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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 15 DE MARÇ DE 2019

Laboral

Plan Anual de Política de Empleo para 2019
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
(BOE, 15-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 14 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de marzo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 15-03-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/index.php?d=64&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 15 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

El Gobierno impulsa un plan de ayudas para los ayuntamientos en riesgo financiero
El Gobierno ha decido este jueves poner en marcha un plan de choque para ayudar a los ayuntamientos y entes locales en riesgo financiero. El paquete incluye la flexibilización de condiciones de pago, periodos de amortización, carencia y tipos de interés de los préstamos concedidos a municipios a través del Fondo de Financiación de Entidades Locales.

Así lo ha aprobado la Comisión Delegada del Gobierno para Asunto s Económicos (Cdgae) en su reunión de este jueves en la que también se ha aprobado el reparto de 2.055 millones de euros del Fondo de Financiación de las comunidades autónomas para las distintas regiones.

El Gobierno ha defendido, mediante un comunicado oficial, que el objetivo de su plan de ayudas “es que los Ayuntamientos que presentan situaciones de riesgo puedan cumplir con los pagos de las cuotas de los préstamos adquiridos” lo que beneficiará a ayuntamientos y otras corporaciones municipales.

Un primer paquete de medidas beneficiará a 149 entidades locales que, a 31 de enero de 2019, tenían un importe pendiente de cancelar por valor de 433,89 millones de euros. En su caso se contempla la modificación del tipo de interés aplicable en las operaciones de cancelación mediante retenciones en la participación en tributos del Estado de la deuda con cargo al Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales (FFPP). Además, se permitirá a las corporaciones locales en esta situación que sustituyan las retenciones aplicadas por un préstamo con cargo al Fondo de Ordenación por el importe de la deuda pendiente de cancelar.

En segundo lugar, se permitirá la agrupación de los préstamos formalizados con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales, modificando las condiciones financieras en lo que se refiere a los períodos de amortización y de carencia y al tipo de interés. En la actualidad, 1.413 ayuntamientos tienen préstamos vivos con el fondo con un saldo pendiente de amortizar de 6.351,80 millones de euros. La medida beneficiará a 283 de esos municipios que, aunque solo suman el 20% del grupo, sufren el 81% de la deuda total: 5.117,21 millones de euros.

Otros 96 ayuntamientos que presentan una elevada carga financiera se beneficiarán de condiciones financieras específicas consistente en incrementar el período de amortización para los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Finalmente, el Gobierno aumentará el período de amortización para los préstamos que no hayan podido ser agrupados y que se hayan formalizado por ayuntamientos con un período medio de pago a proveedores excesivo. Esta iniciativa ayudará a aliviar la carga de 80 ayuntamientos que mantienen una deuda viva de 544,72 millones de euros.

En paralelo, la Comisión Delegada ha acordado que el Fondo de Financiación autonómico destine 1.254,51 millones a la Facilidad Financiera, al que están adheridas Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia y La Rioja, y 801,01 millones más al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que dependen Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. Castilla y León, Madrid, País Vasco y Navarra no han solicitado financiación del fondo regional.
(Expansión, 15-03-2019)

La Agencia Tributaria ya ofrece en su web los datos fiscales del ejercicio 2018
Para que cada contribuyente pueda consultarlos y descargárselos a fin de manejar anticipadamente toda la información referente a la campaña de la renta que arrancará a principios de abril. En concreto, la campaña del IRPF se iniciará el próximo martes 2 de abril, primer día en que podrán confirmarse los borradores elaborados por la Agencia Tributaria. Las declaraciones podrán seguir presentándose hasta el 1 de julio incluido.

¿Qué datos y servicios adelanta desde este viernes la Agencia Tributaria? Desde el año pasado, la Agencia Tributaria permite acceder a los datos fiscales del ejercicio previo con un par de semanas de anticipación al inicio de la campaña. Además, ofrece una serie de servicios de asistencia, como son las descargas y visualización de datos fiscales, la obtención del número de referencia y los envíos postales a determinado colectivo de contribuyentes.

¿Cuál es el objetivo? La finalidad de este anticipo es que los contribuyentes que lo deseen puedan consultar su información y prepararse si lo desean para presentar la declaración incluso el primer día de la campaña, el 2 de abril. En 2018, más de un millón de contribuyentes aprovecharon esta ventaja accediendo anticipadamente a sus datos.

¿Cómo puede presentarse la declaración? La declaración podrá presentarse a través de la página web de la Agencia Tributaria, por teléfono, en sus oficinas o mediante la confirmación del borrador a través de la aplicación móvil lanzada el año pasado.

¿Hasta qué nivel de ingresos se está exento de pagar IRPF? Desde este año, están exentos de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aquellas personas que ingresen hasta 14.000 euros anuales, frente al límite anterior de 12.000.

¿Debo presentar obligatoriamente la declaración? No tienen obligación de presentar declaración aquellos que ingresen hasta 22.000 euros anuales de un solo pagador, ni los que, teniendo varios, no reciban de los secundarios más de 1.500 euros.

¿Y si tengo más de un pagador? En la campaña de la renta de este año no tendrán que tributar quienes reciban de varios pagadores hasta 12.643 euros frente a los 12.000 de antes, siempre que fueran devengados tras el 5 de julio de 2018, cuando el cambio entró en vigor con los Presupuestos del Estado.

¿Hay cambios en la tributación de IRPF de 2018? Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluyeron una rebaja del IRPF para rentas de 14.000 a 18.000 euros, con un descuento medio de 440 euros.

¿Cuántas personas presentan la declaración? En 2018 se marcó un récord con 19,98 millones de declaraciones.

¿Es más común que el resultado sea a pagar o a devolver? Es más común que salga a devolver por el amplio número de trabajadores por cuenta ajena a los que se les retiene más de lo que se les exige tributar. Así, en 2018, la Agencia Tributaria devolvió 9.327 millones a 13,5 millones de contribuyentes por las rentas de 2017. A su vez, 5,52 millones de españoles tuvieron que pagar 10.380 millones al fisco.

¿Hasta cuándo puedo presentar la declaración? En 2019, los contribuyentes tendrán hasta el 1 de julio incluido para presentar su declaración del año 2018, o el 26 de junio si domicilian el pago o cobro que les corresponda.

Si la declaración sale a pagar, ¿se puede fraccionar el pago? A quien la declaración de la renta le salga a pagar podrá fraccionar el abono, liquidando un 60% con la declaración y el resto antes del 5 de noviembre.

¿Debo declarar la prestación por maternidad o paternidad cobrada en 2018? Este año, por primera vez, estarán exentas de tributar las prestaciones por maternidad y paternidad (tras la sentencia del Supremo que llevó a Hacienda a devolver lo cobrado desde 2014).

¿Qué cambios hay en las deducciones? A su vez, se elevan las deducciones por maternidad, permitiendo deducir hasta 1.000 euros de los gastos en guardería de hijos de hasta tres años; aumenta en 600 euros la deducción por cada hijo que adicional en las familias numerosas y se amplían las de discapacitados al cargo.

¿Hay ventajas para autónomos? El modelo de declaración de la renta incluirá este año dos nuevas casillas para reflejar los gastos de suministros y manutención fiscalmente deducibles de los autónomos que trabajan en casa.
(El País, 15-03-2019)

Laboral

El Supremo reconoce el derecho a recibir el salario correspondiente a las tareas desempeñadas y no el que le correspondería por su categoría profesional
Una empresa no puede alegar la inexistencia formal de un puesto de trabajo para no pagar más al empleado que realiza funciones superiores a las de su cargo. Así lo establece el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia en la que estima la demanda interpuesta por un trabajador, y le reconoce su derecho a recibir el salario correspondiente a las tareas desempeñadas y no el que le correspondería por su categoría profesional.

La resolución, que anula los fallos anteriores que dieron la razón a la empresa, asevera que el derecho del trabajador a que se le abonen estas cantidades extra no puede condicionarse “a la existencia de plazas en plantilla”. Además, reitera que la compañía tiene la obligación de adecuar en todo momento la configuración de su relación de puestos de trabajo “a la situación real en la que se encuentra”.

El demandante prestaba sus servicios en la empresa pública Sociedad Municipal de Aguas de Burgos en calidad de oficial administrativo. Tras una reorganización de la plantilla, su jefe ascendió un puesto, asumiendo otras tareas, y él pasó a desempeñar las funciones de su superior, pero cobrando el mismo sueldo que hasta la fecha. Una actuación que critica el tribunal, que reprocha a la compañía su “desidia” por no adecuar su relación de puestos de trabajo a la nueva situación. “No resulta de recibo” que esta actitud perjudique al trabajador, asevera.

Los magistrados recuerdan que el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores consagra el derecho a percibir la retribución correspondiente a las tareas que efectivamente realicen. De no ser así, “se estaría produciendo un enriquecimiento sin causa” por parte de la empresa. Dicho precepto, señalan, ha sido aplicado “incluso en supuestos en los que el trabajador no ostentaba el título exigido” para obtener el reconocimiento de la categoría.

El Supremo considera que condicionar una mayor remuneración a la existencia de una plaza de categoría superior “supone una situación de auténtico fraude”. Y es que se permitiría cubrir una necesidad laboral con un trabajador menos cualificado y por menos dinero. Por ello, la Sala condena a la compañía a abonar al trabajador 12.000 euros, diferencia entre lo que efectivamente cobró y lo que debería haber percibido si le hubieran reconocido la categoría que le correspondía.
(Cinco Días, 15-03-2019)

Vía libre a debatir el decreto de permisos de paternidad
La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha dado vía libre a debatir la convalidación del decreto ley del Gobierno por el que se aumentan los permisos de paternidad a ocho semanas, después de que los letrados de la Cámara hayan confirmado que las modificaciones que el texto realiza en la Ley de Igualdad de 2007 "no afecta a la parte orgánica" de la misma.

Así lo ha explicado la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, a la salida de la reunión de la Mesa, en donde se ha debatido, este jueves, el informe de los letrados del Congreso que Ciudadanos solicitó este miércoles. Los 'naranjas' tenían dudas sobre la constitucionalidad del decreto porque tocaba una ley orgánica.

En concreto, el Gobierno modifica en este decreto ley los artículos 45 y 46 que tienen que ver con la creación de Planes de Igualdad en las empresas. Con estos cambios, el Ejecutivo extiende la obligatoriedad de crear estos planes a las empresas de 50 o más empleados (en las que, hasta ahora, era opcional) y recogen la creación de un registro nacional en el que se deberán inscribir las compañías que apliquen la norma.

El informe de los servicios jurídicos de la Cámara ha determinado que estos artículos no forman parte del texto orgánico de la Ley de Igualdad y, por lo tanto, pueden modificarse a través de decreto ley. Pastor ha explicado que, ante este resultado, se debatirá el decreto en la Cámara, como los otros tres que están pendientes de convalidación, y, "luego, ya se verá" si se tramita como proyecto de ley con posibilidad de ser modificado, otra de las cuestiones que la Mesa de la Diputación Permanente ha consultado a los letrados esta semana.

Del mismo modo, la presidenta del Congreso ha defendido la decisión de pedir a los letrados este tipo de informes y ha señalado que, mientras ella esté al frente de este órgano, se pedirán los informes que sean necesarios siempre que haya alguien que tenga una duda.

También a la salida de la reunión de la Mesa, el diputado de Ciudadanos y vicepresidente de este órgano, Nacho Prendes, ha aplaudido que los letrados de la Cámara hayan "despejado la duda" que tenían sobre el decreto que, según ha recalcado, nada tenía que ver con el contenido del mismo, sino con posibles defectos de forma.

"Avanzar con seguridad jurídica no se puede calificar de chanchullo ni de maniobra dilatoria", ha manifestado Prendes, defendiéndose de las críticas recibidas desde este miércoles por parte, entre otros, del PSOE por haber reclamado un informe a los servicios jurídicos del Congreso para aclarar las dudas de constitucional que tenían sobre el decreto.
(Expansión, 15-03-2019)

ATA pide que se cree el 'autónomo dependiente digital' con una retribución mínima de 1.050 euros
Desde ATA ya han elaborado un exhaustivo documento con 35 medidas que han enviado ya a los partidos que concurren a las elecciones para que las incorporen a sus programas. Se trata de medidas en todos los campos de la actividad de estos trabajadores (Seguridad Social, empleo, autónomos dependientes; morosidad o segunda oportunidad).

ATA ha propuesto hoy varias soluciones a los problemas de los falsos autónomos a través del refuerzo de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (trade) –que dependen en un 75% de sus ingresos de un solo pagador–. Así, pretende que sean estos trabajadores los encargados de registrarse en la Seguridad Social y no sus empresas. Y quieren que se cree la figura del trade digital, siempre que el 75% de sus ingresos provengan de plataformas digitales.

Además, ATA plantea que se establezca una retribución mínima para todos los trade --no solo los digitales-- de 1.050 euros mensuales, “para evitar abusos”, ha precisado la vicepresidenta ejecutiva de ATA, Celia Ferrero.

Los representantes del colectivo han reclamado también una nueva batería de tarifas planas y reducidas para varios tipos de trabajadores por cuenta propia. ATA ha denominado a la primera de estas rebajas de cuotas la Tarifa 0, (exentos de pagar cuota) para los autónomos “no habituales”, que serían los que ingresen menos de la mitad del salario mínimo interprofesional (SMI) y puedan demostrar no haber realizado la actividad de forma continuada durante dos meses en un periodo de 12 meses o periódica y discontinua durante cuatro meses en un periodo de 12.

Si bien, proponen que incluso estos trabajadores estén obligados a registrarse como autónomos en la Seguridad Social. También reclaman una Tarifa 30 (de 30 euros al mes) para estudiantes de formación reglada menores de 25 años. Asimismo, plantean una tarifa plana de 60 euros para autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo durante dos años prorrogables. Finalmente, exigieron una cuota de 30 euros al mes durante 24 meses para las mujeres del mundo rural que inicien una actividad o estén en sucesión empresarial.

Desde ATA también han hecho una serie de reclamaciones relacionadas con las pensiones y la protección social de los autónomos. Una de sus peticiones es que la Seguridad Social envíe a todos los autónomos una carta con una simulación de su futura pensión y otra de cuanto cobraría si ampliara su base de cotización 100 euros.

Asimismo, consideran que estos trabajadores deberían poder hacer aportaciones voluntarias a la Seguridad Social al inicio de un ejercicio, sin que estas aportaciones aminoren su cuota mensual, pero sí computen como cotizaciones por una base mayor.

Mientras que, en materia fiscal, piden que los nuevos autónomos que facturen menos de 30.000 euros anuales no paguen IVA durante los 24 primeros meses de actividad; y que las indemnizaciones por extinción de contratos para los trades en caso de ERE estén exentas de tributación, al igual que las indemnizaciones por despido de los asalariados.

Finalmente, han exigido dos medidas de lucha contra la morosidad: que el cumplimiento del plazo a proveedores se verifique por cualquier inspección de Hacienda y, de existir, se sancione por esta instancia; y que esta misma inspección sancionadora excluya a la empresa multada de ser beneficiaria en el ejercicio fiscal posterior a la resolución del expediente de cobrar bonificaciones o reducciones fiscales o de Seguridad Social, así como de ayudas, subvenciones o contratos con la Administración pública.
(Expansión, 15-03-2019)

CC OO y UGT renuncian a movilizarse
“No recuerdo nunca una movilización al final de una legislatura; nuestra movilización es esta rueda de prensa", ha dicho hoy el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante el encuentro de los dos máximos líderes sindicales con los medios de comunicación para exigir al Gobierno "hasta el último día" que apruebe un Real Decreto-Ley con tres medidas que, en su opinión, corregirían los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012.

Estas tres cuestiones que CC OO y UGT quieren que el Gobierno apruebe en un decreto --y obligue a retratarse a todos los grupos parlamentarios, sobre todo a los que apoyaron la moción de censura-- son la eliminación de la prevalencia del convenio de empresa sobre los convenios sectoriales; la eliminación de los límites de la prórroga indefinida de los convenios (ultraactividad); y la aplicación de los convenios sectoriales a los trabajadores de las empresas subcontratadas.

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha considerado que, sin estos cambios legales, "el Gobierno ha dejado intacta la reforma laboral" y ambos líderes sindicales han insistido reiteradamente en que se sienten "decepcionados" con el Gobierno por ello. Sin embargo, preguntados por si realizarán algún tipo de protesta por esta decepción --ya que el Ministerio de Trabajo llegó incluso a pactar con ellos estos cambios en un texto cerrado que no ha visto la luz-- Álvarez ha negado la posibilidad de realizar movilizaciones.

El argumento que ha dado el líder sindical para rechazar dichas protestas es que "no aportarían nada a los intereses que representamos y que son los de los trabajadores", de lo que se desprende que esta negativa a la movilización se produce también para no perjudicar el voto de izquierda en las próximas elecciones.

Álvarez y Sordo consideran por tanto "que aún hay tiempo" para aprobar un decreto. Es más, el líder de CC OO aseguró que de la aprobación de estas tres medidas que corrigen la reforma laboral "depende la mayoría progresista" en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Tras las críticas al Gobierno, al que también han rechazado “haber perdido el tiempo” y no haber negociado con los grupos parlamentarios para sacar la contrarreforma laboral adelante, los líderes sindicales han arremetido contra las últimas propuestas de la patronal CEOE para los grupos políticos.

Ambos han considerado que las demandas patronales son “una regresión y más duras y antisociales que antes” y “van en dirección contraria” a lo que los propios empresarios pactaron con CC OO y UGT en el vigente acuerdo de negociación colectiva. Por ello, Álvarez, ha dicho que “si en CEOE hay un mínimo de vergüenza” deberían reconocer que lo que ahora rechazan formaba parte de un consenso.
(La Vanguardia, 15-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La reforma hipotecaria ocasionará pérdidas financieras a la banca ante determinadas amortizaciones anticipadas de los créditos
El Banco de España considera que la ley hipotecaria aprobada el pasado 21 de febrero en el Congreso contribuirá a reactivar la actividad del mercado hipotecario, aunque también puede encarecer los nuevos préstamos, sobre todo los de tipo fijo, debido a que obliga a la banca a asumir más gastos. Según un adelanto del informe trimestral de la economía española publicado este jueves por el Banco de España, la norma, bautizada como Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "en los próximos días" y entrará en vigor tres meses después. Es decir, a finales de junio previsiblemente.

"Los mayores gastos de constitución de hipotecas soportados por los prestamistas y, en particular, los límites a las comisiones máximas por amortización anticipada en los contratos a tipo fijo podrían propiciar un cierto aumento de los tipos de interés de los nuevos préstamos", especialmente en el caso de los aplicados a esta última modalidad.

Asimismo, el retraso en la recuperación de la deuda impagada para los prestamistas "podría traducirse en un cierto endurecimiento de las condiciones crediticias, sobre todo en las aplicadas a los deudores con un mayor perfil de riesgo", añade la entidad. Y los requisitos más estrictos de evaluación de la solvencia del prestatario podrían contribuir a reforzar estos efectos, al tiempo que favorecerían una mejora de la calidad de la cartera crediticia de las entidades.

La entidad espera que la introducción en la norma de cláusulas de obligado cumplimiento, como la regulación del vencimiento y del reembolso anticipados, y el reforzamiento de la información disponible para los clientes en la fase precontractual, contribuyan a reducir la inseguridad jurídica y la elevada litigiosidad actual. Y esto, añade, "debería redundar en una mayor actividad crediticia y en un mejor funcionamiento del segmento hipotecario".

Adicionalmente, la mayor transparencia y estandarización de la información disponible sobre los contratos y los menores costes de transacción asociados al cambio de prestamista podrían elevar la competencia procedente de operadores tanto nacionales como europeos. En relación a esto último, la entidad recuerda que una de las motivaciones de la directiva era avanzar en la integración de los mercados hipotecarios europeos.

En cualquier caso, el efecto final de la nueva regulación dependerá también del impacto en la dirección contraria asociado a la posible mayor competencia y al descenso de la incertidumbre jurídica, explica el banco. A partir de ahora, con la nueva ley, los bancos deberán encargarse del impuesto sobre actos jurídicos documentados, IAJD, de los gastos de la primera copia del notario, registro y gestoría, mientras el cliente abonará las segundas copias del notario y los gastos de tasación.

Además, la norma elimina las cláusulas suelo y es más exigente con el inicio del procedimiento de desahucio, que solo podrá comenzar si hay 12 cuotas impagadas o el 3% del capital prestado en la primera mitad de la vida del préstamo, o 15 cuotas o el 7% en la segunda mitad del crédito. Los bancos deberán dar a los clientes 10 días para analizar la información precontractual de los préstamos inmobiliarios antes de firmarlos y tendrán que ofrecer una ficha estandarizada para que el cliente pueda comparar las condiciones hipotecarias que le ofrece cada entidad.

Y el cliente podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca, y entre las entidades se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro vinculados al coste por los gastos de constitución de la hipoteca.
(Cinco Días, 15-03-2019)

El Parlamento acepta aplazar el Brexit y rechaza un segundo referéndum
A tan solo dos semanas del precipicio, el Parlamento británico respaldó este jueves que el Gobierno solicite a Bruselas una extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija el plazo de salida de Reino Unido de la UE, previsto inicialmente para el próximo 29 de marzo. Los Comunes descartaron, sin embargo, celebrar un segundo referéndum.

La Cámara aprobó por una mayoría de 50 votos (412 a favor y 202 en contra) la propuesta planteada por Theresa May, que supone aplazar tres meses el Brexit si el acuerdo de salida –rechazado ya en dos ocasiones– es aprobado finalmente la semana que viene. De lo contrario, el Gobierno tendrá que solicitar una extensión mucho más larga, que podría ser de hasta casi dos años, un escenario al que tienen pánico muchos euroescépticos, ya que podría acabar frustrando el Brexit.

A pesar de sacar el plan adelante, el cisma sigue presente entre la bancada tory: tan solo 112 conservadores respaldaron a May, frente a 188 que le dieron la espalda. Tras la votación, la Comisión Europea recordó que la prórroga necesitará del respaldo unánime de la UE para salir adelante.

El Ejecutivo británico pedirá una extensión hasta el 30 de junio solo si el Parlamento da luz verde al acuerdo el próximo miércoles, 20 de marzo. Este último intento –el tercero, tras dos sonados rechazos– se celebrará la víspera del Consejo Europeo de los días 21 y 22, una cita en la que los Veintisiete tendrán que decidir, una vez recibida la petición formal de Londres, si aceptan o no conceder la prórroga corta, que deberá estar suficientemente justificada. May explicó que se trataría de una “extensión técnica” para tener margen de trasponer toda la legislación necesaria para salida.

En caso de no sacar adelante el acuerdo, el Gobierno se vería entonces abocado a pedir una extensión mucho mayor (de hasta 21 meses), lo que obligaría a Reino Unido a participar en las elecciones europeas de finales de mayo. Una amenaza con la que May pretende presionar al ala más dura de su partido para que apoye su acuerdo, ya que muchos temen que una prórroga tan larga suavice el Brexit o, incluso, lo anule. El Ejecutivo, añadió que, si el texto es rechazado el miércoles próximo, los Comunes dispondrán de dos semanas, hasta mediados de abril, para consensuar una hoja de ruta que justifique ante Bruselas los siguientes pasos a seguir.

Antes de la votación del plan de May, el Parlamento tumbó las cuatro enmiendas presentadas, incluida la celebración de un segundo referéndum. Esta iniciativa, presentada por el recién creado Grupo Independiente, fue rechazada por un importante margen de 249 votos al no contar con el respaldo del Partido Laborista. La formación se abstuvo alegando que no era el momento para decidir sobre este tema, lo que le valió duras críticas de los escoceses del SNP. Tan solo 25 laboristas votaron a favor y 18, en contra, lo que demuestra la división del partido sobre esta cuestión.

No salió adelante, aunque por una estrechísima diferencia de dos votos, una enmienda que hubiera permitido al Parlamento tomar el control de las próximas iniciativas sobre el Brexit. Tampoco obtuvo el respaldo una iniciativa de los laboristas que pedía extender el plazo para tratar de lograr una mayoría parlamentaria capaz de respaldar el texto. La última moción, que instaba a May a no presentar por tercera vez su acuerdo en la Cámara fue retirada.

Horas antes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, acudió una vez más en ayuda de la primera ministra británica al respaldar la posibilidad de una prórroga larga para que el país pueda dar un enfoque distinto al Brexit. “Durante mis consultas antes de la cumbre europea (de los próximos 21 y 22 de marzo), pediré a los Veintisiete que estén abiertos a una larga extensión si el Reino Unido encuentra necesario repensar su estrategia del Brexit y construir consenso sobre ello”, sostuvo Tusk.
(El Mundo, 15-03-2019)

Sector

El TJUE dice que las clases de la autoescuela no están exentas de IVA
La enseñanza de la conducción automóvil para las categorías B y C1 no es una enseñanza escolar o universitaria exenta de IVA. Así lo establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia hecha pública hoy, que rechaza que el adiestramiento para obtener el carné de conducir equivalga, a efectos de la aplicación de la Directiva IVA, a la enseñanza escolar o formación universitaria. No deja de ser, concluye, una enseñanza especializada que no equivale, por sí sola, a la transmisión de conocimientos y de competencias relativas a un conjunto amplio y diversificado de materias.

El TJUE resuelve así la cuestión planteada por un tribunal alemán sobre el caso de una autoescuela privada que impugnó la negativa de las autoridades tributarias a eximir del pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) los cursos de conducción automóvil que impartía. En concreto, se trataba de cursos para la obtención de los permisos de conducción para los vehículos de las categorías B y C1, vehículos destinados al transporte de personas y que no excedan de 3,5 o 7,5 toneladas.

La autoescuela alegó que dichos cursos, de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la obtención de los correspondientes permisos de conducción, no tienen una finalidad puramente recreativa dado que pueden precisarse para responder a necesidades profesionales. En consecuencia, esta enseñanza estaría comprendida en la exención prevista para la "enseñanza escolar o universitaria" en la Directiva IVA. El tribunal alemán eleva esta duda al Tribunal de Justicia europeo, que, mediante su sentencia de hoy, da una respuesta negativa.

Según el TJUE, el concepto de "enseñanza escolar o universitaria", en el sentido de la directiva, remite, en general, a un sistema integrado de transmisión de conocimientos y competencias relativas a un conjunto amplio y diversificado de materia, así como a la profundización y al desarrollo de esos conocimientos y de esas competencias por los alumnos y los estudiantes a medida de su progresión y de su especialización en el seno de los distintos grados constitutivos de ese sistema. Ese concepto, afirma, no cubre la enseñanza de la conducción automóvil impartida por una autoescuela, como la del litigio, para la obtención de los permisos de conducción para vehículos de las categorías B y C1.

Cierto es, aclara, que la enseñanza de la conducción automóvil tiene por objeto varios conocimientos de índole teórica y práctica. No obstante, concluye, no deja de ser una enseñanza especializada que no equivale, por sí sola, a la transmisión de conocimientos y de competencias relativas a un conjunto amplio y diversificado de materias, así como a su profundización y su desarrollo, que resulta característica de la enseñanza escolar o universitaria.
(Cinco Días, 15-03-2019)

Aluvión de consultas de las empresas a los bufetes
El Gobierno ha renunciado a aprobar su contrarreforma laboral en tiempo de descuento, pero ya ha validado en precampaña dos Decretos sobre igualdad y protección social que están resultando de más calado de lo esperado para las empresas. Los despachos de abogados están recibiendo un aluvión de consultas por las dudas y la incertidumbre que les plantean las nuevas normas, que modifican de forma sustancial el marco salarial y de la jornada y que abocan a renegociar convenios y a una oleada de pleitos.

Alfredo Aspra, socio director de Laboral de Andersen Tax & Legal, traslada que están recibiendo una "avalancha de consultas sin parangón" ni siquiera cuando se aprobó la reforma laboral de 2012. Aspra destaca el impacto del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que permite la distribución irregular de la jornada en pacto individual de cada trabajador con la empresa. También subraya las dudas que genera entre las compañías la protección de datos en el caso del registro horario.

Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas, traslada que las empresas detectan "mucha inseguridad jurídica" y temen el periodo de elecciones y de incertidumbre en la formación de gobierno ante unos Decretos con medidas que ya están en vigor. Augura un alud de pleitos por los cambios en la jornada que plantea el citado artículo 34, "que cambia radicalmente el planteamiento, en el que entra incluso el teletrabajo" y que, "si no hay negociación", desembocará en miles de procedimientos en los tribunales.

Pedrajas también llama la atención sobre el impacto de las modificaciones sobre el periodo de prueba y los despidos objetivos en los que entra el derecho de conciliación, ya que la empresa debe demostrar que se producen por una causa diferente y si no lo hace, serán nulas, lo que modifica el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores. Este abogado constata las dudas sobre cómo plantear la carta de despido y augura más litigiosidad por este motivo.

Este cambio, además, añade, se produce cuando el Tribunal Supremo estipuló en 2017 que no cabe incluir en el despido individual criterios de selección del trabajador, y cuando el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) respondió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que las embarazadas no tienen prioridad en los despidos colectivos. "La empresa va a tener que explicar por qué elige a estos trabajadores y no a otros", avisa. Los planes de igualdad también generan inquietud, pero necesitan desarrollo reglamentario, dice.

Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, también apunta a la incertidumbre que genera la entrada en vigor muy variadas de la catarata de medidas, con lo que advierte de que "no es fácil de organizar para las divisiones de Recursos Humanos y supone un coste".

"Las empresas se están dando cuenta de que las medidas son muy potentes, cambian muchos aspectos de ámbito laboral", refrenda Sagardoy, que también destaca el cambio trascendental sobre el derecho que nace para cualquier trabajador a adaptar su jornada trabajo en función sus necesidades de conciliación.

Helena Monzón, abogada de Fieldfisher Jausas, señala la "ambigüedad del registro horario", que genera dudas cuando el Supremo lo había descartado, y alerta de que para la Inspección Trabajo es una nueva infracción que va a comprobar desde el 12 de mayo. Quienes no tenían registro alguno, buscan un proveedor del servicio, explica.

Fermín Guardiola, socio de Baker McKenzie, da fe de un alud de consultas sobre qué "sectores y categorías quedarían fuera del registro horario" y augura gran litigiosidad.
(Expansión, 15-03-2019)

 
 
 
 
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