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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 14 DE MARÇ DE 2019

Laboral

Regulación de la dieta de los miembros de las mesas electorales
Orden INT/282/2019, de 7 de marzo, de regulación de la dieta de los miembros de las mesas electorales.
(BOE, 14-03-2019)

Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
(BOE, 14-03-2019)

VI Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017)
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017).
(BOE, 14-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 13 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de marzo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-03-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/index.php?d=63&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 14 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

“Todas las empresas deben pagar su parte justa de impuestos donde logran beneficios”
Banco Santander ha presentado alegaciones en la consulta pública lanzada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al documento Abordando los desafíos tributarios de la digitalización de la economía, en el que esta organización establece alternativas para adaptar el sistema tributario a la nueva economía digital y avanzar en un impuesto sobre servicios digitales, bautizado popularmente como tasa Google.

El organismo presidido por el mexicano Ángel Gurría celebra este miércoles y jueves unas jornadas para analizar las alegaciones presentadas por los grupos de interés (stakeholders) y tratar de avanzar en el nuevo sistema tributario para la economía digital.

En sus alegaciones, Santander señala que "todas las empresas deben pagar su parte justa de los impuestos allí donde hacen los beneficios para que los gobiernos puedan prestar los servicios públicos y seguridad a los ciudadanos". Y añade: "Apoyamos una solución basada en el consenso para los derechos de asignación de impuestos a través de un marco que sea justo, equitativo, coherente y consistente, fácil de implementar y de administrar por parte de las empresas y las autoridades fiscales. Este marco debería incluir medidas para prevenir la doble imposición y un instrumento robusto para solucionar conflictos". Santander destaca la importancia de que se cumpla el calendario previsto por el grupo de trabajo para que en 2020 se alcance un consenso sobre una solución a largo plazo para los retos derivados de la digitalización de la economía.

La presidenta del Santander, Ana Botín, se ha mostrado contundente sobre la necesidad de que las grandes tecnológicas paguen impuestos. En sus últimas intervenciones públicas ha cargado contra estas por "no pagar una parte justa de impuestos" y ha reclamado un marco fiscal justo para que cada sector pague en función de donde genera sus beneficios. "No pido que se graven las actividades digitales; abogo por un sistema fiscal justo y equitativo, que exista reciprocidad, es decir, que, a iguales servicios, se tengan las mismas reglas en todos los sentidos. Abogo por tener las mismas obligaciones independiente de quién seas", dijo el pasado noviembre.

Santander es la única gran empresa española que ha presentado alegaciones al documento de la OCDE y ha participado en este proceso para crear un marco común sobre la tributación digital. Un total de 212 grandes empresas, consultoras como las big four (KPMG, Deloitte, EY y Pwc), despachos de abogados, lobbies para reducir la presión fiscal sobre las empresas o para elevarla han presentado alegaciones al documento de la OCDE. Santander es la única gran empresa española que ha participado en este intercambio de opiniones con la OCDE, que se ha convertido en el impulsor de la nueva fiscalidad internacional. Entre las empresas digitales que han presentado mejoras u objeciones a la propuesta del organismo presidido por Ángel Gurría figuran Booking, Uber, Blablacar, Spotify, Zalando, la farmacéutica AstraZeneca, Carrefour, la IATA, Procter&Gamble, Vodafone o Volvo.

El documento de la OCDE fue presentado el pasado 13 de febrero y, en síntesis, presenta tres propuestas para gravar a las denominadas GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple). La dificultad de que las grandes empresas digitales aprovechen los vericuetos de las legislaciones de los diferentes países para reducir al mínimo su factura fiscal, o la complejidad de definir las características del negocio digital ha llevado a la OCDE a proponer tres alternativas para hacer tributar más a estas empresas. "En este documento de consulta, que presenta una serie de propuestas que podrían formar parte de una solución a largo plazo para los desafíos más amplios que surgen de la digitalización de la economía y las cuestiones pendientes del BEPS (el acrónimo en ingles de Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios). Las propuestas se encuentran en la fase de diseño de políticas y, por lo tanto, su descripción se ha mantenido en un alto nivel", señala el informe de 32 páginas de la OCDE.

La primera propuesta consistiría en basar el impuesto en la “participación del usuario”. Esta propuesta se centra en el valor creado por ciertas empresas altamente digitalizadas mediante el desarrollo de una base de usuarios activa y comprometida, y la solicitud de contribuciones de datos y contenido.

La segunda propuesta consiste en tributaria los "intangibles de marketing" o publicidad. Al igual que la propuesta anterior, cambiaría la asignación de beneficios y las reglas de nexo. Pero a diferencia de esta no se pretendía que se aplicara solo a un subconjunto de empresas altamente digitalizadas. En su lugar, tendría un alcance más amplio en un esfuerzo por responder al impacto más amplio de la digitalización en la economía.

Y la tercera, basada en la "presencia económica significativa". Esta propuesta busca definir el concepto de "presencia económica significativa" para hacer tributar a las empresas allí donde generen sus negocios. "Esta propuesta está motivada por la opinión de que la digitalización de la economía y otros avances tecnológicos han permitido a las empresas comerciales involucrarse en gran medida en la vida económica de una jurisdicción sin una presencia física significativa", señala el documento.
(Cinco Días, 14-03-2019)

Hacienda ultima ya la Campaña de la renta del ejercicio 2018, que arrancará oficialmente el próximo 2 de abril
La Agencia Tributaria pondrá desde mañana a disposición de los contribuyentes sus datos fiscales del año pasado a fin de que puedan tener acceso anticipado a la información y descargarla desde su web, como ya se hizo en la campaña anterior. La de este año trae novedades para las rentas bajas, las familias numerosas, las prestaciones de maternidad y paternidad o los autónomos.

Para empezar, quedarán exentos de pagar IRPF aquellas personas que ingresen hasta 14.000 euros anuales, frente al límite anterior de 12.000. En todo caso, no tienen obligación de presentar declaración aquellos que ingresen hasta 22.000 euros anuales de un solo pagador, ni los que, teniendo varios, no reciban de los secundarios más de 1.500 euros.

Este año, además, tampoco tendrán que tributar quienes reciban de varios pagadores hasta 12.643 euros frente a los 12.000 de antes, siempre que fueran devengados tras el 5 de julio de 2018, cuando el cambio entró en vigor con los Presupuestos del Estado. Estos fijaron una rebaja del IRPF para rentas de 14.000 a 18.000 euros, con un descuento medio de 440 euros.

Esos nuevos umbrales podrían llegar a impedir que, pese a la creación de empleo, se bata el récord histórico de declaraciones de 2018: 19,98 millones. Dicho año, la Agencia Tributaria devolvió 9.327 millones a 13,5 millones de contribuyentes por las rentas de 2017. A su vez, 5,52 millones de españoles tuvieron que pagar 10.380 millones al fisco. En 2019, los contribuyentes tendrán hasta el 1 de julio incluido para presentar su declaración del año 2018, o el 26 de junio si domicilian el pago o cobro que les corresponda. A quien le salga a pagar podrá fraccionar el abono, liquidando un 60% con la declaración y el resto antes del 5 de noviembre.

Además, este año, por primera vez, estarán exentas de tributar las prestaciones por maternidad y paternidad (tras la sentencia del Supremo que llevó a Hacienda a devolver lo cobrado desde 2014). A su vez, se elevan las deducciones por maternidad, permitiendo deducir hasta 1.000 euros del gasto en guardería de hijos de hasta tres años; aumenta en 600 euros la deducción por cada hijo que adicional en las familias numerosas y se amplían las de discapacitados al cargo.

En paralelo, recogía ayer el BOE, el modelo de declaración incluirá dos nuevas casillas para reflejar los gastos de suministros y manutención fiscalmente deducibles de los autónomos que trabajan en casa e incorpora una deducción para quien tiene su familia en otro país de la UE. Finalmente, Hacienda ha eliminado este año la predeclaración en papel, aunque podrá imprimirse y presentarse vía web, teléfono, o en oficina.
(El País, 14-03-2019)

Laboral

CC OO reclama el derecho a la desconexión en el sector financiero
Las antiguas cajas de ahorros, asociadas a la CECA, inician hoy las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre su futuro convenio colectivo. Estas serán así, las primeras aproximaciones dentro del sector financiero que se inician para aprobar lo que será el convenio colectivo más afectado por la digitalización realizado hasta ahora. De momento, no hay fecha para el inicio de las negociaciones del convenio de banca, pero tradicionalmente ambos colectivos firman prácticamente las mismas condiciones y subidas salariales.

CC OO, sindicato mayoritario en el sector financiero, reclamará incrementos salariales en la tabla del convenio y mecanismos de retribución extraordinaria para participar de “los buenos resultados de las empresas”. Además, reclaman la erradicación de las prolongaciones de las jornadas laborales, derecho a la desconexión, así como “combatir la presión comercial y la disponibilidad indiscriminada que se hace de nuestro tiempo y nos impide llevar a cabo una conciliación efectiva”, explican desde este sindicato.

Sobre la digitalización piden intervenir en los cambios organizativos que provoca, “manteniendo los derechos laborales y regulando aquellos otros nuevos que sean necesarios”. Planes de igualdad, de desarrollo profesional y formación. Además, reclaman “frenar el deterioro de la salud de la plantilla, realizando adecuadamente la evaluación de los riesgos psicosociales”.

También se han iniciado las negociaciones del convenio de la mediación del seguro. En ellas, CCOO ha planteado un incremento salarial fijo del 2% para cada año de vigencia del convenio de mediación de seguros, con una cláusula de salvaguarda del poder adquisitivo de los salarios vinculada al IPC, así como la aplicación de una tabla de incremento salarial variable que relacione los ingresos por comisiones de las empresas y que suponga un 1% de incremento adicional consolidable.

Hoy también se reanudan las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo en el ERE que ha planteado CaixaBank para su plantilla.
(Cinco Días, 14-03-2019) 

El Congreso decide hoy si tramita la ampliación del permiso de paternidad
La Mesa del Congreso de los Diputados decidirá hoy si admite la tramitación del decreto ley de igualdad que amplía de cinco a ocho semanas los permisos de paternidad, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo, después de que Ciudadanos haya planteado dudas sobre su constitucionalidad.

En concreto, el partido que lidera Albert Rivera asevera que el decreto del Ejecutivo modificaría varios apartados de la Ley Orgánica de Igualdad, que no puede ser alterada por una norma de menor rango. Haría falta otra ley orgánica avalada por mayoría absoluta del Congreso, como avalaría la sentencia del Tribunal Constitucional 60/1986 del 20 mayo sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El vicepresidente primero del Congreso, el miembro de Cs Ignacio Prendes, aseveró ayer que las reticencias de su partido son de carácter “técnico y jurídico, no político” con el fondo de la norma. Añadió que lo que le preocupa es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretenda “limitar y usurpar las funciones del Congreso” legislando indebidamente en periodo preelectoral.

La Mesa del Congreso, controlada por PP y Cs, deberá decidir por tanto si tumba el decreto antes incluso de que entre en vigor, el próximo 1 de abril, o si permite que el texto sea elevado a la Diputación Permanente del Parlamento, que deberá decidir si lo convalida o no.

Un informe de los letrados del Congreso abrió ayer, sin embargo, una tercera vía al aclarar que la Diputación Permanente puede convalidar los decretos del Gobierno en forma de proyecto de ley, de manera que puedan ser modificados durante su tramitación.

Los abogados destacan que, disueltas las Cortes, la Diputación Permanente tiene “todas las facultades” que la Constitución otorga a las Cámaras, incluida esa. Ciudadanos ya avanzó que pedirá este tipo de tramitación para los últimos decretos del Gobierno que, además del de igualdad, ha aprobado otros en materia laboral, de alquileres o de Brexit.

Los proyectos de ley, en todo caso, deberían ser aprobados antes del 21 de mayo, cuando volverán a constituirse las Cámaras, o decaerán.
(Expansión, 14-03-2019)

CEOE pide subir la edad de jubilación y rebajas en Sociedades y en las cotizaciones
Los empresarios proponen que, después de las próximas elecciones generales del 28 de abril, se impulse una nueva agenda de reformas estructurales y diversos pactos de Estado que permitan afrontar los grandes desafíos a los que se enfrentará la economía española en el futuro, según el documento aprobado hoy por la Junta Directiva de CEOE. El informe plantea más de un centenar de propuestas en una veintena de áreas.

Entre las propuestas se recoge el aumento de la edad de jubilación a medida que suba la esperanza de vida, rebajas en el Impuesto de Sociedades y en las cotizaciones empresariales, la supresión del Impuesto de Patrimonio y la reducción del Impuesto sobre Sucesiones, "que en la actualidad alcanza niveles confiscatorios en algunas comunidades autónomas".

La Confederación ha detectado cuatro grandes riesgos: la inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y el quebrantamiento de la unidad de mercado. Según los empresarios, si estos riesgos se materializan "se podría acelerar la tendencia a la desaceleración que ha iniciado la economía española”. Asimismo, destacan que “el nuevo Gobierno tiene en sus manos la capacidad de reducir, e incluso eliminar estos riesgos internos y revertir la desaceleración”.

Ante esos cuatro riesgos, plantea cuatro grandes líneas de actuación, donde se engloban todas sus propuestas: garantizar la estabilidad política e institucional; intensificar el proceso de consolidación fiscal; continuar el proceso de reformas estructurales, y apostar por la unidad de mercado.

En ese sentido, la patronal subraya que “la estabilidad política es equivalente a credibilidad y seguridad jurídica y condición necesaria para que se mantenga, e incluso mejore, la confianza de los ciudadanos empresas e inversores en nuestro país”. Según los empresarios, “la actividad empresarial se ve beneficiada cuando el clima político se caracteriza por la moderación y el encuentro, como base de la sostenibilidad de las instituciones que configuran nuestra economía de mercado: la libertad de empresa y el derecho de propiedad”.

La CEOE considera que hay que “continuar el proceso de reformas estructurales” llevando a cabo una política económica que resuelva problemas como el bajo crecimiento potencial debido a la elevada tasa de paro; la dificultad para reducir el déficit a pesar de los altos ritmos de actividad y de empleo; el envejecimiento poblacional; la baja productividad, o la elevada deuda exterior.

El documento explica que “el único momento en el que suelen acometerse reformas estructurales de calado es al principio de una legislatura, sin perjuicio de que sus efectos favorables se mantengan a lo largo del tiempo”. Por ello, los empresarios creen que hay que “mirar hacia adelante y no revertir las reformas que han sido claves para apuntalar la dinámica económica y la confianza de nuestros agentes”.

En Seguridad Social, propone revisar su financiación, "separando lo que es contributivo de lo que no lo es para que lo primero se financie con las cotizaciones de empresarios y trabajadores y segundo a través del Estado". "Ello permitiría", añade, "una rebaja del tipo de cotización a cargo del empresario". En ese sentido, se queja de la que las cuotas empresariales a la Seguridad Social son "considerablemente superiores" a la media europea y suponen un impuesto sobre el empleo y la competitividad de las empresas, por lo que insta a rebajarlas.

También reclama una gestión eficiente y eficaz de las prestaciones, especialmente de la incapacidad temporal derivada de enfermedad común, y la puesta en marcha de reformas simultáneas en el sistema "en varios frentes", como la lucha contra el fraude en las cotizaciones y el aumento de la edad de jubilación a medida que lo haga la esperanza de vida. Asimismo, apuesta por reformar el marco regulador de la previsión social complementaria, facilitando incentivos fiscales y una mayor transparencia y disponibilidad, y pide mejorar los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del absentismo laboral.
(Expansión, 14-03-2019)

Los trabajadores españoles desconfían de las políticas públicas para incentivar el empleo
La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) continúa creciendo, aunque a un menor ritmo que en los últimos años. En total, ya son más de 3,2 millones de autónomos en España. Según un estudio realizado por Infoempleo y Adecco, 6 de cada 10 autónomos españoles lo son por necesidad, mientras que el 34% restante se ha dado de alta en el RETA porque ha detectado una oportunidad laboral.

Los encuestados han comentado que su principal fuente de financiación son los ahorros y el capital propio (68,3%), mientras que una pequeña parte recurre a otras fuentes como la familia o los amigos. Los préstamos bancarios y la capitalización del paro son las alternativas menos comunes. Por otro lado, el hecho de tener una experiencia profesional adecuada es la señalada por los autónomos como lo más importante para lograr el éxito como freelances.

“A pesar de la importancia de contar con un buen sistema de financiación para emprender un proyecto laboral independiente, los autónomos en nuestro país consideran que lo importante para lograr el éxito como autónomo es contar con la experiencia profesional adecuada, tal y como señala el 34,6% de ellos. También lo es tener una buena idea empresarial (24,4%)”, explican desde Adecco.

Otro de los datos que destaca el estudio es que en España más del 36% de los autónomos es económicamente dependiente (TRADE), así como que casi el 48% considera que el principal inconveniente de su trabajo son las elevadas cargas sociales y administrativas. Otro 42% lo achaca a la alta fiscalidad. Cuestionado por las previsiones de contratación, tan solo el 12,2% de los trabajadores por cuenta propia tiene pensado contratar personal durante 2019.

Por último, también se ha consultado a los autónomos su opinión sobre las políticas públicas de Gobierno central, las comunidades autónomas y sus ayuntamientos para incentivar el empleo. Poco más de la mitad considera que este tipo de medidas lo que persiguen verdaderamente es recaudar dinero a través de impuestos a empresas y trabajadores.
(El País, 14-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los precios suben el 0,2% en febrero y el 1,1% en tasa anual
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,2% en febrero en relación al mes anterior y elevó una décima su tasa interanual, hasta el 1,1%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. Estadística ha atribuido el repunte de la tasa interanual del IPC de febrero al encarecimiento de las gasolinas y de determinados alimentos, como las legumbres y hortalizas.

La tasa interanual de febrero es la trigésima tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 1,1% superiores a los de hace un año. Con el dato de febrero, el IPC suma cuatro meses consecutivos con tasas interanuales inferiores al 2%.

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, disminuyó una décima en febrero, hasta el 0,7%, con lo que se sitúa cuatro décimas por debajo de la del IPC general. En el segundo mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 1,1%, una décima más que en enero.

Según el INE, entre los grupos que contribuyeron a la aceleración de la tasa interanual del IPC en febrero se encuentran el transporte, que elevó dos puntos su tasa anual, hasta el 1,8%, por los carburantes, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó cinco décimas, hasta el 1,4%, por las legumbres y hortalizas frescas y la evolución de los precios del pescado y el marisco.
(La Vanguardia, 14-03-2019)

El Parlamento británico evita una salida sin acuerdo de la UE
Tras el segundo y sonado rechazo del Parlamento británico al acuerdo del Brexit este martes, y a tan solo dos semanas de que se materialice el divorcio con la UE, la Cámara de los Comunes respaldó este miércoles, por una mayoría de 43 votos (321 a favor y 278 en contra) evitar una salida sin acuerdo.

La ajustada diferencia muestra la enorme división que reina entre los diputados británicos, que ni siquiera fueron capaces de cerrar filas para evitar una salida abrupta y desordenada. Antes de la votación de esta enmienda presentada por el Gobierno, la Cámara también aprobó, aunque por un margen de apenas cuatro votos, otra enmienda similar que instaba a rechazar un Brexit duro en cualquiera de las circunstancias.

El Parlamento tumbó en cambio por una amplia mayoría de 210 votos de diferencia otra enmienda presentada por la bancada euroescéptica conocida como el compromiso Malthouse que pedía extender el plazo de salida hasta el 22 de mayo, buscar acuerdos bilaterales sectoriales con la UE y establecer una transición hasta finales de 2021. El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ya había avisado de que no podría aplicarse ningún periodo transitorio sin antes aprobar el acuerdo de salida.

“Hay una clara mayoría en esta Cámara en contra de irse sin un acuerdo”, valoró la primera ministra, Theresa May, tras los resultados. La premier anunció que este jueves se votará en la Cámara la extensión del plazo de salida, cuya aprobación por parte de los Veintisiete podría darse en el próximo Consejo Europeo del 21 y 22 de marzo.

La gran incógnita ahora es saber por cuánto tiempo se pospondrá el Brexit, si hasta la celebración de las elecciones europeas a finales de mayo – tal y como defiende May–, o por más tiempo, lo que permitiría convocar elecciones anticipadas o incluso un segundo referéndum, pero obligaría a participar en las elecciones europeas, lo que sería un verdadero quebradero de cabeza para la UE.

Extensión corta: ¿será suficiente? En todo caso, Bruselas condiciona la aprobación de una posible prórroga solicitada por Londres a la presentación de una hoja de ruta clara y una “justificación creíble” del Ejecutivo británico. El presidente del Parlamento Europeo, Jean-Claude Juncker, es favorable de una “extensión técnica” de no más de ocho semanas, es decir, hasta las elecciones europeas que se celebrarán entre el 23 y 26 de mayo. Otras fuentes creen se podría alargar hasta la primera sesión plenaria del Parlamento Europeo tras la cita electoral, prevista para el 2 de julio.

Fuentes diplomáticas de la UE dudan, sin embargo, que una extensión tan corta pueda desbloquear la parálisis. El acuerdo de May ya ha sido ampliamente rechazado dos veces por el Parlamento británico y la UE ha reiterado una y otra vez que el texto no es renegociable y que no hará más concesiones, por lo que es difícil imaginar cómo unas semanas de más pueden lograr hacer cambiar de opinión a los 391 diputados que votaron en contra este martes.

Por esa razón, muchos analistas como Citi, UBS, ING o Amundi, ven prácticamente inevitable la celebración de unas elecciones anticipadas como una vía "necesaria pero no suficiente" para romper el impasse del momento. Según Citi, May podría llegar a plantear la opción este mismo jueves antes de que se vote la extensión del artículo 50. A pesar de que es poco probable que diera tiempo, la entidad plantea la posibilidad de que pudieran celebrarse este próximo 2 de mayo, coincidiendo con las elecciones locales en el país.

Extensión larga: facilitaría un giro estratégico, pero supone un dolor de cabeza para la UE. Según muchos analistas, solo una extensión larga -hasta finales de año o incluso hasta diciembre de 2020- podría permitir llevar a cabo cambios sustanciales que desencallen la situación, tales como la celebración de elecciones anticipadas o incluso de un segundo referéndum, tal y como se ha comprometido a impulsar el Partido Laborista (aunque a regañadientes, ya que algunos de sus votantes son partidarios del Brexit).

El Partido Conservador que lidera May podría verse tentado a celebrar elecciones anticipadas para salir reforzado en el Parlamento y obtener los diputados necesarios para aprobar el acuerdo. A pesar de que una inmensa mayoría de ciudadanos considera que la premier ha gestionado mal el Brexit, su formación sigue liderando las encuestas con el 40% de los votos, frente al 31% de los Laboristas, según YouGov. La primera ministra ya recurrió a esta estrategia en junio de 2017 -convocando las elecciones con apenas dos meses de antelación- aunque entonces no le salió bien: acabó perdiendo 13 diputados.

Otra salida podría ser convocar una segunda consulta, una opción a la que se niega May y que respaldan quienes se oponen al Brexit, ya que, según las encuestas, el plebiscito podría dar como resultado la permanencia en la UE. En concreto, según YouGov, el 48% de los británicos cree que votar a favor del Brexit fue una mala idea, frente a un 40% que opina que fue bueno para el país, la mayor diferencia desde que se celebró el referéndum de junio de 2016. Por otro lado, un 39% de los ciudadanos del país considera que la mejor solución para salir de este embrollo es que se celebre un segundo referéndum a favor de quedarse en la UE, frente a un 26% que piensa que la mejor opción sería que Reino Unido salga de forma ordenada, pero manteniéndose dentro de la unión aduanera y del mercado único, otra de las reivindicaciones del Partido Laborista.
(El Mundo, 14-03-2019)

 
 
 
 
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