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NOVETATS LEGISLATIVES DEL 6 AL 8 D’ABRIL DE 2019

Laboral

Regulación del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social
Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social.
(BOE, 08-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora
Circular 1/2019, de 28 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se modifica la Circular 1/2009, de 4 de febrero, sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora, modificada parcialmente por la Circular 3/2011, de 9 de junio.
(BOE, 08-04-2019)

Cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento Europeo y locales de 26 de mayo de 2019
Orden HAC/394/2019, de 3 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento Europeo y locales de 26 de mayo de 2019.
(BOE, 06-04-2019)

Entidades asociativas prioritarias
Real Decreto 161/2019, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
(BOE, 06-04-2019)

Condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
(BOE, 06-04-2019)

Euro
Resolución de 5 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de abril de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 06-04-2019)

Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios
Resolución de 1 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 06-04-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/index.php?d=84&s=3 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/index.php?d=83&s=3 


RECULL DE PREMSA DEL 6 AL 8 D’ABRIL DE 2019

Fiscal

Se prevé un aluvión de reclamaciones contra los ayuntamientos que no iniciaron la revalorización catastral de las fincas
Los ayuntamientos han recibido un nuevo varapalo judicial que afectará a sus arcas públicas. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia (que puede leer pulsando aquí) que permite a los contribuyentes impugnar el recibo del IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) o la liquidación de la plusvalía (impuesto sobre el incremento de los terrenos) si el valor catastral atribuido no es el correcto. Una solución excepcional porque rompe la regla general según la cual "impugnándose la liquidación del impuesto no cabe discutir el valor catastral que adquirió firmeza". Esta decisión puede provocar una oleada de reclamaciones de propietarios de fincas situadas en suelo calificado como urbano pero cuyo desarrollo nunca se llegó a aprobar, y que generan cuantiosos recibos de IBI y liquidaciones de plusvalía.

La situación de estos contribuyentes, afectados por una sobre valoración de su inmueble, se había enquistado. Los ayuntamientos se escudaban en que estos índices (sobre los que se determina la cuantía de los impuestos municipales) son competencia del Catastro, y que, hasta que este revisase la calificación de las fincas, debían seguir cobrando los importes correspondientes. No pueden los ayuntamientos, argumentaban, anular o autorizar valores catastrales. Una situación anómala ya que el Supremo ya fijó en 2014 (en una sentencia cuyo texto puede consultar aquí) que no todo suelo urbanizable podía ser considerado urbano a efectos catastrales. En este sentido, afirmó que los suelos proyectados en el plan urbanístico pero que no habían tenido un posterior desarrollo solo podrían ser calificados y valorados como rústicos a efectos de IBI y plusvalía.

La resolución del Supremo pone ahora punto y final, permitiendo que los propietarios de estos inmuebles puedan discutir la calificación y el valor catastral asignado al reclamar el recibo del impuesto. Como explica en su sentencia la Sala, "situaciones excepcionales permiten soluciones excepcionales". Los magistrados interpretan en su sentencia los preceptos de la Ley reguladora de las haciendas locales que se refieren a la gestión catastral y recaudación del IBI y llegan a la conclusión de que no se oponen a la posibilidad de impugnar liquidaciones por IBI discutiendo el valor catastral del inmueble, aunque este haya adquirido firmeza en vía administrativa. En otras palabras, se puede impugnar indirectamente la valoración catastral a través de la reclamación del recibo del impuesto en situaciones excepcionales. Ello es así, explican los magistrados, porque el principio de seguridad jurídica debe ceder otros principios superiores que, en determinadas situaciones, prevalecen.

El litigio, resuelto ahora por el Supremo afecta al Ayuntamiento de Badajoz, que, frente a los recurrentes, defiende su postura alegando que no puede invadir competencia estatal y girar nuevos recibos del IBI como fincas rústicas. Sin embargo, los afectados (que pelean las liquidaciones de los años 2012 a 2015) señalan que el ayuntamiento nunca negó que sus inmuebles fueran rústicos, y que, por tanto, estaría consintiendo un enriquecimiento injusto. Simplemente se pide, explican, que el ayuntamiento gire las liquidaciones conforme a la naturaleza de los terrenos (así declaradas judicialmente).

La Sala argumenta que nada obsta para que el juzgador revise la atribución incorrecta del valor catastral, máxime cuando no había constancia de que se hubiera iniciado el procedimiento para adaptar el catastro a la nueva redacción legislativa. Como explican los magistrados, respetando las competencias de ayuntamiento y Estado, el juzgador debe poder "examinar la conformidad jurídica" del dicho valor catastral, en tanto que es la base del impuesto municipal. Por todo ello, fija como criterio que la ley de haciendas locales no se opone a que para obtener la anulación del IBI el contribuyente pueda discutir el valor catastral de inmueble, aunque fuera firme en vía administrativa.
(Expansión, 06-04-2019)

La AIReF prevé un déficit del 2,1% del PIB para este año
Los decretos-leyes de carácter social aprobados por el Gobierno después de la convocatoria de las elecciones generales supondrán para las arcas públicas un gasto de 920 millones de euros, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En estas estimaciones están recogidas el coste de la ampliación a ochos semanas del permiso de paternidad, el subsidio para desempleados de más de 52 años, la cotización de cuidadoras de familiares dependientes y las ayudas a familias con hijos a cargo.

La Airef ha revisado ligeramente a la baja su previsión de déficit público para el 2019, basada en la situación de prórroga de los presupuestos generales del Estado. Así, pasa del 2,2% al 2,1% del PIB, muy lejos en todo caso del objetivo oficial del 1,3% consensuado con Bruselas. Esta rebaja de una décima frente a la previsión del pasado mes de enero se debe, explicaron desde el organismo que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas, a que la reducción de las previsiones de recaudación tributaria ante la ausencia nuevos presupuestos es inferior a la caída en el gasto. Calculan que se van a dejar de ingresar casi 3.000 millones de euros, vía impuestos, mientras que esperan que se reducirán los gastos en unos 3.700 millones (incluidos 2.400 millones en inversiones previstas inicialmente). Fuentes de la Airef insisten en que, ya a principios del 2019 habían tenido en cuenta las medidas de los ‘viernes sociales’, la subida de las pensiones, de los salarios de los empleados públicos, así como las subidas de cotizaciones aprobadas a principios de año.

Por subsectores, la Airef espera que las corporaciones locales vuelvan a registrar un superávit del 0,5% del PIB, el desfase de la administración central será del 1% (cinco décimas menos que el año pasado), mientras que las comunidades autónomas repetirían el 0,2% (el objetivo es del 0,1%) y los fondos de la Seguridad Social tendrá un déficit del 1,4% (a distancia de la meta del 0,9%).

Sobre el comportamiento de las autonomías, el organismo que dirige José Luis Escrivá ve una “ligera mejoría” y considera que una docena de comunidades tienen probabilidades de cumplir con el objetivo del 0,1% de déficit del 2019. Cataluña, uno de los siete territorios con los presupuestos prorrogados, aparecen en el grupo de los cumplidores.
(El País, 06-04-2019)

Hacienda burla a Europa y sube la presión por el dinero en el exterior
Hacienda mantiene vigente la declaración de bienes en el extranjero a pesar de que la Comisión Europea remitió un dictamen motivado al Reino de España en febrero de 2017, en el que se concluía que vulneraba cinco libertades comunitarias esenciales, en concreto, la libre circulación de personas, la de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la circulación de capitales.

Así, lo denuncia la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), cuyo presidente, José Ignacio Alemany, recuerda que Bruselas llegaba a esa conclusión al considerar que esta regulación establece un régimen de declaración fiscal que resulta "discriminatorio y desproporcionado". Nadie sabe lo que se ha recaudado hasta ahora por este concepto, porque la Aeat no lo ha desglosado.

La Aedaf espera que en un par de meses Bruselas presente una demanda contra el reino de España y le condene por responsabilidad patrimonial. Alemany recuerda que "hay una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que dice que cuando hay un dictamen motivado, luego, cuando termina siendo condenado ese Estado, la vulneración se entiende caracterizada, manifiesta y grave, y, por tanto, susceptible de tener responsabilidad patrimonial".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en sentencia de 28 de noviembre de 2018, ha anulado una sanción, al considerar la existencia de falta de motivación, porque si el recurrente alega desproporción e inadecuación al Derecho comunitario y a la Aeat le consta que Bruselas emplazó a España a modificar la legislación, no puede alegar competencia interpretativa de la norma, cuando "la simple lectura de la Constitución, en su artículo 9.3 y la Ley General Tributaria, en su artículo 3.2, imponen la aplicación de las normas con respeto a tal principio fundamental".

Esaú Alarcón, miembro de la Sección de Derechos y Garantías de Aedaf lamenta que, a pesar de ello, se siga aplicando esta normativa, porque el tema afecta a miles de extranjeros residentes en España y a emigrantes retornados.

La sanción es del 150% sobre el valor del bien o de la cuantía de la cuenta. Y 20.000 euros más por la sanción formal. Ello es así, aunque los bienes poseídos y justificados en años totalmente prescritos, incluso prescritos cuando se publicó la reforma legislativa en 2012, tributan en la base general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como ganancia patrimonial no justificada. La consecuencia de no declarar o hacerlo fuera de plazo es la misma.

"El problema es que es dinero que se tenía en el extranjero y del que se ha perdido la trazabilidad. A los bancos no les puedes pedir información de hace 25 años. Creemos que es un caso de responsabilidad patrimonial del estado", explica Esaú Alarcón. "Basta con tener un 1% de una cuenta de 50.000 euros para que tengas la obligación de declarar los bienes en el extranjero. Solo declararon en plazo 131.000 personas, cuando las expectativas eran de que hubiera más de 2,6 millones de contribuyentes", afirma el experto de la Aedaf.

"Si cogemos la jurisprudencia de la Unión Europea en materia de seguridad jurídica, en materia de proporcionalidad, y en materia de extensiones del plazo de prescripción que existe, los funcionarios no deberían aplicar esta norma, porque es flagrante", explica Alarcón.

Aunque se trate de bienes poseídos desde hace décadas, como no se declararon en el primer plazo de 30 de abril del 2013, siempre tributarán. Por ello, Aedaf considera que se vulnera el principio de seguridad jurídica y remarca que esta situación de no prescripción no se admite ni en el Derecho Penal, salvo en casos tan graves como el Delito de Lesa Humanidad.

Recuerda que el dictamen motivado en el proceso desarrollado en la Audiencia Nacional, en el primer caso en llegar a los tribunales por declarar una vivienda en el extranjero fuera de plazo, se logró ver el contenido completo del dictamen, que la Aeat se había negado a entregar a la defensa del sancionado.

"No se había visto nada tan duro en la historia de los últimos tiempos tributarios. No solo se ha ocultado el dictamen en un cajón, sino que, durante un año completo, en pleno desarrollo del procedimiento judicial, trataron por todos los medios de diferir la entrega, intentando la Agencia Tributaria engañar al juez del proceso. Primero aportaron la última hoja, la página 24, hasta que el propio juez, a través de un auto les conminó a entregarlo a la defensa del contribuyente. Una cosa surrealista", concluye. A este respecto, Alarcón advierte que "ellos saben que la norma tiene que caer y lo que hacen es ocultar los males de los que adolece, como buenamente pueden".
(El Mundo, 06-04-2019)

Laboral

Los empleados públicos con largos empleos temporales conocerán probablemente antes de final de año si la justicia europea les reconoce su transformación en fijos
Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que 843.300 empleados del sector público tienen un contrato interino (de sustitución u ocupando una plaza de funcionario o personal estatutario fijo) o directamente temporal. Esto supone el 26% de los 3,2 millones de empleados públicos. Y, de todos los temporales, entre 450.000 y 700.000 habrían estado encadenando este empleo más de dos años, según distintos cálculos. De hecho, la media de estas situaciones oscila entre los 8 y los 30 años. Este escenario afecta a todas las administraciones y empresas públicas de toda España.

Todos estos empleados públicos con largos empleos temporales conocerán probablemente antes de final de año si la justicia europea les reconoce su transformación en fijos, como sanción a las administraciones públicas españolas por abusar de todo tipo de contratación temporal para cubrir puestos estables y estructurales. Este pronunciamiento judicial llegará con una sentencia por dos cuestiones prejudiciales presentadas al TJUE por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 14 y 8 de Madrid.

La directiva 1999/70 sobre trabajo de duración determinada, prohíbe a los empleadores –públicos o privados– el abuso en la temporalidad sucesiva. Es más, indica que las legislaciones estatales deben sancionar a los empleadores que cometan ese abuso. Además, precisa que la sanción en la ley no puede ser el despido del trabajador, sino que debe ser o bien la transformación en fijo del empleado eventual o el pago de una indemnización “proporcional, eficaz y disuasoria”.

Existen otras referencias legales que apuntan a la conversión en fijos de estos trabajadores. Una sentencia del TJUE de 2006 –que ha sido seguida por numerosos pronunciamientos posteriores– indica que, en ausencia de sanción al empleador por abuso de temporalidad en la legislación nacional, el castigo deberá ser la fijeza del trabajador.

Asimismo, el pasado 31 de mayo el Parlamento europeo aprobó una resolución en la que destaca que “la transformación de un contrato de duración determinada en un contrato indefinido constituye una medida para prevenir y sancionar de manera efectiva el abuso de los contratos de duración determinada, en el sector público y en el privado, y debe ser clara e incluida sistemáticamente por todos los Estados miembros en sus respectivas leyes laborales”.

Es más, el Parlamento apunta a que esta transformación en fijo del empleado público “no exime al Estado miembro de incluir, además, la posibilidad de que el trabajador afectado obtenga la reparación de los perjuicios sufridos en el pasado”. Y, en el caso de que un Estado opte por penalizar el abuso de la temporalidad con una indemnización al trabajador, ésta deberá ser “adecuada y eficaz y compensar plenamente todos los daños sufridos”. Si bien esta resolución no es vinculante para los países.

El caso de un informático estatutario temporal interino del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que suma 18 años en ese puesto eventual, y los de cuatro odontólogas, también de la sanidad pública madrileña, que llevan entre 12 y 17 años encadenando distintos contratos temporales han llegado ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Todos ellos demandan que la administración autonómica que les emplea sea sancionada por haber abusado de la contratación temporal y que esa sanción sea su conversión en personal fijo. Antes de fin de año se espera la respuesta del organismo europeo.
(Cinco Días, 08-04-2019)

España propone impulsar un seguro de desempleo europeo
La ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció hoy que España presentará en los próximos días a sus socios de la Unión Europea una propuesta para la creación de un seguro de desempleo común, un elemento que consideran esencial para permitir estabilizar la economía de la eurozona en casos de crisis.

"Hemos preparado un documento que será circulado en los próximos días a los Estados miembros precisamente sobre esta idea del seguro de desempleo común porque nos parece fundamental construir una UE para la ciudadanía", dijo Calviño en una rueda de prensa al término del consejo
informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Bucarest.

Esta contribución, de carácter técnico y sobre la que la ministra no dio detalles concretos, se enmarca dentro de los debates relativos al futuro instrumento presupuestario para la eurozona que están diseñando los ministros de cara a junio. Según lo pactado en diciembre por los líderes europeos este fondo debe utilizarse para mejorar la competitividad y reducir las diferencias económicas entre países, pero España defiende que debe tener también un componente estabilizador.

"Este instrumento no puede repetir lo que hacen los fondos estructurales, que tratan precisamente de convergencia y cohesión. Desde nuestro punto de vista es necesario que esta convergencia incluya la convergencia en el momento del ciclo económico de todos los Estados miembros", insistió la ministra.

Esta diferencia en la situación económica de los Estados del euro es uno de los "elementos potencialmente más desestabilizadores", dijo Calviño, añadiendo que ahora mismo no hay un instrumento que permita evitar una recesión profunda en uno de los Estados miembros.

En este contexto - explicó- se están planteando distintas alternativas y España considera que procede seguir hablando de un seguro común de desempleo o de un instrumento de estabilización de las inversiones que garantice también la estabilización del seguro nacional de desempleo. "Existen diferentes modelos a nivel internacional y habría distintas opciones en términos de calendario y ambición", añadió.

La ministra española reconoció que se trata de un asunto en el que "no existe una aproximación unánime por parte de los Estados miembros pero que España seguirá apoyando" como ha venido haciendo hasta ahora en los debates sobre el tema.

La idea de un seguro de desempleo comunitario que permita complementar los mecanismos nacionales frente al paro es una de las ideas que se han plantado dentro del debate comunitario sobre cómo reforzar la eurozona, sin lograr hasta ahora consenso entre los Estados miembros pese al apoyo de otras instituciones.

La Comisión Europea lo incluyó en 2017, cuando se lanzaron las discusiones, como uno de los posibles mecanismos de estabilización y tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional, que lo había propuesto ya en 2013, consideran que sería útil para reaccionar ante crisis.
(Expansión, 06-04-2019)

El Gobierno aprueba el plan para parados de larga duración con un presupuesto de 1.313 millones
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el plan Reincorpora-T que incluirá una serie de medidas que se aplicarán hasta 2021 para intentar reducir el número de parados de larga duración (más de un año en el desempleo) en 422.100 personas de aquí a tres años. Este objetivo implicará que los servicios públicos de empleo tendrán que atender a unos 200.000 de estos parados cada año y, según ha dicho hoy la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el plan persigue que todos ellos encuentren al menos una ocupación por cuenta ajena o por cuenta propia durante el periodo de vigencia del plan.

Con ello, la tasa de paro de larga duración, que actualmente representa en España el 6,8% de la población activa, se reduciría al 4,3% a finales de 2021. Este plan incluye medidas de atención personalizada a este colectivo, con el reconocimiento del derecho del parado de larga duración a "elegir un orientador de referencia" en el servicio público de empleo de su comunidad autónoma que le corresponda. Estos orientadores, forman parte del grupo de 3.000 profesionales que se incluyeron en el plan de choque de empleo juvenil aprobado el pasado año. Los orientadores, además de aconsejar al desempleado y acompañarle en su búsqueda activa de empleo harán "prospección" sobre posibles empleos en el entorno del parado, según ha explicado Valerio.

El plan incluye también una reorientación de 1.313 millones de políticas activas ya presupuestadas, que gestionan las comunidades autónomas, y que deberán destinar a la reincorporación laboral de parados de larga duración. Valerio ha añadido que el Gobierno quiere que "cooperen las administraciones locales, sobre todo con la implantación de las medidas de carácter rural".

Asimismo, la titular de Trabajo llamó también a la implicación a las empresas. "Es fundamental la colaboración publico privada; que las empresas apuesten, en un ejercicio de responsabilidad social, por contratar a parados de larga duración". Para ello, el plan incluye también una bonificación ya en vigor de 1.300 euros anuales en el pago de cotizaciones sociales si se contrata a un parado de larga duración varón y de 1.500 euros si la contratada es una mujer. Esta bonificación tiene una serie de requisitos como mantener en el puesto al parado al menos tres años.

Las empresas podrán también ver aumentado su crédito formativo si contratan de forma estable (más de un año continuado) a un porcentaje de desempleados de larga duración superior al 10%. Asimismo, se establecerán las que Valerio ha denominado "cláusulas sociales" en los pliegos de contratación pública, para la incorporación de este colectivo, en especial de mayores de 45 años, en las empresas adjudicatarias.

Trabajo quiere también que los trabajadores que sean incluidos en un ERE de forma voluntaria o forzosa, sean atendidos de forma inmediata por el servicio público de empleo de su región, haciéndoles participar en un programa de recolocación llevado a cabo por una empresa autorizada.

Junto a estas medidas el Gobierno recoge también en este plan la ampliación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años y la cotización a la Seguridad Social a cargo del Estado de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes. A estas últimas medidas se destinarán otros 2.687 millones que también están ya presupuestados. En total, se destinarán a todas estas medidas 4.000 millones, que no supondrán nuevas aportaciones del presupuesto.
(El País, 06-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Supremo reabre la batalla por la libertad de horarios comerciales
En una sentencia hecha pública la pasada semana, a la que ha tenido acceso Cinco Días, el Tribunal revoca su propio criterio de 2016 y obliga al ayuntamiento de Cádiz a rehacer su zona de gran afluencia turística (ZGAT) al considerar que sus limitaciones físicas y temporales a la libertad de horarios comerciales no están bien justificadas.

La demanda, presentada por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), en la que están representados gigantes de la distribución como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Media Markt o Leroy Merlín, entre otros, denunciaba que el Ayuntamiento de Cádiz había restringido la libertad de horarios comerciales a una zona muy determinada del casco histórico, que dejaba fuera de esa ventaja competitiva a una parte muy importante de las grandes superficies, y que solo les permitía disfrutarla durante dos quincenas del año (la primera de mayo y la segunda de septiembre), coincidiendo con la llegada de cruceristas a la ciudad.

En concreto, la propuesta en vigor hasta la citada sentencia, autorizada por la Junta de Andalucía, dejaba fuera a dos tercios del gran comercio censado en el centro de la ciudad (44 de 68 establecimientos) y a la mitad de las tiendas de más de 300 metros cuadrados (11 de 21).

En la sentencia, el Supremo considera que cualquier limite “requiere una justificación efectiva y fundada en criterios objetivos sobre la forma en que atienden los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor”. Y además exige que se expliquen las razones por las que determinados establecimientos comerciales (en clara alusión a las grandes superficies) quedan, en su caso, fuera de las zonas con libertad de horarios. “Un asunto muy importante porque la gran mayoría de ZGAT se han construido precisamente bajo la premisa de excluir determinados comercios del ámbito de libertad”, recalcan desde Anged.

Todo lo contrario que lo defendido por el Alto Tribunal en abril de 2016, cuando en una sentencia desestimó un recurso de la asociación que engloba a la gran distribución contra la Junta de Andalucía por restringir al máximo la libertad de horarios comerciales en Sevilla. En ese caso, el consistorio de Sevilla, gobernado por el PP, quería ampliar el número de comercios y el tiempo en el que podían disfrutar sin restricciones de la citada libertad en una zona de gran afluencia turística, pero la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, no lo autorizó. Anged demandó y el Supremo le dio la razón a la Junta.

Desde Anged consideran que lo más relevante de la nueva sentencia es que revoca lo citado en el texto de 2016 y que ya no es válida una mera justificación genérica para restringir la actividad comercial en un municipio. “Deben justificarse de forma concretas y específicas”, recalcan. Y ponen como ejemplo en la sentencia sobre Cádiz el hecho de que el Supremo requiera “una motivación especial cuando las restricciones convierten en infrecuente o excepcional la regla general de libertad de horarios comerciales, como ocurre en el caso de Cádiz, que señala únicamente cuatro semanas”.
(Cinco Días, 08-04-2019)

El precio de la vivienda subió en España
El precio de la vivienda ha crecido un 9% en Madrid y un 7,8% en Cataluña en 2018, según el 'Estudio de Mercado de Vivienda en la Comunidad de Madrid y en Cataluña' publicado por Sociedad de Tasación. El informe incluye información de vivienda nueva y usada correspondiente al mes de diciembre de 2018 y el primer trimestre de 2019 en estas regiones.

La Comunidad de Madrid y Cataluña siguen, según el estudio, a la cabeza en el alza de los precios de medios de la vivienda en España, únicamente superadas por Baleares. En concreto, Madrid, con un 9% de aumento respecto a los datos de hace un año, presenta el segundo mayor incremento de los precios de la vivienda de todas las comunidades autónomas en 2018, alcanzando un precio medio de 2.389 euros/m2.

Por su parte, Cataluña ocupa el tercer puesto con un aumento interanual del 7,8% y un precio medio de 2.297 euros/m2. Ambas tasas de evolución se sitúan ampliamente por encima de la media nacional, situada en el 5,5%.

En el caso de Cataluña, estos datos pueden segmentarse entre sus cuatro provincias. Así, en Barcelona, los precios se incrementaron un 8,9% en 2018 respecto al año pasado, alcanzando los 2.607 euros/m2. Esto la sitúa, al igual que en 2017, como la provincia con el precio medio del metro cuadrado más caro de toda España.

En Girona, los precios se encarecieron un 4,1% hasta los 1.719 euros/m2; en Tarragona, el precio de la vivienda subió un 1,9% hasta situarse en 1.374 euros/m2; y en Lleida, los precios aumentaron un 1,6% hasta los 1,106 euros/m2.
(Expansión, 07-04-2019)

El decreto de autoconsumo compensa excedentes y fomenta el consumo colectivo
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el autoconsumo eléctrico en España, que incluye un mecanismo para compensar el excedente de energía, habilita la figura del autoconsumo colectivo, abre la puerta a aprovechar la energía no consumida por el vecino y reduce los trámites. Hasta el momento, si el autoconsumidor quería obtener una compensación por la energía generada que no consumía instantáneamente y se inyectaba en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la ley exige.

En virtud de este nuevo decreto, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual. Este mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios (kW) -siempre que la electricidad sea de origen renovable- y la compensación económica podrá llegar hasta el 100 % de la energía consumida por el usuario en ese mes.

El real decreto también permite que un consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino y coparticipar en el autoconsumo, si éste no está consumiendo su parte proporcional de energía. Además, se permite realizar el autoconsumo tanto con instalaciones de generación situadas en la misma vivienda, como en otras ubicadas en las proximidades. Por ejemplo, se podrán instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que tengan mejor orientación siempre que haya acuerdo entre las partes.

Asimismo, fomenta la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales. El texto abre también la posibilidad de que todas las comercializadoras puedan ofrecer servicios de autoconsumo renovable.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha validado esta medida, supervisará la evolución del mercado y podrá proponer al Gobierno el establecimiento de restricciones a determinadas compañías si hay problemas de competencia.

Otra de las finalidades del decreto es reducir los trámites administrativos para todos los usuarios, que en el caso del pequeño consumidor (de hasta 15kW o 100 kW) se reducirán a una única gestión: notificar la instalación en la comunidad autónoma correspondiente.
(La Vanguardia, 06-04-2019)

Sector

La abogacía batalla por un nuevo examen de acceso más selectivo
El nuevo modelo de examen de acceso a la abogacía que pelea el sector y que ya se negocia con Justicia contaría con una prueba práctica oral ante un tribunal de un área específica del derecho elegida por el alumno, la eliminación de la media entre el examen y el máster, hacer obligatorio la aprobación de la prueba para obtener el título y otorgar una nota numérica final al aspirante.

Así lo asegura el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y en líneas generales a esta idea se suma el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) con la intención de superar un tipo de prueba cuestionada desde su creación y que ha tenido fama de tener escasa calidad y de no perseguir la excelencia de la profesión como sí ocurre en el resto de Europa.

Más de 6000 graduados en derecho se presentarán este sábado a este examen y los aprobados se sumarán a los 155.000 letrados que ya hay en nuestro país. Según datos del Ministerio de Justicia, la tasa de aprobados del examen en 2018 fue del 76%, de un total de 7.297 solicitudes de acceso en ambas convocatorias. En la primera de ellas se presentaron 5.932 personas y pasaron la prueba 4.603, un 77,6%. En la segunda lo hicieron 937 de las 1.365 solicitudes recibidas, un 68,6%. No obstante, según datos de la Abogacía, un 97,3% de aspirantes fueron finalmente aptos para ejercer la abogacía en la convocatoria de marzo de 2018, ya que la nota del examen supone el 70% de la nota final y el 30% corresponde a la nota del máster.

Para Carlos Fuentenebro, decano del Colegio de Abogados de Bizkaia y presidente de la Comisión de Formación de la Abogacía, lo esencial es tener un modelo “acorde a la Unión Europea, no en dificultad, si no en seriedad”, para evitar así la plaga de ciudadanos italianos y rumanos que usan nuestro modelo como atajo para ejercer en su país. Concretamente, lleva desde final de 2017 negociando con el Ministerio de Justicia la reforma del examen porque consideran que a día de hoy “no es relevante y suficiente” para demostrar que los aspirantes han adquirido los conocimientos y capacidades que se exigen para ser abogado. “Queremos potenciar todo lo práctico y que se acredite que se han adquirido esos conocimientos como dice la Ley y el Reglamento, ya que creemos que no cumple los estándares necesarios para ello”, admite.

En resumen, el examen constaría de una prueba teórica tipo test de 75 preguntas como la actual, más una oral sobre un área específica elegida por el alumno que habrá de defender ante un tribunal. Será imprescindible aprobarlo para obtener el título y estas no harán media con la nota del Máster de Acceso. Además, se premiará la excelencia otorgando una nota numérica final.
(Cinco Días, 06-04-2019)

 
 
 
 
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