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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 23 AL 25 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

Departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias
Orden PCI/327/2019, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias.
(BOE, 23-03-2019)

Laboral

Creación, composición, organización y funcionamiento de la comisión paritaria para la resolución de las reclamaciones previas en materia de prestación por cese de actividad
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se determina la creación, composición, organización y funcionamiento de la comisión paritaria para la resolución de las reclamaciones previas en materia de prestación por cese de actividad.
(BOE, 25-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el Marco del Programa
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 2019, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el Marco del Programa 1994 y 1995 del Plan de Vivienda 1992-1995, Programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
(BOE, 23-03-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/index.php?d=72&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/23/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/23/index.php?d=71&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 23 AL 25 DE MARÇ DE 2019

Fiscal

Hacienda publicará esta semana el dato de déficit público de 2018
El Ministerio de Hacienda publicará esta semana el dato de déficit público de 2018, que previsiblemente bajará del 3% del PIB y permitirá salir, tras una década, del férreo control de Bruselas asociado al procedimiento de déficit excesivo (PDE).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avanzado que el déficit cerrará 2018 por debajo del 2,7% del PIB, aunque probablemente estará por encima del objetivo oficial (2, %), un desvío que el Gobierno justifica en que las previsiones remitidas por el Ejecutivo anterior a Bruselas no eran realistas.

El paso del brazo correctivo al brazo preventivo, asociado al umbral del 3% del PIB, no será automático tras conocerse el viernes 29 de marzo el dato de déficit, sino que necesita del visto bueno de las autoridades europeas, que se conocerá en junio.

El fin del PDE implicará salir del "incómodo" seguimiento específico que actualmente Bruselas realiza de las cuentas españolas y que puede derivar en medidas de ajuste e incluso sanciones, según explica el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres.

Sería además un paso bien recibido en los mercados, según Torres, que apunta que podría influir en la mejora de la calificación crediticia del país, que a su vez repercutiría en una mejora de la prima de riesgo y de los costes de financiación.

El director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia Joaquin Maudos coincide en que la potencial salida del PDE es "una buena noticia", aunque considera "altamente preocupante" que España tenga el déficit más alto de la Unión Europea y que la mayor parte de este sea estructural.

España pasó directamente de registrar superávit en 2007 (2,2% del PIB) a entrar en el procedimiento de déficit excesivo en 2008 al cerrar con un déficit del 3,99% del PIB, una cifra que se disparó hasta el 11,06% del PIB al año siguiente. Desde entonces el déficit se ha corregido lentamente: 9,33% del PIB en 2010; 9,44% en 2011; 6,84% en 2012; 6,33% en 2013; 5,77% en 2014; 5,06% en 2015; 4,29% en 2016 y 3,03% en 2017.

La potencial salida del brazo correctivo no significa el fin definitivo del control de Bruselas, que ahora se centrará en una revisión más suave a modo preventivo, es decir, para que el déficit público no vuelva a descontrolarse por encima de lo que marca el pacto de estabilidad y crecimiento.

En concreto, Bruselas vigilará la corrección del déficit estructural, la evolución del gasto público conforme a la regla de gasto europea -que mide de manera más general que la actualmente vigente en España- y la reducción de la deuda pública, con el objetivo de reconducirla por debajo del 60% del PIB.

Torres admite que "siempre" existe la posibilidad de volver al PDE, aunque asegura que "no será fácil" porque implicaría no solo que España incumpliera los umbrales de déficit y deuda, sino que además la Comisión Europea percibiera que no se hace nada para corregirlo.
(Expansión, 24-03-2019)

Laboral

Los trabajadores con conocimientos tecnológicos avanzados ganan un 26% más que aquellos que solo tienen nociones básicas
Así lo concluye el informe de esta organización titulado ¿Cómo es la vida en la era digital? que analiza el impacto de la digitalización en distintas áreas como el empleo, los salarios, la educación, el comercio, la sanidad o la seguridad en las sociedades de los 36 países más desarrollados.

Entre las fortalezas digitales españolas que destaca la OCDE están el grado de acceso de los ciudadanos a internet en sus hogares, que cifran en alrededor de un 80% de la población. Este porcentaje supera la media de acceso a la red de la OCDE fijada en el entorno del 75%. Y es incluso superior al de países como Estados Unidos, donde dicho acceso es también del 75%. Asimismo, España está por encima de la media de la OCDE en el número de actividades para las que los ciudadanos usan la red.

Pero hasta aquí los datos en los que España destaca más positivamente, ya que el informe pone de manifiesto algunos riesgos para su economía y sociedad. El primero de ellos es que España "tiene un riesgo de pérdida o transformación significativa de empleos por la automatización relativamente alto", con el 52% de los puestos en un nivel de riesgo medio alto.

Este estudio ha analizado la cantidad de puestos de trabajo que tienen "riesgos de experimentar cambios significativos" por los procesos de automatización digital y aquellos con "alto riesgo de automatización" que implicarían su desaparición tal y como existen en la actualidad. Así en el caso español el 30% de los empleos serían susceptibles de registrar cambios importantes y un 22% podrían llegar a automatizarse totalmente. Eslovaquia y Lituania corren este riesgo en más del 65% de sus empleos; mientras que en Noruega y Nueva Zelanda apenas el 30% está en esta situación (ver gráfico).

Otro dato en el que España está por debajo de la media europea es en la tasa de retorno en términos de productividad y mejoras salariales de las inversiones en tecnología.

Aunque la mejora productiva y salarial en España no esté entre las mejores, que sí logran EE UU, Corea del Sur o Japón, los autores de este estudio sí encuentran una relación directa entre las habilidades digitales de los trabajadores y sus retribuciones.

Concretamente, los trabajadores sin conocimientos del uso de herramientas digitales TIC ganan un 18% menos a la hora que los que sí tienen, aunque estos sean básicos. Así lo indican los datos del programa de evaluación de las competencias de personas adultas (PIAAC en sus siglas en inglés) que elabora también la OCDE. Este estudio indica, además, que aquellos trabajadores con mayores conocimientos y destrezas digitales (niveles 2 y 3 del test PIAAC) ganan un 26% más aquellos con niveles básicos.

Finalmente, la OCDE cree que España arroja cifras demasiado pobres en cuanto a la cantidad de empleo en la industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Apenas el 3% del total de ocupados está empleado en estas industrias, con lo que España se coloca el décimo país por la cola. Este indicador lo lidera Israel, con el 6% del total de sus ocupados trabajando en industrias TIC, seguido por Estonia, con más del 5%.

En este punto, el primer Observatorio eShow de Empleo digital calculaba recientemente que en España se dejan de cubrir entre 100.000 y 110.000 puestos de trabajo en la industria digital por falta de perfiles adecuados. Y dado que el sueldo medio de estos puestos ronda los 29.000 euros anuales, el valor de este empleo no generado ascendería a unos 3.200 millones de euros al año.
(Cinco Días, 25-03-2019)

Las reformas laborales y la Gran Recesión no han cambiado el patrón basado en la precariedad como puerta de entrada al trabajo
El mercado laboral español ha pasado por una Gran Recesión y dos reformas laborales, la de 2010 y la de 2012. Sin embargo, una vez superado el quinto año de recuperación, sigue igual, atascado en las mayores tasas de temporalidad de la UE y con una rotación mayor que nunca. Así lo acredita un análisis del Banco de España, que considera que las probabilidades de convertir un contrato temporal en indefinido apenas se han recuperado tras la crisis. La Comisión Europea ya ha dicho que la temporalidad no está justificada por el mayor peso de sectores como el turismo, que tiran más del temporal. Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de que el modelo no ha cambiado y persiste la baja cualificación.

Ahora que la recuperación alcanza el quinto año consecutivo de creación de empleo, el Banco de España ha elaborado en su informe trimestral una comparativa sobre la evolución del mercado laboral antes y después de la Gran Recesión. La conclusión: el patrón apenas cambia. La creación de empleo es similar. Quizá un poco superior, dado que ahora se crece a unos ritmos algo más lentos, explica. Sin embargo, el crecimiento de la ocupación sigue sustentándose en los contratos temporales, a pesar de la mejora económica y de que todas las reformas tenían la pretensión de reducir la temporalidad.

Por un lado, el acceso al mercado laboral desde el desempleo o la inactividad continúa haciéndose mayoritariamente a través de un contrato temporal. Durante la bonanza previa a la crisis, mejoró ligeramente la proporción de personas que entraban con un contrato indefinido. Eran entre el 18% y el 20%. Sin embargo, con la crisis este porcentaje descendió al 15%-16%. Y, pese a la recuperación, se ha quedado estabilizado ahí. En principio, debería estar corrigiéndose algo, igual que sucedió en la anterior expansión. Máxime cuando las reformas debían haber hecho más atractivo el trabajo fijo al abaratar su despido. Sin embargo, no parece que se haya logrado fomentar la contratación indefinida. La dualidad entre fijos y eventuales está enquistada desde que en 1984 se facilitara el uso del contrato temporal.

Por otro lado, según el supervisor, la tasa de conversión de los contratos temporales en indefinidos se sitúa bastante por debajo de la de antes de la crisis. Si en los años 2006 y 2007 solo un 13% de los contratos acababa convirtiéndose en fijo al cabo de un año, ahora la ratio apenas alcanza el 8%. Una cifra algo mejor que la de 2016, cuando solo era el 6%. Pero muy lejos de la media de la UE, que se coloca en el 24% si se toma la ponderada por peso de los países, o el 15% si se toma la media aritmética.

Fuentes de la Administración explican que las inspecciones de Trabajo están funcionando y han mejorado la ratio de conversiones durante los últimos dos años. En un mundo ideal, los economistas dicen que el contrato temporal debería servir como trampolín para obtener un puesto mejor conforme se gana experiencia. Sin embargo, eso no ocurre. El Banco de España ya incidía en que antes de la crisis incluso trabajadores con experiencia y cotizaciones elevadas sufrían la temporalidad. Dos estudios, el de desigualdad del Banco de España y otro de Florentino Felgueroso, José Ignacio García-Pérez, Marcel Jansen y David Troncoso-Ponce, revelan que el problema reside en que, aparte de las sustituciones de mano de obra cara por barata, las empresas han tocado poco los salarios por hora que abonan. Lo que hacen es ajustar el tiempo de trabajo, utilizando a los empleados con una mayor rotación, por periodos más cortos y solo para los momentos, jornadas y horas que los necesitan. De esta forma, el número de horas trabajadas crece menos. Además de la reducción del paro, la dificultad para disminuir la desigualdad radica en que los menos formados trabajan menos horas.

Esta excesiva temporalidad no se justifica simplemente por el tipo de sectores que predominan en la economía, señaló el año pasado la Comisión Europea en su informe sobre la economía española. Y destacaba que en España hay casi un 30% más de temporalidad en la construcción y en la agricultura que en la media de estos sectores en la UE. En torno a un 15% más en la hostelería, la sanidad y el ocio. Y alrededor de un 10% más en la industria, la educación o los servicios profesionales. Solo la banca presenta una temporalidad cercana a la europea.
(El País, 25-03-2019)

Caída notable de los parados que capitalizaron la prestación por desempleo
Los beneficiarios de la prestación contributiva por desempleo que la capitalizaron en un pago único para emprender un proyecto de autoempleo alcanzaron los 79.097 en 2018, lo que representa un descenso del 14,4% en comparación con el año anterior y su nivel más bajo desde 2005.

Así lo reflejan datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de los que se extrae que estos beneficiarios que reciben el paro en un pago único para autoemplearse descendieron en 13.271 personas. La mayoría de los que capitalizaron el desempleo lo destinaron a establecerse como autónomos. En concreto, el 89,5% destinó la prestación a ser trabajadores por cuenta propia.

Tras este tipo de autoempleo se sitúa el grupo de beneficiarios que dedicó su prestación capitalizada a ser socios de sociedades mercantiles y que sumaron 3.600 personas (4,6% del total); 3.156 parados lo destinaron a ser socios de cooperativas (el 4%) y 1.553 (el 2%) a entrar en sociedades laborales.

En cuanto al número medio de días capitalizados por trabajador, esta cifra fue ascendiendo progresivamente hasta alcanzar los 245 días. Mientras, el importe líquido por persona trabajadora se incrementó un 14,9%, hasta los 6.727 euros, la cifra más elevada desde 2005.

Cabe explicar que los datos anuales son inferiores a la suma de los datos mensuales debido a que se consolidan las cifras correspondientes a beneficiarios que capitalizan la prestación parcialmente y los que la capitalizan total o parcialmente para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad Social, y, por tanto, aparecen como beneficiarios en más de un periodo mensual.
(Expansión, 24-03-2019)

Sólo siete autonomías han recuperado las cifras de afiliación de extranjeros a la Seguridad Social
Así se desprende de los datos que maneja el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que permiten comparar los afiliados registrados en 2018 con los de diez años antes, en 2009, justo al inicio de la crisis económica: de 1.871.780 entonces a 1.939.269 el año pasado. Un crecimiento que, sin embargo, no se extiende a todos los territorios, ya que en una decena de ellos actualmente hay menos afiliados extranjeros que hace diez años.

Cataluña es la comunidad en la que más ha subido la cifra, al pasar de 419.536 a 468.592, al contrario que Madrid, donde el global se ha reducido de 403.356 a 392.967. En el lado de las comunidades más dinámicas en este campo hay que situar también a Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y País Vasco. Algo más del 56 por ciento del total de afiliados en 2018 eran hombres y la mayor parte tenían edades comprendidas entre los 25 y los 54 años. Llama la atención que también es más numeroso el grupo de mayores de 55 años que el de menores de 25 años.

Junio, septiembre y mayo fueron los meses, por este orden, con mayor número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en 2018, mientras que enero, febrero y marzo fueron los que menos movimiento registraron. En las autonomías más turísticas, el flujo de nuevos afiliados se incrementa de forma más notable en temporada alta, como en Baleares, cuando los datos casi duplican, por ejemplo, a los de enero.
Otras comunidades, como Castilla y León, más agrícola, no tiene tan vinculados los movimientos al verano y, de hecho, cuando más aumenta es en septiembre, coincidiendo con el inicio de la cosecha de muchos productos.

Por países, aproximadamente la mitad de los extranjeros proceden de la Unión Europea, seguidos de los naturales de Latinoamérica, los de África y los de Asia.
(El Mundo, 23-03-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La Autoridad Macroprudencial iniciará su andadura en abril
El Ministerio de Economía y Empresa convocará el próximo mes de abril al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la primera reunión de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), un organismo de nueva creación responsable de prevenir y mitigar el riesgo sistémico.

Según han confirmado fuentes de Economía, Amcesfi se estrenará antes de que termine la legislatura, por lo que previsiblemente la reunión se convocará para la primera o segunda semana del próximo mes. La festividad de Semana Santa comienza el 18 de abril y la siguiente estará condicionada por las elecciones generales.

En sus reuniones, la Autoridad Macroprudencial analizará posibles factores de riesgo, emitirá opiniones y alertas y realizará recomendaciones a los supervisores sectoriales, aunque estas recomendaciones no son vinculantes. En cualquier caso, si los supervisores deciden no cumplirlas, deberán explicar y justificar su determinación. Asimismo, cada año, Amcesfi elevará a las Cortes un informe de carácter público, en el que se analizará los principales riesgos para la estabilidad financiera, las medidas vinculantes adoptadas y las recomendaciones y avisos emitidos.

El consejo del nuevo organismo estará integrado por la ministra de Economía y Empresa, que ejercerá las funciones de presidenta; el gobernador del Banco de España, que será el vicepresidente; la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

También contará con un comité técnico, que estará formado por nueve representantes de los organismos integrantes de Amcesfi y presidido por la subgobernadora del Banco de España. Se prevé la posibilidad de que a las reuniones asistan, en calidad de expertos, con voz, pero sin voto, representantes de otras instituciones públicas relacionadas con la estabilidad financiera. El pasado 2 de marzo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros por el que se acuerda la configuración estructural de competencias y funciones Amcesfi.

La creación de este nuevo organismo ha venido motivada por el estallido de la última crisis financiera y las "limitaciones" que mostraron las herramientas tradicionales de política económica y supervisión financiera a la hora de prevenir parte de los riesgos desencadenados para la economía. No obstante, fue en 2010 cuando la Junta Europea de Riesgo Sistémico fue constituida para establecer que cada Estado miembro debía crear su propia herramienta macroprudencial antes de julio de 2013, por lo que España llega seis años más tarde del plazo límite estipulado.
(Expansión, 24-03-2019)

El Gobierno aprueba el régimen gratuito de las cuentas de pago básicas
El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros el Real Decreto que establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas para personas con riesgo de exclusión social. Según explicó la ministra de Economía, Nadia Calviño, este tipo de cuentas básicas permitirán hacer gestiones diarias como el pago con tarjeta de débito, la retirada en efectivo en cajeros, o un máximo anual de 120 operaciones de domiciliación de recibos y nóminas y transferencias dentro de la UE. Los bancos no podrán cobrar más de tres euros al mes por este servicio (36 euros al año), aunque para las personas más vulnerables será gratuito.

En diciembre de 2017, el Gobierno popular traspuso a la legislación nacional una directiva comunitaria que garantizaba el derecho de los clientes a acceder a unos servicios financieros básicos. A finales de febrero, el Ejecutivo socialista detalló las condiciones que integraría la cuenta básica, pero no ha sido hasta este viernes cuando se ha incluido a los colectivos en riesgo. “El Gobierno ha dado un paso más y ha incluido la gratuidad de estas cuentas para colectivos en situación de vulnerabilidad. No puede haber inclusión social sin inclusión financiera”, subrayó Calviño.

El criterio para la gratuidad de las cuentas se determinará en función del número de personas que componen el núcleo familiar y del indicador de renta de efectos múltiples (Iprem), “de un modo similar al que se establece para acceder a la justicia gratuita”. En concreto, los bancos no podrán cobrar a los clientes con unos ingresos brutos anuales inferiores a dos veces el Iprem, esto es, 12.908 euros al año. Si se trata de un hogar formado por dos o tres personas, entonces no podrá superar los 16.135 euros anuales, o los 19.362 euros si el núcleo familiar el mayor.

La ministra destacó que la medida busca reducir la desigualdad social y económica, “un lastre para nuestro crecimiento futuro”, dijo. Por ello, insistió en la necesidad de aprovechar la “buena situación económica” que vive el país “para avanzar en las reformas que consoliden un desarrollo sostenible y justo en el futuro”.
(El País, 23-03-2019)

Plan de retorno de emigrados y becas posdoctorales
El Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes Plan de Retorno para españoles emigrados por la crisis económica y que deseen regresar a España. Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el programa pretende atender a 23.000 con presupuesto de 24,2 millones de euros para este año y el siguiente.

El plan incluye 50 medidas, entre ellas, una bonificación de la cuota de autónomos (con una tarifa plana de 60 euros al mes) para aquellos que retornen para emprender, becas para investigadores, y un servicio de mediación laboral para informar y buscar empleo a las personas que quieran retornar. Para su diseño, el programa ha contado con la colaboración de las comunidades autónomas, ayuntamientos, todos los ministerios y cerca de 60 empresas.

La ministra ha informado de una dotación de 10,7 millones de euros en becas posdoctorales Ramón y Cajal y Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia, para que "el talento que estaba formado y se fue, pueda ahora retornar con la experiencia de haber vivido en el extranjero".

Un plan enfocado a jóvenes, pero no solo, que "buscar hacer justicia" con los que se tuvieron que marchar del país en busca de oportunidades laborales, ha añadido Celaá. La ministra ha señalado que 2,5 millones de españoles residentes en el exterior, y que, de ellos, casi un millón se fue a partir de 2009.
(El País, 23-03-2019)

La confianza de la pyme española en Latinoamérica se mantiene
América Latina sigue siendo uno de los mercados más atractivos para la internacionalización de las pymes españolas. Según se desprende de un informe elaborado por IE University, esta región es una apuesta "decidida y a largo plazo".

A pesar de que la situación económica de Latinoamérica no será tan favorable, y de que se han incrementado los riesgos a la hora de invertir, el 68% de las pymes españolas que se han encuestado para la realización de este informe afirman que aumentarán su inversión en la región durante el presente año. Es un porcentaje inferior al de 2018, pero sigue siendo bastante reseñable.

Se trata de la edición número 12 de este informe, llamado 'Panorama de Inversión Española en Iberoamérica', y que cuenta con la colaboración de Iberia y de Llorente & Cuenca. Tan solo el 1% de las empresas encuestadas prevé reducir su inversión en la región con respecto al pasado año.

Durante 2018, las amenazas de una guerra comercial, la apreciación del dólar o la crisis del peso argentino han marcado la trayectoria ascendente del riesgo inversor. También la caída del precio del petróleo o de otras materias primas, así como la incertidumbre que los procesos electorales en Brasil y México han generado en los mercados. Aun así, el crecimiento de la región ha sido del 1,1%, ocho décimas por debajo de lo previsto por el FMI a principios de 2018.

El 76% de las pymes españolas con presencia en Latinoamérica elige México como destino. El país mexicano es seguido por Colombia, con un 50%. Chile, Brasil y Perú cierran el Top 5. En lo relativo a la visión de los empresarios españoles sobre la situación económica de los países latinoamericanos, Colombia y Chile sacan la mejor nota (3,89 y 3,88 sobre 5, respectivamente). El tercer lugar lo ocupa Panamá, con un 3,68.

Resulta llamativo el crecimiento de República Dominicana (+0,07), que se acerca a Costa Rica con un 3,29. La mayor bajada la ha sufrido Argentina (-1,50), que es junto a Venezuela el país con peor opinión de los empresarios españoles en cuanto a situación económica.

Seis de cada diez pymes tienen previsto tener un crecimiento orgánico en la región durante 2019, mientras que la gran mayoría prevé que su facturación ascienda en los próximos años en esta región por encima del crecimiento esperado en el resto de mercados extranjeros.
(El Mundo, 23-03-2019)

 
 
 
 
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