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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 28 DE FEBRER DE 2019

Laboral

Oferta de empleo público. Centros Universitarios de la Defensa
Resolución 452/38051/2019, de 15 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, respecto a la autorización de la oferta de empleo público de 29 plazas de personal docente en los Centros Universitarios de la Defensa.
(BOE, 28-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 27 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 27 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 28-02-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/index.php?d=51&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 28 DE FEBRER DE 2019

Fiscal

El Decreto del alquiler que prepara el Gobierno bonifica el IBI del propietario
El texto incluye una bonificación del 80% de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los propietarios que respeten el índice de precios del alquiler que la norma insta a las comunidades a crear en ocho meses. El Decreto del alquiler que ultima el Gobierno con Podemos bonifica el IBI del propietario que controle el precio.

Así lo trasladan fuentes de la negociación, que explican que se incluye una bonificación del 80% de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los propietarios que respeten el índice de precios del alquiler que la norma insta a las comunidades a crear en ocho meses. Ésta es la novedad más relevante del texto, trasladan las fuentes citadas, ya que el índice no puede utilizarse para vetar o controlar precios sin cambios legislativos de calado que no se prevé aprobar.

El Gobierno intenta validar este Decreto en el Consejo de Ministros del viernes, en tiempo de descuento electoral, y para ello también ha incluido más novedades: las subidas no podrán superar el IPC en cinco años para personas físicas y siete para personas jurídicas, se reconoce la validez de los contratos, aunque no esté inscritos en el Registro Mercantil y se establece el mes de inmobiliaria lo paga el propietario persona jurídica.

El Ejecutivo ya aprobó en diciembre el Decreto que estableció que el periodo mínimo de duración del alquiler pasaba de tres a cinco años, y a siete si el propietario es una empresa y reforzó los derechos del inquilino, pero el Congreso lo tumbó en enero, ya que Podemos consideró que las medidas, que no incluían el control de precios, eran insuficientes.
(Expansión, 28-02-2019)

La polémica por el impuesto AJD frenó la firma de hipotecas para viviendas en la recta final de 2018
La maraña judicial en torno al impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) alteró la dinámica de la firma de hipotecas en la recta final de 2018, impactando notoriamente en las cifras del mercado hipotecario. Durante varias semanas hubo una parálisis que se aprecia con claridad en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En diciembre se formalizaron 20.933 nuevos contratos hipotecarios para viviendas, lo que supone un desplome del 27,4% respecto a noviembre y una subida de apenas el 0,9% en comparación con el mismo mes de 2017. En todo 2018 se constituyeron 345.186 préstamos, un 10,3% más que el año anterior. Se trata de la cifra más alta desde 2011 y del quinto aumento anual consecutivo. Sin embargo, el crecimiento de 2018 se ha moderado respecto a los tres años inmediatamente anteriores.

En concreto, en 2014, cuando se rompió la racha de siete años consecutivos de descensos en la formalización de hipotecas por la crisis inmobiliaria, se registró un aumento del 2,3%. Al año siguiente, en 2015, las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 20,8%; en 2016 avanzaron un 14,6%, y en 2017, un 10,7%.

Los datos del INE corresponden a hipotecas inscritas uno o dos meses antes, por lo que en diciembre ya se refleja parte del efecto de la sentencia del Tribunal Supremo, publicada el 18 de octubre, que cambiaba el criterio establecido y atribuía a la banca y no a los clientes el pago del AJD. El Alto Tribunal se desdijo el 6 de noviembre e, inmediatamente, el Gobierno decretó que la tasa debía recaer en las entidades financieras. Estadística constata ahora que en este periodo se produjo un parón hipotecario, según advirtieron entonces fuentes del sector.

De acuerdo con el INE, en tasa intermensual (diciembre de 2018 sobre noviembre del mismo año), el capital prestado por la banca bajó un 29,8%, aunque subió un 16,5% en el conjunto de 2018, hasta los 42.709 millones de euros. Por su parte, el importe medio en diciembre fue de 167.051 euros, un 20,9% superior al del mismo mes de 2017. En el conjunto del año 2018 se situó en 142.660 euros, un 0,8% más.

El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, admite que el fallo del Tribunal Supremo y la incertidumbre generada “han podido influir en la firma de hipotecas, pese a los esfuerzos de los bancos por mantener la normalidad en el mercado hipotecario”, aunque opina que cabe esperar que los próximos datos muestren ya “la normalización en la contratación”.

A cierre de 2018, el tipo de interés medio en el caso de las viviendas fue del 2,62%, frente al 2,61% del mes previo y el 2,73% de un año antes, con un plazo medio de 24 años. El 58,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron en diciembre a tipo variable, mientras que el porcentaje de operaciones a tipo fijo registró su récord histórico en el 41,4%, tras experimentar un incremento del 9,1% en tasa anual.

El tipo de interés medio al inicio es del 2,42% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,98% en el caso de las de tipo fijo. En ambos casos, los tipos se han reducido respecto al mismo mes de 2017.
(El País, 28-02-2019)

Laboral

Los empresarios intentan "minorar" el decreto laboral con el Gobierno
“Nunca nos vamos a levantar de la mesa"; "los teléfonos y los puentes están permanentemente abiertos", ha dicho hoy el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, en referencia a cuál es actualmente la postura de los empresarios en la negociación de la contrarreforma laboral con el Gobierno, que debe redactar el decreto regulatorio del mercado de trabajo, y con los grupos parlamentarios que deben consolidar dicho decreto.

Garamendi ha indicado que hay dos elementos sobre los que los negociadores empresariales están intentando influir: el fondo --la redacción del Real Decreto por parte del Ejecutivo-- y la forma --los apoyos necesarios para que se apruebe o se rechace la norma en la Diputación Permanente del--. En este sentido, el líder patronal ha preferido no desvelar qué estaban consiguiendo los empresarios en esa negociación "si podemos minorar el decreto, hoy no es el día que públicamente lo diga, porque podría romper esta posibilidad".

Aunque el presidente de CEOE sí ha hablado de algunas cuestiones que están encima de la mesa de negociación como la ultraactividad de los convenios, sobre la que ha dicho que es una "preocupación empresarial" y que no aceptarán "si es infinita", dejando abierta la posibilidad a que el límite a esta prórroga automática de los convenios sea mayor que el año actual, pero no indefinida.

En materia de subcontratación, ha considerado que lo pactado en el acuerdo de negociación colectiva para abonar el salario del sector a los trabajadores de las subcontratas podría ser un buen acuerdo. Mientras que, en materia de registro horario de jornada, Garamendi se ha mostrado a favor de respaldar una regulación que lleve esta obligatoriedad a los convenios colectivos.

Aunque en la mayoría de estas cuestiones el Gobierno podría estar a favor de esta regulación, la redacción final de todas estas normas no sería en estos momentos del agrado empresarial, según las fuentes consultadas. Asimismo, los empresarios tampoco respaldarán el redactado del Real Decreto de Igualdad, pese a que este haya sido suavizado, en favor empresarial, respecto al texto inicial.

Por ello, si se mantiene este rechazo patronal a las redacciones finales de estos Reales Decretos, el trabajo de los negociadores de CEOE-Cepyme con los grupos parlamentarios estará orientado a lograr los apoyos necesarios para que los textos no salgan adelante.
(Expansión, 28-02-2019)

Bruselas cree que subir las pensiones con el IPC elevará el gasto cuatro puntos de PIB para 2050
El gasto en pensiones en España aumentará cuatro puntos porcentuales del PIB de aquí a 2050, hasta el 18%, si se vinculan con el IPC y no se toman medidas para compensar dicho incremento, según estiman los servicios económicos de la Comisión Europea en un informe publicado este miércoles, en el que también advierten de que el país se enfrenta a "elevados riesgos de sostenibilidad fiscal" en el medio y largo plazo.

"Las recientes desviaciones temporales de la reforma de 2013 y los planes para recuperar el vínculo de las pensiones con el IPC incrementarán probablemente el gasto en el medio y en el largo plazo, salvo que se adopten medidas de compensación", señala el Ejecutivo comunitario en el documento en el que evalúa los desequilibrios económicos de la economía española.

Bruselas defiende que sus cálculos sobre el aumento del gasto en pensiones por vincularlas al IPC son "cercanos" a las proyecciones elaboradas por instituciones como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o Fedea, aunque resalta que la AIReF considera que el impacto será menor (2%).

Además, añade que la "sensibilidad" de estas estimaciones a cambios derivados de unos mayores flujos migratorios es "bastante limitada". Así, señala que un aumento neto del 33% de dichos flujos podría suponer una reducción del gasto en pensiones equivalente al 0,5% del PIB, una cifra que, sin embargo, se reduciría el 0,2% a medida que los inmigrantes empiezan a cobrar una pensión de jubilación.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario ve "elevados riesgos" para la sostenibilidad fiscal en España, tanto en el medio como en el largo plazo. En concreto, bajo condiciones económicas "normales" y asumiendo un saldo estructural "constante", calcula que la deuda pública superará el 107% del PIB en 2029.

Esto sucederá, indica el informe, tras registrar caídas hasta 2020 gracias al crecimiento económico y al "pequeño" superávit primario a partir de este año. "Sin embargo, cuando se ajusta el impacto del ciclo económico, el déficit sigue siendo persistentemente alto", señala el texto, para después argumentar que los impuestos son "bajos" en comparación con el nivel de gastos.

De hecho, el informe remarca posteriormente que España tiene una ratio de impuestos en relación al PIB baja si se compara con otros países de la UE. Los ingresos fiscales de 2017, apunta, representaron el 33,8% del PIB, un porcentaje que se eleva al 40,2% en la eurozona y al 39% en el conjunto del bloque.

En este capítulo, la Comisión Europea subraya que, aunque el tipo general del IVA en España está en línea con el del resto de Europa, el país recauda mucho menos por este gravamen. Esto se debe al "uso extensivo" de los tipos reducido y superreducido, lo que resulta en una "gran" brecha del IVA.
(Expansión, 28-02-2019)

La prestación por maternidad es compatible con la excedencia
Las trabajadoras en excedencia por cuidado de hijos que den a luz durante el primer año tienen derecho a cobrar la prestación por maternidad. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniegan estas solicitudes al considerar que las trabajadoras no están dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social.

Dos recientes sentencias del Tribunal Superiores de Justicia (TSJ) del Principado de Asturias y del TSJ de Madrid corrigen al organismo gestor, condenándole al abono de la correspondiente prestación en estos supuestos. Los tribunales son rotundos al afirmar que durante el primer año de excedencia todas las trabajadoras se encuentran en una situación asimilada al alta y que, por tanto, cumplen con el requisito para el cobro de la prestación pese a trabajar como autónomas.

Es el criterio a seguir, añade la sentencia del TSJ de Asturias, más coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional según la que las medidas tendentes a conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores han de servir de orientación para la resolución de cualquier duda interpretativa.

En el asunto resuelto por este tribunal, la mujer solicitó la prestación por el nacimiento de su segundo hijo estando aún de excedencia para el cuidado de su primogénito. El INSS denegó su solicitud al considerar que no se encontraba de alta o situación asimilada como exige la ley. Además, se daba la circunstancia de que la trabajadora compatibilizaba el cuidado del menor con el ejercicio como autónoma de su profesión como investigadora.

La mujer tuvo que recurrir la sentencia del juzgado de lo social para que se le reconociera su derecho al cobro de la prestación. Es el tribunal superior el que da la razón a la trabajadora, declarando que sí cumple con el requisito de alta o situación asimilada exigido.

Según razona el tribunal, durante el primer año de excedencia por cuidado de hijos el contrato de trabajo queda en suspenso y se reserva el derecho al puesto en caso de reincorporación. Por este motivo, y a efectos del cobro de la prestación de maternidad en caso de tener un nuevo hijo, este periodo se considera como una situación asimilada al alta. Así lo viene admitiendo la jurisprudencia, añade, al considerar estos periodos como de "cotización efectiva".

A efectos laborales, explican los magistrados, este periodo de suspensión del contrato de trabajo no solo sirve de base legal para sustentar la excedencia por cuidado del hijo, sino también para justificar una prestación por maternidad.

La sentencia va más allá y subraya que la maternidad sobrevenida de quien se encuentra en el primer año de excedencia por cuidado de hijos debe ser considerada como una "situación protegida" a efectos de conceder la prestación correspondiente.
(El País, 28-02-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las expectativas de que el BCE suba tipos este año se diluyen
El último en sumarse a la lista ha sido el economista jefe Goldman Sachs, Jan Hatzius, que retrasa 12 meses la subida de tipos en la zona euro. Es decir, prevé que la primera alza de las tasas se produzca en la segunda mitad de 2020. Las últimas estimaciones efectuadas por Mario Draghi apuntaban al segundo semestre de este año como el momento propicio para elevar el precio del dinero.

No obstante, después de los últimos datos macroeconómicos publicados, el mercado ha puesto en precio un cambio de las estimaciones para la cita del próximo 7 de marzo. La renta fija, uno de los activos más sensibles, es el que mejor lo evidencia. La rentabilidad de la deuda española, en sintonía con la alemana y la francesa, se sitúa en niveles de noviembre de 2016.

Pero las novedades en política monetaria no quedan ahí. El departamento de análisis del banco estadounidense prevé que Draghi anuncie la próxima semana una nueva inyección de liquidez a largo para aliviar la presión que sufre la banca. El sector financiero lleva reclamando desde hace años un alza de los tipos, algo que les ayudaría a incrementar los márgenes. Además, en 2020 las entidades de la eurozona se enfrentan a vencimientos de hasta 700.000 millones en 2020.

Con una zona euro en sus horas más bajas (Italia entró en recesión en cuarto trimestre de 2018 mientras Alemania registró un crecimiento nulo), Goldman Sachs se muestra algo más optimista que lo apuntado por los últimos indicadores. Hatzius cree que la economía mundial ha tocado fondo y prevé una reaceleración del crecimiento. Este rebote estaría encabezado por EE UU y China.

Superado el efecto negativo que provocó el cierre de gobierno estadounidense y la mejora de las condiciones financieras después de que la Fed haya desactivado el piloto automático de la subida de tipos explicarían esta mejora. A ello habría que sumarle las menores tensiones comerciales con China y la mejora del gigante asiático de la mano de las últimas políticas expansivas del Banco Central de China. Desde Goldman estiman un crecimiento de entre el 5 y 6% con una modesta tendencia al alza a medida que avance el ejercicio.

En lo que a riesgos políticos se refiere, el departamento de análisis del banco considera que siguen siendo "significativos" aunque en general han disminuido un poco en los últimos meses. Entre ellos destacan el anuncio efectuado por el presidente de EE UU, Donald Trump, del retraso al aumento de los aranceles del 10% al 25% ante el avance de las negociaciones comerciales. "Esperamos una breve extensión de la tregua entre 1-2 meses. El acuerdo formal entre Trump y su homólogo chino Xi Jinping parece posible", señalan.

El otro factor de riesgo es que apunta al Brexit. "La incertidumbre sobre cómo se resolverá sigue siendo grande".
(Cinco Días, 28-02-2019)

El Banco de España pide más profundidad e integración de los mercados de capitales de la UE
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado en el Bloomberg Capital Markets Forum Madrid celebrado hoy que es necesaria una mayor integración en los mercados de capitales de la Unión Europea y ha advertido de que deben "abordarse aspectos como el sesgo a la financiación con deuda frente al capital existente en los sistemas tributarios de algunos países".

En España, en efecto, los gastos financieros netos son deducibles con el límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio. No hay deducción alguna por ampliar capital. BME, por ejemplo, siempre ha cargado contra el asimétrico tratamiento fiscal entre el capital y la deuda. Cierto es que en última instancia esto ha tenido repercusiones en la crisis desatada en 2008 tras la crisis de Lehman Brothers, cuando el exceso de endeudamiento puso en jaque a un buen número de compañías.

Uno de los proyectos clave de la UE es el de la Unión del Mercado de Capitales, lanzado en 2015, que tenía como objetivo "lograr una mayor profundidad e integración de los mercados de capitales de la Unión Europea", de acuerdo al gobernador de El Banco de España. Esto permitiría compartir los riesgos y una menor dependencia de la financiación bancaria, lo que "redundará en una mayor estabilidad del área del euro", según Hernández de Cos.

La gran misión de este proyecto es lograr nuevas fuentes de financiación para las empresas a un menor coste y atraer más inversión extranjera hacia la Unión Europea. El documento incluye más de 30 medidas y la fecha para completar el proyecto es 2019, pero el director del Banco de España ha reconocido que "hasta ahora la implementación de esas medidas ha sido lenta e incompleta".
(Cinco Días, 28-02-2019)

Bruselas riñe a España por el alto riesgo de pobreza y exclusión
Tras dos décadas de vida del euro, la mitad de los 19 países de la moneda única siguen adoleciendo de profundos desequilibrios. Entre ellos, España, pero también las otras tres grandes economías de la zona euro: Francia, Alemania y, sobre todo, Italia. Como avanzó el domingo, a pesar de cinco años de crecimiento “sólido”, la Comisión Europea advierte a España en el informe del llamado semestre europeo de que los “grandes volúmenes de deuda externa e interna”, tanto pública como privada, siguen constituyendo su principal fuente de “vulnerabilidad” en un “contexto de elevado desempleo” y le pide "más esfuerzos" para enderezar sus cuentas públicas. Aun así, el foco de Bruselas sigue estando en Italia, Grecia y Chipre, cuyos desequilibrios considera “excesivos”.

La Comisión Europea, como viene haciendo en todos sus informes, resalta la expansión que viene experimentando la economía española en los últimos años. Sin embargo, en su evaluación sobre el progreso de las reformas estructurales y la corrección de los desequilibrios, sigue hallando varias asignaturas pendientes. España ha hecho progresos, pero los niveles de endeudamiento siguen altos y necesita seguir registrando superávit por cuenta corriente durante “un periodo prolongado de tiempo” para que su financiación exterior baje hasta “niveles prudentes”. Al mismo tiempo, la Comisión requiere “más esfuerzos” para llevar a las finanzas públicas hacia una senda más sostenible y le señala todo el recorrido que le queda en el terreno laboral, donde la temporalidad se ha generalizado, y social, donde España sigue sufriendo elevadas tasas de temporalidad y ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social.

Bruselas también critica el elevado desempleo, la lentitud en la ejecución de políticas para aumentar el crecimiento potencial de la economía española y las carencias en investigación e innovación y la regulación empresarial. En su informe específico por países, además, señala la elevada tasa de desigualdad y de población en riesgo de pobreza como uno de los principales legados de la Gran Recesión que todavía debe afrontar España, entre otros motivos por el uso generalizado de contratos laborales temporales.

A España, pues, se le acumula la resolución de desequilibrios. En parte, porque “la velocidad” de las reformas se ha ralentizado desde 2014 y, en concreto, por la situación “cambiante” que vive España con el cambio de gobierno en 2018 y la convocatoria de elecciones para abril. Es más, el ejecutivo comunitario aprecia en el informe incluso “un cierto retroceso”, particularmente en el área de las pensiones. La Comisión Europea avisa de que el Presupuesto de 2018 implicó la “desviación” respecto a “dos elementos clave” de la reforma de 2013: el mecanismo de revisión anual para actualizar las pensiones durante 2018 y 2019 y el llamado factor de sostenibilidad, aparcado hasta 2023. Bruselas advierte de las consecuencias de esas medidas para la sostenibilidad de la deuda a medio y largo plazo y concluye que, en caso de que se vinculen las pensiones con el IPC, el gasto aumentará lo equivalente al 4% del PIB en 2050.

El examen también disecciona la cara y la cruz de la subida del 22,3% del salario mínimo. Y si bien por una parte considera que será un elemento que modere el ritmo de crecimiento del empleo, también servirá para amortiguar el riesgo de los trabajadores de hallarse en riesgo de pobreza. Según la Comisión, alrededor del 11% de los empleados españoles percibirán el salario mínimo interprofesional, en comparación con el 4% que lo percibía en 2017. Pero esa proporción varía según las comunidades: desde el 3% de Navarra al 18% de la Comunidad Valenciana.
(La Vanguardia, 28-02-2019)

 
 
 
 
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