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NOVETATS LEGISLATIVES DEL 16 AL 18 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

Impuestos Especiales de Fabricación, sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y sobre el Valor Añadido
Orden HAC/135/2019, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos.
(BOE, 16-02-2019)

Laboral

Pensiones e indemnizaciones del régimen de Clases Pasivas del Estado de los militares de complemento y de los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal
Real Decreto 71/2019, de 15 de febrero, por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del régimen de Clases Pasivas del Estado de los militares de complemento y de los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal.
(BOE, 16-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 15 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 15 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 16-02-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/index.php?d=42&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/index.php?d=41&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 16 AL 18 DE FEBRER DE 2019

Laboral

Acuerdo para el borrador sobre la reforma de las pensiones
Todos los grupos parlamentarios que discuten desde hace más de dos años la renovación de las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones acaban de cerrar in extremis un borrador con el fin de aprobarlo antes de que se disuelvan las Cortes el próximo 5 de marzo.

En principio, y si no hay cambios de última hora que obedezcan a estrategias electorales, la intención de los grupos es aprobar un texto en esta comisión y trasladarlo para su aprobación en uno de los dos plenos que quedan por celebrarse. A falta de las últimas aportaciones de los partidos, estas son las principales recomendaciones del borrador consensuado en líneas generales por los grupos parlamentarios. Serán indicaciones para que el Gobierno que salga de las urnas reforme la Seguridad Social:

Principios generales. La recomendación número 0 hace una exposición de los objetivos generales del Pacto. Fija unas líneas rojas en las que los partidos firmantes “se oponen a cualquier transformación radical del sistema de pensiones”. O a otras reformas que respeten los esquemas básicos, pero “afecten al principio de solidaridad entre generaciones y dentro de cada generación y/o a la suficiencia de pensiones”. El otro principio general es el mantenimiento de las cotizaciones como fuente principal de ingresos, aunque añaden que estas “requieren de apoyos y recursos económicos adicionales, basados en la imposición general”.

Separación de fuentes. En varias de las recomendaciones se cita la necesi­dad de que todas las prestaciones asistenciales y de carácter universal se paguen con “transferencias del Estado” que se financian con impuestos. Así, la recomendación número 1 determina incluso qué gastos deben dejar de pagarse con cotizaciones, liberando dinero para el sistema. En concreto, citan que los tributos deberán financiar las políticas de incentivos al empleo; las prestaciones asistenciales del sistema de protección por desempleo (esto es, los subsidios); ayudas a sectores productivos a través de la anticipación de la edad de jubilación, y el tratamiento favorable de algunos sistemas especiales o de los jóvenes en formación. Además, las prestaciones relacionadas con la maternidad o cuidado de familiares y el complemento de maternidad de las pensiones. De hecho, confían a esta separación de fuentes la eliminación de los números rojos del sistema. Así, consideran que la asunción progresiva de todos estos gastos por parte del Estado “debe ajustarse a un calendario que permita acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social y con la política de préstamos del sistema en un plazo breve de tiempo que no podrá exceder el año 2025”. Este año será el tercero en el que el Tesoro otorga préstamos para sufragar los déficits del entorno de los 18.000 millones de euros anuales.

Poder adquisitivo. El borrador incluye la única recomendación pactada hasta la fecha. Se trata de la polémica número 2, para la que se llegó a un acuerdo el pasado septiembre por todos los partidos, salvo ERC, para volver a revalorizar las pensiones “en base al IPC real”. Si bien, esta indicación propone también “recuperar el consenso” de esta misma recomendación aprobada en 2011. A este punto se aferran PP y Ciudadanos para precisar que aquella recomendación recogía la posibilidad de “utilizar otros índices de revalorización” basados en el crecimiento de los salarios, la evolución del PIB o de las cotizaciones.

Convergencia de regímenes. Los integrantes apuestan por que la Seguridad Social llegue a tener solo dos grandes regímenes: uno de asalariados y otro de trabajadores por cuenta propia. Y “alcanzar una protección social equiparable [en estos dos regímenes] con una cotización similar de los trabajadores”. En este punto admiten medidas que recojan la jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial de los autónomos. Pero con “los controles necesarios para evitar el uso inadecuado de tales opciones”. También piden “medidas para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales”.

Información al ciudadano. La comisión alienta al Gobierno a cumplir las obligaciones de información del artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, para que cada ciudadano disponga de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión.

Lucha contra el fraude. Los firmantes piden un mayor cruce de datos e información entre la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y las Haciendas de las comunidades autónomas. Asimismo, defienden “mantener y actualizar” el control del cobro de prestaciones, “especialmente las de incapacidad temporal, para evitar el absentismo injustificado o su uso como mecanismo alternativo al desempleo”. También cree que se debe seguir combatiendo el registro de falsos autónomos y reforzarse los medios de la Inspección de Trabajo, así como el régimen sancionador a las empresas.

Mujeres. Los diputados han destinado una de las recomendaciones a analizar cómo cerrar la brecha de género en materia de pensiones y proponen la adopción generalizada de medidas para acabar con las menores cotizaciones de las mujeres a la Seguridad Social. Entre las más novedosas está el planteamiento de que “se posibilite el traslado o reparto de cotizaciones”. El resto debería actuar sobre las lagunas de cotización, la menor cotización del tiempo parcial y de las carreras precarias o la revisión de las pensiones no contributivas o de viudedad.
(Cinco Días, 18-02-2019)

España necesitará 10 millones de cotizantes más para pagar las pensiones en 2050
España necesitará tener 28,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social en 2050 para poder pagar los 15 millones de pensiones previstas a esa fecha, lo que supone que en 31 años el sistema tendrá que sumar casi 10 millones de afiliados más de los que hay actualmente, según cálculos de BBVA Research. El servicio de estudios de la entidad sostiene que, ante el previsible aumento del número de pensionistas, se pueden adoptar tres caminos alternativos.

El primero de ellos consistiría en aumentar la presión fiscal, introduciendo más impuestos o recortando el gasto público en otras partidas presupuestarias. El segundo pasaría por acometer reformas estructurales para reducir la tasa de paro, aumentar la tasa de actividad y de empleo, y la productividad y los salarios. La tercera alternativa, expone BBVA Research, es la de fomentar el ahorro complementario, compensando la reducción de la pensión media sobre el salario medio con más ahorro.

En su opinión, todas estas alternativas tendrían efectos más positivos sobre el crecimiento y el empleo cuanto antes se implantará en España, de manera gradual, un sistema de cuentas nocionales/individuales, "permitiendo anticiparse al futuro con decisiones informadas y blindando la pensión mínima" en función de la inflación subyacente y las ganancias de productividad. BBVA Research sostiene que las cuentas nocionales asegurarían el equilibrio actuarial reduciendo la tasa de prestación de los pensionistas futuros, por lo que se necesitaría un ajuste gradual.

El sistema de cuentas nocionales por el que apuesta el servicio de estudios de la entidad contaría con aportaciones de empresas y trabajadores; sería de contribución definida, como en Suecia y otros países europeos; de reparto y progresivo, y su implantación sería gradual, como en Suecia, donde se tardaron 15 años. Para BBVA Research, este sistema introduciría transparencia para los futuros pensionistas e incentivaría la demanda y oferta de trabajo y las decisiones planificadas sobre la carrera laboral. "El sistema actual es menos transparente: apenas se sabe que una cotización del 28,3% del salario no financiaría ni 3,5 meses de la futura pensión", argumenta el servicio de estudios de la entidad.
(Expansión, 17-02-2019)

El Gobierno va a intentar sacar adelante su contrarreforma laboral
Para ello podría usar la vía del Real Decreto Ley antes de las elecciones generales, o incluir estas modificaciones en una proposición de ley en materia de subcontratación cuya tramitación está ya muy avanzada. Si bien será complicado que estas iniciativas vean la luz porque, en cualquier caso, requerirá de votaciones parlamentarias en las que el Ejecutivo tiene difícil lograr la mayoría.

Así lo han confirmado a EFE fuentes gubernamentales después del rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2019 -en los que se incluían algunas de estas medidas, como el subsidio para mayores de 52 años, la ampliación del permiso de paternidad o el pago de las cotizaciones a las cuidadoras- y de convocatoria anticipada de elecciones generales que hará decaer otras medidas que estaban en tramitación parlamentaria.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, insistía esta semana en una entrevista en televisión en que "el Gobierno, el tiempo que tenga, va a seguir, aunque sea vía Decreto Ley, recuperando derechos que son buenos para millones de ciudadanos en España".

En este sentido, su departamento trabaja para rescatar algunos asuntos que iban en los Presupuestos para 2019 rechazados, como la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años o la cotización para cuidadoras no profesionales de personas dependientes.

Junto con estas medidas, el Gobierno planea revertir algunos puntos de la reforma laboral de 2012 -cuya tramitación a través de una proposición de Ley que regula las subcontrataciones en las empresas está muy adelantada en el Congreso-. En la tramitación de esta ley podrían incluir vía enmiendas la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos (prórroga automática indefinida); la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa "en algunos aspectos"; y la implantación de un control horario de la jornada.

Tras el no a las cuentas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también consideraba esta semana "complicado" gobernar vía Decreto Ley, si bien no descartaba utilizarlos para aprobar algunas medidas en las que trabajaba el Gobierno.
(Expansión, 16-02-2019)

UPTA exige que se modifiquen las leyes que afectan a los autónomos
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha calificado de “inadmisible” la parálisis política que va a producir la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Para Eduardo Abad, presidente de la organización, es absolutamente “irresponsable” que después de meses “tratando de modificar alguna de las normas legales más injustas” para los pequeños empresarios y los trabajadores autónomos, estos compromisos continúen “en el dique seco” y sigan siendo “los más débiles”.

“Una vez más, las decisiones partidistas de las formaciones políticas han pasado por encima del interés de los ciudadanos y, sobre todo, de los autónomos”, ha señalado UPTA en un comunicado. Algunas de las medidas que quedarán en stand by serán la no obligación de adelantar el IVA de las facturas no cobradas, además, según opina Abad, de “continuar concediéndoles a las grandes empresas créditos fiscales y una ingente cantidad de recursos económicos en el circulante”.

Se ha exigido a la comisión parlamentaria encargada de modificación de la Ley de Autónomos que deje de dilatar la solución definitiva de una vez por todas. De lo contrario, afirman, será “muy difícil” que los autónomos y las pymes no pensemos que detrás de esta infundada situación “se esconden oscuros intereses que en ningún caso son los propios de una legislación justa y equitativa”.

También está pendiente la modificación de la norma sobre la Segunda Oportunidad, y un desarrollo reglamentario de la Ley de Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, algo que lleva más de dos años en tramitación. “insistimos en exigir coherencia a las distintas fuerzas políticas con representación en el Parlamento Español y que finalicen los asuntos pendientes antes de que la legislatura se agote. Las necesidades de millones de trabajadores autónomos tienen que estar por encima de los intereses electorales, y que dejen de jugar con estos intereses y cumplan con lo pactado”, puntualizan en el comunicado.
(El País, 16-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La gran banca recuperó 91.000 accionistas
En un año marcado por las fuertes caídas de los valores del sector en Bolsa, las principales entidades españolas recuperaron la mayor parte de los accionistas perdidos en 2017, pero aún no llegan al nivel de cierre de 2016. En concreto, la suma de accionistas de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter se situó en 6.097.832 accionistas, un avance de 91.036 con respecto a los 6.006.796 con que cerraron 2017, pero aun ligeramente por debajo de los 6.107.576 de 2016 y del récord del sector establecido al cierre del tercer trimestre en 6.147.796 accionistas, como adelantó Cinco Días.

Para el agregado completo de cierre de año faltaban las cifras definitivas de CaixaBank, que no las publicó al presentar los resultados. El banco valenciano ha difundido ya esa información y sitúa su número de accionistas en 588.077 al cierre de 2018. Según la radiografía de su accionariado, la entidad tiene un capital flotante del 55,7%. De esa parte, un 62,7% corresponde a inversores institucionales extranjeros; un 6,7%, a nacionales; un 28,9%, a pequeños inversores, y un 1,8% a empleados. Pese a que ha recuperado cerca de 1.800 accionistas en el cuarto trimestre, en el conjunto del año pierde 16.940.

Las cifras agregadas vienen muy marcadas por las de Banco Santander. La entidad cántabra ha tenido la entrega de acciones a sus clientes como estrategia de fidelización. Eso ha ido incrementando su número de accionistas, que desde la compra del británico Abbey National ya era con diferencia al más grande del sector. A cierre de 2018, Santander tenía 4.131.489 accionistas, 101.859 más que un año antes, aunque por debajo de las cifras del tercer trimestre, cuando marcó un récord de 4,19 millones de accionistas.

BBVA, por su parte, ha ganado 11.255 accionistas en el año, hasta 902.708. Sabadell tiene una mínima ganancia de 393 socios, hasta 235.423, y también es mínimo el avance de Bankinter, que suma 211 socios, hasta los 55.122 accionistas.

Bankia, en cambio, continúa reduciendo su base accionarial, aunque a un ritmo muy inferior al del anterior ejercicio. Si en 2017 perdió 51.24 accionistas (en gran medida por la recompra a pequeños inversores que invirtieron en la salida a Bolsa), en 2018 el descenso ha sido de 6.012, hasta un total de 184.643 inversores.

Aunque la evolución en Bolsa del sector ha sido en 2018 la peor desde 2018, la parte buena para los inversores estables es que la mayoría de los bancos ha incrementado los dividendos con cargo a los resultados del pasado ejercicio. Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Bankinter y Sabadell pagarán un total de 7.300 millones de euros en dividendos con cargo a los resultados del año pasado, un 3,5% más que los distribuidos por las cuentas de 2017. Es decir, destinarán el 44% de los 16.676 millones de euros que ganaron en 2018. Todas las entidades mejoran el importe por acción, salvo Banco Sabadell, que lo reduce un 57%, en línea con su caída de resultados.
(Cinco Días, 18-02-2019)

El IPC anual se modera al 1% en enero por la contención de los alimentos
El índice de precios de consumo (IPC) registró en enero una subida anual del 1 %, dos décimas menos respecto a la inflación anual de diciembre, debido fundamentalmente a la contención de los alimentos y bebidas no alcohólicas durante su periodo. También influyó que los precios del transporte cayeron durante los últimos doce meses gracias a que los carburantes subieron en enero de 2019 menos que en el mismo mes de 2018, según los datos definitivos de IPC publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ya había adelantado hace un par de semanas.

La evolución mensual muestra que los precios de consumo cayeron un 1,3% respecto a diciembre, un descenso en línea con el del 1,1% del mes de enero del año anterior y que suele estar marcado por la campaña de las rebajas. De hecho, en términos intermensuales ha sido el mayor retroceso en este mes desde 2016, debido principalmente a la moderación de los precios de vestido y calzado (-15,4%) por las rebajas de invierno; al ocio y la cultura (-2,3%) por los paquetes turísticos; a la vivienda (-0,6%) por el abaratamiento del gas, la luz y el gasóleo para calefacción; al menaje (-0,5%) por los artículos textiles para el hogar, y a los hoteles (-0,2%) por el menor coste de los servicios de alojamiento.

Por comunidades, el IPC ha retrocedido en 14 comunidades autónomas en enero respecto a diciembre y se mantiene en las tres restantes. El mayor descenso se ha producido en Castilla-La Mancha, con una bajada de cinco décimas. Por su parte, las comunidades que mantienen su tasa anual son Islas Baleares, Navarra y País Vasco. En el mes de enero la tasa de variación anual del IPCA (que se utiliza para comparar los precios con otros países de la UE) en el 1%, dos décimas por debajo de la registrada el mes anterior, y la tasa de variación anual del IPC a Impuestos Constantes (IPC-IC) se ha situado en el 0,9%, una décima menos que la registrada por el IPC general.
(La Vanguardia, 16-02-2019)

El Gobierno aprueba la 'Ley Celaá' y la exhumación de Franco tras adelantar las elecciones generales
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, tras una primera reunión extraordinaria y el anuncio de Pedro Sánchez de elecciones anticipadas, la 'Ley Celaá' sobre educación, que elimina los itinerarios en 4º de la ESO y elimina la contabilización de la religión en la nota media. Así, ha dado luz verde al proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que pretende derogar también la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada en 2013 con la mayoría absoluta del Partido Popular, y que ha sido cuestionada desde entonces desde diversos ámbitos de la comunidad educativa.

La portavoz del Gobierno ha destacad que este proyecto de ley "viene respaldado por el trabajo de las CCAA con excepción de aquellas gobernadas por el PP que no han querido mandarnos sus aportaciones. El resultado del proyecto de ley está muy enriquecido pro la comunidad educativa y muy respaldado", ha asegurado tras la reunión del Consejo de Ministros. "Es un proyecto de ley progresista que conecta con las corrientes educativas en Europa y en la ONU. Es un proyecto de ley del siglo XXI", ha declarado. La nueva norma, denominada Ley Orgánica por que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo de Educación (LOE), deroga la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y modifica y moderniza la anterior ley de educación que reformó la LOMCE, es decir, la LOE.

Entre las novedades es la eliminación de los itinerarios de 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en ESO. También se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la religión y la calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros. "La Lomce ha hecho descender el número de graduados en 3 puntos en secundaria y 2 puntos en bachillerato, por tanto, es un modelo que no nos beneficia", ha asegurado Celaá. Además, ha destacado que el proyecto de ley presta una atención muy específica a la educación entre 0 y tres años, a la universalización del 0-3 e ir accediendo a la gratuidad. "Es uno de los principios rectores de la ley", ha indicado.

Este proyecto también asigna al Gobierno central la competencia de determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil "en colaboración con las comunidades autónomas". "La educación Primaria será por ciclos y eso limitará el número de repetidores y la Secundaria será mucho más inclusiva", ha añadido. "Será posible pasar de 1º a 2º de Bachillerato con algunas materias suspendidas, no más de tres", ha precisado. Según indica el Ministerio de Educación, se fundamenta en cinco pilares: incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, el texto adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación; la norma plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje; reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible y también insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital.

Además, el Ejecutivo ha puesto fin al procedimiento administrativo y ha acordado "ejecutar" la exhumación y traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La familia tendrá 15 días para señalar un lugar de inhumación distinto de la Catedral de la Almudena. "Como ministra de Justicia he tenido el honor de llevar al Consejo de Ministros el acuerdo para su aprobación. Hemos culminado un procedimiento administrativo con todas las garantías para exhumar a Franco, y así se ha acordado", ha declarado la ministra de Justicia, Dolores Delgado. "Ha sido una responsabilidad histórica como Ejecutivo y nos marcará a nosotros como españoles en la reconciliación", ha afirmado.
(El Mundo, 16-02-2019)

Sector

El 'compliance' tributario, nuevo caballo de batalla de los despachos
La nueva norma UNE 19602 establece el estándar de los sistemas de gestión de compliance tributario. Los bufetes se preparan para adaptar las empresas a este nuevo modelo de prevención de riesgos fiscales. Al reconocido estándar para el cumplimiento normativo en materia penal, la norma UNE 19601, se suma ahora un nuevo procedimiento que ayudará a las compañías a implantar y a gestionar un sistema de gestión de riesgos tributarios.

Hasta la fecha, las directrices relacionadas con el gobierno fiscal estaban asociadas exclusivamente a la Ley de Sociedades de Capital y sólo eran de obligado cumplimiento para las empresas cotizadas. Pero la apuesta de la Administración por el desarrollo de estas políticas invita a pensar que todas las empresas acabarán incorporando estas prácticas a su gestión interna como parte de un sistema general de buen gobierno, transparencia y cumplimiento normativo.

La finalidad de esta norma es doble. Según Javier Martín, socio de Ideo Legal y director técnico del Congreso de Buenas Prácticas Tributarias de Lefebvre, aporta una serie de "pautas a las organizaciones, con independencia de su tamaño, para implantar un sistema de cumplimiento tendente a minimizar sus riesgos tributarios y, en caso de producirse, facilita la creación de mecanismos de detección y corrección, así como cánones de aprendizaje para evitarlos en el futuro". Martín ha coordinado el grupo de trabajo de empresas, Administraciones y despachos que ha desarrollado esta norma para la Asociación Española de Normalización (UNE).

José Vicente Iglesias, socio de tributario de Garrigues e integrante del mismo comité, considera que esta nueva norma va a "proporcionar una guía y los requisitos necesarios para establecer y desarrollar un sistema de cumplimiento completo y efectivo". Los sistemas de gestión de compliance fiscal proponen una cooperación e información mayor entre la Administración Tributaria y las empresas, una relación cooperativa que a Iglesias le gustaría que "proporcione agilidad y fluidez, que esta trasparencia se traduzca en seguridad en tiempo real y permita en el futuro economizar esfuerzos a ambas partes". Esto sin duda requerirá un importante cambio de mentalidad y la dedicación de recursos adecuados por parte de la Administración.
(Expansión, 16-02-2019)

 
 
 
 
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