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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 30 DE GENER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Foro para la mediación
Orden JUS/57/2019, de 22 de enero, por la que se crea el Foro para la mediación.
(BOE, 30-01-2019)

Euro
Resolución de 29 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 29 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 30-01-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/index.php?d=26&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 30 DE GENER DE 2019

Fiscal

Hacienda avanza que el déficit público baja al 1,49% del PIB hasta noviembre
El déficit del conjunto de las administraciones públicas -excluidas las corporaciones locales- bajó un 28,5% hasta el mes de noviembre del año pasado y se situó en el 1,49% del PIB, con lo que cerró el ejercicio 2018 en el 2,7% del PIB. Así lo ha avanzado la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de ley de las nuevas cuentas de 2019, en el que ha detallado los datos de ejecución presupuestaria hasta el mes de noviembre de 2018 que el Ministerio de Hacienda publicará este martes.

En concreto, Gualda ha detallado que el déficit del conjunto de las administraciones (Administración Central, comunidades autónomas y fondos de la Seguridad Social) descendió un 28,5% en los once primeros meses de 2018, hasta el 1,49% del PIB. Por administraciones, el déficit de la Administración Central se redujo un 29,6% en el periodo, hasta el 1,03% del PIB, al tiempo que los fondos de la Seguridad Social redujeron su desajuste un 12,1%, hasta el 0,57% del PIB. Asimismo, las comunidades autónomas volvieron a registrar superávit y alcanzó los 978 millones de euros, lo que representa el 0,11% del PIB.

De esta forma, Gualda ha asegurado que a falta de un mes para tener el cierre completo del ejercicio Hacienda dispone de unas previsiones "bastante ciertas" de que el año 2018 concluyó con un déficit público del 2,7% del PIB. El Ministerio de Hacienda ha enviado posteriormente una nota con la ejecución presupuestaria hasta noviembre, según la cual la mejora del déficit público es consecuencia del aumento del 6,7% de los ingresos, en los que destaca el incremento del 7,5% de la recaudación impositiva y del 4,9% de la las cotizaciones sociales.

Frente a ello, los gastos han crecido a menor ritmo (4,3 %) debido fundamentalmente al incremento de la inversión en un 13,9 %, así como al aumento de las prestaciones sociales en un 4,1 % y de la remuneración de asalariados en un 3,3 %. Los intereses de la deuda pública devengados hasta noviembre ascendieron a 26.722 millones, cifra muy similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Descontado su efecto, se obtiene un superávit primario de 8.667 millones frente al superávit primario de 1.031 millones obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La Administración Regional ha pasado de un superávit de 363 millones en noviembre de 2017 (0,03% del PIB), a un resultado positivo de 1.341 millones hasta noviembre de 2018 (0,11 % del PIB). En esta evolución ha influido de manera determinante los mayores recursos netos procedentes del sistema de financiación autonómica, que han crecido un 3,8 %, lo que supone 3.514 millones más que el año anterior. Diez comunidades autónomas han registrado superávit hasta noviembre, siendo los mayores para País Vasco (722 millones) y Canarias (667 millones), frente a las siete en déficit lideradas por la Comunidad Valenciana (878 millones).
(Cinco Días, 30-01-2019)

Bruselas y la Airef se suman a las dudas del Banco de España sobre los Presupuestos de Sánchez
Los Presupuestos Generales de 2019 diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez han comenzado acumular muestras de desconfianza, particularmente en torno a sus previsiones de ingresos y su capacidad para reducir el déficit público, por parte de algunos de los organismos oficiales más relevantes.

Tras el mazazo asestado por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su declaración ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados este lunes, el martes se han sumado a las críticas la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Comisión Europea.

Esta última ha remitido un escrito a las ministras de Economía, Nadia Calviño, y Hacienda, María Jesús Montero, poniendo en duda la recaudación prevista en las cuentas, especialmente en el caso de la novedosa tasa Google sobre las actividades digitales (por su novedad) y la tasa Tobin sobre la compraventa de acciones (por su escasa ambición). En paralelo, Bruselas cuestiona la capacidad del Ejecutivo para alcanzar el objetivo de déficit del 1,3%, según recoge Reuters.

Fuentes oficiales aseveran, en todo caso, que el mensaje de la Comisión es positivo en la medida en que no tumba el plan del Gobierno, ni solicita siquiera correcciones, y se limita a dudar de las estimaciones de ingreso que son siempre inciertas cuando se introduce un nuevo impuesto. Estas mismas voces aducen que misivas anteriores fueron mucho más severas.

El problema es que Bruselas no está sola en su inquietud. En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, ha subrayado que la previsión de ingresos públicos estimada por el Ejecutivo se desviará previsiblemente a la baja haciendo "improbable" cumplir con el objetivo del déficit del 1,3% para 2019. Previsiblemente, estima, el agujero solo se rebaje del 2,7% de 2018 al 2,2% este año.

El razonamiento de la Airef se basa en dos postulados: la previsión de que los gastos anunciados se desvíen ligeramente al alza y, ante todo, la estimación de que la recaudación prevista será sensiblemente inferior a la esperada por Hacienda.

Concretamente, frente al ala del incremento de ingresos públicos del 9,5% previsto por el Gobierno frente a la ejecución presupuestaria de 2018, la Airef estima que el aumento será de solo el 7,6%. La rebaja se sustenta fundamentalmente en la convicción de que la reforma fiscal presentada por la ministra María Jesús Montero será menos eficaz de lo que plantean las cuentas del Gobierno.

Específicamente, la Airef pone en cuarentena los ingresos fiados a la implantación de los nuevos impuestos a la compraventa de acciones (tasa Tobin) y las actividades digitales (tasa Google). Mientras el Ejecutivo espera ingresar con ellas 2.050 millones, el organismo que dirige Escrivá asume que solo arrojarán 350 millones. Seis veces menos.

El informe de la autoridad también rebaja de 670 a 503 millones de euros la recaudación posible con el alza del gravamen del diésel y rebaja a cero el impacto del alza en Patrimonio porque depende de las comunidades y no ve visos de que lo apliquen. En general, el organismo reduce de 5.654 a 2.908 millones el impacto positivo de la reforma fiscal. El principal motivo argumentado por Escrivá es que el retraso en la aprobación de las cuentas y las nuevas figuras impositivas rebajará en 1.300 millones de euros la recaudación.

En paralelo, frente a los 3.000 millones de euros adicionales que el Gobierno aspira a lograr con el incremento de cotizaciones, Airef rebaja el monto adicional a 2.300 millones. Así, aunque asume que los ayuntamientos lograrán superávit y las Comunidades Autónomas se acercarán a su objetivo de déficit, el organismo considera que tanto la administración central como la Seguridad Social incumplirán la senda fiscal establecida.

Del lado del gasto, el organismo subraya que las partidas suman 2.300 millones más que en el plan presupuestario anunciado en otoño, alcanzando los 5.128 millones. La gran diferencia es la inversión de 2.415 millones en planes de vivienda, subvencione al trasporte o inversiones en Adif. A partir, de ahí, Airef considera que la factura final se incrementará en 5.250 millones, algo por encima de lo esperado.

Con todo, la Airef ve escaso margen de actuación para ajustar el gasto. Más de la mitad de la inversión, recuerda, está comprometido ya con las comunidades autónomas, porcentaje al que habría que sumar las aportaciones a la UE, las clases pasivas o el pago de intereses. Solo un 27% del total presupuestado puede considerarse gasto disponible y los 24.842 millones que cuesta el alza salarial a los funcionarios están pactados con los sindicatos lo que solo deja 35.000 millones de gasto que sería posible modificar, estima el informe presentado al Congreso. Un monto estrecho del que sacar los 10.800 millones que distancian el 2,2% de déficit previsto del objetivo del 1,3%.
(Expansión, 30-01-2019)

Ribera anuncia un IVA reducido de la luz para ciertos tipos de actividad
El Gobierno estudia medidas de fiscalidad que ayuden a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética, incluyendo a los grupos vulnerables. En comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que su gabinete está estudiando, junto al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de poder adoptar un IVA reducido para la luz dirigido al recibo de "según qué tipos de consumidores".

No obstante, posteriormente fuentes del Ministerio precisaron que la ministra quería referirse al estudio de una serie de medidas de fiscalidad dirigidas a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética. Las mismas fuentes señalaron que en este tipo de colectivos se incluirían, por ejemplo, los productores de autoconsumo o los inversores en 'PPA' (contratos de compraventa de electricidad a largo plazo) renovables.

Así, indicaron que el espíritu de estas medidas, para las que ya se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda, es apoyar a aquellos grupos que faciliten la transición ecológica.

En su comparecencia, Ribera subrayó que el precio de la luz es un asunto "sensible e importante", especialmente cuando se refiere a la población más vulnerable, por lo que desde la llegada al Gobierno no se han dejado de adoptar medidas para poder responder a ello.

Así, defendió que "sólo un sistema eficiente basado en renovables permite precios de la electricidad estable", como se demostró la semana pasada cuando la producción récord de la eólica llevó a España a marcar el precio del 'pool' más barato de Europa, por lo que aseguró que es "ineludible" transitar hacia "un mercado así".

Ribera indicó que las medidas temporales adoptadas en octubre, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante seis meses o la exención del 'céntimo verde' para la generación del gas, han supuesto una reducción de entre el 8% y el 16% en el precio medio mercado mayorista de la electricidad, el conocido como 'pool', y han representado una reducción en la factura de un consumidor doméstico tipo acogido a la tarifa regulada (PVCP) de "alrededor del 4%".

La ministra aseguró también ser consciente de que estas medidas coyunturales no son "una solución definitiva" para un consumidor que quiere facturas "más predecibles y estables", pero sí que afirmó que representan "un alivio" con respecto a la situación anterior.

Por otra parte, señaló que el Gobierno estudia iniciar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas, según vayan cumpliendo su vencimiento, para beneficiar a los colectivos de proximidad, "subrayando esa importante función público que deben desempeñar los saltos de agua", dijo.

Dentro de este beneficio para los colectivos de proximidad, también adelantó que es intención del Ejecutivo impulsar pequeñas subastas renovables en los diferentes territorios, con el objetivo de que se presenten oportunidades a estos territorios con el despliegue de las renovables.
(El País, 30-01-2019)

Las tecnológicas cargarán 665 millones al consumidor por la ‘tasa Google’
La ‘tasa Google’ -el impuesto a las grandes tecnológicas impulsado por el Gobierno- tendrá un impacto de entre 515 y 665 millones de euros en el bolsillo de los españoles por el aumento de precio de los servicios, ya que las damnificadas buscarán compensar la mayor fiscalidad, apunta un informe realizado por PwC a petición de las patronales tecnológicas Ametic y Adigital. Esto se traduce en unos 30 euros por cada consumidor.

Asimismo, las empresas usuarias de servicios digitales verán reducidos sus beneficios en entre 450 y 562 millones, por la caída de la facturación y el incremento de los costes. Con este panorama, las asociaciones plantean que la medida supondrá un recorte de las ventas y de la productividad.

En concreto, estima que los consumidores perderán bienestar por el incremento del precio de los productos y servicios, al pagar más por ellos, “repercutiendo negativamente en el ahorro”, o incluso, en algunos casos, no pudiendo adquirirlos o disfrutarlos.

Por su parte, las empresas españolas usuarias de los servicios digitales ganarán menos por el aumento del coste de uso de plataformas y marketing online y por las menores ventas por el traslado de parte del precio al cliente final.

Asimismo, el informe también advierte de que la tasa digital, con la que el Gobierno prevé recaudar 1.200 millones de euros anuales, también tendrá otro impacto colateral en las cuentas públicas, ya que debido a la menor facturación en el sector también se reducirá la recaudación del IVA.

Por todo ello, las patronales han considerado “muy difícil” que Hacienda consiga recaudar 1.200 millones de euros al año, lo previsto con la tasa, y han calificado esa cifra de “enormemente ambiciosa”. Así, apuntan a unos ingresos de unos 600 millones, tal y como recoge la propuesta de la Comisión Europea en su variante a nivel continental.

“La estimación de 1.200 millones no sabemos cómo se ha hecho”, ha asegurado la directora general de la patronal tecnológica Ametic, María Teresa Gómez, en la presentación de un estudio. “No tiene mucho sentido”, ha apuntado, por su parte, el director general de Adigital, José Luis Zimmermann.

Los representantes de ambas asociaciones han abogado por el consenso internacional y europeo en esta materia y ha alertado de que hacerlo en solitario sitúa a España, a sus ciudadanos y sus empresas, en posición de “clara desventaja competitiva” con respecto a otros países del entorno. También critican que es una tasa “discriminatoria”, ya que apunta solo a ciertas actividades, y lleva a la doble imposición, dado que estas compañías también pagan Impuesto de Sociedades.

Por otro lado, el estudio advierte de que esta tasa tendrá un impacto negativo en la economía a largo plazo, ya que ralentizará su digitalización, fundamental para garantizar la competitividad de la economía española y sobrevivir en un contexto globalizado.

En esta línea, también incide en que tendrá un efecto distorsionador sobre el mercado, ya que crea ventajas competitivas de determinadas empresas frente a otras. En concreto, perjudicará a las más digitalizadas que utilicen plataformas de terceros para vender o anunciarse, que son generalmente pymes, quienes también verán encarecidos los costes de exportar sus servicios y productos.
(El País, 30-01-2019)

Laboral

El mercado laboral cierra 2018 con el paro más bajo en diez años y la mayor creación de empleo desde 2006
El paro se ha reducido en el último año en 462.400 personas, hasta un total de 3.304.300 desempleados. La tasa de desempleo ha retrocedido al 14,45% y marca su nivel más bajo desde finales de 2008. Así lo ha hecho hoy público el Instituto Nacional de Estadística a través de la Encuesta de la Población Activa. En el último trimestre de 2018, la caída ha sido de 21.700 personas, hasta un total de 3.304.300, que también es la cifra más baja en 10 años.

En comparación con el tercer trimestre, la tasa de paro (el porcentaje de desempleados sobre la población activa) ha bajado una décima, mientras que la caída en los tres últimos años ha sido de 6,45 puntos. A finales de 2017, este porcentaje era del 16,55%. Mientras que la tasa de paro femenino ha subido cuatro centésimas, hasta el 16,26%, mientras que la masculina. ha bajado 24 centésimas al 12,87% (es la primera en diez años está por debajo del 10%). Por grupos de edad, se observan descensos del paro este trimestre entre los de 16 a 19 años (-17.600), los de 20 a 24 años (-8.200) y los de 25-54 años (-30.300). Por el contrario, el número de parados ha subido en 34.400 entre las personas de 55 años y más.

En cuanto al número de personas ocupadas, ha crecido en 36.600 personas en el cuarto trimestre de 2018 respecto al trimestre anterior (un 0,19%) y ha alcanzado las 19.564.600. No se registraba una cifra tan elevada de empleo desde 2008. En el conjunto de 2018, el incremento ha sido de 566.200, una cifra no alcanzada desde el año 2006. El empleo del sector privado ha aumentado en 430.000 personas durante 2018, mientras que en el ámbito público ha crecido en 136.200 efectivos, hasta 3.211.000 ocupados, la cifra más elevada en siete años. Es llamativa la evolución en el último trimestre puesto que la ocupación en el sector público se ha disparado en 43.400 personas en el sector público, frente a la caída en 6.900 en el privado.

Por sexos, la ocupación ha sumado 45.800 mujeres a final de año y ha perdido 9.300 hombres. En cambio, en el conjunto del ejercicio el comportamiento es bastante diferente: 313.900 hombres más y 252.300 mujeres más. Los sectores que más han tirado del empleo durante 2018 han sido los servicios (428.100 ocupados más), la construcción (136.300) y la agricultura (4.900), frente a la industria, que ha perdido 3.000 puestos de trabajo. Entre octubre y diciembre, la agricultura ha sumado 57.200 ocupados y la construcción, 39.800, mientras que los servicios y la industria han registrado peor comportamiento.

En el último año, el empleo a tiempo completo se ha incrementado en 476.800 personas y el empleo a tiempo parcial en 89.400. Además, los trabajadores con contrato indefinido han aumentado en 363.700 (hasta 12.034.1000, niveles máximos desde el segundo trimestre de 2008) y los temporales, en 167.300. Así, la tasa de temporalidad ha disminuido 57 centésimas, hasta el 26,86%.
(Cinco Días, 30-01-2019)

Las empresas vuelven a relajarse en materia de igualdad de género
El 8 de marzo se acerca en lo que promete volver a ser una jornada histórica en materia de igualdad de género. Sin embargo, las consecuencias de este movimiento, que vio su máximo exponente en la huelga feminista del pasado año, se reparten de forma desigual entre las diferentes capas y sectores de la sociedad. En la empresa y el trabajo, por ejemplo, el impacto a mejor ha sido sustancialmente más bajo que en entornos como la familia o la sociedad en general. Es lo que se extrae de la tercera oleada del Esade Gender Monitor, un estudio que analiza las políticas de igualdad que se implementan en lo más profundo de las organizaciones y su impacto, en esta ocasión negativo.

Como primeras pinceladas, la proporción de directivas que advierte barreras de género en sus empresas aumenta respecto al pasado año en cinco de los frentes más importantes en materia de igualdad. El porcentaje de ejecutivas que ve más difícil la conciliación entre vida personal y profesional pasa del 27% al 46%, la cifra de mujeres que advierte una mayor brecha salarial sube del 33,5% al 41% y el porcentaje que dice sufrir una falta de reconocimiento asciende del 26% al 34%. A esto se le añade una mayor invisibilidad para la promoción interna (del 18% al 23%) y el padecimiento de mobbing por parte de jefes o compañeros varones (del 8% al 13%).

“Es llamativo que en un año haya subido la percepción de todas estas barreras”, reconoce Patricia Cauqui, profesora de Esade y coordinadora del informe, quien se atreve a señalar algunas de las razones que explican este bajón. En primer lugar, “el peligro de conformarse con alguna medida”. Es cierto que más de la mitad de las empresas españolas cuenta en su plan estratégico con alguna política para fomentar el equilibrio de género, siendo la implementación de los horarios flexibles y la formación en habilidades directivas las más frecuentes. También lo es, aunque la proporción de géneros sea mínima, que el 77% de las compañías sienta a alguna mujer en su comité de dirección.

El problema, prosigue Cauqui, es afrontar esto de forma aislada. “El peligro de contar con alguna medida, pero no con un plan claro, o con alguna mujer, pero no con las suficientes, es caer en la autocomplacencia de estar ya en el camino y en la ceguera de no ver que ese camino puede ser eterno y contraproducente”.

También falta, asegura la docente, una implicación real por parte de la alta dirección, que ha visto caer sus tasas de complicidad con esta problemática en más de siete puntos en solo un ejercicio, pasando del 34% al 41% actual. Las razones que las 500 directivas encuestadas esgrimen como motivo no son más halagüeñas. El 63% afirma que estas medidas no se entienden como una prioridad para la organización, el 32% dice que no suponen un reto para la alta dirección, el 26% alega una falta de evidencia en los resultados y el 18% se decanta por los altos costes que supone implementarlas.
(Cinco Días, 30-01-2019)

En 2050 el gasto en pensiones podría aumentar hasta 6 puntos del PIB
Funcas estima que en 2050 el gasto público en pensiones en España podría situarse entre 4 y 6 puntos sobre el PIB por encima del gasto actual, algo que considera "preocupante" teniendo en cuenta que no espera un incremento de los ingresos fiscales capaz de absorber este mayor gasto.

Funcas, en su publicación 'Envejecimiento de la población, familia y calidad de vida en la vejez', asegura que este aumento del gasto no se podrá financiar si no se amplía "muy significativamente" el tamaño y la productividad de la población empleada o sin elevar la presión fiscal vía cotizaciones o impuestos hasta un nivel que resultaría "perjudicial" para el mercado de trabajo y la competitividad.

Así, afirma que el mantenimiento de "déficits significativos" de la Seguridad Social durante los últimos años de recuperación económica plantea "dudas razonables" sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. "Esas dudas aconsejan adoptar prudentemente tanto medidas de contención del crecimiento del gasto como otras orientadas al aumento de los ingresos", subraya.

En este contexto, apuesta por ajustar los periodos de cotización y jubilación en función de la esperanza de vida, medida que podría contribuir a "cuadrar las cifras", tratando siempre de evitar que estos ajustes produzcan "inequidad intergeneracional". Asimismo, aboga por proporcionar de manera "eficaz, regular y masiva" información a los ciudadanos sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y su situación financiera.

Con este objetivo cabría plantearse, según Funcas, la creación de un observatorio público de las pensiones como organismo independiente encargado de recoger y difundir periódicamente información actualizada y de realizar un seguimiento de las reformas que se vayan acometiendo en España y otros países.

"Un observatorio público de las pensiones debería asimismo proveer información individualizada a los ciudadanos sobre su situación particular en relación con el sistema de pensiones, proporcionando elementos de juicio fundamentales tanto para que los futuros pensionistas puedan adoptar decisiones previsionales ante su jubilación, como para que los actuales pensionistas conozcan y valoren el rendimiento del sistema de pensiones y el retorno que obtienen de él", reitera.
(Expansión, 30-01-2019)

La CEOE alerta de que “cargar la fiesta” de impuestos a las empresas repercutirá en el empleo
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha alertado de que “cargar la fiesta” de impuestos a las empresas limitará la creación de empleo. Es decir, “hará que se consiga lo contrario a lo que pretende” el Gobierno. Garamendi ha recordado que el 90% de los empleos en España se crean en la empresa privada. “Estamos en un buen momento. Vamos a crear empleo, pero cuidado con cargar la fiesta a las empresas, porque lo que se va a conseguir es lo contrario”, ha dicho al respecto en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

El presidente de la patronal se ha referido así al aumento de las cotizaciones sociales, al incremento de impuestos o a la creación de la tasa a las transacciones financieras, entre otros. Posteriormente, ha apostillado que le preocupa que si no se toman medidas que favorezcan la competitividad de las empresas, habrá problemas a la hora de crear empleo. “Llevamos unos años con una senda de crecimiento de empleo muy importante, con más de 500.000 trabajos creados al año”, ha resaltado Garamendi, tras afirmar que estas cifras eran posibles gracias al crecimiento de la economía española y mundial.

Sobre los datos de empleo publicados este lunes, Garamendi ha apuntado que las empresas están “mucho más preparadas” para afrontar los retos económicos, pero que las previsiones de creación de empleo para 2019 rondarán los 300.000 puestos, en lugar de superar los 500.000, como se estaba registrando en los últimos años. En esta línea, ha asegurado que le preocupa que el aumento de cotizaciones sociales o el incremento de impuestos va a significar una contracción de la economía y hará que “las empresas no creen los empleos que están deseando crear”.

Por otro lado, preguntado por el posible adelanto de elecciones si no se aprueban los Presupuestos de este año, el presidente de la patronal ha dejado claro que los empresarios “no hacen política”, sino que están para trabajar por este país.

“Es legítimo que haya elecciones y que no las haya”, ha resaltado, tras asegurar que los empresarios “jugarán en el campo de juego que les toque”. Sobre este tema, el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, ha afirmado que los empresarios deben adaptarse a la política y que deben intentar siempre que los políticos “manden bien”.
(La Vanguardia, 30-01-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Parlamento británico insta a May a renegociar la frontera con Irlanda, pero rechaza un Brexit duro
A dos meses exactos para que Reino Unido salga de la Unión Europea, los diputados británicos dieron este martes una segunda oportunidad a Theresa May después de que el pasado 15 de enero la primera ministra sufriera en la Cámara una aplastante e histórica derrota. Los parlamentarios acordaron esta vez respaldar el acuerdo del Brexit si la premier británica logra arrancar a Bruselas una solución distinta para la frontera norirlandesa de la actualmente pactada. Así lo decidió este martes el Parlamento de Westminster por 317 votos a favor -ni uno más, ni uno menos, justo el número que May necesitaba- y 301 en contra.

Tras el batacazo de hace dos semanas, la premier sale ahora reforzada para renegociar un nuevo estatus en la frontera con Irlanda. Una línea roja está clara: los diputados no aceptan una salida de la UE sin acuerdo, pero, en cambio, rechazan extender el plazo de salida, previsto para el 29 de marzo. Unas decisiones que, si bien no son jurídicamente vinculantes, sí ejercen presión política sobre May para que cumpla con el mandado del Parlamento.

“Una mayoría ha dicho que apoya el acuerdo si se hacen cambios al backstop [la salvaguardia norirlandesa]. Ahora existe una ruta clara”, valoró la primera ministra tras conocer el resultado de la votación, ante la decepción de Bruselas. Horas antes, May había pedido a los diputados que mandasen un “mensaje rotundo” a la UE con los pasos a seguir para culminar el Brexit.

May había llamado a los conservadores –tanto fieles como rebeldes– a respaldar la enmienda presentada por el también tory Graham ­Brady, presidente del influyente Comité 1922, según la cual el Parlamento respaldaría su plan del Brexit si se eliminaba la cláusula norirlandesa y se sustituía por un “arreglo alternativo” para evitar una frontera física entre las dos Irlandas. Incluso el ala euroescéptica más dura del partido, liderada por Jacob Rees-Mogg, anunció una hora antes de la votación que la secundaría.

Ese respaldo confiere a May un nuevo órdago con el que presionar a Bruselas para seguir negociando a pesar de la firme negativa de la UE de reabrir un acuerdo de cerca de 600 páginas y casi dos años de duros tira y afloja. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk volvió a insistir tras la votación que el backstop no era renegociable, retomando las palabras que, horas antes, le había trasmitido a May el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Fuentes de Bruselas señalan que solo sería posible introducir cambios en la declaración política –sin tocar el acuerdo– y que, para ello, Londres tendría que definir qué “arreglos alternativos” concretos quiere.

Antes de votar esta enmienda, el Parlamento mandó sin embargo una advertencia a May. Los diputados apoyaron una moción presentada por la diputada conservadora Caroline Spelman que rechazaba que el Reino Unido abandonase la UE sin un acuerdo con Bruselas. 318 parlamentarios la han respaldado, mientras que 310 han votado en contra. Tras conocer el resultado, la premier reafirmó su oposición a un Brexit duro, pero subrayó que la sola oposición a esta opción “no es suficiente”.
(El Mundo, 30-01-2019)

Sector

Los jueces no tienen derecho a los cuatro días de vacaciones por antigüedad
Los jueces y magistrados no pueden disfrutar de cuatro días adicionales de vacaciones por antigüedad. El Tribunal Supremo resuelve así el recurso de un magistrado en activo de 68 años, que lleva 45 años de ejercicio, y al que el Tribunal Superior de Justicia de la región donde ejerce le había denegado su solicitud para disfrutar los días de 2016 y 2017.

Según explica la sentencia, aunque los funcionarios públicos los hayan recuperado tras lo dispuesto por un real decreto de 2015, esta norma “no se extiende a los integrantes de la carrera judicial”, puesto que su ámbito de aplicación se limitaba a la Administración General del Estado y a los organismos y entidades vinculados o dependientes de ella.

El magistrado solicitaba que se le reconociera el derecho recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a obtener un día hábil adicional al cumplir 15 años de servicio, añadiéndose otro más al cumplir los 20, 25 y 30 años de servicio, hasta un total de 26 días hábiles por año natural.

No obstante, expresa el fallo que dicho derecho fue suprimido de la LOPJ por su reforma en 2012 en el contexto de crisis económica, como medida de eficiencia presupuestaria para la administración de justicia. El Tribunal Supremo determina así que los jueces y magistrados quedan sometidos “únicamente” al imperio de la ley, y es la LOPJ la que determina su estatuto orgánico, “sin que un reglamento, ya sea del Gobierno o del mismo Consejo General del Poder Judicial, pueda afectarlo”. Y más aún si se trata de una “modificación sustancial” como el periodo de vacaciones ordinario.

Asimismo, el alto tribunal establece que ni siquiera la invocación del derecho al descanso, reconocido en el artículo 40 de la Constitución española, sirve para estimar la demanda interpuesta por el magistrado, porque “son diferentes las situaciones que se trataba de comparar entre funcionarios públicos y jueces y magistrados”. Así, concluye que “una distinta extensión de la duración de las vacaciones no es lesiva del derecho a la igualdad ante la ley”.
(Cinco Días, 30-01-2019)

Madrid busca convertirse en la capital internacional del Derecho
La Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés) ha presentado en la sede del Colegio de Registradores de España lo que será el vigésimo sexto World Law Congress, que tendrá lugar en Madrid entre los días 19 y 20 de febrero en el Teatro Real. Este encuentro, que contará con 180 ponentes de más de 70 nacionalidades, aspira a convertir la capital española en el centro neurálgico internacional del Derecho y a mostrar su apuesta por el Estado de derecho como garante de las libertades, según explicaron los intervinientes.

El exministro de Asuntos Exteriores y presidente adjunto del comité organizador del congreso Javier Solana ha apuntado que, desde hace años, "se viene trabajando para que el mundo sea un espacio guiado por la ley. Sin embargo, el cambio que estamos viviendo en estos días y meses es fundamental, porque el mundo vuelve a fragmentarse entre las grandes potencias. Me preocupa sobremanera la situación que atraviesa un mundo interconectado e interrelacionado como el nuestro". Solana ha destacado, en clara referencia al Procés y a la situación que atraviesa Venezuela, que "no guiarse por la ley puede resultar dañino".

Por su parte, el letrado y presidente adjunto del comité, Javier Cremades, que se mostró convencido de que Madrid organizará el mejor World Law Congress de la historia de esta asociación, ha destacado que el objetivo de este encuentro será reivindicar el imperio de la ley a nivel global y fomentar el debate jurídico sobre los retos actuales de la democracia con conferenciantes de reconocido prestigio, como los 17 presidentes de tribunales supremos y constitucionales que estarán presentes en el encuentro.

José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid, ha apuntado lo importante que será "aprovechar el eco de este congreso para reivindicar y reforzar el papel que la Abogacía debe tener en la sociedad. Vivimos tiempos complicados en España y la Abogacía tiene que reclamar el absoluto respeto al imperio de la ley y al Estado de Derecho".
(Expansión, 30-01-2019)

 
 
 
 
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