2007 y 2008. En el caso de Barcelona, únicamente 2007 reflejó unos importes mayores a los de 2018, reflejando la recuperación del mercado de oficinas. Esta cifra de renta prime recoge lo que se conoce como máximo consolidado, explicado como lo que se paga en operaciones de más de 500 metros cuadrados en las mejores ubicaciones y excluyendo casos excepcionalmente altos.

Estas zonas prime se ubican en el entorno de la Castellana en Madrid y en la Diagonal en Barcelona. “No vemos síntomas de agotamiento en las zonas prime. Tienen todavía un recorrido amplio porque no hay producto de calidad y el que sale al mercado se alquila muy rápido”, explica José Miguel Setién, director de negocio de oficinas de JLL. Para 2019 se espera un crecimiento medio anual del 3,1% en Madrid y del 1,7% en Barcelona.

En zonas más alejadas a los centros financieros, la recuperación de precios, según este experto, ha sido más lenta y puede suponer un tercio del coste, aunque con porcentajes de crecimiento parecidos durante el pasado año.
(Cinco Días, 15-01-2019)

Garamendi nombra responsable de Economía de CEOE a Gregorio Izquierdo, expresidente del INE
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha nombrado director del nuevo departamento de Economía de la patronal al expresidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) Gregorio Izquierdo. Según ha informado hoy la CEOE en un comunicado, el departamento de Economía se dedicará a hacer seguimiento de la coyuntura económica nacional e internacional y elaborar estudios, para lo que asumirá y ampliará las actuales funciones del servicio de estudios, al tiempo que integrará el área fiscal.

Izquierdo ha sido profesor, director del Círculo de Empresarios y del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), entre otros cargos, antes de ser presidente del INE. Junto a este nombramiento, la patronal ha designado a Bernardo Aguilera director del nuevo departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos, que analizará las propuestas de modificación de iniciativas legislativas y no legislativas en políticas sectoriales claves para la actividad empresarial.

Aguilera ha trabajado en la delegación permanente de la CEOE en la Unión Europea, ha sido director adjunto al secretario general de la CEOE y es miembro del Consejo Económico y Social y del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial.
(Expansión, 15-01-2019)

Derrota parlamentaria de May, que puede llevar al retraso del Brexit
El pacto alcanzado por la primera ministra con la UE para sellar el divorcio será abatido hoy en los Comunes. La falta de un plan alternativo aconseja aplazar la ruptura más allá de marzo. El Gobierno británico podría sufrir hoy una derrota de proporciones históricas en la Cámara de los Comunes, ante el rechazo de buena parte del arco parlamentario al pacto alcanzado por la primera ministra Theresa May con la Unión Europea (UE) para implementar el Brexit de manera ordenada el próximo 29 de marzo.

Todos los partidos de la oposición, así como una amplia facción del grupo conservador que lidera May y sus socios del Partido Unionista Irlandés (DUP), prevén votar en contra del acuerdo, abriendo un escenario impredecible en Reino Unido. Algunas estimaciones indican que los votos en contra del acuerdo podrían situarse cerca de los 400, en una cámara de 650 diputados.

El punto más polémico del tratado es el que contempla el mantenimiento de Reino Unido dentro de la unión aduanera durante un periodo indefinido tras el Brexit, como fórmula para evitar la instauración de controles en la frontera irlandesa. Los euroescépticos tories critican este punto porque dejará el país atado a las normas de la UE, sin poder negociar acuerdos comerciales con otras partes. Para los diputados pro-europeos, seguir en la UE es mejor que ese arreglo, ya que Londres seguiría teniendo voz y voto en la definición de las normas del mercado común.

De poco parecen servir los últimos esfuerzos realizados ayer por May para evitar un humillante resultado en los Comunes. "Pido a todos los parlamentarios que lancen una segunda mirada al acuerdo", dijo la primera ministra en un debate en Westminster. "No es perfecto y hay concesiones por ambas partes. Pero deberíamos cumplir lo votado por el pueblo británico y construir un futuro más brillante".

En un mensaje dirigido al ala más euroescéptica de su partido, la primera ministra advirtió de que el rechazo a su plan eleva considerablemente el riesgo de que se pare el Brexit, frente a la posibilidad de una salida sin acuerdo. Bruselas también intentó echar una mano a May. Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, respectivamente, enviaron una carta a la primera ministra donde afirman que la permanencia de Reino Unido dentro de la unión aduanera será "temporal". En principio, está previsto que esa situación se extienda durante el periodo transitorio, hasta diciembre de 2020, pero se alargará si no hay un tratado comercial que impida la instauración de controles en Irlanda.

Según la misiva, "la Comisión está comprometida a proporcionar el necesario ímpetu político y los recursos para alcanzar el objetivo de hacer ese periodo tan corto como sea posible". Sin embargo, Tusk y Juncker admiten que "no se pueden realizar cambios inconsistentes con el acuerdo de salida". Esta carta dejó indiferente a la DUP y la mayoría de los euroescépticos, quienes quieren cambios en el texto legal del tratado para limitar la estancia británica en la unión aduanera tras el Brexit.

Si se confirma la derrota, se abren varios posibles escenarios. May podría volver a Bruselas para arrancar concesiones y hacer un nuevo intento. Los laboristas podrían presentar una moción de censura para derribar el Gobierno y forzar elecciones. Por último, los diputados más pro-europeos podrían intentar asumir las riendas y buscar un nuevo referéndum o un Brexit más suave.
(El País, 15-01-2019)

Sector

El Tribunal Supremo anula la sanción de 120 millones a las telecos por abuso de posición de dominio
La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la sanción por importe total de 120 millones de euros que la Comisión Nacional de la Competencia impuso el 19 de diciembre de 2012 a las compañías Telefónica, Vodafone y France Telecom (Orange) por abuso de posición de dominio al considerar que cobraban precios excesivos en el mercado de terminación de mensajes cortos SMS y MMS.

En tres sentencias, el Supremo desestima sendos recursos de la Abogacía del Estado contra los pronunciamientos de la Audiencia Nacional que anularon las sanciones, que fueron de 46,4 millones de euros a Telefónica, 43,5 millones a Vodafone y 29,9 millones a France Telecom.

En un comunicado, el alto tribunal recuerda que la sentencia de instancia analizó los datos e informes en los que se fundó la resolución administrativa para delimitar el mercado relevante (un mercado separado para la terminación de mensajes cortos SMS y MMS referido a la red propia de cada uno de los operadores de telefonía) y para apreciar una posición de dominio individual de los operadores sobre este mercado, “llegando a la conclusión que los datos e informes en los que se funda la resolución administrativa son insuficientes, incoherentes con otros datos e informes y se funda en apreciaciones no constatadas en datos objetivos, por lo que aprecia incoherencias y un déficit de motivación para delimitar los mercados y la posición de dominio individual de las empresas sancionadas que le lleva a anular la resolución sancionadora impugnada”.

Según el Supremo, la Audiencia no incurrió en una infracción de la jurisprudencia de los tribunales de justicia de la Unión Europea sobre el alcance del control judicial en esta materia, por lo que no aprecia infracción jurídica alguna.

En relación al asunto, la Sala fija como doctrina jurisprudencial, entre otros extremos, que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el control judicial de apreciaciones económicas complejas realizadas por el ente regulador puede extenderse, no solo a la “exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia” sino también a la pertinencia de los datos y su adecuación para sostener las conclusiones alcanzadas. De modo que cuando el tribunal entienda que las deducciones obtenidas no tienen una base suficiente y fiable o no existe una correspondencia lógica entre la decisión obtenida con los datos en los que se sustenta, pueden anular la decisión del organismo regulador.
(Cinco Días, 15-01-2019)

 
 
 
 
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