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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 22 DE FEBRER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias
Orden DEF/160/2019, de 21 de febrero, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias.
(BOE, 22-02-2019)

Euro
Resolución de 21 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 22-02-2019)

Comptable

Gastos electorales, las subvenciones para el envío directo de propaganda electoral y la contabilidad electoral, en caso de concurrencia de elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo
Instrucción 2/2019, de 18 de febrero, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de las disposiciones legales en relación a los gastos electorales, las subvenciones para el envío directo de propaganda electoral y la contabilidad electoral, en caso de concurrencia de elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo.
(BOE, 22-02-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/index.php?d=46&s=3 


RECULL DE PREMSA DEL 22 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

Hacienda dice que los autónomos por módulos sólo pagan un 7% de impuestos
Los 400.000 contribuyentes con rendimientos de actividades económicas que tributan el IRPF por el régimen de módulos en su modalidad no agrícola pagaron un tipo efectivo atribuible del 7,27% en 2016. Así se desprende de la estadística Rendimientos de actividades económicas que ha publicado por primera vez la Agencia Tributaria (AEAT), en lo que se refiere a lo que tributaron por esas actividades y no por otros posibles ingresos los autónomos que están en el régimen de estimación objetiva no agrícola. En el caso de los autónomos que tributan por módulos en la modalidad agrícola, forestal o ganadera, más de 933.000, el tipo es superior, del 9,96%, y el total de autónomos tiene un tipo efectivo atribuible del 20,33%.

Estas cifras contrastan con las de los 1,8 millones de contribuyentes con actividades económicas que tributaban por el método de estimación directa -cuyo rendimiento se calcula por la diferencia entre ingresos computables y gastos deducibles-, que abonaron un tipo efectivo atribuible del 20,83%. Por su parte, los declarantes totales del IRPF pagaron un tipo efectivo total medio del 18,14% en 2016. En lo que respecta a los empresarios, los tipos fueron del 20,33% los empresarios individuales, y del 21,9% los empresarios por atribución de rentas. Y los asalariados tuvieron un tipo medio efectivo del 17,69%.

El tipo efectivo atribuible a la actividad económica se define como el cociente entre la cuota líquida atribuible a la actividad económica y la renta o rendimiento derivado de las mismas actividades económicas. La AEAT explica que respecto a las actividades que tributan en estimación objetiva de las actividades empresariales excluidas las agrarias, no se dispone de información de ingresos y gastos. El rendimiento se determina a partir de la valoración de los signos y módulos objetivos señalados como relevantes para el ejercicio de la actividad.

Se cuantifican determinados incentivos al empleo y a la inversión, que pueden ser una medida de la utilización de estos factores productivos, y se realiza una cuantificación económica del impacto de cada una de las medidas correctoras de los índices generales que se aplican (pequeña empresa, actividad de temporada, corrección de excesos, inicio de actividades y corrector especial). Sin embargo, sí se recogen gastos e ingresos extraordinarios que forman parte del cálculo del rendimiento neto.

La AEAT distingue entre distintos tipos de módulos. Así, el tipo efectivo atribuible del comercio, restaurantes, hospedaje y reparaciones es del 8,14%; el de la construcción fue del 7,36% en 2015 (sin datos disponibles en 2016); el del transporte y comunicaciones, del 2,17%; el de instituciones financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres, del 1,82%.
(Expansión, 22-02-2019)

Los altos patrimonios, objetivo de Hacienda
200 funcionarios serán los encargados de vigilar a los grandes patrimonios este año cuando opere a pleno rendimiento la nueva unidad de control de grandes patrimonios que lanzará la Agencia Tributaria. Según el director del organismo, Jesús Gascón, se encargarán de centralizar el control de las grandes fortunas y su ámbito extendido, así como su entorno societario bajo la idea de que este tipo de contribuyentes gozan de herramientas y arquitecturas mucho más complejas que el resto.

El secretario de EFPA España y socio director del despacho LINKServices ETL Global, Joan Pons, reconoce que en este tipo de clientes “el fraude es más factible, dado que disponen de más medios para conseguirlo” en teoría, pero que en la práctica es muy difícil: “Centrarlo en un colectivo que ya está muy controlado y que no en pocos casos puede suponer ausencia de tributación, por ejemplo en las comunidades que no se pague el impuesto de patrimonio, desvía los recursos que necesita Hacienda para atacar las bolsas de fraude de la economía sumergida”.

Carlos Romero, coordinador de la sección de IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), explica que esta iniciativa está en línea con las directrices “marcadas por la OCDE sobre las actuaciones que deben implantarse para reducir las bolsas de fraude fiscal”. Aunque la AEDAF reitera que estas medidas les parecen positivas, “esperan que no se vulneren los derechos y garantías de los contribuyentes ni se tomen medidas que puedan tener connotaciones confiscatorias”. También Adolfo Jiménez, presidente de Asefiget (la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios), creen que se trata de “un paso más en la lucha contra el fraude”.

Este control de la Agencia Tributaria se centrará fundamentalmente en los bienes y derechos que los grandes patrimonios tengan en el extranjero, se extenderá también el control a las socimis y, por último, al impuesto sobre el patrimonio. Romero explica que “los principales objetivos son tener fiscalizados a aquellos contribuyentes con rentas y patrimonio muy elevados”. En la jerga de la OCDE se conocen como ultra high income individuals. Y la finalidad es poner nombre y apellidos a aquellos contribuyentes cuyos patrimonios y rentas sean considerados, respecto de un umbral que todavía no se ha definido, como muy elevados.

Pons reitera que el hecho de ser un gran patrimonio no tiene por qué implicar ser un potencial defraudador. Para Pons, la globalización y la digitalización permiten abrir cuentas en cualquier país de la eurozona con un simple clic del móvil. Al respecto, España, en particular, y la eurozona, en general, han ido firmando acuerdos de intercambio de información con otras zonas que podrían generar ciertas susceptibilidades. De hecho, en 2014, se firmó un acuerdo multilateral, al que se unió también España.

Entre los 54 países y jurisdicciones que se comprometieron a intercambiar información desde 2017, además de la práctica totalidad de los países de la UE, se encuentran otros estados como Argentina, Barbados, Colombia, Corea, India, Islandia, Mauricio, México, San Marino, Seychelles, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Islas Feroe, etc., muchos de ellos considerados hasta ahora como paraísos fiscales. Y en 2018, se añadió Suiza. Alejandro del Campo, asesor fiscal de DMS Consulting, señala que lo que ha cambiado es que los Estados ya no tienen que preguntar, sino que se producen intercambios automáticos de información.

Al respecto, Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo de General de Economistas, reitera que antes esta información debía pasar por un requerimiento judicial y, que ahora, con los procesos automáticos “es mucho más difícil defraudar”. Pons recuerda que “desde 2012, cualquier contribuyente que tenga en el extranjero, a 31 de diciembre del año, un valor superior a 50.000 euros en cuentas, valores e inmuebles debe cumplimentar la declaración 720 en el mes de marzo del año siguiente”. Pero esto no queda así, se deberá presentar en los ejercicios posteriores cuando se haya incrementado en 20.000 euros en los ejercicios posteriores.

De la misma opinión es Romero: “Tener cuentas o negocios en el extranjero no supone que se haya eludido el pago de impuestos en el territorio nacional, ni que éstos estén ocultos a los ojos de Hacienda. En consecuencia, aunque muchas de las grandes fortunas españolas tengan o hayan tenido negocios o inversiones fuera de nuestras fronteras, no deben de equipararse con la comisión de ninguna infracción tributaria, pues en la mayoría de casos no es así”. Del Campo recuerda que la obligación de declarar existe cuando se superen los 50.000 euros, aunque esté dividida entre varias personas. Y señala que a partir de ahora en la Declaración de la Renta habrá advertencias para que incorporen estos datos. En caso de no rendir cuentas correctamente, Pons advierte de las duras sanciones a las que se enfrentaría el contribuyente, que pueden llegar a ser excesivas con una multa de hasta el 150 por ciento de lo no declarado.

En este apartado, identificar la residencia fiscal es clave puesto que “España tiene convenios con 89 Estados para evitar la doble imposición en los que se determinan con claridad las reglas para fijar la residencia fiscal de los contribuyentes”. Al respecto, Romero insiste en que identificar la residencia fiscal es un punto que siempre ha sido clave a la hora de analizar la tributación de los contribuyentes. “Una persona con residencia fiscal en el extranjero sólo tributa en España por aquellas rentas o patrimonio con las que exista alguna conexión con nuestro país. En cambio, un residente fiscal en España tributa en nuestro territorio por su renta y patrimonio mundial, independientemente de donde se localicen los mismos”.
(El Mundo, 22-02-2019)

Laboral

Trabajo reparte más de 2.000 millones entre las autonomías para políticas de empleo
La LXXIV conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales ha acordado este jueves la distribución de cerca de 2.020 millones de euros entre las autonomías para políticas activas de empleo, según ha informado el Ministerio de Trabajo. Esta cantidad se completará con 297 millones adicionales que se acordarán en la Conferencia que se celebrará en abril, con lo que los fondos totales ascenderán a 2.317 millones.

Esta cantidad total es 191 millones superior a la de 2018, aunque inferior a la inicialmente prevista en el proyecto presupuestario de 2019 (2.473 millones), que no ha podido alcanzarse ante el rechazo de las cuentas. Andalucía será la mayor receptora de fondos, con 340,3 millones de euros, seguida de Cataluña, con 336 millones. Madrid, por su parte, percibirá 265,9 millones.

Las comunidades autónomas tendrán tres años para aplicar los criterios de distribución de los fondos, lo que les permitirá celebrar convocatorias plurianuales que darán "utilidad" a la ejecución de las políticas activas de empleo. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha presidido la conferencia, donde se han presentado los resultados provisionales de la evaluación del plan anual de políticas de empleo de 2018, que arrojan una mejora del cumplimiento.

También se han definido los indicadores, así como su confección y cálculo, del plan de 2019, que tiene como objetivos reducir el desempleo, aumentar la activación, mejorar la participación de los servicios públicos en la cobertura de vacantes o mejorar la satisfacción de los empleadores. La ministra ha anunciado que se elevará del 50% al 55% del salario mínimo interprofesional la financiación de las subvenciones por mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, lo que supondrá 20 millones adicionales que se distribuirán en octubre a las comunidades.
(Cinco Días, 22-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Tesoro coloca bonos a 10 años a tipos más bajos
Una semana después de que el Parlamento rechazara los presupuestos y de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril, el Tesoro, que dirige Carlos San Basilio, colocó bonos y obligaciones tres, cinco y 10 años a tipos de interés inferiores. El Tesoro vendió 4.022 millones en las tres referencias, una cantidad que se sitúa en el rango medio. La demanda alcanzó los 8.548,57 millones. Es decir, superó en 2,1 veces la oferta.

Todas las miradas estaban puestas en las obligaciones a diez años. El resultado logrado en el mercado primario se sitúa en línea con el comportamiento que registra la deuda en las últimas sesiones, en las que, a pesar de la creciente inestabilidad política, los inversores han optado por la cautela y prefieren esperar a ver cómo se desenvuelve la campaña electoral antes de tomar una decisión precipitada.

En una jornada en la que los rendimientos del bono español llegaron a caer por debajo del 1,2%, el Tesoro captó 1.809,7 millones en bonos a 10 años con un tipo de interés medio del 1,285% frente al 1,46% de la emisión sindicada del pasado 23 de enero. Fuentes del Tesoro afirman que la colocación de este jueves fue la primera reapertura de la sindicada y el interés que sigue despertando el papel español tuvo su reflejo en el precio con un recorte de 17 puntos básicos.

En bonos a cinco años España vendió 1.073 millones con un tipo medio del 0,164% por debajo del 0,289% de la puja anterior. La lista de las referencias la completan los títulos con vencimiento el 31 de octubre de 2021. En bonos a tres años se vendieron 1.140,19 millones con una rentabilidad aún más negativa. En concreto, el tipo de interés medio cayó al -0,124%, más negativo que la subasta anterior del 7 de febrero cuando el interés se situó en el -0,086%.

La rentabilidad de la deuda a 10 años concluyó la jornada sin cambios en el 1,2% mientras la prima de riesgo española bajó tres puntos básicos, hasta los 107.
(Cinco Días, 22-02-2019)

El sector servicios registró en 2018 el mayor crecimiento en 12 años
El sector servicios registró en 2018 un aumento medio de su facturación del 6,1%, su quinto incremento anual consecutivo y el segundo más elevado en doce años tras el de 2017 (+6,4%), según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El empleo creado por los servicios creció un 2,2% el año pasado, también su quinto incremento anual consecutivo, aunque algo más moderado que el conseguido en 2017.

Desde 2008, el sector servicios logró incrementar sus ventas en los ejercicios 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En el resto de años desde el estallido de la crisis económica, los servicios recortaron su facturación, especialmente en 2009 (-13,7%). Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios aumentó un 5,8% en el conjunto de 2018, mientras que la tasa interanual desestacionalizada se situó en diciembre del año pasado en el 2,2%, inferior en 2,8 puntos a la de noviembre.

En diciembre de 2018, la cifra de negocios de los servicios (sin corregir de efectos estacionales y de calendario) subió un 2,7% en relación al mismo mes de 2017, tasa tres puntos inferiores a la de noviembre. Pese a ello, el sector acumula ya 64 meses de ascensos interanuales. En tasa mensual (diciembre de 2018 sobre noviembre del mismo año), la facturación de los servicios, eliminado el efecto estacional y de calendario, retrocedió un 1,4%, su mayor caída en cualquier mes en al menos dos años.

Todas las actividades del sector servicios experimentaron incrementos en su facturación el año pasado. Así, las ventas del comercio avanzaron una media del 6,3% respecto a 2017, con aumentos del 8,1% en la venta y reparación de vehículos, del 7,7% en el comercio mayorista, y del 2,7% en el comercio minorista. Los otros servicios elevaron su facturación un 5,9% en 2018, destacando los crecimientos de las actividades profesionales (+9,5%) y de las actividades administrativas (+7,4%). También incrementaron su facturación transporte y almacenamiento (+5,6%); información y comunicaciones (+4,3%) y hostelería (+2,4%).

Los datos del INE reflejan que el empleo en el sector servicios registró en 2018 un repunte del 2,2%, que fue más acusado en los otros servicios (+2,6%) que en el comercio (+1,6%). Todos los subsectores crearon empleo en 2018. El mayor crecimiento del empleo se dio en las actividades administrativas (+3,8%), información y comunicaciones (+3,3%) y transporte (+2,8%). En el conjunto de 2018, todas las comunidades incrementaron la cifra de negocios del sector servicios, destacando los ascensos de Madrid (+8,7%), Cantabria (+8,2%), País Vasco (+7,4%) y Aragón (+7,3%).

En cuanto al empleo, el personal ocupado subió también todas las regiones durante 2018, especialmente en Baleares (+3,4%), Aragón (+3%) y Navarra (+2,7%).
(Cinco Días, 22-02-2019)

El Gobierno aprueba hoy el sandbox financiero y las leyes de energía y clima
El Ejecutivo estudiará hoy el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una propuesta que incluye fundamentalmente un sistema basado en fuentes renovables para 2050, y el de transformación digital para el sistema financiero, que incluye la creación de un "sandbox". El de hoy es el penúltimo Consejo de Ministros, que estará presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y todo su gabinete, antes de la disolución de las Cortés y la convocatoria de los comicios generales.

Asimismo, estarán sobre la mesa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el anteproyecto de Ley de régimen especial de Baleares -con un decreto ley- y un real decreto de Ciencia por el que se crea la Academia Joven de España y aprobación de sus estatutos. El anteproyecto para la transformación digital incluye la creación de un 'sandbox' o espacio controlado de pruebas, para disponer de un marco de supervisión y regulación de los desarrollos tecnológicos en el sector.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha explicado hoy que el Gobierno, además, ultima el proyecto de creación de un órgano de protección de los clientes de productos financieros y que el Ejecutivo tiene la intención de culminar en esta legislatura la transposición de las directivas europeas pendientes, entre las que figura la de crédito inmobiliario.

Con el paquete de energía y clima, se pretende que la economía española entierre los combustibles fósiles a largo plazo al aportar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, y que está formado por el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia Nacional de Transición Justa. El anteproyecto de ley de cambio Climático incluye como pilares fundamentales un sistema eléctrico español basado exclusivamente en fuentes renovables para el año 2050, además de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 90 por ciento con respecto a los niveles de 1990.

En cuanto al Plan Integrado de Energía y Clima, contempla la salida de la energía nuclear del sistema eléctrico español entre 2025 y 2035, y que, al final de la década más del 70 % de la generación sea renovable, según avanzó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este plan, también se incluye el futuro de la energía nuclear en España para los próximos años, así como el cierre de las minas de carbón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ese paquete el miércoles en un acto en Madrid donde estuvo arropado por las ministras Isabel Celaá (Educación y Formación Profesional, y portavoz), Teresa Ribera (Transición Energética), Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo) y Magdalena Valerio (Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), y al que acudieron destacados representantes empresariales del sector energético y líderes de organizaciones ecologistas.

El primer elemento del paquete es el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que quedará sin efecto porque el Gobierno no lo enviará siquiera al Congreso de los Diputados. Las Cortes Generales se disolverán el próximo 5 de marzo. Para el Ejecutivo, este anteproyecto legislativo sería el 'paraguas' de las medidas para la transición hacia una economía menos contaminante y ofrecería certidumbre a los inversores con objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 y 2050 (a mediados de siglo la economía española sería neutra en carbono), de eficiencia energética y de impulso de las energías renovables, que llegarían al 100% del sistema en 2050.

Además, el texto limita la explotación de hidrocarburos y reduce los subsidios a los combustibles fósiles, al tiempo que se alinea con la estrategia de la Comisión Europea para que el parque de automóviles se renueve paulatinamente con modelos de menores emisiones, para culminar en el año 2040 con vehículos sin emisiones de CO2. Por otro lado, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima precisa cómo se realizará esa transición hacia un modelo económico sin emisiones. El Gobierno lo remitirá a la Comisión Europea con retraso, después de que el Ejecutivo comunitario permitiera a España y Luxemburgo enviar el documento más tarde de la fecha tope del pasado 31 de diciembre.

Bruselas contestará a España sobre la idoneidad del Plan y será el Gobierno que salga de las urnas del próximo 28 de abril el que aprobará definitivamente este instrumento, clave porque si la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es el qué, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es el cómo en cuanto a la reducción de emisiones contaminantes para que España sea climáticamente neutra en 2050. Las medidas del plan supondrían movilizar alrededor de 200.000 millones de euros en inversión pública y privada durante la próxima década, además de la creación de 300.000 nuevos empleos vinculados a servicios, industria y construcción.

En este sentido, las energías renovables tendrán un papel protagonista en la próxima década, de manera que se prevé que abarque un 20% de la energía total utilizada en España y un 42% en 2030, lo que ofrecerá oportunidades en las zonas rurales para luchar contra la despoblación. Además, la mejora de la eficiencia energética y la transición asociadas a las renovables mejorará la balanza comercial española en 75.000 millones de euros acumulados por la menor dependencia del petróleo.

El tercer elemento del paquete de energía y clima es la Estrategia Nacional de Transición Justa, que tiene como finalidad no dejar a nadie atrás en los empleos, territorios y sectores económicos que vayan a verse afectados por el cambio hacia un modelo productivo menos contaminante. Con el propósito de anticipar los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios, la Estrategia articulará la fórmula de los convenios de transición justa para apoyar las iniciativas económicas que se determinen como idóneas para los diferentes contextos socioeconómicos y laborales de las zonas afectadas.
(El País, 22-02-2019)

Los cambios que habrá en las hipotecas con la nueva ley aprobada
El Congreso ha aprobado este jueves, tras más de un año de tramitación, la ley de crédito inmobiliario -ley hipotecaria- que regulará el sector para dotar de más transparencia a las operaciones y dar más protección al consumidor.

Sus cambios entrarán en vigor hasta tres meses después de su publicación en el BOE, es decir, finales de mayo, y no se aplican a los créditos vigentes. El visto bueno de la cámara baja, que ha tumbado varias enmiendas del PP que venían del Senado, cierra más de un año de tramitación y borra la posibilidad de multas de 100.000 euros diarios con los que amenazaba Bruselas por el retraso en la trasposición de la directiva europea.

Más protección en la concesión. La banca deberá estudiar la solvencia del hipotecado con más profundidad antes de conceder el préstamo. En el mismo, no se podrán incluir cláusulas suelo ni cláusulas abusivas. En el contrato se podrá recoger una dación en pago voluntaria si así lo deciden las partes. Los bancos deberán dar a los clientes 10 días para analizar la información precontractual antes de la firma y tendrán que ofrecer una ficha estandarizada para que el cliente pueda comparar las condiciones hipotecarias que le ofrece cada entidad. Además, como medida de protección, se obligará a los interesados a realizar una visita obligatoria al notario antes de la firma del contrato para aclarar todas las dudas.

Reparto de los gastos: Los bancos pagarán el impuesto de actos jurídicos documentados, el que tanta polémica trajo por la sentencia del Supremo, si se trata de la primera vivienda; las primeras copias del notario; los gastos de registro; y la gestoría. El cliente abonará segundas copias del notario y los gastos de tasación. En todo caso, este apartado resta de un reglamento propio a aprobar antes de finales de mayo.

Pago anticipado y demoras: Será más fácil cambiar de banco, amortizar la hipoteca de forma anticipada y se facilitará el paso a tipos fijos. El cliente podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca -llevarla a otro banco- y entre las entidades se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro para evitar el robo de clientes.

El Congreso ha recuperado las comisiones por amortización anticipada en las hipotecas, que el PP había propuesto duplicar en el Senado. En la redacción final de la Ley las comisiones de amortización anticipada bajan a la mitad para las hipotecas de tipo fijo (2 % durante los 10 primeros años y 1,5% a partir de este período) mientras el cliente deberá elegir el tipo de amortización a tres o cinco años cuando su hipoteca sea a tipo variable, cuyas comisiones serán del 0,25% o del 0,15%, respectivamente. La comisión por interés de demora ha quedado en el interés remuneratorio más el 2%, frente al triple del interés legal del dinero que dictaba el proyecto de ley del PP.

Desahucios: El baremo para desahucios y ejecuciones se amplía a 12 cuotas impagadas y el 3% del capital en la primera mitad de la vida del préstamo; y de 15 cuotas y el 7% en la segunda mitad. Una modificación del Senado que sí que se mantiene es la que afecta al carácter retroactivo de la ley en lo que respecta a aquellas hipotecas con cláusulas de vencimiento anticipado, donde se regulan las condiciones de ejecución del crédito (paso previo a un desahucio).

La ley finalmente establece que los consumidores con hipotecas que contengan estas cláusulas deberán decidir qué régimen le resulta más favorable y, por tanto, si se acoge a la nueva ley hipotecaria o al vigente en la firma del contrato.
(La Vanguardia, 22-02-2019)

El Gobierno ultima el decreto con medidas urgentes ante un posible Brexit duro
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha avanzado este jueves que el Gobierno aprobará "en breve" el real decreto ley con medidas urgentes para amortiguar la salida de la UE del Reino Unido, entre el que se incluyen aspectos como los controles agroalimentarios y se garantizará el acceso gratuito a la sanidad entre ambos países.

Así lo ha señalado la ministra en declaraciones a los periodistas al término de la presentación del balance comercial del año 2018, en las que ha confirmado que el decreto está "cerca de aprobarse" e incluirá medidas para garantizar los controles agroalimentarios y dar respuesta a la "incertidumbre" en el turismo.

Maroto ha explicado que se regulará la situación de los turistas británicos respecto a la tarjeta sanitaria, para lo que se llevará a cabo un acuerdo de reciprocidad para que el visitante británico siga teniendo acceso gratuito a la Sanidad en España y viceversa, para que los españoles que viajen al Reino Unido tengan el mismo beneficio.

"Ganamos tiempo para que si hay un Brexit duro no afecte a las relaciones comerciales ni a los flujos turísticos", ha añadido Maroto, quien ha insistido en que se consigue más tiempo para que se cierren los acuerdos definitivos bilaterales o en el marco de la UE con el Reino Unido para que no haya "ningún problema" y se mantengan los mercados exportadores y los flujos turísticos como hasta ahora.

La norma, que garantizará la continuidad de los controles fitosanitarios en las fronteras y la calidad de vida de británicos y españoles en ambos países, podría aprobarse en el Consejo de Ministros de la próxima semana. En paralelo, Maroto ha valorado que el Consejo y el Parlamento Europeo hayan acordado ofrecer un plazo a aerolíneas como Iberia para que reestructuren su accionariado y cumplan con los requisitos comunitarios en caso de que finalmente se produzca un Brexit sin acuerdo.

La ministra ha señalado que se está trabajando con la compañía y en el marco de la Comisión Europea en un reglamento que se va a aprobar para resolver el problema y que Iberia pueda seguir volando el día después de un hipotético Brexit duro.

"Nos dotamos de más tiempo para que la compañía decida cuál es el cambio por el que opta. En estos momentos las exigencias de la UE no las cumple y el riesgo que teníamos es que no pudiesen salir los aviones", algo que "ya está solucionado", según la ministra, gracias a la moratoria de seis meses en el reglamento pendiente de aprobación para que la aerolínea ajuste su accionariado. "Trabajamos con la compañía en una solución definitiva", ha añadido.
(El Mundo, 22-02-2019)

 
 
 
 
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