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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 DE FEBRER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 11 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-02-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/index.php?d=37&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 12 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

El IEE ve los PGE de 2019 "dañinos" para la economía"
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ve los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 "dañinos y perjudiciales" para la economía, con un "marcado carácter electoralista" en gasto y unos ingresos fiscales que quedarán "muy por debajo" de la previsión, por lo que cree que ralentizarán el crecimiento y el empleo y elevarían el déficit público al entorno del 2,2% del PIB, frente al objetivo del 1,3% del PIB.

Así lo ha señalado el presidente del IEE, José Luis Feito, en la rueda de prensa para presentar su opinión sobre los PGE de 2019, a un día del inicio del debate de las enmiendas a la totalidad de las nuevas cuentas públicas. En su opinión, las hipótesis básicas y el cuadro macroeconómico del Gobierno son "excesivamente optimistas", porque "se sobreestiman los crecimientos" de España, de la eurozona y del mundo, así como de la creación de empleo y la reducción de la tasa de paro.

A su juicio, los Presupuestos son "incumplibles y restarán credibilidad al país", ya que ralentizarán el crecimiento, el empleo y el margen de maniobra fiscal para hacer frente a la crisis en el futuro, además de que abrirían una "vía de incertidumbre" y "deprimirían las expectativas empresariales" al abrir la posibilidad de que viesen la luz también los de 2020.

Además, ha apuntado que llegan en un momento "muy delicado" para la economía mundial y española, con signos "cada vez más evidentes de desaceleración", y sobre todo al ir "en sentido contrario" del de afianzar la economía y estimular la inversión privada de empresas y el alza de la productividad, al incluir una "fuerte subida" de cotizaciones, el aumento de la tributación a inversión y ahorro y un "notable" aumento del gasto público.

El presidente del IEE ha advertido de que la economía y el empleo "se van a desacelerar intensamente" por el aumento de los costes laborales, lo que más ha repercutido en los datos de paro del mes de enero, aunque también ha influido "en parte" el alza del SMI, que afectará sobre todo en la calidad del empleo, al elevar la temporalidad.

Ante este contexto, ha tildado de medidas" desequilibradas y desequilibrantes" las iniciativas de los PGE, como las tasas 'Tobin' y 'Google', que en su opinión "nunca se deberían instrumentar al margen del acuerdo del área monetaria", así como el alza de los salarios "muy por encima" del IPC, entre otras.

En concreto, ha indicado que los PGE incluyen aumentos de casi todos los conceptos de gasto, a excepción de la "ligerísima" reducción de los gastos financieros, por lo que cree que el Presupuestos de gastos tiene un "marcado carácter electoralista", en el que se destinan más recursos a políticas que benefician a colectivos con importante peso electoral, sin plantearse si los aumentos son sostenibles.

De ejecutarse los planes de gasto recogidos en las nuevas cuentas públicas, y ante unas previsiones macroeconómicas y de recaudación "excesivamente optimistas", el IEE estima que se incumplirá el objetivo de déficit público del 1,3% del PIB y que ascendería hasta el entorno del 2,2% del PIB.
(Cinco Días, 12-02-2019)

El Círculo de Empresarios se suma a las críticas del Banco de España y de la AIReF a los PGE y ve un desfase de 10.000 millones en los ingresos
El Círculo de Empresarios considera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 "generan incertidumbre" e impactan negativamente en la creación de empleo, el consumo, la inversión y la competitividad. Además, constata un desfase de 10.000 millones de euros en la previsión de ingresos, con un déficit que podría situarse en el 2,2% del PIB, frente al objetivo del 1,3% del PIB. Así figura en el documento 'PGE 2019: Ausencia de estrategia ante la desaceleración', presentado por el presidente del Círculo, John de Zulueta, el presidente del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea, Juan María Nin, y por la directora de Economía, Alicia Coronil.

De Zulueta ha señalado que el proyecto de PGE confirma que la política económica del Gobierno "carece de visión estratégica" al ignorar retos tecnológicos y demográficos, así como la desaceleración e incertidumbres. La organización considera que los PGE "generan incertidumbre a la vez que elevan la presión fiscal sobre familias y empresas, impactando negativamente no sólo sobre la capacidad de ahorrar, consumir e invertir, sino también en la creación de empleo y la competitividad". A su juicio, la visión "cortoplacista" del Gobierno dificulta la consecución de los tres objetivos presentados en el proyecto de PGE: control del déficit público, cambio estratégico del modelo productivo y combatir la desigualdad.

Por el lado de los ingresos públicos, señala que los PGE presentan una estimación de la recaudación "poco realista", con un incremento de los ingresos no financieros del 8,1% (hasta 253.101 millones de euros) respecto a la previsión de liquidación de 2018 y de los ingresos tributarios del 9,5%, 2,5 veces más que el crecimiento nominal de la economía.

Sin embargo, con un crecimiento nominal previsto del 3,8% del PIB y siendo la correlación ingresos-crecimiento nominal de 1,1, los ingresos tributarios, incluyendo los estimados por el aumento de la presión fiscal, se situarían en torno a los 14.300 millones de euros, un 27% inferior a lo reflejado en los PGE 2019 (19.746 millones de euros), lo que representa un desfase de 5.446 millones de euros. De esta forma, constata un desfase negativo del total de ingresos presupuestados de en torno a 10.000 millones de euros, en línea con las estimaciones del Banco de España (8.500 millones de euros) y la AIReF (11.000 millones de euros).

En este sentido, el Círculo considera que el Gobierno ha perdido un año en acelerar el proceso de consolidación fiscal y estima que la "falta de rigor presupuestario" exigirá en 2019 un ajuste superior a 16.300 millones de euros (1,3% del PIB), representando el mayor esfuerzo de consolidación fiscal tras el realizado en 2017, año en el que la economía española creció al 3,1% en términos reales. En este punto, ha criticado la "falta de prudencia y de rigor presupuestario" con un presupuesto de gastos públicos "claramente expansivo" que "arriesga" la necesaria consolidación fiscal de la economía española al estar sustentada en una proyección "sobreestimada" del total de ingresos.

Por el lado del gasto público, apunta que dos tercios del presupuesto de gasto público se destinan al pago del servicio de la deuda y a gasto social (209.510 millones de euros, equivalente al 16,7% del PIB), presupuestándose un incremento de 12.560 millones de euros de esta última partida "a costa de aumentar la presión fiscal a familias y empresas, y sin apostar por medidas que mejoren la eficiencia de las administraciones públicas". Por consiguiente, estima que la "falta de rigor presupuestario" de los PGE podría elevar el déficit al 2,2% del PIB, frente al objetivo del 1,3%, lo que generará una necesidad de aumentar la emisión de deuda pública por valor de aproximadamente 11.300 millones de euros.
(Expansión, 12-02-2019)

Laboral

La subida de los sueldos pactados en convenios estatales se acerca al 3%
Las estadísticas oficiales de los convenios colectivos que facilita el Ministerio de Trabajo indican que, en enero, 5,6 millones de trabajadores se anotaron un incremento medio de sus sueldos del 2,16%. Así, este incremento inicial de los salarios, antes de que estos se revisen con la inflación a final de año, superó la barrera del 2% por primera vez en diez años.

La tasa media de aumento de los salarios ha aumentado cuatro décimas de un mes para otro, un fuerte incremento si se tiene en cuenta que mensualmente apenas avanzan una décima habitualmente. En cualquier caso, con este incremento medio los negociadores de los convenios ya estarían cumpliendo la recomendación de sus cúpulas de incrementar los salarios de forma general un 2% y llegar al 3% donde lo permita la productividad.

Si bien, la realidad indica que no solo la marcha de un sector o de una empresa permite mayores aumentos salariales, sino que el poder negociador de los sindicatos también cuenta. De hecho, empieza a haber notables diferencias entre los convenios sectoriales, donde las centrales sindicales tienen más peso, y los convenios de las empresas. Así, el incremento salarial medio de los convenios sectoriales de carácter estatal o nacional, que recogen las condiciones de 2,2 millones de trabajadores, fue en enero del 2,67%, acerándose al 3% de máximo que recomienda el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) 2018-2020.

Este comportamiento de los salarios en el arranque del año obedece, entre otras cosas, al impacto de los incrementos pactados fundamentalmente en los dos años anteriores para 2019. De hecho, en enero ya había 5,6 millones de trabajadores con sus condiciones laborales para este año cerradas en ejercicios anteriores. Esta cantidad de asalariados con convenios ya cerrados en enero es un 53% superior al número de trabajadores que habían pactado sus salarios en enero de 2018. Un incremento en el número de trabajadores afectados que tampoco es habitual en la dinámica de la negociación colectiva. El incremento por ley del salario mínimo del 22,3% también ha tirado al alza de las subidas salariales.

Si bien, una vez consolidada la recuperación del empleo, tras cuatro años de crecimientos positivos de la ocupación, la duración de los convenios también se alarga, lo que afecta a los trabajadores que pactan sus salarios a dos y tres años vista. En la actualidad, la duración media de los convenios colectivos está en 3,2 años, lo que supone un año más de media que cuando se inició la recuperación del mercado laboral a principios de 2014.

Por primera vez desde los principios de la crisis, dos grandes sectores económicos, la construcción y los servicios, han pactado incrementos salariales medios superiores al 2%. En concreto, 2,27% y 2,31%, respectivamente. Precisamente en estas actividades trabajan nueve de cada diez asalariados que ya tienen el convenio firmado. Más de un millón de trabajadores del sector de las actividades administrativas y servicios a empresas son los que cuentan con un mayor incremento, del 3,11%. Además, en total, hay casi un millón de trabajadores con un alza media pactada del 4,1% en el arranque del año.
(Cinco Días, 12-02-2019)


Mercantil, Civil i Administratiu

La banca española cumple de sobre con los requisitos de solvencia exigidos por el BCE
Así, lo han comunicado CaixaBank, Bankia, Sabadell, Liberbank y Abanca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, todas las entidades financieras españolas vigiladas por el BCE tendrán limitaciones a la hora de repartir dividendo o pagar bonus a sus directivos, según las recomendaciones del supervisor europeo.

Faltan por comunicar sus requerimientos los dos grandes bancos, Santander y BBVA, así como Bankinter, Unicaja, Kutxabank e Ibercaja, pero parece que ninguna de estas entidades tendrá tampoco problemas en cumplir con las nuevas exigencias, de acuerdo con el proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP) que realiza el BCE cada ejercicio.

De hecho, parece que todos los bancos sobrepasan los requerimientos, que ya han sido comunicados por el supervisor europeo, aunque estas últimas firmas notificarán al mercado sus nuevas exigencias de solvencia a lo largo de esta semana, previsiblemente hoy.

De momento, la Bolsa ha recibido bien los requerimientos, ya que incluso en el caso de Banco Sabadell, que ha sido al que el BCE le ha exigido mayores requerimientos de capital no le ha penalizado, pese a que sí lo hizo cuando el banco presentó los resultados correspondientes a 2018, el 1 de febrero.
(Expansión, 12-02-2019)

El Eurogrupo elige a Philip Lane como nuevo economista jefe del BCE
Los ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros de la zona euro, el Eurogrupo, decidieron este lunes apoyar la candidatura del banquero irlandés que, por otro lado, era la única propuesta en firme que se había presentado. Lane, de 49 años, ocupará el puesto del alemán Peter Praet en un mandato de ocho años que se iniciará el próximo 1 de junio. Para que el nombramiento sea oficial sólo falta que la decisión del Eurogrupo sea ratificada por el Parlamento Europeo y el consejo de Gobierno del BCE, a quienes se elevará la consulta próximamente.

Sin embargo, la postura de ambos organismos no es vinculante. Por último, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea darán su aprobación definitiva en la reunión que mantendrán entre el 22 y el 23 de marzo. La carrera del hasta ahora gobernador del Banco de Irlanda por hacerse con el puesto de economista jefe del BCE cogió impulso tras retirarse de la pugna por el sillón del vicepresidente, que fue a parar a manos del español Luis de Guindos. Desde entonces, se convirtió en el gran y único favorito para reemplazar a Praet.

Sólo surgieron dudas en esta vía libre cuando se especuló sobre la posibilidad de que Irlanda apostase al todo o nada para intentar que Lane lograse el puesto más cotizado: el del presidente Mario Draghi, que finaliza su mandato el 31 de octubre de este año. Finalmente, Dublín optó por garantizar su representación en el Comité Ejecutivo del BCE al presentar la candidatura al puesto de economista jefe. Fuentes financieras describen a Lane como una figura mucho más técnica que política, por lo que entienden que el puesto que dejará libre Praet es el que mejor se adapta a sus características.

Lane, doctor en ciencias económicas por Harvard, es considerado como uno de los economistas más reputados de la zona euro. El nuevo economista jefe ha sido asesor de la Junta Europea de Riesgo Sistémico y director de macroeconomía internacional para el Centro de Investigación Económica y política. Además, realizó labores de consultoría para el BCE, la Comisión Europea, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y un largo número de bancos centrales nacionales.
(Expansión, 12-02-2019)

El Congreso debate los Presupuestos bajo la amenaza de un adelanto electoral
El Gobierno de Pedro Sánchez fía su continuidad a la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales de 2019 que el Congreso de los Diputados comenzará a debatir hoy y votará mañana. A 48 horas de que se despeje la incógnita sobre los apoyos parlamentarios que conserva el Sánchez, cuyo grupo solo tiene 84 de los 350 diputados, el Ejecutivo elevó ayer la presión sobre los grupos independentistas catalanes para recabar su apoyo amenazándoles con adelantar las Elecciones Generales a esta primavera si sus cuentas no salen adelante.

“Si no se aprueban [los Presupuestos] el presidente tomará nota, obviamente, y hará uso de su facultad” de convocar elecciones “cuando corresponda”, avanzó ayer en una entrevista a TVE el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Minutos después, fuentes del Ejecutivo filtraron a Efe que Sánchez baraja adelantar los comicios al domingo 14 de abril en el caso de que su proyecto presupuestario no logre si quiera ser tramitado en el Parlamento.

La ruptura de la negociación abierta entre el Ejecutivo y las fuerzas secesionistas catalanas, ante la exigencia de estas de incluir un referéndum de autodeterminación en la mesa de diálogo, ya llevó el pasado viernes a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a avanzar que no aprobar las cuentas “acortaría la legislatura”. La fecha del 14 de abril, en todo caso, supondría una convocatoria casi inmediata de elecciones de confirmarse un revés a los Presupuestos en la Cámara Baja este miércoles. En concreto, para cumplir con el margen de 54 días de plazo que fija la ley, Sánchez tendría que convocar las elecciones y disolver las Cortes el próximo martes, 19 de febrero.

Fuentes oficiales consideraban ayer que puede ser precipitado manejar semejante calendario. De hecho, Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, afirmó que “ningún miembro de la dirección de los socialistas” ha planteado celebrar comicios el 14 de abril. Es más, otras fuentes apuntan a la posibilidad de aprovechar las urnas del 26 de mayo, cuando ya se celebran comicios locales, autonómicos y europeos, para celebrar un superdomingo electoral que incluya las generales. Sin embargo, los barones socialistas vienen oponiéndose a esta fórmula temerosos de que el voto de castigo al Ejecutivo central acabe perjudicando sus posibilidades en los gobiernos regionales, por lo que cualquiera de las fechas sobre la mesa tiene tantos apoyos como detractores.

De momento, lo que quedó claro es que el planteamiento del adelanto electoral para primavera es un ultimátum a los partidos independentistas PDeCAT y ERC. O votan a favor de las cuentas de un Gobierno que, con líneas rojas, está abierto al diálogo, o provocan un adelanto electoral que podría dar paso a un Ejecutivo de coalición entre PP, Ciudadanos y Vox, que el domingo reunieron a decenas de miles de manifestantes en Madrid en contra de las supuestas cesiones del Ejecutivo ante Cataluña.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, criticó el anuncio electoral de “presión” del Gobierno y le instó a retomar el diálogo si quiere su aval a los Presupuestos. “La gente no está en contra del diálogo y la democracia y desea una solución política a un conflicto que es político”, dijo, aseverando que la manifestación del domingo fracasó. El PDeCAT se pronunció en los mismos términos.

Ambas fuerzas podrían retirar hoy las enmiendas presentadas contra las cuentas como guiño al Gobierno dejando el signo de su voto al albur de una contrapartida. Sin embargo, el arranque hoy en el Tribunal Supremo del juicio contra los políticos catalanes presos por el procés promete complicar más el apoyo de los secesionistas al Ejecutivo. De momento, solo Podemos y PNV apoyan tramitar sus cuentas.
(El País, 12-02-2019)

Sector

Más de 6.000 aspirantes a letrados acudirán el próximo 6 de abril al examen de acceso a la abogacía
Los que aprueben se sumarán a los 155.000 letrados que hay en España. No obstante, el examen de acceso a la abogacía (previo máster de dos años) no convence a gran parte del sector legal. Uno de los más críticos con el sistema es el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, que se ha manifestado en más de una ocasión a favor de cambiar el actual método de ingreso en la profesión por otro que asegure que el aspirante reúne las condiciones que le va a requerir el mercado.

Para ejercer en nuestro país es obligatorio contar con el grado en Derecho, tener el máster de la abogacía de dos años, haber realizado prácticas y aprobar un examen de 75 preguntas tipo test que puntúa en un 70% por la calificación del mismo, más el 30% de la media del máster. No obstante, si miramos más allá de nuestras fronteras, los requisitos de acceso y el número de pruebas a pasar muestra que, según parece, buscan la excelencia con más eficacia.
(Cinco Días, 12-02-2019)

El Supremo rechaza el incidente de nulidad por la sentencia de las hipotecas
El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes el incidente de nulidad presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra el fallo sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) de las hipotecas, y ha determinado que sí estaba facultado para revisar la doctrina.

El pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo ha celebrado una vista en la que se no se trataba de revisar quién debe abonar este gravamen, sino que se ha limitado a estudiar aspectos técnicos relacionados con las garantías procesales de la demandante.

El pasado 18 de octubre, el Supremo decidió atribuir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados a los bancos, para menos de un mes después poner en suspenso ese dictamen y concluir finalmente, tras un agrio debate y por 15 votos contra 13, que correspondía al cliente.

A las pocas horas de conocerse el fallo, el Gobierno aprobó un real decreto estableciendo que fuera la banca y no el cliente la que asumiera el IAJD, tasa que las entidades además no podrán deducirse ya que también se modificó el impuesto de sociedades.
(El País, 12-02-2019)

 
 
 
 
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