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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’1 DE MARÇ DE 2019

Laboral

Instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
(BOE, 01-03-2019)

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.
(BOE, 01-03-2019)

Revisión salarial del año 2019 del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo sobre la revisión salarial del año 2019 del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.
(BOE, 01-03-2019)

Tabla salarial del año 2017 del V Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector del estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía pública
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo sobre la tabla salarial del año 2017 del V Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector del estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía pública.
(BOE, 01-03-2019)

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados.
(BOE, 01-03-2019)

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa al Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad para el periodo julio 2015-2016
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa al Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad para el periodo julio 2015-2016.
(BOE, 01-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2019 por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas
Resolución de 21 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
(BOE, 01-03-2019)

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de febrero de 2019
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de febrero de 2019.
(BOE, 01-03-2019)

Euro
Resolución de 28 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 28 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 01-03-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/index.php?d=52&s=3

 

RECULL DE PREMSA DE L’1 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

El Gobierno prepara medidas fiscales para contener el alza de los alquileres
El Gobierno intentará aprobar hoy en el Consejo de Ministros un decreto que regula el mercado del alquiler sin fijar límites a las subidas de precios, pero abriendo la vía a que las comunidades y los ayuntamientos puedan tomar medidas fiscales para impulsar los alquileres asequibles.

La principal novedad del decreto es que establece la obligación de que en todos los contratos las actualizaciones de las rentas estén ligadas al Índice de Precios al Consumo (IPC) y no prevalezca el acuerdo entre las partes que contemplaba el texto anterior.

Otra de las novedades del acuerdo, respecto al decreto anterior que fue rechazado por Podemos, es la regulación de los desahucios. Así, se propone modificar la ley de Enjuiciamiento Civil para especificar en estos casos la fecha y la hora exacta del desahucio. La norma obligará a que los juzgados comuniquen a los servicios sociales los procedimientos de desahucio para comprobar las situaciones de vulnerabilidad. También se amplía un mes más, hasta los tres meses, el aplazamiento del desahucio en el caso de que el propietario del inmueble sea una persona jurídica, aunque se mantiene en un mes para las personas físicas.

Como novedad, en este decreto el Ejecutivo ha abierto la puerta a ayudas fiscales, una medida que reclama el PDECat para apoyar la norma, porque considera que ha de impulsarse la salida al mercado del actual parque de viviendas vacías existente en España. La medida, en cambio, concita el rechazo de Podemos, porque detrae fondos públicos que a su juicio deberían destinarse a los colectivos más desfavorecidos.

El decreto prevé crear un índice oficial con los precios del alquiler, detallado hasta el nivel de los distritos censales, que abrirá la puerta a que ayuntamientos y comunidades autónomas aprueben ayudas o bonificaciones fiscales. Así, permitirá a los ayuntamientos que bonifiquen, hasta en un 80%, la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que ofrezcan contratos por debajo del precio medio registrado en su zona. En las negociaciones también se ha hablado de ampliar los incentivos fiscales existentes en el Impuesto de la Renta (IRPF) e incluso permitir a las comunidades autónomas que utilicen la cuota autonómica de este impuesto para animar a los propietarios con viviendas vacías a que los pongan en el mercado de alquiler.

Como establecía ya el decreto de diciembre, la nueva norma eleva a cinco años la duración mínima de los contratos de alquiler cuando el propietario es un particular, frente a los tres años actuales, mientras que eleva la duración a siete años si el propietario del inmueble es una persona jurídica (es decir, una empresa).
(La Vanguardia, 01-03-2019)

Hacienda no se plantea subir la fiscalidad de las socimis
Durante las últimas semanas un rumor, que también era un temor, ha estado sonando insistentemente en el sector inmobiliario: que el Gobierno aumentará la fiscalidad de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión (Socimis), una medida que estaba incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que finalmente se embarrancaron por el veto de PDeCAT y ERC.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que, por lo pronto, una medida semejante no se encuentra dentro de los planes del departamento ni será uno de los reales decretos-ley que aprobará el Gobierno antes de que se celebren las elecciones Generales del 28 de abril.

El proyecto dictaba que las socimis estarían sometidas a un gravamen especial del 15% sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no hayan sido distribuidos como dividendo, y dicho gravamen tendrá la consideración de cuota del impuesto sobre sociedades. Pero esta iniciativa no se encontraría entre los planes del departamento dirigido por María Jesús Montero. Así lo indican fuentes de Hacienda. Reconocen que, si se quisiera hacer, se encontraría la vía para ello, pero recuerdan que la idea del Gobierno es no introducir cambios fiscales antes de las elecciones.

De hecho, esta misma semana Montero incidió en ello y aseguró que su departamento no se plantea activar subidas o bajadas de impuestos. Sin embargo, sí que indicó que lo primero que harán los socialistas si permanecen en Moncloa tras el 28-A será presentar de nuevo las Cuentas, que serán muy similares al proyecto que se presentó en enero.

Los PGE también incluían medidas para las sociedades de inversión de capital variable (sicav), con un mayor control sobre ellas y que tengan al menos 100 accionistas, tal y como obliga la ley para poder beneficiarse de ciertas ventajas fiscales.
(El Mundo, 01-03-2019)

Laboral

La nómina debe ser clara
El Tribunal Supremo ha establecido en una reciente sentencia que los empleados tienen derecho a que su compañía les entregue la nómina con la “debida claridad y separación” de los diferentes conceptos para que estos sean de fácil comprobación. Es decir, en línea con lo que establece el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, es obligación de la empresa que los emolumentos estén lo suficientemente especificados como para que el empleado no tenga que hacer demasiados esfuerzos para su completo entendimiento.

En el caso enjuiciado, se cuestionaba la información contenida en la nómina de una empresa en la que se habían producido ampliaciones y reducciones de jornada. Sin embargo, el documento entregado no detallaba claramente el salario que correspondía a cada semana de trabajo en función del número de horas desempeñado en las mismas.

Los magistrados determinan que en casos así, cuando en un mismo mes se ha trabajado con distinta extensión semanal, debe aparecer claramente reflejado el número de días prestados con cada tipo de jornada y el salario que corresponde en cada caso.

Según la sentencia, la empresa “no puede obligar al trabajador a controlar el número de días de trabajo ni el de horas”. Tampoco forzarle a realizar “operaciones matemáticas complejas” para comprobar que la empresa le paga lo correcto. “Esto se opone al principio de transparencia con el que debe actuarse en la relación laboral”, afirma.

El Supremo rechaza que se refleje en la nómina una media ponderada diaria del salario devengado cuando se han realizado jornadas diferentes. También, objeta que solo conste una cuantía total, por ejemplo, por la prestación por incapacidad temporal del trabajador, sin desglosar ni el porcentaje aplicado para el cálculo ni durante cuánto tiempo se produjo. Según concluye, lo correcto es que el cálculo pueda realizarse sin necesidad de acudir a algún registro de datos”.
(Cinco Días, 01-03-2019)

El Gobierno apura la legislatura con un último paquete social
El Gobierno celebrará mañana su último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes previa a las elecciones del próximo 28 de abril. El Ejecutivo de Pedro Sánchez apura sus últimos Consejos de Ministros para impulsar reformas en materia económica, como la autoridad macroprudencial, y medidas de marcado carácter social, como la ampliación de los permisos de paternidad.

El Ministerio de Trabajo podría aportar dos grandes novedades en el Real Decreto-Ley sobre Igualdad que pilota la Vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. La primera y más popular será la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 16 semanas, con lo que estos permisos se equipararían totalmente a los de maternidad. Inicialmente, el Gobierno quería implantar esta ampliación aumentando de 5 a 8 semanas en 2019; a 12 semanas en 2020; y a 16 semanas desde enero de 2021. Esta medida tendría un coste de alrededor de 1.200 millones de euros (algo más de 100 millones por semana), por lo que en el seno del Gobierno se estaba discutiendo hoy mismo la posibilidad de ampliar el periodo de transitoriedad de esta ampliación más allá de 2021.

La segunda medida de Trabajo analiza llevar al Consejo de Ministros de este viernes -aunque a esta hora apunta que podría posponerse para la semana de viene- consistiría en la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de las personas dependientes a cargo del Estado. Sería el Ministerio de Hacienda el que se haría cargo de esta cotización –interrumpida con los recortes de 2012--, abonando con impuestos los poco más de 300 millones que costaría iniciativa al año. Unos 180.000 cuidadores familiares de dependientes podrían beneficiarse de esta cotización, que ahora no abonan (de su bolsillo) ni 10.000 personas.

El Consejo de Ministros dará luz verde a un real decreto ley que contempla la creación de la Autoridad Macroprudencial, una herramienta destinada a evitar futuras crisis. Incluye medidas para reforzar la capacidad de supervisión de la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Las cuentas bancarias con comisiones máximas de 36 euros al año estarán listas en unas semanas. La ministra de Economía ha firmado hoy la orden ministerial que desarrolla estas cuentas, denominadas básicas, y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Los clientes podrán utilizar las sucursales para ingresar o retirar dinero, dispondrán de tarjeta de débito, podrán sacar dinero sin coste adicional en cajeros y podrán realizar hasta 120 operaciones de pago –léanse, transferencias o recibos– anuales dentro de la Unión Europea a través de internet o presencialmente. Todas las entidades deberán ofertar este producto.

Economía publicará además un real decreto que va más, al establecer que los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social puedan acceder a una cuenta de pago básica de forma gratuita. Para determinar si un ciudadano tiene derecho a no pagar nada por su cuenta básica se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

El Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley de acompañamiento a las empresas españolas con medidas urgentes ante un escenario de Brexit. Según la ministra de Industria, Reyes Maroto, pondrá el acento ante un posible Brexit duro. Entre otras medidas, contemplará elementos para garantizar los controles agroalimentarios y regular la gratuidad sanitaria entre España y Reino Unido. También regulará la tarjeta sanitaria para los turistas británicos respecto a la tarjeta sanitaria, con un acuerdo recíproco para que el viajero británico mantenga el acceso gratuito a la Sanidad española y viceversa.

Además, se darán siete meses a aerolíneas como Iberia para definir un modelo y que "no tenga problemas para garantizar la conectividad" entre España y el Reino Unido.

El Gobierno también podría llevar mañana al Consejo de Ministros el nuevo real decreto del alquiler si finalmente consigue apurar la negociación con el resto de fuerzas parlamentarias que apoyaron la moción de censura. El Ejecutivo quiere asegurarse de que cuenta con el respaldo suficiente para que el texto no vuelva a decaer en el Congreso, como ya sucedió con el anterior decreto a finales de enero.

El borrador conocido hasta el momento incluirá la puesta en marcha, en un plazo de ocho meses, de un índice de precios oficial del alquiler, pero no se entrará a controlar las rentas. Los contratos pasarán a ampliarse de tres a cincos años y a siete si el propietario es una empresa. También se aumentan los plazos de preaviso: pasarán de uno a cuatro meses para el arrendador y de uno a dos meses para el inquilino. Las subidas anuales dentro del contrato solo podrán estar indexadas al IPC. El decreto recogerá igualmente medidas que protejan en mayores medidas a las personas que se enfrenten a un desahucio: los juzgados tendrán que avisar de oficio a los servicios sociales para evaluar existe una situación de vulnerabilidad, se amplían los plazos para ejecutar el desahucio, y se tendrá que avisar al afectado del día y la hora exacta.
(El País, 01-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Economía lanza las cuentas bancarias gratuitas
La banca no podrá cobrar ningún tipo de comisión a las rentas inferiores a 12.908 euros, es decir aquellas cuyos ingresos sean inferiores a dos veces el Iprem anual. Así figura en el borrador de proyecto de real decreto de establecimiento de un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio del colectivo en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión social diseñado por el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño. El documento se encuentra en fase de alegaciones hasta el próximo 8 de marzo. El texto prohíbe la aplicación de "comisión o gasto alguno" por una entidad de crédito a los titulares de cuentas bajo amenaza de exclusión social por mantenimiento, uso de cajero o transferencia.

En el caso de familias con cuatro miembros la referencia equivaldría a 2,5 veces el Iprem, es decir 16.135 euros anuales, mientras que para unidades familiares se elevaría a 3 veces el Iprem: 19.362 euros. La normativa española traspone una directiva europea que persigue el acceso universal a los servicios financieros en un entorno de comisiones crecientes por parte de las entidades de crédito. La nueva regulación desarrolla así el real decreto 19/2017 que ya creaba la figura de la 'cuenta básica' y limitaba sus comisiones a un pago mensual máximo.

El coste de esta medida lo tendrán que asumir los propios bancos o repercutirlo entre el resto de clientes. Las entidades de crédito sostienen que el acceso a los servicios financieros en España es "masivo" y los precios son "en general un 60% inferiores a la media europea".

"La normativa europea no pretende que tengan acceso a una cuenta de pago básica las personas que pueden abrir una cuenta bancaria ordinaria ni tampoco pretende que las entidades ofrezcan este producto a pérdida. Los bancos en España siempre han estado a favor de precios máximos de servicios para personas necesitadas, estableciendo baremos claros", explican en la patronal bancaria AEB.

La gratuidad de la cuenta de pago básica se mantendrá durante el periodo de dos años desde la formalización salvo que la entidad acredite que el cliente ha variado al alza su nivel de ingresos, según consta en el proyecto de real decreto.
(Cinco Días, 01-03-2019)

La inflación anual avanza una décima en febrero, hasta el 1,1%, por los carburantes
El índice de precios de consumo (IPC) registró en febrero una subida anual del 1,1 %, una décima más respecto a la inflación interanual de enero, debido fundamentalmente a la evolución de los precios de los carburantes.

Según la información adelantada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que deberá ratificarse el próximo 13 de marzo, la aceleración de una décima de la inflación anual se debe a la subida de los carburantes en el último año, frente a la bajada registrada el año anterior.

La evolución mensual muestra que los precios de consumo se recuperaron el 0,2% durante este mes, una décima más que en febrero de 2018, y después de que en enero pasado cayeran un 1,3 % en gran parte debido a la campaña de las rebajas.

De esta forma, la inflación interanual interrumpe la tendencia decreciente iniciada en noviembre pasado, cuando se moderó seis décimas en un solo mes (del 2,3% al 1,7%). Desde entonces ha seguido moderando su ritmo de crecimiento hasta el 1 % de enero, su nivel más bajo en un año.

La variación anual del indicador adelantado el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro-, fue también del 1,1%, una décima más que el mes anterior.

El IPCA de febrero también coincide con la medición general que hace el INE de la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares españoles, al mostrar un incremento de los precios del 0,2% en este segundo mes del año.
(Expansión, 01-03-2019)

El Congreso valida su informe sobre la crisis financiera
El Pleno del Congreso ha validado este jueves, con votos del PP, PSOE y Unidos Podemos, el dictamen elaborado por la comisión de investigación de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. En su última votación antes de la disolución de las Cortes Generales provocada por la convocatoria anticipada de elecciones generales, el Congreso ha aprobado este dictamen con el apoyo de toda la Cámara, salvo Ciudadanos, que ha votado en contra.

El dictamen ha sido aprobado por el Pleno en los mismos términos en los que salió de la comisión, ya que ninguno de los votos particulares presentados por PP, PSOE, Unidos Podemos, Cs, ERC y PNV ha conseguido suficiente respaldo. El texto avalado por el Congreso consta de un informe, que relata la investigación parlamentaria realizada, con citas y datos a partir de los documentos aportados por los grupos, un bloque de antecedentes, con la documentación reclamada por la comisión y la relación de comparecientes, tanto los que acudieron como los que no lo hicieron, y un bloque de conclusiones y propuestas de los grupos.

En su informe, el Congreso reprueba la gestión realizada por el Banco de España y el resto de organismos de supervisión, pues considera que "no hicieron frente a sus obligaciones" para actuar contra la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria. Así, considera que "había herramientas disponibles" para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas "no se usaron por falta de voluntad política.

Respecto a su gestión sobre las preferentes, el dictamen señala que el Banco de España "no impidió" su venta pese a que "ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales". Su venta es considerada como "una decisión desesperada de la industria financiera" y "un claro engaño a los consumidores", señala. En sus conclusiones señala que el supervisor, "en lugar de solucionar los problemas del sistema bancario, miró hacia otro lado y contribuyó a ocultarlos".

Además, el informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al presidente del PP le achacan la Ley del Suelo, que "favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible", y al socialista la regulación de fondos de titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de entidades y así no asumir el riesgo.

También condena "el funcionamiento del modelo de negocio bancario" desarrollado "a lo largo de las últimas décadas" como "una de las causas de la crisis financiera". "Este modelo basaba su crecimiento en la expansión del negocio hipotecario e inmobiliario, tanto en volumen como copando amplios territorios", subraya.

El informe apunta que "la propensión al desarrollo de operativas que aumentaban el riesgo de entidades se daba de manera similar entre bancos y cajas de ahorros, por lo que la asunción de estas malas prácticas se relaciona más con la gobernanza de cada entidad particular que con su forma jurídica y titularidad". De hecho, destaca que también muchos bancos recurrieron a la venta de preferentes.
(Expansión, 01-03-2019)

La deuda del Estado sube ligeramente en enero hasta los 1,03 billones de euros
La deuda del Estado cerró enero en 1.034.691 millones de euros, lo que representa un aumento del 0,12 % con respecto a diciembre (1.033.398 millones), según los datos actualizados este jueves por el Banco de España. La deuda estatal ha aumentado así en 1.293 millones con respecto a diciembre, y en 38.655 millones (un 3,88 %) respecto a enero de 2017, cuando fue de 996.036 millones.

La mayor parte de esta deuda, un total de 899.743 millones, se encuentra en valores de deuda a largo plazo, que incluyen las letras del Tesoro emitidas a más de un año. El resto de la deuda se distribuye entre deuda a corto plazo (69.927 millones) y en otros instrumentos (65.020 millones).
(El Mundo, 01-03-2019)

 
 
 
 
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