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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

Avales. Gestión informatizada
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la validación mediante un código NRC de los avales otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y presentados por los interesados ante la Administración Tributaria.
(BOE, 20-02-2019)

Laboral

Instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público
Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público.
(BOE, 20-02-2019)

Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención social
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención social.
(BOE, 20-02-2019)

Sentencia y Auto de aclaración de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativos al Convenio colectivo estatal del sector de industrias de turrones y mazapanes
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia y Auto de aclaración de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativos al Convenio colectivo estatal del sector de industrias de turrones y mazapanes.
(BOE, 20-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
(BOE, 20-02-2019)

Euro
Resolución de 19 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-02-2019)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 19 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 20-02-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/index.php?d=44&s=3



RECULL DE PREMSA DEL 20 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

Las reclamaciones de deuda de Hacienda pueden quedar sin efecto si no avisa por e-mail
Las notificaciones y reclamaciones tributarias que remite Hacienda a los contribuyentes pueden quedar sin efectos si la administración rompe el hábito adquirido de avisar al interesado mediante el envío de un correo electrónico de alerta. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un fallo que promete dar un margen de actuación adicional a miles de contribuyentes a los que la Agencia Tributaria les haya impuesto cargas sin notificarlo debidamente.

El fallo judicial versa sobre un buzón virtual oficial del que Hacienda se sirve a menudo para remitir a los contribuyentes sus notificaciones. Se trata de la llamada Dirección Electrónica Habilitada (DEH), que es de obligado uso para determinados colectivos, fundamentalmente empresas. Una vez depositadas en el DEH, estas comunicaciones se tienen por notificadas al contribuyente en el plazo de 10 días, aunque este no haya accedido en ese tiempo al buzón virtual.

Para dar garantías adicionales, la administración permite a los interesados inscribir también un correo electrónico al que se remite un aviso cuando haya nuevas notificaciones en el DEH. Hacienda venía defendiendo que no está obligada a realizar esta comunicación adicional por lo que, si el sistema falla y el aviso no se envía al correo del contribuyente, la notificación se daba por válida pasados los citados 10 días, limitando, por ejemplo, el plazo efectivo para recurrir.

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha declarado, con relación a las notificaciones remitidas por Lexnet, que la falta de remisión del correo electrónico no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ahí es donde entra en juego la reciente sentencia del alto tribunal de Cataluña.

La sentencia afecta a una empresa constructora a la que Hacienda remitió una reclamación económico–administrativa a través del DEH en mayo de 2015 exigiéndole un pago correspondiente a la liquidación del impuesto de Sociedades del ejercicio 2011, pero sin avisarle por mail como solía.

El tribunal ha dictaminado que, aunque Hacienda no tenga la obligación de remitir un correo electrónico al contribuyente advirtiéndole de que hay una notificación tributaria pendiente de revisión en el DEH, el hecho de que haya venido enviándolo con regularidad en ocasiones anteriores sí le compromete a seguir haciéndolo en virtud del “principio de confianza legítima”, que también defiende el Constitucional.
(Cinco Días, 20-02-2019)

Laboral

La Seguridad Social pierde 26.150 afiliados extranjeros en enero
La Seguridad Social perdió una media de 26.150 cotizantes extranjeros en enero (-1,3%), hasta situarse el total de inmigrantes ocupados en 1.966.699 personas, informó este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Con este descenso, la afiliación de extranjeros regresa a tasas negativas después de la subida en más de 11.700 ocupados no nacionales que el sistema experimentó en diciembre. Del total de extranjeros inscritos en la Seguridad Social a cierre de enero, 1.638.323 cotizaban en el Régimen General; 324.702 en Autónomos; 3.610 en el Régimen del Mar, y 65 en el del Carbón. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros aumentó en enero en 151.607 personas (+8,3%).

Al finalizar el primer mes del año, un total de 1.159.268 cotizantes extranjeros procedían de países extracomunitarios y el resto (807.430) de países de la Unión Europea. Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (335.344), Marruecos (253.009), Italia (109.906) y China (103.479). Les siguen los trabajadores nacionales de Ecuador (70.644), Reino Unido (64.792), Colombia (61.834), Bulgaria (58.278) y Portugal (52.015).

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de enero, al sumar entre ambas el 44,6% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 469.403 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 407.662. Tras estas dos regiones se situaron Andalucía, con 252.301 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 215.254 ocupados; Canarias, con 98.720; Murcia, con 84.391; Baleares, con 70.684; Aragón, con 68.633; Castilla-La Mancha, con 64.104; País Vasco, con 62.313, y Castilla y León, con 52.456.

Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar enero fueron Galicia, con 35.042 extranjeros; Navarra, con 25.755; La Rioja, con 15.657; Asturias, con 13.399; Extremadura, con 11.608; Cantabria, con 11.334, y las ciudades autónomas de Melilla, con 5.017, y Ceuta, con 2.967.

En términos mensuales, la afiliación de trabajadores extranjeros bajó en 14 comunidades autónomas, especialmente en Comunidad Valenciana (-7.501 cotizantes) y Cataluña (-6.889) y aumentó en tres regiones: Andalucía (+1.792 extranjeros), Castilla-La Mancha (+186 cotizantes) y La Rioja (+37 afiliados). En términos interanuales, la afiliación de extranjeros aumentó en enero en todas las comunidades. Los mayores avances, en valores absolutos, los registraron Cataluña (+41.351 cotizantes) y Madrid (+32.682 ocupados).
(Cinco Días, 20-02-2019)

Sánchez quiere quitar a las empresas el poder en los convenios
El Gobierno pretende hacer un cambio importante en la reforma laboral, en lo que se refiere a la negociación colectiva. Y pretende hacerlo antes de las elecciones del 28 de abril. Incluso, apurando hasta el final la tramitación parlamentaria, aunque sólo esté la Diputación Permanente.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social está preparando un Real Decreto en el que, entre otras cosas, quiere restaurar la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa en los aspectos sustanciales de las relaciones laborales. Por ejemplo, en la cuantía del salario base y de los complementos, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.

Además, el abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos, el horario, la distribución del tiempo de trabajo y el régimen de trabajo a turnos. También, la planificación anual de las vacaciones. No es por tanto un "retoque" a la reforma laboral del Partido Popular, como dice la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, sino un cambio sustancial en la negociación colectiva.

De hecho, el Gobierno del PP instauró la supremacía del convenio de empresa sobre el sectorial, en todos estos aspectos, y otros cambios en la negociación colectiva, para, entre otras cosas, buscar la moderación de los salarios, renovar los contenidos de los convenios y, por todo ello, facilitar la adaptación de las empresas a sus circunstancias concretas y a las de su mercado.

Hay que tener en cuenta que la reforma laboral es de 2012, en plena recesión económica, y el Gobierno quería evitar que la evolución de los salarios se desvinculase de la situación del mercado de trabajo. Por ejemplo, como se aprecia en el gráfico, en los primeros años de la crisis y recesión, entre 2007 y 2009 los salarios llegaron a crecer hasta un 3,6% o un 2,2% cuando se destruyeron hasta un millón de empleos. Un problema que llegó a destacar el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero no hizo más que una reforma laboral tímida.

Por esta razón, la restauración de la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa es uno de los acuerdos que ha alcanzado el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT, y rechaza la patronal CEOE. Precisamente, en el Real Decreto que prepara el Gobierno para introducir cambios laborales importantes figuran otros puntos con los que también ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y que también suscitan la oposición de la patronal CEOE. Según explicó ayer la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, en el Congreso de los Diputados, otros cambios son los siguientes: la restauración de la ultraactividad de los convenios. Se trata de otra demanda de los sindicatos, que busca aumentar la protección de los trabajadores, haciendo que un convenio mantenga su vigencia, aunque haya caducado, mientras no sea sustituido por otro nuevo que sea fruto del acuerdo entre la empresa y los trabajadores.

Además, el Gobierno quiere restaurar el registro obligatorio del tiempo de la jornada laboral en las empresas, bajo sanción para las incumplidoras. Se trata de luchar contra el fraude en la duración del contrato a tiempo parcial y en la utilización de las horas extraordinarias, y su abuso por parte de la empresa.
El Gobierno también quiere incluir como medida de urgencia la recuperación del subsidio especial para mayores de 52 años. El PP lo retrasó para los desempleados mayores de 55 años.

La intención del Ministerio de Trabajo es que la mayor parte de estas reformas puedan ser incluidas en un texto que está intentando pactar con los grupos parlamentarios de la izquierda, el PNV y con los independentistas del PDeCAT y de ERC. Bien es verdad que los nacionalistas catalanes quieren ver la propuesta final del Gobierno antes de tomar una decisión.

Un punto importante de este cambio normativo es también aumentar la protección de los trabajadores de las subcontratas que trabajan con otras más grandes en una obra o en la atención de un pedido. Se trata de cambiar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que lleva atascado en el Congreso de los Diputados desde 2016.
(Expansión, 20-02-2019)

Podemos dinamita el acuerdo de pensiones y el PP se suma a la ruptura
Sorpresa y abatimiento. Estos eran los estados de ánimo de la mayoría de los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo que durante más de dos años han trabajado para sacar adelante un acuerdo sobre pensiones y que hoy han visto como cualquier posibilidad de consenso saltaba por los aires. Tres fueron los culpables de lo que ocurrió: el primero, Podemos, al que el resto de partidos acusó unánimemente de torpedear el acuerdo; en segundo lugar, el PP, al que también el resto de fuerzas reprocharon que se uniera a la ruptura de las negociaciones y, como trasfondo de todo, el adelanto electoral que precipitó que las estrategias electorales hayan primado sobre la búsqueda del consenso.

La reunión de hoy era decisiva para cerrar un acuerdo, después de la urgencia impuesta por el adelanto electoral. Los integrantes del Pacto habían llegado a un borrador consensuado en líneas generales para las 21 recomendaciones, destinadas a que el Gobierno de turno acometiera una reforma de la Seguridad Social que saneara y garantizara el sistema público de pensiones en un futuro a medio y largo plazo.

Ante este posible acuerdo, solo había un grupo que había adelantado desde hace tiempo que enmendaría tres de las recomendaciones con votos particulares. Se trata de Podemos, que no estaba de acuerdo con que se mantuviera la jubilación a los 67 años; con aumentar el periodo de cálculo de las pensiones ni con las pensiones complementarias.

Si bien estos tres votos particulares que ya estaban descontados por el resto de los grupos y que no iban a impedir la firma de un acuerdo se convirtieron ayer en una veintena de enmiendas que pretendía modificar casi todas las recomendaciones. Presentaron una especie de enmienda a la totalidad, sin tiempo para volver a discutir la veintena de recomendaciones ya acordadas.

Esto ha provocado que el resto de grupos arremetiera contra este cambio de actitud de Podemos y unos y otros culparon a esta formación de haber dinamitado el pacto. “El populismo ha boicoteado todos los acuerdos y este también; han venido con actitud de romper el pacto de Toledo y se ha roto”, dijo el portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo.

La portavoz socialista, Mercè Perea, ha defendido que “había un consenso generalizado en todas las recomendaciones más allá de que algún grupo u otro tuviera alguna objeción”. Por ello, ha reprochado duramente a sus socios parlamentarios que fueran a cometer “un error político de enorme magnitud”. Es más, ha acusado a la formación morada de no entender cómo se hace política: “No pueden hacer una propuesta de máximos ahora, aquí no estamos implantando un programa electoral, estamos buscando el consenso que es lo que nos ha pedido la ciudadanía”, les espetó.

“Ha sido un acto de irresponsabilidad de Podemos”, ha sentenciado, por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano. “El trabajo estaba maduro, las distancias no eran insalvables y cedimos todos, pero (Podemos) ha preferido marcar su propio perfil político en detrimento de los acuerdos”.

“Estaba claro que hoy iba a haber un debate entre dos polos: el PP y Podemos. Pero Podemos le ha facilitado el trabajo al PP porque ha deshecho desde el principio (de la reunión) la posibilidad de llegar a un entendimiento”, ha resumido el responsable del PNV

Ante este cambio de posición de Podemos, el PP –que según los representantes del PSOE, PDeCAT, PNV y Cs tampoco estaba del todo dispuesto a sellar el acuerdo– ha decidido que no había tiempo a renegociar todas las recomendaciones y, por tanto, se sumó al descarrilamiento del Pacto de Toledo.

El representante del PP, Gerardo Camps, ha asegurado, por el contrario, que “la intención del PP era llegar a un acuerdo y, si esto no ha sido así, es porque la convocatoria electoral ha hecho que algunos se quitaran la careta”, en alusión a Podemos.

Pero el resto de partidos no lo han visto así y, sin embargo, han coincidido en que “el PP ha aprovechado la estela de Podemos y ha dicho: si ellos presentan su programa electoral, nosotros también”, aunque los populares estuvieran de acuerdo en la mayoría de lo pactado, según ha explicado Perea. En esta línea Camps ha indicado que ante la postura de Podemos "otros partidos que tampoco tenían mucho interés en la renovación de los acuerdos, se han sentido muy cómodos", en referencia al PP y Ciudadanos.
(El País, 20-02-2019)

España, el segundo país de la OCDE donde más bajó el paro en 2018
España fue el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el que más disminuyó la tasa de paro el pasado año, 2,1 puntos porcentuales, sólo por detrás de Grecia, según las cifras presentadas este martes. En Grecia, el paro pasó del 20,9% de la población activa en noviembre de 2017 al 18,5% en noviembre de 2018, el último dato disponible, mientras que en España la caída fue del 16,4% en diciembre de 2017 al 14,3% en diciembre de 2018.

Igualmente, hubo descensos significativos durante el pasado año en Finlandia (1,8 puntos de caída, del 8,6% al 6,8%) y en Eslovaquia (1,4 puntos, del 7,5% al 6,1%). En el conjunto de la OCDE, el retroceso del nivel de desempleo fue de tres décimas, al 5,2%, y de siete décimas en la zona euro, al 7,9%. España fue al terminar el pasado año el segundo país con más parados del mundo desarrollado (3,269 millones), por detrás de Estados Unidos (6,294 millones), donde la tasa de paro fue del 3,9% en diciembre.

En diciembre, el paro se mantuvo estable en la OCDE, como venía ocurriendo desde septiembre. El descenso más importante en términos relativos fue el de Italia (dos décimas, al 10,3%). En España la reducción fue de una décima ese mes. Por el contrario, hubo incrementos sobre todo en México (tres décimas, al 3,6%), en Estados Unidos (dos décimas, al 3,9%) y en Israel (dos décimas, al 4,3%).
(El Mundo, 20-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La banca justifica el bloqueo de cuentas si los clientes no dan información
La patronal bancaria ha justificado este viernes el bloqueo de cuentas por parte de las entidades financieras a los clientes que no han facilitado la información requerida, según la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales.

El portavoz de la Asociación Española de Banca, AEB, José Luis Martínez Campuzano, ha explicado en declaraciones a Efe que dicha normativa impone a los bancos una serie de requisitos en términos de vigilancia y de control de todos los clientes.

Todo ello para evitar que se pueda utilizar el sistema financiero para blanquear dinero procedente de actividades delictivas. "Los clientes deben proporcionar a los bancos la información que marca la normativa", ha dicho Campuzano, entre ellas el DNI, la nómina o un certificado de ingresos que permitan identificar correctamente al cliente.

Por su parte, los bancos facilitarán los trámites para que el proceso de entrega de documentación se haga "de forma eficiente y rápida", ha explicado el portavoz de la AEB, con el objetivo de que se pueda volver a la normalidad en la operativa. "Este es un proceso normal que se hace con todos los clientes con independencia de su nacionalidad", ha añadido Campuzano.

A las declaraciones del AEB se han sumado las de BBVA: "La verdad es que lamentamos profundamente los perjuicios que se han podido ocasionar a todas las personas que han visto bloqueadas sus cuentas estos días", ha subrayado el portavoz de la entidad, Álvaro Calleja, que ha añadido que ya han "puesto en marcha todas las medidas necesarias para la resolución de estos efectos".

"Rechazamos de manera absoluta, de manera rotunda, cualquier forma de discriminación injustificada en el acceso de nuestros clientes a cualquiera de los productos o servicios del banco o cualquier otro efecto de exclusión financiera" ha afirmado. Aunque ha aclaro que la entidad se ha limitado a cumplir con la normativa sobre la prevención de blanqueo de capitales".

La entidad ya está desbloqueando un gran número de cuentas a medidas que se entrega la documentación, después de notificar a los clientes las peticiones necesarias, ha explicado Calleja.
(Cinco Días, 20-02-2019)

José Manuel Campa será presidente del supervisor bancario europeo
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha propuesto como próximo presidente del supervisor comunitario al español José Manuel Campa, en sustitución del italiano Andrea Enria. Campa, que fue secretario de Estado de Economía en España entre 2009 y 2011 y actualmente es responsable de asuntos regulatorios del Banco Santander, ha sido seleccionado por la ABE de entre una lista de candidatos para presidir el regulador europeo durante un periodo renovable de cinco años.

El economista español será invitado a una vista pública en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) y su designación estará sujeta al criterio de la cámara comunitaria. Sujeto a las objeciones que pudiera presentar el Parlamento Europeo en el plazo de un mes, "José Manuel Campa sucederá a Andrea Enria como nuevo presidente de la EBA por un periodo renovable de cinco años", indicó la institución.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha expresado públicamente a través de su cuenta oficial en Twitter su "enhorabuena" a José Manuel Campa y ha calificado su nombramiento como una "excelente noticia para la Autoridad Bancaria Europea y para toda la UE". El de Campa es el segundo nombramiento de calado para España en los últimos meses, después del de Luis de Guindos como vicepresidente del BCE. El rescate de 2012 hizo perder peso a España en las instituciones europeas, posición que está recuperando paulatinamente.

La ABE es la encargada de regular el sector bancario en la Unión Europea. Aunque la supervisión de las entidades en la zona euro está centralizada en otro organismo (el Mecanismo Único de Supevisión o MUS), la ABE tiene competencias a la hora de fijar normas o coordinar los test de estrés. La institución abrió el pasado mes de diciembre un proceso abierto de selección para encontrar a su próximo presidente, después de que Andrea Enria fuese designado presidente del Consejo de Supervisión del BCE a partir del 1 de enero de 2019 en sustitución de la francesa Danièle Nouy.

Campa será nombrado para un mandato de cinco años, que puede ser renovado una vez, "en función de sus méritos, habilidades, conocimiento de las instituciones financieras y de los mercados, así como por su experiencia relevante en la supervisión y regulación de mercados financieros".

El nuevo presidente ejercerá sus funciones desde la nueva sede de la institución, en Courbevoie, localidad en la periferia de París que acoge el barrio de La Défense, centro de negocios de la capital francesa, después de que a raíz del 'Brexit' la institución decidiese abandonar su actual sede londinense en 2019.
(Expansión, 20-02-2019)

El Gobierno catalán solicita formalmente su adhesión al Fondo de Facilidad
El Gobierno catalán ha aprobado este martes la solicitud de adhesión formal al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que se ha hecho por un importe de 8.071 millones de euros en 2019. El Ejecutivo catalán ha adoptado este acuerdo como último trámite para la formalización definitiva de adhesión a este fondo. A finales de 2018, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, anunció que la Generalitat abandonaría el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para financiarse desde enero de 2019 a través de este nuevo fondo, que también depende del Estado, aunque tiene menos condicionantes financieros.

De esta forma, Cataluña pasa a canalizar sus necesidades financieras a través del FFF, reservado a las comunidades que cumplen sus objetivos de déficit y de deuda, y su período medio de pago a proveedores. A mediados de enero, el conseller de Economía y vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, precisó a Efe que se solicitarían 8.071 millones de euros al FFF, de los que 7.703 millones corresponden a vencimientos, 125 millones a liquidaciones negativas y 243 millones se solicitan para cubrir el límite de déficit autorizado para 2019, que es del 0,1% del producto interior bruto (PIB) catalán.

El pasado 31 de enero, el Ministerio de Hacienda anunció que Cataluña recibiría un total de 4.572,96 millones con cargo al Fondo de Facilidad Financiera en el primer trimestre de 2019. De esa cantidad, un total de 4.481,5 millones corresponden a vencimientos de deuda. Están acogidos también al Fondo de Facilidad Financiera comunidades como Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia y La Rioja, mientras que siguen en el FLA Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Precisamente ayer, la Generalitat anunció que cerró 2018 con un déficit provisional del 0,38%, de forma que ha cumplido, por segundo año consecutivo, con el objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno, que era del 0,4%
(La Vanguardia, 20-02-2019)

Sector

“La Abogacía es vital para dar aliento a la democracia”
“La función de la Abogacía resulta de vital importancia para dar aliento a la democracia, introducir nuevas demandas sociales, vigilar la aplicación efectiva de los derechos y actuar como dique frente a un poder con tentación de invadir espacios que no le corresponden”. Con estas palabras José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), ensalzaba el papel del abogado en el acto de presentación del World Law Congress que ha tenido lugar en la sede del Colegio de Madrid y que se celebrará en la capital durante el 19 y 20 de febrero.

Como anfitrión y titular del Colegio de Abogados más grande de Europa con cerca de 77.000 colegiados, Alonso ha reivindicado que dadas las circunstancias históricas que abordan tanto a España como al panorama internacional “la voz de la abogacía debe elevarse y su papel debe trascender, lo que representa el ejercicio del sagrado derecho de defensa”.

En este sentido, Alonso ha puesto el foco en aprovechar este evento para reforzar los valores europeos y combatir la antipolítica y el populismo que “erosionan, debilitan e incluso destruyen a las sociedades abiertas y democráticas”.

El Congreso, patrocinado por Wolters Kluwer, se celebra por tercera vez en la historia en España, y estará abanderado por el lema Democracia, constitución y libertad. Al evento asistirán más de 2.000 juristas de 67 nacionalidades que tomarán la palabra para ofrecer la realidad de las transformaciones, retos y oportunidades de las sociedades a través del Derecho.

En el acto de la presentación, el decano estuvo acompañado el catedrático de Derecho Público de la Universidad de Regensburg, Arnold Rainer, y el presidente del Tribunal Constitucional de Bélgica, André Alen.

A su vez, Javier Cremades, presidente Global de la organización, explicó los puntos clave de un encuentro que busca reafirmar la relevancia de la sociedad civil, y de los juristas en particular, como defensores de la libertad, una labor fundamental porque, “aunque se dan por hecho, la libertad y la paz no están garantizadas”, recordó.

Por último, Franklin Hoet-Linares, saliente presidente Global de la World Jurist Association (WJA) de Venezuela, quien recordó que sin independencia del poder judicial no hay Justicia ni libertad. “Si no hay imperio de la Ley no hay democracia”, advirtió hablando de su país. Así, reivindicó el papel de los abogados como auxiliares de la justicia porque “no hay nada más importante que la justicia, de ella depende todo”, explicó visiblemente emocionado.
(Expansión, 20-02-2019)

 
 
 
 
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