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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 5 DE FEBRER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Economía y Empresa y se regula su composición y funciones
Orden ECE/91/2019, de 31 de enero, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Economía y Empresa y se regula su composición y funciones.
(BOE, 05-02-2019)

Euro
Resolución de 4 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 4 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 05-02-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/index.php?d=31&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 5 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

Draghi cuestiona la medida del plan contra el fraude fiscal
El Banco Central Europeo considera “desproporcionada” la limitación de los pagos en efectivo que el Ministerio de Hacienda ha incluido en el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta batería de medidas, presentada en octubre junto a los nuevos impuestos digital y financiero, está pendiente de ser abordada por el Consejo de Ministros y remitida al Parlamento, por lo que las advertencias del BCE podrían forzar al Gobierno a introducir algunos cambios.

De momento, el texto del anteproyecto rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite máximo para los pagos en efectivo hechos por profesionales, y de 15.000 a 10.000 euros el de las operaciones entre ciudadanos no residentes en España. Además, el articulado recoge multas contra los infractores por el 25% de la cuantía abonada. En el caso de las personas físicas residentes en España, el límite de pago en efectivo se mantiene en 2.500 euros.

Tras recibir una copia de la medida del Banco de España y de la Secretaría de Estado de Hacienda, el BCE ha emitido un dictamen en el que reconoce que el objetivo del proyecto de lucha contra el fraude fiscal es un “motivo de interés público” que puede justificar ciertas limitaciones en el uso del cash. Sin embargo, el organismo advierte de que “bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional es desproporcionada si se considera su posible repercusión adversa en el sistema de pagos en efectivo”.

“Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal”, agrega el documento, emitido el pasado viernes 1 de febrero y difundido ayer. Además, el dictamen subraya que la reducción a 10.000 euros del límite de pago entre personas físicas no residentes en España “no parece justificada, y discrimina a los pagos hechos por residentes”. El informe también advierte de que “el régimen sancionador previsto por el proyecto de ley parece excesivo y, concretamente, la multa del 25% del importe pagado parece desproporcionadamente elevada”.
(Cinco Días, 05-02-2019)

La Justicia anula las multas de la declaración de bienes en el exterior
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado las multas "desproporcionadas" que la Agencia Tributaria (AEAT) impuso a un contribuyente en la declaración de bienes en el extranjero, el llamado Modelo 720. En una sentencia, el Tribunal estima íntegramente el recurso del contribuyente e impone costas al Estado.

Así, el fallo aprecia "serias dudas" acerca de la proporción de la norma aplicada, y subraya que "resulta significativo" que la Comisión Europea decidió abrir oficialmente un procedimiento de infracción a España el 19 de noviembre de 2015. La Comisión Europea emitió finalmente un dictamen motivado por el que requiere a España para que modifique sus normas sobre los activos que sus residentes mantienen en terceros países miembros, so pena de remitir la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)". El contenido de este dictamen, que se conoció en diciembre, es demoledor para Hacienda, ya que establece que el Modelo 720 "infringe la libre circulación de personas, de trabajadores, de establecimiento, de servicios y de capitales".

Desde 2013, es obligatorio declarar todos los activos superiores a 50.000 euros que un contribuyente español tenga en el extranjero. Si no se declaran o se hace de forma errónea, incompleta o con datos falseados, Hacienda contempla multas de 5.000 euros por dato omitido, obliga a tributar al tipo marginal del IRPF y sobre ese resultado impone una sanción del 150% más intereses. Además, la infracción no prescribe. El Modelo 720 ha aflorado más de 156.122 millones de euros de más de 100.000 españoles.

En este caso, el contribuyente, que presentó la declaración de forma extemporánea, recurrió multas por datos omitidos, en principio, menos desproporcionadas que la del 150% de la cuota, por lo que, según Ángel Sáez, socio director de Ros Petit, el argumento del fallo, la desproporción, es perfectamente extrapolable a las sanciones mayores. Además, "a mayor abundamiento", la sentencia constata que la AEAT ha iniciado el procedimiento sancionador casi dos años después de la comunicación de datos.

Una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de junio de 2017 eximió de la multa del 150% a quien presente la declaración motu proprio fuera de plazo, cuando ya pendía el expediente de Bruselas.
(Expansión, 05-02-2019)

Laboral

La subida del salario mínimo ralentizará la creación de empleo
La agencia de calificación Moody's ha presentado este lunes un informe en el que afirma que los efectos perjudiciales que el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros este año puede tener sobre el mercado laboral se verá compensado por el crecimiento del PIB, ya que las empresas podrán subsanar el aumento de los costes con una mayor facturación. El aumento del consumo derivado de la subida del SMI provoca el incremento del PIB del 2,3%, según la firma americana. Moody's también advierte de que la creación de empleo se verá perjudicada porque las empresas tenderán a reducir el número de contrataciones para contener los costes laborales.

Moody's señala que la creación de empleo se frenará como consecuencia de la subida del SMI. Y afirma que las nuevas contrataciones se verán reducidas en un rango que sitúa, entre 40.000 y 150.000 puestos de trabajo, según las estimaciones del Banco de España y la Autoridad de Responsabilidad Fiscal. Los más afectados por esta caída del empleo serán los jóvenes, que encontrarán más dificultades a la hora de buscar un trabajo. El informe que el PIB español crecerá este año un 2,3%, una décima por encima de la previsión del Gobierno, con una tasa de paro del 14%, y que la actividad económica se moderará al 1,8% en 2020, impulsado principalmente por la demanda interna.

"Estas estimaciones están sujetas a un alto grado de incertidumbre", explica el informe de la agencia de calificación, que en todo caso advierte de que las empresas tenderán a reducir el número de nuevas contrataciones para contener los costes salariales crecientes, en su mayoría de aquellos que solicitan empleo por primera vez.

Moody's cree que la ausencia de un salario mínimo específico para los trabajadores jóvenes (que sería inferior al SMI) puede hacer que, a igualdad de condiciones salariales, las empresas prefieran contratar trabajadores más experimentados en detrimento de aquellos que estén buscando su primer empleo. En torno al 52% de los trabajadores por debajo de 24 años de edad percibe un salario mensual igual o menor a 1.000 euros, según expone la agencia de calificación en su informe.

El documento alerta de que el aumento del SMI afectará directamente a los costes de las empresas españolas, sobre todo a las empresas que cuentan con menos de diez empleados (microempresas) en las cuales uno de cada cinco trabajadores percibe actualmente el salario mínimo. Las microempresas actualmente representan entorno al 86% del total de las empresas en España, mientras que representan entorno a entre el 45% y el 50% del volumen en carteras de titulización de deuda pyme en España, señala Moody's.

La agencia de calificación valora en su informe que el alza del SMI ayudará a los hogares a reducir su deuda, puesto que el aumento de la renta disponible tendrá un mayor impacto en la amortización anticipada de los préstamos al consumo que de los préstamos hipotecarios, ya que los intereses son mayores mientras que las cuotas son menores y su vencimiento más corto.

Moody's cree que el incremento del SMI no afectará a la calidad crediticia de las titulizaciones que actualmente califica la empresa en España, de forma que el comportamiento de los préstamos que respaldan los bonos titulizados continuará siendo estable.
(Cinco Días, 05-02-2019)

El gasto en ayudas contributivas sube un 3,5% en 2018 y los beneficiarios avanzaron un 3,3%
El gasto en prestaciones y subsidios por desempleo ascendió en 2018 a 17.469 millones de euros. Esto supuso que la senda de fuertes recortes en este tipo de gasto que se inició en 2013 se frenó en seco el pasado año. El hecho de que estén volviendo a quedarse en paro trabajadores que, durante los cinco años de recuperación del empleo, han vuelto a reunir derechos para el cobro de estas prestaciones apunta a ser la principal causa de este frenazo en la reducción del gasto.

La mejora del empleo había propiciado que el gasto en prestaciones y subsidios registraran recortes anuales de entre el 9% y el 16% entre 2013 y 2016. En 2017 el ahorro en estas prestaciones ya se desaceleró y limitó la caída del gasto al 6,2% y el pasado año el coste de estas ayudas solo bajó cinco millones de euros, lo que equivalió a un 0,02% menos.

El motivo de que este gasto haya dejado de reducirse fue claramente el incremento del gasto de la parte de las prestaciones contributivas, aquellas que se reciben en relación con lo cotizado por desempleo y que se cobran por un periodo mínimo de 4 meses y un máximo de dos años. Siempre que se haya cotizado un mínimo de un año para el periodo mínimo de cobro y un máximo de seis años, para recibir la prestación durante dos años.

Así, el gasto en prestaciones contributivas se incrementó en 2018 por primera vez en seis años. El ejercicio pasado se emplearon 11.502 millones de euros, un 3,5% más que en 2017, después de que esta parte contributiva del gasto en desempleo hubiera bajado consecutivamente todos los años desde 2013. Por ello la vuelta al desempleo de trabajadores con derechos a prestación contributiva se presenta como la principal causa de que el gasto global en desempleo haya dejado de bajar considerablemente.

Y lo mismo ocurrió con el número de beneficiarios de estas prestaciones. En general los perceptores de estas ayudas (contributivas y asistenciales) se redujeron en 2018 un 3% hasta los 1.804.668 beneficiarios. Se trató del sexto año consecutivo en el que se reducía este colectivo. Sin embargo, analizando en detalle a estos perceptores se observa que aquellos que cobraron la prestación contributiva también aumentaron en 2018, por primera vez en seis años. En concreto se incrementaron en el último año un 3,3% hasta sumar 751.172 personas.

Por el contrario, durante el pasado año, la otra parte que conforma el gasto en desempleo –los subsidios asistenciales– siguieron descendiendo y sus beneficiarios también. Según los datos de Trabajo, el gasto en estas ayudas no contributivas (incluyendo la renta activa de inserción ni el programa de activación por desempleo) ascendió el pasado año a 5.965 millones, un 6% menos que el año anterior. Asimismo, el número de perceptores de subsidios asistenciales se redujo un 7% hasta poco más del millón de beneficiarios.

No obstante, el gasto total en desempleo volvió a estar el pasado año muy por debajo de lo presupuestado inicialmente, ya que la previsión inicial fue haberse gastado 23.600 millones, con lo que el Servicio Público de Empleo (SEPE) se ahorró poco más de 6.130 millones.
(Expansión, 05-02-2019)

2019 arranca con la destrucción de 204.865 empleos y 83.464 parados más
El dato es peor que el de los dos últimos años, y similar al de 2016. Así, a 12 meses vista se han creado en España 537.269 puestos de trabajo, un crecimiento del 2,94%, hasta 18,8 millones de afiliados. En términos de paro, el número de personas apuntadas en los servicios públicos de empleo ha aumentado en 83.464 en el mes, aunque en el año bajan en 190.767.

Enero es un mes tradicionalmente negativo para el empleo; de hecho, es el peor del calendario. En los últimos 16 años, todos los meses de enero se han destruido un mínimo de 150.000 empleos y el paro ha aumentado en al menos 50.000 personas. El final de la temporada navideña provoca pérdida de puestos de trabajo en hostelería, comercio y actividades administrativas, aunque la caída del empleo es común a casi todos los sectores de actividad.

No obstante, el dato positivo es que, en términos desestacionalizados, la Seguridad Social ha registrado 38.179 afiliados más. Este indicador se considera entre los expertos el mejor termómetro mensual del mercado laboral.

En esta ocasión, enero ha sido también el primer mes de aplicación del salario mínimo interprofesional de 900 euros al mes, tras incrementarse por ley un 22,3%. Si bien, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ya advirtió la semana pasada que las cifras de afiliación serían negativas “como en todos los meses de enero” y negó que el salario mínimo sea la causa de la destrucción de empleo en el arranque del año.

El empleo se destruyó en términos parecidos entre hombres, con 95.944 ocupados menos que entre mujeres (108.921 afiliadas menos). Los trabajadores autónomos, que también arrancaron el año con un incremento de sus cotizaciones, experimentaron un especial empeoramiento, con la pérdida de casi 20.300 cotizantes al sistema especial de trabajadores por cuenta propia.

En materia de contratación, enero siguió siendo un buen mes para la contratación fija, que aumentó un 25% respecto al mes anterior, frente a un avance del 7% de los temporales. Si bien en términos anuales se invirtió la buena marcha de los indefinidos que volvieron a crecer menos (un 4,8%) que los eventuales (6,3%).

Se ha destruido empleo en todas las comunidades y todas las provincias, como el año pasado. El mes ha sido particularmente negativo en las Canarias (10.081 empleos destruidos frente a los 5.935 del año pasado), la Comunidad Valenciana (30.555 frente a 25.872) o Castilla-La Mancha (8.580 frente a 5.124). Los descensos de empleo más abultados, en términos porcentuales, se han registrado en Extremadura (-1,91%, 7.521 empleos menos) y Cantabria (-1,69%).
(El País, 05-02-2019)

La afiliación a la Seguridad Social cae en enero en más de 200.000 personas
El mercado laboral perdió 204.865 afiliados. Es el peor comienzo de año desde 2013. Con esta rebaja, el número total de cotizantes ocupados en la Seguridad Social cae a 18.819.300, según el Ministerio de Trabajo. Tampoco fue bueno el mes para el paro registrado. Las oficinas de empleo públicas contaron 83.646 desocupados más que en diciembre. Lo que llevó la cifra agregada de desocupados hasta los 3,3 millones. Pese al mal dato de enero, la tendencia de fondo del mercado laboral sigue siendo positiva, en el último año la afiliación ha crecido casi un 3%.

El final de la campaña navideña en el comercio y la reducción del consumo en bares y restaurantes en enero, también la finalización masiva de contratos vinculados al año natural, suelen convertir el primer mes del año en un periodo negro para el mercado laboral español. Así ha sido también en 2019. Esas dos ramas de afiliación han sido las que más cotizantes han perdido: una media de 44.505 en hostelería y otros 42.501 en comercio.

Tampoco ramas vinculadas al sector público tuvieron un buen comportamiento. En la de Administración pública y defensa el retroceso fue de 36.642 afiliados, una caída que multiplica por seis la del mismo mes del año anterior. Otra, como la sanitaria, perdió 10.074 asalariados frente a una ligera ganancia de 246 el año pasado.

Aunque menor que en estas actividades, la reducción de la afiliación afectó a casi todas las ramas. Solo aumentó en el sector inmobiliario —no en la construcción— y entre los asalariados del sector agrícola. La evolución del mercado laboral este año se observará con lupa, más si cabe que hasta ahora, por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 22,3%. Este mes ha sido el primero con el suelo legal de las remuneraciones en 900 euros mensuales y, por ahora, parece pronto para sacar conclusiones, porque los datos de enero lanzan señales contradictorias.

Es cierto que la caída del empleo ha sorprendido negativamente en los servicios, donde se pagan menores salarios y, por tanto, podría tener más incidencia ese aumento. Pero dentro de los servicios ha sido la rama del empleo público una de las que más ha empeorado respecto al mismo mes del año anterior, duplicando la reducción de entonces (12.750 en 2019 frente a 6.181 en 2018). Y en la Administración los sueldos de los trabajadores peor pagados son más altos que en otras ramas del sector servicios. Y por lo tanto están menos afectados por el aumento del SMI. En cambio, hostelería y comercio han tenido una evolución similar a la de 2018, pese a que esa medida sí tiene más impacto en estas actividades.

También entre los asalariados del sector agrícola, donde la incidencia del salario mínimo es alta, el empleo ha tenido mejor comportamiento en enero de 2019 que un año atrás. Esto podría interpretarse como una señal de incidencia nula o escasa.
(La Vanguardia, 05-02-2019)

España registró el pasado 2 de enero una cifra histórica de bajas en la Seguridad Social: más de 606.000
El dato supera incluso los 363.017 despidos que se produjeron durante el viernes negro del pasado día 31 de agosto, y evidencia la fuerte destrucción de empleo en el que fue el primer día laborable del año y, por lo tanto, la jornada en la que entró en vigor la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pactada por Gobierno y Podemos.

En términos netos, señalan desde el Ministerio de Trabajo, el número queda parcialmente compensado por las más de 480.000 altas, con lo que en la variación final fue de algo menos de 125.000 despidos. Explican, además, que se debe tener en cuenta que los días 29 y 30 de diciembre fueron sábado y domingo, y que el 31 no fue laborable en la Administración, con lo que parte del abultado dato responde a un efecto arrastre como consecuencia del calendario. Y añaden que existen precedentes recientes en los que la cifra de bajas en el primer día del año superó también el medio millón. Pero, aun así, y siendo cierto todo lo anteriormente apuntado, el dato del 2 de enero de 2019 representa un récord histórico y es una buena muestra de lo que fue el primer mes del año.

En total, la Seguridad Social sufrió 204.865 bajas en todo enero, marcando así su dato más elevado en el citado mes desde 2013. A ello hay que sumar que el número de desempleados repuntó en más de 83.000, que en este caso es la peor cifra desde 2014, y que el número total de desempleados ascendió a 3.285.761 personas.

Estos negativos datos se conocieron apenas unos días después de que, el pasado viernes, el Banco de España advirtiese de que la subida de más del 20% que ha registrado el salario mínimo tendrá un negativo impacto sobre la creación de empleo. En concreto, el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos estima que el incremento destruirá 125.000 puestos en el presente ejercicio, afectando directamente a los trabajadores con rentas más bajas.

El informe sostiene que casi el 13% de los trabajadores que cobraban menos de los 900 euros hasta los que ahora se ha elevado el salario mínimo serán despedidos, y expone también que el fuerte incremento del salario mínimo interprofesional genera “una elevada incertidumbre al no existir subidas comparables anteriores”.

Sin embargo, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, evitó hacer ningún tipo de relación entre las malas cifras y la subida del SMI. “No sé si a finales de año podremos encontrar algún tipo de correspondencia entre afiliación a la Seguridad Social y subida del salario mínimo, pero ahora mismo la correspondencia no existe”, afirmó en la rueda de prensa posterior a la publicación de los datos.

“Si la afiliación hubiese caído en 300.000 o 400.000, sí se habría podido ver una correspondencia, pero los datos de años anteriores han sido similares”, prosiguió Granado, que señaló la trascendencia de factores como el fin de la campaña de Navidad en la destrucción de puestos. “Es una cifra mala como suelen ser todos los meses de enero” pero “en términos desestacionalizados, la afiliación ha continuado subiendo”, añadió el responsable de Seguridad Social, que concluyó apuntando que será necesario esperar a los datos de febrero “para ver si en ese mes la afiliación se sigue comportando en el mismo carril que en enero”.
(El Mundo, 05-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La gran banca repartirá 7.300 millones en dividendos por sus resultados de 2018
Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Bankinter y Sabadell pagarán un total de 7.300 millones de euros en dividendos con cargo a los resultados del año pasado, un 3,5% más que los distribuidos por las cuentas de 2017. Es decir, destinarán el 44% de los 16.676 millones de euros que ganaron en 2018. Todas las entidades mejoran el importe por acción, salvo Banco Sabadell, que lo reduce un 57%, en línea con su caída de resultados.

Los bancos del Ibex completarán el reparto de los beneficios de 2018 entre marzo y mayo de este año (véase gráfico). Sus rentabilidades por dividendo superan, salvo en un caso, el 4,3% que ofrecen el conjunto de las empresas que cotizan en el selectivo, según Bloomberg. La excepción es, de nuevo, Sabadell, que exhibe un 3,3%. Santander lidera el ranking con un 5,7%, seguido de CaixaBank (5,6%), BBVA (5%), Bankia (4,7%) y Bankinter (4,4%), según los precios de cierre del viernes.

Todas las entidades han decidido terminar de una vez y para siempre con la fórmula del scrip dividend o dividendo en acciones. Este método de remuneración consistía en ejecutar ampliaciones de capital liberadas en las que el banco se comprometía a comprar los derechos de suscripción a un precio determinado. Santander lo puso en marcha por primera vez en la Bolsa española en octubre de 2009. Le siguieron todos los demás salvo Bankinter y Bankia.

En caso de que el inversor decidiera no vender los derechos al banco, el accionista recibía títulos nuevos. Su emisión no suponía coste alguno para las entidades, puesto que creaban las acciones con cargo a reservas; su importe pasaba al epígrafe de “capital”, pero igualmente quedaba dentro de los fondos propios. Era un mero apunte contable.
(El País, 05-02-2019)

 
 
 
 
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