NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 9 A L’11 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

Carta de servicios electrónicos de la Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones para el periodo 2019-2022
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios electrónicos de la Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones para el periodo 2019-2022.
(BOE, 11-02-2019)

Laboral

Regulación de la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas
Orden DEF/110/2019, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas.
(BOE, 09-02-2019)

Régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas
Orden DEF/112/2019, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas.
(BOE, 09-02-2019)

Ampliación del plazo de presentación de solicitudes a diferir el pago de cuotas a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 30 de enero de 2019, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, durante los periodos de inactividad correspondiente a los meses de enero a abril de 2019.
(BOE, 09-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad
Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.
(BOE, 09-02-2019)

Euro
Resolución de 8 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 8 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 09-02-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/index.php?d=36&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/index.php?d=35&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 9 A L’11 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

La UE no prohíbe un IVA menor a los productos de primera necesidad
La ley europea advierte que aquellos países que el “1 de enero de 1991 concedían exenciones con derecho a deducción del IVA (…) o aplicaban tipos impositivos reducidos inferiores al mínimo establecido podrán mantenerlos”. Este es el caso de Francia, que sí tiene productos que tienen una tasa superreducida, así como España (4%), Irlanda (4,8%), Italia (4%) y Luxemburgo (3%). De hecho, en el país galo existen cuatro tipos de IVA: uno general del 20%, dos reducidos del 10%, y del 5,5% y el superreducido del 2,1%.

Se confirma que en Francia sí hay productos considerados de primera necesidad (o “por razones de interés social bien definidas y en favor de los consumidores finales”, según especifica la directiva) que tienen un tipo superreducido: alimentos destinados al consumo de charcutería, productos farmacéuticos (como medicamentos), la prensa escrita, los espectáculos de teatro y las licencias de televisión.

El pan, la leche, los huevos, la fruta, la verdura, los tubérculos y los cereales, y también las medicinas o vehículos para personas con movilidad restringida, los periódicos y los libros disfrutan del IVA superreducido Si bien es cierto que la directiva incluye una lista poco flexible de productos que pueden tener un IVA reducido pero no más bajo del 5%: tales como “el suministro de agua, equipos médicos, transporte de personas y equipaje, prestación de asistencia sanitaria y dental, o los utilizados normalmente para el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades y tratamiento con fines médicos o veterinarios, incluidos los contraceptivos y los productos de higiene femenina”, entre otros. De hecho, en España también existen productos de primera necesidad con un IVA superreducido: el pan, la leche, los huevos, la fruta, la verdura, los tubérculos y los cereales; también las medicinas, o vehículos para personas con movilidad restringida, los periódicos o los libros (en papel y formato electrónico).

El argumento de que “la UE prohíbe bajar el IVA” que alega Le Pen se pone en duda. La Comisión Europea presentó en enero de 2018 una propuesta para dar “más flexibilidad en los tipos del IVA” y acabar con la lista restringida a algunos productos. Bruselas ha propuesto que haya bienes y servicios (como el tabaco, el alcohol o los móviles inteligentes, y que no son considerados de primera necesidad), que siempre tengan un IVA fijado en el 15% o superior. Para el resto de productos, cada país tendrá libertad para decidir cuál es el impuesto que quiera aplicar a los bienes y servicios, aunque no podrá haber más de cinco tipos distintos. Es decir, podrá haber algunos productos con 0%, que estén exentos y otros con un IVA reducido. Así, se ponen fin a un sistema que funciona a través de excepciones, defienden en el Ejecutivo.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, lamentó que existiera una normativa que “no se adaptara a los tiempos” y por ello pidió a los países “cambios”. “Las normas comunes de la UE en materia de IVA (…) ya no se adaptan a la situación y son demasiado restrictivas. Dichas normas permiten a los Estados miembros aplicar tipos del IVA reducidos únicamente a unos cuantos sectores y productos”, reconoció el Ejecutivo comunitario cuando puso sobre la mesa la reforma. “Estas propuestas darán a los países de la UE una mayor libertad para aplicar tipos reducidos del IVA a productos o servicios específicos”, defendió Moscovici.
(La Vanguardia, 10-02-2019)

Laboral

La temporalidad, la burocracia y la falta de implicación de las empresas explica la falta de éxito de los contratos de jóvenes sin formación
El contrato para jóvenes sin formación en España no despega. En un país con un paro juvenil que duplica la media comunitaria, más de 30%, y con una tasa de abandono escolar del 18,3%, su uso es residual. De los más de 22 millones de contratos que se firmaron en España en 2018, solo 52.000 fueron contratos de formación y aprendizaje, el 0,2%. ¿Por qué se utiliza tan poco? La primera respuesta que aparece en boca de todos responsabiliza al sospechoso habitual: “La temporalidad se lo come todo”. Paro hay más. Los empresarios hablan de falta de flexibilidad. Los economistas también la piden, pero controlando la calidad de la formación. Los sindicatos hablan de la falta de implicación de los empresarios y de un uso perverso del contrato.

No es lo mismo entrar en el mercado laboral con un contrato temporal que con uno de formación, el destinado a aquellos jóvenes que dejan pronto los estudios sin titulación. Con el primero, las posibilidades de lograr un trabajo fijo después de dos años se reducen al 1%; con el segundo, suben hasta el 33% si se prolongan por ese tiempo (muchos no llegan), según un estudio reciente de Fedea de Marcel Jansen, de la Universidad Autónoma de Madrid, y David Troncoso, de la Pablo de Olavide. En cambio, en 2018 se firmaron más de 20 millones de contratos temporales (siete si se toman solo a los menores de 30 años) frente a 52.803 de formación.

Este último dato supone un 0,2% del total de contratos que se firmaron el año pasado. Un porcentaje muy bajo, similar al de 2016 y 2017, que muestra su escasísimo uso. Y este año va aún por peor camino. En enero solo se firmaron 3.003 de estos contratos frente a los 6.028 del año anterior. Tras buena parte de la caída está el último cambio de regulación. En 2012 se elevó de 25 a 29 años la edad máxima para firmar estos contratos, condicionado a que la tasa de paro estuviera por encima del 15%. En 2018, al bajar ésta al 14,5%, se volvió al límite de los 25.

Miguel Ángel Malo, de la Universidad de Salamanca, achaca este fracaso a la temporalidad. “Todo se lo come”, resume rápido este profesor de Economía que coordinó en 2017 un libro sobre los problemas de los jóvenes europeos en el mercado laboral. Coinciden con él fuentes del Ministerio de Trabajo, y añaden “el uso de figuras no laborales” para cubrir esos puestos, como las becas.

Con una duración que puede ir de un año a tres, el contrato de formación y aprendizaje no es el único que, teóricamente, sirve de puerta de entrada al mercado laboral. También está el de prácticas, pero este es para quienes tienen título universitario o de FP. El primero, en cambio, es la vía de quienes dejaron los estudios pronto: en 2017 un 18,3% de jóvenes entre 18 y 24 años abandonaron sin un título de enseñanza secundaria postobligatoria.

A la temporalidad, Jansen suma “la burocracia”: “Tiene una regulación muy garantista. Se necesita una regulación más flexible”. “Tiene que haber control”, señala, aunque este no debe entorpecer su desarrollo. Lo mismo apunta una directiva de una fundación regional que trabaja con estos jóvenes y que prefiere no dar su nombre. “No es fácil lidiar con estos contratos”, señala. Conoce a la perfección la burocracia necesaria para que la Administración acepte el plan de formación que va aparejado con el contrato y que debe impartir un centro homologado. Esta formación permite que el trabajador logre un certificado de profesionalidad. Si la consejería autonómica acepta el plan, da pie a bonificaciones, la financiación de los costes de formación y hasta 720 euros al año por aprendiz para que la empresa asuma la tutoría.

“Que no funciona está claro”, apuntan en Trabajo, donde señalan que prevén reformar este contrato, pero aún no tienen pensados los detalles. Solo añaden que hay que “aligerar la gestión de los elementos de la formación”.

En 2015, las exigencias administrativas eran menores, si bien no conllevaba la obtención de un certificado. Pero eso generó descontrol. Así que el Gobierno, entonces del PP, elevó el listón. El uso cayó. “En cuanto exiges calidad...”, arranca Francisco Rueda, viceconsejero de Empleo en Castilla-La Mancha. “A muchas pequeñas empresas les cuesta asumir el papel de empresa formadora”, matiza recordando que España es un país de pymes.

Más duro es el análisis de Lola Santillana, responsable de Empleo de CC OO: “No funciona porque las empresas no se implican”, explica. Esta sindicalista pide “evitar que, como ahora, los titulados puedan ser contratados con esta modalidad si el certificado de profesionalidad no se ajusta a su formación previa y que se pueda encadenar varios contratos cambiando el tipo de contrato”. Eduardo Magali, responsable de Juventud de UGT, apunta a “un problema cultural. No existe la idea de invertir en formación. Hay sectores que lo usan, como la hostelería, pero es para ahorrar costes”, lamenta.
(El País, 11-02-2019)

"Estableceremos un registro horario en las empresas para evitar abusos"
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, señala que el establecimiento de un registro horario "me parece imprescindible para poder evitar los abusos, sobre todo en la contratación a tiempo parcial". Respecto a Iberia y el Brexit, la ministra señala que "desde el Gobierno tenemos la convicción de que Iberia adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad".

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño (A Coruña, 1968), que acaba de presentar un ambicioso proyecto de 60 medidas destinadas a configurar una "hoja de ruta" que defina "como queremos que sea nuestro país" en los próximos años, es optimista sobre la evolución de la economía española en un contexto de desaceleración generalizada en Europa. Subraya que sería una "lástima" que los presupuestos no sean aprobados, convencida como está de que traerían mayor "estabilidad financiera" de cara a los mercados internacionales al tiempo que refuerzan las "políticas sociales". No ha perdido la esperanza y, pese a las dificultades, todavía confía en que el Congreso permita la tramitación de los Presupuestos la próxima semana.

La Comisión ha rebajado sensiblemente sus previsiones de crecimiento para la eurozona. ¿Le preocupa el efecto contagio a España?
Desde que llegamos al Gobierno hemos estado señalando que las mayores incertidumbres para nuestro crecimiento económico venían de fuera, que el entorno internacional iba a jugar un papel importante, sobre todo ahora que tenemos una economía mucho más internacionalizada y, por lo tanto, no podemos sustraernos de los desarrollos que se produzcan a nuestro alrededor. Nuestros principales mercados son los europeos, y por tanto lo que suceda con las economías europeas no es indiferente, tiene un impacto sobre nuestra economía que ya habíamos integrado en las previsiones de crecimiento para este año. Es interesante que todos los análisis apuntan a que el crecimiento económico se ralentizó en la mayoría de las economías europeas en el cuarto trimestre de 2018 mientras que en España fue una aceleración lo que observamos en ese mismo periodo. El crecimiento diferencial de España sobre el resto de la Unión se ha acrecentado.

¿Qué sensación tiene de los indicadores que se van conociendo en el inicio de año, incluida la fuerte destrucción de empleo en enero? ¿Sigue percibiendo esa aceleración de la actividad, habida cuenta la recesión en la que ha entrado Italia y el fuerte frenazo de Alemania?
Desde que he llegado al Ministerio he estado muy atenta a los indicadores económicos que, como he dicho en público cada vez que se me preguntó, no permitían ver una evolución clara en los primeros meses. Todo este tiempo hemos sido muy prudentes hasta que ya vimos con claridad que el cuarto trimestre estaba siendo muy positivo y lo normal es que ese dinamismo se mantenga en esta primera parte de 2019. Estamos todavía muy al principio de año, sería muy arriesgado llegar a conclusiones sobre la base de un solo mes. La evolución del mercado laboral no ha sido atípica de lo que suele suceder en los meses de enero, que suelen ser malos, evidentemente por la estacionalidad una vez que termina la campaña de Navidad.

Pero este enero ha sido particularmente malo.
No ha sido particularmente malo. Si miramos las cifras de afiliados asalariados, la caída en enero ha sido del 1,1% este año, alineada con las de los tres años anteriores. En términos interanuales, las cifras se mantienen en un aumento de la ocupación próximo al 3% y una reducción del desempleo del 5,5%-6%. Es decir, que una vez que eliminamos la estacionalidad, en términos interanuales las magnitudes no son muy distintas de lo que hemos estado viendo en la segunda parte de 2018.

¿No preocupa entonces que podamos estar ante un punto de inflexión a peor en el mercado laboral?
Un solo mes no nos puede llevar a conclusiones apresuradas. Es cierto que este año todo apunta a una moderación del crecimiento del PIB y, por tanto, a una progresiva desaceleración en la creación de empleo, que ha sido tan significativa el año pasado. Pero las cifras que estamos manejando siguen siendo muy importantes.

¿Comparte los análisis de que la subida del salario mínimo dañará el empleo?
Nosotros francamente no lo vemos. El aumento del salario mínimo interprofesional se anunció en octubre, se adoptó en diciembre, y el cuarto trimestre de 2018 fue particularmente potente en creación de empleo indefinido.

Pero todos los analistas, privados y públicos, incluido el Banco de España que ha sido muy explícito, subrayan que esa subida se va a cobrar puestos de trabajo.
El impacto del salario mínimo no se puede analizar sólo desde el punto de vista de su efecto en los costes laborales. Hay que tener en cuenta que la subida supone también un aumento de la renta disponible de las familias y que, además, esta decisión se acompaña de un conjunto de medidas, como el plan de choque contra el desempleo juvenil, el refuerzo de las políticas activas de empleo y otras medidas para apoyar a los parados de larga duración. Es decir, que estas medidas no se pueden ver de manera aislada. Nuestra previsión es que el impacto del conjunto de medidas que tenemos contempladas será neutro sobre la creación de empleo

A los empresarios les preocupa una contrarreforma laboral que cambie las reglas del juego que han permitido crear tres millones de empleos en cinco años.
Como ha señalado el presidente en numerosas ocasiones, no se trata de una contrarreforma laboral como tal sino de corregir los aspectos más lesivos que ha habido en la reforma laboral de 2012. Estamos hablando de asuntos como el establecimiento de un registro horario, que me parece imprescindible para poder evitar los abusos sobre todo en la contratación a tiempo parcial, estamos hablando del régimen de subcontratas... Existe bastante consenso sobre que algunos aspectos pueden haber sido excesivos y hay que corregirlos. Más que hablar de reformas y de contrarreformas, lo realmente importante es empezar a trabajar con los agentes sociales en la elaboración de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.

¿Y en la negociación colectiva, se mantendrá la primacía del convenio de empresa o se volverá al pasado, primando el ámbito sectorial?
Eso es un tema que se está discutiendo actualmente en el Parlamento.
(Expansión, 10-02-2019)

Los sindicatos advierten a los empresarios de que 'tensionarán" la negociación de convenios si no suben los salarios más bajos
“Es el momento de pasar de las palabras a los hechos, de las declaraciones del Gobierno al Boletín Oficial del Estado (BOE)”. Con estas palabras han sido recibidos hoy los cerca de 10.000 delegados sindicales de CC OO y UGT que han llegado a Madrid desde toda España para exigir al Ejecutivo que cumpla con lo que se comprometió cuando ganó la moción de censura.

Banderas de todas las comunidades autónomas tiñen la pista de la Caja Mágica madrileña con una reivindicación: “Más hechos, menos palabras, YA”. Antes de iniciar la que está siendo la mayor asamblea de delegados sindicales en varios años, el líder de CC OO, Unai Sordo exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “audacia para llevar al BOE una modificación sustancial de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones, llevadas a cabo por el PP en 2012 y 2013.

Según Álvarez y Sordo, tras varios meses de negociación con el Gobierno, existe un acuerdo “lo suficientemente maduro” para que se publique en el BOE y Sánchez busque los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlo adelante. Ese acuerdo incluiría cuatro medidas: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios; la implantación de un sistema de registro horario de la jornada y la derogación de la reforma de pensiones.

Sordo, ha añadido que la exhibición de fuerza sindical de hoy es extensible también a los partidos políticos, sobre todo a los que apoyaron la moción de censura, para que aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. Y también a la patronal para que cumpla en los convenios colectivos con las subidas salariales pactadas en el acuerdo de negociación colectiva 2018-2020.

“Advertimos a las organizaciones patronales que, si las empresas no cumplen con la subida de los salarios, sobre todo de los más bajos, que tienen un claro sesgo de género y edad, vamos a tensionar la negociación de los convenios colectivos”, ha dicho Sordo.

Más allá de estas exigencias a Gobierno, partidos y empresarios, los líderes sindicales han insistido en que, “ante la ofensiva reaccionaria” de los partidos de derechas “hay que dejar de hablar de banderas y reconducir el relato hacia una agenda social”, ha dicho Sordo.

Esta concentración pretende ser también la antesala de la próxima movilización feminista del 8 de marzo. En clara referencia a las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, sobre el aborto y las pensiones, Álvarez ha dicho que “hay que acabar con esa desfachatez y la desvergüenza: la mujer no es una máquina de reproducción; las mujeres tienen hijos porque quieren, no por necesidades de suministrar mano de obra”.
(La Vanguardia, 09-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El FMI advierte del lento crecimiento de la economía
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió hoy de que la economía está creciendo más despacio por varios factores, entre ellos la desaceleración de la economía china, y advirtió a los gobiernos de la necesidad de luchar contra la corrupción. Durante el primer día de la Cumbre Mundial del Gobierno, que tiene lugar en Emiratos Árabes Unidos, Lagarde señaló que las "tensiones comerciales y las subidas de impuestos, las restricciones financieras, la incertidumbre sobre el Brexit y la desaceleración de la economía china" están detrás de la ralentización de la economía.

"Están teniendo un efecto en el comercio, en la confianza y los mercados", dijo. La directora gerente del FMI subrayó que la economía mundial se encuentra en un momento de "transformación" y en el que el futuro tras la crisis "sigue siendo desconocido". El futuro del trabajo está "cambiando radicalmente" y consecuentemente "muchos de los trabajos serán diferentes, es una combinación entre globalización y tecnología y los empleos van a ser adaptados a la inteligencia artificial". En este punto dijo que "se necesitan políticas que aborden los cambios en los empleos".

"Los gobiernos no sólo deben mejorar la economía de los países, sino que también deben aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos", dijo. En este contexto de transformación, Lagarde incluyó el futuro de los trabajos, muchos de los cuales "se verán afectados" por la llegada de la inteligencia artificial. Aprovechó su intervención para hacer un llamamiento a todos los países en contra de la corrupción, subrayando que "genera desconfianza y frena el crecimiento de la economía". Asimismo, dijo que "la confianza está en el corazón de las relaciones económicas".

"Hacemos un llamamiento a los estados para que no arruinen sus economías y apliquen la transparencia y adopten buenas políticas de gobierno", dijo. Además, Lagarde mostró su preocupación por el lugar de las mujeres en el terreno laboral en un futuro próximo. La séptima sesión de la Cumbre Mundial del Gobierno 2019 comenzó hoy en Dubái con la participación de más de 4.000 personas de 140 países, incluidos jefes de estado, ministros y funcionarios que se reúnen con el objetivo de debatir el futuro de los gobiernos.
(Cinco Días, 10-02-2019)

La creación de sociedades mercantiles retoma la senda del crecimiento en 2018
El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 0,8% en 2018 respecto al año anterior, hasta sumar 95.153 empresas, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, retomó la senda del crecimiento en 2018 tras anotarse un descenso anual del 6,6% en 2017 que puso fin a una racha de siete años consecutivos de incrementos tras los avances logrados en 2016 (+6,8%), 2015 (+0,5%), 2014 (+0,8%), 2013 (+7,2%), 2012 (+2,8%), 2011 (+6%) y 2010 (+2,3%).

Para la constitución de las 95.153 empresas creadas en 2018 se suscribieron más de 5.200 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,2% respecto a 2017, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 54.656 euros, retrocedió un 2% en tasa anual.

En 2018 se disolvieron 22.336 sociedades mercantiles, un 3,5% más que en el año anterior. Es el tercer crecimiento anual que se registra en las disoluciones empresariales tras dos años de retrocesos. La mayor parte de la desaparición de estas empresas fue voluntaria.
(Cinco Días, 09-02-2019)

La UE ofrece a May modificar la declaración política pero no el acuerdo del Brexit
La Unión Europea volvió a tender una mano a la primera ministra británica, Theresa May, para ayudarla a desbloquear la situación que se vive en el Parlamento de Londres y conseguir, de una vez, aprobar el acuerdo del Brexit. Tras una reunión mantenida en Bruselas con la líder conservadora, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, le ofreció modificar la declaración política que establece la futura relación entre la UE y Reino Unido, pero reiteró el rechazo de los Veintisiete a renegociación el acuerdo que regula la salida ordenada del país de la Unión.

"El presidente Juncker [...] expresó su disposición para revisar la redacción de la declaración política acordada por la UE a 27 y el Reino Unido para ser más ambiciosos en términos de contenido y velocidad en lo relativo a la futura relación entre la UE y Reino Unido", sostiene un comunicado conjunto de May y Juncker.

Ambos líderes se comprometieron además en volver a reunirse antes de que acabe febrero "para hacer balance", cuando solo faltará un mes para que finalice el plazo del Brexit, el 29 de marzo. Antes, la líder tory tendrá que volver al Parlamento británico este próximo miércoles y presentar a los diputados los siguientes pasos a seguir, para someterlo a votación un día después, el día 14.

May acudió a Bruselas a sabiendas de que no conseguiría lo que buscaba: arrancar a sus socios europeos cambios legalmente vinculantes a la salvaguardia norirlandesa –también conocida como backstop–. En los últimos días, los líderes de la UE no se habían cansado de repetir que el acuerdo salida –un texto técnico y jurídicamente vinculante de casi 600 páginas que incluye la previsión sobre Irlanda– no iba a modificarse.

La premier volvía a la capital europea por mandato del Parlamento británico, que el pasado 21 de enero acordó por mayoría instarla a buscar "soluciones alternativas" al mecanismo de salvaguardia, como condición para dar luz verde al acuerdo de salida.

El polémico backstop es una solución de último recurso que busca evitar que se vuelvan a levantar aduanas y una frontera física entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, si, llegado el final del periodo transitorio (fijado para el 31 de diciembre de 2020), la UE y Reino Unido no han llegado a sellar un acuerdo comercial bilateral. En ese caso, el país se mantendría dentro de la Unión Aduanera, algo que desde Londres muchos diputados rechazan de plano ya que temen que el país quede ligado indefinidamente a las reglas de la UE.

Tras reunirse con los líderes de las tres principales instituciones de la Unión, la primera ministra insistió en que seguirá trabajando para lograr cumplir con el mandato de Westminster. "Con esos cambios en la salvaguardia irlandesa, junto al trabajo que hemos estado haciendo en los derechos de los trabajadores y en otras áreas, lograremos una mayoría estable en el Parlamento, y eso es por lo que voy a seguir peleando", aseguró May, tras su encuentro con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Preguntada por la reiterada negativa de la Unión Europea a reabrir el texto de salida, la líder británica aseguró que entre los líderes europeos había "un deseo de trabajar juntos" para evitar un divorcio sin acuerdo. Valoró, igualmente, que se fueran a retomar las conversaciones entre ambos equipos negociadores para "buscar una manera de solucionar" el bloqueo al acuerdo en el Parlamento británico.

Por su parte, el portavoz del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, añadió que la UE solo estaba dispuesta a mejorar la declaración política para estrechar los lazos comerciales y profundizar las relaciones entre ambos bloques una vez Reino Unido abandone el club.
(El País, 09-02-2019)

Sector

La reducción salarial de los jueces españoles en 2011 no fue discriminatoria
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la reducción salarial de los magistrados en España en el marco de los recortes aprobados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2011 no es, a priori, discriminatoria por motivos de edad, pero ha aclarado que compete a los órganos jurisdiccionales superiores en España comprobar si la retribución responde a la importancia de sus funciones y permite verificar su independencia a la hora de juzgar.

El caso se refiere al del magistrado del juzgado de lo social 26 de Barcelona Carlos Escribano Vindel, que impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña su reducción salarial en virtud de la Ley de PGE de 2011, alegando que los recortes constituían una discriminación indirecta por razón de edad o antigüedad, puesto que la rebaja salarial era mayor para los jueces del grupo retributivo 5, es decir, los que acababan de ingresar en la carrera judicial y, por tanto, integrada por los más jóvenes.

Su reducción salarial era del 7,16%, frente al 6,64% en el caso de los magistrados del grupo retributivo 4, al que pertenecía el magistrado Escribano Vindel, y del 5,90% para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del grupo retributivo 1, cuya retribución es mayor.

El TJUE apunta que la norma española no establece una discriminación por edad ni antigüedad porque la diferencia de trato se refiere a situación que no son comparables aunque, precisa, que le compete al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña verificar si los diferentes grupos retributivos reúne a una categoría de edad determinada y si los del grupo 4 se encuentran en una situación "comparable" a los del grupo retributivo 1, al que el Gobierno y la Comisión aseguraban que pertenecía el magistrado querellante.
(Expansión, 09-02-2019)