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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE MARÇ DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 19 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de marzo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-03-2019)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 19 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 20-03-2019)

Comptable

Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 7 de marzo de 2019, por el que se modifica el Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas aprobado el 20 de diciembre de 2018.
(BOE, 20-03-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/index.php?d=68&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 20 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

El Supremo fija los criterios de aplicación del impuesto de AJD en caso de novación
El Tribunal Supremo ha fijado los criterios para aplicar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en los casos de novación de una hipoteca, y establece que para determinar si nuevas cláusulas están o no sometidas al pago de dicha tasa deberán examinarse caso por caso. La Sala de Lo Contencioso-Administrativo explica, en una sentencia fechada el 13 de marzo, que cuando además de cláusulas como el tipo de interés o el plazo figuran otras de carácter financiero, deberán examinarse caso por caso, para comprobar que reúnen todos los requisitos.

Si las nuevas cláusulas están sometidas a gravamen, la base imponible se aplicará "sobre el contenido económico de las cláusulas financieras valuables que delimitan la capacidad económica susceptible de imposición".

El alto tribunal acordó recientemente que los gastos de notaría deben dividirse entre banco y cliente, una decisión similar a la que adoptó en su momento para los de gestoría y para el registro de la hipoteca, que en el caso de la inscripción deberá ser abonada por la entidad, y en la cancelación, por el prestatario. El pleno de la sala de lo Civil acordó además que es el cliente el que debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en todas las hipotecas suscritas antes de la entrada en vigor del real-decreto aprobado por el Gobierno el pasado noviembre, con lo que rechaza que se aplique con retroactividad.

El Supremo fija de esta manera dos criterios interpretativos. En primer lugar, resuelve la cuestión de determinar si las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no solo las condiciones referentes al tipo de interés o al plazo del préstamo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras, están sujetas y exentas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En este sentido, cuando la escritura pública incorpora simplemente modificaciones sobre las cláusulas financieras habrá de atenderse a estas para constatar si cumpliéndose los requisitos legalmente exigidos está la misma sujeta o no al gravamen de AJD.

Otro criterio interpretativo es el relativo a si en las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no solo las condiciones referentes al tipo de interés o al plazo del préstamo, u otro tipo de cláusulas financieras no exentas del impuesto, la base imponible viene determinada por el importe total de la responsabilidad hipotecaria garantizada o tan solo por el contenido económico de las cláusulas financieras cuya modificación se acuerda.

Sobre ello, el Supremo establece que "la base imponible se debe determinar en atención al contenido material del hecho imponible, que en caso de la simple novación modificativa de préstamo hipotecario incorporada a escritura pública se concreta en el contenido económico de las cláusulas financieras valuables que delimitan la capacidad económica susceptible de imposición".
(El País, 20-03-2019)

Laboral

“El próximo Gobierno tiene que vinculare las nuevas pensiones de viudedad al nivel de rentas”
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, planteaba este martes vincular las nuevas pensiones de viudas con su nivel de renta, puesto que cuando fallece su pareja ellas ven empeorados sus ingresos, algo que ya había estudiado el Pacto de Toledo. Así lo dijo durante su intervención en la jornada 'El futuro de las pensiones. Un reto latente para la empresa', organizado por APD, VidaCaixa y Mercer.

Granado explicó que cuando un hombre pasa a cobrar una pensión de viudedad, mejora su nivel de renta conjunta, mientras que cuando es una mujer la que se convierte en viuda, empeora ese nivel de renta. "Tenemos que hacer alguna corrección para vincular la pensión (de viudas) con niveles de renta", consideró Granado, quien puntualizó que "al 95% de las actuales viudas no les vamos a tocar la pensión", sino que se aplicaría a las nuevas pensionistas. "Necesitamos que la sociedad española nos indique qué hay que hacer con la pensión de viudedad", dijo.

Además de este asunto de cara a abordar en la próxima legislatura, el secretario de Estado también se refirió a las bajas de incapacidad permanente para decir que "necesitamos cambiar la filosofía" al respecto y el Sistema requiere de una "mayor complicidad del sistema sanitario". Granado ha sugerido una revisión de las prestaciones por incapacidad, de manera que se pueda plantear una "incapacidad parcial respecto al tiempo de jornada", que permitiría una jornada reducida "porque una persona puede que no esté capacitada para trabajar ocho horas, pero sí cuatro".

Por otra parte, el secretario de Estado reclamó una política de familia y criticó que "entre la retórica de la derecha y la alergia de la izquierda no sale adelante, y así tenemos las tasas de natalidad más bajas de Europa". También incidió en la necesidad de que lleguen a España inmigrantes para contrarrestar los efectos de la pirámide de población, con menos gente joven y más gente mayor. Matizó que "debemos discutir qué inmigrantes necesitamos, cómo deben entrar, de dónde, pero no podemos partir de la base de que hay ya demasiados inmigrantes".

Se refirió al Pacto de Toledo para subrayar que es fundamental que haya un acuerdo tras las elecciones generales porque "va a dar tranquilidad a muchos millones de españoles" y afirmó que "el Pacto de Toledo no beneficia a nadie si no llega a acuerdos" y si no hay pacto, "estamos como en sanidad y educación, derogando las leyes del Gobierno anterior".

En suma, Granado consideró que "es asumible que la previsión social complementaria cada vez vaya asumiendo mayor protagonismo" y demandó a la próxima legislatura que vuelva a definir "de forma ambiciosa" la ley de fondos y planes de pensiones. "La solución mejor para anticipar la edad de jubilación debe ser la previsión social complementaria y no la anticipación de la edad de jubilación sistemática", apuntó, y agregó que quien se retire anticipadamente "tiene que contribuir más".

Granado subrayó que "tenemos que gobernar el reto demográfico, pero con una mínima solvencia económica". En este sentido, avanzó que el patrimonio neto de la Seguridad Social volverá a cerrar en 2018 en números rojos, en concreto en -32.000 millones de euros, tras los -13.000 millones que alcanzó en 2017. "Hemos perdido 100.000 millones de patrimonio neto porque sistemáticamente hemos ido acumulando desequilibrios", explicó Granado, que citó la devaluación de salarios y la disminución de cotizaciones.
(Cinco Días, 20-03-2019)

El coste laboral por trabajador asciende
El coste laboral para los empresarios aumenta, aunque de manera dispar en distintos sectores. El coste laboral, que incluye el salario, las pagas extras y las cotizaciones a la Seguridad Social de cada trabajador, se situó en 2.692 euros por trabajador al mes en el cuarto trimestre de 2018, un 0,9% más que en el mismo trimestre de 2017. Eliminados los efectos de calendario, el coste laboral alcanza los 2.581 euros.

Desglosado por sectores económicos, la construcción registra su incremento del 2,1%, hasta los 2.801, mientras que en la industria el coste laboral se estancó al aumentar solo un 0,2%, hasta los 3.252 euros, según publicó ayer el INE. Estadística destacó que este frenazo se debe a la disminución de los pagos extraordinarios y el aumento de otros costes. Mientras que en la construcción el repunte se justificó por un incremento mayor al del coste laboral, al crecer un 2,8% hasta los 2.038 euros al mes.

En ambos sectores aumentó el coste salarial ordinario, es decir, el salario percibido por los trabajadores. En el caso de la construcción el alza fue del 1,2% y en el industrial del 0,8%. Por secciones de actividad, los mayores repuntes del coste laboral se encontraron en el suministro de energía (3,9%), información y comunicaciones (3,6%) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (3,1%), mientras que se contrajo en industrias extractivas (-2,7%) y educación (-1,6%). Por comunidades autónomas, País Vasco y Madrid registran los mayores costes laborales, mientras que Extremadura y Canarias tienen los más bajos.

Con el aumento registrado en el cuarto trimestre de 2018, el coste laboral encadena seis trimestres consecutivos en positivo. La subida registrada entre octubre y diciembre ha sido la segunda mayor alza desde finales de 2015, solo superada por la del trimestre previo, cuando el coste laboral se disparó un 1,9% y registró su mayor alza interanual en cinco años. En un año en el que el IPC medio se elevó un 1,7%, el coste salarial total aumentó un 0,9% y llegó a los 2.039 euros por trabajador al mes, y el coste salarial ordinario repuntó un 1,6%.

Pese al repunte del gasto por trabajador en España, en Europa el incremento del coste laboral es tres veces mayor al de España. El coste laboral en la Unión Europea subió el 2,8% en el último trimestre de 2018 comparado con un año antes, según los datos de Eurostat. En la zona euro el alza fue del 2,3%.
(Expansión, 20-03-2019)

Ligar las pensiones al IPC costará 1.500 euros a cada español para 2030
El debate de las pensiones permanece vigente sobre tres ejes: suficiencia, equidad entre generaciones y sostenibilidad financiera. Y precisamente sobre este último aspecto se vislumbraron algunas previsiones poco halagüeñas a tenor de las proyecciones demográficas y de la actual configuración de los factores paramétricos que determinan la cuantía del gasto en pensiones a clases pasivas. En este sentido, el investigador asociado de Fedea y profesor colaborador de Economía Aplicada de la URJC, Miguel Ángel García, explica que, ante una vinculación perpetua de las pensiones al avance de la inflación, y ante una revalorización media anual del 1,6%, el gasto extraordinario se traduciría en un coste de 1.500 euros al año para cada español.

Así lo reflejó el profesor durante su intervención en la jornada sobre "El futuro de las pensiones" que tuvo lugar este martes en Madrid y donde se pusieron sobre la mesa los retos que afronta el sistema público español, en un contexto de elevado déficit en las cuentas de la Seguridad Social, donde además elevó este coste para el ciudadano a los 6.300 euros anuales para el año 2050. En este sentido, el investigador asociado de Fedea asegura que "el sistema actual con todas las características no es sostenible si no se incurre en una desigualdad intergeneracional".

En este sentido, el debate se centró en los efectos que puede tener sobre las cuentas públicas la decisión de ligar pensiones e inflación y cómo se puede sustanciar en el caso español. A partir de este razonamiento del profesor García, que en otros términos monetarios supone la elevación de un 23% del IRPF, el secretario general de Ocopen, Manuel Álvarez Rodríguez, esbozó una alternativa a la vinculación con el IPC que sin implicar un recorte de las pagas a través de la progresiva pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación si proyecta un avance del gasto más moderado y acorde con los ingresos recaudados por la Seguridad Social. Concretamente, se trata de ligar el avance de las pensiones a la evolución de los salarios.

Una opción esta última que parece totalmente razonable, toda vez que el volumen de ingresos de la Seguridad Social depende de las retenciones en la nómina de los trabajadores, los cuales marcan la capacidad del Sistema para afrontar los compromisos de gasto adoptados con las clases pasivas. De hecho, el experto actuario de previsión social complementaria de Ocopen, apunta a una reversión de la situación deficitaria de las pensiones a través de un incremento de la edad de jubilación, un alza de las cotizaciones del 5% y la ya mencionada vinculación con los salarios en lugar del IPC.

Por su parte, otra de las opciones que saltaron a la palestra es la de recuperar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) instaurado en la reforma del PP de 2013, y que ponía lo que se dio a conocer como el 'piloto automático' del trasatlántico de la Seguridad Social de modo que se ajustaba el incremento de las pagas a la coyuntura financiera de la Tesorería del sistema. De hecho, esta es la opción que defiende la profesora de Economía Financiera y Contabilidad den la UNIV de Extremadura, Inmaculada Domínguez, quien asegura que "la subida de las pensiones solo se pude sufragar con mayor presión fiscal, o más endeudamiento, o tocar la cuantía de las pensiones".

En esta línea, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, aseguraba que, a largo plazo, "el coste es muy alto porque las subidas de cada año se consolidan y elevan el gasto durante toda la vida de los actuales pensionistas". Así, ejemplificaba que, si en 2017 el gasto en pensiones fue de unos 120.000 millones, actualizando todas al 1,6% en vez de al 0,25%, "el primer año tendríamos un coste extra de unos 1.600 millones que aproximadamente se duplicaría en el segundo". Suponiendo que del tercer año en adelante volviésemos al 0,25 por ciento, "habríamos consolidado un alza de gasto de 3.200 millones anuales, que se iría reduciendo poco a poco con el fallecimiento de sus beneficiarios", explica De la Fuente. Puesto que la esperanza de vida media a los 65 años está ligeramente por encima de los 20 años, podemos suponer que ese gasto se mantendría en promedio durante 10 años.

"Sumándolo todo, hablamos de unos 37.000 millones. Si en vez de volver al 0,25 por ciento mantenemos permanentemente la actualización de las pensiones con la inflación, el coste se dispara. Según cálculos de Fedea, en promedio durante los próximos 40 años, la vuelta a la indexación universal con el IPC tendría un coste anual de unos 2,7 puntos de PIB. Para pagarlo, tendrían que subirnos a todos el IRPF en un 35 por ciento", explica el director de Fedea.
(El País, 20-03-2019)

Las grandes mutuas de accidentes del trabajo se concentran en dos alianzas
Cinco de las seis principales entidades colaboradoras de la Seguridad Social han decidido constituirse en sendas plataformas para compartir servicios sanitarios, con las que atender a los 11,7 millones de trabajadores a los que dan cobertura. Por un lado, se alían Mutua Universal, Fremap y Solimat y, por otro, llegan a un acuerdo Asepeyo, Fraternidad y MC Mutual. La operación, que ya ha recibido el visto bueno de la Administración y beneficia a dos tercios del total de 17,5 millones de trabajadores cubiertos por mutuas, ha sido impulsada por el Ministerio de Trabajo, según explican fuentes de la Seguridad Social.

Estas entidades se comprometen a poner a disposición de los trabajadores protegidos por el resto de otras mutuas que forman la alianza sus respectivas redes de centros asistenciales y hospitalarios. Ambos acuerdos establecen que priorizarán la cooperación para ofrecer asistencia sanitaria, pruebas diagnósticas y tratamientos, además de utilizar de forma conjunta instalaciones y centros sanitarios, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. En consecuencia, dichas mutuas limitarán a partir de ahora la contratación de servicios con empresas de la sanidad privada. Tres de ellas (Mutua Universal, Asepeyo y MC Mutual) tienen sede social en Barcelona, mientras que Fremap y Fraternidad están radicadas en Madrid. Solimat, de dimensiones mucho más modestas, opera en la comunidad de Castilla-La Mancha.

¿Qué objetivo persiguen las dos nuevas redes de asistencia? Optimizar el uso de recursos sanitarios de cada mutua, mejorar el servicio a los trabajadores de las empresas asociadas y reducir el coste sanitario por la cobertura de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y comunes, defienden las partes implicadas. Las fuentes consultadas insisten además en que la oferta de los protagonistas de estas dos alianzas es “complementaria” y que persiguen que “las mutuas acaben siendo autosuficientes en su cartera de servicios”. En el 2018, las seis entidades sin ánimo de lucro destinaron más de 100 millones de euros para contratar asistencia hospitalaria y ambulatoria a terceros.

Se trata de un primer paso, que el equipo que comanda la Seguridad Social vería con buenos ojos que acabara avanzando hacia una integración. Las mutuas necesitan buscar vías para mejorar sus cuentas. En el 2017, por primera vez en años, cerraron el año con un déficit de 174 millones de euros. A falta de conocer los resultados oficiales del año pasado, las autoridades cuentan con que el saldo presupuestario será mucho más positivo que en el 2017. El Gobierno defiende además que el uso preferencial de los recursos entre las entidades que forman cada alianza será positivo para las cuentas consolidadas de las mutuas, y acabará aliviando el desfase presupuestario de la Seguridad Social.

Muchos de los nubarrones a los que se enfrentan las entidades colaboradoras de la Seguridad Social tienen que ver con el notable incremento del desembolso en prestaciones a los trabajadores por bajas médicas. Fuentes de la Seguridad Social señalan que buena parte de este aumento tiene que ver con las listas de espera del sistema sanitario, que alargan la convalecencia de los trabajadores. Aunque las mutuas que se alían mantienen su nombre y estructura orgánica, tendrán que escoger un logotipo común que permita a los afiliados identificar las dos grandes redes asistenciales.
(La Vanguardia, 20-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

España perdería un 0,8% del PIB en el próximo lustro si no hay acuerdo para el Brexit
Quedan menos de dos semanas para la fecha en la que, aparentemente, Reino Unido debería abandonar la Unión Europea. El Brexit tendría que estar consumado el próximo 29 de marzo, pero el Parlamento británico se ha negado a ratificar el acuerdo que la primera ministra británica Theresa May y el ente comunitario alcanzaron en 2018, y la petición de una prórroga para la salida parece inminente. Entre toda la incertidumbre, solo una cosa parece clara: cuanto más dura sea la ruptura, peor será el golpe económico para todas las partes.

A este hecho le pone cifras concretas el último informe publicado por el Banco de España que, bajo el título de Brexit: balance de situación y perspectivas, augura una caída acumulada del 0,82% del PIB español en cinco años (unos 9.600 millones de euros) si finalmente se produce una salida desordenada de Reino Unido quien, en este caso, vería un descenso de su economía nacional del 7,75%. Así, el crecimiento medio anual del PIB de España se reduciría entre una y dos décimas.

Según el estudio realizado por Samuel Hurtado, en este caso más extremo de ruptura británica con la UE, España vería caer sus exportaciones en un 2,65% y sus importaciones en un 1,78% a cinco años vista. La inversión menguaría caería un 1,15% y el empleo un 0,77%. Sin embargo, de producirse una salida pactada, con acuerdo comercial incluido, el golpe a la economía sería casi inapreciable en el próximo lustro. porque "la libra mitigaría, en parte, los efectos de la reducción de la demanda británica, en términos reales".

Cabe destacar que Hurtado advierte de las limitaciones de las estimaciones realizadas, especialmente por cómo reaccionarán variables como el tipo de cambio de la libra o el desconocimiento de la "probable acción compensatoria de las políticas monetaria, fiscal y macroprudencial".
(Expansión, 20-03-2019)

Las multinacionales piden al nuevo Gobierno más seguridad jurídica
Las empresas multinacionales instaladas en España están presentando una plataforma reivindicativa a los partidos políticos para las elecciones generales del 28 de abril. Un programa en el que rechazan nuevas subidas de impuestos, aboga por la reforma de la justicia y la armonización de la normativa medioambiental de las comunidades autónomas, entre otras muchas peticiones.

Multinacionales por la Marca España está trasladando sus objetivos ante el futuro Gobierno, cualquiera que sea el color político del mismo. Es un poderoso grupo de presión formado por 45 grandes compañías, que forman parte de un sector con 1,4 millones de trabajadores en 11.880 filiales de empresas extranjeras en España. Entre ellas, Airbus, Altadis, Aon, Bayer, Facebook, Google, HSBC, Huawei, Heineken, IBM, Leroy Merlin o Siemens, entre otras. Las propuestas más importantes de Multinacionales por la Marca España en su documento sobre Medidas para facilitar la inversión extranjera y la modernización de la economía nacional, son las siguientes:

Rechazo de la contrarreforma laboral planteada por el Gobierno. El presidente de Multinacionales por España, José María Palomares, sostiene que los empresarios "quieren estabilidad y seguridad jurídica" para poder invertir y, en este sentido, "las empresas pensamos que la normativa laboral es la adecuada". Un rechazo a los cambios planteados por el Gobierno en la negociación colectiva. Cambios que, como las modificaciones fiscales, no han salido adelante por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas. No sólo eso, sino que las multinacionales piden una nueva rebaja de la indemnización del despido, "para igualar sus costes a los países de nuestro entorno". De la misma manera, reclaman "una vinculación mayor de los salarios con la productividad". También, para la campaña electoral, los empresarios reclaman a los políticos "eliminar trabas y simplificar la contratación decididamente", además de reducir las cotizaciones sociales de los empresarios.

Mayor seguridad jurídica para su actividad: Las Multinacionales por la Marca España también se muestran especialmente preocupadas por la inseguridad jurídica que, en su opinión, tiene España. Todo ello, a pesar de "estar entre las economías mejor posicionadas del mundo". Para los empresarios, en este terreno, "hay un amplio margen de mejora en materia de seguridad jurídica y para el funcionamiento y la calidad de las instituciones". "Se precisa una justicia independiente, de calidad, que fomente la previsibilidad de las decisiones judiciales, que actúe en tiempo y, finalmente, que haga ejecutar lo juzgado", dicen las multinacionales de forma contundente para expresar su pésima opinión sobre el sistema judicial español.
(Expansión, 20-03-2019)

 Sector

El abogado debe avisar al juzgado si le coinciden dos señalamientos
Si el abogado no se presenta a la citación porque esta le coincidía con un señalamiento en otro juzgado, pero no avisa de tal circunstancia, se le tendrá por desistido en la causa. Así lo determina el Tribunal Supremo en una reciente sentencia que unifica doctrina y rechaza el recurso de casación interpuesto por una letrada, a quien, después de haber sido llamada tres veces sin respuesta a la hora que debía dar comienzo el acto de conciliación, un juzgado de lo social de Sevilla tuvo por desistida de su demanda.

Según subraya el alto tribunal, la legislación permite la suspensión de los señalamientos en aras de garantizar el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Eso sí, todas las previsiones legales que regulan estas circunstancias, entre ellas el artículo 83.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, determinan que la incomparecencia injustificada se entenderá como una renuncia a la pretensión.

Sin embargo, tal y como sucedió en el caso enjuiciado, en el que la abogada llegó media hora tarde a la sala sin haber dado previo aviso, los magistrados aseveran que no cabe amparar al profesional. Por tres razones: primero, los preceptos legales son "claros y precisos"; segundo, el trámite que permite sortear dicha circunstancia es muy sencillo (una mera notificación), y tercero, porque la gravedad de las consecuencias legales obliga a los letrados a "extremar su diligencia" y al órgano judicial a "exigirles el celoso cumplimiento de sus obligaciones". Asimismo, explican, un trato de favor al letrado autor de tal descuido supondría un trato de favor que infringiría los derechos de la contraparte.

El Supremo, no obstante, apunta a que "no desconoce" el atasco que sufren los juzgados y tribunales, pero insiste en que dicha circunstancia "no puede ser excusa para ignorar una obligación tan evidente y fácil de cumplimentar". Aunque matizan que el fallo sería distinto si la recurrente hubiera intentado comunicarse con el juzgado o alegara alguna razón que pudiera interpretarse como una "causa justa" de la incomparecencia.
(Cinco Días, 20-03-2019)

Los sindicatos piden al Gobierno que derogue la modificación de la Mutua de los funcionarios de Justicia
Los sindicatos se concentran hoy ante la Administración de Justicia y la Mutualidad General Judicial y el Ministerio de Justicia para solicitar la derogación del cambio de normativa de la Mutualidad de Funcionarios de Justicia (MUGEJU). El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de marzo el real decreto de reordenación y actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad General Judicial, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de marzo, una entidad que gestiona un presupuesto de 104 millones de euros y que da cobertura a unas 100.000 personas.

Para los sindicatos, el cambio en la normativa corresponde a una decisión del Gobierno de "tomar el control de la mutualidad de los funcionarios de Justicia, para eliminar el control sobre las cuentas y la asistencia sanitaria por parte de los funcionarios que se benefician de este sistema", señala CSIF en un comunicado. Según detalla Comisiones Obreras en un comunicado, Mugecu hasta ahora se elegía democráticamente "por y entre el colectivo de mutualistas por sufragio universal, en un Consejo Rector compuesto por miembros designados a dedo y con mayoría de representantes de los grupos profesionales que tienen menos afiliación y menos cotizaciones".

Con esta normativa, se eliminan los dos máximos órganos de control democrático de la mutualidad -la Asamblea y la Comisión Permanente- y se sustituyen por otros dos - el Consejo General y la Comisión Rectora-, controlados directamente por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, responsable de la designación de sus miembros, añade CSIF.

"La Asamblea de la Mugeju tenía hasta ahora una representación proporcional de todos los colectivos de mutualistas que la integran: la mitad de compromisarios/as pertenecen los cuerpos de jueces, fiscales, letrados, médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (INT), gestión o técnicos de laboratorio del INT y la otra mitad a tramitación, auxilio y auxiliares de laboratorio del INT, eligiéndose democráticamente entre y por todos y todas las mutualistas cada cuatro años en las distintas comunidades autónomas", detalla CCOO en su comunicado.

Con la nueva regulación del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, la Asamblea es sustituida por el llamado Consejo General, que supone que "más de la mitad de "representantes" serán de colectivos que no tienen ni un cuarto de mutualistas, mientras que la inmensa mayoría del colectivo estará mínimamente representado. Y se fulmina el sistema democrático de elección por sufragio universal", explican.

Así, tras la modificación, se designarán dos miembros de la carrera judicial, designados por el Consejo General del Poder Judicial (11,1% de cotizaciones del cuerpo sobre el total); dos miembros de la carrera fiscal, designados por el Fiscal General del Estado (4,3%); dos miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (6,9%); dos miembros de los Cuerpos de Médicos Forenses y de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (INT) (1,5%); dos miembros de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Técnicos Especialistas del INT (25,4%); dos miembros del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (36,2%) y dos miembros del Cuerpo de Auxilio Procesal y de Auxiliares de Laboratorio del INT (15,1%). En los dos últimos casos, todos los miembros serán designados por la ministra de Justicia.
(El Mundo, 20-03-2019)

 
 
 
 
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