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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 19 DE FEBRER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de febrero de 2019
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de febrero de 2019.
(BOE, 19-02-2019)

Euro
Resolución de 18 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 18 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 19-02-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/index.php?d=43&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 19 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

El 98% de auditorías sobre cuentas de cotizadas recibe un informe favorable
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibió 297 informes de auditoría sobre las cuentas de 2017, correspondientes a 155 entidades emisoras, el 98% de las cuales obtuvo una valoración favorable, frente al 97,6% del año anterior.

Por décimo año consecutivo todas las sociedades del IBEX 35 presentaron una opinión favorable, añade el informe de supervisión publicado este lunes por la CNMV, que adelanta que en el análisis de las cuentas de 2018 "se prestará atención a la primera aplicación de las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIIF 9 y NIIF 15) y a los desgloses del estado de información no financiera".

En cuanto a las salvedades contenidas en esos informes, en 2017 siguió bajando, de cuatro a tres, el número de informes con limitaciones al alcance -posibles restricciones que puedan impedir al auditor aplicar los procedimientos requeridos-.

También se redujo, de dos a uno, el número de emisores cuyos informes contenían salvedades por incumplimiento de normativa contable. Asimismo, diecinueve emisores incluyeron algún tipo de párrafo de énfasis (relativo a una cuestión considerada importante para la adecuada comprensión de los estados financieros), muy por debajo de los 42 que lo hicieron en 2016, y de ellos, 13 incorporan dudas sobre la continuidad de los negocios, frente a los 18 del año anterior.

La CNMV también explica que, dentro de su labor de supervisión, en 2018 dirigió requerimientos a 27 entidades, y a todas ellas se les pidió que ampliaran los desgloses de información que suministran en el informe financiero anual, al tiempo que a 24 de ellas se les solicitó que aportaran información adicional sobre cuestiones relativas a políticas contables de reconocimiento o valoración.
(Cinco Días, 19-02-2019)

La Agencia Tributaria ofrece ayuda a las compañías ante el Brexit
La Agencia Tributaria (AEAT) envió a principios de enero una carta a las empresas españolas en la que les ofrece ayuda de urgencia de cara a una salida sin acuerdo. En un espacio habilitado en su página web, la Agencia Tributaria informa de los retos inminentes a los que tendrán que hacer frente las compañías españolas a partir del 30 de marzo.

En primer lugar, advierte de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea implicará que las importaciones y exportaciones entre ambos dejarán de ser consideradas operaciones intracomunitarias. En su lugar estarán sujetas a formalidades aduaneras, lo que puede afectar a la organización y flujos logísticos de las empresas. Entre otros procedimientos, los operadores deberán solicitar un número de registro a través de la sede electrónica de la AEAT.

Sobre el pago del IVA, como la Comisión, la AEAT especifica que las exportaciones a Reino Unido no lo pagarán, mientras que las importaciones de Reino Unido sí estarán sujetas. Para optar por el pago del IVA en diferido, informa de que deberá presentarse el IVA mensualmente. Por otro lado, como las operaciones entre Reino Unido y España dejarán de considerarse intracomunitarias, éstas no deberán informarse a través de la declaración del Modelo 349.

En el caso de Impuestos Especiales, la Agencia Tributaria explica que la expedición o recepción de productos sujetos a Impuesto Especial se considerarán flujos comerciales de bienes, sujetos a la normativa aduanera de la UE.
(El País, 19-02-2019)

España presenta el sistema fiscal más eficiente
El informe Paying Taxes 2019 elaborado por PwC para el Banco Mundial y que analiza los sistemas tributarios de 190 países de todo el mundo concluye que el sistema tributario español se encuentra entre los más modernos del mundo. España se sitúa en el número 34 en la clasificación de los 190 sistemas fiscales analizados, por delante de países como Estados Unidos (37), Alemania (puesto 43), Francia (53) o Italia (118).

Comparado con el resto del mundo, si actualmente, de media, una compañía necesita 237 horas para cumplir con Hacienda, en España esta cifra es de 148 horas. Si, además, para hacerlo necesita realizar 23,8 pagos, en el sistema español esta cifra se reduce a nueve.

En cuanto al IVA (Impuesto Sobre el Valor Añadido), las empresas de todo el mundo emplean, de media, 19,6 horas para pagar este tributo, mientras que, en España, tras la introducción del Suministro Inmediato de Información (SII), este tiempo se ha reducido a cero. A la hora de obtener la devolución del tributo, también las compañías españolas necesitan menos dedicación: 16,4 semanas por las 29 de la media del resto del mundo.

Para realizar este estudio, PwC ha recopilado datos durante 14 años para el Banco Mundial que muestran que el índice que mide la eficacia de las distintas administraciones tributarias, una vez que las empresas han realizado el pago de sus impuestos (Post filing index), siendo el 100% la más eficaz y el 0% la que menos, sitúa a España entre las ocho administraciones más eficientes del mundo, con una puntación del 93,6%, muy por encima de la media (59,6%).

El informe resalta como, desde 2004, el uso de las nuevas tecnologías por parte de las autoridades fiscales y de las empresas han reducido en 84 horas, de media, el tiempo y en 10,3 el número de pagos que las compañías deben hacer para cumplir con el fisco. Esto tiene que ver con la introducción de sistemas de reporting fiscal en tiempo real, como es el caso del SII del IVA en el caso de España.

A la vista de todos estos datos, el socio de PwC Tax and Legal Services Alberto Monreal destaca que mientras la Agencia Tributaria española ha hecho avanzar tecnológicamente la gestión de los impuestos muy por encima de la media de otros países, las empresas españolas soportan una fiscalidad "muy elevada", en perjuicio de su competitividad.

"Nos parece relevante resaltar que mientras la presión fiscal en España se mantiene, según datos de la OCDE, muy cerca de la media de estos países, la fiscalidad empresarial es más elevada, y sería oportuno reconducir el actual balance entre empresas y familias y entre fiscalidad directa, incluidas cotizaciones, e indirecta", ha subrayado.
(El País, 19-02-2019)


Laboral

El TJUE ha manifestado en múltiples ocasiones que el personal temporal de larga duración es ilegal
La Administración no sabe qué hacer con tanto personal interino. Así que se ha propuesto acabar con ellos, nada más ni nada menos que entre 600.000 y 900.000, según los últimos datos. ¿Por qué y por qué ahora? Para empezar, porque a la Administración se le ha desbordado el número de interinos que ella misma ha ido creando a lo largo de más de dos décadas. El sector público ha ido contratando a personal interino, tanto laboral como funcionario, no para resolver cuestiones temporales, puntuales y urgentes, como le permite la normativa, sino para cubrir puestos y vacantes permanentes, con trabajos iguales que el resto del personal funcionario.

Con esta práctica, que tanto los tribunales españoles como los europeos han fallado como fraudulenta, la Administración se ha saltado plazos y procesos de selección que debían de haberse convocado en un espacio máximo de tres años tras la contratación del personal interino. En vez de cumplir la ley, el sector público ha mantenido a este personal interino en sus puestos por más de 20 años en algunos casos.

El Tribunal de Justicia Europeo ha manifestado en múltiples ocasiones que el personal interino de larga duración es ilegal, que está en fraude de ley. Y que debe corregirse dicha situación con la formalización de un contrato indefinido o, en caso de finalizar la relación con el sector público, con la debida indemnización. Pero la Administración no realiza ni lo uno ni lo otro. ¿Y por qué ahora? Es tiempo de elecciones. La Administración quiere vender que va a convocar un gran número de plazas fijas, ya que las de los funcionarios interinos no son fijas.

Las elecciones pesan más que la situación legal de muchos trabajadores interinos. O sea: echamos a 900.000 trabajadores, algunos muy cercanos a su edad de jubilación, con mínimas posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral, y vendemos que convocamos las plazas de los despedidos. Es decir: miles de interinos se van a quedar sin trabajo, porque los años transcurridos como interino no suman puntos en el concurso para conseguir la plaza que han estado ocupando.

Y sin indemnización, porque, a pesar de que el Tribunal Supremo reconoce que es un fraude de ley mantener a un interino más de tres años en la misma plaza, el alto tribunal obliga a los interinos a ir a juicio y justificar los daños sufridos para que sea un juez quien determine la indemnización a percibir.

Es curioso cómo a menudo se critica desde los poderes públicos a la empresa privada por no cumplir la ley. A la mayoría de los partidos políticos se les llena la boca con estrategias para amparar al trabajador y protegerle de posibles abusos por parte de los empresarios.
(Cinco Días, 19-02-2019)

Sánchez promete un “presupuesto social” y derogar la reforma laboral si gobierna
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado dos mensajes económicos en su primera entrevista, realizada en TVE, tras anunciar elecciones generales para el próximo 28 de abril. Sánchez se ha comprometido a impulsar "unos presupuestos sociales" y a derogar la reforma laboral, además de formular un nuevo Estatuto de los Trabajadores, si en los próximos comicios consigue la mayoría necesaria para Gobernar.

"El tope al Gobierno ha sido el no a los presupuestos. Los presupuestos lo son todo para un Gobierno", ha afirmado Sánchez, que ha reivindicado su labor al frente del Ejecutivo: "Hemos hecho más por justicia social en ocho meses que durante siete años de Gobierno de Rajoy". Y ha afirmado que los Presupuestos son los "más sociales" de la democracia.

En concreto, el presidente ha citado el impulso a 13 leyes y 25 reales decretos. Entre otras medidas ha reivindicado la universalidad de la Sanidad o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones. Pero también ha acusado al PP y Ciudadanos de bloquear otras reformas en la mesa del Congreso, como la ley de Eutanasia o las reformas de la Ley Mordaza o la Laboral.

"No he convocado elecciones antes, a pesar de las dificultades, porque hemos Gobernado. Teníamos 84 diputados y eso nos obligaba a tejer muchas alianzas. En lo que hemos sacado adelante se ve que ha salido con muchos apoyos. Hemos gobernado para la mayoría", ha dicho Sánchez.

Sobre las negociaciones con los independentistas, Sánchez ha negado un pacto para auparle el pasado junio como presidente del Gobierno con el apoyo de ERC y PDCat en la moción de censura. "El independentismo tiene pavor a negociar" ha afirmado y ha calificado el documento de 21 peticiones entregado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como "inasumible". Sin embargo, no ha cerrado la puerta a pactar con los partidos independentistas tras las elecciones, pero ha abierto el abanico también a Ciudadanos o Podemos. Tampoco ha aclarado si, una vez dictada una sentencia del Supremo por el referéndum del 1-O, impulsará un indulto para los políticos catalanes en el caso de que fuesen condenados.
(Expansión, 19-02-2019)

El Gobierno trata de blindar la subida de las pensiones con el IPC antes de las elecciones
El Gobierno pretende aprovechar, al menos, la única cerrada y presentada en público para blindar ya la actualización de las pensiones “en base al IPC real”. El acuerdo global está casi hecho, pero la cercanía de las elecciones puede impedir que se cierre pronto. Ante este escenario, fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan que, si no se alcanza rápido el pacto general, intentarán salvar esta parte a través de un decreto ley.

En 2018 y en 2019 el poder adquisitivo de las pensiones está asegurado. Para ambos años está garantizado por su vinculación con el IPC medio de cada año, a partir de 2020 ya no. El decreto con el que se revalorizaron este ejercicio comprometió una solución definitiva en los primeros seis meses de este año, pero la convocatoria de elecciones general dificulta este horizonte.

La cita con las urnas el 28 de abril (y el 26 de mayo) también está poniendo en riesgo el cierre de un acuerdo definitivo en el Pacto de Toledo. Casi todos los portavoces de esta comisión parlamentaria, coincidían ayer en admitir que los textos sobre las más de 20 recomendaciones que deben servir de guía al diálogo social y al Gobierno de turno para elaborar la próxima reforma de la Seguridad Social “están muy maduros y trabajados”. En lo que no hay tanta coincidencia, es en la inminencia del texto definitivo. Unos creen que ya podría cerrarse esta misma semana; otros —tras más de tres años de conversaciones— que hace falta más tiempo, lo que supone demorarlo hasta después del ciclo electoral.

“Está por ahí un acuerdo”, apuntó ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en una entrevista en Telecinco, en referencia al Pacto de Toledo. Añadió que con eso no apuntan que hubiera que hacer “grandes reformas”, más bien sería “darle un pequeño empujón”. Posteriormente, fuentes de Trabajo precisaron que se refería a la recomendación sobre el mantenimiento del poder adquisitivo, ya cerrada y publicada en septiembre.

Entre lo avanzado en el resto de consejos del Pacto de Toledo, la obligación de cerrar el déficit de la Seguridad Social en 2025 con más aportaciones de recursos procedentes de impuestos, como adelantó ayer Cinco Días. Además, la misma recomendación pide un estudio “que refleje en qué medida las cotizaciones sociales asumieron durante años el peso de la financiación de otras políticas del Estado”.

La exigencia no es inocente. Este cálculo cuantifica cómo las cotizaciones han financiado a lo largo de la historia la Sanidad, el complemento de las pensiones que no llegan al mínimo o las políticas activas de empleo. Con él, se puede justificar que se deje a cero la deuda que la Seguridad Social tiene con el Estado por los préstamos de los últimos años o esas aportaciones que tendrá que hacer la Hacienda pública para cerrar el déficit de las pensiones.
(La Vanguardia, 19-02-2019)


Mercantil, Civil i Administratiu

Bruselas apremia a las empresas a prepararse para un Brexit caótico
El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, traslada a las compañías que "no hay tiempo que perder" y que la Comisión "está dispuesta a ayudar con la campaña de información". La cuenta atrás hacia el 29 de marzo se ha convertido en una carrera cuesta abajo y sin frenos que arrastra tanto a Reino Unido como a la Unión Europea hacia un final incierto. La Comisión Europea lleva semanas intentando tejer una red de seguridad que haga que la caída duela lo menos posible. Con la vista puesta en el sector privado, ayer publicó un documento en el que apremia a las empresas a prepararse para la opción más probable, el no acuerdo, y advierte de los pasos a seguir para paliar un Brexit caótico.

"No hay tiempo que perder y estamos dispuestos a ayudar con la campaña de información", sentenció ayer Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, que explicó que "mucho depende de la capacidad de las empresas que comercian con Reino Unido para adaptarse rápidamente a las normas aduaneras que se aplicarán desde el primer día en caso de no acuerdo".

A menos de mes y medio de la fecha del divorcio, los encuentros para intentar salvar un acuerdo de salida se suceden sin grandes avances. En los próximos días, la primera ministra británica, Theresa May, se verá con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Pero ni May logra poner de acuerdo a su Parlamento en torno a un acuerdo de salida, ni es seguro que la UE fuera a aceptarlo.

"La Comisión Europea y las autoridades aduaneras nacionales están trabajando con ahínco a fin de estar preparadas para introducir exámenes y controles de las mercancías que circulen entre la UE y Reino Unido", añadió ayer Moscovici. Hace algo menos de un año, sólo un 31% de las empresas españolas expuestas a Reino Unido tenía preparado un plan de contingencia, según un estudio de KPMG. Desde entonces, Gobiernos nacionales e instituciones europeas se han puesto manos a la obra para asegurar que las compañías hacen los deberes. "Es urgente que las empresas de la UE empiecen a prepararse para la salida de Reino Unido, en caso de que todavía no lo hayan hecho", señala el documento.

  • Vulnerabilidad. Lo primero que deben evaluar las compañías es si están expuestas. Bruselas advierte de que "el Brexit afectará a su empresa si vende bienes o presta servicios a Reino Unido, si compra bienes o recibe servicios o si transporta bienes a través de Reino Unido". Las exportaciones españolas a Reino Unido suponen el 2,7% del PIB, según un informe de S&P que advierte de que España se verá más afectada por el Brexit que Francia, Alemania o Italia.
  • Las consecuencias. Las empresas europeas tendrán que enfrentarse a un aumento en las formalidades aduaneras, así como posibles restricciones o prohibiciones a algunos de sus productos. También dejarán de valer en Reino Unido los certificados de importación y exportación expedidos por la UE, y Reino Unido podría exigir certificaciones adicionales. En cuanto al pago del IVA, las exportaciones a Reino Unido estarán exentas del IVA, y cambiarán las normas sobre la declaración y el pago del IVA.
  • Qué hacer. Una vez identificada la exposición al mercado británico, la Comisión insta a cumplir con una serie de pasos. Lo primero que las compañías deberán hacer es registrarse ante la autoridad aduanera nacional para poder realizar operaciones comerciales con países no pertenecientes a la UE. Este punto es especialmente importante para pymes que nunca han comerciado con países de fuera de la UE, ya que el incremento de costes será relevante si Reino Unido se convierte en un tercer mercado.
  • ¿Dejar de comerciar con Reino Unido? Bruselas recomienda evaluar si la empresa está preparada o no para seguir teniendo relaciones comerciales con Reino Unido o a través de Reino Unido. El aumento de costes mencionado podría convertirse en un lastre para algunas empresas, principalmente pymes, pudiendo amenazar su propia solidez. Para seguir comerciando, Bruselas recomienda que la compañía cuente con personal formado en materia aduanera (capacidad humana); sistemas informáticos (capacidad técnica) y autorizaciones aduaneras, por ejemplo, para procedimientos especiales (almacenamiento, perfeccionamiento) o para bienes con arreglo al régimen de "destino final".
  • Ayuda del Gobierno. Aunque la empresa cuente con estos recursos, la Comisión aconseja que pregunte a la autoridad aduanera nacional -donde realizó el registro- sobre simplificaciones y facilitaciones existentes de las que pueda beneficiarse, y considere la posibilidad de solicitar el estatuto de operador económico autorizado. En el caso de España, además, el Gobierno lanzó el llamado cheque Brexit, para que las empresas puedan beneficiarse de un descuento de entre el 60% y el 80% en los servicios que ofrece el Icex.
  • IVA. Si la empresa está registrada en la Mini Ventanilla Única de IVA de Reino Unido, debe cambiar y registrarse en algún otro país miembro, y si pagó el IVA en Reino Unido en 2018, deberá presentar su solicitud de devolución del IVA con la suficiente antelación antes del 29, para que se tramiten antes de esa fecha.
  • Hablar con socios. Bruselas también recomienda hablar con socios comerciales (proveedores, intermediarios, transportistas) para prever cómo puede afectar el Brexit a su cadena de suministro.

(Expansión, 19-02-2019)

2040, fecha tope para la venta de coches que emitan CO2
En el año 2040 solo se podrán vender vehículos que no emitan CO2 y en 2050 este tipo de coches ya no podrán circular por las carreteras, una limitación que afectará también al parque marítimo. Así lo establece el anteproyecto de Ley de Cambio Climático que, junto con el borrador d Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia para una Transición Justa tiene previsto aprobar el viernes el Consejo de Ministros, según confirmó ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la entrega de premios anuales del Club de la Energía.

Aunque este anteproyecto de ley es papel mojado, ya que morirá al nacer ante la imposibilidad de que pueda ser tramitado en el Parlamento, que se disolverá el 5 de marzo tras el adelanto electoral, Gobierno, este ha preferido aprobarlo por conformar un paquete integrado junto con el PNIEC, que España debe mandar obligatoriamente a Bruselas antes de fin de este mes, y la Estrategia para una Transición Justa. También a modo de programa electoral de cara a los comicios de abril, señalan fuentes políticas.

Aunque el Gobierno mantiene el polémico objetivo que incluyó en el borrador de anteproyecto de ley que lanzó para consulta pública el pasado mes noviembre, el nuevo texto establece un importante matiz: la propuesta ya no habla de motor de combustión, sino de vehículos libre de emisiones. De esta manera, se respetará la llamada neutralidad tecnológica, que han reclamado las petroleras, pues no se hace alusión al diésel ni a las gasolinas.

Además de la obligación de que las gasolineras cuenten con puntos de recarga del coche eléctrico, el texto establece la potestad de la CNMC para fijar cierto nivel de apalancamiento a las empresas con actividades reguladas. El organismo supervisor publicó hace varias semanas una comunicación en la que fijaba seis ratios para garantizar la salud financiera de sociedades que actúan en régimen de monopolio natural.

Precisamente, durante su intervención en el evento, Ribera defendió que en el proceso de transición hacia una economía descarbonizada “debe haber neutralidad tecnológica”, aunque advirtió que eso no debe significar “que valga todo” y que se deba permitir “hacer trampas en el solitario”. En su opinión, la transición debe hacerse “con honestidad” y consideró “fundamental estar abiertos” a la innovación, por lo que consideró que sí es necesaria la neutralidad tecnológica.

Según sus palabras, el Plan de Energía y Clima debe recoger “las oportunidades de inversión, de empleo y de mejora de la balanza comercial” que representan esta transición energética, integrando los elementos “que nos hagan más fácil la toma de decisiones”. Ribera recordó que España es el único país de la Unión Europea, junto con Luxemburgo, que todavía no ha remitido su borrador del plan, debido a que se “empezó mucho más tarde que los demás” con su elaboración, en alusión a la dejadez del anterior Gobierno del Partido Popular.
(El País, 19-02-2019)

 
 
 
 
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