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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 5 DE MARÇ DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
(BOE, 05-03-2019)

Disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones
Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.
(BOE, 05-03-2019)

Euro
Resolución de 4 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 4 de marzo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 05-03-2019)


Comptable

Cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación
Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación.
(BOE, 05-03-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/index.php?d=55&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 5 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

Se dispara la aplicación del impuesto de Sucesiones y Donaciones en las diferentes regiones
Unas diferencias que se han disparado en los últimos tiempos por la creciente “competencia fiscal a la baja” que ha detectado el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y que se ha visto acentuada este año por la proximidad de elecciones autonómicas.

El impuesto de Sucesiones es un tributo directo que se aplica con carácter progresivo sobre la base imponible de la herencia, una vez neta de deudas, cargas y gastos deducibles. Sobre este valor se aplica la tarifa del gravamen, que en la regulación estatal va del 7,65% al 34%, según la cuantía. El tributo incluye, no obstante, un coeficiente multiplicador en función del patrimonio preexistente del beneficiario que varía además si pertenece al grupo I (descendientes y adoptados menores de 21 años), al II (descendientes y adoptados mayores de 21 años, ascendientes, adoptantes y cónyuges), al III (hermanos, sobrinos y tíos) o al IV (de primos a extraños).

A partir de aquí, sin embargo, las comunidades tienen la potestad de modificar la tarifa o los coeficientes, aplicar reducciones o bonificaciones y eximir una parte del valor correspondiente a vivienda habitual, lo que multiplica las casuísticas.

Así, de unos años a esta parte la tendencia más extendida ha sido la de ir bonificando el pago del impuesto para los grupos I y II hasta hacerlo prácticamente simbólico en Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja o los territorios forales. También en Andalucía, cuando el monto heredado es inferior a un millón de euros; en Castilla y León, hasta los 400.000 euros; o en Aragón, para los menores de edad con un máximo de tres millones, o el medio millón para el resto.

Este año, los movimientos han comenzado a centrase en reducir el gravamen que pesa sobre hermanos, tíos y sobrinos, según recoge el informe Panorama de la Fiscalidad autonómica y foral 2019, recién publicado por el REAF y el Consejo General de Economistas. Desde este año, Madrid bonifica el impuesto al 15% en el caso de hermanos, al 10% para tíos y sobrinos; Canarias lo hace al 99,9% en ambos casos, y Cantabria lo ha llevado al 90% para todos ellos, e incluso extraños, cuando sean tutores del finado.

Así, ilustra el REAF, una persona con alto patrimonio que hereda de su hermano una vivienda de 200.000 euros y 600.000 euros en efectivo en Andalucía o Murcia deberá pagar 391.672 euros a Hacienda (el 49% del valor total) pero en Canarias solo abonará 375 euros, el 0,04%. Es decir, 390.000 euros de diferencia en el pago al fisco.

Pero incluso en el caso de herencias entre padres e hijos hay fuertes diferencias. Por las mismas cuantías que antes y siendo la casa la vivienda del fallecido, un soltero de 30 años que herede de su padre pagará 103.135 euros a Hacienda en Asturias, 81.018 euros en Castilla y León, 1.586 euros en Madrid, 134 euros en Canarias y nada en Andalucía o Cantabria.

“Antes un asturiano pensaba en ir a morir a Madrid, hoy le valdría con ir a Cantabria” para aprovechar un mejor tratamiento fiscal, dice Jesús Sanmartín, presidente del REAF, sobre el auge de los territorios con baja tributación. Un cambio que ha aumentado los intentos de engaño al fisco, reconoce Sanmartín, que advierte de que el tributo se debe pagar donde se reside. Hacienda, explica, viene descubriendo los intentos de fraude basados en falsos empadronamientos comprobando desde dónde va el contribuyente al médico a dónde recibe el periódico.
(Cinco Días, 05-03-2019)

La fiscalidad del automóvil cambiará a corto plazo
Al menos así lo ha asumido el actual Gobierno y lo ha plasmado en un documento que asume lo que le demandan los grandes fabricantes de vehículos y que es lo suficientemente inconcreto para que lo asuma el nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones del 28 de abril, sea del color que sea. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha presentado el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción, en el que apuesta por modular los actuales impuestos que gravan la tenencia de vehículos --el de matriculación cuando se adquiere uno nuevo y el de circulación que se paga anualmente a los municipios de residencia-- y primar a los coches menos contaminantes y el pago por uso, tal y como está sucediendo en otros países europeos.

"La armonización nos va a permitir gravar solo una vez frente a las dos actuales el mismo hecho imponible. Creo que es un beneficio para el consumidor", ha señalado hoy en Madrid Maroto, quien, en todo caso, ha asumido: "No está cerrada ninguna propuesta".

Esa era una de las demandas que históricamente ha puesto sobre la mesa el sector de la automoción. Este cree cada vez menos en el impuesto de matriculación, que considera que penaliza la adquisición y su mercado, y apuesta por gravar el uso a través del impuesto de circulación, a través del cual se podrían tomar medidas más concretas para mejorar el medioambiente de las ciudades, en función de las necesidades de cada una de ellas.

El plan es fruto de un rápido pacto entre Administración, patronales y sindicatos que, fuentes del sector, aseguran que se habría fraguado en apenas tres encuentros, dadas las prisas de la convocatoria electoral. En él el Ejecutivo se compromete a inyectar 2.634 millones de euros públicos en planes para rejuvenecer el parque automovilístico y las plantillas de las fábricas, además de incentivar la investigación y el desarrollo (I+D+i) y la creación de la infraestructura necesaria para el despegue del coche eléctrico. Con esa inversión pública se espera arrastrar más recursos privados, por lo que se prevé que la inversión final vinculada al plan alcance los 9.726 millones entre 2019 y 2025.

Por primera vez, el documento introduce la idea de los planes de achatarramiento, otra reivindicación que el sector cree necesario para acabar con uno de los parques automovilísticos más viejos de Europa, responsable, a ojos de fabricantes y concesionarios, de la alta contaminación.

En todo caso, la patronal que integra a las marcas presentes en España, Anfac, se limitó a señalar que el plan solo cumple su papel como "punto de partida" que no solventa su problema más acuciante. Las ventas de vehículos acumulan seis meses de caídas en España y el diésel, una de las especializaciones del sector en España, está bajo mínimos. De ahí que Anfac reclamara un "plan de choque" ante el deterioro del mercado de los últimos meses.

La patronal es cada vez menos optimista sobre este año y ya prevé una contracción al final del año de entre el 25 y el 3% respecto al año pasado, cuando las matriculaciones crecieron un 7% pese a la brusca caída de los últimos cuatro meses del año. Anfac reclama señales desde la Administración que den confianza a los consumidores, al mercado y a las empresas y que priorice un "plan estructural de renovación del parque".

El acuerdo presentado por el Gobierno pretende rejuvenecer el parque español de automóviles, impulsando tecnologías menos contaminantes, y ayudar en la transformación de las plantas españolas, para que asuman la producción de vehículos más sostenibles. Ese es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la industria a falta de matrices automovilísticas en territorio español.
(El País, 05-03-2019)

Laboral

La afiliación sube en 69.172 personas en febrero
El empleo registrado en el sistema de Seguridad Social aumentó en 69.172 personas en febrero respecto al mes anterior, el dato más bajo en este mes desde 2016. Si bien el número total de afiliados sumó 18,88 millones, con lo que es la cifra total más alta para un mes de febrero desde 2008, según ha destacado hoy el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En los últimos 12 meses, se ha mantenido la tendencia positiva del sistema al incorporarse 524.958, nuevos cotizantes. Esto supone el 2,86% más que hace un año, con lo que el ritmo de creación de empleo baja al nivel de noviembre pasado.

Por su parte, el paro registrado en las oficinas de empleo aumentó en febrero en 3.279 personas, frente a un descenso mensual el año pasado de más de 6.000 desempleados en este mismo mes. La cifra de reducción anual del paro tampoco fue de las mejores, ya que este registro se redujo en 181.208 personas en febrero respecto al mismo mes del año pasado, un 5,22% menos, lo que supuso la menor caída en ese mes desde el año de 2013.

En términos desestacionalizados, que reflejan mejor la tendencia del mercado, las cifras indican que la afiliación media aumentó en febrero en 38.833 personas, con lo que la cifra total crece por encima de los 19 millones con este ajuste. Y el paro desestacionalizado disminuyó en 10.445 personas respecto al mes anterior.

El desempleo masculino se sitúa mantiene, al situarse en 1.360.225 personas, lo que supone 223 personas menos (-0,02%). Las trabajadoras en paro, que suponen el 58,64% del total, caen en 69.063 respecto a febrero de 2018. Creció tanto la afiliación mensual como la anual en todos los regímenes de la Seguridad Social excepto en el Carbón. La ocupación entre los trabajadores autónomos creció en 5.280 afiliados medios.

El mes pasado hubo tres comunidades que destruyeron empleo: Andalucía (4.000 cotizantes menos), Cantabria (-112) y Castilla La Mancha (-2.370). Mientras que Cataluña volvió a liderar la creación de empleos, con 23.247 nuevos cotizantes en el mes. En febrero se creó empleo en casi todos los sectores de la economía, encabezados por la construcción, que gano casi 26.000 afiliados; seguida de la educación (20.757); la hostelería (19.694 cotizantes más) y la industria (12.793).

Sin embargo, la nota negativa la puso el fin de la campaña de rebajas que hizo que se destruyeran 14.562 empleos en el comercio y la reparación de vehículos. También llegan malas noticias respecto a la calidad en el empleo, ya que se rompió la tendencia positiva de crecimiento de los contratos indefinidos. En febrero se firmaron 1.571.000 contratos, lo que supuso una caída general del 15% en el mes. Cayeron tanto los fijos (un 7%) como los temporales (un 16%). Si bien el dato más negativo fue la caída en el año de los contratos fijos, de los que se firmaron un 3,2% menos frente a un aumento de la contratación temporal de más del 2%.

El mes pasado hubo tres comunidades que destruyeron empleo: Andalucía (4.000 cotizantes menos), Cantabria (-112) y Castilla La Mancha (-2.370). Mientras que Cataluña volvió a liderar la creación de empleos, con 23.247 nuevos cotizantes en el mes.

Esta ralentización general del mercado, aunque sea leve, se está dejando sentir en el gasto en prestaciones por desempleo. Los datos conocidos hoy corresponden al mes de enero –llevan un mes de retraso respecto al resto de cifras– e indican que el año arrancó con un incremento del 11% en el número de solicitudes de prestaciones y ayudas por desempleo; y del 16,6% en el caso de las demandas de prestación contributiva. En esta misma línea, el gasto en todo tipo de prestaciones y subsidios subió un 4% anual en enero respecto a hace un año y un 8% en el gasto de las ayudas contributivas.
(Expansión, 05-03-2019)

El Supremo avala que los temporales no cobren el mismo despido que los fijos
El Tribunal Supremo ha fallado que cabe discriminar al empleado temporal en su despido frente al fijo. Así lo ha establecido en una sentencia, en la que estipula que es legal que una subcontrata haga un ERE para los empleados fijos, que cobrarán 20 días, y plantee despidos individuales a razón de 12 días para los temporales. Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre este asunto, en una sentencia del Pleno que augura que no será pacífico, ya que cuenta con siete votos a favor y cinco votos en contra.

El caso afecta a una subcontrata que hacía servicios de contact center para un banco. Cuando la entidad rescindió el servicio, la subcontrata se vio abocada a despedir a los trabajadores que lo realizaban. Unos eran fijos, y otros, temporales. Los sindicatos impugnaron el ERE en el que sólo se incluyó a los fijos y alegaron que no se podía discriminar en el despido a trabajadores que realizaban el mismo trabajo.

Esta sentencia es la primera que dicta el Supremo desde que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) cambiara su doctrina en junio de 2018 y dijera que cabe la discriminación entre el despido con causa del fijo y del temporal. En dos sentencias, el Tribunal de la UE corrigió su criterio anterior, de septiembre de 2016, en el que fijó que no cabía discriminar a los temporales, lo que ocasionó un terremoto en el mercado laboral español. En septiembre de 2017, el Supremo preguntó al TJUE al respecto, pero en un caso que afectaba a la Administración, no a una empresa privada.

Como la votación de la Sala de los Social del Supremo ha sido ajustada, los juristas a los que ha consultado este diario vaticinan que el asunto no será pacífico. El voto particular considera que no puede haber distintos despidos por ser la misma causa extintiva.
(Expansión, 05-03-2019)

Gobierno y sindicatos acuerdan mejoras salariales para el personal laboral del Estado
El Gobierno y los sindicatos han firmado este lunes el IV Convenio único para el personal laboral, que beneficiará a unos 40.000 trabajadores y que implicará una subida lineal del salario de 280 euros anuales y una mejora de las tablas salariales, entre otras medidas, con cargo a los fondos adicionales.

La subida salarial para la categoría más baja este año superará el 9 % y ascenderá al 11 % si se tiene en cuenta el repunte aplicado a todos los empleados públicos a principios de año (2,25 %) y al 14 % en 2020 también incluyendo el repunte general, según han explicado en la presentación del convenio.

De esta manera, el personal laboral que menos cobra recibirá 1.136 euros mensuales tras el acuerdo y podrá llegar a casi 1.200 euros en 2020 si se dan los repuntes variables máximos previstos en el acuerdo salarial de los empleados públicos.

El acuerdo, que supondrá una mejora salarial media del 5,5 % incluyendo el repunte general, contempla una subida lineal para todo el personal laboral de 280 euros anuales (20 euros al mes) con efecto desde el 1 de enero de 2018, con lo que una vez que entre en vigor el convenio los trabajadores cobrarán los atrasos con efecto retroactivo.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha puesto en valor el convenio que mejora las condiciones laborales y retribuciones, con lo que se salda "una deuda con el personal laboral reconociendo su profesionalidad, compromiso con los ciudadanos y calidad".

El convenio es de aplicación al personal de la Administración General del Estado, así como la administración de justicia no transferida, la Seguridad Social, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Agencia Española de Protección de Datos, entre otras instituciones.

El convenio avanza hacia la homologación del personal laboral con el funcionario, establece un sistema retributivo complementario, homogéneo y completo y facilita la movilidad y el rejuvenecimiento de las plantillas.

El acuerdo, cuya vigencia arranca el 1 de enero de este año y vence el 31 de diciembre de 2021, también adecúa la clasificación profesional al marco educativo en vigor y contempla la posibilidad de que el personal laboral pueda acogerse a la jubilación parcial anticipada a partir de 2021.

Los sindicatos firmantes, CCOO y UGT, han valorado es "esfuerzo" para mejorar el salario de quienes menos cobran y el avance en el rejuvenecimiento de las plantillas al permitir la jubilación parcial, así como la agilización de la movilidad al establecer el concurso abierto y permanente.

Sin embargo, CSIF ha rechazado la firma al conseguir que deja fuera a la mayoría de los empleados públicos y que el acuerdo es improvisado e insuficiente.
(El País, 05-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El nuevo euríbor será inferior al actual pero más volátil
El euríbor calculado con el método híbrido va tomando forma, y esta es notablemente diferente a la de ahora. Reemplazará al índice actual a partir de octubre, con la fecha límite de enero de 2020, y las pruebas realizadas para el plazo a 12 meses, que es el que se toma de referencia para el cálculo de la mayoría de las hipotecas variables en España, describen una curva con tipos generalmente más bajos, pero con fluctuaciones más bruscas. Esto supondrá una mayor variabilidad en las cuotas hipotecarias cuando haya que revisarlas.

El Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI, por sus siglas en inglés), que ultima la nueva metodología para asegurarse de que el euríbor refleje al máximo la realidad del mercado y cumpla con los reglamentos europeos antes de inicios del próximo año, ha dado a conocer los resultados de los ensayos realizados entre mayo y junio de 2018.

Las conclusiones se basan en los datos aportados por 15 de los 19 bancos que actualmente componen el panel de contribuidores del euríbor. Con la nueva fórmula, que todavía tiene que ser afinada, el euríbor a 12 meses es un 15% más barato de media.

También existen datos de prueba del resto de referencias: a una semana, a un mes, tres meses y seis. La variabilidad en todos los casos es superior a la de los euríbors calculados conforme a la regla actual. Pero la volatilidad es menor cuanto inferior es el plazo.

Las cifras del periodo analizado revelan que el euríbor híbrido toca mínimos del –0,266% a comienzos de mayo, sube al –0,213% a mediados de junio y repunta al –0,180% en el tramo final del test. El euríbor con la actual metodología, por su parte, registra una variación máxima desde el –0,190% de inicios de mayo al –0,178% de finales de julio. Justo entonces es cuando ambos euríbors son iguales.

Se trata de un tramo temporal muy corto de análisis y EMMI advierte que son datos meramente “informativos”, pero ofrecen una idea de cómo puede comportarse el índice renovado. En la práctica se traduciría en un mayor impacto en el bolsillo de los hipotecados, que verían cómo sus cuotas mensuales suben o bajan de forma más abrupta en cada revisión. Con todo, EMMI asegura que ha recibido un “amplio apoyo a su propuesta” y defiende que se logra “una herramienta de transparencia para el mercado y el usuario”.

La metodología híbrida para calcular el índice se basa, de entrada, en transacciones reales que, en caso de ser insuficientes, se complementarán con operaciones históricas, en un segundo nivel, y el juicio de los expertos, en un tercero. La transición hacia esta propuesta –en vez de tenerse en cuenta solo estimaciones como sucede ahora– deberá completarse a lo largo de este año.

“Las 19 entidades que forman parte del panel irán incorporándose al proceso gradualmente para suavizar el impacto metodológico”, explican fuentes conocedoras de la reforma, que insisten en que no se trata de un euríbor distinto, sino de una fórmula para hallarlo diferente, lo que explica que los tipos de interés difieran ligeramente.
(Cinco Días, 05-03-2019)

El Gobierno quiere mejorar la competitividad de las áreas industriales
En una nota del ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la titular de esta cartera, Reyes Maroto, señala que "el Protocolo responde a las demandas de mejoras en la conservación y en los servicios de estos polígonos, entre las que figuran el acceso a redes de banda ancha ultrarrápida". El texto del Protocolo recoge que las áreas industriales "constituyen infraestructuras económicas básicas para el desarrollo de la actividad industrial y son las responsables de importantes recursos económicos que aportan a los municipios donde se localizan".

El desarrollo de las áreas industriales está recogido en las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero. El documento será suscrito por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del ministerio de Fomento, Pedro Saura; el secretario de Estado para el Avance Digital del ministerio de Economía y Empresa, Francisco Polo, y la Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, Isaura Leal.

Los firmantes expresan en el Protocolo su voluntad, entre otros aspectos, de realizar todos los esfuerzos necesarios para "impulsar la reindustrialización y la competitividad de la industria española en todo el territorio y contribuir al establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio".

Además, se pretende "fomentar un empleo estable y de calidad y desarrollar actividades productivas que combatan la desigualdad existente entre los entornos rural y urbano, y eviten la despoblación de los territorios". El Protocolo también incluye la elaboración de un "Mapa Industrial" que ofrezca un inventario de áreas y polígonos industriales en el conjunto del territorio.

Las Administraciones Públicas firmantes seguirán trabajando para mejorar la competitividad del tejido industrial y la internacionalización de la economía, consolidando la industria actual y promocionando la implantación de nuevas actividades industriales, informa el Ministerio de Industria.
(El País, 05-03-2019)

Bruselas advierte de que relajar la normativa de fusiones es perjudicial
La comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, ha advertido a miembros del bloque de "las consecuencias" de relajar la normativa de fusiones, asegurando que la medida equivaldría a una "estrategia" para cambiar el modelo económico de Europa. “Aunque nuestras economías tienen un alto grado de intervención del Estado, contar con un nivel de competencia justo es una opción estratégica que a veces resulta molesta", declaró Vestager en una entrevista a Financial Times.

La comisaria, de nacionalidad danesa, se ha ganado fama de implacable en su labor por mantener un duro pulso con empresas como Apple y Google. Además, este año se enfrentó a los Gobiernos francés y alemán al bloquear la fusión entre los gigantes ferroviarios Siemens y Alstom. Se suponía que la operación iba a crear el equivalente del sector a Airbus para frenar la competencia de la empresa estatal china CRRC, el mayor fabricante de ferrocarriles del mundo.

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, calificó de error la decisión de Vestager de vetar la operación. Junto a su homólogo alemán, Peter Altmaier, Le Maire ha propuesto una revisión radical de las estrictas normas de competencia de la UE, incluida la opción de dar a los políticos el poder de invalidar las decisiones de la Comisión.

Vestager, una de las empleadas más brillantes de la Comisión que podría acabar convirtiéndose en presidenta, está convencida de que "es el momento adecuado para una estrategia más pragmática en la política de Competencia". En su opinión, los datos son cada vez más importantes para la economía global. Además, ante el aumento del capitalismo estatal en China y del proteccionismo en EEUU, "resulta cada vez más evidente que el aperturismo de los mercados europeos era algo desproporcionado".

Vestager cree que el actual régimen para fomentar la competencia justa "nos ha sido útil, al crear mercados que aumentaron la eficiencia y la innovación de las empresas europeas y su capacidad para competir a nivel global". "Creo que es importante resaltar esa opción porque, si queremos cambiarla [en Europa] deberíamos ser conscientes de las consecuencias", añadió.
(El Mundo, 05-03-2019)

Sector

Se eleva de cuatro a cinco semanas el permiso de paternidad de los jueces
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado modificar la duración del permiso de paternidad del que los jueces podrán disfrutar por nacimiento de hijo, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de cuatro a cinco semanas.

De esta forma, el CGPJ adapta la previsión contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece permisos de cuatro semanas, al contenido del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla una duración de cinco semanas, ampliables en supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aplicado por primera vez la obligación recogida por la LOPJ (art. 373.7) tras la entrada en vigor de su última reforma, el 30 de diciembre de 2018. Dicho precepto obliga al Pleno del Consejo a adaptar de manera inmediata cualquier modificación que suponga mejora en materia de conciliación, permisos, licencias y cualquier otro derecho reconocido en dicho ámbito, tal y como esté reconocido a otros miembros de la Administración General del Estado.

Asimismo, con el fin de aplicar la modificación del art. 373.4 LOPJ y dado que su entrada en vigor se produjo el penúltimo día del año, el Pleno ha acordado que los jueces y magistrados podrán disfrutar durante 2019 de un permiso de tres días con cargo a 2018. En consecuencia, durante el presente ejercicio les corresponderán un total de siete permisos de tres días cada uno (6 de 2019 y uno de 2018), en los términos previstos por el citado precepto.

El Pleno del CGPJ ha reiterado, de acuerdo con la decisión adoptada por la Comisión Permanente el pasado 10 de enero, que los días adicionales de vacaciones previstos en el art. 371.1 LOPJ correspondientes al ejercicio 2018, puedan ser disfrutados por los miembros de la Carrera Judicial durante el año 2019 como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma de la LOPJ el 30 de diciembre de 2018.
(Expansión, 05-03-2019)

 
 
 
 
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