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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 23 DE GENER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Junta y la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la Mesa de Contratación de los Servicios Periféricos integrados en las Delegaciones del Gobierno
Orden TFP/31/2019, de 21 de enero, por la que se crean y regulan la Junta y la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la Mesa de Contratación de los Servicios Periféricos integrados en las Delegaciones del Gobierno.
(BOE, 23-01-2019)

Euro
Resolución de 22 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 22 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 23-01-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/index.php?d=20&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 23 DE GENER DE 2019

Fiscal

Hacienda elevará la retención por Sociedades
El Gobierno de Pedro Sánchez pretende volver a elevar la retención fiscal que se aplica a las grandes empresas españolas en el impuesto de Sociedades. El movimiento va solo un paso más allá del enorme salto que supuso la reforma impulsada en 2016 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que prácticamente duplicó de golpe el umbral de pagos fraccionados para enjugar el déficit público y salvar la cara del Ejecutivo del PP ante Bruselas. Su sucesora, María Jesús Montero, basa la decisión de seguir sus pasos en el incremento de ingresos previsto en su reforma fiscal si bien la medida, incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, llega en un momento en que la justicia cuestiona la constitucionalidad de elevar estos pagos adelantados.

En concreto, la Audiencia Nacional ha puesto en duda la legalidad del incremento del umbral de retenciones que Montoro aplicó a las grandes empresas, tal y como desveló ayer Expansión. En atención a la demanda de una compañía representada por EY Abogados, la Audiencia ha elevado el asunto al Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra. Un fallo en contra de la norma daría al traste con los planes del Gobierno actual de aplicar una nueva subida este año, lo que minaría su previsión de ingresos y podría terminar costando algún tipo de indemnización pública a las empresas que la reclamen.

Los pagos fraccionados que se aplican a las empresas son un sistema similar a las retenciones mensuales que se hacen habitualmente sobre las nóminas de los trabajadores para adelantar el pago que les corresponda por IRPF. Una vez se liquida el impuesto, la Agencia Tributaria reclama al contribuyente el monto que aún deba o bien, mayoritariamente en el caso del IRPF, le devuelve el exceso de retención que haya sufrido. El sistema para las empresas fue implantado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.

Luego, en septiembre de 2016, su ministro de Hacienda elevó el pago fraccionado de Sociedades del 12% de los beneficios empresariales al 23% tras el batacazo de recaudación que le supuso eliminar el tipo mínimo durante unos meses. La idea era acercar el umbral de esta especie de retención al tipo nominal de Sociedades, fijado en el 25%. Para bancos y petroleras, cuyo tipo nominal es del 30%, el tipo de pago fraccionado se fijó en el 25%. Además, Montoro rebajó de 20 a 10 millones de euros los ingresos de las compañías afectadas. La medida le permitió recaudar 8.000 millones de euros adicionales aquel ejercicio y adecentar la foto de fin de año de las cuentas públicas.

De esta forma, la Audiencia Nacional dictamina que no se han respetado los límites materiales del Real Decreto-ley que establece el artículo 86 de la Constitución, que estipula que "no podrán afectar (...) a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I". Entre ellos, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo (artículo 31).

El Constitucional ha dictado que no puede afectar a elementos esenciales del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, "como piezas básicas del sistema tributario". La Audiencia entiende que el Real Decreto-ley no puede cambiar ninguno de los elementos que determinan quién soporta y con qué intensidad la presión fiscal. Y la obligación de pago a cuenta es la carga tributaria que efectivamente soporta el contribuyente. "Si se alteran los elementos esenciales de esa obligación tributaria de pagos a cuenta, al menos temporalmente, se está alterando el deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos".

Respecto a la infracción del principio de capacidad económica que exige el artículo 31.1 de la Constitución, entiende la Audiencia que la autonomía que puede tener la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades no puede justificar una profunda desconexión entre la renta que se considera indicio de capacidad económica del sujeto pasivo a efectos del Impuesto y la que se considera a efectos del cálculo de los pagos a cuenta, incluyendo en la base de cálculo de éstos rentas exentas, y desconociendo el efecto que el resultado de ejercicios anteriores tiene sobre la capacidad económica real del sujeto pasivo. "Se impone de manera arbitraria un incremento en los pagos a cuenta sin consideración a la cuota tributaria que finalmente corresponde pagar a las sociedades y, por tanto, sin atender a su capacidad económica real", zanja.
(Cinco Días, 23-01-2019)

Funcas mantiene en el 2,2% su previsión de crecimiento de la economía española para este año
Los expertos estiman que la demanda nacional repuntará este año un 2,3%, mientras que el sector exterior restará una décima al crecimiento del PIB, a pesar de que estiman un aumento de las exportaciones del 2,6%, que sin embargo estará por debajo del alza del 3,4% de las importaciones.

En línea con la desaceleración de la economía, el ritmo de creación de empleo se ralentizará en 2019. En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se estima que el crecimiento en 2018 fue del 2,5%, una décima más que el anterior panel, y para 2019 se prevé una ralentización hasta el 1,9%, una décima menos que la estimación previa.

De esta forma, la tasa de paro se reducirá hasta el 15,3% en 2018 y el 13,8% en 2019, sin cambios respecto al panel anterior, mientras que los expertos esperan que la productividad crezca un 0,3%, frente al crecimiento nulo en 2018.

La mayoría de expertos sostiene que el año pasado se habría cumplido el objetivo de déficit del 2,7% del PIB, pero no ocurrirá así en 2019, dado que esperan un saldo del 2,2%, nueve décimas por encima del objetivo establecido por el Gobierno en los Presupuestos de 2019.

En cuanto a la evolución de la inflación, el panel de Funcas destaca que la bajada del precio del petróleo redujo la tasa interanual de inflación hasta el 1,2% en diciembre, por debajo de lo esperado, lo que ha conducido a recortar una décima la previsión de la tasa media de 2019, hasta el 1,5%. La tasa interanual de diciembre de este año se estima en el 1,5%.

Respecto al contexto exterior, aumenta el número de analistas que consideran que es desfavorable, tanto en la UE como fuera, reflejo del deterioro de la situación internacional. Así, los indicadores apuntan a un debilitamiento de la economía global más intenso de lo previsto en el anterior panel, con una última rebaja de las previsiones del FMI hasta el 3,5%, dos décimas menos que en octubre.
(El País, 23-01-2019)

El impuesto de matriculación crece a ritmo récord
El impuesto de matriculación, que se paga al comprar un coche, recaudó el año pasado más de 513 millones de euros, un 31,6% más que el año anterior, según los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria. Se trata del mayor aumento desde que hay registros. La caída en las ventas de vehículos diésel en detrimento de la gasolina, la moda de los todoterrenos urbanos (SUV), con más cilindrada, y el nuevo protocolo para medir las emisiones, explican el incremento histórico.

El sector del automóvil está inmerso en una auténtica revolución. El estallido del dieselgate —el caso que evidenció en septiembre de 2015 el fraude de los datos de emisiones— aceleró la transformación tecnológica y los cambios sociales. El mercado español no es ajeno a esta evolución. El año pasado por primera vez en mucho tiempo se vendieron más coches de gasolina que diésel. La cilindrada media de los automóviles aumentó y más coches tuvieron que pagar el impuesto de matriculación por superar el nivel mínimo de emisiones a partir del que hay que tributar (120 gramos de CO2 por kilómetro).

La estadística sobre el impuesto de matriculación difundida por la Agencia Tributaria permite construir una precisa radiografía sobre el mercado del automóvil en España. El año pasado se vendieron 1.362.387 coches, un 7% más que el ejercicio anterior. La cifra de automóviles matriculados sigue lejos del máximo de 2006, cuando se vendieron 1.516.271 vehículos. El 58,3% de los coches matriculados el año pasado eran gasolina, frente al 41,7% de diésel. Para hacerse una idea del cambio que vive el sector, en 2017 la proporción era exactamente inversa.

Las cifras de Hacienda muestran, además, que hasta el año pasado había más vehículos exentos de gasoil que de gasolina, que suele afrontar un tramo superior del impuesto. Uno de los datos que mejor explican el fulgurante aumento de la recaudación de este impuesto es el número de coches que tuvieron que tributar. Hasta hace dos años solo uno de cada cuatro (alrededor de un 25%) estaba gravado, el resto (el 75%) quedaba exento al emitir menos de 120 gramos de CO2. Pero el año pasado estas proporciones cambiaron. El 31,6% de los automóviles comercializados el año pasado tuvo que abonar el impuesto.

Detrás de esta variación se esconde el cambio impulsado por la Comisión Europea en el protocolo de emisiones. Desde septiembre se aplica el WLTP, un nuevo método para medir de forma más real las emisiones de los vehículos, que tiene en cuenta no solo el comportamiento en laboratorio, sino también en situaciones más estresadas. No obstante, el Gobierno evitó el gran golpe al aplazar hasta 2021 el grueso impacto fiscal de la nueva ley de emisiones. No obstante, la nueva normativa aumentó hasta un 5% el impuesto de matriculación. De hecho, la emisión media por vehículo creció el año pasado hasta los 119 gramos de CO2, dos más que el ejercicio precedente.
(El País, 23-01-2019)

Laboral

El Congreso convalida la subida salarial de los funcionarios, que se tramitará de urgencia
El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados convalidó este martes el real decreto-ley que eleva el salario de los funcionarios y aprobó tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. La norma recibió 343 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones para convalidarse, y 346 votos favorables a tramitarlo como proyecto de ley por procedimiento de urgencia y uno en contra.

Durante su intervención, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, repasó el acuerdo, que contempla una subida salarial fija del 2,25% este año, que se aplica ya de manera lineal para todos los empleados públicos, más un 0,25% variable ligado al PIB y otro 0,25% ligado a la negociación de fondos adicionales.

La ministra destacó que, con este decreto, cuyo contenido fue acordado con los sindicatos por el anterior Gobierno y posibilita la subida salarial desde el 1 de enero, se da un "impulso" a la Función Pública, es "un acto de justicia" y constituye una "decisión de política económica de impulso de la recuperación salarial y de consolidación de la dinámica de crecimiento económico". Justificó que se aprobó a finales del año pasado para que tuviera efectos desde el 1 de enero de este año y se evitara una "congelación" salarial, y quiso agradecer la "dinámica de cooperación en conversaciones previas" con los grupos parlamentarios.

Por parte de la oposición, desde las filas del PP, la diputada Susana López recordó que el real decreto-ley es consecuencia de los acuerdos del PP con los sindicatos y no del PSOE, y por ello, consideró que la ministra "tendría que dar las gracias y pedir perdón por no reconocer el trabajo de otros". Criticó que el Gobierno "se dedica a la foto de la vergüenza, la de mantener sentado al señor Pedro Sánchez en La Moncloa".

Desde Unidos Podemos, María Auxiliadora Honorato saludó las medidas, pero las consideró insuficientes. Esta diputada sostuvo que la recuperación de derechos económicos que habían sufrido los empleados públicos no puede condicionarse a la mejora de la economía. Por parte de Ciudadanos, Vicente Ten calificó de "supermartes" la jornada por debatirse la convalidación o derogación de ocho reales decretos-ley. Criticó al Gobierno por poner "en riesgo" el crecimiento económico y apuntó que Sánchez "no es de fiar".
(Expansión, 23-01-2019)

El aumento de 33 euros de la pensión de viudedad beneficia a 414.050 personas
La subida de 33,17 euros mensuales de la pensión de viudedad, que pasa de 814,54 euros mensuales a 847,71, beneficia desde este mes a 414.050 personas, de las cuales 409.429 (el 98,88%) son mujeres, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La mejora de 33,17 euros para quienes reúnen los requisitos supone un incremento de la pensión del 4,07%, que se traduce en 464 euros anuales, y tiene su origen en el aumento del 56 al 60% del parte de la base reguladora que se usa para calcular la prestación.

Los requisitos para percibir este aumento de la prestación son, fundamentalmente, ser pensionista mayor de 65 años, no tener salarios por trabajo y no percibir otra pensión pública ni otras rentas que superen un límite de ingresos situado en los 7.569 euros al año. El coste real de este incremento, teniendo en cuenta la compensación parcial de 12,9 millones de euros que aporta el Estado en concepto de complementos a mínimos, es de 28,5 millones de euros mensuales y 399 millones anuales.

La subida de las pensiones de viudedad ha supuesto una mejora en la brecha de género de las pensiones del 0,7 % en el último mes, dejando la diferencia entre la pensión media de hombres y mujeres en el 35%. En enero de 2019, la pensión media del sistema de Seguridad Social de los hombres ha subido el 1,8% y la de las mujeres el 2,8%, situándose así la subida media en el 2,2%. Trabajo ha explicado que este incremento de las pensiones de viudedad también se aplica a otras 445.639 prestaciones que reciben un complemento a mínimos, sin embargo, estos pensionistas no van a notar la subida en su nómina mensual, ya que el aumento se verá compensado con la bajada del complemento a mínimos que aporta el Estado.

El Ministerio ha recordado que en agosto de 2018 la pensión de viudedad subió desde el 52% hasta el 56% de la base reguladora, con lo que pasó de 753,97 a 811,97 euros al mes y benefició a 390.693 personas.
(La Vanguardia, 23-01-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los encuentros con empresarios copan la agenda de Sánchez en Davos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este miércoles al Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza), en la primera visita de un jefe del Ejecutivo español a este evento en nueve años. La agenda del presidente contempla varios encuentros con empresarios y un discurso, han informado fuentes del Ejecutivo.

Entre las entrevistas concertadas por Moncloa están el 'número dos' de Microsoft, Satya Nadella; el presidente y consejero delegado de Arcelor Mittal, Lakshmi Mittal; la consejera delegada de Booking.com Gillian Tans; la de Facebook, Sheryl Sandberg; el director ejecutivo de Amazon Web Services, Andy Jassy y la presidenta mundial de IBM, Ginni Rometty.

Según las fuentes, Sánchez ha recibido más de 60 peticiones de encuentros bilaterales en Davos. Finalmente ha optado por no concertar reuniones con responsables políticos, con quien puede encontrarse en otros foros, sino con grandes empresas, en su mayoría tecnológicas y que tienen interés en expandirse en España. En algún caso, según fuentes de Moncloa, podría tratarse alguna inversión de calado.

Sánchez llegará a Davos esta tarde y sus primeras actividades serán las reuniones con el 'número dos' de Microsoft y con el presidente de Mittal. A las 18 horas está prevista su intervención ante el plenario, un evento que, a diferencia de la mayoría de los que se celebran en Davos, es público. El mismo miércoles a última hora se verá con la consejera delegada de Booking.com. La agenda termina con una cena de líderes mundiales a puerta cerrada, a la que asistirá, entre otros, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

En su intervención ante el plenario, habrá alusiones a la crisis económica, al auge del populismo y del nacionalismo económico, al aumento de la desigualdad y al crecimiento económico que, a su juicio, es más débil de lo que debería ser si se enfocase en las personas. El formato del discurso ("intervención especial") está reservado para primeros ministros de grandes economías: este año intervendrán de este modo los jefes de Gobierno de Brasil, Japón o Italia, así como el vicepresidente chino, Wang Qishan.

El jueves por la mañana serán las reuniones con la consejera delegada de Facebook, el director ejecutivo de Amazon Web Services y la presidenta de IBM. Después, se reunirá con el presidente de la Confederación Suiza, Ueli Maurer, único responsable político con el que se reunirá. Después participará en un almuerzo de líderes a puerta cerrada sobre "el mundo en la era de la globalización 4.0" y, aunque aún está en preparación, posiblemente en algún encuentro sobre el futuro de la UE.

La última vez que un presidente del Gobierno español acudió a Davos fue en 2010; el año pasado lo hizo el Rey Felipe VI. La ministra de Economía, Nadia Calviño, también va a acudir al foro -será la única integrante del Consejo de Ministros que asista- y se reunirá empresarios, aunque por el momento no ha dado detalles al respecto.
(Cinco Días, 23-01-2019)

Davos reabre el debate sobre fusiones bancarias y la lucha con las ‘fintech’
La jornada inaugural de la 49º edición del Foro de Davos sirvió ayer como escaparate para reabrir los dos grandes debates que tienen en vilo al sector bancario: la competencia con las fintech y las fusiones como vía para ganar tamaño y ser más competitivas. En el informe Estado de la industria de servicios financieros 2019, elaborado por la consultora Oliver Wyman, presentado ayer en el Foro Económico Mundial de Davos, la recomendación es clara: solo sobrevivirán en el entorno digital aquellas que generen negocios digitales al margen del tradicional bancario. Dicho de otra manera, insta a la banca a crear sus propias fintech para subsistir en un entorno de permanente transformación digital.

El socio director y responsable global de servicios financieros de Oliver Wyman, Ted Moynihan, apuntó durante la presentación del informe que los procesos "aún son demasiado manuales" en una industria cuyo producto es electrónico. "Las empresas establecidas han de librarse de las ataduras de su infraestructura heredada y embarcarse en un viaje al futuro sin trabas", señaló en su exposición, recogida por EP. Y para ello citó algunos ejemplos de bancos que han apostado por impulsar ese tipo de estructuras. Es el caso de RBS Group, que lanzará próximamente Bó, una oferta digital construida con nueva tecnología en menos de 12 meses; el National Australia Bank (NAB), que ha implantado QuickBiz, una solución completamente digital de préstamos sin garantía; la aseguradora alemana Ergo, que ha creado Nexible, una fintech de su negocio de seguros de automóviles, o Goldman Sachs, que lanzó recientemente Marcus en EE UU y Europa con el fin de entrar en banca minorista.

El estudio subraya que esa manera de operar les proporciona las mismas ventajas que los nuevos operadores digitales y que además las entidades tradicionales cuentan con recursos y una base de clientes de los que carecen los negocios nativos digitales. Frente a aquellos que denuncian el elevado coste de la adaptación a la nueva realidad digital, el estudio de la consultora considera que es asequible y que es una manera de ofrecer una propuesta de valor al cliente para igualar o superar a estos competidores.

De esta manera consideran que la puesta en marcha de las nuevas plataformas bancarias y de seguros se pueden construir en un año a un coste de entre 10 y 60 millones de dólares (entre 9 y 53 millones de euros) utilizando las nuevas tecnologías, una plataforma abierta y servicios de terceros. Pablo Campos, socio director de Oliver Wyman en España, recalcó que las entidades que sean capaces de integrar "lo nuevo" con las ventajas de "lo existente" serán las que sobrevivan e incluso "ganen" en el futuro.

En este contexto de transformación, la fusión con otras entidades es otro de los ejes que se incluye en los planes estratégicos de la banca, especialmente en la Unión Europea. Buena prueba de ello se produjo en la intervención del consejero delegado y presidente de Bank of America, Brian Moynihan, en Davos que ve muy posible que surja en Estados Unidos una gran entidad financiera capaz de competir con las más grandes del sector y que sea fruto de un proceso de fusiones. "Se trataría", explicó, "de un proceso iné­dito en EE UU, al contrario de lo que ha ocurrido en Europa, donde las fusiones bancarias se han sucedido impulsadas por los organismos reguladores". En contra de la opinión de muchos directivos del sector financiero, Moynihan se mostró partidario de contar con una adecuada regulación, o de lo contrario los clientes pueden perder sus ahorros. "Es lo mismo que pasa cuando no se ponen controles de velocidad en las carreteras", aseguró.

En su opinión, la idea de tener servicios financieros no regulados para mejorar la competencia solo conduciría a mayores pérdidas. En la mesa redonda en la que participó Moynihan, que abordó la competencia en el sector financiero, intervino también el presidente del banco de inversión Blackstone, Stephen Schwarzmann, una de las pocas personas con línea directa con el presidente de EE UU, Donald Trump. Este último apeló a la necesidad de instaurar la educación digital de forma obligatoria, lo que mejorará las posibilidades de las empresas, pero también reducirá las desigualdades que tienen las personas en términos de oportunidades de trabajo.

En el campo de las fusiones entre bancos, la que estuvo en boca de todas las mesas redondas de Davos es la posible integración entre Deutsche Bank y Commerzbank, primer y segunda entidades alemanas por tamaño, que crearía un coloso europeo. Sería la tercera entidad más grande de Europa, con unos activos de 2 billones de euros, solo por detrás del HSBC y BNP Paribas. En esta fusión tendrán un papel protagonistas el Ejecutivo alemán, el mayor accionista del Commerzbank, con un 15% del capital.
(Expansión, 23-01-2019)

El Tesoro logra en la colocación sindicada la mayor demanda de un emisor público en euros
Los inversores siguen confiando en España y eso tuvo un reflejo directo en la emisión sindicada a diez años. El Tesoro vendió 10.000 millones de euros en un bono con vencimiento en abril de 2029 y un cupón del 1,45%. El precio de la colocación fue de 65 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés de referencia en el mercado interbancario libre de riesgo), equivalente a una rentabilidad del 1,462% frente al 1,33% en que cerró el bono de referencia a 10 años. El apetito despertado por el papel español permitió rebajar en cinco puntos básicos el precio con el que se inició la colocación.

Más destacado que el coste de emisión o el importe vendido lo fue la demanda registrada, que superó los 46.500 millones, por encima de los 43.000 millones registrados en la emisión sindicada de hace justo un año. Este récord traspasa fronteras, pues ya solo es la más alta lograda por el Tesoro, sino que se trata de la mayor de la historia conseguida por un emisor público en euros.

España pasó con nota la gran primera prueba de 2019 y pone de manifiesto cómo el cambio de Gobierno no está pasando factura al apetito de los inversores que se muestran optimistas con los fundamentales. La ministra de economía, Nadia Calviño, calificó de “excelente” la emisión y señaló que el resultado logrado “ratifica el mensaje que hemos venido recibiendo en estos últimos meses y que se ha mantenido e incluso incrementado en este inicio de 2019 de enorme interés por parte de inversores internacionales en nuestro país”.

Los inversores foráneos alcanzaron una participación del 81,6%. Significativa fue la demanda de los asiáticos a los que fue a parar el 11,8% de la emisión. La recuperación en 2018 del rating A- se ha convertido en la llave para que estos tomen posiciones en la deuda española. Los inversores franceses y alemanes se adjudicaron el 18,8% de la operación; los británicos e irlandeses, el 15%; alemanes, austriacos y suizos, el 10,5% mientras los procedentes de países nórdicos se hicieron con el 9,1%y los norteamericanos (EE UU y Canadá) se adjudicaron el 6,5%. En la emisión, coordinada por BBVA, Citi, Crédit Agricole, HSBC, JP Morgan y Société Générale, participaron 410 cuentas. Por tipología de inversor destacan los fondos de pensiones y aseguradoras (24,6%), seguido por tesorerías bancarias (23%), gestores de fondos (22,4%) y bancos centrales e instituciones oficiales (14,4%).

La emisión sindicada de España se suma a las efectuadas por otros soberanos europeos, especialmente los periféricos. La tranquilidad política de comienzos de 2019 está sirviendo a los estados para aprovechar la ventana de liquidez de inicio de año, un periodo marcado por el exceso de liquidez. La semana pasada fue el turno de Italia que vendió 10.000 millones en una subasta en la que la demanda alcanzó los 35.500 millones. Portugal hizo lo propio con una colocación de 4.000 millones en la que las órdenes y una demanda fue de seis veces la oferta. A estos países periféricos se sumaron Bélgica e Irlanda con demandas de 28.000 millones y 18.100, respectivamente. El fin de las compras del BCE pasa de puntillas en los mercados de la zona euro. Aunque Mario Draghi ha dejado de comprar deuda en el primario, continúa reinvirtiendo los vencimientos.
(Expansión, 23-01-2019)

Las VTC amenazan con dejar Barcelona por las concesiones a los taxistas
Uber y Cabify podrían estar a punto de dejar Barcelona. Lo harán si se aprueba el decreto ley de la Generalitat que obligará a precontratar los vehículos de alquiler con conductor con 15 minutos mínimos de antelación. Así lo ha asegurado, según informa Efe, el presidente en Cataluña de Unauto, Josep Maria Goñi, tras una breve reunión con el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet. Durante ese encuentro, la patronal de los VTC conocieron también que el Govern dará potestad al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para ampliar el plazo de precontratación hasta una hora.

"Desafortunadamente, y por la información que nos han trasladado en la reunión, la Generalitat de Catalunya ha cedido finalmente al chantaje del sector del taxi, que no ha dudado en secuestrar de nuevo la ciudad de Barcelona y emplear la violencia para seguir blindar su monopolio. Las restricciones anunciadas suponen la desaparición en Cataluña del sector de las VTC, que lamentablemente no podrán seguir dando servicio a los millones de ciudadanos que nos eligen cada día, y la destrucción de más de 3.000 empleos", ha asegurado Unauto en un comunicado.

La patronal, que ha lamentado "el mensaje que Cataluña y Barcelona están lanzando al mundo con esta medida sin precedentes", señala igualmente que van a estudiar todas las medidas legales a su disposición para "luchar contra esta regulación injusta, dictada por el sector del taxi e impulsada bajo coacciones inaceptables en un estado de derecho".

En un comunicado remitido esta noche Cabify asegura que "no ha adoptado ninguna decisión sobre su posible salida de Barcelona". Uber, por su parte, no ha querido hacer declaraciones, pero esta mañana su director en España, Juan Galiardo, aseguró en el programa de Antena 3 Espejo Público que "si se aprobase una regulación en cualquier Comunidad Autónoma que obligase de forma efectiva a establecer un tiempo mínimo de espera a nosotros no nos quedaría otra opción que cerrar el servicio". En el caso de Cataluña, añadió, "tendríamos que dejar a 3.000 o 4.000 conductores sin trabajo".

Los taxistas catalanes, que mantienen una huelga indefinida en Barcelona desde el pasado viernes, han asegurado que votarán este miércoles por la mañana si aceptan esta propuesta, y lo harán presumiblemente con urnas. El tiempo marcado por la AMB es el que ya había señalado esta mañana la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como óptimo, pues en su opinión es el plazo mínimo que "permite distinguir un servicio del otro", refiriéndose al taxi y los VTC. El sector del taxi catalán reclamaba un mínimo de 6 horas.

Además de Uber y Cabify, otras empresas de VTC podrían dejar Barcelona en los próximos días. El consejero delegado de Moove Cars, Rafael García Tapia, ya avanzó este sábado que saldrían de esta ciudad si finalmente se imponía un plazo de precontratación. Una medida que, en su opinión, supone un golpe mortal para el sector de los VTC. García Tapia señaló igualmente a este periódico que la petición de precontratación que venía haciendo el taxi de 6, 12 o hasta 24 horas no era más que una simple estrategia: "Están pidiendo muchas horas para que después se quede en 15 minutos o una hora y así poder decir que han cedido mucho".
(La Vanguardia, 23-01-2019)

El Congreso tumba el decreto sobre el alquiler de pisos
PP, Ciudadanos y los socios del Gobierno, Podemos y ERC, rechazan el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que quería impulsar el Ejecutivo. Es el primer decreto que no consigue aprobar. Revolcón de Podemos al Gobierno, que sufrió ayer su mayor derrota en el Congreso de la mano de sus aliados. La Cámara baja frenó con una mayoría de 241 diputados el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y de alquiler.

Se trata de la primera gran derrota del Ejecutivo, que presumía de haber aprobado otras 17 regulaciones por esta vía. La situación, casi sin precedentes, sólo la sufrió Adolfo Suárez, en 1979, y Mariano Rajoy, en 2017, aunque este último logró aprobarlo en una segunda votación. En esta ocasión, sólo 103 diputados votaron a favor: los 84 del PSOE, más los de Coalición Canaria, PNV y PDeCAT.

El fiasco del decreto pone en evidencia la fragilidad de un Gobierno que apenas cuenta con 84 diputados y necesita lidiar con las veleidades de sus socios a la hora de sacar adelante importantes cambios legislativos. La oposición venía criticando a Sánchez precisamente por emplear la figura del Decreto-ley de forma abusiva, cuando está reservado para cuestiones de urgencia. Desde el sector critican la falta de seguridad jurídica que genera aprobar una medida en el Consejo de Ministros sin los apoyos para sacarla adelante. El varapalo podría sentar precedente de cara a la aprobación de los Presupuestos de 2019 si no se pliega a las exigencias de determinados grupos. Aunque tanto Gobierno como Podemos niegan que vaya a afectar a la aprobación de las cuentas.

PP y Ciudadanos votaron en contra del Real Decreto, como era previsible, pero también lo rechazaron los propios socios del Gobierno, Podemos y ERC, con los que contaba para seguir adelante con su política de vivienda. Ambas formaciones escudaron su negativa en que el Gobierno no fijara topes de precio para los alquileres elevados. "Vamos a votar en contra porque no recoge los acuerdos que pactamos con el presidente del Gobierno", avanzó la portavoz de Podemos, Irene Montero, antes de entrar en el pleno.

Por su parte, el Ministerio de Fomento explicó que, antes de fijar topes para los alquileres, era necesario contar con información oficial que avale la situación de tensión y determinar los mecanismos para el control de precios; y critican que Podemos haya primado intereses partidistas, a escasos meses del mayo electoral, antes que el interés general de la medida.

Fuentes de Fomento critican que "Podemos se ha cerrado en banda y ha descartado las alternativas que le ofrecíamos". En las negociaciones que mantuvieron durante la tarde del lunes y ayer, el equipo de Ábalos le había propuesto a la formación morada, entre otras opciones, la creación de un Decreto de medidas complementarias que incluyera la iniciativa de control de precios o desarrollarlas a través de enmiendas al tramitar el Decreto como proyecto de ley.

Por eso, añaden, por mucho que Podemos le tienda la mano ahora para elaborar un nuevo Real Decreto, como propusieron ayer varios miembros del partido, la posición del titular de Fomento es que es una oportunidad perdida. "No vamos a presentar un decreto tentativo cada mes", añadió un Ábalos visiblemente enfadado en los pasillos del Congreso. Pero que la norma no vaya a ver la luz no significa que algunas de las medidas incluidas en la misma no vayan a tramitarse de otra forma. Desde Fomento explican que el Gobierno seguirá trabajando en ello a través de una Ley Estatal de Vivienda, en la que podría incluir algunas de las medidas ahora anuladas.

¿Y ahora qué? La derogación del Real Decreto en materia de vivienda y alquileres deja sin valor legal a la norma impulsada por el Gobierno, que modificaba cinco leyes, incluyendo una ampliación de la duración de los contratos de alquiler a cinco años, si el propietario era persona física, y a siete si se trataba de una empresa. También limitaba la cuantía de las fianzas a dos meses, entre otras medidas. Los contratos de alquiler que se firmen a partir de hoy volverán a regirse por la normativa anterior, aprobada por el PP en 2013, que establecía una duración de tres años para los contratos de renta, sin límite para las fianzas.

El problema de haber regulado una ley tan relevante y con tanto alcance sin tener asegurados los apoyos es que los contratos firmados entre el 18 de diciembre, cuando se aprobó la norma, y ayer, sí estarán sujetos a la normativa impulsada por el Gobierno, ya que, durante estos 35 días, el real decreto estuvo en vigor. El rechazo al Decreto fue recibido de forma positiva entre empresarios e inversores del sector inmobiliario, como Blackstone, que consideran que las medidas reducirán la oferta de vivienda y elevarán los precios.
(El Mundo, 23-01-2019)

 
 
 
 
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