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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 9 A L’11 DE MARÇ DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Concesión directa de las ayudas del programa MOVES a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla
Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, por el que se acuerda la concesión directa de las ayudas del programa MOVES a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
(BOE, 09-03-2019)

Euro
Resolución de 8 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 8 de marzo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 09-03-2019)

Comptable

Criterios de presentación de los instrumentos y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital.
(BOE, 11-03-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/09/index.php?d=60&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/09/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/09/index.php?d=59&s=3

 


RECULL DE PREMSA DEL 9 A L’11 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

Las Haciendas central y regionales pierden de media el 45% de causas sobre tributos en los Tribunales Económico-Administrativos
El número de contribuyentes que deciden llevar la contraria a la Agencia Tributaria o a las Haciendas regionales acudiendo a los Tribunales Económico-Administrativos, paso obligado previo a la vía contenciosa de lo judicial, se ha disparado un 54% entre 2007 y 2017, último ejercicio del que hay datos públicos. Estos tribunales tramitaron ese último ejercicio 194.279 recursos y resolvieron 209.617, en los que fallaron a favor de la administración en el 44,76% de casos, dieron la razón al contribuyente –al menos parcialmente– en el 45,31% y desestimaron o archivaron otro 9,92%. Un equilibrio, ya de por sí llamativo, que se rompe a favor del ciudadano especialmente en el caso de algunos impuestos autonómicos.

Los casos más significativos son los recursos contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o contra las tasas, en los que los tribunales dan la razón al contribuyente en siete de cada 10 casos, o contra Transmisiones Patrimoniales, cuando ganan seis de cada 10, según las cifras oficiales. “El grueso de estos casos corresponde con la comprobación del valor de los inmuebles en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones y Donaciones, que es donde más hacen agua las comunidades”, explica Javier Gómez Taboada, vocal de estudios e investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Un método de valoración de inmuebles tan discutido que Hacienda intentó cambiarlo en el plan antifraude que las elecciones han dejado en el aire.

“A las actuaciones de la administración se les presupone validez por imperativo legal, como cuando un Guardia Civil te multa y se da por bueno su criterio, pero cuando los procesos tributarios se someten a la prueba del algodón de los tribunales esa presunción parece cuestionable”, aduce Gómez Taboada. “Además, en aquellos asuntos que llegan a la vía judicial, Hacienda pierde cerca del 30%”, agrega el representante de Aedaf, que expone que entre la vía administrativa y la judicial, las Haciendas “pierden cerca de la mitad de procedimientos”. Gómez Taboada considera que las Haciendas mantienen una “actuación cuestionable” que pone en riesgo “la seguridad jurídica” del contribuyente. Este ha pasado de ganar el 36% de los casos a casi el 45% en la última década. “La Agencia Tributaria se mantiene en los mismos ratios de media desde hace tiempo, pero las administraciones autonómicas han incrementado muy sensiblemente el porcentaje de procedimientos que acaban perdiendo, llegando en algunos casos a un estratosférico 84% y no pasa nada”, critica Gómez Taboada.

Los datos que maneja la propia Agencia Tributaria así lo confirman. El fisco matiza, con todo, que los datos agregados de los tribunales no distinguen entre las estimaciones totales sobre los recursos de los contribuyentes y aquellas solo parciales, en las que la administración lleva parte de razón. A partir de ahí, desde la Agencia Tributaria detallan un porcentaje inferior de fracaso que el que arroja la media nacional que suma las cifras autonómicas. Así, destacan, en 2017 el número de casos totalmente favorables a la Agencia Tributaria fue del 62,8%, mientras que en otro 8,4% la estimación fue parcial y el contribuyente solo obtuvo la razón plena un 28,8% de veces. La proporción es similar en la vía judicial de lo contencioso, con un 66,6% de asuntos ganados por Hacienda, un 6,9% de estimaciones parciales y un 26,5% de éxitos plenos para el ciudadano. En la vía penal, la Agencia ganó el 71%, con un 4% de resoluciones parciales y un 25% a favor del contribuyente.
(Cinco Días, 11-03-2019)

Economía trabaja con Hacienda para maximizar la reducción del déficit
Las ministras de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y de Hacienda, María Jesús Montero, trabajan para tratar de reducir "lo más posible" un déficit que con el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado se irá al 2,2-2,4% frente al 1,3% al que aspiraba el Gobierno, por convicción y para ganar colchón por si la economía no crece en el futuro tanto.

Así lo explicó Calviño en una entrevista: "Estamos viendo, la ministra de Hacienda y yo, si podemos ir un poquito más allá y reducirlo lo más posible porque todo lo que podamos ganar en eficiencia, ahora que la economía crece, pues es un espacio, un margen de actuación que tenemos si en el futuro la economía crece un poco menos".

Precisamente en los últimos días la OCDE y el BCE han reducido de forma significativa la previsión de crecimiento para la eurozona, y el comisario europeo de Presupuestos y Recursos Humanos, Günter Oettinger, advirtió en un reciente encuentro informativo en Madrid de los muchos riesgos que rodean a Europa.

Calviño explicó que el simple rechazo de los Presupuestos llevará de forma "automática" el déficit muy por encima del objetivo del Gobierno al no poder articularse las medidas adicionales contenidas en el proyecto para mejorar la capacidad recaudatoria, como era la subida de algunos impuestos y creación de nuevas figuras tributarias. "Lo que sí puedo transmitir con claridad es nuestro compromiso de que sea el menos posible", insistió.

Al ser cuestionada sobre las críticas de la oposición acerca del incumplimiento del déficit y de abusar de decretos para articular medidas sociales, Calviño las calificó de "enorme cinismo", ya que el proyecto de Presupuestos se había elaborado con el objetivo de déficit "aprobado por el PP y que había apoyado Ciudadanos, del 1,3%, y no nos dejaron ni tramitarlo". "Ese tipo de alegaciones como 'éste es un Gobierno que gasta', francamente no se corresponde, en absoluto, con la realidad de lo que hemos venido haciendo en estos nueve meses, como tantas otras cosas que se dicen en el ámbito económico que no sé si son postverdades o pura ignorancia", afirmó.

"Nos comprometimos a cerrar el 2018 con un déficit del 2,7% del PIB y hemos logrado salir del procedimiento de déficit excesivo que marcan las normas comunitarias, así que cambia el estatus de España y ya no somos el farolillo rojo. Este año nuestra ambición hubiera sido reducir el déficit aún más, con más intensidad", insistió.

Para ajustar al máximo dicha tasa detalló que el Gobierno, aunque no contará con los ingresos de los nuevos impuestos previstos, aprobó en diciembre medidas como la subida de las pensiones, de las cotizaciones sociales, del sueldo de los funcionarios y del salario mínimo interprofesional, que aumentan también los ingresos de la Seguridad Social. "Hay ahí un cierto margen para, si se considera que es imprescindible y urgente, aprobar determinadas medidas sociales", avanzó. Otra de las palancas donde indicó que buscará hacer hucha es ahorrando "todo lo posible" en costes financieros con la menor emisión que se pueda de deuda pública.

"El año pasado logramos reducir nuestras emisiones de deuda en 5.700 millones, eso nos ha permitido ahorrarnos 1.500 millones de euros de intereses de la deuda pública, un dinero que podemos utilizar para otras cosas, para políticas sociales que son mucho más importantes en nuestro país, y este año vamos a tener la misma aproximación: una gestión muy eficiente de la tesorería e intentando ahorrar todo lo posible para que vayamos reduciendo lo más rápido posible deuda", afirmó.
(El País, 10-03-2019)

La Airef prevé un crecimiento interanual del PIB del 2,5% en el primer trimestre y un 2,7% en el segundo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que la economía española crezca un 2,5% en el primer trimestre de 2019 y un 2,7% en el segundo respecto a los respectivos periodos del año pasado. Así lo señaló tras actualizar este viernes su termómetro en tiempo real de la evolución de la economía española, que elabora a partir de las previsiones del crecimiento del PIB en tiempo real generado por el modelo 'mipred'.

La Airef señala que para los dos primeros trimestres de 2019 el crecimiento del PIB español se situaría en una tasa intertrimestral del 0,7% y que en términos interanuales estas tasas supondrán un crecimiento del 2,5% y del 2,7%. La autoridad presidida por José Luis Escrivá explicó que la evolución prevista se fundamenta en una moderación de la aportación negativa de la demanda externa, junto con una práctica estabilización de la contribución positiva de la demanda nacional.
(Expansión, 09-03-2019)

Laboral

El Gobierno da dos meses a las empresas para empezar a registrar los horarios de su plantilla
El primer Consejo de Ministros que reúne al Gobierno de Pedro Sánchez tras la disolución de las Cortes, el pasado martes, ha vuelto a aprobar una nueva batería de medidas sociales en forma de real decreto ley que tendrá que ser convalidado ya ante la Diputación Permanente del Parlamento. Tras los reales decretos de igualdad entre géneros, alquiler y medidas para paliar el Brexit del viernes anterior, el Ejecutivo ha abordado esta semana un nuevo texto que aborda una importante batería de medidas en materia laboral.

El decreto en cuestión vuelve a rebajar de 55 a 52 años la posibilidad de acceso a subsidio para mayores desempleados, establece la obligación para las empresas de implantar un registro del horario de sus trabajadores o amplía las bonificaciones por contratación indefinida de parados de larga duración.

El texto también duplica la cuantía de las prestaciones no contributivas por hijos al cargo, reduce la cotización de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, fija que la Seguridad Social abone todas las cuotas por contingencias de autónomos en incapacidad tras dos meses de baja, reduce las cuotas de los trabajadores fijos discontinuos de los sectores de comercio, turismo y hostelería durante la temporada baja y permite que los artistas permanezcan en el Régimen General durante los periodos de inactividad.

El paquete de medidas ha sido anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, por la ministra Portavoz, y de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Una de las novedades del texto, según el borrador al que ha tenido acceso Cinco Días y ha confirmado la propia Valerio en rueda de prensa, es que el registro horario de las plantillas no se exigirá a las empresas hasta dos meses después de la entrada en vigor del decreto, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días.

Se da la circunstancia de que la medida no sería puesta en marcha hasta después de las elecciones generales convocadas para el 28 de abril, lo que abre la veda a las críticas de partidos opositores que denuncian que el Ejecutivo de Sánchez está aprobando decretos que no son realmente urgentes pero que pueden aportar rédito electoral al PSOE.

“La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin prejuicio de la flexibilidad horaria”, reza el texto leído por Valerio, que obligará a las empresas a conservar estos datos durante cuatro años.

Los registros serán establecidos mediante negociación colectiva entre empresas y trabajadores, o, en su defecto, a decisión del empresario tras consultar a los representantes de su plantilla. Según ha informado la ministra, el texto fija que el Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales, "podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de os descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieren".

La ministra de Trabajo ha admitido que el paquete de medidas aprobadas no goza del consenso, al 100%, de sindicatos y patronal, si bien ha rehusado aclarar si los empresarios se han opuesto o no al registro horario.

Pese a ello, Valerio ha aseverado que la medida es necesaria y urgente habida cuenta que la Inspección de Trabajo vienen denunciando continuamente que es imposible valorar sin dichos registros los casos fraudes de ley de empleados con jornada parcial que en realidad extienden su horario todo el día, o aquellos que hacen horas extra no declaradas y por las que la empresa no cotiza.

Finalmente, Valerio ha reconocido que el Gobierno renuncia a abordar la derogación de los aspectos que consideran más lesivos de la reforma laboral de 2012 al entender que dentro ya del periodo preelectoral, hacia los comicios del 28 de abril, no habrá forma de alcanzar un consenso que permita convalidar la decisión.

Por otra parte, la ministra ha detallado que buena parte de las medidas aprobadas este viernes, junto con la ampliación del permiso de paternidad o la cotización de las cuidadoras de dependientes, suman un coste total de 1.130 millones de euros que irán a cargo del alza de 3.300 millones que prevén lograr en el cobro de cuotas a la Seguridad Social tras el incremento de las bases de cotización.
(Expansión, 10-03-2019)

El Gobierno aprueba el subsidio para parados de 52 años con un coste de 348 millones en este ejercicio
El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del subsidio especial de desempleo. Es decir, serán beneficiarios todos aquellos que tengan a partir de 52 años, y no 55, como hasta ahora. Precisamente, el Gobierno restaura así la edad en la que estaba antes del Ejecutivo del PP. Además, el desempleado tendrá derecho si él mismo, y no la unidad familiar, no tiene ingresos mínimos. El solicitante debe tener unos ingresos inferiores, en cómputo mensual, al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es decir, que los ingresos no superen los 675 euros mensuales.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta medida tiene un coste de 348,7 millones de euros este año. Además, los Servicios Público de Empleo asegurarán al beneficiario "una cotización del 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento" con el fin de que, cuanto menos, pueda cobrar una pensión mínima de la Seguridad Social. Precisamente, el subsidio durará "hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación", y no tenga que jubilarse anticipadamente.

Valerio ha explicado ha explicado que la ampliación de la cotización al 125% también se va a aplicar a unas 266.000 personas que ya están percibiendo el subsidio y que hasta ahora sólo cotizaban por el 100% de la base mínima. Otra novedad es que "unas 12.000 personas que están cobrando el subsidio de forma parcial lo van a cobrar a tiempo completo, aunque hayan trabajado a tiempo parcial", ha dicho Valerio.

El Gobierno calcula que 115.000 personas se pueden beneficiar de esta medida por el adelanto en la edad. En todo caso, dentro del 'Plan Reinserta', para parados de larga duración, el Ejecutivo movilizará a 3.000 técnicos de políticas de apoyo al empleo para ayudar a estos desempleados, al igual que ya está previsto que lo hagan con los jóvenes parados.
(Cinco Días, 09-03-2019)

El Gobierno renuncia a derogar la reforma laboral antes de las elecciones por falta de apoyos
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aclaró este viernes que el Ejecutivo ha decidido no derogar los aspectos fundamentales de la reforma laboral antes de las elecciones por la falta de los apoyos parlamentarios necesarios en la Diputación Permanente. Así lo dijo la ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que fue preguntada por la posibilidad de derogar la reforma laboral de 2012 antes de las elecciones.

Valerio respondió que algunas de las medidas de la contrarreforma laboral que se preparaban, como la recuperación de la ultraactividad o la primacía aplicativa del convenio sectorial frente al de empresas, se encontraban en el debate parlamentario, específicamente en el relativo a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre las condiciones laborales de las subcontratas.

Al no lograrse un acuerdo en este espacio, la ministra explicó que se ha decidido recuperar la medida del registro de jornada por entender que es urgente y necesario, mientras que para la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial no ha habido un acuerdo en el parlamento y "no íbamos a contar con los apoyos suficientes en la Diputación Permanente" si se aprueba por decreto antes de las elecciones. También dijo que "era difícil poner de acuerdo posiciones muy complejas que quizá en otro momento sí se habría podido alcanzar el acuerdo".

Valerio subrayó sobre esta decisión que "un Gobierno tiene que ser realista, saber el terreno que pisa en cada momento de la historia" y la decisión ha sido "realista, prudente y adecuada a la situación que estamos viviendo en estos momentos". Cuando se conforme un nuevo Parlamento tras las elecciones "se afrontará la situación que cada uno considere", explicó.
(El Mundo, 09-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los inspectores del Banco de España aplauden que el Congreso asuma su tesis sobre la crisis financiera
La pasada semana, el Congreso de los Diputados aprobó en Pleno el dictamen final de la comisión de investigación sobre la crisis financiera. El informe, aprobado gracias a los votos favorables de PP, PSOE y Unidos Podemos, incluye críticas sobre la actuación de reguladores y supervisores tanto a la hora de prevenir la crisis como en las medidas tomadas para gestionarla, así como un catálogo de propuestas legislativas para reformar la normativa bancaria.

Buena parte del diagnóstico sobre la crisis financiera que desde hace años defiende el colectivo de inspectores de entidades de crédito en España, muy crítico con la labor de la cúpula directiva y ejecutiva del supervisor, ha sido incorporado al dictamen de la comisión de investigación. Así lo señala la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España (AIBE), que en un reciente comunicado interno al que ha tenido acceso Expansión Directo Banca tilda de «momento histórico» la aprobación de este informe parlamentario, toda vez que se atienden en el mismo diversas reclamaciones y propuestas lanzadas desde hace años por los equipos de inspección.

La principal reivindicación del colectivo inspector atendida por el Congreso es la aprobación de un estatuto del inspector de entidades de crédito. El Parlamento insta en su informe al próximo Gobierno a aprobar esta medida, que igualaría (al menos en parte) este colectivo con otros cuerpos inspectores de la Administración, asegurando de esta manera su independencia en el ejercicio de sus funciones. Hay, además, otras seis medidas que el Congreso ha incorporado en su dictamen final y que tendrían su origen en propuestas del colectivo inspector de entidades de crédito españolas.

La asociación ha criticado desde hace años los procedimientos de toma de decisiones, la falta de independencia y la tendencia a suavizar las conclusiones de las inspecciones de los responsables de Supervisión. En esta línea, el informe de la comisión parlamentaria incluye la necesidad de reformar la normativa «para garantizar la trazabilidad en los informes de inspección, así como en cualquier otro tipo de informe, orden, circular o documento oficial emitido en el seno de los organismos encargados de la regulación y supervisión».

La Cámara Baja concluye también que será conveniente modificar la legislación para poder mejorar «la fiscalización de los sistemas de nombramientos, promoción interna y designación de responsabilidades y funciones» dentro de estos organismos de supervisión financiera. Además, se deberá implementar un régimen de incompatibilidades «apropiado» que limite el riesgo de captura del regulador, así como las potenciales puertas giratorias.

El impulso desde España para crear un modelo de unión bancaria «equilibrado y garantista», la reforma de la normativa supervisora para que el Banco Central Europeo (BCE) avance hacia un modelo de «supervisión intrusiva» (aquella que entra a fondo a revisar todos los aspectos de una entidad, en contraste con el actual modelo de «autorregulación», más liviano en la inspección) y el fomento de una supervisión bancaria en el idioma propio de la sede de cada entidad (frente al actual modelo, que promueve el uso del inglés) son otras propuestas de los inspectores asumidas por el Congreso en su informe final.
(Expansión, 10-03-2019)

Bruselas ofrece al Reino Unido la opción de salir de forma unilateral de la unión aduanera
El negociador jefe de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, desveló hoy que la UE ha ofrecido al Reino Unido la opción de salir de forma unilateral de la unión aduanera contemplada en la salvaguarda para evitar una frontera física en la isla de Irlanda tras la retirada británica.

"La UE se compromete a dar al Reino Unido la opción de salir de la unión aduanera de manera unilateral, mientras que los otros elementos de la salvaguarda se deben mantener para evitar una frontera dura. El Reino Unido no será obligado a estar en una unión aduanera en contra de su voluntad", escribió en Twitter el político francés.

Fuentes comunitarias interpretan este movimiento como una oferta cuasi final ante la petición realizada esta mañana por la primera ministra británica Theresa May, quien en una comparecencia pública pedía abiertamente un pequeño empuje por parte de la Unión Europea para derribar las resistencias que aún se mantienen en el seno del Parlamento británico para dar luz verde al acuerdo final con Bruselas.
(El País, 09-03-2019)

 
 
 
 
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