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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE FEBRER DE 2019 Fiscal Avales. Gestión informatizada Laboral Instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención social Sentencia y Auto de aclaración de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativos al Convenio colectivo estatal del sector de industrias de turrones y mazapanes Mercantil, Civil i Administratiu Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres Euro Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/ Fiscal Las reclamaciones de deuda de Hacienda pueden quedar sin efecto si no avisa por e-mail El fallo judicial versa sobre un buzón virtual oficial del que Hacienda se sirve a menudo para remitir a los contribuyentes sus notificaciones. Se trata de la llamada Dirección Electrónica Habilitada (DEH), que es de obligado uso para determinados colectivos, fundamentalmente empresas. Una vez depositadas en el DEH, estas comunicaciones se tienen por notificadas al contribuyente en el plazo de 10 días, aunque este no haya accedido en ese tiempo al buzón virtual. Para dar garantías adicionales, la administración permite a los interesados inscribir también un correo electrónico al que se remite un aviso cuando haya nuevas notificaciones en el DEH. Hacienda venía defendiendo que no está obligada a realizar esta comunicación adicional por lo que, si el sistema falla y el aviso no se envía al correo del contribuyente, la notificación se daba por válida pasados los citados 10 días, limitando, por ejemplo, el plazo efectivo para recurrir. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha declarado, con relación a las notificaciones remitidas por Lexnet, que la falta de remisión del correo electrónico no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ahí es donde entra en juego la reciente sentencia del alto tribunal de Cataluña. La sentencia afecta a una empresa constructora a la que Hacienda remitió una reclamación económico–administrativa a través del DEH en mayo de 2015 exigiéndole un pago correspondiente a la liquidación del impuesto de Sociedades del ejercicio 2011, pero sin avisarle por mail como solía. El tribunal ha dictaminado que, aunque Hacienda no tenga la obligación de remitir un correo electrónico al contribuyente advirtiéndole de que hay una notificación tributaria pendiente de revisión en el DEH, el hecho de que haya venido enviándolo con regularidad en ocasiones anteriores sí le compromete a seguir haciéndolo en virtud del “principio de confianza legítima”, que también defiende el Constitucional. Laboral La Seguridad Social pierde 26.150 afiliados extranjeros en enero Al finalizar el primer mes del año, un total de 1.159.268 cotizantes extranjeros procedían de países extracomunitarios y el resto (807.430) de países de la Unión Europea. Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (335.344), Marruecos (253.009), Italia (109.906) y China (103.479). Les siguen los trabajadores nacionales de Ecuador (70.644), Reino Unido (64.792), Colombia (61.834), Bulgaria (58.278) y Portugal (52.015). Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de enero, al sumar entre ambas el 44,6% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 469.403 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 407.662. Tras estas dos regiones se situaron Andalucía, con 252.301 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 215.254 ocupados; Canarias, con 98.720; Murcia, con 84.391; Baleares, con 70.684; Aragón, con 68.633; Castilla-La Mancha, con 64.104; País Vasco, con 62.313, y Castilla y León, con 52.456. Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar enero fueron Galicia, con 35.042 extranjeros; Navarra, con 25.755; La Rioja, con 15.657; Asturias, con 13.399; Extremadura, con 11.608; Cantabria, con 11.334, y las ciudades autónomas de Melilla, con 5.017, y Ceuta, con 2.967. En términos mensuales, la afiliación de trabajadores extranjeros bajó en 14 comunidades autónomas, especialmente en Comunidad Valenciana (-7.501 cotizantes) y Cataluña (-6.889) y aumentó en tres regiones: Andalucía (+1.792 extranjeros), Castilla-La Mancha (+186 cotizantes) y La Rioja (+37 afiliados). En términos interanuales, la afiliación de extranjeros aumentó en enero en todas las comunidades. Los mayores avances, en valores absolutos, los registraron Cataluña (+41.351 cotizantes) y Madrid (+32.682 ocupados). Sánchez quiere quitar a las empresas el poder en los convenios El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social está preparando un Real Decreto en el que, entre otras cosas, quiere restaurar la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa en los aspectos sustanciales de las relaciones laborales. Por ejemplo, en la cuantía del salario base y de los complementos, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. Además, el abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos, el horario, la distribución del tiempo de trabajo y el régimen de trabajo a turnos. También, la planificación anual de las vacaciones. No es por tanto un "retoque" a la reforma laboral del Partido Popular, como dice la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, sino un cambio sustancial en la negociación colectiva. De hecho, el Gobierno del PP instauró la supremacía del convenio de empresa sobre el sectorial, en todos estos aspectos, y otros cambios en la negociación colectiva, para, entre otras cosas, buscar la moderación de los salarios, renovar los contenidos de los convenios y, por todo ello, facilitar la adaptación de las empresas a sus circunstancias concretas y a las de su mercado. Hay que tener en cuenta que la reforma laboral es de 2012, en plena recesión económica, y el Gobierno quería evitar que la evolución de los salarios se desvinculase de la situación del mercado de trabajo. Por ejemplo, como se aprecia en el gráfico, en los primeros años de la crisis y recesión, entre 2007 y 2009 los salarios llegaron a crecer hasta un 3,6% o un 2,2% cuando se destruyeron hasta un millón de empleos. Un problema que llegó a destacar el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero no hizo más que una reforma laboral tímida. Por esta razón, la restauración de la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa es uno de los acuerdos que ha alcanzado el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT, y rechaza la patronal CEOE. Precisamente, en el Real Decreto que prepara el Gobierno para introducir cambios laborales importantes figuran otros puntos con los que también ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y que también suscitan la oposición de la patronal CEOE. Según explicó ayer la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, en el Congreso de los Diputados, otros cambios son los siguientes: la restauración de la ultraactividad de los convenios. Se trata de otra demanda de los sindicatos, que busca aumentar la protección de los trabajadores, haciendo que un convenio mantenga su vigencia, aunque haya caducado, mientras no sea sustituido por otro nuevo que sea fruto del acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Además, el Gobierno quiere restaurar el registro obligatorio del tiempo de la jornada laboral en las empresas, bajo sanción para las incumplidoras. Se trata de luchar contra el fraude en la duración del contrato a tiempo parcial y en la utilización de las horas extraordinarias, y su abuso por parte de la empresa. La intención del Ministerio de Trabajo es que la mayor parte de estas reformas puedan ser incluidas en un texto que está intentando pactar con los grupos parlamentarios de la izquierda, el PNV y con los independentistas del PDeCAT y de ERC. Bien es verdad que los nacionalistas catalanes quieren ver la propuesta final del Gobierno antes de tomar una decisión. Un punto importante de este cambio normativo es también aumentar la protección de los trabajadores de las subcontratas que trabajan con otras más grandes en una obra o en la atención de un pedido. Se trata de cambiar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que lleva atascado en el Congreso de los Diputados desde 2016. Podemos dinamita el acuerdo de pensiones y el PP se suma a la ruptura La reunión de hoy era decisiva para cerrar un acuerdo, después de la urgencia impuesta por el adelanto electoral. Los integrantes del Pacto habían llegado a un borrador consensuado en líneas generales para las 21 recomendaciones, destinadas a que el Gobierno de turno acometiera una reforma de la Seguridad Social que saneara y garantizara el sistema público de pensiones en un futuro a medio y largo plazo. Ante este posible acuerdo, solo había un grupo que había adelantado desde hace tiempo que enmendaría tres de las recomendaciones con votos particulares. Se trata de Podemos, que no estaba de acuerdo con que se mantuviera la jubilación a los 67 años; con aumentar el periodo de cálculo de las pensiones ni con las pensiones complementarias. Si bien estos tres votos particulares que ya estaban descontados por el resto de los grupos y que no iban a impedir la firma de un acuerdo se convirtieron ayer en una veintena de enmiendas que pretendía modificar casi todas las recomendaciones. Presentaron una especie de enmienda a la totalidad, sin tiempo para volver a discutir la veintena de recomendaciones ya acordadas. Esto ha provocado que el resto de grupos arremetiera contra este cambio de actitud de Podemos y unos y otros culparon a esta formación de haber dinamitado el pacto. “El populismo ha boicoteado todos los acuerdos y este también; han venido con actitud de romper el pacto de Toledo y se ha roto”, dijo el portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo. La portavoz socialista, Mercè Perea, ha defendido que “había un consenso generalizado en todas las recomendaciones más allá de que algún grupo u otro tuviera alguna objeción”. Por ello, ha reprochado duramente a sus socios parlamentarios que fueran a cometer “un error político de enorme magnitud”. Es más, ha acusado a la formación morada de no entender cómo se hace política: “No pueden hacer una propuesta de máximos ahora, aquí no estamos implantando un programa electoral, estamos buscando el consenso que es lo que nos ha pedido la ciudadanía”, les espetó. “Ha sido un acto de irresponsabilidad de Podemos”, ha sentenciado, por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano. “El trabajo estaba maduro, las distancias no eran insalvables y cedimos todos, pero (Podemos) ha preferido marcar su propio perfil político en detrimento de los acuerdos”. “Estaba claro que hoy iba a haber un debate entre dos polos: el PP y Podemos. Pero Podemos le ha facilitado el trabajo al PP porque ha deshecho desde el principio (de la reunión) la posibilidad de llegar a un entendimiento”, ha resumido el responsable del PNV Ante este cambio de posición de Podemos, el PP –que según los representantes del PSOE, PDeCAT, PNV y Cs tampoco estaba del todo dispuesto a sellar el acuerdo– ha decidido que no había tiempo a renegociar todas las recomendaciones y, por tanto, se sumó al descarrilamiento del Pacto de Toledo. El representante del PP, Gerardo Camps, ha asegurado, por el contrario, que “la intención del PP era llegar a un acuerdo y, si esto no ha sido así, es porque la convocatoria electoral ha hecho que algunos se quitaran la careta”, en alusión a Podemos. Pero el resto de partidos no lo han visto así y, sin embargo, han coincidido en que “el PP ha aprovechado la estela de Podemos y ha dicho: si ellos presentan su programa electoral, nosotros también”, aunque los populares estuvieran de acuerdo en la mayoría de lo pactado, según ha explicado Perea. En esta línea Camps ha indicado que ante la postura de Podemos "otros partidos que tampoco tenían mucho interés en la renovación de los acuerdos, se han sentido muy cómodos", en referencia al PP y Ciudadanos. España, el segundo país de la OCDE donde más bajó el paro en 2018 Igualmente, hubo descensos significativos durante el pasado año en Finlandia (1,8 puntos de caída, del 8,6% al 6,8%) y en Eslovaquia (1,4 puntos, del 7,5% al 6,1%). En el conjunto de la OCDE, el retroceso del nivel de desempleo fue de tres décimas, al 5,2%, y de siete décimas en la zona euro, al 7,9%. España fue al terminar el pasado año el segundo país con más parados del mundo desarrollado (3,269 millones), por detrás de Estados Unidos (6,294 millones), donde la tasa de paro fue del 3,9% en diciembre. En diciembre, el paro se mantuvo estable en la OCDE, como venía ocurriendo desde septiembre. El descenso más importante en términos relativos fue el de Italia (dos décimas, al 10,3%). En España la reducción fue de una décima ese mes. Por el contrario, hubo incrementos sobre todo en México (tres décimas, al 3,6%), en Estados Unidos (dos décimas, al 3,9%) y en Israel (dos décimas, al 4,3%). Mercantil, Civil i Administratiu La banca justifica el bloqueo de cuentas si los clientes no dan información El portavoz de la Asociación Española de Banca, AEB, José Luis Martínez Campuzano, ha explicado en declaraciones a Efe que dicha normativa impone a los bancos una serie de requisitos en términos de vigilancia y de control de todos los clientes. Todo ello para evitar que se pueda utilizar el sistema financiero para blanquear dinero procedente de actividades delictivas. "Los clientes deben proporcionar a los bancos la información que marca la normativa", ha dicho Campuzano, entre ellas el DNI, la nómina o un certificado de ingresos que permitan identificar correctamente al cliente. Por su parte, los bancos facilitarán los trámites para que el proceso de entrega de documentación se haga "de forma eficiente y rápida", ha explicado el portavoz de la AEB, con el objetivo de que se pueda volver a la normalidad en la operativa. "Este es un proceso normal que se hace con todos los clientes con independencia de su nacionalidad", ha añadido Campuzano. A las declaraciones del AEB se han sumado las de BBVA: "La verdad es que lamentamos profundamente los perjuicios que se han podido ocasionar a todas las personas que han visto bloqueadas sus cuentas estos días", ha subrayado el portavoz de la entidad, Álvaro Calleja, que ha añadido que ya han "puesto en marcha todas las medidas necesarias para la resolución de estos efectos". "Rechazamos de manera absoluta, de manera rotunda, cualquier forma de discriminación injustificada en el acceso de nuestros clientes a cualquiera de los productos o servicios del banco o cualquier otro efecto de exclusión financiera" ha afirmado. Aunque ha aclaro que la entidad se ha limitado a cumplir con la normativa sobre la prevención de blanqueo de capitales". La entidad ya está desbloqueando un gran número de cuentas a medidas que se entrega la documentación, después de notificar a los clientes las peticiones necesarias, ha explicado Calleja. José Manuel Campa será presidente del supervisor bancario europeo El economista español será invitado a una vista pública en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) y su designación estará sujeta al criterio de la cámara comunitaria. Sujeto a las objeciones que pudiera presentar el Parlamento Europeo en el plazo de un mes, "José Manuel Campa sucederá a Andrea Enria como nuevo presidente de la EBA por un periodo renovable de cinco años", indicó la institución. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha expresado públicamente a través de su cuenta oficial en Twitter su "enhorabuena" a José Manuel Campa y ha calificado su nombramiento como una "excelente noticia para la Autoridad Bancaria Europea y para toda la UE". El de Campa es el segundo nombramiento de calado para España en los últimos meses, después del de Luis de Guindos como vicepresidente del BCE. El rescate de 2012 hizo perder peso a España en las instituciones europeas, posición que está recuperando paulatinamente. La ABE es la encargada de regular el sector bancario en la Unión Europea. Aunque la supervisión de las entidades en la zona euro está centralizada en otro organismo (el Mecanismo Único de Supevisión o MUS), la ABE tiene competencias a la hora de fijar normas o coordinar los test de estrés. La institución abrió el pasado mes de diciembre un proceso abierto de selección para encontrar a su próximo presidente, después de que Andrea Enria fuese designado presidente del Consejo de Supervisión del BCE a partir del 1 de enero de 2019 en sustitución de la francesa Danièle Nouy. Campa será nombrado para un mandato de cinco años, que puede ser renovado una vez, "en función de sus méritos, habilidades, conocimiento de las instituciones financieras y de los mercados, así como por su experiencia relevante en la supervisión y regulación de mercados financieros". El nuevo presidente ejercerá sus funciones desde la nueva sede de la institución, en Courbevoie, localidad en la periferia de París que acoge el barrio de La Défense, centro de negocios de la capital francesa, después de que a raíz del 'Brexit' la institución decidiese abandonar su actual sede londinense en 2019. El Gobierno catalán solicita formalmente su adhesión al Fondo de Facilidad De esta forma, Cataluña pasa a canalizar sus necesidades financieras a través del FFF, reservado a las comunidades que cumplen sus objetivos de déficit y de deuda, y su período medio de pago a proveedores. A mediados de enero, el conseller de Economía y vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, precisó a Efe que se solicitarían 8.071 millones de euros al FFF, de los que 7.703 millones corresponden a vencimientos, 125 millones a liquidaciones negativas y 243 millones se solicitan para cubrir el límite de déficit autorizado para 2019, que es del 0,1% del producto interior bruto (PIB) catalán. El pasado 31 de enero, el Ministerio de Hacienda anunció que Cataluña recibiría un total de 4.572,96 millones con cargo al Fondo de Facilidad Financiera en el primer trimestre de 2019. De esa cantidad, un total de 4.481,5 millones corresponden a vencimientos de deuda. Están acogidos también al Fondo de Facilidad Financiera comunidades como Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia y La Rioja, mientras que siguen en el FLA Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. Precisamente ayer, la Generalitat anunció que cerró 2018 con un déficit provisional del 0,38%, de forma que ha cumplido, por segundo año consecutivo, con el objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno, que era del 0,4% Sector “La Abogacía es vital para dar aliento a la democracia” Como anfitrión y titular del Colegio de Abogados más grande de Europa con cerca de 77.000 colegiados, Alonso ha reivindicado que dadas las circunstancias históricas que abordan tanto a España como al panorama internacional “la voz de la abogacía debe elevarse y su papel debe trascender, lo que representa el ejercicio del sagrado derecho de defensa”. En este sentido, Alonso ha puesto el foco en aprovechar este evento para reforzar los valores europeos y combatir la antipolítica y el populismo que “erosionan, debilitan e incluso destruyen a las sociedades abiertas y democráticas”. El Congreso, patrocinado por Wolters Kluwer, se celebra por tercera vez en la historia en España, y estará abanderado por el lema Democracia, constitución y libertad. Al evento asistirán más de 2.000 juristas de 67 nacionalidades que tomarán la palabra para ofrecer la realidad de las transformaciones, retos y oportunidades de las sociedades a través del Derecho. En el acto de la presentación, el decano estuvo acompañado el catedrático de Derecho Público de la Universidad de Regensburg, Arnold Rainer, y el presidente del Tribunal Constitucional de Bélgica, André Alen. A su vez, Javier Cremades, presidente Global de la organización, explicó los puntos clave de un encuentro que busca reafirmar la relevancia de la sociedad civil, y de los juristas en particular, como defensores de la libertad, una labor fundamental porque, “aunque se dan por hecho, la libertad y la paz no están garantizadas”, recordó. Por último, Franklin Hoet-Linares, saliente presidente Global de la World Jurist Association (WJA) de Venezuela, quien recordó que sin independencia del poder judicial no hay Justicia ni libertad. “Si no hay imperio de la Ley no hay democracia”, advirtió hablando de su país. Así, reivindicó el papel de los abogados como auxiliares de la justicia porque “no hay nada más importante que la justicia, de ella depende todo”, explicó visiblemente emocionado. |
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