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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 DE MARÇ DE 2019

Laboral

Medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
(BOE, 12-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Reordenación y actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad General Judicial
Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación y actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad General Judicial.
(BOE, 12-03-2019)

Actualización del anexo 1 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 12-03-2019)

Euro
Resolución de 11 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de marzo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-03-2019)

Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios
Resolución de 1 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 12-03-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/index.php?d=61&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 12 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

El precio de la luz subirá en abril porque vuelve el impuesto del 7% a la generación
Abril es un mes en el que el precio de la electricidad suele ser bajo, porque el clima es benigno, la demanda se reduce y la eólica funciona a buen ritmo. Pero el recibo de la luz subirá el próximo mes, porque el Gobierno no va a prorrogar la suspensión del impuesto al 7% de la generación, aprobada en octubre con una duración de seis meses, que provocó una rebaja del 3 al 4% en el recibo final de los consumidores. A medio plazo, esa reducción debería revertirse totalmente, pero en el próximo mes de abril, por la coyuntura climática, porque parte del mercado lo anticipaba y por mantenerse otras medidas -como la exención del céntimo verde de la generación con gas-, los mercados de futuros reflejan un encarecimiento menor: el lunes cambiaron la tendencia y dieron un súbito salto del 2,2% en el mercado mayorista, que se traducirá en un incremento del orden del 1% para los consumidores.

Después de semanas de rumores, anuncios y desmentidos, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reveló que el Gobierno no va a prorrogar la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), porque, tras la convocatoria de elecciones, "no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura".

Ribera, que hizo el anuncio durante la presentación del informe Leyes climáticas comparadas, elaborado por el Real Instituto Elcano, señaló que la reforma de la fiscalidad energética es una de las "dos o tres cuestiones críticas" que quedan pendientes para la próxima legislatura. A su juicio, en el modelo actual hay una "fiscalidad cruzada" que no manda las señales adecuadas "ni en una dirección ni en otra".

La Cartera dirigida por Ribera promulgó el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, con varias disposiciones para reducir el precio de la electricidad con vistas al invierno, entre las que destacan la suspensión por seis meses del IVPEE y la supresión del Impuesto Especial de Hidrocarburos a la generación con gas natural, para otorgarle una competitividad adicional frente a la generación con carbón. El mayor de los ahorros provenía de la suspensión del IVPEE, 534 millones, repartidos en 265 millones durante 2018 y en 269 millones durante este 2019.

El impacto estimado de la supresión del Impuesto al gas se calculó en 125 millones, 25 millones durante 2018 y 100 millones durante 2019. Esta menor recaudación, por otro lado, reduce el precio del mercado mayorista, puesto que el gas es la tecnología fósil que está marcando el precio de casación, y contribuye a moderar la subida de precios producida por la suspensión del IPVEE.

Los mercados de futuros reflejaron automáticamente la aplicación de estas medidas y el precio a un mes vista -noviembre- experimentó una reducción del 9%, de 75 euros por MWh a 68 euros por MWh. Este lunes los mercados de futuro con vistas a abril reaccionaron con menos intensidad, y apenas se separaron de la tendencia del resto de Europa: aunque saltaron bruscamente en cuanto se supo la noticia, el incremento se limitó a un 2,2%, desde 47,9 euros por MWh a 49 euros por MWh. Su traslado al precio final de los consumidores será del orden del 1% en mayo.

El Ministerio especifica que la imposibilidad de prorrogar el IVPEE -la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo aseguró hace unas semanas- deriva de la necesidad de promulgar una norma con rango de Ley y la inexistencia de Presupuestos para 2019. La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, introdujo el tributo en el ordenamiento jurídico para destinar su recaudación a financiar el sistema eléctrico y atajar el déficit de tarifa -recauda unos 1.500 millones al año- y cualquier modificación que experimente precisa una norma con rango de Ley, que exige la aprobación del Parlamento.

Las empresas están en contra del IVPEE desde que se creó, por las distorsiones que provoca en el precio del mercado; su aplicación genera un encarecimiento artificial del mercado mayorista nacional que, por ejemplo, aumenta las importaciones de electricidad desde Portugal y Francia.

De hecho, las eléctricas recurren el tributo periódicamente, argumentando que es contrario al derecho europeo, con la intención de que se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. Durante 2018 el Tribunal Supremo y el Constitucional lo analizaron sin que ninguno de los dos elevara el asunto a las instancias europeas. Pero ahora lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; si la justicia comunitaria lo declara ilegal, habría que devolver lo recaudado hasta ahora, unos 9.000 millones.
(Cinco Días, 12-03-2019)

Ofensiva de los empresarios para frenar una subida de impuestos
Los empresarios se preparan para la larga campaña electoral de este año, con comicios generales, autonómicos, municipales y europeos. Y más en concreto para contrarrestar la campaña de la izquierda y de los sindicatos que pide la subida de los impuestos a las empresas y a todo lo relacionado con los tributos de sucesión y el patrimonio, entre otros.

La patronal CEOE se propone "insistir en la comunicación de la realidad empresarial en España" que, en su opinión, "se sitúa en la media comunitaria". La organización se refiere a que el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas en España, está entre el 20% y el 25%, en función de su tamaño, salvo en Irlanda, que está en el 12,5%.

Lo que ocurre es que el Gobierno estima que las diferentes deducciones que hacen las empresas por diversas circunstancias pueden hacer que, incluso las grandes, lleguen a pagar el 10%, o menos, de los beneficios. Así, la CEOE, el Instituto de la Empresa Familiar y el Círculo de Empresarios, entre otras organizaciones, han contestado en reiteradas ocasiones estas cifras del Gobierno.

Precisamente, para contrarrestar el efecto de las deducciones en el Impuesto de Sociedades que realizan las empresas, el Gobierno había decidido fijar un porcentaje mínimo obligatorio en este tributo, situado en el 15% de los beneficios. La medida, como tantas otras, no ha salido adelante por la debilidad parlamentaria del Gobierno y la convocatoria de las elecciones generales. El Ejecutivo también quería crear una tasa sobre las transacciones financieras, otra tecnológica, para las grandes multinacionales del sector, y un impuesto sobre el uso del diésel.

Sin embargo, la patronal teme que, si el PSOE consigue gobernar, tras las elecciones generales del 28 de abril, el presidente, Pedro Sánchez, vuelva a la carga contra las empresas. Máxime, si, entre otras formaciones políticas, necesita otra vez el respaldo de Podemos para gobernar.

Por esta razón, en su Plan de Acción para 2019, la Comisión Fiscal de la CEOE llama a los empresarios a "reaccionar contra manifestaciones sobre la reducida presión fiscal empresarial". El objetivo es "evitar la generación de una corriente mayoritaria proclive a la necesidad de incrementar dicha presión fiscal". El informe subraya que "incrementar la presión fiscal va en contra de la mayoría de los países de nuestro entorno, que están reduciendo dicha presión, fundamentalmente reformando el Impuesto sobre Sociedades".

Como en el caso de las cotizaciones sociales, la patronal expresa así que la subida de impuestos a las empresas perjudica su competitividad en relación con las compañías de otros países de la Unión Europea.
En este contexto, la Comisión Fiscal de la CEOE, que preside Pilar González de Frutos, también máxima dirigente de Unespa, la patronal de seguros, se propone "mantener la actividad con la presentación de propuestas de mejora del marco tributario y formulación de observaciones y enmiendas a los proyectos fiscales que se espera para 2019". Por ejemplo, "si se crean nuevos impuestos como la imposición sobre las transacciones financieras, el impuesto sobre determinados servicios digitales, así como la reforma de determinados aspectos del Impuesto sobre Sociedades".
(Expansión, 12-03-2019)

Cataluña es un año más la comunidad donde las rentas bajas pagan más IRPF
La brecha fiscal que separa a los contribuyentes que residen en Cataluña y los que lo hacen en Madrid no sólo se mantiene, sino que en algunos casos se amplía. Cataluña es un año más la comunidad autónoma de España (del régimen fiscal general) donde los contribuyentes con menos ingresos pagan más impuestos. En paralelo, Madrid lidera una vez más el ranking de presión fiscal más baja en todos los tramos.

Un madrileño con rentas brutas del trabajo de 16.000 euros, soltero, menor de 65 años y sin hijos pagará 140 euros menos que un catalán, según un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas. Si ingresa 20.000 euros, el extra del contribuyente con residencia fiscal en Cataluña será de 241 euros, y de 308 si percibe 30.000 euros. En estos dos últimos casos, la brecha entre madrileños y catalanes se ha ampliado como consecuencia de la rebaja fiscal puesta en marcha por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en diciembre pasado.

En cambio, en las rentas altas la presión fiscal en Cataluña no es de las más altas del Estado. Al contrario, los contribuyentes con más recursos son los quintos de toda España con impuestos más bajos. La Generalitat descarta equiparar la presión fiscal en la banda baja por el elevado impacto que tendría en la recaudación, que afectaría al pago de los servicios sociales básicos. Fuentes próximas al Departament d’Economia, que dirige Pere Aragonès, concretan que la rebaja de impuestos en 2,5 puntos a las rentas bajas para equipararlo a otras comunidades significaría un descenso de la recaudación de unos 516 millones, ya que por las características del impuesto esa reducción acaba afectando a todos los contribuyentes. Los cálculos del Departament d’Economia son que una hipotética rebaja fiscal significaría un ahorro de unos 17 euros por persona en las rentas bajas y de 259 euros en las altas.

No obstante, algunos fiscalistas consideran una anomalía que, una vez superada la crisis, los catalanes con menos ingresos sean los que más paguen por IRPF de toda España y en cambio en otras figuras tributarias que afectan más a las rentas altas, como patrimonio o sucesiones, la presión fiscal esté más cerca de la media. Según el informe del Consejo General de Economistas, en patrimonio los contribuyentes se sitúan en la tercera posición de las 15 comunidades autónomas analizadas con tributos más altos. Las forales del País Vasco y Navarra quedan fuera del estudio. En sucesiones y donaciones, la presión fiscal en Cataluña se sitúa en la banda media.

El presidente del Consejo de Economistas, Valentí Pich, cree que “es importante que los partidos políticos se pongan de acuerdo en lo que hay que hacer con la financiación autonómica”. Para Pich, ese es el punto de partida necesario para reestructurar el modelo fiscal autonómico.
(La Vanguardia, 12-03-2019)

La OCDE sigue notando signos de ralentización de la actividad económica en la mayor parte de sus países miembros
Los indicadores compuestos avanzados que señalan por anticipado inflexiones en el ciclo económico cayeron en enero de forma significativa en ambos países: 19 centésimas para Alemania y 9 para Italia, de forma que quedaron respectivamente en 99,38 puntos y 99,18 puntos, por debajo del nivel 100 que marca la media de largo plazo, señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un comunicado hecho hoy público.

Francia, en cambio, se desmarca y muestra que su ritmo de crecimiento se está estabilizando: bajó tres centésimas a 99,08 puntos. En una situación similar aparece España, cuyo indicador en enero se mantuvo estable en 99,39 puntos, después de haber estado disminuyendo durante más de un año. Las señales de ralentización se continúan repitiendo en otros de los grandes países de la organización como Estados Unidos (su indicador cayó 23 centésimas a 99,05 puntos), Canadá (-15 centésimas a 98,85 puntos), Reino Unido (-17 centésimas a 98,41 puntos).

En Japón, que había estado al margen de esa corriente general, la OCDE también anticipa ahora una ralentización, como reflejo de la caída prevista de las ventas, del mercado bursátil y de las horas trabajadas en el sector manufacturero. Fuera del conocido como el "Club de los países desarrollados", entre los grandes emergentes China dio muestras de estabilización de su crecimiento, con una muy ligera caída de su indicador (-3 centésimas a 98,31 puntos).

La OCDE hizo notar que se confirman los signos de una inflexión positiva en el crecimiento de Brasil, cuyo indicador subió 27 centésimas hasta 102,58 puntos. Ningún otro país para los que existen estas estadísticas tuvo una cifra tan elevada.
(El Mundo, 12-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las comunidades cumplen por la mínima con el plazo de pago a proveedores
Los datos de cierre de 2018, publicados ayer por el Ministerio de Hacienda, indican que los ayuntamientos duplicaron el plazo legal, que la administración central lo superó claramente y que solo la Seguridad Social cumple holgadamente con él, si bien las cifras indican que también las comunidades autónomas lograron salvar el compromiso por la mínima.

En concreto, las regiones pagaron en diciembre en un periodo medio de 30,05 días, y en 29,9 días de media en el conjunto del año. La cifra supone una importante mejora frente al máximo de 39,47 días alcanzado en agosto y reconduce la morosidad pública de las regiones tras el vuelco al alza de 2018. En marzo del año pasado, las comunidades acumulaban 16 meses consecutivos por debajo de los 30 días de periodo de pago, marcando en 14,13 días el plazo más bajo desde el arranque de la serie, en septiembre de 2014. En abril, sin embargo, la cifra se disparó a 35 días.

Semejante salto se dio por la entrada en vigor de una nueva metodología de cálculo que adaptó el modelo español al europeo. Hasta entonces, los días transcurridos hasta el pago se contaban desde el registro de la factura o la aprobación del certificado de obra, pero desde abril el cálculo se inicia desde la fecha de aprobación del certificado de obra o de los documentos que acrediten la entrega de bienes o la prestación de servicios, aunque la factura se emita después.

La buena media final esconde, no obstante, fuertes diferencias por territorios. A cierre del año, con todo, solo Cantabria superaba el llamado “plazo excesivo” de más de 60 días, con 77,4 jornadas de media, si bien Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Extremadura superaban los 30 días. El resto se situaba por debajo, con Galicia y sus 16,9 días de media en el otro extremo.

En el caso de la administración central, la demora en diciembre fue de 32,61 días (39,12 de media anual). A cierre de 2018, la peor pagadora era la empresa pública Valladolid Alta Velocidad 2003, con 281,25 días de demora; seguida del consorcio del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Atapuerca (Cenieh), con 232,95 días, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, con 232,5 días, y de varias confederaciones hidrográficas. Por su parte, el ente público de Radio Televisión Española (RTVE), en liquidación desde el traspaso de estos medios a la nueva fórmula de Corporación pública, encabeza la lista de mejores pagadores, con menos de un día de demora, igual que el Consorcio del Castillo de San Fernando de Figueres, el centro universitario de la Defensa, o el parque central de alta velocidad de Valencia.

La Seguridad Social, a su vez, sigue siendo la administración más modélica: en diciembre pagaba en 23,51 días (19,5 de media en 2018) con buena parte de las mutuas abonando en solo unos días y la excepción del Fondo de Garantía Salarial (FGS), que tarda de 128,14 días en pagar. La mayor demora es de los ayuntamientos y entes locales que en diciembre tardaron 46,2 días en pagar a sus proveedores, llegando a 62,12 en la media de 2018.
(Expansión, 12-03-2019)

Londres y Bruselas resuelven su principal escollo en el plan del Brexit con más garantías sobre la frontera irlandesa
Tras una negociación a contrarreloj, y a pocas horas de la votación clave en el Parlamento británico, el Gobierno de Theresa May ha acordado con Bruselas garantías legales adicionales sobre la controvertida salvaguarda norirlandesa con las que espera convencer a los diputados conservadores más euroescépticos de que respalden hoy el acuerdo del Brexit en el Parlamento.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, anunciaron anoche el acuerdo de un instrumento legalmente vinculante a modo de "póliza de seguros" para resolver sus diferencias sobre la salvaguarda irlandesa.

"Como las pólizas tradicionales, no tiene por qué usarse (...) Pero si una de las partes actuase de mala fe, la otra tendría una vía de salida", explicó Juncker en una rueda de prensa junto a la premier británica a altas horas de la noche en Estrasburgo.

Se trata de un avance para la primera ministra conservadora, que este martes tratará de conseguir el visto bueno de la Cámara de los Comunes, que se frustró en el primer intento por falta, precisamente, de aclaraciones sobre los términos de la salvaguarda. Al mismo tiempo, no implica, según Juncker, reabrir el acuerdo alcanzado entre las partes para el divorcio, una línea roja para los Veintisiete.

"Es una póliza de seguros", dijo Juncker, quien insistió en que el nuevo instrumento "complementa el acuerdo sin reabrirlo". La primera ministra, la conservadora Theresa May, viajó ayer tarde a Bruselas para negociar dos nuevos documentos que complementarán el tratado de salida de la Unión Europea (UE) y que fueron presentados en la Cámara de los Comunes minutos antes de que cerrara el plazo para convocar la votación de hoy.

May tendrá que defender hoy en Londres su acuerdo revisado. Ayer explicó que lo que se ha añadido es "jurídicamente vinculante, que es lo que pidió el Parlamento británico". En las últimas semanas, los líderes de la UE habían descartado reabrir el texto del acuerdo y rebajar el alcance de la salvaguarda, que en opinión de Bruselas protege los acuerdos de paz de 1998, que no permiten levantar una frontera entre las dos Irlandas, así como la integridad del mercado único.

Los euroescépticos británicos creen, sin embargo, que ese mecanismo dejará al Reino Unido integrado en las estructuras de la UE hasta que se firme un nuevo acuerdo comercial, lo que puede tardar años, y eso dificultará negociar tratados comerciales con terceros países. También se ha elaborado una "declaración conjunta" en la que se explicita el compromiso para acelerar las negociaciones sobre la futura relación comercial y la intención de reemplazar la controvertida salvaguarda con un arreglo alternativo antes de diciembre de 2020.

Con el nuevo instrumento, que da más garantías a las partes en sus reivindicaciones, May espera conseguir este martes el respaldo que no obtuvo en su primer examen ante el Parlamento británico, hace dos meses. "Con estos cambios vinculantes queda claro que [la salvaguarda] será temporal y que si se aplicase pues también garantizamos alternativas como también pidió el Parlamento", añadió May. Por su parte, Juncker quiso dejar claro que no habrá "tercera oportunidad" si la premier británica vuelve a fracasar en la Cámara de los Comunes.

"No vamos a negociar más, yo creo que he sido muy claro", dijo el presidente del Ejecutivo comunitario, quien añadió que si este martes May consigue apoyos empezarán "inmediatamente" los contactos para diseñar la futura relación entre la UE y Reino Unido como tercer país. "O este acuerdo o no habrá Brexit", dijo Juncker, y añadió que en manos de los parlamentarios británicos hay "una gran responsabilidad".
(El País, 12-03-2019)

Sector

La banca deberá ser más clara al convertir en renta vitalicia una pensión privada
La banca tendrá que ser más transparente con sus clientes al asesorarlos cuando rescaten un plan de pensiones. El Tribunal Supremo ha condenado recientemente a Ibercaja por no haber informado adecuadamente sobre las consecuencias de convertir el capital de una pensión privada en una renta vitalicia.

El caso se remonta a 2003, cuando Eliseo, un cliente de Ibercaja, se jubiló. Esta persona tenía contratados dos planes de pensiones de la antigua caja de ahorros de Zaragoza. En total había ahorrado 36.247 euros en los dos productos.

En la sucursal de Ibercaja le recomendaron rescatar ese dinero en forma de renta asegurada mensual de 238 euros, a cobrar durante 15 años. Si él fallecía antes de ese periodo, la renta le correspondería a su mujer, Herminia.

Así, el capital del plan de pensiones se destinó a una prima para un seguro de vida-ahorro con la aseguradora Caser Ahorro vida (participada por Ibercaja). El caso es que los 15 años de vivencia de la renta se truncaron antes de tiempo, puesto que en 2008 falleció Herminia y en 2010 Eliseo.

Cuando su padre falleció, las tres hijas (Milagros, Mónica y Noelia), reclamaron a Ibercaja que siguieran pagando los 238 euros de renta vitalicia hasta la finalización del contrato, en 2018. Sin embargo, desde la caja se negaron al considerar que la única beneficiaria subsidiaria de la renta era su madre, que ya había fallecido.

Un juzgado de primera instancia falló a favor de las hijas, al considerar que no se había podido probar que su padre hubiera sido correctamente informado sobre la posibilidad de designar a otros beneficiarios del plan de pensiones tras el fallecimiento de su esposa. La Audiencia Provincial revocó la sentencia, y las tres hijas de Eliseo y Herminia llegaron al Tribunal Supremo, que ha acabado fallando a su favor, en una sentencia hecha pública a finales de enero.

El Alto Tribunal ha considerado que la información que recibió Eliseo no fue la “adecuada”, en lo referente a las opciones de cobro del plan de pensiones, y los diferentes riesgos de cada una. En la documentación que recibió “no consta de manera expresa que el derecho a cobrar la renta garantizada se extinguiera si fallecían él y su esposa”, argumentan los magistrados.

La sentencia del Supremo también recuerda que un plan de pensiones es un producto de ahorro para completar la pensión de jubilación, y no puede convertirse en un producto financiero más complejo al participar una aseguradora.

Para Patricia Suárez, presidenta de la asociación de la asociación de usuarios de servicios financieros, Asufin, “la sentencia es buena, aunque el Supremo podía haber aprovechado para aplicar el control de transparencia en este tipo de productos. Tarde o temprano, este tipo de productos complejos que se han contratado masivamente van a llegar a tribunales porque un consumidor medio, sin conocimientos específicos, no puede tomar la mejor decisión para sí mismo”.
(Cinco Días, 12-03-2019)

Los despachos se enfrentan al desafío de retener el talento
La retención de talento es uno de los grandes desafíos de los despachos de abogados. De hecho, el mercado de fichajes es uno de los grandes focos de atención (y rumores) del sector legal. La necesidad de arañar cuota de mercado e incrementar la cartera de clientes hace que los bufetes no se lo piensen dos veces a la hora de seducir a los profesionales estrella de sus rivales.

Hoy mismo se ha conocido que Cuatrecasas ha fichado a Soraya Sáenz de Santamaría, expresidenta del Gobierno, como socia del área mercantil y miembro del Consejo de Administración. No obstante, en las últimas semanas también se han producido algunos movimientos de renombre. Por ejemplo, Uría Menéndez anunció la incorporación de Jesús R. Mercader para el área de laboral en calidad de of counsel, o DLA Piper cerró el fichaje de José María Gil Robles como nuevo socio de mercantil. Según los headhunters especializados en el sector legal, el área más codiciada sigue siendo la mercantil, y dentro de ella, el M&A y el corporate finance. Aunque también señalan como pujantes las relacionadas con las nuevas tecnologías y la propiedad intelectual.

¿Cómo se cuece el fichaje de un abogado? El proceso no es en absoluto sencillo, según explican, y, en el mejor de los casos, puede cerrarse en tres meses. En otros, puede alargarse hasta un año, especialmente si se trata de negociaciones con firmas internacionales. Y la discreción, como en el mercado futbolístico, es clave.

Ignacio Bao, managing partner de Signium para España y Portugal, describe que el procedimiento puede empezar de dos formas: que el despacho pida buscar un profesional o que el headhunter se lo sugiera al bufete en áreas donde podrían ser más competitivos, por ser pujantes o porque están por debajo de la competencia. El proceso de comunicación suele comenzar con una llamada o un email muy formal. Según cuenta Bao, el abogado no suele atender llamadas de terceros y es muy celoso de su intimidad: “Cuando le dices que quieres verle para compartirle algo, en el 99% de los casos te dicen que te lo agradecen, pero no tienen intención de moverse. Yo le digo que lo sé, pero que es mi obligación contarle un proyecto”.

Los cazatalentos saben que muchas veces hay pactos de no agresión entre los despachos grandes y se abstienen de contactar con abogados muy buenos para mantener la “paz social” entre ellos. “Son los menos, pero todavía existen”, comenta Bao. También hay bufetes muy selectivos a la hora de fichar talento de otros. Es el caso de los anglosajones, que solo buscan candidatos de unos cinco o seis bufetes nacionales. “No quieren reclutar de ningún otro sitio y es muy difícil lograr que vean a alguien fuera de esa lista”, indica.

El proceso continúa con una serie de entrevistas que van de menos a más. Tras unas reuniones preliminares donde el headhunter va buscando lo que motiva al aspirante, es común tener encuentros con los socios del área o con el socio director de la oficina. “A esos niveles muchos abogados se conocen o han oído hablar el uno del otro y las conversaciones giran en torno a cómo puede encajar”, detalla Javier Colilla, abogado y consultor de SSQ. “Luego viene un estudio de mercado o del business plan de los clientes y, según la firma, debe ir a un comité de socios y aprobarse ahí”, explica.
(Cinco Días, 12-03-2019)

Cuando la política nutre a los bufetes
Expresidentes, exministros, ex secretarios de Estado o exalcaldes han encontrado en los bufetes una salida profesional para continuar con su trayectoria laboral una vez que deciden abandonar la política. "Todo aquel que abandona la política tiene derecho a rehacer su vida profesional". Son palabras del secretario general del PP, Teodoro García-Egea, que ayer no quiso entrar a valorar el fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría por Cuatrecasas, aunque sí defendió que la exvicepresidenta del Gobierno se incorpore al sector privado.

Donde unos ven puertas giratorias y otros lo consideran una oportunidad profesional, lo cierto es que el salto de la política a los despachos de abogados es algo de lo más habitual. Incluso la propia Dolores de Cospedal, con quien Sáenz de Santamaría se enfrentó para liderar el PP, estuvo a punto de colocarse en la oficina de Madrid del bufete anglosajón Hogan Lovells, aunque finalmente las negociaciones no prosperaron. En el caso de la exvicepresidenta, solicitó a principios de febrero en la Oficina de Conflicto de Intereses el visto bueno para poder incorporarse a la empresa privada, informe favorable que fue emitido a principios de marzo. Además, Sáenz de Santamaría podrá seguir siendo consejera de Estado, cargo que es compatible con el de socia de Cuatrecasas.

El sector de los bufetes especializados en derecho de los negocios está repleto de casos similares. Uno de los fichajes más recientes fue el del exministro de Justicia Rafael Catalá por parte de Herbert Smith, aunque en este caso fue como miembro de su consejo asesor. En este mismo organismo se encuentra también Josep Piqué. El caso de Sáenz de Santamaría es diferente, ya que su incorporación conlleva una total implicación en el bufete, similar a la de otros exministros, como Francisco Caamaño, que es socio de CCS Abogados.

En otras situaciones, incluso se trata de socios fundadores que lideran sus propios despachos, como José María Michavila o Ángel Acebes, al frente de MAAbogados; o de Alberto Ruiz-Gallardón, que preside el bufete que lleva por nombre su apellido.

En cuanto a los que no son socios, pero forman parte del consejo asesor, uno de los casos más conocidos es el del expresidente José María Aznar, que estuvo primero en el órgano consultivo de DLA Piper a nivel mundial y ahora ocupa un cargo similar en Latham & Watkins, uno de los bufetes más grandes del mundo.

Y aunque el camino en la dirección contraria, es decir, desde el despacho a la esfera política, es una vía menos transitada, también se encuentran ejemplos en España. Es el caso de Adolfo Suárez Illana, que hasta octubre del año pasado ocupaba la presidencia internacional de Ontier. Sin embargo, decidió dejar este cargo para centrarse en su carrera política y asumir la presidencia de la Fundación Concordia y Libertad, creada por el Partido Popular.
(Expansión, 12-03-2019)

Más de 340 jueces han solicitado ya el curso en perspectiva de género
Más de 340 jueces y juezas han solicitado en solo dos días el curso de formación online sobre perspectiva de género que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de poner en marcha. Tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Doméstica y de Género, todos los jueces y magistrados que quieran acceder a cualquier especialidad deberán acreditar la formación en perspectiva de género.

El curso de formación en perspectiva de género, que ha sido diseñado por expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con el apoyo del servicio de Formación Continua del CGPJ, será ofrecido también a los fiscales que quieran ingresar en la carrera judicial por la vía de la especialización. Los fiscales, por tanto, podrán tener acceso a los mismos contenidos que los jueces en virtud de un convenio de colaboración entre el CGPJ y el Centro de Estudios Jurídicos.

Además de la puesta en marcha de los cursos de perspectiva de género, el CGPJ trabaja ya en la elaboración de los cursos y pruebas que deberán superar los jueces y juezas que aspiren a ocupar una plaza en un Juzgado o sección especializados en Violencia Doméstica y de Género.

Tras la reforma de la LOPJ, la Violencia Doméstica y de Género es una nueva especialidad, en los mismos términos que los son las de Menores o Mercantil. Por ello, los jueces que quieran especializarse deberán acreditar su conocimiento en la materia. Un grupo de trabajo integrado por expertos en la materia estudia ya el diseño de los contenidos y las pruebas de esta nueva especialidad.
(El Mundo, 12-03-2019)

 
 
 
 
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