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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 6 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero
Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 "Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y procedimiento para su presentación.
(BOE, 06-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de marzo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 06-03-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/index.php?d=56&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 6 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

La Agencia Tributaria desarrolla un plan de contingencia ante la posibilidad de un divorcio duro del Reino Unido con la UE
La Agencia Tributaria se prepara para afrontar la revolución fiscal que supondría para las fronteras españolas la consumación del Brexit que, aunque probablemente acabe retrasándose, está previsto que se produzca el día 29 de este mismo mes. Desde entonces, teóricamente, los 20 millones de turistas británicos que llegan a España cada año se convertirán en visitantes extracomunitarios mientras que el importante intercambio de mercancías y servicios entre ambos países pasará a estar sujeto a aranceles.

“La carga de trabajo se multiplica de manera exponencial”, admitió ayer Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria, durante su participación en el XV Foro de Fiscalidad Internacional organizado por Deloitte Legal. “El riesgo fiscal y aduanero de un turista no es muy elevado. Vienen al país y se van con su equipaje. Pero tiene una complicación logística”, adujo, explicando que cuando los británicos sean ciudadanos no comunitarios supondrán 1,5 veces más que todo el resto de viajeros ajenos a la UE.

Esto obligará incluso a modificar los accesos de algunos puertos y aeropuertos de forma que la habitual cola de entrada de ciudadanos comunitarios a España pasará, en algunos casos, a ser utilizada para los viajeros de países terceros que ahora serán mucho más numerosos, según explicó ya la propia Agencia Tributaria.

El gran reto, no obstante, está en el paso de mercancías, que dejarán de estar sujetas a impuestos para ser objeto de aranceles. “Las operaciones de importación y exportación cambiarán de calificación jurídica”, detalló Gascón apuntando a que en lugar de aplicarse sobre ellas el IVA serán gravadas con derechos arancelarios.

En concreto, las aduanas españolas pasarán a controlar operaciones de intercambio de bienes y servicios entre España y Reino Unido por valor de 30.000 millones de euros al año, de los que 19.000 corresponden a exportaciones y 11.500 a importaciones, según detalló ayer en el mismo foro Fernando Salazar, jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Castilla-La Mancha.

“Es un aumento significativo en términos de carga de trabajo, es un incremento del 4% en el caso de las importaciones”, apuntó el director de la Agencia Tributaria, aseverando que la cifra puede parecer baja pero que el reto es tan importante que “obliga a tener un plan de contingencia”. “En exportaciones el impacto es mayor. Supondrá un incremento de la carga de trabajo del 8%”, agregó.

“Nos preocupa el impacto en sectores pujantes que exportan a Reino Unido, como es el sector agroalimentario”, dijo, revelando que la Agencia Tributaria está realizando un “esfuerzo divulgativo” con empresas del ramo para permitir que “si ocurre el Brexit en vertiente dura estemos lo mejor preparados posible para hacerle frente”. Desde la Agencia Tributaria recuerdan que, para hacer frente a esta sobrecarga de trabajo, el Consejo de Ministros del 8 de febrero aprobó destinar 462 efectivos adicionales a Hacienda.
(Cinco Días, 06-03-2019)

Se baraja establecer la figura del sujeto pasivo certificado
Frente al “repunte del nacionalismo fiscal” que se da últimamente, dijo ayer el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, también la unificación fiscal plantea importantes retos. Es el caso del IVA comunitario, expuso, para el que se baraja establecer la figura del sujeto pasivo certificado, un operador autorizado en el ámbito aduanero, para determinadas empresas, que sufrirían menos cargas indirectas de tramitación y, por tanto, pagarían menos impuestos en el futuro.

Gascón expuso que esta medida está en el aire pero que la Agencia Tributaria acaba de iniciar el debate sobre qué requisitos deberán cumplir los autorizados. Algunos, ilustró podrían ser cumplir el código de buenas prácticas fiscales o haberse acogido al Suministro Inmediato de Información el IVA (SII).
(El País, 06-03-2019)

Laboral

Cometer errores en el momento de calcular nóminas expone a pymes y a autónomos a sanciones
El Estatuto de los Trabajadores establece que no consignar en la nómina las cantidades realmente abonadas al trabajador constituye una infracción administrativa grave, sancionada con una multa de entre 626 a 6.250 euros. Por otro lado, no entregar puntualmente el recibo de salarios al empleado constituye una infracción administrativa leve, sancionada con una multa de entre 60 y 625 euros.

Entre los errores habituales destaca que las pymes no se informen a tiempo de los cambios particulares que afectan a los conceptos y condiciones para calcular la nómina, que se faciliten datos incompletos o se comuniquen de forma informal.

Además, para el cálculo de la retención de impuestos, es importante conocer si las percepciones que componen la nómina del empleado deben ser gravables o quedan exentas, ya que puede crear discrepancias y generar problemas a largo plazo. Muchas empresas acostumbran también a usar las nóminas del mes anterior como ejemplo. Sin embargo, cada mes las condiciones varían y para prevenir errores es mejor empezar de cero.

Por otro lado, para el cálculo de la retención de impuestos, es importante conocer si las percepciones que componen la nómina del empleado deben ser gravables o quedan exentas, ya que puede crear discrepancias y generar problemas a largo plazo.

Es más, la planificación es importante. Con todo un mes de ventaja para preparar las nóminas, en la mayoría de las ocasiones, se acaben gestionando la última semana del mes, lo que deja poco margen de tiempo para reconfirmar dudas y datos de los trabajadores, incluir incentivos nuevos, añadir las horas extras o reducir los días de baja.
(Cinco Días, 06-03-2019)

Andalucía lidera la lista de afiliación al RETA en febrero
La cifra de autónomos dados de alta en España se ha incrementado en 5.280 durante el mes de febrero. De este modo, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó nuevos cotizantes, pero a un ritmo mucho menor del que lo hizo hace un año. En febrero de 2018, el RETA sumó 16.027 profesionales, lo que implica que en este 2019 el aumento ha sido de un tercio.

“El Gobierno debe abandonar cualquier intención de establecer medidas que dañen la creación de empleo y que perjudiquen a autónomos y empresas”, ha apuntado Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

En términos absolutos, el mayor crecimiento de profesionales por cuenta propia se ha registrado en el sur de la península, concretamente en Andalucía. Ahí se han dado de alta 1.753 autónomos, haciendo crecer el total de autónomos andaluces en más de 526.000 personas. Por detrás de Andalucía se situaron la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, con más de 700 y 500 nuevos autónomos, respectivamente.

No obstante, seis de las diecisiete comunidades autónomas han visto como el número de afiliados al RETA ha descendido. Asturias, Castilla y León y Cantabria perdieron al menos 70 autónomos cada una, mientras que Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha también cerraron el mes con menos autónomos que en enero.

Desde ATA también se ha hecho mención a las cifras de paro, destacando que el aumento de 3.279 personas en el mes de febrero, lo que se traduce en el peor registro desde 2013. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en más de 69.000 cotizantes, creciendo por debajo del que se registró en 2018.

“Los datos vienen a reflejar un frenazo en la creación de empleo. Se frena el crecimiento en autónomos y empresas, se crea menos empleo, menos contratación indefinida, menos autónomos y hay más paro que en el mismo mes del año pasado. La subida desproporcionada del SMI sigue pasando factura al empleo”, ha sentenciado Lorenzo Amor.
(Expansión, 06-03-2019)

La ampliación del permiso por paternidad sigue sin publicarse en el BOE
El Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, que incluye la ampliación del permiso por paternidad hasta equipararlo al de maternidad en 2021, todavía sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que su entrada en vigor se sigue retrasando.

Inicialmente, el Gobierno informó de que el decreto ley se reflejaría en el BOE este martes 5 de marzo con el objetivo de que entrase en vigor el miércoles. Sin embargo, su publicación se había retrasado un día por cuestiones "técnicas y de procedimiento", según han señalado fuentes gubernamentales.

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la extensión del permiso de paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, igualándolo al de maternidad de manera progresiva. Una vez aprobado, las medidas en él plasmadas entrarán en vigor un día después a su publicación en el B.O.E, aunque el texto deba ser convalidado posteriormente por el Congreso.

En cualquier caso, el decreto ley ha recibido luz verde y, consecuentemente, el permiso por paternidad para funcionarios y trabajadores del sector privado se elevará gradualmente hasta 2021, cuando tendrán permisos iguales, intransferibles y retribuidos de 16 semanas.

Actualmente es de cinco semanas voluntarias y dos días (o cuatro si es necesario el desplazamiento) obligatorios. La obligatoriedad también se ampliará de manera gradual para el progenitor distinto a la madre: las dos primeras semanas ininterrumpidas tras el parto serán obligatorias en 2019; cuatro lo serán en 2020; y seis en 2021. Se disfrutarán "a jornada completa".

Este punto ha desatado críticas por parte las asociaciones de familias. La Plataforma de Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA) celebró la ampliación del permiso, si bien avisó de las "trampas", en referencia a la simultaneidad de las seis primeras semanas, que "pueden conducir a que las mujeres cuiden mucho más y durante mucho más tiempo", según explicó a Europa Press la portavoz, María Pazos.

También la Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos Transferibles (PETRA) afirmó que era una "ley patriarcal, puesto que aumenta los privilegios de los varones al tiempo que ningunea la maternidad como aportación social fundamental y como algo propio de las mujeres".

Ambos progenitores tendrán otras 10 semanas cada uno a distribuir hasta el primer año del recién nacido, y éstas podrán repartirse a jornada completa o parcial, y en ningún caso podrán cederse. En cualquier caso, si ambos progenitores deciden disfrutar de los permisos de manera equitativa éstos se ampliarán en una semana cada uno.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, justificó la implantación progresiva del permiso "para dar tiempo suficiente a las empresas". También apeló a la "corresponsabilidad" de ambos progenitores. "La maternidad es una opción libre de las mujeres y tenemos que hacernos corresponsables todos", incidió en la rueda de prensa posterior al Consejo.

El objetivo de llevar esta medida a través del decreto ley es poder hacerla efectiva, ya que se quedó en el aire al tumbarse los presupuestos generales por parte del Congreso de los Diputados. Estaba prevista también en la Ley de Igualdad Laboral que presentó el grupo socialista hace un año en el Congreso, cuya tramitación quedó varada ante el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes Generales.
(Expansión, 06-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Ibex, atascado de nuevo en los 9.200 puntos
Las Bolsas europeas amagan con leves recortes en la jornada previa al BCE. La cautela predominante de nuevo mantiene el bloqueo del Ibex en el nivel de los 9.200 puntos, el mismo en el que ha cerrado las ocho sesiones anteriores.

La Bolsa española no encuentra argumentos de peso para salir del bloqueo en el que se ha instalado. En las últimas ocho jornadas el Ibex ha cerrado siempre en el nivel de los 9.200 puntos, al chocar una y otra vez con los 9.300, y con sus máximos desde octubre. Es más, en las diez sesiones precedentes ha cerrado en un rango inferior a los 100 puntos, y en las 12 últimas jornadas ha cerrado con cambios inferiores al punto porcentual. Los futuros, de momento, repiten el patrón predominante: cambios moderados, con un sesgo ligeramente bajista hoy, que mantendrían al Ibex atascado en el nivel de los 9.200 puntos.

A la hora de buscar posibles estímulos para salir de este bloqueo, y con la temporada de presentación de resultados agotada, los inversores tienen en su punto de mira un objetivo claro: la reunión de mañana del Banco Central Europeo.
(Cinco Días, 06-03-2019)

El turismo aportó 178.000 millones a la economía española el año pasado
El turismo contribuyó con 178.000 millones de euros a la economía española en 2018, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al año anterior y representa un 14,6% del PIB nacional, según los datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés). Aunque este crecimiento se situó por debajo del que tuvo el PIB turístico mundial, del 3,9%, y del de Europa, que avanzó un 3,1% en 2018, WTTC ha destacado que el turismo contribuyó a la economía española con uno de cada siete euros en 2018, lo que demuestra la importancia que tiene el sector para España.

WTTC, que engloba a las principales empresas turísticas del mundo, prevé que este año el PIB turístico español crecerá un 2,8%, por encima de la media europea, para la que la estimación es de un aumento del 2,5%. En 2018, el sector turístico sumó a 2,8 millones de trabajadores en España, un 14,7% del empleo total del país. España fue el año pasado la quinta mayor economía turística de la Unión Europea y la novena en el mundo en términos de contribución total al PIB del país -por detrás de EEUU, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia e India-.

La presidenta y consejera delegada de WTTC, Gloria Guevara, ha destacado el sólido crecimiento del gasto turístico en España y el buen balance entre la contribución del turismo internacional y el nacional, del 55% frente al 45%. Según Guevara, se trata de una de las mejores proporciones entre ambos segmentos turístico, teniendo en cuenta que la media de la contribución del turismo internacional en los países europeos es del 35% y del 29% a nivel mundial.

España, por tanto, se beneficia más de los viajeros internacionales que otras naciones, mientras que la única área de oportunidad es la del ámbito de los viajes de negocio, que representan tan solo un 12% del turismo español frente a un promedio europeo del 21%, ha agregado. Para Guevara, 2018 fue otro año "de fuerte crecimiento" para el sector mundial de viajes y turismo, reforzando su papel como motor del crecimiento económico y la creación de empleo.

Por octavo año consecutivo, el turismo superó el crecimiento de la economía global y registró el segundo mayor incremento de entre los principales sectores productivos en el mundo. Los Estados Unidos, China, Japón, Alemania y el Reino Unido fueron los cinco mercados principales en 2018, representando en el conjunto el 47% del PIB mundial de viajes y turismo.
(El País, 06-03-2019)

El decreto que reforma el alquiler entra en vigor este miércoles
El nuevo decreto de alquileres, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, entra en vigor a partir de este miércoles, después de haber sido publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre los principales aspectos de esta regulación, se encuentra la ampliación de contratos de 3 a 5 años (o 7 si el arrendador es una empresa) y el impedimento a subidas de renta dentro del contrato por encima del IPC. Esta será la tercera normativa reguladora del alquiler vigente en menos de tres meses. Al tratarse de un decreto, tendrá que convalidarse en el plazo de un mes, y puesto que las Cortes ya están disueltas, deberá ser la Diputación Permanente del Congreso quien lo haga. El Ejecutivo socialista se ha garantizado (en principio) los votos necesarios tras recabar el apoyo de Podemos y PDeCAT, a los que previsiblemente se sumarán los del PNV.

Las principales novedades del decreto (la duración y la renovación con el IPC) solo serán de aplicación para los nuevos contratos que se suscriban a partir de este 6 de marzo. Los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva norma, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación. No obstante, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídico establecido en el nuevo decreto.

Respecto a la regulación de viviendas turísticas, se ha determinado que las comunidades de propietarios puedan por acuerdo de una mayoría de 3,5 partes limitar o condicional el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fija unas determinadas condiciones para su ejercicio. El objetivo de esta modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), propuesta por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es dotar a los vecinos de instrumentos para facilitar la convivencia y decidir sobre las actividades que tienen lugar en su comunidad.

Asimismo, la norma recoge la posibilidad de establecer incrementos de hasta un 20% en la participación en los gastos comunes por parte de las viviendas de uso turístico, y obliga a disponer de los títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de dicha actividad.

La norma incluye la elaboración de un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte a medidas de carácter fiscal. Este índice de referencia, para cuyo plazo de elaboración el Gobierno se da ocho meses, se actualizará anualmente y será lo más detallado posible.

Aunque el borrador del real decreto sí recogía una bonificación del 80% del IBI para inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por este índice de precios, la norma aprobada da a los ayuntamientos y comunidades la posibilidad de que decidan su política de vivienda de acuerdo con su marco fiscal.

La norma sí contempla la eliminación de la obligación de que el inquilino repercuta el IBI en el caso de las viviendas sociales, y ofrece de nuevo a los ayuntamientos la posibilidad de dar a las viviendas en alquiler de renta limitada por una norma jurídica una bonificación del 95% de la cuota íntegra del IBI.

Paralelamente a la ampliación del tiempo de contrato, el decreto recoge que la potestad de recuperación de la vivienda por el propietario (persona física) debe quedar "expresamente recogida en el contrato de alquiler". También se incluye la ampliación de la prórroga tácita de uno a tres años y recoge como novedad la ampliación del plazo de preaviso, por el que se establecen cuatro meses para el arrendador y dos meses para el arrendatario. Así, se aumenta la anticipación con la que se debe indicar que no desean continuar con el contrato una vez haya concluido la prórroga obligatoria.

El decreto señala que los contratos de arrendamiento deben respetarse siempre por los terceros compradores del inmueble, de modo especial en el periodo de prórroga obligatoria de cinco o siete años. Según el Gobierno, esta medida es necesaria para prevenir posibles prácticas de fondos de inversión que adquieran viviendas arrendadas y que decidan no asumir los plazos y condiciones de los contratos vigentes.

Además, el texto recoge que el comprador de la vivienda tendrá que respetar el contrato de alquiler esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad. De igual forma, el texto establece una excepción para pactar la renuncia a la subrogación en los contratos de arrendamientos de larga duración. Así, establece que, en caso de fallecimiento del arrendatario, en situaciones de vulnerabilidad, se pueda mantener la vivienda arrendada por el familiar con el que estuviese conviviendo.

Asimismo, se establece la notificación sistemática de los procedimientos de desahucio a los servicios sociales, por lo que se tendrá más tiempo para analizar las posibles situaciones de vulnerabilidad. También introduce como novedad la regla de la cuantía en la tramitación de los procedimientos arrendaticios. Así, se permitirá al arrendatario acudir al procedimiento de juicio verbal en caso de reclamaciones de cantidad que sean inferiores o iguales a 6.000 euros. Por otro lado, clarifica la obligatoriedad de señalar el día y la hora del desahucio, con lo que se acabará con los lanzamientos con fecha abierta.

El texto vuelve a recoger del anterior real decreto, que tumbó el pasado mes de enero el Congreso, la limitación a dos meses de renta la fianza que puede exigirse al arrendatario. También vuelve a incorporar que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización deberá asumirlos el arrendador si es persona jurídica o que se favorece la realización de mejoras en la vivienda durante el contrato, si existe acuerdo entre las partes, entre otras medidas.
(La Vanguardia, 06-03-2019)

El Constitucional avala la ley para recuperar las viviendas ocupadas de forma ilegal
El Tribunal Constitucional (TC) señala que la ley que establece medidas rápidas para recuperar una vivienda ocupada ilegalmente "no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna". Así, el Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos.

Para la formación morada, la ley impugnada vulnera, entre otros, "el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, porque hace posible ejecutar un desalojo forzoso de la vivienda sin alternativa habitacional".

Por su parte, la sentencia asegura que un juez es "una autoridad competente" para ordenar y reconducir situaciones contrarias a la norma sustantiva y su adecuación a ella "sin que puedan oponérsele circunstancias encaminadas a hacer posible la permanencia y consolidación de una situación ilícita como es la ocupación ilegal de una vivienda".

Así, el TC considera que "el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio", ya que "tiene límites y debe ejercerse dentro del respeto de la ley". La sentencia apunta que "para habitar lícitamente en una vivienda es necesario disfrutar de algún derecho que habilite al sujeto para la realización de tal uso del bien en el que se pretende establecerse".
(El Mundo, 06-03-2019)

Sector

Los bufetes conquistan la 'milla de oro' de Madrid y Barcelona
Los despachos de abogados son los grandes protagonistas de las operaciones inmobiliarias en las mejores zonas de oficinas, ocupando los edificios emblemáticos del corazón financiero de las ciudades. El sector legal es un gran dinamizador del mercado inmobiliario. Son los inquilinos perfectos. Los despachos de abogados buscan inmuebles emblemáticos, alquilan por empleado más metros cuadrados que empresas de otros sectores y, aunque son buenos negociadores y pelean el precio, están dispuestos a pagar un poco más si el inmueble se ajusta a lo que están buscando.

Además, son negocios estables, que buscan contratos a largo plazo y pagan las facturas en tiempo y forma. Aunque 2018 no fue el ejercicio más activo, sobre todo porque 2017 marcó varios récords con grandes mudanzas, tanto en número como en metros cuadrados (como las de Baker McKenzie o Allen & Overy), el pasado ejercicio siguió siendo muy positivo para la actividad inmobiliaria ligada a las sedes corporativas de los bufetes, sobre todo en la capital española, donde se encuentran los cuarteles generales de la mayoría de las firmas internacionales, que el año pasado fueron las grandes protagonistas (como Andersen, Latham & Watkins o Pinsent Masons).

En la última década, la media anual de metros cuadrados alquilados en edificios exclusivos de oficinas en Madrid por los despachos de abogados alcanza los 11.000 metros cuadrados, más del doble que, por ejemplo, en Barcelona, la siguiente plaza más activa, según se desprende del informe El futuro de los espacios de trabajo en el sector legal, elaborado por CBRE. Hay que tener en cuenta que sólo entre 2017 y 2018 se han cerrado tantas operaciones inmobiliarias en el sector legal como en los tres ejercicios anteriores juntos. A la hora de hablar de espacio, el liderazgo es para las firmas internacionales, que tienden a alquilar, de media, el doble de metros que los bufetes con pasaporte español.

Sin embargo, a la hora de hablar por número de transacciones, son los bufetes nacionales los que se muestran más activos (seis de cada diez, aunque se trata de sedes más modestas). Por zonas, en el caso de Madrid, el Barrio de Salamanca copa el 43% del interés, mientras que el distrito norte (en torno a las Cuatro Torres) ocupa el segundo lugar, con un 17%, según datos de CBRE.

En Barcelona, la situación es muy similar, aunque en una escala más pequeña. La media anual de metros cuadrados alquilados se sitúa en poco más de 4.500, con un boom que marcó un récord en 2013. Estas cifras no incluyen el cambio de sede de Cuatrecasas en 2016, con cerca de 20.000 metros cuadrados.

En el caso de la Ciudad Condal, nueve de cada diez operaciones están protagonizadas por bufetes nacionales. Por tamaño, sólo el 3% supera los 1.500 metros cuadrados, mientras que el 93% se refiere a oficinas de menos de 700 metros cuadrados. El pasado ejercicio, entre las mudanzas más importantes se encontraron la de Marinel-lo & Partners (Edificio @Mar), la de Dentons (Torre Barcelona) y la de CHR Legal (Paseo de Gracia), todas ellas por debajo de los 500 m2. Por zonas, el distrito central de negocios es el más demandado en los últimos movimientos inmobiliarios, donde el Paseo de Gracia y la Avenida Diagonal son los ejes de referencia.
(Expansión, 06-03-2019)

 
 
 
 
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