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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 18 DE GENER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 17 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 18-01-2019)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 17 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 18-01-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/index.php?d=16&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 18 DE GENER DE 2019

Fiscal

Las rentas altas conservan cuatro veces más saldo disponible para gastar que el asalariado medio español
En concreto, quien tributa por el tramo máximo del IRPF, a partir de los 60.000 euros de ingresos anuales, cuenta con una renta disponible media de 99.194 euros. A los perceptores del sueldo medio en España, que ronda los 23.000 euros, el saldo disponible medio se les reduce hasta los 24.000 euros. Aunque aparentemente estos declarantes conservan más saldo del que ingresan, esta diferencia se da por la distorsión estadística que producen las declaraciones negativas en los saldos bajos dado que el monto total se divide directamente entre el número de contribuyentes de cada grupo, aclaran desde la Agencia Tributaria, si bien la cifra ayuda a visualizar los saldos por tramos de IRPF.

Así figura en la estadística de los declarantes de IRPF en los mayores municipios españoles por código postal, publicada por la Agencia Tributaria con los datos del ejercicio 2016, en la que también se detalla que la renta disponible media de los españoles des de 25.086 euros. Así, aquellos con ingresos de hasta 6.000 euros cuentan con 8.012 euros de media (de nuevo por el efecto distorsionador de la estadística); los que perciben de 6.000 a 12.000 tienen 13.569 euros; los del tramo de 12.000 a 21.000 cuentan con 18.210; y los de sueldos de 30.000 a 60.000 tienen disponibles unos 35.524 euros de media.

Las diferencias se incrementan por regiones, entre los 16.562 euros de renta disponible media de los municipios de Extremadura y los 27.288 con que cuentan los contribuyentes que residen en la Comunidad de Madrid. Esto es, los madrileños tienen un 67% más que los extremeños. Semejante disparidad, en todo caso, se da dentro de la propia ciudad de Madrid. Así, la renta media disponible de un contribuyente de Vallecas es de 17.476 euros frente a los 61.562 euros de los residentes en el distrito de Salamanca-Goya.

El efecto es algo más acusado incluso en Barcelona, donde se dan rentas medias de 65.700 euros en Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes, frente a los 17.234 euros de renta media disponible en Vallbona-Ciutat Meridiana-Torre Baro-Canyelles, por ejemplo. En ambos casos, el saldo que conservan los contribuyentes de los distritos más acomodados tras el pago de impuestos y cotizaciones es cuatro veces superior al de los residentes de las zonas más humildes.

La Agencia Tributaria ha publicado además las estadísticas de los tres años anteriores, de lo que se desprende que la renta media de los contribuyentes de las grandes ciudades se elevó un 7,7% entre 2013 y 2016. Si bien, este incremento solo produjo entre las personas que con ingresos de hasta 12.000 euros –hasta 6.000 euros la renta media se elevó un 14,5% y entre 6.000 y 12.000, un 4,9%– y entre los que tienen sueldos superiores a 60.101 euros (11,8%). Por contra, entre los contribuyentes con sueldos medios bajó en el entorno del 1%.
(Cinco Días, 18-01-2019)

La Agencia Tributaria pone la lupa en las empresas ‘fantasma’ sin actividad
La Agencia Tributaria colocará su lupa este año sobre las empresas fantasma, aquellas que usualmente pasan por debajo del radar de la inspección por su aparentemente baja o nula actividad. El fisco sospecha que una parte de ellas, especialmente las de pequeño tamaño, esconden realmente negocios no declarados, entramados societarios o falsas situaciones de insolvencia que permiten ocultar patrimonio u otros fraudes. Esta medida supone la principal novedad del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que también recoge actuaciones específicas sobre las fintech, las criptomonedas, las haciendas forales o los efectos del Brexit (ver despiece).

En España hay registradas 1,42 millones de empresas, si bien solo 361.000 de ellas acaban pagando el impuesto de Sociedades, según los últimos datos recogidos por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), referentes al ejercicio fiscal 2015. La explicación es que la crisis dejó buena a parte de las compañías sin beneficios o, directamente, en la quiebra. La Agencia Tributaria que dirige Jesús Gascón sospecha, sin embargo, que hay otros casos que la Inspección debe analizar.

“Aun considerando que una parte de estas sociedades están inactivas de facto, existe otro colectivo, igualmente numeroso, de pequeñas sociedades comerciales o industriales que son empresarios cualitativamente avanzados que no pueden dejar de someterse a control”, reza el plan del fisco, que admite que, dada la complejidad que comportan, hasta la fecha las actuaciones de control de cobro del impuesto sobre Sociedades se han centrado en sociedades de mediano y gran tamaño. En 2019, sin embargo, el foco apuntará también a las “microempresas”.

Para ello, la Agencia Tributaria ha diseñado un plan de actuación conjunta de las áreas de Gestión e Inspección con especial atención a “aquellos contribuyentes que obstruyan la comprobación” de su actividad; las firmas que cuenten con algún tipo de desarrollo contable propio y las compañías que presenten “rangos de actividad, de beneficios, de ventas o de cobros que se reputen incoherentes con las normales del sector”.
(Expansión, 18-01-2019)

Hacienda pone el foco en las fintech y el comercio electrónico en su lucha contra el fraude
La Agencia Tributaria ha situado a las fintech (aplicaciones que ofrecen servicios financieros o bancarios intensivos en tecnología) y la logística del comercio electrónico como dos de las novedades en las grandes líneas de actuación para 2019. “La investigación en internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica especialmente en comercio electrónico, siguen constituyendo una prioridad para la Agencia Tributaria”, señala el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019, que ha publicado el BOE. Este año “continuarán las líneas de investigación iniciadas en años anteriores y se incorporarán otras nuevas”, asegura.

Respecto a las fintech, la Agencia tributaria anuncia que llevará a cabo un "estudio inicial" de este tipo de tecnologías “para evitar que su despliegue altere el grado de conocimiento que la Agencia Tributaria mantiene sobre la actividad económica”. En paralelo, “se analizan sus posibilidades para mejorar el servicio a los contribuyentes”, señala el informe.

En España existen más de 300 empresas fintech y 5.000 empleados en el sector con fuertes perspectivas de crecimiento. Según algunas estimaciones, las fintech facturan en torno a 100 millones al año en total. La mayor parte, casi la mitad, ofrece un modelo de negocio B2B (entre negocios), según el Observatorio Fintech de Finnovating de 2018. Las empresas que más empleo van a generar en este sector "serán empresas extranjeras que comienzan su actividad en España" recoge este estudio sectorial,

En cuanto al comercio electrónico, una de las novedades del plan de control de la Agencia Tributaria se centra en las actividades logísticas ligadas con el comercio electrónico. "No solo por su propia tributación, sino especialmente por servir de catalizadores de la actividad de otros operadores nacionales y extranjeros", asegura el documento. "Valiéndose de estas plataformas virtuales de mercado, consiguen una importante penetración comercial, no siempre acompañada de la correcta tributación directa e indirecta".

La Agencia explica que el crecimiento del comercio electrónico impulsa el aumento de empresas que “sustituyen al vendedor tradicional en el almacenamiento y entrega de los productos” y que en ocasiones este tipo de negocios están establecidos en España y en otras, en países de la UE. Como consecuencia de nuevas actividades como la “triangulación de envíos”, en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras, y «tiendas de tiendas» instaladas en páginas web.

Además, como continuación de actividades realizadas en años anteriores, se seguirá el análisis y estudio de los nuevos medios de pago "para avanzar en su control" y se propondrán medidas para establecer las mismas obligaciones a "todos los intermediarios en los mercados financieros".
(Expansión, 18-01-2019)

Laboral

Montero no descarta elevar el SMI a 1.000 euros en 2020 como piden los sindicatos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que el Gobierno apuesta por "seguir luchando" por los derechos laborales de los ciudadanos y que trabajarán con las organizaciones sindicales, en el marco de los convenios colectivos y del diálogo social, para considerar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de los 900 euros de 2019 a los 1.000 euros mensuales a lo largo del año 2020. "Las familias deben tener un trabajo que les saque de la pobreza o que, al menos, les permita llegar a fin de mes con cierta holgura", ha declarado la ministra.

En un encuentro con los medios previo a la reunión que ha mantenido con el secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, Montero ha realizado un nuevo llamamiento a todas las fuerzas políticas contrarias al proyecto, en especial a PP y Ciudadanos, para solicitar su abstención en la votación del PGE. "El apoyo a los Presupuestos no implica apoyo al Gobierno de Sánchez, sino a los ciudadanos españoles", ha defendido.

En este sentido, Montero ha señalado que el documento trata de recuperar los derechos que se quedaron "aparcados" durante la crisis y ofrecer una oportunidad a los empresarios y trabajadores. "Los ciudadanos deben saber que la utilidad de la política ha venido para quedarse y que el Gobierno se encuentra dando pasos en la dirección adecuada para conseguir un mayor colchón de bienestar para las familias españolas", ha declarado.

Respecto al Consejo de Ministros del viernes, la ministra ha indicado que el Gobierno aprobará los proyectos de ley de creación del impuesto a las tecnológicas y a las transacciones financieras, que supondrán una recaudación de 2.000 millones de euros en total, 1.200 millones correspondientes a la conocida como 'tasa Google' y 800 millones de las transacciones financieras.
(Expansión, 18-01-2019)

Trabajo abonará una ‘paguilla’ media de 13 euros a los pensionistas en febrero
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio ha anunciado que su departamento abonará en febrero a los pensionistas la denominada “paguilla” cuya cuantía por pensión será de media de unos 13 euros y se abonará una sola vez.

Esta paga puntual compensa la diferencia entre el incremento del 1,6% que tuvieron todas las pensiones en 2018 y el 1,7% que subieron los precios de media el pasado ejercicio. Esta décima de diferencia supondrá un desembolso de unos 127 millones de euros. Dividiendo esta cantidad entre cada una de los 9,6 millones de pensiones contributivas se obtiene la citada media de 13 euros.

Si bien, esta cuantía sería algo mayor si el reparto se hace entre el número de pensionistas (8,5 millones de personas), ya que hay poco más de un millón de beneficiarios que cobran dos pensiones –en su mayoría jubilación y viudedad--. En este caso la paga media que abonará el sistema euros sería de unos 14 euros de media.

Pero para calcular en concreto la cuantía de esta paga única, el pensionista deberá estimar cuánto es el 0,1% de su pensión anual. Así, por ejemplo, un jubilado que cobre una pensión de 2.000 euros mensuales tendrá una paga puntual de unos 28 euros y otro que reciba 800 euros mensuales, cobrará unos 11 euros extras en febrero.

Además, el secretario de Estado de Seguridad Social, ha precisado que solo recibirán esta paga única los pensionistas que tuvieran reconocida su pensión antes del 31 de diciembre de 2017.

Valerio ha hecho este anuncio durante la presentación de los detalles del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que prevé destinar 151.492 millones de euros para pagar pensiones, prestaciones de incapacidad temporal, familiares de maternidad y paternidad y otras rentas. Esto supondrá un incremento del 6,7% respecto al año anterior.

Para abonar estos gastos, Trabajo espera tener un fuerte aumento de la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social del 7,5%, unos 8.600 millones más. Casi la mitad de esta cantidad se explica por cambios legales adoptados por el Gobierno. Fundamentalmente por el incremento del salario mínimo y las bases mínimas de cotización un 22,3%; una subida del 7% de las bases máximas; la reforma del sistema de las empleadas de hogar; y el incremento de las bases y tipos de cotización de los trabajadores autónomos.

El Gobierno espera que la otra mitad de este incremento recaudatorio llegue de manos de la mejora de salarios y del empleo. En concreto, desde la Seguridad Social confían en que las bases medias de cotización crezcan un 3% este año, por el incremento del empleo, “en torno a un 2%” y de los salarios por encima de este último porcentaje.

De hecho, Valerio ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno “espera y desea” que el acuerdo de negociación colectiva entre patronal y sindicatos --que recoge una subida salarial de entre el 2% y el 3% para este año y tender a un salario mínimo de convenio de 1.000 euros al mes en 14 pagas en 2020—“funcione y tire para delante”, en palabras de la ministra.
(El País, 18-01-2019)

La retribución media bruta en las grandes empresas que operan en España aumentó un 0,7% en noviembre
Cinco décimas menos que en el mes de octubre, al tiempo que el avance del empleo se moderó al 2,8%, dos décimas menos que el mes anterior, según datos de la encuesta 'Ventas, empleo y salarios de las grandes empresas', elaborada por la Agencia Tributaria.

La AEAT ha destacado que los salarios en las grandes empresas acumulan un crecimiento del 0,8% en los once primeros meses del año pasado, casi un punto por encima del registrado un año antes. Por su parte, el empleo en las grandes empresas se moderó también en el undécimo mes del año, tras crecer un 2,8% en relación al mismo mes de 2017, lo que supone dos décimas menos que el mes anterior, aunque la AEAT apunta que "continúa la tendencia descendente observada desde mediados de 2017".

En términos mensuales, el salario medio bruto en las grandes empresas bajó cinco décimas, frente al alza de cuatro décimas de octubre, mientras que la ocupación, por su parte, no registró variación, tras el alza de cuatro décimas del mes anterior.

Por su parte, las ventas totales de las grandes empresas aumentaron un 2,1% interanual en el undécimo mes de 2018 una vez corregido el efecto estacional y de calendario, tasa nueve décimas inferiores a la de octubre (+3%).

No obstante, la tasa media de octubre y noviembre fue del 2,6%, por lo que se mantiene la senda de desaceleración observada desde el cuarto trimestre de 2017, según la AEAT.
(El Mundo, 18-01-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

España no deberá indemnizar por el recorte a las renovables
En una carta firmada el pasado martes por los representantes de los 28 países miembros de la Unión Europea, estos declararon nulos todos los tratados intracomunitarios de protección recíproca de inversiones. Una decisión que afecta tanto al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que en su día firmaron los Países del Este, entre ellos y con otros socios comunitarios, y que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en una sentencia de marzo de 2018 que resolvía la demanda de la holandesa Achmea contra la República eslovaca, como a la llamada Carta de la Energía.

Aunque ninguna sentencia de este tribunal ha anulado hasta ahora este tratado sobre inversiones energéticas y pese a que, a diferencia del TBI de los Países del Este, tiene un carácter multilateral y no bilateral (se adhirieron a él la propia UE, sus integrantes y otros países no europeos), Bruselas ha tirado por la calle del medio y los ha rescindido todos, argumentado que “son incompatibles con la legislación de la UE”. En este sentido, los firmantes consideran que “la protección de todos los inversores de la UE contra cualquier interferencia ilícita de los Estados miembros, está ya garantizada con la normativa comunitaria”.

Esta decisión unánime supone el espaldarazo total de la UE a España, que soporta el peso de una cuarentena de arbitrajes de inversores extranjeros (la mayoría europeos) que, invocando la Carta de la Energía, reclaman unos 8.000 millones de euros por el recorte de los incentivos a las energías renovables aprobados por el anterior Gobierno del PP en el marco de la reforma eléctrica.

A la vista de la declaración del martes, España se vería libre de responsabilidad en todos estos arbitrajes instados por inversores radicados en países comunitarios, no así del resto de internacionales (un reducido como Japón, Canadá o Abu Dabi. E incluso de los cinco laudos parcialmente condenatorios ya publicados, que la obligarían a pagar 396 millones de euros. Y es que el punto siete del documento establece la nulidad de todos los arbitrajes de inversión que no se hubieran “resuelto” antes de la publicación de la sentencia del TJUE sobre el caso Achmea, en marzo del año pasado. Por tanto, solo se salvan los inversores que ya hubieran cobrado sus indemnizaciones.

El acuerdo, que los 28 han venido negociando discretamente en los últimos meses, tuvo su germen en las conclusiones del Ecofin de julio de 2017, en el que los Estados y la CE se comprometieron, sin demora, “a intensificar los debates para garantizar la protección total, sólida y efectiva de las inversiones intracomunitarias”. Y deja claro que “la legislación de la Unión tiene prioridad sobre los tratados bilaterales firmados entre los Estados”, que resultan “inaplicables” y “no producen efecto”. En cuanto a la Carta de la Energía, considera que “los tribunales arbitrales han interpretado que contiene una cláusula incompatible con el Tratado de la Unión”, pues los inversores “gozan ya de la protección concedida” por la normativa de la UE.
(Cinco Días, 18-01-2019)

La deuda pública sube en más de 8.200 millones en noviembre y se sitúa en el entorno del 97,5% del PIB
La deuda del conjunto de las administraciones públicas se incrementó en noviembre en 8.248 millones de euros, hasta los 1,169 billones, con lo que escala hasta el entorno del 97,5% del PIB, después de que en septiembre marcara máximo histórico y se elevara al 98,3% del PIB, según los datos publicados este martes por el Banco de España. En concreto, la deuda pública aumentó en noviembre un 0,7% respecto al mes de octubre y repuntó un 2,6% en el último año, al registrar ahora 30.262 millones de euros más que en noviembre de 2017.

El Gobierno adelantó durante la presentación de la última actualización del cuadro macroeconómico que la deuda habría cerrado el 2018 en el 96,9% del PIB, por lo que es de esperar que se modere en el último mes del año hasta cerrar por debajo del 97% del PIB. Para este año, el objetivo se fijó en el 95,4% del PIB. Por administraciones, la deuda del Estado explica fundamentalmente el aumento de la deuda pública en noviembre, ya que se elevó en 9.151 millones, hasta los 1,029 billones de euros, lo que supone un aumento del 0,9% respecto al mes anterior. En tasa interanual repuntó un 4,3%.

En cambio, las comunidades autónomas elevaron ligeramente su deuda, hasta los 292.825 millones de euros, 415 millones de euros más que en octubre, si bien respecto a noviembre del año pasado se anotan un incremento mayor, del 2,3%. Seguridad Social Por su parte, las corporaciones locales redujeron su endeudamiento casi un 2% respecto al mes anterior, hasta los 26.391 millones, unos 520 millones de euros menos, y en el último año recortaron su deuda casi un 11%.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social repuntó en el penúltimo mes del año en más de 6.300 millones de euros, hasta los 41.193 millones, lo que supone un incremento del 18% respecto al mes anterior, mientras que en el último año el endeudamiento de la Seguridad Social ha crecido un 50,5%, como consecuencia de los préstamos del Estado al organismo para sufragar el pago de las pensiones.
(Cinco Días, 18-01-2019)

La industria turística prevé un alza del 5% de ventas
España logró en 2018 un nuevo récord de turistas extranjeros, con 82,6 millones. Un balance, sin embargo, ensombrecido porque el incremento en las llegadas fue del 0,9%, lo que representa la cifra más baja desde 2009. De esta manera, el ciclo expansivo del turismo iniciado en 2010 (en el que se ha pasado de 52,1 a 82,6 millones de viajeros extranjeros) podría haber tocado techo por la mejora de los destinos competidores de sol y playa, como Turquía, Túnez o Egipto. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, calculó ayer que solo en 2018 recuperaron 12,5 millones de los viajeros perdidos (8 de ellos los ha ganado Turquía) desde la irrupción de la primavera árabe y los atentados terroristas. “Esos países son los que han drenado turistas de sol y playa a España”, recalcó Oscar Perelli, director de estudios e investigación de Exceltur.

Pese a ese contexto más negativos, la industria turística se muestra muy optimista respecto a sus previsiones para este ejercicio y calculan que sus resultados y sus ventas, lejos de estancarse o de bajar este año, volverán a crecer con fuerza, con lo que encadenarían un ciclo de seis años seguidos de aumento. Esa es la principal conclusión que se puede extraer de la encuesta realizada a 2.000 firmas turísticas por Exceltur (hoteles, transporte, alquiler de vehículos, agencias de viajes o touroperadores), que refleja que las ventas subirán una media del 5,5% y los resultados avanzarán un 5,2% este año, por encima incluso de los avances registrados en 2018. “Aquellas empresas que están invirtiendo en renovar su oferta están siendo capaces de capitalizar esas mejoras en mayores precios y también en crear empleo, ya que el 60% considera que generará nuevos puestos de trabajo”, resaltó Zoreda.

Ocho de cada diez empresas consultadas aseguran que prevé mejores ventas y resultados que las obtenidas en 2018. Respecto a la facturación, un 12,9% de las empresas prevé que sus ventas crecerán entre un 5% y un 10%, e incluso un 13,9% avanza que su cifra de negocio aumentará a tasas superiores al 10%. En el caso de los resultados, un 21,2% prevé que subirán entre un 5% y un 10%, y un 7,5% augura que crecerán más allá del 10%. Los sectores que más optimismo albergan respecto a su evolución para este año son el transporte, el alquiler de vehículos y las agencias de viajes y turoperadores, mientras que en el otro lado se sitúa el sector hotelero, con crecimientos por debajo de la media.

Estas cifras, precisó Zoreda, pueden verse alteradas “por algunas de las medidas legislativas que se pueden poner en marcha en España o por un brexit duro”. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur fue especialmente crítico con la partida de gasto que se le ha reservado al turismo en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. “El presupuesto turístico deja mucho que desear a la hora de apoyar al sector en sus retos más importantes, como el reposicionamiento de la oferta y renovar sus instalaciones para atraer viajeros de mayor poder adquisitivo. Hay que proteger al turismo para que siga siendo la locomotora de la economía española”.

Zoreda apoyó su petición a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en las estimaciones de Exceltur sobre el peso que representa el turismo dentro de la economía española. Estas apuntan a que la actividad económica generada por el turismo en España habría alcanzado, al igual que la llegada de viajeros, un nuevo máximo histórico al cierre de 2018. En concreto habría llegado a 142.000 millones de euros, lo que supone un 11,8% del PIB de España.

El balance de Exceltur muestra cómo la pérdida de turistas británicos y alemanes llegados a España en 2018 se habría compensado con el crecimiento de otros mercados de larga distancia, gracias al fuerte crecimiento de las conexiones aéreas con esos destinos. Los últimos datos oficiales hasta noviembre revelan como en 2018 la cifra de vuelos a España creció un 5,6% (56.602 más), con un peso muy importante de destinos lejanos con turistas con un mayor poder adquisitivo. Es el caso de China, con un gasto medio por turista de 180 euros al día, donde el número de vuelos creció un 18,2%, o de EE UU, con un gasto medio de 137 euros por día y un incremento de las conexiones del 11,8%.
(Expansión, 18-01-2019)

Sector

El Constitucional da la razón a la Generalitat en su impuesto sobre pisos vacíos
El impuesto catalán que grava las viviendas vacías y que puso en marcha la Generalitat en 2015 se ajusta al derecho y no invade competencias estatales. Así lo ha determinado el Tribunal Constitucional, después de analizar el recurso que había presentado el anterior Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley aprobada por el Parlament. El tribunal ya había levantado la suspensión cautelar al tributo, si bien el Govern lo reformuló para poder seguir cobrándolo, a la espera de la decisión que se ha conocido este jueves.

La Abogacía del Estado presentó el recurso al Constitucional por considerar que el impuesto era redundante con uno de los apartados del Impuesto de Bienes Inmuebles, que preveía recargos de hasta el 50% si los pisos estaban vacíos. Esto implicaría invadir competencias del Estado central. Aún no se conoce el texto de la sentencia, pero sí la decisión de los magistrados, que ha adelantado El Español. El consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha celebrado la decisión judicial y ha lamentado que en su día Rajoy no reconociera el carácter “avanzado” de la normativa catalana.

El tributo a los pisos vacíos fue creado por la Generalitat como un instrumento para devolver al mercado de la vivienda miles de pisos vacíos en poblaciones catalanas, en plena crisis por el impago de hipotecas derivado de la crisis económica. El impuesto gravaba a las entidades financieras y grandes propietarios de inmuebles que estuvieran vacíos por más de 24 meses sin causa justificada.

En septiembre de 2016, el Constitucional levantó la suspensión cautelar y eso le permitió al Ejecutivo catalán recaudar ese año más de 18 millones de euros, que fueron destinados a comprar más vivienda social. Estaban exentas las viviendas particulares. Pese al recurso, la Generalitat reformuló el texto de la ley para poder seguir aplicándolo, pero ahora el Constitucional le da la razón.
(El País, 18-01-2019)

 
 
 
 
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