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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 2 AL 4 DE MARÇ DE 2019

Laboral

Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al X Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al X Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado.
(BOE, 04-03-2019)

Pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer
Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.
(BOE, 02-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Modificación del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.
(BOE, 02-03-2019)

Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
(BOE, 02-03-2019)

Medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo
Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
(BOE, 02-03-2019)

Subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita
Real Decreto 90/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2019.
(BOE, 02-03-2019)

Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera
Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera, se establece su régimen jurídico y se desarrollan determinados aspectos relativos a las herramientas macroprudenciales.
(BOE, 02-03-2019)

Euro
Resolución de 1 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 1 de marzo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 02-03-2019)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 1 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 02-03-2019)

https://boe.es/boe/dias/2019/03/04/
https://boe.es/boe/dias/2019/03/04/index.php?d=54&s=3

https://boe.es/boe/dias/2019/03/02/
https://boe.es/boe/dias/2019/03/02/index.php?d=53&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 2 AL 4 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

Los grandes países de la UE lanzan estímulos ante la desaceleración
Los grandes países de la Unión Europea han lanzado este año medidas para estimular sus economías. Ante las tensiones políticas y sociales y el impacto en las exportaciones de las guerras comerciales, Bruselas constata que, junto con la creación de empleo, unas políticas más expansivas permitirán que los socios de la UE sigan creciendo a un ritmo del 1,5%, y los del euro, del 1,3%. Alemania, Francia y Holanda, con una posición fiscal más que cómoda, lideran esos planes, mientras que Italia sigue con unas medidas que rayan el incumplimiento de la normativa comunitaria.

La época de los celebrados vientos de cola, que llevaron a Europa a crecer por encima de Estados Unidos, han quedado atrás. En su lugar, hoy debe emplear su propia gasolina. Eso significa poner primero la casa en orden. “Ya va siendo hora de que reduzcamos los riesgos políticos”, viene advirtiendo el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno. Y segundo, apoyar la expansión en la demanda interna gracias al crecimiento del empleo, los salarios y la expansión fiscal que han emprendido varios países.

La Comisión Europea ha constado que en 2019 los presupuestos de la zona euro han cambiado de rumbo al adoptar un tono “ligeramente expansivo”. Eso se traduce en un incremento global del gasto y un deterioro del déficit estructural (el que excluye el ciclo) de 0,3 puntos, sobre todo por Italia, Alemania y Holanda. Fuentes del Ejecutivo comunitario recuerdan, no obstante, que esos datos pueden ser más abultados porque todavía no recogen las medidas adoptadas por Emmanuel Macron para intentar atajar la crisis de los chalecos amarillos.

Según los presupuestos de esos países, Alemania aumentará el gasto en un 0,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), que destinará a educación y vivienda y a incentivos y reducciones fiscales. En Holanda, las medidas pasan por rebajar el impuesto de la renta y destinar 8.000 millones de euros a innovación, defensa, seguridad e infraestructuras.

Ambos países estaban llamados por la Comisión Europea a aprovechar sus colchones fiscales para invertir. “La política fiscal en la eurozona debería ser idealmente anticíclica”, sostiene Christian Odendahl, economista jefe del Centre for European Reform. “El problema es que muchos planes de gasto no tienen en cuenta la orientación anticíclica. Más bien, son el resultado de la presión política, por ejemplo, en Francia o Italia”, sostiene Odendahl.

El plan de medidas de Francia asciende a unos 10.000 millones de euros y, según las previsiones publicadas por la Comisión Europea, “podrían materializarse más rápidamente de lo esperado”. España también incrementará el gasto y ha decidido una subida del salario mínimo que, si bien podría ralentizar la creación de empleo, supondrá mayores ingresos para los hogares. Italia es un caso aparte. Su plan, aceptado a regañadientes por Bruselas, podría quedar anulado por la desconfianza de los mercados.

Las últimas previsiones de la Comisión también identifican hasta 18 países de dentro y fuera de la zona euro que han adoptado medidas para apoyar el crecimiento, desde el Reino Unido hasta Estonia. Entre ellos también están los países del Este, de los que se espera que aceleren las inversiones gracias a un uso más intensivo de los fondos comunitarios. “Algunos países, como Alemania u Holanda, tienen mucho espacio fiscal. Pero hay otros países en los que, en caso de que hubiera una recesión, sería más complicado que pudieran seguir con esas políticas”, advierte Grégory Claeys, investigador en Bruegel.

Odendhal considera “cuestión de suerte” que esos planes hayan llegado cuando la economía toma una senda descendente una vez que el Banco Central Europeo (BCE) ya ha empezado la retirada de su política expansiva con el fin del programa de adquisición de activos (APP, por sus siglas en inglés). “Hay una expansión moderada en curso, pero no será suficiente para compensar la desaceleración de la demanda externa”, considera el economista y exsecretario del Tesoro italiano Lorenzo Codogno, quien además recuerda que, en el pasado, esos planes de expansión no fueron demasiado “efectivos en su ejecución”.

Esas mismas dudas las expresa la Comisión Europea en su último informe de previsiones. Bruselas opina que muchos de esos planes van a tener un efecto temporal y limitado. Y, en el caso de los aumentos salariales, considera que el deterioro de la confianza del consumidor puede llevar a que el aumento de la renta disponible lleve a ahorrar en lugar de gastar más. Además, esos planes se han realizado sin coordinación entre Estados, lo que llevó a Centeno a llamar a “diseñarlos con mucha prudencia” y en coherencia con las políticas de la zona euro. No es algo que, salvo en el caso de Italia, encienda todavía las alarmas de Bruselas, que espera un repunte de la actividad en el segundo semestre.
(El País, 04-03-2019)

La reforma del alquiler excluye bonificar en el IBI a quienes arrenden a precios asequibles
El Consejo de Ministros dio este viernes luz verde a un nuevo real decreto en materia de alquiler, después de que fracasara un texto similar hace apenas un mes en el Congreso. La nueva regulación contempla la elaboración de un índice de precios, la indexación de las subidas de la renta durante el contrato al IPC y la ampliación de los contratos, prórrogas y plazos de preaviso. No incluye, sin embargo, medidas de control de precios –tal y como reclamaba Podemos–, ni incentivos fiscales a quienes alquilen a precios asequibles –como se barajó durante la negociación–.

El texto será publicado en el BOE este sábado previsiblemente, por lo que afectará a los nuevos contratos de alquiler que se firmen a partir del lunes. La formación morada ve insuficientes las medidas pero respaldará el texto para que pueda ser convalidado, mientras que el PP mantendrá su rechazo por considerar que no soluciona el problema de base: atajar la escasez de oferta y la falta de seguridad jurídica.

El decreto prevé elaborar un índice oficial de precios en un plazo ocho meses para aportar mayor información y transparencia al mercado del alquiler y servir de soporte a las comunidades autónomas que quieran implementar políticas de índole fiscal. En todo caso, y según insistieron desde Fomento, el índice “no es un paso previo para el control de precios” y, al menos hasta que acabe la legislatura, “no está en los planes del Gobierno” hacerlo.

El índice, que se hará lo más detallado posible bajando hasta nivel de distritos, se nutrirá, entre otros, del registro de depósito de fianzas de las comunidades autónomas y de los datos agregados de la Agencia Tributaria, el catastro y el Registro de la Propiedad.

Un punto relevante de la nueva regulación es que la actualización anual del precio del alquiler mientras dure el contrato solo podrá ser como máximo el IPC, algo que ya figuraba en la Ley de Arrendamientos Urbanos hasta que el PP la eliminó en 2013. Además, los contratos tendrán validez ante terceros aunque no figuren inscritos en el Registro de la Propiedad, lo que da garantías a los inquilinos en caso de que el inmueble cambie de propietario.

El texto recupera otros de los cambios introducidos en el anterior decreto: los contratos tendrán una duración de cinco años en lugar de tres, y de siete si el casero es una empresa, algo que Fomento justifica por el tratamiento fiscal más favorable de las socimis, y para cumplir con las exigencias de Podemos.

También se amplía el plazo de la prórroga tácita de uno a tres años, así como el plazo de preaviso para no renovar el contrato, que pasa de uno a cuatro meses para el arrendador y de uno a dos para el inquilino. Se limita además la fianza y garantías adicionales a un máximo de tres mensualidades y se fija que los gastos de gestión inmobiliaria corran a cargo del casero empresario.

A pesar de que en un principio estuvo encima de la mesa, el texto finalmente no incluye la posibilidad de que los ayuntamientos bonifiquen hasta en un 80% el IBI a los arrendadores que alquilen ciñéndose a ese índice de precios. El ministerio reconoció que la medida “no tenía la madurez suficiente” para salir adelante, aunque seguirán estudiándola.

Sí se habilita a las que las entidades locales bonifiquen hasta en un 95% la cuota del IBI a los propietarios que alquilen a rentas limitadas por ley, es decir, vivienda protegida. Los ayuntamientos podrán establecer recargos o bonificaciones en el IBI en las viviendas vacías, aunque para ello será necesario que primero definan y regulen ese concepto.

El real decreto contempla además la posibilidad de que las Administraciones locales puedan ejercer su derecho de adquisición preferente en aquellos inmuebles que vayan a venderse de formen íntegra y en los que residan personas en alquiler. Les habilita, igualmente, a utilizar su remanente de tesorería para política de vivienda y construcción de un parque público, algo que antes tenían vetado por la regla de gasto.

El texto incluye mayores garantías frente a los de­sahucios. Los juzgados tendrán que notificar de oficio a los servicios sociales de todos los procedimientos para comprobar si el inquilino se encuentra en una situación de vulnerabilidad. De ser así, se podrá aplazar el lanzamiento durante tres meses si el propietario es una empresa y de uno si se trata de un particular. También se acaba con los desahucios con fecha abierta y se obligará a que los juzgados especifiquen la fecha y hora exacta en la que se vaya a llevar a cabo.

Respecto al alquiler turístico, el Gobierno lo saca de la LAU y pasa a ser regulado por la normativa de actividad turística de cada comunidad autónoma. Se modifica, igualmente, la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan limitar este tipo de alquileres por mayoría de tres quintas partes de los propietarios en vez de por unanimidad, tal y como se requería hasta ahora. También se prevé que se pueda exigir a los propietarios que realicen actividades turísticas una mayor aportación a los gastos de la comunidad.
(Cinco Días, 02-03-2019)

Laboral

Los salarios de los consejos del Ibex caen un 2% en 2018
Los consejeros del Ibex percibieron, en conjunto, 247,8 millones de euros el año pasado, un 1,9% menos que en 2017, según los informes de remuneraciones presentados a la CNMV. El año pasado, 457 consejeros formaron parte en algún momento, de los órganos de administración del índice. Los datos no incluyen a ACS, IAG, Inditex e Indra, que aun no han remitido sus informes. Los beneficios netos del Ibex bajaron un 0,1% en 2017, lastrados por las pérdidas de Naturgy debido a las provisiones por el deterioro de activos, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 9%.

Las cotizadas tienen libertad desde este año para dar al informe de remuneraciones el formato que consideren apropiado, aunque respetando el contenido mínimo que fija la normativa. Deben ir acompañados de apéndices estadísticos que posibiliten su compilación y tratamiento por la CNMV, con un formulario oficial que ha sufrido ligeras variaciones.

Las remuneraciones son el resultado de sumar la retribución devengada por los consejos en la sociedad matriz y en las sociedades del grupo. Se ha excluido de ambos, el apartado de remuneraciones por sistemas de ahorro (fundamentalmente aportaciones a planes de pensiones), que en los formularios de años anteriores no estaba incluido en los cómputos totales, sino reportados en paralelo. Sumando los sistemas de ahorro, los sueldos de los consejos habrían caído un 6,5%.

Las remuneraciones de 2018 incluyen el pago de 15,45 millones de euros a Rafael Violácea, que dejó su puesto de consejero delegado de Gas Natural (hoy Naturgy) en febrero. De ellos, 14,28 millones fueron indemnización. Este pago disparó el sueldo total del consejo a 23,12 millones, que es el segundo mejor retribuido del Ibex. También la jubilación del vicepresidente primero de Mapfre, Antonio Nuñez Tovar, que percibió 6,17 millones, incluida una pensión de 4,3 millones y una gratificación extra de 650.000 euros brutos. Así, el consejo de Mapfre ganó un 14% más.

Santander cuenta con el consejo mejor retribuido, con 26,62 millones de euros, un 0,4% más, sin incluir la aportación a los sistemas de ahorro, que elevan el dato a 28,9 millones, un 8,7% menos que en 2017. La retribución de la presidenta, Ana Botín, se sitúo en 11 millones, un 4% más, incluyendo los planes de pensiones, siendo el directivo mejor pagado del Ibex, y la del CEO, José Antonio Álvarez, en nueve millones de euros, un 1% más. Es el tercer ejecutivo mejor retribuido, tras Ignacio Sánchez Galán (9,55 millones de euros, +0,8%), de Iberdrola, que tiene el tercer consejo con mejor sueldo.

El de Acciona baja un 60% su retribución ya que en 2017 el presidente, José Manuel Entrecanales, multiplicó por cuatro su salario al obtener un bonus más elevado por objetivos alcanzados y el importe de las acciones otorgadas. También el de Cie Automotive, al incluir en 2017 más de 16 millones de beneficio de las opciones sobre opciones ejercitadas. En Sabadell, el presidente, Josep Oliu, y el CEO, Jaime Guardiola, han renunciado a su bonus, haciendo que la remuneración del consejo retroceda un 26%.

En Bankinter, la consejera delegada, María Dolores Dancausa, ha devengado, además de otros conceptos, una retribución variable plurianual de 1,98 millones (un 40% será abonado en 2019 y el resto en cinco años) y el vicepresidente, Jaime Botín, una similar de 1,47 millones, haciendo que el consejo gane un 86% más.
La remuneración de CaixaBank subió un 5,2%, hasta 7,5 millones. La cifra pasa a 8,5 millones al incluir, entre otros conceptos, en la retribución del presidente, Jordi Gual (1,5 millones), el pago que hizo el banco por su presencia en otros consejos, como Repsol, donde vendió su participación en septiembre.
(Expansión, 04-03-2019)

Se fija por primera vez el horario de las tardes para los funcionarios
El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública que regula la jornada laboral y los horarios del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. El texto, por primera vez, regula la jornada de tarde.

La instrucción, que entrará en vigor hoy mismo, mantiene la jornada semanal en 37,5 horas (frente a la recuperación de las 35 horas semanales que pedían los sindicatos), regula por primera vez la jornada de tarde e introduce novedades acordadas con los sindicatos por el Gobierno del PP, como una bolsa de horas de libre disposición para mejorar la conciliación.

Los empleados públicos de la administración general del estado podrán realizar su jornada de trabajo en una parte fija y en otra flexible. La fija será de 9.00 a 14:30 horas y el resto, hasta completar las 37,5 horas semanales, se realizará en horario flexible de 7.00 a 9.00 horas y de 14:30 a 18.00 horas. El personal con horario de mañana y tarde tendrá una jornada fija de 9.00 a 17 horas, pudiendo completar su jornada en los mismos márgenes que el resto de empleados públicos.

La instrucción, que reemplaza a la de 2012, regula por primera vez la jornada de tarde, que se llevará a cabo de 15:00 a 20:30 horas en su parte fija, pudiendo usar los márgenes de 13.00 a 15.00 horas y de 20:30 a 22.00 horas para cumplir con la totalidad de la jornada.

En la resolución se establece la bolsa de horas de libre disposición, de hasta un 5% de la jornada anual, que se acordó con los sindicatos para el cuidado y atención de personas mayores, personas con discapacidad, hijos menores y menores sujetos a tutela o acogimiento. Estas horas deberán ser recuperadas en los tres meses siguientes a su uso por parte de los empleados públicos.

Esta bolsa, que de media supone unas 85 horas, se agota una vez finalice el número de horas solicitado, sin que el hecho de haberlas recuperado suponga la nueva apertura de la bolsa en el año en curso. La instrucción regula también aspectos relacionados con las jornadas especiales y con la jornada de verano, así como las vacaciones y permisos, incorporando todo en una misma resolución pero sin introducir cambios en la regulación que existía previamente.
(Cinco Días, 03-03-2019)

Los autónomos exigen que la cuota por ingresos reales llegue antes de las elecciones
La Unión de Profesionales Autónomos (UPTA) ha solicitado al Ministerio de Trabajo, que ponga en marcha dos mesas de negociación antes del próximo 28 de abril, una para diseñar el modelo de cotización por ingresos reales de los autónomos y otra para tomar decisiones que eviten que siga la confusión entre los TRADE (autónomos económicamente dependientes) y los llamados falsos autónomos.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha explicado que durante las últimas semanas ha mantenido reuniones con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para la creación de la comisión encargada de determinar el sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, de la que formarán parte, además del Gobierno, las organizaciones de autónomos y los agentes sociales.

La otra mesa que propone UPTA es la que estudiará la situación de los autónomos económicamente dependientes y la confusión que genera esta figura, especialmente a la hora de saber si considerarlos o no falsos autónomos.

Eduardo Abad ha pedido que se abandone la “pasividad legislativa” en esta material, y que se actúe “ante el evidente cambio de modelo” que se está dando en el mundo laboral.
(El País, 03-03-2019)

Los empleados laborales de la Administración tendrán un sueldo mínimo de 1.071,4 euros
El Gobierno ultima con los sindicatos la negociación del convenio del personal laboral de la Administración, que afecta a unos 40.000 trabajadores. Se trata del convenio colectivo más grande de España en número de trabajadores, según ha recordado CSIF.

El texto, que verá la luz este próximo lunes tras tres años de negociación y que será publicado en el BOE en los próximos días, contempla un salario mínimo de 1.071,4 euros, por debajo de los 1.200 euros que reclamaba el sindicato CSIF. Una cuantía con la que la Administración General del Estado se adelanta a las empresas privadas, que acordaron el pasado mes de junio con los sindicatos, un salario mínimo de 1.000 euros para 2020.

El texto también recoge la posibilidad de que unas 8.000 personas puedan pasar del régimen de personal laboral de la Administración al de funcionario. Supondría el cambio de régimen jurídico de personal laboral a funcionario para trabajadores que realizan funciones administrativas reservadas a estos últimos y busca realizarse con garantías para mantener las retribuciones y el ámbito geográfico.

También contempla la jubilación parcial para 2021 e incluye una nueva clasificación profesional adaptada al sistema educativo actual, un incremento salarial de 30 euros de media (se ingresará una nómina de 264 lineal en concepto de retrasos por 2018).
(Expansión, 02-03-2019)

Se amplía el permiso de paternidad, equipara la nulidad del despido de padres y madres, impone registros de sueldo por sexos y permite cotizar a las cuidadoras
El Consejo de Ministros aprobó, entre otras materias, un real decreto ley que busca garantizar el mismo trato laboral para mujeres y hombres, con un coste público de 610 millones de euros en 2019. El texto, que deberá ser refrendado por la Diputación Permanente del Parlamento dado que las Cortes se disolverán el martes como paso previo a las elecciones del 28 de abril, amplía el permiso de paternidad, equipara el blindaje contra el despido de madres y padres, regula la cotización de las cuidadoras e impone planes de igualdad a las empresas.

  • Permiso de paternidad. Desde la entrada en vigor del decreto, tras su inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado, y durante el resto de 2019, el permiso de paternidad se elevará de cinco a ocho semanas. En 2020 se aumentará a 12 semanas y en 2021 se equiparará al permiso de maternidad, de 16 semanas. Las seis primeras semanas (serán cuatro desde 2021) serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores al parto, pudiendo tomarse el resto al concluir el permiso de la madre. El coste público será de 300 millones este año, 800 en 2020 y 1.100 anuales desde 2021.
  • Blindaje ante despidos. El borrador del real decreto ley al que ha tenido acceso Cinco Días, incluye novedades en los supuestos de nulidad de los despidos por causas objetivas en casos de baja por nacimiento o adopción de hijos al equipararlos para hombres y mujeres. En concreto, se modifica el artículo 53 del Ley del Estatuto de los Trabajadores que señala que serán nulos los despidos por causas objetivas de personas trabajadoras durante o después del periodo de suspensión del contrato de trabajo “por nacimiento”, en lugar de la anterior redacción, que se refería a bajas de “maternidad” y de “paternidad”. Los supuestos de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o lactancia se mantienen sin cambios.

    Además, el real decreto ley refuerza la protección de los trabajadores (hombres y mujeres) después de una baja por nacimiento, ya que amplía el periodo en el que la salvaguarda se aplica, desde nueve a 12 meses desde el nacimiento. El texto endurece también la justificación por la que un despido por causas objetivas de un trabajador de baja por nacimiento podría llegar a ser procedente. La norma incluye la exigencia de que deberá “acreditarse suficientemente” que la causa objetiva que sustenta el despido “requiere concretamente la extinción del contrato de la persona referida”.

  • Tablas salariales. Otra novedad del decreto son las medidas para luchar contra la brecha salarial por sexos para garantizar que, en palabras de Calvo, “a mismo trabajo, misma retribución”. Para ello, el empresario estará obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, “desagregados por sexo y distribuidos por grupo profesional salarial”.

    Además, se recoge que, cuando en una empresa con al menos 50 empleados el promedio de las retribuciones a empleados hombres y mujeres muestre diferencias de un sexo a otro en un 25%, el empresario “deberá justificar la existencia de motivos no relacionados con el sexo”. La redacción final de este artículo ha quedado suavizado respecto a una versión inicial, que preveía una presunción de discriminación en caso de que hubiera diferencias salariales entre sexos de al menos el 25%. Además, en la nueva redacción se recoge un “promedio salarial” tomando “el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas” lo que permite la segmentación por categorías. Las tablas estarán a disposición de los sindicatos y deberán ser publicadas en el caso de empresas de más de 50 empleados.

  • Planes de igualdad. Además, Calvo explicó que se obligará a todas las compañías de más de 50 trabajadores a desarrollar planes de igualdad de género, frente al mínimo de 200 que se pide ahora y que a menudo se incumple, dijo. Las firmas de más de 250 empleados tendrán un año para cumplir y el resto, tres años.

  • Cotizar como cuidador. Finalmente, Calvo advirtió que otro factor de desigualdad es la interrupción de la cotización en que incurren los cuidadores no profesionales de menores, ancianos o dependientes, que mayoritariamente son mujeres lo que provoca que su pensión de jubilación sea, de media, 360 euros inferior a la de los hombres. Para evitarlo, el Gobierno recupera para este colectivo el derecho a cotizar durante ese tiempo a la Seguridad Social, posibilidad que perdieron en los recortes de 2012. La medida costará unos 310 millones.
    (El País, 02-03-2019)


Mercantil, Civil i Administratiu

Los directivos esperan que la economía española crezca un 2,2% en 2019
Los expertos y directivos españoles esperan que la economía española crezca un 2,2% este año, en línea con las previsiones realizadas por el Gobierno y el Banco de España, para desacelerar tres décimas en 2020, hasta el 1,9%. Se trata del pronóstico realizado por el conjunto de los 400 expertos y empresarios consultados para el Consenso Económico, que realiza trimestralmente PwC, y en el que apuntan a una "suave desaceleración" de la economía española iniciada hace unos meses. Según una mayoría de los encuestados, los precios se situarán en una subida de entre el 1% y el 1,5% a finales de 2019, con unos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en el 0%, según el 48% de los panelistas.

Asimismo, el 48% cree que el ritmo de creación de empleo disminuirá, aunque una mayor parte de los expertos y directivos, un 60%, cree que la evolución del consumo de las familias y la demanda de viviendas continuará comportándose igual. Algo similar sucede con las expectativas sobre la evolución de la inversión productiva, las exportaciones y la creación de empleo. Solo un 17,5% espera que tanto la inversión productiva como las exportaciones aumenten en los próximos seis meses y una mayoría --del 62,5% y el 53,3%, respectivamente-- espera que permanezcan estables. "Incertidumbre y debilidad del crecimiento" En el plano internacional, las expectativas de los panelistas siguen marcadas por "la incertidumbre y la debilidad del crecimiento".

Disminuyen del 55,7% al 50% los que califican la situación actual de la economía mundial como buena y aumentan prácticamente en la misma proporción los que la consideran regular. Este desplazamiento hacia posiciones menos optimistas es más pronunciado cuando se les pregunta a los expertos sobre la Unión Europea: caen en más de 25 puntos, hasta el 19,1%, los que piensan que la situación es buena, mientras que crecen en 20 puntos los que la califican como regular.

Para diciembre de 2019, el 33,6% de los expertos, empresarios y directivos espera que la situación económica en la eurozona siga igual y un 57,9% que vaya a peor. Las dos principales cuestiones que están condicionando las perspectivas a corto plazo de la coyuntura económica mundial son los riesgos derivados de las tensiones proteccionistas -para el 63,9%- y los riesgos asociados al Brexit y a la integración europea -para el 59,2%-.
(Expansión, 03-03-2019)

El BOE publica la creación de la Autoridad Macroprudencial para prevenir riesgos en la estabilidad financiera
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado 2 de marzo el real decreto aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros por el que se acuerda la configuración estructural de competencias y funciones de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), un organismo responsable de prevenir y mitigar el riesgo sistémico para la estabilidad financiera.

La creación de este nuevo organismo viene motivada por el estallido de la última crisis financiera y las "limitaciones" que mostraron las herramientas tradicionales de política económica y supervisión financiera a la hora de prevenir parte de los riesgos desencadenados para la economía, según explica el texto, cuya aprobación entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE, es decir, este domingo 3 de marzo.

La norma establece la estructura, régimen jurídico, funciones y facultades que tiene este órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Economía y Empresa, que ha presentado este real decreto a convalidación para que España "no fuera el último de Europa en tener ordenada una prevención, en términos de estar, como hemos estado, en una crisis que hubo evidentemente de preveerse", según señaló la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el decreto.

En este sentido, la Junta Europea de Riesgo Sistémico creada en 2010 estableció que cada Estado miembro debía crear su propia herramienta macroprudencial antes de julio de 2013, por lo que diversos organismos recomendaron sistemáticamente a España que llevase a cabo su constitución. "Este Gobierno quiere que no vuelva a repetirse nunca una situación de inestabilidad financiera y de crisis como la que hemos vivido porque hayan faltado elementos racionales de prevención, de coordinación de esfuerzos y de respuesta", destacó la vicepresidenta.

La Autoridad Macroprudencial incluye medidas de refuerzo de la capacidad supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España para evitar que se produzcan crisis financieras como la de 2008. El Pleno del Congreso convalidó en enero el real decreto ley por el que se crearon herramientas macroprudenciales y se dotó de más capacidad al Banco de España, a la CNMV y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Entre otras, se incluyó la posibilidad de establecer colchones de capital anticíclicos, límites a la concentración sectorial de riesgos y a la concesión de préstamos en función del valor de la garantía o la capacidad de endeudamiento de empresas y particulares. Tras el refuerzo de las competencias de lo supervisores, quedaba pendiente la aprobación de este real decreto con el que se culminaba la configuración de la Autoridad Macroprudencial.
(El Mundo, 03-03-2019)

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Publicada la UNE 19602 de 'compliance' tributario
La Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado hoy la UNE 19602, de sistemas de gestión del compliance tributario. El texto incorpora los requisitos para que las organizaciones puedan certificar su modelo de gestión fiscal, lo que, por un lado, les permitirá minimizar los riesgos en este ámbito y, por otro, les aporta una prueba reforzada ante Hacienda y los tribunales para acreditar su voluntad de cumplir con sus obligaciones en materia impositiva.

El proceso de redacción de la norma ha requerido casi dos años de trabajo de expertos representativos de distitnos grupos de interés. Sus requisitos son aplicables a todo tipo de organización con independencia de su naturaleza o tamaño. Y, además, son integrables con otros sistemas, como el de la UNE 19601 de compliance penal o el de la UNE-ISO 37001 antisoborno.

La norma, tal y como destaca el comunicado emitido por la UNE, establece un marco de referencia completo que permite disponer de un sistema de gestión de compliance tributario alineado con las exigencias del conjunto de la normativa española. Entre los requisitos más destacados, se configura el establecimiento de nuevos controles a la contratación y el desempeño del departamento financiero, así como la prohibición de que sus bonus vayan ligado a políticas fiscales agresivas.
(Cinco Días, 03-03-2019)

Los desahucios se redujeron un 1,8% en 2018, según el CGPJ
El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2018 fue de 59.671, un 1,8% menos que un año antes, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales. La caída obedece al retroceso del 15,2% en los desahucios consecuencia de ejecuciones o embargos (18.945), en tanto que los lanzamientos fruto de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se confirmaron al alza el pasado año al subir un 4,5% (37.285).

Los datos elaborados por la Sección de Estadística del CGPJ revelan además que el número de lanzamientos solicitados en este periodo fue de 72.023, un 3,3% superior. Sin embargo, las peticiones a los servicios comunes de notificaciones y embargos, las cuales hacen referencia a distintos tipos de inmuebles, no sólo viviendas habituales, no suponen que el desahucio ya haya sido ejecutado. Por comunidades autónomas, Cataluña, con 13.941 (el 23,36% del total nacional) registró el mayor volumen de lanzamientos en año, seguida por Andalucía (9.795); Comunidad Valenciana (8.083) y Madrid (6.435).

En virtud de su variación respecto a 2017, Galicia mostró una reducción del 31,4%, circunstancia que en los trimestres anteriores el órgano de los jueces atribuyó a la huelga de funcionarios. Atendiendo únicamente a los lanzamientos consecuencia de la LAU, esto es vinculados al alquiler, la clasificación vuelve a estar encabezada por Cataluña, con 8.877; tras ella se sitúan Madrid, con 5.157, y Andalucía, con 5.093. En cuanto a los desahucios por ejecuciones hipotecarias, los tres primeros lugares los ocupan Andalucía (4.082), Cataluña (3.778) y Comunidad Valenciana (3.344).

El informe destaca igualmente que las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito cayeron en 2018 un 8,9 % hasta las 27.404, siendo ésta la cifra más baja desde hace diez años. Con todo, hasta en siete comunidades autónomas han terminado por subir, destacando Galicia (28,7 %) y Cataluña (24,5 %), que en términos absolutos fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones en 2018 (5.771). Respecto al cuarto trimestre de 2018, se produjeron 15.065 desahucios, un 1,3% menos.

Una cifra que ha sido atenuada por el avance del 3,9% de los lanzamientos por impago de alquiler, el sexto consecutivo, aunque inferior al porcentaje del trimestre anterior, que fue del 7,9%. En su nota, el CGPJ incluye además los juicios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
(Expansión, 03-03-2019)

 
 
 
 
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