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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 DE MARÇ DE 2019

Laboral

Procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se ordena el procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral.
(BOE, 21-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 20 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de marzo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 21-03-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/index.php?d=69&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 21 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

El Supremo establece doctrina sobre la base imponible del impuesto de transmisiones
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que, en la dación en pago de un inmueble hipotecado, sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble.

Así lo establece el Supremo en una sentencia en la que rechaza el recurso de casación presentado por CaixaBank contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró correcta la liquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales onerosas que se le giró a la entidad financiera, tras recibir la dación en pago a su favor de unas fincas para saldar la deuda derivada de un préstamo hipotecario. La Agencia Tributaria tomó como base imponible la deuda pendiente de cobro y no el valor real de los inmuebles.

El Tribunal Supremo fija así el criterio interpretativo que consiste en determinar si, en relación con las adjudicaciones en pago de deudas o daciones en pago sujetas al ITP, la base imponible ha de establecerse en función del valor real del inmueble que se transmite o si, por el contrario, la misma ha de coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación.

El alto tribunal recuerda que el artículo 93.1 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y de acuerdo con los artículos 10 y 46.3 de la ley que regula este impuesto, en una dación de pago de uno o varios inmuebles hipotecados, la base imponible del ITP habrá de fijarse en función del importe de la deuda hipotecaria pendiente de amortizar que se extingue con la operación, "cuando dicha deuda sea superior al valor real del bien o los bienes inmuebles que se transmiten".

Por ello, añade el Supremo, habrá que convenir que el valor real de dicha operación o negocio jurídico viene determinado, precisamente, por el importe de la deuda hipotecaria a extinguir cuando sea superior al valor del inmueble.

En el caso concreto resuelto, CaixaBank presentó la correspondiente liquidación por el concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales onerosas, consignando como base imponible el valor de las fincas adquiridas (141.982,90 euros), lo que arrojaba una cuota tributaria de 8.518,97 euros.

Sin embargo, la administración tributaria consideró que la base imponible del impuesto debía coincidir con el importe de la deuda hipotecaria cancelada como consecuencia de la transmisión, que ascendía a 197.211,91 euros, cifra superior al valor real de las fincas, por lo que giró a la entidad bancaria una liquidación provisional de 11.832,71 euros.
(Cinco Días, 21-03-2019)

La ministra de Hacienda anuncia que el déficit público bajó del 2,7% del PIB en 2018
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el déficit público cerró el pasado año por debajo del 2,7% del PIB, gracias a evolución de los ingresos en el último cuatrimestre de 2018, la buena marcha de economía en la última parte del año y al menor coste de la deuda. España habría incumplido el objetivo de déficit público oficial fijado por Bruselas en el 2,2% del PIB. No obstante, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez aseguró nada más llegar al poder en junio del año pasado que no podría ajustar el déficit a la meta de Bruselas y que se ceñiría a un tope del 2,7%.

Así lo ha señalado Montero en un desayuno informativo organizado por la cadena SER, en Sevilla, donde ha señalado que en mayo del pasado año la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya calculo que el cierre del déficit en 2018 estaría en el 2,7%, y ha asegurado que el ministerio está ultimando los trabajos para comunicar oficialmente el dato. "Pero ya tenemos la certeza de que conseguiremos bajar de este 2,7%", añadió.

Esta bajada del objetivo de déficit, según ha indicado, hará que España salga del procedimiento de déficit excesivo, "cuestión de extraordinaria importancia" porque actualmente es el único país bajo este mecanismo de supervisión, por lo que su salida supone una muestra de "fortaleza, solvencia y buen trabajo".

Así, ha valorado el papel, "especialmente" de los ayuntamientos y también de las comunidades, para rebajar el déficit, aunque ha apuntado que "algunos ayuntamientos se encuentran todavía con dificultades para hacer frente a sus compromisos de pagos". Ante esto, ha recordado las medidas aprobadas por el Gobierno la semana pasada, que conseguirán, en el caso de Andalucía, que 171 ayuntamientos ahorren 731 millones en cinco años.

Tras afirmar que España mantiene "una tasa de crecimiento más robusta que la Eurozona y asegurar que "los inversores confían más en la economía del país de la derecha política del país", la ministra ha llamado la atención sobre los "efectos devastadores" que todavía son perceptibles en la sociedad por la crisis económica. "Se ha debilitado el ascensor social y el 99 por ciento de la población es más pobre y ha perdido la esperanza de progreso", ha lamentado.

Ha reconocido que la desigualdad es "un lastre" para el progreso económico y para la estabilidad de los países y ha apuntado que la desregulación de la actividad financiera, la reducción del papel del Estado y la bajada sistemática de los impuestos en los 80 es origen de "la vulnerabilidad económica".

Frente a esto, ha destacado las medidas alcanzadas en los nueve meses de gobierno socialista, con subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subida de las pensiones de viudedad, aumento del permiso de paternidad, garantizar los planes de igualdad en las empresas o la devolución del IRPF para aquellas familias que hayan tenido un hijo desde 2014. A esto también ha añadido la lucha contra la violencia de género, que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no aprobados contaban con 220 millones, "la partida más elevada de la serie histórica".

En cuanto a las medidas para la transición ecológica, Montero ha advertido de la "oportunidad" que representa este ámbito en empleo e inversión, llegando a crear 300.000 nuevos empleos entre 2021 y 2030 y una inversión de 200.000 millones. "Es urgente acometer esta transición para revertir el cambio climático. Es una oportunidad y sería una enorme irresponsabilidad dejarla pasar", ha asegurado.

"Toca ser imaginativos y valientes para cambiar la realidad ante situación que no pueden esperar y requieren de medidas transformadoras", ha señalado Montero, quien ha llamado a interponer el interés de la nación al particular con "medidas viables para recuperar los derechos y la confianza en la política.

Sobre fiscalidad, la ministra de Hacienda ha argumentado que "una Hacienda que se orienta hacia un modelo con poca progresividad, obviando el principio de la Constitución de que todos deben contribuir al sostenimiento del Estado", lo que hace, a su juicio, es "deslegitimar el papel de los impuestos para definir el modelo de convivencia".

En este sentido, ha apuntado que los PGE que presentó el gobierno socialista iban "en otra dirección". "Eran unos Presupuestos objetivamente buenos para España", ha afirmado, toda vez que ha recordado que "cumplían por primera vez con el Estatuto de Autonomía para Andalucía al contar 2.130 millones en inversiones.
(Expansión, 21-03-2019)

Laboral

Las multinacionales piden un pacto de Estado por la educación que se ocupe de formar a los futuros trabajadores en las áreas que se van a necesitar
De estos nuevos empleos que se van a generar, entre 201.000 y 243.000 estarán destinados a jóvenes de entre 16 y 34 años (entre el 41% y el 50% del total). Así, si se suman los actuales trabajos cualificados ocupados ya por jóvenes a los nuevos que se generarán, en 2028 la demanda de empleo especializado para este colectivo ascenderá a 687.000 empleos en total.

Sin embargo, ni las previsiones demográficas ni el actual sistema educativo parece que vayan a contribuir a proporcionar tantos profesionales preparados para las áreas en las que se van a necesitar. De hecho, los números en los que se basan las multinacionales de la Fundación I+E para lanzar esta alerta sobre un pacto educativo indican que España no podrá cubrir entre 85.000 y 104.000 empleos de jóvenes cualificados de los 687.000 que serán necesarios hasta 2028. Esto supone que entre el 13% y 15% de la demanda total de este tipo de puestos para jóvenes no se cubrirá.

El estudio de Josep Oliver maneja estas horquillas porque ha calculado tres supuestos distintos de creación de empleo y crecimiento de la economía distintos. Si bien todas estas hipótesis recogen un saldo migratorio neto hasta 2028 de 250.000 personas anuales, algo que es excesivamente optimista para este catedrático. De hecho, el autor de este trabajo ha precisado que los déficits de mano de obra joven en diez años podrían ser mayores, si no se cumple este saldo neto de inmigrantes o también en el caso de que se cumplieran en volumen este crecimiento de la población inmigrante pero el nivel formativo de las nuevas llegadas no fuera el que necesita la economía española.

En el lado contrario, las necesidades no cubiertas de empleo cualificado entre los jóvenes serían inferiores a las planteadas si aparecieran nuevos aumentos de productividad de la economía; si los avances del empleo y el PIB fueran menores de los considerados o si se produjera movilidad entre las distintas regiones y edades.

¿Qué puestos cualificados serán los que tengan más dificultades para ser cubiertos por jóvenes en los próximos diez años? Los técnicos en operaciones de tecnologías de la información serán los que tengan mayores dificultades para cubrir toda la demanda. Concretamente, los datos de este estudio apuntan a que en diez años no habrá jóvenes formados para cubrir el 18,1% de estos puestos. Le seguirán los profesionales de ciencias físicas, químicas, matemáticas e ingenierías (conocidas como profesiones STEM por sus siglas en inglés), que tendrán un déficit de empleo joven cualificad del 17,8% (ver gráfico).

El presidente ejecutivo de ManpowerGroup, Raúl Grijalba, advirtió que “en la actualidad no tenemos los suficientes jóvenes estudiando y preparándose para el cambio de tendencia que anuncian las empresas”, que pasarán de necesitar perfiles de hostelería y turismo a otros claramente más digitales. Por ello, hizo “un llamamiento a la acción” para actuar en el sector educativo porque “aún estamos a tiempo”, dijo.
(Cinco Días, 21-03-2019)

Se dispara el contrato temporal, sobre todo entre jóvenes
Casi 2,9 millones de ocupados (2.894.800) tuvieron en 2018 un contrato a tiempo parcial en España, una cifra un 3,2% superior a la de 2017 y la más alta en diez años, según un informe que ha publicado este miércoles la empresa holandesa Randstad basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat).

Sin embargo, la tasa de ocupación a tiempo parcial se mantuvo estable en 2018 en el 14,8%, mismo porcentaje que en 2017, debido a que, aunque hay más personas trabajando a tiempo parcial que en 2017 también ha crecido la base sobre la que se calcula este indicador al haberse generado más empleo.

Randstad destaca que "a menor edad del trabajador, mayor tasa de ocupación a tiempo parcial". Uno de cada tres trabajadores menores de 25 años trabaja a tiempo parcial, sostiene el informe. En concreto, el 37,4% de los trabajadores más jóvenes (menores de 25 años) cuentan con un contrato de estas características. Esta cifra tuvo una leve reducción respecto al 38,5% de 2017. El único grupo en el que la tasa de ocupados a tiempo parcial se incrementó es en el de los trabajadores con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años. Pasó del 14,8% en 2017 al 15% el año pasado.

Las dos Comunidades Autónomas con menores índices de empleo parcial son Madrid y las Islas Baleares, ambas con el 13% de los trabajadores con este tipo de contratos. En el otro extremo se ubican Extremadura, País Vasco y Navarra, que tienen un 16,5%, un 16,4% y un 16,2%, respectivamente, de trabajadores a tiempo parcial.

Por otra parte, las Comunidades Autónomas que más han aumentado la tasa de trabajadores a tiempo parcial son Castilla-La Mancha, que tuvo una variación del 15% entre 2017 y 2018, y Asturias, que registró un incremento del 13%.

Las únicas dos Comunidades que redujeron el número de trabajadores a tiempo parcial fueron la Comunitat Valenciana, donde bajó un 9,6%, y País Vasco, con un descenso del 1,6%. El informe de Randstad afirma que la media europea se sitúa en el 19,4%. La empresa holandesa remarca que "entre los países europeos que registran las mayores tasas de trabajadores a jornada parcial se encuentran entre los que cuentan con las menores tasas de paro".
(Expansión, 21-03-2019)

El SEPE actualiza las bonificaciones para los autónomos
Es por eso que los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) han actualizado dichas bonificaciones publicando un nuevo documento en el mes de marzo. Estas ventajas se enmarcan dentro de la política activa de este organismo, con la que pretende fomentar el emprendimiento colectivo y apoyar a la Economía Social. De este modo, se introducen nuevos incentivos y bonificaciones en la cotización al RETA, y se mejoran algunos de los ya existentes, según informa el propio SEPE.

“Las medidas presentadas coadyuvan a afianzar la hoja de ruta emprendida en los últimos años en materia de autoempleo, que se articula en torno a tres ejes: impulsar el autoempleo, individual o colectivo, apoyar a aquellos que ya han emprendido para que puedan consolidar y hacer crecer sus proyectos; y avanzar en la mejora de la protección social de los autónomos con el fin de salvar la brecha que existe entre los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores asalariados”, añaden en el documento.

Tarifa plana de 60 euros: Destinada a los nuevos autónomos o que no hayan estado dados de alta en el RETA en los dos últimos años. Su cuota mensual de cotización a la Seguridad Social se verá reducida a 60 euros durante los 12 primeros meses de actividad. Además, si la actividad se desarrolla en municipios de 5.000 habitantes la reducción se ampliará hasta los 24 meses. En el caso de que se opte por una base de cotización superior a la mínima, su cuota de autónomos se verá reducida en su equivalente al 80%, incluida la incapacidad temporal.

Menores de 30 y emprendimiento femenino: Los varones menores de 30 años y las mujeres menores de 35 que inicien actividad o que lleven al menos 2 años sin estar en el RETA accederás a una bonificación adicional a la tarifa plana equivalente al 30% sobre la cuota por contingencias comunes durante los 12 meses posteriores a la finalización de su bonificación de carácter general. En cualquier caso, el periodo máximo de bonificación no podrá superar los 36 meses.

Maternidad: Las trabajadoras autónomas que se encuentren en situación de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia natura tendrán una bonificación del 100% de la cuota que resulte de aplicación sobre la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida. Esta bonificación será compatible con la establecida en el Real Decreto-Ley 11/1998. La duración será durante el periodo de descanso; mínimo un mes.

En lo que respecta a la reinserción profesional, aquellas autónomas que hubieran cesado en su actividad por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela y vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los 2 años siguientes a la fecha de cese tendrán de cuota fija por contingencias comunes y contingencias profesionales, de 60 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de reincorporación. Si optasen por una base superior a la mínima podrá aplicarse durante el período antes citado una bonificación del 80% sobre la cotización por contingencias comunes.

Autónomos con discapacidad: Aquellos profesionales autónomos con al menos un 33% de grado de discapacidad también podrán acceder a la tarifa plana de 60 euros, así como las víctimas de violencia de género o de terrorismo.

Conciliación familiar: Quedarán exentos de pagar la cuota por contingencias comunes aquellos autónomos que soliciten la conciliación de la vida personal y familiar vinculada a la contratación. Se reducirá al 50% en el caso de que la persona contrata ejerza su jornada a tiempo parcial, siempre aplicado a la base media de cotización mínima vigente.

Los requisitos de conciliación son aquellos autónomos que tengan menores de 12 años a su cargo, a algún familiar por consanguinidad o afinidad de hasta segundo grado en situación de dependencia o con algún grado de discapacidad superior al 33% El SEPE aclara que en el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta en el RETA, la base media de cotización se calculará desde la fecha de alta.

Autónomos colaboradores: Las nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos tendrán derecho a una bonificación durante los 24 meses siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 50% durante los primeros 18 meses y al 25% durante los 6 meses siguientes.

Autónomos de Ceuta y Melilla: Si residen en estas ciudades autónomas y su actividad se encuadra en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura; industria, excepto energía y agua; comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el transporte aéreo, la construcción de edificios, las actividades financieras y de seguros y las actividades inmobiliarias, tendrán una bonificación del 50% en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial.
(El País, 21-03-2019)

Valerio niega que las pensiones de viudedad se vayan a recortar
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha salido al quite de las declaraciones de su propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, sobre la intención del Gobierno de estudiar la vinculación de la cuantía de estas pagas al nivel de renta del beneficiario. Esto ha provocado la reacción de la ministra, que, en plena campaña electoral, ha asegurado ante los medios que el Gobierno "no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiendo las más bajas".

"Para nada está en nuestra previsión modificar a la baja las pensiones de viudedad", ha dicho la ministra al ser preguntada por la polémica. "Rectifico totalmente. No hay idea de que el Gobierno vaya a modificar en absoluto las pensiones de viudedad. Si acaso lo que nos tenemos que plantear es, como la pensión media de viudedad es un poquito más de 700 euros, seguir en la senda de subir un poquito más las mínimas", ha explicado.

Concretamente, la polémica que ha generado el cruce de declaraciones entre la ministra de Trabajo y el secretario de Estado de la Seguridad Social viene por si la medida expresada por Granado de vincular la cuantía al nivel de renta implica un rejonazo a la nómina de las pensiones de viudedad.

Si vamos al fondo de la cuestión, Valerio está en lo cierto asegurando que "el Gobierno no tiene intención de bajar" las pagas de viudedad sino todo lo contrario. De hecho, tal y como se extrae del Real Decreto-ley aprobado en el mes de diciembre con la subida de las pensiones se establece el incremento de la base reguladora para el cálculo de la prestación del 56% al 60%. Y más, allá la postura de continuar incrementando la protección sobre este colectivo también aparece recogida en la recomendación 13 del Pacto de Toledo donde los partidos abogan por "garantizar una cobertura adecuada de las situaciones de necesidad" intensificando la protección en las personas beneficiarias mayores de 65 años.

Sin embargo, esta postura es totalmente compatible con las manifestaciones realizadas por el Octavio Granado este martes, ya que la vinculación de la pensión al nivel de renta del beneficiario no implica una caída ex profeso de las cuantías a percibir. Si no que acarrea una reforma completa del modelo de cálculo, de forma que a medida que el perceptor tenga un nivel de poder adquisitivo suficiente para mantener su nivel de vida la cuantía inicial será menor. Así, esto no supone un recorte de la pensión, pero sí una variación de modo que la persona que iba a recibir los 708 euros de media de la prestación ahora recibirá solo lo que le corresponda según su nivel de renta, menor o superior a esta cantidad. Eso sí, Granado confirmó que la reforma solo afectaría a las nuevas pensiones y no a las ya vigentes.

En declaraciones a la prensa en Guadalajara, la ministra ha insistido en que, ante cualquier cambio que se tenga que realizar en el sistema público de pensiones, el PSOE apostará por garantizar su sostenibilidad social, es decir, que, "como poco", las pensiones suban con el IPC, así como su sostenibilidad financiera.
(La Vanguardia, 21-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Banco de España advierte de que los decretos sociales del Gobierno frenan la reducción del déficit
El Banco de España ha dado este miércoles un toque de atención al Gobierno que se forme tras las próximas elecciones. El organismo supervisor ve esencial que las cuentas públicas estén preparadas ante un empeoramiento de la economía, y prevé que este año el agujero de las cuentas, el llamado déficit público, solo baje dos décimas, desde el 2,7% del PIB hasta el 2,5%. Y ello a pesar de tener uno de los mayores déficits de la Unión Europea y registrar crecimientos de la economía. La menor corrección del déficit se debe en parte a una menor inflación que impide que el déficit se diluya al ponerlo en comparación con el PIB. Pero también a los llamados viernes sociales del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Estas medidas individualmente consideradas han tenido un impacto relativamente pequeño", ha señalado el director del servicio de estudios del banco, Óscar Arce, durante la presentación de sus proyecciones trimestrales. Sin embargo, según ha explicado, contribuyen a un empeoramiento de las cuentas. En total, teniendo también en cuenta el importante efecto de la inflación, el deterioro alcanza hasta una décima del PIB, unos 1.200 millones. Empeora a pesar de que el banco también destaca que está mejorando la recaudación tributaria y que esos mismos decretos aprobados contemplan subidas de cotizaciones.

"No tenemos sobre la mesa una estrategia de consolidación de las cuentas públicas que ayude a reducir esta vulnerabilidad ", ha afirmado Arce. Y ha añadido que en ese contexto la política fiscal adoptaría un tono "claramente expansivo y procíclico" en una fase ya de por sí de expansión. En definitiva, será "otro año en barbecho" para la reducción del agujero presupuestario. "Esto nos deja un pelín insatisfechos", ha concluido. El Banco de España se ha mostrado además sorprendido por el fuerte crecimiento del consumo público en el último trimestre de 2018.

Los viernes sociales incluyen medidas como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años o el aumento de los permisos de paternidad. En cuanto a la subida del salario mínimo, el Banco de España sostiene que todavía es muy pronto para conocer el impacto. Sin embargo, Arce ha explicado que los datos de los dos primeros meses no refutan la tesis del supervisor de que se perderán unos 125.000 empleos. Observan que sí está teniendo efecto en "los colectivos más vulnerables".

Además, el Banco de España detecta que las mejoras de salarios se están dando de forma generalizada, sin atender a la situación particular de las empresas o de los sectores. Aunque no están en contra de las alzas salariales, estas deben hacerse vigilando que se preserva la competitividad, máxime cuando aumentan los riesgos para la economía.

Pese a al deterioro de la actividad global y sobre todo de la zona euro, la economía española mantiene "un notable dinamismo", asegura el Banco de España. En su informe trimestral publicado este miércoles, el organismo prevé que entre enero y marzo el PIB crezca un 0,6%, solo una décima por debajo del trimestre precedente.

"España no ha sido inmune a la perturbación exterior, que se ha manifestado en el tramo final del pasado año en una notable pérdida de vigor de las exportaciones", dice el documento. No obstante, el Banco de España considera que la demanda interna ha paliado este efecto. Hasta el punto de que no se ha producido una desaceleración como la experimentada en el resto de la UE. El consumo privado ha tirado gracias a la creación de empleo, la baja inflación, el descenso de la tasa de ahorro, el crédito al consumo y el impulso que los Presupuestos del Estado han inyectado en las rentas de los hogares, sobre todo en la segunda mitad de 2018 con las subidas de pensiones y sueldos de funcionarios. El buen comportamiento del consumo de familias refleja que van "con el pie en el acelerador bastante hundido", ha apuntado Arce.

El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos cree que la fase expansiva se prolongará en los próximos años, con un crecimiento que irá a ritmos cada vez un poco más lentos: del 2,2% en 2019, el 1,9% en 2020 y el 1,7% en 2021. Estos supuestos descansan en que durante este año vayan desapareciendo las incertidumbres y mejore la demanda global en un contexto de políticas monetarias muy favorables. "La contribución negativa que actualmente presenta la demanda externa tendería a moderarse a lo largo del horizonte de proyección", dice.
(Cinco Días, 21-03-2019)

La Reserva Federal congela el alza de tipos y no prevé nuevas subidas hasta 2020
La Reserva Federal de EE UU continúa la senda de moderación con la que comenzó el año y que tantas alegrías ha proporcionado al mercado. Después de que el presidente de la institución, Jerome Powell, avisara en reiteradas ocasiones de que se mostraría flexible con el ritmo de subida de los tipos, ayer dio una muestra de ello. El Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) decidió por unanimidad mantener los tipos de interés en la horquilla del 2,25-2,5%, nivel en que permanecen desde el pasado mes de diciembre. Por primera vez desde septiembre de 2017, el FOMC se reunió para hablar de política monetaria y del cuadro macroeconómico sin que decidiera elevar los tipos.

La decisión de la Fed de no tocar el precio del dinero no fue una sorpresa para los inversores, como sí lo fue el cambio en las proyecciones de expectativas de subida de los tipos. En diciembre el banco central de EE UU rectificó y recortó de tres a dos veces el alza del precio del dinero prevista para 2019, pero ayer decidió dar un paso más allá. El debilitamiento de la economía estadounidense en el cuarto trimestre de 2018 llevó al comité a descartar nuevas subidas de los tipos este año.

Así lo reflejaron 11 de los 17 participantes, nueve más de los que a finales de 2018 aconsejaban que no eran necesarios más repuntes. Según el diagrama de puntos de la institución, habrá que esperar a 2020 para que la Fed reanude el camino que inició en diciembre de 2015. De confirmarse las nuevas proyecciones, este año será el primero en cinco ejercicios en el que el banco central no toca los tipos. “Puede que pase un tiempo antes de que necesitemos ajustar la política monetaria. Es un gran momento para ser pacientes”, afirmó Powell nada más comenzar la rueda de prensa.

Los expertos de ING destacaron que las proyecciones de la Fed fueron más agresivas de lo previsto. “Habíamos planeado eliminar una de sus alzas proyectadas del diagrama para este año, pero eliminar ambas es una sorpresa. Parece bastante agresivo, dado que los funcionarios nos han estado diciendo repetidamente que la economía de EE UU es fuerte”, subrayaron.

Los tipos no son la única herramienta de la que se sirve la institución para mantener estables los precios. La otra medida cuyo efecto en mercado es significativo es la que hace referencia al balance del banco central. Si a finales de 2018 Powell afirmaba que mantendría el ritmo de reducción de su balance ahora ha optado por echar el freno e indicar que a finales de septiembre espera concluir su reducción. Previamente, en mayo la Fed disminuirá de 30.000 a 15.000 millones la tenencia de valores del Tesoro. El balance de la Fed cerró 2018 en 4,5 billones de dólares, muy lejos del billón que registraba antes del estallido de la crisis financiera.

Como ya hiciera el BCE en la cita del 7 de marzo, la Fed actualizó ayer sus proyecciones macroeconómicas. El banco central de EE UU recortó dos décimas su estimación de crecimiento para 2019 (2,1%) y en una décima la de 2020, hasta el 2% ante el frenazo en el crecimiento en Europa y China, así como las dudas que generan la guerra comercial y la incertidumbre en torno al Brexit. Eso sí, mantiene intacto su cálculo para 2021, cuando se prevé que el PIB suba un 1,8%.

Unos datos que evidencian la ralentización, pero que continúan lejos de enviar señales de recesión. La tasa de paro cerrará el año en el 3,7%, por encima del 3,5% que preveían hace tres meses. En 2020, subirá al 3,8% y al 3,9% en 2021. La previsión inflación, por su parte, cae una décima este año y el próximo, hasta el 1,8% y 2%, respectivamente. Será en 2021 cuando los precios alcancen el objetivo del 2%. Es decir, no existen presiones inflacionistas que justifiquen la subida de tipos.
(Expansión, 21-03-2019)

La inversión extranjera marca un récord en España, pero cae en Cataluña
La inversión extranjera directa en España alcanzó en 2018 un récord. Tanto en términos brutos como una vez descontadas las desinversiones. En cifras brutas, la inversión foránea sumó el año pasado los 46.827 millones, un 71% más que en el ejercicio precedente. En el neto —que es en el fondo más importante porque refleja los flujos de entrada y de salida— se captaron 39.746 millones, un 153% más que el año anterior, según los datos del registro de inversiones del Ministerio de Industria.

Habría que remontarse al pico de la burbuja para siquiera acercarse a semejantes cantidades. El anterior récord en inversiones netas directas ascendió a 26.365 millones justo en 2008. Y en inversiones brutas los máximos se anotaron en 2007 y 2008, con unos 30.000 millones en cada año.

Según el Ministerio de Economía, estas buenas cifras se deben a que España está obteniendo unos crecimientos mayores que la media de la zona euro. Los datos no incluyen inversiones financieras. Se trata de inyecciones directas, destinadas a comprar una participación de control, abrir una fábrica o crear empleo. En definitiva, son proyectos a más largo plazo, ligados a las expectativas de crecimiento de la economía y, por lo tanto, tardan mucho más en marcharse que los capitales puramente especulativos.

Por el contrario, las cifras de Cataluña vuelven a retroceder. En 2018 descendieron un 12%. Entre 2016 y 2018, la comunidad ha pasado de recibir 8.273 millones brutos a solo 2.985 millones. En medio del desafío soberanista, su peso en el total de la inversión foránea en España se ha desplomado desde el 31% al 6,4% en tres años. Según los expertos, el traslado de sedes de empresas por la incertidumbre independentista ha podido contribuir al deterioro. En cambio, en ese mismo periodo la tarta de la Comunidad de Madrid ha engordado con mucha velocidad desde el 44% del total hasta el 85%.

A todas luces, el efecto capital hace que los flujos se concentren sobre todo en Madrid. De hecho, en 2018 solo ingresaron más inversión Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra. En un foco tradicional de las inversiones foráneas como el País Vasco, estas cayeron en 2018 un 74% hasta los 969 millones y ya solo representan el 2% del total nacional. En cualquier caso, los datos resultan altamente volátiles de un solo ejercicio para otro porque un único desembolso importante puede condicionar la estadística, especialmente en las regiones más pequeñas.

Además, puede haber correcciones a posteriori en los años siguientes porque las compañías se demoren en reportar sus inversiones. Sin embargo, las tendencias de fondo sí que parecen bastante evidentes. Sea como fuere, Madrid gana peso frente a Cataluña y todas las demás.
(El País, 21-03-2019)

El BCE reanudará las compras de deuda antes de fin de año
La agencia de la calificación crediticia Fitch afirma que la institución retomará las compras netas de activos antes de concluya el año. Esta medida que expiró en diciembre de 2018 volvería a implementarse con el objetivo de insuflar aire a la recuperación en la zona euro. En este escenario el alza de los tipos se aplazaría a finales de 2020 debido al frenazo que sufre la economía de la región.

"La perspectiva de crecimiento para la zona euro se ha deteriorado de manera particularmente aguda", señala la agencia, que ha revisado a la baja sus pronósticos de expansión del PIB de la zona euro para este año y el siguiente al 1% y el 1,3% respectivamente, frente a la anterior expectativa de un crecimiento del 1,7% en 2019 y del 1,6% en 2020. A pesar de este brusco recorte, la agencia descarta una recesión global, pues EE UU sigue creciendo por encima de la tendencia y en gran medida la debilidad mostrada en la recta final de 2018 se debe a factores temporales.

Fitch señala que los cambios acometidos en la pasada cita del BCE y el anuncio de la nueva ronda de liquidez a la banca para aliviar la presión que sufre el sector bancario (se enfrenta a vencimientos de préstamos por importe de 700.000 millones de euros) han llegado "un poco antes de lo que muchos esperaban". No obstante, no cree que sean suficientes para hacer frente al frenazo económico en la zona euro.

"Hemos rebajado nuestras previsiones de inflación al 1,3% y el 1,4% para este año y el siguiente y ya no esperamos una subida de tipos en 2020", auguran los analistas de Fitch, que consideran probable que el BCE "retome sus compras netas de activos a finales de 2019".
(La Vanguardia, 21-03-2019)

 
 
 
 
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