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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 5 D’ABRIL DE 2019

Fiscal

Organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
(BOE, 05-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 4 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 4 de abril de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 05-04-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/index.php?d=82&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 5 D’ABRIL DE 2019

Fiscal

El CGE reclama una reorganización de la tributación de la riqueza
El Consejo General de los Economistas (CGE) se ha sumado a los empresarios y ha presentado a los partidos políticos sus propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Unas propuestas que pasan por reorganizar la tributación de la riqueza y revisar los impuestos ligados a la financiación autonómica. Los economistas recuerdan la necesidad de dar respuesta a la sostenibilidad de las pensiones y a estudiar el pago por uso de las autopistas y autovías.

Así, la institución presidida por Valentín Pich reclama una reorganización de la tributación de la riqueza que pasaría por analizar la supervivencia o no del impuesto de Patrimonio, el papel del de Sucesiones y Donaciones y el de otras tasas como el IBI. Sobre el IRPF, los economistas piden una simplificación y ven conveniente revisar la imputación de las rentas inmobiliarias.

También piden reflexionar sobre la fiscalidad medioambiental, revisar la tributación autonómica y regular los principales impuestos propios de las autonomías con una ley estatal cediendo, eso sí, la recaudación a las comunidades y cierta capacidad normativa.

Sobre el impuesto de Sociedades, los economistas piden al futuro Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de marzo que acerque los pagos fraccionados a la tributación anual, para evitar así que adelanten sistemáticamente el impuesto. Además, instan a regular las tasas municipales y urgen a solucionar el problema de las valoraciones de los inmuebles en Donaciones, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales, lo que, en su opinión, reduciría considerablemente la litigiosidad fiscal.

Más allá de las propuestas fiscales, el Consejo General de Economistas insta a los partidos políticos a definir una postura sobre la sostenibilidad de las pensiones y sobre su financiación.
(Cinco Días, 05-04-2019)

Los avisos sobre cuentas en el extranjero del IRPF incluyen rentas prescritas, según la Aedaf
La Comisión Europea está a punto de remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una demanda contra el Reino de España por la declaración de bienes en el extranjero, que impone sanciones del 150 por ciento sobre los valores no declarados.

Así, lo anunciaron los ponentes de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso su XII Jornada Nacional de Estudio. Estos expertos denunciaron que quienes declaren bienes en el extranjero lo harán en muchos casos por rentas prescritas.

Así, Esaú Alarcón, miembro de la Sección de Derechos y Garantías de Aedaf, señaló que los avisos sobre las cuentas en el extranjero, lo que están ayudando es a que mucha gente presente el modelo informativo, aunque sea fuera de plazo. Yo creo que es gracias al intercambio automático de información, que el 720 está sirviendo para algo, pero sin ese proceso, lo que hubiera hecho la gente es seguir sin cumplir con la obligación informativa".

Alarcón explicó que hay dos tipos de actuaciones ante este tipo de advertencias de la Aeat. En primer lugar, se encuentran las personas que no eran residentes, que tienen un activo, que tributan en España. "esas personas tienen que regularizar sí o sí. Se enfrentan a una sanción formal, relativamente baja comparada con las atrocidades del 720. Sera de 100 euros por dato con un mínimo de 1.500 euros".

Y luego -explicó- está la gente que no ha regularizado nunca, que nunca tributó por estos bienes que deberían haber tributado, pero que en realidad son renta prescrita, que se obtuvo cuatro años antes de la vigencia de la Ley. La diferencia es que si uno regulariza se ve sometido a un recargo por presentación extemporánea, y acaba pagando un 70 por ciento y si no regularizas te puede venir la inspección y en lugar de ese recargo, te va a caer una inspección del 150 por ciento del Impuesto sobre la renta, con lo cual, si nos ponemos a sumar, pues va dar más de lo que tienes en el extranjero. "La falta de prescripción les hace mucho daño", afirmó.

El problema para los especialistas de la Aeadaf es que se trata de dinero que se tenía en el extranjero y del que se ha perdido la trazabilidad. "A los bancos no les puedes pedir información de hace 25 años. Creemos que es un caso de responsabilidad patrimonial del Estado", dijo Alarcón.
(El País, 05-04-2019)

Laboral

El pacto de no competencia no puede durar más que el contrato
El pacto de no competencia poscontractual no puede tener una duración superior al propio contrato de trabajo o a la relación laboral. La cláusula que establezca lo contrario, según una reciente sentencia del Tribunal Superior (TSJ) de Justicia de Cataluña (cuyo texto puede consultar aquí), debe considerarse “abusiva y, por tanto, nula”.

En el litigio se examina la demanda presentada por una empresa contra uno de sus antiguos comerciales, que le reclamaba una penalización por haber trabajado para la competencia solo diez meses después de su cese. El contrato que les vinculaba, de seis meses, y prorrogado otros seis, establecía que el trabajador no podría “durante los dos años siguientes a la fecha de su extinción, concurrir con la actividad de la empresa”. En tal caso, el empleado debería abonar a la sociedad un año de salario más los daños y perjuicios que pudiera haber causado.

Los magistrados aseveran que, si bien la cláusula poscontractual puede ser acorde a las que se aplican en el sector, sin embargo, no guarda una “adecuada correlación” ni con la naturaleza ni con la duración de la relación laboral. “Nunca se podrá declarar que es ajustado a derecho un pacto contractual cuando la obligación de no concurrir es superior a la duración del contrato”, aseveran.

El TSJ no solo objeta la duración de la prohibición de concurrencia, también la cuantía de la penalización. Tal y como recuerda la sentencia, la jurisprudencia ha establecido, como condición para admitir la validez de estos pactos, que se fije una compensación “proporcional”.

En este caso, la resolución aprecia que la penalización de un año de salario (teniendo en cuenta que el contrato fue de doce meses) “es absolutamente desproporcionada”. Ello, no obstante, no quiere decir que la cláusula sea nula (lo que la haría inaplicable), sino que deberá ponderarse “en función del grado de incumplimiento”.

Aplicando esta directriz, el TSJ determina que la cantidad con la que el trabajador debe indemnizar a la empresa es la equivalente al salario variable de dos meses de trabajo; es decir, el tiempo que debió esperar para firmar por otra compañía del sector.
(Cinco Días, 05-04-2019)

El Supremo reconoce al Fogasa la capacidad de ejercer válidamente el derecho de opción
Esta facultad es la potestad del empresario de, en caso de despido improcedente, elegir entre indemnizar o readmitir al empleado. Aplicado al caso concreto analizado por el alto tribunal, al tratarse de compañías en situación de insolvencia, lo único que podrá hacer el Fogasa es anticipar la elección de la vía indemnizatoria.

La sentencia (cuyo texto puede consultar aquí), dictada por el Pleno de la Sala de lo Social, argumenta que, en situaciones como las descritas, la empresa en concurso o desaparecida "se halla en todo punto imposibilitada de readmitir", quedando, como única opción viable, la de "instar a que se señalase la readmisión". En este sentido, los magistrados aseveran que al Fogasa, "como subrogado" de la compañía, le asiste "el derecho e, incluso, el deber" de velar por los intereses públicos cuya defensa tiene asignada.

Para que el Fogasa pueda ejercer válidamente el derecho de opción, según la resolución, deben cumplirse cuatro requisitos. En primer lugar, que la empresa no haya comparecido en el juicio. En segundo término, que se encuentre inmersa en un proceso concursal, que haya sido declarada insolvente o haya desaparecido. Tercero, que el titular de la opción fuera el empresario. Y, cuarto, que el Fogasa haya comparecido en el procedimiento en el momento de ejercitarse la opción.

La sentencia ha suscitado algunas críticas que entienden que el Supremo está limitando los recursos de los trabajadores para actuar legalmente contra el fraude empresarial.
(Cinco Días, 05-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El FMI pide a los países que vigilen los precios de la vivienda por su efecto en la economía
El rápido incremento del precio de la vivienda durante los últimos años está elevando también la preocupación por la posibilidad de que caiga bruscamente. Las consecuencias de la corrección, como señala el Fondo Monetario Internacional, pueden ser muy adversas para la economía y la estabilidad financiera. Es lo que sucedió la pasada crisis y las simulaciones detectan las primeras señales que apuntan a que crecen los riesgos, por eso pide estar vigilantes.

La sobrevaloración de los activos, el crecimiento excesivo del crédito y el endurecimiento de las condiciones financieras, advierte el FMI, son un claro predictor de un eventual ajuste a la baja de los precios a medio plazo. “Los datos más recientes tienden a apuntar a un incremento de los riesgos a la baja para los precios de la vivienda dentro de los próximos uno a tres años en algunos países”, afirma el FMI.

La vivienda en Estados Unidos y Europa es uno de los principales componentes de la economía y los préstamos representan una gran porción de los activos de los bancos. El organismo dedica en su informe de primavera un capítulo a examinar las condiciones del mercado inmobiliario en una treintena de grandes ciudades, entre ellas Londres, Berlín, París, Madrid, Nueva York, Ciudad de México y São Paulo.

En su análisis observa que en los últimos cinco años se produjo un incremento sustancial y simultáneo de precios. “Esta sincronización”, valoran los técnicos, puede ser la señal de un riesgo para la actividad económica, especialmente si el endeudamiento es elevado. Que los tipos de interés estuvieran tan bajos tanto tiempo, añade, alimentó las posibilidades de la caída si se pidió prestado en excesivo.

La interacción entre el valor de la vivienda y el volumen del crédito, como muestra el análisis, se refuerza y mete más presión al alza de los precios. Pero cuando ese proceso se revierte, “el desplome de precios va seguido de un derrumbe del crédito y del crecimiento económico”. Es exactamente el patrón que se observó en 2007, cuando se gestaba la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión.

El alza del precio de la vivienda permite elevar la renta de los propietarios y puede elevar por consiguiente el consumo. Pero si va demasiado lejos, actúa como un candado para potenciales compradores que no pueden permitirse pagar la hipoteca o puede reducir la renta disponible y forzar a recortar el gasto a los que tienen dificultad para devolver la deuda. “Eso puede deprimir el mercado”, señala.

Así se entra en una espiral. “Un cambio brusco en los precios puede afectar a la calidad de las carteras y la rentabilidad de los bancos”, reitera el FMI. Las recesiones, añade el organismo, son más profundas y duran más cuando la vivienda se deprecia más y más rápido. “Dos de cada tres crisis bancarias de las últimas décadas se vieron precedidas por el estallido de una burbuja inmobiliaria”, recuerda.

El FMI presenta una nueva herramienta para medir los riesgos a la baja en el precio de la vivienda, que puede ser utilizada como un indicador de alerta temprana. A la vista de la sincronización que se observa, el organismo recomienda que se coordinen las políticas a escala internacional para taponar las vulnerabilidades y evitar que los efectos adversos de la corrección se propaguen.
(Cinco Días, 05-04-2019)

Los impagos por alquiler se dispararon
Las fuertes subidas de los precios del alquiler el pasado año provocaron que los impagos se disparasen más de un 10% en cuatro comunidades autónomas y un 5,7% a nivel nacional (dos puntos porcentuales más que en 2017). Las regiones donde más aumentó la morosidad en 2018 fueron Murcia (16,2%), Canarias (12,2%), Navarra (10,6%), y Andalucía (10,4%), según los datos publicados este jueves por el Fichero de Inquilinos Morosos, una empresa de gestión de arrendamientos.

Según el director de estudios y calidad del Fichero de Inquilinos Morosos, Sergio Cardona, estos “importantes crecimientos” de los inquilinos deudores están “directamente relacionados” con el encarecimiento de los alquileres. “Ante la subida de las rentas, cualquier gasto inesperado hace que existan dificultades para hacer frente a los gastos relacionados con el alquiler, lo que provoca que el número de impagos se incremente”, señala.

El año pasado, la morosidad aumentó en todas las regiones excepto por una, Cantabria, donde los impagos se redujeron un 3%. Un año antes, los casos de inquilinos morosos se habían reducido en cuatro regiones. El aumento de los impagos por encima del 10% también contrasta con los datos de 2017. Entonces, una única región registró un repunte de doble dígito: fue la ciudad autónoma de Melilla (12,3%).

“Es fundamental que tanto profesionales inmobiliarios, como particulares, tomen conciencia de esta situación y tomen las medidas preventivas necesarias”, sostiene Cardona, entre las que se encuentran “saber los antecedentes del inquilino” o asegurarse de que sus ingresos le permitirán hacer frente al pago del alquiler.

El volumen de impagos no ha dejado de crecer desde 2007 (fecha desde la que el Fichero de Inquilinos Morosos tiene registros) a pesar de la recuperación económica de los últimos años. De los 19 territorios analizados (17 comunidades y dos ciudades autónomas), 16 alcanzaron en 2018 los niveles récord de morosidad. De las otras tres, Cantabria alcanzó el punto más alto en 2017 y Baleares y La Rioja, en 2015.

En 2018, los inquilinos morosos debieron de media 6.186 euros a sus propietarios, un 2% más que un año antes. “Si tomamos una renta media de 764 euros, supone que los arrendadores están alrededor de ocho meses sin percibir los ingresos de su alquiler”, explica Cardona.

Ante el notable aumento de la morosidad, el responsable del Fichero de Inquilinos Morosos critica los cambios en la legislación en materia de alquiler introducidos en el reciente real decreto ley de medidas urgentes, aprobado el mes pasado y convalidado ayer por la Diputación Permanente. En efecto, la nueva regulación limita a dos mensualidades las garantías adicionales al mes de fianza que los propietarios pueden exigir a los inquilinos, algo que, según Cardona, está provocando "inseguridad entre los propietarios de inmuebles en alquiler" y que les está llevando a optar por "buscar métodos alternativos para comprobar la solvencia del inquilino".
(Expansión, 05-04-2019)

El Gobierno aprobará el Real Decreto para el autoconsumo
El Consejo de Ministros prevé aprobar el Real Decreto que regulará el autoconsumo, una de las medidas estrella del departamento que dirige Teresa Ribera. El Consejo de Estado ya despachó el asunto el pasado 28 de marzo, así como la CNMC, que hizo un balance positivo, lo que abrirá la puerta a un sistema de mercado frente al anterior freno legislativo a este tipo de generación.

El nuevo Real decreto de autoconsumo distinguirá entre dos tipos de instalaciones: sin excedentes y con excedentes. En el primer caso no limitará la potencia instalada, no será necesario el permiso de acceso y conexión, no se requerirá suscribir contrato de acceso, ni habrá peajes ni impuestos por la energía autoconsumida ni por las baterías. Únicamente habrá que hacer frente a los peajes por conectarse a la red como consumidores.

Para el caso en el que haya excedentes tampoco habrá limitación de potencia, estarán exentos de permisos de acceso y conexión las plantas menores de 15 kW, el registro de autoconsumo será gratis y virtual y las comunidades autónomas podrán tener registros regionales y, por último, la energía vertida a la red se pagará como energía producida en el mercado mediante un sistema de compensación simplificada de excedentes que deja en manos de las eléctricas las cuentas de estas cantidades para evitar que los pequeños consumidores tengan que convertirse en empresas para poder gestionar estas pequeñas cantidades. El Gobierno, por el momento, prevé una liquidación mensual pero el sector eléctrico ha reclamado que sea anual.

Asimismo, el Gobierno mantendrá la limitación de 500 metros de distancia entre la instalación de producción y la de consumo y limita también la conexión a instalaciones en baja tensión, lo que deja fuera si no se cambia en la última revisión a polígonos industriales o edificios públicos cercanos, una opción que puede ser utilizada por los Ayuntamientos para hacer frente a la pobreza energética.

Hasta el momento, el desarrollo del autoconsumo en España ha sido limitado. La evolución de la potencia instalada ha sido exponencial pero poco significativa en los últimos años por los problemas administrativos que tenían la instalación de este tipo de plantas que mientras en México se estaban aprobando en una semana en España se llegaba a tardar hasta nueve meses, según explicó el director de Unef, José Donoso, en una jornada organizada por la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE). Según los datos de Unef, en 2014 había instalados 22 MW de autoconsumo que se elevaron a 55 MW en 2016, a 122 MW en 2017 y que han cerrado el año 2018 en 235,70MW.

La previsión del director general de Unef, José Donoso, es que con la aprobación de este Real decreto se pase a instalar de media en España alrededor de 400 MW anuales de autoconsumo y que esta cantidad se pueda incrementar.

Según las cuentas que maneja esta asociación, una instalación fotovoltaica para autoconsumo de 2,40 kWp puede tardar en recuperarse la inversión 13 años, pero aporta a los 25 años una tasa de retorno del 6,83% por una inversión que rondaría los 7.016 euros. Las rentabilidades además se incrementan a entre el 18 y el 20% para los clientes comerciales e industriales reduciéndose además el plazo de amortización a entre cinco y siete años.
(Expansión, 05-04-2019)

La brecha entre norte y sur ha crecido en los últimos 15 años
En los últimos 15 años se ha acentuado la “divergencia” entre norte y sur. Ese proceso es especialmente intenso en Grecia e Italia, pero también España está en el furgón de cola en cuanto a crecimiento de su renta per cápita en ese periodo. El informe avisa de un “aumento de las tensiones políticas y fiscales” si esa tendencia continúa.

Los ministros de Finanzas de la UE discutirán en la reunión informal de Bucarest (Rumania) la estrategia para el próximo ciclo político. Sobre la mesa, tendrán un documento elaborado por el think tank Bruegel, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que advierte de que la UE está fracasando en uno de los principales objetivos que perseguía la moneda única: la convergencia de las economías de sus socios. Y lo está haciendo prácticamente desde su nacimiento.

En plena desaceleración de las economías de la zona euro y con el temor de que un Brexit sin acuerdo pueda acelerar ese proceso, el informe señala los dos frentes que la UE debe cerrar. Primero, el medio punto de crecimiento que cada año le viene sacando Estados Unidos. Y segundo, la “insatisfactoria convergencia” que puede llevar a “amenazar la cohesión social” en el seno de la UE.

Los países del Este de Europa han sido los que más avanzado en este proceso de convergencia. Las rentas per cápita de países como Lituania, Letonia, Rumania, Polonia o Bulgaria han crecido por encima del 4% anual entre 2003 y 2017. Esa diferencia de hasta tres puntos con las principales economías ha permitido ir convergiendo con las economías más ricas.

En el otro extremo están los países del furgón de cola. Y ahí está el sur de Europa. “Aquí ha habido una divergencia, al menos en partes de esa zona que son sustanciales”, sostiene el informe. En la cola está España, cuya renta per cápita han aumentado un 0,65% anual. Pero también Portugal (0,63%) o Chipre (0,57%). El saldo anual incluso es negativo para Grecia (-0,74%) o Italia (-0,24%).

En ese periodo, la renta per cápita alemana creció un 1,39% anual; la austriaca, un 1,05% y la holandesa, un 1,08%. Esa diferencia del 0,74% en un año entre España y Alemania puede parecer insignificante, pero supone que en 15 años la brecha creció un 11,1%.
(El País, 05-04-2019)

Sector

El Supremo fija que los condenados por rebelión o inhabilitación no podrán presentarse a las elecciones
No son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, a penas de inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

Así, lo establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de abril de 20195, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional, en la que estima que es preciso actuar con "la ejemplaridad social exigible a quien ejerce la función pública, máxime si es representante de los ciudadanos".

La ponente, la magistrada Pico Lorenzo, razona que "lo dicho por el Tribunal Constitucional no es cuestión novedosa en nuestro marco jurídico europeo y su herencia cultural. Si bien los regímenes de los Estados miembros de la Unión Europea sobre inelegibilidad reflejan tradiciones jurídicas distintas suelen coincidir en que una condena penal inhabilita para ocupar un cargo público".

Incluso, -continúa indicando la magistrada- en algún Estado, haber incurrido en quiebra o ser indigno de ocupar un cargo público por otro motivo también es causa de inelegibilidad. Por ejemplo, cita Dinamarca, donde una persona no puede ser elegible si ha sido condenada por realizar actos que según la opinión general la hagan indigna de pertenecer al Parlamento Europeo o al Folketing, Parlamento danés (www Comisión Europea).

En este caso, el litigio versaba sobre un recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura al haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Puerto Rosario por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implicase una participación en el Gobierno municipal durante nueve años.

El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias anuló la resolución administrativa al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal. El Tribunal Supremo anula la sentencia recurrida y afirma que, de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia constitucional, es "certera" la interpretación que hizo el Cabildo, por lo que la declaración de incompatibilidad del recurrente para el cargo de consejero del Cabildo de Fuerteventura no vulnera el derecho a participar en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución.

También considera que la cuestión de interés casacional planteada se proyecta más allá del archipiélago canario, motivo por lo que examina la cuestión desde un plano general.

Pico Lorenzo se plantea si la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el artículo 6.2 b) en relación con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) debe ser entendida en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

Así, considera que el artículo 6.2 de la LOREG en su última reforma tiene "un sentido omnicomprensivo no limitativo en lo que concierne al artículo 23.2 CE en aras a una mayor protección de las instituciones públicas haciendo emerger una orientación más cercenadora respecto a condenados a la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público".

Pico Lorenzo subraya, también, que "la sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito".
(La Vanguardia, 05-04-2019)

 
 
 
 
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