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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 DE FEBRER DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019
Orden PCI/179/2019, de 22 de febrero, por la que se publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
(BOE, 26-02-2019)

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de febrero de 2019
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de febrero de 2019.
(BOE, 26-02-2019)

Euro
Resolución de 25 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 26-02-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/index.php?d=49&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 26 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

Los cambios en la cotización de los vales de comida, sobre la mesa del Gobierno
La actual legislatura tiene las horas contadas y este sector, apoyado por la patronal CEOE y Confederación Empresarial de Hostelería, aspira a que el cambio legal sea incluido en los reales decretos ley que el Gobierno llevará el viernes al Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes. El sector fundamenta su petición en la proposición no de ley para eximir de cotización estos cheques de comida que el Parlamento aprobó en noviembre con todos los votos a favor y la abstención de PP y PSOE, que pidieron información adicional. Aeevcos la ha ofrecido en un informe, encargado a la consultora Roland Berger, que ha sido entregado a la Seguridad Social y presentado este lunes ante la prensa.

El documento explica que el dinero asignado por las empresas en cheques comida está exento de tributar por IRPF hasta los 11 euros diarios, lo que beneficia al trabajador. Desde 2013, sin embargo, la empresa sí que debe cotizar a la Seguridad Social por el importe que entrega al empleado. Desde entonces, la contratación de vales se ha reducido un 3% anual de media: un 5% en las pymes (13% de usuarias totales), un 2% en las firmas de entre 50 y 250 empleados (que contratan el 25%) y solo crece, un 4%, en las grandes compañías, principales usuarias.

“España es el único país de la zona euro dónde estamos tratados desfavorablemente en la cotización. Erróneamente, el vale se consideró un concepto retributivo cuando no lo es, es una ayuda, una asignación asistencial, e igual que hay exención en el IRPF, queremos exención en la cotización”, reclama Juan Menéndez-Tolosa Valiente, secretario general de Aeevcos.

Los datos recopilados por su asociación indican que España es el único de los 18 mayores países de la Unión Europea que obliga a las empresas a cotizar por este tipo de cheques. Además, es el país con la tasa de implantación más baja de los vales de comida, que benefician solo al 2% de los afiliados frente al 10% de Italia o el 12% de Francia.

Actualmente, 460.000 trabajadores se benefician de cheques comida, consumiendo con ellos 60 millones de menús al año en 40.000 restaurantes afiliados, lo que genera 22.000 empleos (15.000 directos en restauración) con una facturación total de 1.240 millones de euros (619 millones en hostelería), siempre según los datos de la asociación del ramo. Como resultado, la actividad proporciona 541 millones de euros anuales a las arcas públicas de los que 192 millones corresponden a IVA, 82 a IRPF, 93 millones a Sociedades y 275 millones a la Seguridad Social. Una recaudación fiscal bruta de 641 millones a la que hay que restar 100 millones por la exención fiscal sobre el IRPF de los cheques de hasta 11 euros diarios.

Dejar exentos de cotización estos vales mermarían en teoría la aportación a la Seguridad Social, si bien desde Aeevcos defienden que la medida generaría 14.424 empleos directos, indirectos e inducidos en un lustro, por cuya cotización se acabaría elevando el volumen de ingresos para el sistema en 441 millones. A su vez, el número de beneficiarios podría crecer hasta en 280.000 personas si se incentiva su uso en las pymes. Semejante incremento, en todo caso, se fía tanto a la reversión al modelo previo a 2013, como a la recuperación económica y a una campaña de marketing que el sector pondría en marcha para reactivar el uso de los cheques.
(Cinco Días, 26-02-2019)

La recaudación por impuesto de matriculación se dispara
La recaudación por impuesto de matriculación (tasa transferida a las comunidades autónomas) se situó en 48,67 millones de euros en enero, lo que supone una subida del 31,5% en comparación con los 37 millones de euros ingresados en el mismo mes de 2018, según datos de la Agencia Tributaria.

Fuentes del sector indicaron que este significativo incremento de los ingresos públicos por impuesto de matriculación está vinculado al aumento de las matriculaciones de automóviles con motor de gasolina y de modelos todocamino, que, en general, tienen mayores emisiones y asumen tramos del impuesto superiores.

El mes pasado, el 60% de las entregas correspondió a modelos de gasolina, frente al 28,9% del diésel y al 11,1% de los híbridos y eléctricos. En el primer mes del ejercicio, la cuota media de esta tasa que abonaron los vehículos comercializados en España fue de 502 euros por unidad, lo que supone una subida de un 39,8% respecto a los 358 euros de enero del año anterior.

Por su parte, los conductores españoles pagaron un precio medio del vehículo nuevo (impuesto de matriculación incluido) de 17.829 euros, un 0,01% más, mientras que las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) fueron de 123 gramos, cinco gramos más que en enero de 2018.

Además, la base imponible (valor de los vehículos) anotada al inicio de curso fue de 1.679 millones de euros, lo que representa una caída del 6,7% respecto a los datos del primer mes del ejercicio anterior.
(Expansión, 26-02-2019)

El IRPF de los autónomos fue superior al de los asalariados en el año 2016
Los 19,6 millones de declarantes del IRPF que hubo en ese año, pagaron un tipo efectivo por este impuesto del 18,14%. El colectivo de empresas individuales (autónomos), pagó un tipo efectivo por este gravamen del 20,33%. Por encima del 17,69% que abonaron los asalariados en ese ejercicio.

Los datos pertenecen a la Estadística de Rendimientos de Actividades Económicas, correspondientes al ejercicio 2016, publicada por la Agencia Tributaria. Los datos reflejan que los 19,62 millones de contribuyentes del IRPF declararon un rendimiento de actividades económicas medio de 10.178 euros, con una cuota líquida total de 5.595 euros.

Por sectores empresariales, la estadística muestra que el tipo efectivo atribuible en comercio, restaurantes y hospedaje y reparaciones alcanzó el 8,14%, mientras que transporte y comunicaciones pagaron solo un 2,17%, e instituciones financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres un 1,82%.

Los 3,1 millones de empresarios individuales, declararon un rendimiento de actividades económicas medio de 10.163 euros, con una cuota líquida total de 6.964 euros. La cifra se sitúa por encima de los 5.345 euros de los 16,32 millones de los asalariados.

Un total de 185.605 empresarios en régimen por atribución de rentas, que pagaron un tipo del 21,9%, declararon un rendimiento de actividades económicas de 10.414 euros, con una cuota líquida total de 8.400 euros.

Asimismo, los contribuyentes con rendimientos de actividades económicas que tributaban el IRPF por el régimen de módulos pagaron un tipo del 7,27%. Mientras, aquellos que tributaron en el régimen de estimación objetiva o módulos en el sector agrícola, forestal o ganadero registraron un tipo efectivo atribuible del 9,96%.
(El País, 26-02-2019)

Laboral

El Gobierno explora vías para suavizar la contrarreforma laboral
El objetivo sería intentar sumar a los empresarios y a un mayor número de grupos parlamentarios, que serían necesarios para que la nueva normativa laboral saliera adelante. El Ejecutivo baraja que los cambios en materia laboral –uno de los tres asuntos sobre los que prevé legislar el viernes junto con Seguridad Social e igualdad en el empleo– incluyan fundamentalmente cuatro cuestiones.

La primera de ellas sería devolver la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa, después de que la reforma de 2013 invirtiera esta relación, priorizando los acuerdos de negociación colectiva en el seno de las compañías. Si bien en este caso, las fuentes consultadas indican que el Ejecutivo podría estar pensando en hacer prioritarios los convenios sectoriales, pero solo para el salario base. Estas mismas fuentes apuntaron que Podemos querría también añadir la distribución de la jornada, pero esta materia podría permanecer bajo la prioridad del convenio de empresas.

En segundo lugar, el Gobierno sí mantendría su intención inicial de recuperar la prórroga automática de los convenios colectivos en caso de que no haya acuerdo para su renovación (la denominada ultraactividad). El argumento del Ejecutivo para realizar este cambio es que, en la práctica, y según las estadísticas de la Comisión Nacional de Convenios colectivos, más del 60% de los convenios vigentes aún tienen cláusula de ultraactividad que garantiza su aplicación hasta que se pacte un nuevo convenio. Esto hace que la mayoría de los convenios no se verían afectados por la recuperación de la ultraactividad.

La tercera de las materias que el Gobierno quiere aprobar en este Decreto sería la implantación de un registro horario de la jornada diaria en las empresas. Esta cuestión ha sido, además, recientemente avalada por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se ha mostrado a favor de que la ley española introdujera esta obligatoriedad de registro horario. En este caso, fuentes de la propia Administración aseguraron que la forma de implantación podría ser remitir la obligación patronal de registrar la jornada a la negociación colectiva. Esto es, que cada sector o empresa decidiera en los convenios como se llevaría a cabo dicho registro.

Finalmente, el Ejecutivo quiere aprobar una modificación normativa sobre la regulación de la subcontratación (artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores). Los cambios en esta ley llevan más de dos años en trámite parlamentario. En este sentido, el Ejecutivo persigue que los trabajadores subcontratados por una empresa cobren lo que dice el sector de la actividad que desarrollan. El matiz en esta regulación consistiría en fijar el convenio de sector como referencia para los trabajadores subcontratados en lugar del convenio de la empresa matriz que subcontrata, como pretendía el PSOE inicialmente.
(Cinco Días, 26-02-2019)

Sánchez ultima un paquete de mejoras de protección social por decreto
El Gobierno ultima un paquete de medidas de protección social antes de la convocatoria de las elecciones y la disolución de las Cortes, como adelantó Cinco Días el pasado sábado. El Ejecutivo trabaja así en un real decreto ley que se aprobará previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros.

El texto que ultima el Ministerio de Trabajo busca incluir medidas como la cotización de las cuidadoras, que ningún grupo quiere rechazar y menos en plena precampaña, junto con otras iniciativas más controvertidas. Pero los responsables del Ejecutivo aún no han decidido cuántos decretos aprobar, según las fuentes consultadas. Y es que el Ejecutivo tiene que decidir aún si aprueba todas las novedades en materia laboral, de Seguridad Social y de igualdad en el empleo en un solo decreto ómnibus en lugar de tres distintos.

Las novedades en materia de protección social pasarían por elevar las ayudas para las familias con hijos o menores a cargo en situación de pobreza severa, aumentar las pensiones de invalidez y pagar las cotizaciones a cuidadores no profesionales de dependientes. Estas últimas serían abonadas por el Imserso a la Tesorería de la Seguridad Social y beneficiaría a 180.000 personas, según apuntó el Gobierno en la presentación de los fallidos Presupuestos de 2019.

Las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente derivada de una enfermedad común pasarán a 6.930 euros y a 6.991 euros con cónyuge a cargo, desde los 5.838 y 5.899,6 euros actuales. Para las familias con hijos o menores a cargo, se elevan las prestaciones no contributivas desde los 291 euros a los 341 para las familias que estén en situación de pobreza (con ingresos que no superen los 18.532 euros anuales, límite que baja a 12.313 euros anuales para familias con hasta dos hijos) y a 588 para los casos de pobreza severa.

Otro de los elementos que podría incluir es la modificación del régimen de protección de los artistas en periodo de inactividad. Una modificación que el Gobierno llevó al Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre a través de un real decreto. Una modificación que afecta a aquellos que estén incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social siempre y cuando acrediten al menos 20 días en alta con prestación real de servicios en dicha actividad en el año natural anterior. Las retribuciones percibidas por esos días deberán superar las tres veces el SMI en cómputo mensual.

El paquete de medidas que prepara el Ejecutivo contempla además novedades en materia laboral y de igualdad en el empleo. Entre ellas se analiza la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años; el reconocimiento a los autónomos cotizantes por cese de actividad en 2018 de la devolución de cuotas en IT a partir del primero de enero de 2019; o la bonificación por la contratación de personas desempleadas de larga duración o de trabajadores agrarios, entre otras.

Dentro de las medidas de igual en el empleo estará también la ampliación del permiso de paternidad: a ocho semanas en 2019; 12 en 2020 y a 16 en 2021. Y duplica estos permisos de padre y madre a la vez. Asimismo, se incluye la creación de un Fondo Estatal para la integración de los inmigrantes o la ampliación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil hasta los 30 años. Por otra parte, se implementarán medidas de apoyo a la prolongación de la actividad de trabajadores con contratos discontinuos en los sectores de turismo, comercio y hostelería en zonas turísticas.
(Expansión, 26-02-2019)

CEOE rechaza el decreto laboral "electoral"
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado este lunes las formas en las que el Gobierno ha planteado cambios laborales por la vía del Decreto Ley, que ha tachado de "electoral" y de "contrato de adhesión" que no les deja "estar en la palabra o en el diálogo social".

Antes de intervenir en Sevilla en un desayuno de trabajo con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, Garamendi ha dicho a los periodistas: "no es que se llegue a un acuerdo o no, lo que no se puede es plantear un diálogo social y que te manden un papel el viernes y que el miércoles te digan que el viernes va a ir un decreto ley".

A su juicio, "eso no es un diálogo social", un diálogo social es hablar y es dialogar y la diferencia entre un proyecto de ley y un decreto ley es que en un proyecto de ley existe "la capacidad de audiencia" para explicar y se pueden cambiar las cosas y un decreto ley "es un contrato de adhesión donde aquí está la norma y ésta es la que era", ha añadido, para destacar que el Gobierno ha presentado esta norma y verán "qué hace el viernes".

"No podemos compartir en absoluto un decreto ley electoral ", ha insistido Garamendi, quien ha rechazado entrar en el contenido del documento, ya que "hay cantidad de cosas" en las que pueden estar de acuerdo y otras que no, pero lo que no pueden "bajo ningún concepto" es que no se les deje "estar en la palabra o en el diálogo social".

Ha abogado por hablar de todo cuando se decida hacerlo, pero no se puede plantear decretos en los que no se da "derecho de audiencia", dando un plazo de dos días para decidir si gusta o no lo planteado en el documento.
(El Mundo, 26-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Un informe del BCE cuestiona la conducta de los bancos más reputados
La máxima de que las apariencias pueden tener poco que ver con la realidad se cumple también en el universo financiero. Un estudio del Banco Central Europeo (BCE) lo acaba de constatar en el terreno de la venta de préstamos hipotecarios empaquetados en bonos y colocados a inversores en el Viejo Continente en forma de titulizaciones. Los bancos con mejor reputación no fueron inmunes al boom que se vivió justo antes de la crisis y titulizaron préstamos de peor calidad que sus competidores menos respetados.

Pese a ello, su alta respetabilidad no solo los protegió frente a los inversores, que siguieron comprando sus titulizaciones, sino también frente a las agencias de rating. «Las colocaciones que realizan los emisores reputados tienen menos probabilidad de tener una rebaja de la calificación a pesar de la bajada en la calidad del colateral», dice el estudio.

Esta conclusión es el resultado del análisis de 4.247 titulizaciones hipotecarias europeas, tanto de viviendas como de locales comerciales, entre 1999 y 2007, con el objetivo de evaluar el comportamiento de los bancos que vendieron esos productos durante el boom previo a la crisis. En la lista hay una fuerte representación española, ya que el 13,5% de las titulizaciones estudiadas tienen esa nacionalidad. También hay un representante español entre los bancos considerados más reputados: Santander, que acompaña a nombres como Lehman, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse o Deutsche Bank.

En todos los casos, lo importante no era la nacionalidad de los bancos sino su reputación y el origen europeo de las titulizaciones que vendieron en el mercado, ya que los autores del informe señalan que este mercado ha sido muy estudiado en Estados Unidos, pero no en el Viejo Continente.

La meta de los investigadores del BCE era descubrir si la reputación sirve como un mecanismo de autodisciplina que lleva a los bancos más respetados a evitar las malas prácticas para mantener su conducta a la altura de su imagen pública. «Idealmente, la preocupación por la reputación debería mitigar el comportamiento oportunista de los emisores», destaca el estudio. «Asumiendo que los emisores tienen intención de seguir accediendo al mercado a largo plazo, la pérdida de la reputación debería actuar como un incentivo para asegurar que el banco tituliza activos de una relativa alta calidad», añade.

Esa regla se cumplió durante los primeros años del siglo, durante los ejercicios tranquilos. Las titulizaciones de los bancos más respetados (medidos por el volumen de emisiones realizadas) estaban respaldadas por hipotecas de mayor calidad, que tenían ratios inferiores de impago y que tenían menos probabilidades de obtener una rebaja de calificación por parte de las agencias de rating.

Pero esta situación cambió cuando el mercado de titulizaciones entró en ebullición y los volúmenes de emisión se dispararon. Entre 2005 y 2007, cuando se produjo el boom previo al estallido de la crisis, el informe señala que los bancos más respetables no fueron inmunes a la efervescencia y que comenzaran a sacar al mercado instrumentos con peor calidad con tal de seguir vendiendo y consiguiendo rentabilidades.
(Expansión, 26-02-2019)

Los precios industriales aceleran su aumento en enero hasta el 1,8%
Los precios industriales subieron un 0,2% en enero en relación al mes anterior y aceleraron su crecimiento interanual hasta el 1,8%, una décima por encima de la tasa registrada en diciembre, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el repunte interanual de enero, los precios industriales encadenan 28 meses consecutivos en positivo.

La aceleración de la tasa interanual de los precios industriales se ha debido principalmente al mayor crecimiento de la energía, cuyos precios aumentaron un 5,1%, siete décimas más que en diciembre, como consecuencia del encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Por el contrario, los bienes intermedios recortaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 1,1%, mientras que los bienes de consumo no duradero registraron una tasa dos décimas inferiores, hasta situarse en el -0,9%.

La tasa de variación anual del índice general sin energía descendió dos décimas en el primer mes del año, hasta el 0,3%, con lo que se sitúa un punto y medio por debajo de la del indicador general. En términos mensuales, los precios industriales aumentaron un 0,2% tras dos meses retrocediendo en torno a un 1%. Destacaron los avances en un 0,4% de los precios de la energía y de los bienes de equipo.

En enero la tasa anual de los precios industriales subió en nueve comunidades autónomas, bajó en Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña y se mantuvo estable en País Vasco, Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Los mayores ascensos se produjeron en Baleares, Canarias y Asturias, cuyas tasas se incrementaron 3,7, 3,4 y 2 puntos, respectivamente. Tras estas variaciones, sólo Andalucía registró en enero una tasa interanual negativa (-1,4%) de precios industriales. El resto de regiones presentaron tasas positivas, especialmente Baleares (+6,2%) y Cantabria (+5,8%).
(La Vanguardia, 26-02-2019)

Sector

España pide al TJUE que limite el castigo a la banca si tumba el IRPH
Las hipotecas españolas volvieron a ser protagonistas este lunes en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Tras abordar la cláusula suelo, la de desahucios o el interés de demora, la Corte de Luxemburgo abordó este lunes el índice hipotecario IRPH.

Aunque el Tribunal Supremo ha dado por bueno el uso de esta referencia como alternativa al euríbor, alegando que su funcionamiento es similar y está respaldado por autoridades como el Banco de España, la demanda de una cliente contra Bankia llevó al Juzgado de Primera Instancia de Barcelona a elevar una cuestión prejudicial para que el alto tribunal europeo analice si se comercializó con la debida transparencia.

El tribunal, con el presidente del TJUE Koen Lenaerts al frente, arrancó la sesión preparando el proceso a puerta cerrada con los abogados de las distintas partes, como es habitual. Durante la vista posterior, que se alargó casi tres horas, Bankia defendió el uso de IRPH al tratarse de un índice oficial, “transparente y comprensible", y alegando que no es posible por tanto anular la cláusula que lo contiene y fija el precio de la hipoteca. A su vez, los abogados de la demandante cuestionaron la falta de información con que fue comercializada la hipoteca.

La entidad nacionalizada contó con un aliado de excepción: el Reino de España. La Abogacía del Estado, representada por María José García-Valdecasas, defendió los intereses de la banca y el uso del IRPH. Es más, instó al tribunal a limitar el efecto retroactivo del fallo si acaba tumbando este índice. Después de todo, los analistas de Goldman Sachs estiman que el sector bancario español se juega hasta 44.000 millones de euros. En todo caso, el precedente de las cláusulas suelo dejó claro el criterio del TJUE: si la cláusula es nula, por opaca, lo es desde el origen del contrato.

Por su parte, los representantes de la Comisión Europea defendieron que la regulación comunitaria solo permite usar estos índices si se hace con total transparencia. Por su parte, Reino Unido también ha comparecido en la vista para defender la validez los contratos hipotecarios que recogen índices oficiales, a fin de proteger sus propios contratos de cualquier cuestionamiento judicial.

Finalmente, el abogado general Maciej Szpunar (una suerte de fiscal general que ya apostó por anular los desahucios españoles basados en cláusulas abusivas) avanzó que ofrecerá sus conclusiones el 24 de junio. Aunque su criterio no es vinculante, este suele guiar al tribunal, que dictará sentencia sobre el asunto previsiblemente a la vuelta del verano.

"Hoy ha sido un día muy importante en la defensa de los afectados por IRPH, estamos convencidos de que las conclusiones del Abogado General serán favorables a los consumidores y que la sentencia será un antes y un después, como lo fue la de la cláusula suelo", ha declarado al concluir la vista la presidenta de la asociación de usuarios financieros Asufin, Patricia Suárez.
(El País, 26-02-2019)

 
 
 
 
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